Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La falta de acuerdos multisectoriales sería una piedra en el camino que pretende empezar a transitar el Ministerio de Hacienda para eliminar exoneraciones fiscales por el orden de un 0,5% del producto interno bruto (PIB). El debate sobre el proyecto que prepara la cartera se vislumbra complejo, a juzgar por los resultados que hubo en las mesas multisectoriales de diálogo cuando se sometió a consideración el tema.

Hacienda anunció sus pretensiones a los diputados al detallarles la propuesta que llevará al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dónde recortará Hacienda el gasto tributario para aliviar el déficit fiscal (7,7% del PIB a setiembre) es aún un detalle que la cartera se niega a revelar mientras prepara un proyecto de ley que enviará a la Asamblea Legislativa la semana entrante. CRHoy.com consultó los pormenores de la iniciativa este viernes, pero el Ministerio no contestó la solicitud.

A priori, la labor de elegir a cuáles sectores restarle privilegios fiscales luce peliagudo, pues no hay consensos fuertes respecto de cuáles sectores o beneficiaros perderían la prerrogativa de no pagar o pagar menos impuestos.

Un ejemplo es la mesa multisectorial de diálogo a la que convocó el Poder Ejecutivo, que no llegó a acuerdos sobre cuáles exoneraciones eliminar.

Al contrario, decidió mantener sin tributos el salario escolar que reciben los empleados públicos. Solo la eliminación de esa exoneración del impuesto sobre la renta hubiera ingresado a las arcas pública el equivalente a un 0,12% del PIB, más del doble del monto que el Gobierno consigna en su planteamiento para negociar con el FMI un nuevo crédito de apoyo presupuestario por $1.750 millones.

Desorden en Hacienda hace dudar de beneficio de exenciones tributarias

El Foro Multisectorial de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que también buscó alternativas para incrementar los ingresos del Gobierno en medio de la crítica situación actual, trató el tema de los incentivos fiscales de forma general, sin proponer puntualmente cuáles eliminar, con excepción del salario escolar, al que sí recomendó quitarle la exoneración del pago de renta.

“Promover medidas que permitan la revisión de exoneraciones e impuestos menores, según una relación costo/beneficio”, se limitó a enunciar, por lo demás, en la lista de acuerdos ese panel, que hizo pública su propuesta el pasado martes.

Según la Dirección General de Hacienda, sin contemplar los efectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal, aprobado hace dos años, en el 2019 las exenciones fiscales llegaron a ¢2.029.138 millones, mientras que este año la cifra alcanzaría los ¢2.149.289 millones. En el 2018 el gasto tributario fue de un 5,57% del producto interno bruto.

Contraloría marca una ruta sobre exoneraciones

La Contraloría General de la República (CGR) marcó desde julio pasado una posible ruta a seguir en materia de las exoneraciones tributarias.

Ese camino lo señala el entorno volátil y complejo en que la pandemia del COVID-19 puso al Gobierno Central, que ya venía tocado en sus finanzas desde antes de la emergencia sanitaria.

La reducción aún más fuerte del espacio fiscal debido a esta coyuntura, según la CGR, obliga a darle relevancia a que los incentivos fiscales que se den, o los que se mantengan vigentes, respondan a principios de transparencia fiscal y de buena gestión, para que el ingreso al que renuncia Hacienda vaya a nutrir gastos prioritarios.

De acuerdo con la institución contralora, las buenas prácticas en materia fiscal recomiendan la sustitución de las exoneraciones en el pago de impuestos por el gasto presupuestario, como un subsidio o subvención expresa.

Además, la Contraloría recomendó que el diseño e implementación de los incentivos fiscales consideren en su implementación principios básicos de buena gestión, como la eficiencia y la fijación de una temporalidad en su aplicación, para que los beneficios no se extiendan más allá de lo necesario por la débil posición fiscal del país.

Esto puede lograrse mediante el establecimiento de reglas sencillas que vinculen el otorgamiento del beneficio con el grado de afectación; por ejemplo, para promover la eficiencia en los incentivos”, recomendó la entidad.

Uno de los posibles caminos a seguir es establecer una regla que vincule los porcentajes de exoneración al ritmo de la recuperación de la actividad, Esto permitirá diferencias los incentivos por sectores.

Para la CGR, priorizar la atención y el establecimiento de los beneficios fiscales es un prerrequisito fundamental, lo cual exigiría una definición clara de los requisitos que se deben cumplir para ser beneficiario de un incentivo fiscal, sobre todo de las exoneraciones tributarias.

“En un contexto sin precedentes de emergencia sanitaria y deterioro constante de las finanzas públicas, es esencial que los incentivos fiscales sean diseñados e implementados a partir de principios de transparencia fiscal y buena gestión. Además, es preciso que se siga una estrategia de priorización, que garantice que de previo al otorgamiento de esos beneficios se cumplen una serie de requisitos”, concluyó la CGR.

Entre las exoneraciones fiscales que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado ha descartado como candidatas a la eliminación está la que gozan las empresas de zonas francas y que ascendió a ¢349.000 millones en el 2018 al no pagar el impuesto sobre las utilidades de personas jurídicas.

Desorden detectado

De acuerdo con un informe de auditoría de carácter especial de la CGR sobre las acciones ejecutadas por el Ministerio de Hacienda para la integración del control tributario entre el 2017 y el 2019, publicado a finales de setiembre, hay desorden en las exoneraciones tributarias que otorga el Ministerio de Hacienda.

En el estudio se identificaron 60 personas físicas y jurídicas morosas con el fisco y otras 8 en condición de “omisos” que durante los cuatro periodos de estudio gozaron de beneficios fiscales.

Se detalló en el análisis que los montos de las exoneraciones en impuestos aduaneros para esos 60 contribuyentes morosos fue de ¢17.433 millones y de ¢177 millones en el IVA.

Hacienda ha afirmado en otras ocasiones que las exoneraciones de impuestos más costosas son las de equipo médico; materias primas para la elaboración de insumos para la actividad agropecuaria y empaque de banano, y la de maquinaria, equipos e insumos para la actividad agropecuaria, entre otras.

Acerca de la negociación con el FMI, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, expuso al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, y a los jefes de las fracciones, que su cartera se plantea la meta de volver a tener un superávit primario en el año 2023, sumado a una trayectoria decreciente de la deuda pública.

“Una serie de medidas en reducción de gastos, aportes de empresas públicas, eliminación de exoneraciones, y un componente de nuevos ingresos, así como el acuerdo de financiamiento con el FMI durante el primer trimestre del 2021, nos deben llevar a lograr un superávit primario del 1% del PIB en 2023, con lo cual se podría dar estabilidad en el mediano y largo plazo a las finanzas públicas del país”, expusó Villegas a los congresistas en su nota del 10 de diciembre.

El recorte al gasto público será por el orden de un 3% del PIB en la propuesta al FMI, en el que la reforma al empleo público aportaría la mitad de esa cifra, un 1,5% del PIB.

Como ya se desarrolló en este reportaje, el recorte a las exenciones será de un 0,5 del PIB; un 0,2% del PIB vendría del aporte de las empresas públicas del Estado; en materia de nuevos impuestos, la intención de Hacienda es recaudar un 0,8% del PIB.

Hacienda pretende reducir el gasto primario corriente de un 16,45% del PIB en el 2021, a un 13,00% en el 2025.