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Hacienda aclara que nueva interpretación sobre diferencial cambiario aplicaría para 2021

Fuente: El Financiero

El Ministerio de Hacienda dio a conocer el 1.° de marzo que los efectos de la nueva interpretación sobre el tratamiento del diferencial cambiario, se producirán “en el periodo fiscal vigente al momento de su emisión”.  Lo que significa que aplicaría a partir del 2021, según Francisco Villalobos, socio director de ICS Asesores.

No obstante, el anuncio parece no ser totalmente claro pues la firma Grant Thornton manifestó mediante un comunicado de prensa que aún hay dudas en torno a este tema.

“Esta información nos deja la duda si el concepto de “emisión” se debe entender como fecha de publicación, pues el criterio en los términos indicados podría interpretarse que su vigencia se mantiene para el periodo fiscal 2020, sin que se cumpla lo indicado en el comunicado de la Dirección General de Tributación oportunamente”, indica la firma de abogados.

El pasado 17 de febrero Carlos Vargas, director general de Tributación, confirmó a EF vía correo electrónico: “en relación con este tema lo que se estará indicando es que el criterio como tal será de aplicación para los periodos posteriores a su publicación, es decir, a partir del periodo fiscal 2021”.

¿En qué consistió la aclaración de Hacienda?

El anuncio se hizo mediante la adenda DGT-CI-03-2021 y hace referencia al criterio institucional DGT-CI-04-2020 publicado el 6 de enero de 2021. Ese día se dio a conocer una nueva interpretación que solo dejaría a los contribuyentes aplicar el diferencial cambiario en el criterio del realizado y no en el principio del devengo, como se ha hecho históricamente.

Esa interpretación abrió el debate y muchos contribuyentes enviaron observaciones hasta la Administración Tributaria. Las dudas fueron evacuadas por esa institución y por eso se emitió la adenda DGT-CI-03-2021.

Ahora bien, el criterio que emitió Hacienda este 1.° de marzo es una aclaración y no hace cambios de fondo sobre la interpretación del pasado 6 de enero.

“En el fondo la administración tributaria sigue considerando que el criterio que aplica para considerar gravable o deducible el ingreso o el gasto por diferencial, es la realización de la ganancia o de la pérdida entre el momento de la realización de la operación y el de la percepción del ingreso o pago del pasivo, y no el que resulte aunque no se haya ingresado o pagado al momento del cierre. La adenda no cambia eso solo dice lo que ya sabíamos, no se “aplica” para el período fiscal 2020″, manifestó el socio director de ICS Asesores.

Los criterios o las interpretaciones que hace Hacienda no son como las leyes que entran en vigencia a partir de una fecha, sino que son vivas y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Esto significa que la Administración Tributaria puede dar una interpretación este año, y emitir otra en el 2022, explicó Villalobos.

“Los criterios institucionales lo que hacen es plasmar en un documento cuál es la interpretación que la Dirección le está dando a una normativa, desde este punto de vista, puede ser un parámetro de referencia, pero no una norma”, agregó el director general de Tributación el pasado 17 de febrero a este medio.

Proyecto pretende aumentar tarifa para remesas al exterior

Fuente: La Nación

El proyecto Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente N° 22.369), pretende incrementar en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por las remesas al exterior.

Varios especialistas en derecho tributario consultados por La Nación advierten que este incremento impactaría la competitividad de las empresas privadas.

La iniciativa golpearía sobre todo a las compañías que no estén bajo el régimen de zona franca, porque encarecería el costo de los servicios prestados desde Costa Rica, aseguró Francisco Villalobos, exdirector de Tributación y Socio Director de ICS Abogados.

“El impacto aquí es bastante significativo porque es un aumento importante que afecta a las que están en régimen tradicional, las que pagan honorarios, comisiones, servicios personales y todo tipo de consultorías. Cuando le pagan a alguien de afuera le tienen que retener el impuesto (...). Los honorarios y comisiones subieron a 25% con la Ley 9.635 (Ley Fortalecimientos de las Finanzas Públicas) y ahora subirían al 30%”, agregó Villalobos.

El texto se encuentra bajo análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y forma parte de los acuerdos para obtener el crédito de Servicio Ampliado por unos $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proyecto tiene como objetivo disminuir en 0,58% del producto interno bruto (PIB) el déficit fiscal para asegurar la estabilidad económica de mediano y largo plazo, informó el Ministerio de Hacienda, en diciembre anterior cuando presentó la iniciativa.
Ejemplos

Uno de los cambios que promueve el plan es que los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que pagan las personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a los bancos extranjeros ―que forman parte de un grupo financiero regulado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)― pasen a desembolsar una tarifa del 20% por concepto de impuesto.

En la actualidad, los contribuyentes desembolsan una tasa del 15%.

El eventual incremento impactaría a las empresas nacionales que tienen deudas con bancos internacionales, pues algunas tienen músculo para solicitar créditos en el mercado internacional y de esta forma aprovechan las tasas de interés que suelen ser más bajas que las del mercado local, manifestó Randall Madriz, socio de Impuestos y Servicios locales de Deloitte.

Otro impacto podría darse cuando las empresas decidan contratar una consultoría internacional. En la actualidad, se paga una tarifa del 25% y en caso de que una compañía costarricense decida contratar un servicio de esta naturaleza en el extranjero por $10.000, retiene $2.500 por concepto de impuesto y solo desembolsa $7.500 como pago al proveedor del servicio.

Con el cambio de tarifa al 30% la compañía nacional pasaría a retener $3.000 y pagar $7.000. Lo que podría generar que al retener más dinero por concepto de impuesto, el proveedor decida elevar el costo del servicio.

El proyecto de ley establece que por honorarios, comisiones, dietas y otros servicios personales que se ejecuten y donde no haya una relación de dependencia se pagará una tasa del 30%.

“Otros países que no tienen este fenómeno sí lo pueden contratar y todo esto va en detrimento y la evolución del sector privado. Pandemia, baja de ventas y además me suben el impuesto que tengo que asumir ¿a qué equivale? A que no lo voy hacer, ese intercambio de inteligencia, de tecnología, de cosas novedosas, lo están atacando porque la empresa pensará dos veces antes de contratar a un consultor”, afirmó Madriz.
Aumento de rentas de capital

El proyecto de ley también pretende que las rentas y ganancias de capital paguen el 15% de impuesto. También aspira a elevar esa tarifa durante los primeros dos años una vez que entre en vigencia la ley.

Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se fijó una tasa del 15% a las ganancias de capital, y se estableció un plazo para que las que tenían tasas menores aumentaran de manera paulatina hasta llegar al 15%. Así consta en el transitorio XXII de dicha legislación.

Ese transitorio establece que los rendimientos generados por títulos valores del Banco Popular y de Desarrollo empiecen a pagar 7%, y que aumenten un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, por citar un ejemplo.

No obstante, el expediente N° 22.369 pretende eliminar el transitorio XXII de la Ley 9.635 para que la tasa al 15% de una vez.

De llegar a convertirse en ley la propuesta también impactaría los excedentes que las cooperativas pagan a sus asociados y que están sujetas a una tarifa del 10%; si la iniciativa prospera la tasa también subiría al 15%.

También pasarían a pagar 15% los excedentes que las asociaciones solidaristas dan a sus asociados. Actualmente el equivalente a un salario base (¢462.200) desembolsa 5%; sobre el exceso de un salario base y hasta dos pagan 7%; y se aplica una tasa del 10% sobre el exceso de dos salarios base.

El proyecto contempla un transitorio para aumentar en 1,5 puntos porcentuales la tarifa del impuesto durante los primeros dos años una vez que entre en vigencia la ley. Lo que significa que los contribuyentes desembolsarían 16,5% durante ese lapso.

En esta coyuntura económica la intención de la Administración Tributaria es recaudar más ingresos frescos, pues existe un transitorio similar en el proyecto Ley de Renta Global Dual (expediente N°. 22.393).

En ese proyecto también se pretende aumentar en 1,5 puntos porcentuales la tarifa de las rentas de capital y ganancias patrimoniales, lo que aumentaría la tarifa a un 16,5% por dos años, y transcurrido ese periodo se aplicaría la tasa del 15%.
Exoneraciones caen en bache

En aras de producir mayores ingresos el proyecto de ley también pretende eliminar algunas exoneraciones. Estos beneficios fiscales ascendieron a 4,73% del PIB en el 2019, según Hacienda.

No obstante, las aspiración del Poder Ejecutivo ya tuvo un bache en la Asamblea Legislativa. El texto base planteaba eliminar dos exoneraciones: las del salario escolar y las de los rendimientos de las operadoras de pensiones.

De momento solo queda vigente eliminar la exoneración del salario escolar de los empleados públicos con un salario superior a los ¢840.000, lo que equivale al 23% del total de funcionarios de acuerdo a estimaciones de la cartera.

Gravar los rendimientos de las operadoras pensiones se eliminó del proyecto de ley. El texto base contemplaba derogar el inciso 1 del artículo 28 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta (que contempla las exoneraciones de las rentas y ganancias de capital de fondos de pensiones), pero esta intención no prosperó en comisión.

Al aplicar impuestos a los rendimientos de las operadoras de pensiones la Administración Tributaria pretendía recaudar 0,17% del PIB.

Durante la sesión del pasado 3 de febrero el diputado oficialista Enrique Sánchez manifestó en la Comisión de Asuntos Jurídicos: “Nada más quería explicar que esta moción, como lo habíamos conversado en la sesión anterior, lo que hace es eliminar todo lo relativo a los fondos de pensiones de este proyecto de ley de exoneraciones o de eliminación de algunas de las exoneraciones”.

Así consta en el acta legislativa de la sesión del pasado 3 de febrero.

Al eliminar este rubro la recaudación inicial estimada por el Gobierno pasaría del 0,58% del PIB a 0,41%.

Estado de cuenta tributario: ¿está al día?


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Todo contribuyente debe conocer su estado de cuenta corriente tributario, un documentos que está a dispocisión y en el cual pueden aparecer deudas prescritas, deudas que ya se pagaron y se reflejan como pendientes y hasta sanciones administrativas. Se pueden consultar a través del TRAVI.

Uno de los grandes problemas del estado de cuenta tributario es que no siempre se encuentre actualizado por lo que podría afectar a un contribuyente de diversas maneras:

1. En una licitación podemos estar de #1 para ganar la licitación pero no nos adjudican hasta que el balance de la cuenta esté en cero! Es decir que no se vean saldos pendientes con el fisco

2. Le van a pagar una contratación pero aparece el estado de cuenta con alguna deuda pendiente.

La licenciada Zaira Mora, experta tributaria, recomienda revisar constantmente los estados de cuenta. Para Mora es importante tener a mano la documentación que acredite que los pagos se realizaron, al tiempo que se revise tanto en la página de Hacienda como en la de conectividad bancaria.

En Actualidad Tributaria podemos ayudarle con procesos de inconsistencia en los estados de cuenta, pues aunque los procesos de apelación son relativamente sencillos, están rodeados de burocracia y se pueden externder por muchos meses.

Directorio del FMI aprueba facilidad de Servicio Ampliado para Costa Rica

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes 1º de marzo la solicitud de Costa Rica de una facilidad de Servicio Ampliado del FMI (SAF). Se trata de un programa de apoyo financiero por tres años, por un monto de aproximadamente US$ 1.778 millones, al tipo de cambio del día, y que respalda las políticas propuestas por las autoridades del país para alcanzar la sostenibilidad fiscal, afianzar la estabilidad monetaria y financiera e impulsar la recuperación económica en el contexto de la crisis causada por la pandemia.

El pasado 22 de enero, Costa Rica y el FMI habían alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico en torno al SAF. La decisión de hoy por parte del Directorio del FMI finaliza el proceso de aprobación en ese organismo. Tras ella, el Gobierno de la República enviará en los próximos días el empréstito a la Asamblea Legislativa.

El convenio con el FMI constituye un respaldo a las políticas fiscales, monetarias y financieras de las autoridades nacionales. Como consecuencia de ello, el acuerdo SAF le permitirá al país obtener mejores condiciones de financiamiento en los mercados locales e internacionales.

En el ámbito fiscal, las medidas propuestas por el Gobierno ya se encuentran plasmadas en proyectos de ley en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y se complementan con un decreto ejecutivo, ya emitido, para la reducción sostenida del gasto público. En conjunto, las medidas buscan alcanzar un superávit primario del 1% para el año 2023, que permitiría iniciar una reducción sostenida de la deuda total en el mediano y largo plazos.

La propuesta, respaldada por otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no involucra incrementos en el costo de ningún servicio básico ni del IVA, sino que enfoca la mayor parte del ajuste en la reducción y eficiencia del gasto público, sin despidos masivos.

En ausencia de las reformas planteadas como parte del convenio SAF, la trayectoria de la deuda pública se tornaría inmanejable, y ello llevaría a mayor incertidumbre, fuertes presiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, una desmejora en las expectativas de los consumidores e inversionistas, y consecuentemente un fuerte impacto negativo sobre el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de todos los costarricenses.
Por ello, este convenio, y las medidas de consolidación fiscal que enmarca, son fundamentales para la recuperación económica en el corto plazo.  Además, el convenio marca la hoja de ruta de medidas estructurales enfocadas a estimular la productividad y el crecimiento potencial de la economía, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de todas y todos los costarricenses, dentro del compromiso firme del Gobierno con la descarbonización y la resiliencia al cambio climático. En ese sentido, el acuerdo de SAF es un complemento importante a la agenda adoptada por Costa Rica como parte del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Rodrigo Cubero, Presidente del BCCR, expresó su satisfacción por la aprobación del convenio SAF por parte del Directorio del FMI. “Se trata de un paso fundamental en el esfuerzo por restablecer la sostenibilidad fiscal y promover un crecimiento económico más fuerte, más equitativo y más sostenible. Como Gobernador por Costa Rica ante el FMI, quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a ese organismo, a su Directorio, a su Gerencia y a su equipo técnico para Costa Rica, liderado por la señora Manuela Goretti, por el apoyo financiero y por el respaldo al programa de políticas macroeconómicas, financieras y estructurales del país que este convenio representa”.

“Esperamos el apoyo de la Asamblea Legislativa para poder llevar adelante la aprobación de este acuerdo y su agenda como un mecanismo para lograr el ajuste fiscal que Costa Rica necesita, el cual será más sostenible en el mediano y largo plazo si contamos con el apoyo financiero, de seguimiento y reputacional que nos brinda el FMI. La propuesta que presentamos a Costa Rica se enfoca en la reducción del gasto público, sin disminuir ni el gasto social ni el gasto de capital por ser indispensables para mantener el tejido social y el desarrollo del país”, señaló el Ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Por su parte, la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, señaló que “el acuerdo con el FMI nos permite acelerar transformaciones estructurales como empleo público e impulsar el crecimiento potencial resiliente e inclusivo de nuestra economía”.


- (Video) Declaraciones de la señora Manuela Goretti, jefa de misión para el FMI:
https://we.tl/t-2DB7iig7Mk

- (Video) Declaraciones del señor Elian Villegas, ministro de Hacienda: https://wetransfer.com/downloads/a35afdab46cabd8aead7156bdbe263c420210301205204/36d2493a3fa8ab7c4aac63b94028229620210301205224/4d4a66


Fuente:  Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda.

*SAF (https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility)

 

Hacienda captó en 2 meses casi la mitad del monto requerido en el mercado local para primer semestre

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda requiere captar en el mercado local un monto de ¢1.800.000 millones, en el primer semestre, para cubrir parte de sus gastos; sin embargo, en los primeros dos meses ya consiguió ¢842.000 millones, un 46% del total.

Además, al 22 de febrero, han podido realizar canjes de deuda (cambiar valores que van a vencer por otros a más largo plazo) por ¢212.090 millones en valor transado.

El Ministerio publica en febrero de cada año su plan de endeudamiento en el mercado local para el primer semestre y, según el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo, hace tiempo no tenían un inicio de año tan beneficioso.

Arroyo explicó que la captación se ha podido hacer sin presionar las tasas de interés, las cuales, por el contrario han bajado.

“Lo observado durante los dos primeros meses del año en nuestros eventos de subastas de valores y canjes de deuda interna, demuestra la confianza que ha depositado la comunidad inversora local en el plan de ajuste fiscal acordado con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, indicó Elian Villegas, ministro de la cartera.

En la presentación del plan de este año participaron, además de Arroyo y Villegas, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, Isaac Castro, viceministro de egresos de Hacienda, Melvin Quirós, subdirector de Crédito Público y Bernardita Redondo, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del BCCR.

Para el 2021, el Gobierno urge recursos por un monto equivalente al 13,5% de la producción interna (PIB), unos ¢5 millones de millones.

Un 8,8% de ese 13,5% del PIB se financiaría dentro del país (unos ¢3,2 millones de millones) y de dicha cifra, en el primer semestre se prevé captar ¢1,8 millones de millones.

El resto, se financiaría con préstamos externos. Entre los más importantes se encuentran uno de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros de $300 millones con el Banco Mundial, ambos en la Asamblea Legislativa, así como los $583 millones que ingresarían este año si se aprueba el acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este es uno de los años en los cuales el Estado necesita más recursos debido al alto déficit previsto (7% del PIB) y a la amortización que hay que hacer de deudas de años anteriores (6,5% del PIB).

El Banco Central, por su parte, anunció que realizará colocaciones por ¢260.000 millones para refinanciar vencimientos.

¿Por qué Hacienda ha podido captar sin presionar las tasas?

Vidal Villalobos, asesor del Grupo Prival y Freedy Quesada, gerente general de INS Valores coinciden en que los avances en la formalización de un acuerdo con el FMI es lo que ha permitido a Hacienda realizar las captaciones y los canjes sin mayores presiones sobre las tasas.

“La expectativa que está pesando mucho es que va a salir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que le quita presión al Gobierno para ir al mercado, pero por otro lado, el Banco Central está inyectando ¢840.000 millones a los intermediarios financieros, lo que también le quita presión a las tasas de interés no solamente de préstamos, sino del financiamiento del Gobierno”, subrayó Villalobos.

“Sin duda lo que le ha permitido a Hacienda captar en dos meses el 46% del total de las necesidades del primer semestre han sido los avances en materia para formalizar un acuerdo con el FMI , esto ha traído confianza al mercado, los inversionistas bajo ese escenario han decidido no solo comprar bonos de Gobierno en colones y dólares, además lo han hecho en buena medida a plazos de mediano y largo de la curva, lo cual favorece en alargar los vencimientos de hacienda”, agregó el gerente.

El experto considera que es muy importante que los temas con el FMI avancen, tanto en el proceso con el fondo y lo que corresponda en las diferentes instancias políticas.

“De no ser así, sin duda las puertas en los diferentes mercados se cierran y las condiciones se pueden revertir. Por lo tanto, hay que ser claro que se sigue manteniendo ese riesgo que podemos denominar político”, concluyó Quesada.

Día clave: FMI analiza hoy ajuste fiscal propuesto por Costa Rica

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Hoy es un día clave para Costa Rica. El acuerdo fiscal propuesto por el país ante un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) será analizado por el directorio ejecutivo de esa entidad y este mismo lunes o a más tardar mañana martes, se sabrá si el convenio sigue adelante su marcha y puede ser finalmente discutido por la Asamblea Legislativa.

Las esperanzas de las autoridades económicas costarricenses es que no haya problema y esta misma semana conozcamos no solo la aprobación del empréstito sino también cuál es diagnóstico real de las finanzas del país desde la óptica de esa organización. Junto con el proyecto de préstamo por $1.750 millones debe venir un análisis por el denominado artículo IV del Fondo, que consiste en toda una radiografía de la situación del país.

Elian Villegas, ministro de Hacienda confía en que la aprobación será un hecho, por lo que el empréstito sería enviado a la Asamblea Legislativa en el transcurso de la segunda semana de marzo, según afirmó al cierre de la semana anterior.

Para ayudar a entender mejor todo el trámite y lo que sigue a partir de ahora, elaboramos esta guía con las principales preguntas y respuestas sobre el tema.

¿Qué es el directorio ejecutivo del FMI y por qué debe analizar el acuerdo?

El Directorio es el responsable de llevar a cabo todas las actividades diarias del Fondo y está compuesto por 24 directores, elegidos por bloques de países miembros. Cada bloque tiene una cantidad o porcentaje de votos asignada de manera que al momento de decidir sobre ciertos temas, como en este caso sobre una ayuda crediticia, todos deben votar para aceptarlo.

Costa Rica está en el mismo bloque junto con Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y España. El total de votos de este bloque alcanza un 4,5% del total. Estados unidos es el más “pesado” en cuanto a votos con un 16% del total.

Si bien a nivel técnico el acuerdo con Costa Rica ya fue aprobado, debe pasar esta etapa que es más política.

¿Qué información surgirá de la decisión del directorio ejecutivo?

Se esperan dos tipos de información. Primero el proyecto de préstamo por los $1.750 millones para Costa Rica y también un análisis sobre los rendimientos del ajuste fiscal propuesto por Costa Rica además de un diagnóstico de cómo se encuentra el país.

Este diagnóstico coincidirá con el análisis que debe hacer el Fondo correspondiente al artículo IV de la organización. Este es un análisis periódico que realiza la organización a sus países miembros y en esta ocasión coincide con la discusión del acuerdo.

¿Qué sigue después de la aprobación?

Según dijo el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero la semana anterior la decisión se tomará este mismo lunes o a más tardar el martes. Casi de inmediato o durante la semana es posible la publicación en el sitio web del FMI de los diagnósticos sobre el país.

¿Cuándo presentará el gobierno el acuerdo ante la Asamblea Legislativa?

De acuerdo con Villegas la presentación del empréstito se hará durante las dos primeras semanas de marzo.

A nivel administrativo, el acuerdo con el FMI ya tiene el aval del Banco Central y se está trabajando con la Autoridad Presupuestaria y la Dirección de Crédito para incluir las cifras en todas los cálculos y cuentas financieras del país apenas se cuente con el aval legislativo.

“Estamos pensando que a más tardar en mayo estén siendo aprobados tanto el acuerdo como los proyectos del Fondo. Esa es nuestra esperanza y ojalá salir lo antes posible de esos proyectos”, dijo Villegas.

¿Qué es lo que el directorio del FMI analiza?

Principalmente analizan la recomendación técnica alcanzada durante las negociaciones así como del diagnóstico que realizan los equipos técnicos asignados al país.

De acuerdo con Hacienda, estos son los rendimientos esperados, con lo cual sería suficiente para alcanzar un superávit primario para 2023 y un nivel de deuda cercano al 50% del PIB para 2035.

¿Qué pasa si se le hacen cambios a los proyectos?

Según Villegas lo trascendental es que cualquier cambio que eventualmente se le realice a los proyectos de ley no afecten su rendimiento. Es decir si se le quita efectividad de algún lado, se le devuelva por otro.

La negociación que tenemos está ajustada al rendimiento. Se pueden hacer cambios pero no podemos afectar los rendimientos porque si afectamos los rendimientos afectamos el tamaño. Es como si estuviéramos haciendo una represa de 20 metros y decidimos hacerla de 18 para dejar dos metros por donde se va a salir el agua… no nos sirve como país”, dijo.

¿Cuándo empezaremos a recibir el dinero?

La aprobación del acuerdo por parte del directorio no garantiza todavía el envío del dinero. Primero debe aprobarse en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con Cubero, el primer desembolso se entraría entre mayo y junio si la Asamblea lo aprueba según lo programado y sería por $583 millones anuales. Este monto se dividirá en dos, pagaderos en partes iguales cada semestre, cuando el FMI realice el seguimiento del cumplimiento de las metas fiscales.

Los desembolsos se seguirían haciendo con esa periodicidad hasta completar los $1.750millones que corresponden al acuerdo.

Gobierno acordó con el FMI fuertes metas de reducción del déficit primario

Fuente: La Nación

El Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuertes metas de reducción del déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos, excluidos los intereses) para el 2021 y el primer semestre del 2022, según los datos que compartió, este jueves 25 de febrero, el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

En un diálogo, organizado por la empresa FCS Análisis & Estrategia, en el cual también participó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, Villegas compartió algunas de las metas acordadas con el organismo internacional para julio, setiembre y diciembre del 2021, y marzo y junio del 2022.

Según los datos que compartió Villegas, para el 2021 el déficit primario (exceso de gastos, excluidos los intereses, sobre los ingresos) debería concluir el año en unos ¢640.000 millones, lo cual sería casi la mitad del déficit primario del 2020, que fue de ¢1.224.622 millones.

La atención se pone sobre el balance primario porque es una de las tres variables que determinan el crecimiento de la deuda pública respecto a la producción. También influye la tasa de interés de la deuda y el crecimiento de la economía.

Este sería el camino que tendría que comenzar a andar Costa Rica para llegar a tener un superávit primario equivalente a 1% del PIB (producto interno bruto) al 2023 con el fin de “doblar la curva” del endeudamiento del Gobierno Central y con ello comenzar a bajar las presiones sobre la economía que eso provoca.

En el 2020, el déficit primario representó 3,9% de la producción, incluidos los órganos desconcentrados y con la nueva medición del PIB.

Para realizar este ajuste, Villegas consideró muy importante la aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público porque ayudaría a controlar el gasto en las remuneraciones y en el caso de las universidades públicas es un autocontrol importante, dijo, que evitaría un crecimiento acelerado del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior), cuya transferencia representa un 10% de la recaudación tributaria.

También contribuirá la aplicación de la regla fiscal porque cuando la deuda pública supera el 60% de la producción no hay aumentos salariales, y el Decreto Ejecutivo 42.798-H para restringir partidas de compras de bienes y servicios, suplencias, sueldos eventuales y salarios especiales de las instituciones del Poder Ejecutivo, entre el 2021 y 2025, así como para establecer un techo a las transferencias corrientes.

Durante el foro, moderado por el economista y directror de FCS Análisis & Estrategia, José Luis Arce, el ministro Villegas comentó que conversaron con el Fondo sobre cuidar el gasto social y el gasto de capital en el proceso de ajuste.

Pese al ajuste esperado para el 2021, el país requerirá una fuerte cantidad de financiamiento, equivalente al 13,5% de la producción.

El Ministro explicó que de ese 13,5% del PIB, ya se ha obtenido financiamiento por 2,81% del PIB, por lo tanto faltaría 10,7% para los restantes 10 meses, cerca de un punto porcentual del PIB por mes.

Cronograma con el FMI

Elian Villegas también compartió en la actividad el cronograma previsto para el acuerdo con el Fondo. Para el 1°. de marzo, según publicó el Fondo en su página web, se llevará al directorio el acuerdo con Costa Rica, y según el Ministro podría ser ese día, o en esos días, que aprueben el acuerdo.

Cubero añadió que el directorio también estaría aprobando la revisión del artículo IV por lo que luego de esa reunión se generarán dos documentos: el acuerdo con el organismo y la revisión económica.

El 24 de febrero, el Banco Central le dio el visto a la facilidad crediticia con el Fondo Monetario, y el Ministerio de Hacienda está trabajando en las autorizaciones administrativas y en los primeros 15 días de marzo se presentaría el documento del proyecto del acuerdo a la Asamblea Legislativa, el cual esperan que esté aprobado en mayo, así como los proyectos relacionados, dijo el Ministro.

Villegas considera que si se excluye el proyecto del Impuesto sobre la Renta Global Dual, los demás son sencillos y pueden ser estudiados con relativa facilidad.

Cuberó detalló que el primer desembolso se daría cuando la Asamblea Legislativa apruebe el acuerdo, lo cual esperan para mayo o principios de junio, y los siguientes desembolsos se harían con base en revisiones semestrales.

Serían desembolsos de $583 millones por año, aproximadamente, y por tres años.

 

 

Dirección General de Tributación amplía plazo para presentar declaración informativa D-151

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación amplió el plazo hasta el próximo 31 de marzo para que los contribuyentes presenten la declaración informativa D-151 “Declaración anual de resumen de clientes, proveedores y gastos específicos 2020”. Así lo estableció mediante la resolución DGT-R-11-2021, emitida este del 25 de febrero.

Carlos Vargas, director general de Tributación explicó que si bien la fecha límite prevista era el 28 de febrero, la Administración Tributaria determinó este nuevo plazo en aras de motivar el cumplimiento voluntario, de manera tal que los responsables cuenten con un mayor espacio para atender esta obligación de la mejor manera posible.

Vargas aclaró que la Dirección General de Tributación (DGT) no comparte los argumentos sobre falta de claridad, externados por terceros, en relación con las reformas introducidas desde el año 2019 para adecuar el período a informar y el plazo de presentación de las declaraciones, al nuevo período fiscal establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635), debido a que la Resolución DGT-R-071-2019 que sustenta estos cambios fue clara en cuanto a las operaciones que debían reportarse en el formulario D-151 a partir de este periodo, y más bien facilita el cumplimiento, al indicar que las operaciones soportadas en comprobantes electrónicos no debían incluirse en la declaración y al eliminar los montos mínimos a informar.

En el 2019 la DGT recibió 324.497 declaraciones, sin embargo, para el periodo 2020 esta cantidad se verá reducida por lo indicado anteriormente, en virtud de las modificaciones introducidas mediante la Resolución DGT-R-071-2019.

Para confeccionar esta declaración el contribuyente debe descargar el programa Declar@7, disponible en la página web www.hacienda.go.cr, apartado “Servicios Tributarios”, sección “Herramientas Electrónicas”; y enviarla mediante Declar@Web, ubicada en la sección “Servicios más utilizados”de esta misma web.

FB Live:  Estados de cuenta tributarios. ¿Está al día?

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el Lunes 01 de marzo a las 3:00 p.m. con el tema:

Estados de cuenta tributarios. ¿Está al día?, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

Intl’22 multinacionales españolas pagan impuesto de sociedades medio del 1,3% de su beneficio global

Fuente: El País

Las multinacionales españolas pagan en impuesto de sociedades un tipo efectivo del 17% de su beneficio a escala global, muy por debajo del tipo nominal vigente en España, que es del 25%. Así lo refleja la segunda edición del Informe País por País (Country by Country Report, en inglés) publicado este jueves por la Agencia Tributaria, elaborado con los datos relativos al ejercicio de 2017 de 112 grandes grupos y sus 14.996 filiales, 9.939 de ellas en el extranjero. De esos grandes grupos, 22 soportaron un tipo efectivo medio de tan solo el 1,3%.

La estadística de la Agencia Tributaria solo tiene en cuenta las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros al año en todo el mundo, pero no permite conocer el nombre de las empresas que han presentado los datos ni saber en qué países se encuentran sus filiales. En total, estas empresas abonaron 15.017 millones en impuesto de sociedades en todo el mundo, ante unos beneficios netos globales de 88.398 millones. Aunque el tipo efectivo abonado en 2017, el 17%, es inferior al nominal en España ―del 25% en general; del 30% para bancos y petroleras―, supone un incremento frente al 12,6% abonado en la edición anterior.


La Agencia Tributaria publicó el año pasado, por primera vez, el Informe País por País, en virtud de los compromisos de transparencia que España ha asumido con la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una suerte de think tank de los países ricos) para atajar las vías de fuga que usan los grandes grupos para eludir impuestos trasladando beneficios a jurisdicciones con menor imposición fiscal. El análisis del año pasado se basó en datos de 134 multinacionales e información correspondiente a sus 16.160 filiales (el 67% de ellas en el exterior), que arrojaron un beneficio de más de 91.000 millones.

Lo que sí mantiene en este último informe es la gran “dispersión” de tipos. En 2017, 22 multinacionales que acapararon más del 25% del beneficio del total solo soportaron un tipo efectivo del 1,3%: pagaron 313 millones en impuesto de sociedades (el 2% del total) frente a unas ganancias de 23.522 millones en el ejercicio. Si se amplía el foco, más de la mitad de los grupos considerados en el análisis, que generó el 50% de los beneficios netos globales, asumió un tipo efectivo inferior al 12,5%.

“Las 57 empresas con los tipos efectivos de tributación más bajos únicamente representaron el 17,6% del impuesto pagado por el conjunto del colectivo, a pesar de concentrar el 50% del beneficio”, resume la nota publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda. En el otro extremo, 23 grupos soportaron una presión superior al tipo nominal, del 31,7%, sobre unos beneficios de 28.949 millones.

Mayor transparencia

El informe se publica justo cuando la UE ha decidido retomar la iniciativa para que las grandes empresas publiquen los datos relativos a beneficios e impuestos que pagan en todos los países en donde operan, ante el enorme boquete que la pandemia está generando en las cuentas públicas. Uno de los grandes problemas para las arcas públicas de los Estados es la ingeniería fiscal que permite, sobre todo a los grandes grupos que explotan el negocio digital, trasladar beneficios a territorios de baja tributación.

La OCDE está negociando un acuerdo para diseñar una tasa Google global ―cuyo trabajo se vio frenado tanto por la crisis sanitaria como por la decisión de la Administración de Donald Trump de abandonar las negociaciones el año pasado―, pero Bruselas ha decidido seguir avanzando internamente para obligar a las empresas a hacer un ejercicio de mayor transparencia. En paralelo, ha anunciado que seguirá trabajando en un impuesto digital comunitario el caso en el que la OCDE no alcance su objetivo.
Datos no comparables

La Agencia Tributaria aclara que la información relativa al Informe País por País no es comparable con las demás estadísticas que publica ni tiene la intención de servir para una investigación fiscal. Señala que la principal diferencia en los distintos tipos abonados por los grupos está en el concepto de beneficio utilizado para elaborar este informe y el que se emplea para las estadísticas sobre las cuentas anuales consolidadas del impuesto de sociedades, ya que en el primer caso se emplea el beneficio neto, descontadas las pérdidas soportadas por todas las filiales de una multinacional en una misma jurisdicción.

Al contrario, en las estadísticas sobre el impuesto de sociedades que publica periódicamente el organismo, se toma en cuenta el beneficio bruto, que no tiene en cuenta las pérdidas. Por ello, señala la Agencia, los tipos impositivos que resultan en el Informe País por País son superiores a los que resultarían de emplear el concepto de beneficio bruto.

El organismo tributario también aclara que el número de empresas considerado en esta edición es inferior respecto al año pasado debido a “depuraciones estadísticas” dirigidas a solucionar “errores de presentación” de las multinacionales para eliminar duplicidades.

Contribuyentes pueden solicitar ajustes en pagos parciales de renta cuando prevén pérdidas

Fuente: La Nación

Los contribuyentes que prevean pérdidas para el periodo fiscal en curso pueden solicitar, al Ministerio de Hacienda, eliminar los pagos parciales del impuesto sobre la renta. Esta es una medida de alivio económico que está contemplada en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7.092).

El pasado miércoles 17 de febrero, el presidente Carlos Alvarado y Gustavo Segura, ministro de Turismo, anunciaron que las empresas turísticas que experimenten números rojos pueden solicitar el beneficio, pues esta fue una de las industrias más afectadas por la crisis sanitaria.

Para el 2020, el producto interno bruto (PIB) decreció 4,5%, y de esa cifra, el 40,7% correspondió a hoteles y restaurantes, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Aunque en principio el anuncio del Poder Ejecutivo se enfocó para el sector turístico, la legislación permite que cualquier obligado tributario con afectación económica pueda hacer esta solicitud. Así lo confirmó Carlos Vargas, director general de Tributación.

El artículo 22 abre dos caminos, el primero es que permite hacer un rebajo o ajuste de los pagos parciales en caso de que el contribuyente haya generado ingresos adicionales en el periodo anterior (por ejemplo, con la venta de un activo), lo que podría producir que los pagos parciales sean más altos en el siguiente periodo.

Esto se debe a que el pago parcial se calcula sobre el impuesto pagado en los últimos tres periodos o el desembolsado en el último periodo, el que sea mayor. Una vez que se obtiene la cifra se calcula el 75%, se divide entre cuatro y el contribuyente paga tres anticipos, explicó Vargas.

Los pagos parciales son adelantos a cuenta del impuesto sobre la renta.

El segundo camino que abre la norma es eliminar los pagos, en este caso el contribuyente puede solicitar que se suspenda uno, dos o los tres pagos parciales del impuesto, que deben realizarse en junio, setiembre y diciembre del 2021.

Requisitos

La resolución DGT-R-07-2018 define las reglas del procedimiento; indica que los contribuyentes podrían experimentar hechos adversos durante el periodo impositivo en curso, lo que podría afectar de manera negativa los resultados finales.

La directriz da al Ministerio de Hacienda la facultad para rectificar las cuotas cuando el contribuyente demuestre la afectación.

El contribuyente debe presentar la solicitud por escrito antes de que venza cada desembolso. Silvia Castro, socia de impuestos de Moore, recomienda hacerlo con dos meses de anticipación para que Tributación brinde una respuesta y el contribuyente esté seguro si le aceptaron o no la petición.

La cartera cuenta con un formulario en su página web llamado “Solicitud de disminución o eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre la renta”.

En ese documento se solicita el nombre del obligado tributario, el número de identificación, el periodo fiscal y la solicitud que hace el contribuyente (ya sea la eliminación del pago parcial por prever pérdidas del periodo actual o la disminución del pago parcial). El formulario cuenta con un espacio para que el interesado detalle las circunstancias que le podrían afectar y le impidan cumplir con la obligación.

En ese espacio el contribuyente debe presentar la evidencia. “Puede presentar el estado financiero proyectado de que va a tener pérdidas y de que tuvo pérdidas en el periodo anterior”, dijo Vargas.

El formulario debe ir con la firma del obligado tributario o el representante legal.

Para solicitar el beneficio es importante que los contribuyentes estén al día con sus obligaciones tributarias, ya que de lo contrario no podrán obtener el alivio económico. Así lo aseguró la socia de impuestos de Moore.

Según Castro existen casos de empresas que experimentaron pérdidas y por no estar al día con el pago de los impuestos, no obtuvieron una respuesta positiva de parte de la Administración Tributaria.

Si el obligado pide la suspensión del pago solo debe presentar la liquidación del impuesto en marzo del próximo año. Es decir, la liquidación del impuesto deberá hacerla en marzo del 2022, en este caso podría ser que el contribuyente deba pagar el tributo (si no experimenta pérdidas), pero si tiene afectación no debe cancelar el impuesto.

En este último caso el obligado tributario no tiene derecho a devolución, situación que sí podría pasar en caso de que haya desembolsado los pagos parciales y se genere un saldo a favor.

El Ministerio de Hacienda no tiene proyectado cuántos contribuyentes podrían acogerse a este beneficio, pues la liquidación del impuesto sobre la renta que vence en marzo próximo podría darles indicios de cuántas empresas quedaron en números rojos en el periodo fiscal anterior y que puedan solicitar el alivio económico.

 

 

Intl’ UE toma la iniciativa para lograr más transparencia en impuestos que pagan las multinacionales

Fuente: El País

Europa se ha decidido a evitar una destrucción masiva de empresas y empleos por la pandemia, aunque el precio sea un elevado endeudamiento. Y ante las crecientes necesidades de financiación, la mayoría de los socios de la UE quiere cerrar el boquete fiscal que las grandes multinacionales, en especial las tecnológicas, dejan en sus haciendas. Los Veintisiete resucitarán este jueves el proyecto de directiva que obliga a las empresas a publicar los beneficios y los impuestos que pagan país por país y su actividad en jurisdicciones consideradas opacas. Según fuentes diplomáticas, el texto, que fue bloqueado por 12 países en 2019, cuenta ya con los apoyos suficientes para salir adelante.

La Unión Europea busca fórmulas para poner coto a la creatividad fiscal de los gestores de las grandes corporaciones. Bruselas espera que los nuevos vientos de cooperación con Washington permitan desatascar una reforma a escala global del impuesto de Sociedades, que se está negociando en el marco de la OCDE y que supondrá una reubicación tributaria de 100.000 millones de dólares (82.000 millones de euros). Hasta que se alcance ese acuerdo, la UE quiere ir metiendo presión a las multinacionales para que paguen impuestos allí donde hacen negocio.

La Comisión Europea lanzó en 2006 una propuesta de directiva para que las grandes corporaciones tengan que realizar un striptease fiscal. De acuerdo con ese texto, las corporaciones que operen en el mercado único que facturen más de 750 millones de euros anuales deberán publicar los beneficios que obtienen y los impuestos de Sociedades que abonan país por país. Esa información, hasta ahora solo en manos del fisco de cada Estado, deberá ser pública en un ejercicio de transparencia que busca poner en evidencia dónde tributan esas compañías. Además, las multinacionales deberán detallar también sus actividades en países que estén en la lista negra de paraísos fiscales de la UE.

Los ministros de Industria de los Veintisiete volverán el jueves a examinar esa carpeta en el Consejo de Competitividad, que tendrá lugar a través de videoconferencia. Y en esta ocasión, hay una mayoría de países para sacarla adelante. La propuesta —que desde el principio ha sido respaldada con firmeza por España, Italia y Francia— ya fue examinada y votada a finales de 2019, cuando se topó con la negativa de 12 países, en especial Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Malta o Suecia.

Esos países argumentaron que la base legal de la propuesta era errónea, puesto que no era un asunto sobre industria, sino sobre fiscalidad. La diferencia entre una cosa u otra es abismal: la medida requiere de la improbable unanimidad de los Veintisiete para ser aprobada en el consejo de ministros de Finanzas (Ecofin), mientras que en el foro que reúne a los ministros de Industria necesita una mayoría cualificada —un 55% de los países miembros que representen el 65% de la población—. A a la presidencia de turno de la UE, que este semestre recae en Portugal, le salen ya los números, según fuentes diplomáticas. “Todavía hay algunos países que se resisten, pero otros que tenían dudas van a respaldar la propuesta al ver que ya hay una mayoría”, sostienen estas fuentes.

Cambios en el texto

“Durante el consejo de Competitividad, los ministros deberán evaluar la propuesta pactada, que integra cambios en el texto original”, afirman otras fuentes diplomáticas consultadas, que celebran el intento de sacar adelante el texto “después de cinco años de negociaciones en el consejo y un punto muerto de más de un año”. Los principales cambios están en la introducción del texto legal, donde se pone énfasis en varias ocasiones en que el propósito de ese ejercicio es el de aportar “transparencia” y “responsabilidad” para calmar los ánimos entre los socios más beneficiados por las piruetas fiscales de las grandes corporaciones.

Las mismas fuentes explicaron que la discusión de los ministros debe servir para remachar un trabajo que se viene haciendo desde hace semanas a nivel técnico. Sin embargo, los titulares de Industria no votarán todavía la propuesta el jueves, al tratarse de un consejo por videoconferencia. En caso de que la presidencia de la UE concluya que el acuerdo es posible, el expediente se remitirá a la próxima reunión de embajadores de cada país para que puedan formalizar su apoyo. Fuentes diplomáticas sostuvieron que esa cuestión no se pondrá en la agenda de los representantes hasta que termine el debate entre ministros. Una vez aprobado, el texto deberá ser negociado con el Parlamento Europeo.

¿Qué tan dramática fue la caída en recaudación de impuestos comparada con la región?

Fuente: La República

Los ingresos de los países se han visto sumamente afectados por la pandemia del Covid-19, y Costa Rica no fue la excepción, pero ¿cómo se compara con el resto de la región?

Si bien en el 2020 se presentaron decrecimientos dignos de prestar atención, estos no fueron tan dramáticos como en otras naciones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020 publicado este mes, presenta de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta, acumulado entre enero y septiembre del 2020, dando la posibilidad de realizar la comparación.

En cuanto al IVA, Costa Rica presentaba un decrecimiento interanual de -6,5%, no tan grave como algunos que presentaron caída de doble dígito, ya que, de 20 naciones estudiadas, hubo 14 con variaciones todavía peores que nuestro país.

El caso más grave fue el de Honduras, con una variación de -23,2%.

Por su parte, en renta el panorama fue peor para nuestro país, con una variación de -9,7%, no tan positivo como otros países, ya que algunos incluso tuvieron crecimiento. De 20 naciones estudiadas, nueve tuvieron variaciones peores que nuestro país, demostrando que Costa Rica estuvo justo a la mitad de los más perjudicados en ingresos por renta.


Fuente: Cepal

En general, la paralización de la actividad económica y la fuerte caída del consumo privado han repercutido en la recaudación tributaria, consideran desde la Cepal.

También, debe analizarse el hecho de que la recaudación tributaria también se ha visto afectada por las medidas de alivio fiscal que los países han aplicado para apoyar a las familias y las empresas. Los ingresos que no se han percibido como consecuencia de estas medidas son sustanciales: en algunos países equivalen a más del 1,0% del PIB, analiza ese ente.

Por ejemplo, en Costa Rica se tomó en su momento la decisión de establecer la moratoria en el pago del IVA, los pagos parciales del impuesto a las utilidades, el impuesto selectivo de consumo y de los impuestos para nacionalizar mercadería, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, generando en gran parte la caída en ingresos tributarios más dura en diez años.

Inversiones en el Popular, mutuales, cooperativas y solidaristas pagarían 15% de renta

Fuente: La Nación

Quienes tienen ahorros en el Banco Popular, mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas, afrontarían de nuevo cambio en el impuesto de la renta sobre los rendimientos, si se aprueba el proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas de Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente número 22.369).

La iniciativa forma parte de los planes incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las finanzas públicas y controlar el crecimiento de la deuda pública. Es analizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estos rendimientos tenían tributos diferentes, pero con esa nueva legislación se les definió una tarifa de 15% a casi todos; no obstante, a algunos se les daba plazo para llegar a ese porcentaje.

Por ejemplo, en el caso de los rendimientos de títulos emitidos por el Banco Popular, antes del 1.° de julio del 2019 no estaban gravados con el impuesto sobre la renta, después de esa fecha pasaron a tener un 7% e iba subir un punto cada año hasta llegar al 15%; no obstante, con la nueva propuesta aumentaría al 15% de una vez.

Otro caso es el de los excedentes de las asociaciones solidaristas, a los cuales se les aplica una tabla para calcular el tributo. De esta forma, pagan un 5% del tributo hasta ¢462.200, 7% sobre ¢462.200 hasta ¢924.400 y 10% sobre el exceso de ¢924.400.

No obstante, con el proyecto, sí se aprueba, pasarían a tributar un 15% sobre el monto total.


Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que el plan adelanta el proceso de convergencia tarifaria que había definido la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El proyecto contiene un artículo transitorio que establece que el tributo aumentaría a 16,5% por dos años.

La propuesta contiene, además, un incremento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas provenientes del exterior y elimina la no sujeción al tributo que tiene actualmente el salario escolar.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, estas acciones generarían al fisco montos equivalente al 0,12%, 0,35% y 0,34% del producto interno bruto en los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

Entidades objetan, Hacienda responde

Tanto solidaristas, como cooperativistas y el Banco Popular, señalaron objeciones a la propuesta, especialmente porque no fue acuerdo en la mesa de diálogo multisectorial convocada por el Gobierno.

“No lo compartimos, principalmente porque fue rechazado en la mesa de diálogo multisectorial y dijimos que eso se traería abajo el esquema progresivo que se aprobó con Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, indicó Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista.

“No aceptamos que el Poder Ejecutivo presente reformas fiscales no analizadas en los procesos de diálogo nacional, tanto en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como en el proceso de diálogo del mismo Poder Ejecutivo”, dijo la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en un comunicado el 16 de enero y Adrián Rodríguez, gerente de la agrupación confirmó el 16 de febrero que la posición se mantiene.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, respondió que en las mesas de diálogo se aprobaron temas en los que había consenso y ahora el Gobierno pone sobre la mesa las opciones que considera necesarias para alcanzar el monto requerido para el ajuste fiscal que el país necesita.

“Las mesas de diálogo tuvieron como una de sus reglas que se iba a avanzar en la búsqueda de soluciones de consenso, y que las soluciones de consenso son las que iban a ser apoyadas, fue clarísimo en las mesas de diálogo desde el día uno, dicho por el señor presidente (de la República, Carlos Alvarado) y aceptado por la mesa de diálogo que aquello en lo hiciera falta para alcanzar la meta requerida para efectos del ajuste fiscal, el presidente de la República, el Gobierno de la República tenía la responsabilidad política de presentar las medidas necesarias”, expresó. Villegas.

Cambios de criterio de Hacienda en directrices tributarias levantan críticas del CCPA

Fuente: La Nación

Los recientes cambios o derogaciones que ha venido implementando el Ministerio de Hacienda en materia de impuestos, confunden a los contribuyentes y crean un clima de incertidumbre jurídica para los inversionistas y demás actores económicos.

Así lo aseguró, este lunes 22 de febrero, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, organización que manifestó su preocupación por dichas modificaciones, e indicó que no es momento de realizar cambios ya que la mayoría de contribuyentes realizan sus declaraciones o, en algunos casos, ya las presentaron.

De acuerdo con el Colegio, algunas directrices se apartan de lo que establece la ley o se hacen con poco margen de tiempo ―al filo del cierre anual―, situación que le impide a los obligados ajustar los sistemas y los parámetros que requiere la contabilidad para cumplir con los cambios requeridos por la Administración Tributaria.

Para el 2020, se comenzó a migrar hacia un año fiscal natural, así que por primera vez, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de marzo.

Desde inicios de año, el Ministerio de Hacienda comunicó cambios en el tratamiento de las ganancias por diferencial cambiario y la Declaración Anual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos D-151.

Además, los contribuyentes han experimentado errores en el formulario D-101 donde se liquida el Impuesto a las Utilidades, e inconvenientes para el pago de los impuestos a las personas jurídicas, afirmó el gremio.

“Esto no son buenos mensajes para los inversionistas y los contribuyentes que hacen su esfuerzo para cumplir con sus obligaciones tributarias, dichas inconsistencias pueden dejar en un estado de indefensión (al contribuyente) frente a una fiscalización”, destacó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, mediante un comunicado de prensa.

Las constantes directrices donde se hacen cambios o derogaciones no favorecen el cumplimiento tributario, incrementa los costos del procesamiento de información y dificulta la labor del Ministerio de Hacienda al elevar el número de consultas y por la posibilidad de elevar esos cambios a los tribunales, según Smith.
Los cambios

En las últimas semanas la Administración Tributaria emitió varias directrices donde anunció cambios o derogaciones en las obligaciones tributarias.

El pasado 6 de enero Hacienda emitió el Criterio Institucional (DGT-CI-04-2020) sobre el tratamiento fiscal de las ganancias y pérdidas por diferencial cambiario. Posteriormente, el 11 de febrero de 2021, anunció en su página web que se encuentra en proceso de emitir una aclaración sobre el tema.

La nueva interpretación de Hacienda cambiaría las reglas del juego a la hora de deducir el diferencial cambiario como un gasto pues solo dejaría a los contribuyentes aplicar el criterio del realizado y no del devengo, como se ha hecho históricamente. El cambio de criterio produjo confusión entre los contribuyentes.

“¿Si en la aclaración Hacienda determina que no aplica para el periodo 2020, qué deben hacer los que ya lo hicieron, o los que están tratando de completar su proceso de autoliquidación de la declaración, al no saber si esa será la resolución?, cuestionó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.

El pasado 17 de febrero Carlos Vargas, director general de Tributación, confirmó a El Financiero que la nueva interpretación de Hacienda aplicará para el periodo fiscal 2021.

“En el caso del diferencial cambiario nosotros no hemos dejado sin efecto el criterio, lo que dijimos es que por un tema de seguridad jurídica simplemente estamos indicando que el criterio rige a partir del momento en que se publicó, rige para el periodo 2021”, manifestó, este lunes 22 de febrero, Vargas.

Para él, este criterio le da seguridad jurídica a los contribuyentes pues la interpretación aplica para el periodo fiscal que se publicó.

Para el 2020, los obligados pueden aplicar el proceso de autoliquidación normal que está regulado en la ley, dijo el funcionario. Ante la consulta de si para marzo de 2020 el contribuyente debe hacer el proceso tradicional, indicó: “lo liquidan conforme a su interpretación de la ley”.

Otro caso es la Declaración Anual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos (D-151), que también ha experimentado dos modificaciones con las resoluciones N° DGT-R-071-2019, publicada el 9 de diciembre del 2020, y la DGT-R- 09-2021, del pasado 3 de febrero de 2021.

Dichos cambios no dejan espacio para consultas en los sectores que no están sujetos a renta o que están exentos y ven cambios en sus obligaciones, pues no hay certeza de su amplitud, de acuerdo al comunicado de prensa.

En cuanto a este punto, Vargas manifestó que no se cambiaron las reglas.

“Si usted ve la resolución del 2019 es clarísima que se elimina el monto cuantitativo, ese monto se eliminó desde 2019, tiene más de un año de estar vigente, no estamos cambiando las reglas en este mes. Desde el 2018 venimos en proceso de consolidación de los comprobantes electrónicos, la resolución de 2019 responde a eso, a que la Administración tiene bastante información, por no decir casi toda, de la que se estaba pidiendo en el 151”.

La resolución del 2019 dice que los contribuyentes deben informar al Ministerio de Hacienda todos los clientes, proveedores y gastos específicos de los que no tenga comprobante o respaldo. Esta es una medida que facilita el cumplimiento a los grandes contribuyentes, según Vargas, pues en el pasado se dio el caso de un gran contribuyente que presentó la declaración y tenía seis millones de registros pequeños.

Una de las críticas del colegio profesional es que los cambios que se emiten al filo del cierre anual y de las declaraciones ordinarias, pone a correr a los contribuyentes que deben implementar revisiones y depuraciones manuales o en los archivos de Excel, pues la mayoría no tienen un sistema contable completo ni personal para hacer las revisiones en el tiempo que se requiere.

Cambios de fechas

Parte de las críticas del Colegio se enfocan en los trámites tributarios. Por ejemplo, mencionaron los cambios de fechas y mecanismos para las sociedades inactivas, las cuales tenían que presentar la declaración en la D-101, pero ahora deberán hacerlo en un formulario simplificado y se les amplió el plazo para la presentación.

Sobre este tema, Vargas indicó que se trabaja en una declaración sencilla donde se incluirían las casillas de activos, pasivos y capital.

Colegio indicó que en abril vence el plazo para suministrar la declaración anual de accionistas con otra serie de requerimientos que algunos contribuyentes no tienen claros por el momento.

Para Smith, la Administración Tributaria debe producir confianza y estabilidad a fin de que los contribuyentes puedan elaborar sus declaraciones de mejor manera y presentar a tiempo sus obligaciones. Lo que permitiría crear un clima de seguridad jurídica para el inversionista.

Además, considera que es necesario contar con una defensoría tributaria pues los criterios se emiten en un lenguaje muy técnico, no existen guías para despejar inquietudes de los obligados y la población carece de una adecuada formación tributaria.

 

 

 

Pago de Internet a los trabajadores podría sumarse al salario para calcular renta global

Fuente: La Nación

Si una empresa paga periódicamente y en forma fija el Internet a un trabajador para que realice teletrabajo entonces el empleado debería sumar ese monto como parte de su salario para hacer la declaración de impuestos, siempre que la suma de todo lo que se considera salario supere los ¢683.333 al mes.

Así sucedería si se aprobara el proyecto de Ley de Impuesto de Renta Global Dual, que envió el Gobierno a la Asamblea Legislativa, el pasado 5 de febrero, como parte de las iniciativas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En su artículo 15 este plan define lo que se considera “renta bruta del trabajo por cuenta ajena y otras rentas del trabajo”. Por cuenta ajena se refiere a los asalariados.

Los montos que se consideren parte del salario van a ser importantes porque los trabajadores que reciban un salario total por encima de ¢683.333 al mes tendrían que presentar declaración de impuesto sobre la renta y realizar el pago correspondiente, según la tabla de tarifas que define el proyecto. Restaría del monto a pagar lo que el patrono le retuvo de este impuesto.

“Si yo pago Internet en mi casa y le paso la factura para que mi patrono me lo pague me van a decir que es salario porque me lo pagan todos los meses”, explicó Germán Morales, socio director de Grant Thornton.

Según este artículo también se consideran parte del salario los viáticos y las asignaciones para gastos de viaje si son sumas fijas periódicas. Si son viáticos de transporte y alimentación para que el trabajador realice una actividad particular y están dentro de los límites y condiciones que define la Dirección General de Tributación entonces no se consideran parte del salario, según indica el texto.

Por ejemplo, explicó Morales, cuando la empresa le pague al trabajador un viático de ¢25.000 fijo, eso es un salario y por lo tanto se suma para efectos del pago de este impuesto, cuando el trabajador va a una gira y paga el hotel, y la empresa se lo resarce y la factura la pide a nombre de la empresa ese viático no es salario.

“Entre las retribuciones en especie, se considerarán, entre otras, el pago del alquiler de vivienda o la concesión del uso gratuito o a precio especial de la vivienda, siempre que no se trate de vivienda facilitada por las necesidades de desplazamiento especial del personal”, indica el proyecto.

“Pensemos en una empresa en el campo que tiene asalariados y que les da una casa para que ellos vivan y sean los jornaleros y ellos trabajen, estamos hablando que ese tipo de vivienda no es salario en especie porque se convierte en una herramienta o un instrumento más que se la da al empleado para que vaya a trabajar a zonas alejadas”, ejemplificó Morales.

Este artículo también se incluyen los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del Régimen Obligatorio de Pensiones, el Fondo de Capitalización Laboral y los beneficiarios de los planes de pensiones voluntarios, según lo dispone la Ley de Protección al Trabajador.

En el artículo 7 del proyecto se indica que este impuesto se cobra sobre las rentas por jubilación o pensión, en el artículo 8 se exoneran los beneficios de estos tres planes, sin embargo, en el artículo 15 se ponen como uno de los rubros que se deben considerar en el salario, lo cual genera dudas sobre si tributan o no.

Al respecto se consultó al director general de Tributación, Carlos Vargas, quién indicó: “es un tema de forma pero se mantiene exento conforme el artículo 8 y no se incluyen en la base. El tema es que usted no exonera lo que no está sujeto entonces lo menciona pero al mismo tiempo lo exonera”.

También se deben sumar al salario las rentas derivadas de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, con excepciones, las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración y demás miembros de otros órganos representativos y las retribuciones percibidas por quienes laboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por las organizaciones no gubernamentales o por otras entidades sin ánimo de lucro, salvo las cantidades para gastos que se determinen reglamentariamente.

 

Nuevo texto de renta global amplió de 4 a 6 años la exoneración para distribución de dividendos

Fuente: La Nación

El nuevo texto del proyecto Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual, que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el 5 de febrero pasado, introdujo dos cambios relevantes en materia de distribución de utilidades por medio de los dividendos respecto a la primera versión (22 de enero).

El primer cambio fue que amplió de cuatro a seis años el periodo en el cual las utilidades no distribuidas a los socios o participes de personas jurídicas estarían exoneradas del impuesto sobre la renta. Al sétimo año, Tributación presumiría que dichas utilidades fueron distribuidas y entonces cobraría el impuesto.

El segundo cambio fue que se eliminó un párrafo que establecía que esta presunción y obligación de pago de impuestos no operaría cuando dentro del plazo previsto las utilidades no distribuidas se utilicen en la inversión en activos de la empresa.

Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que a pesar de la eliminación de ese párrafo siempre se puede justificar la inversión y no se aplicaría la presunción.

“Si hay inversión en activos no hay distribución de dividendos y se puede constatar la inversión”, dijo el director.

“Aunque no lo diga no puede presumirse distribución en este caso, pues hay un activo que justifica la reducción de la utilidad no distribuida”, añadió el jerarca.

Entonces, ¿por qué se quitó el párrafo? “Esa frase podía o no existir, sin problema alguno”, añadió Vargas.

Con la actual Ley del impuesto sobre la Renta, las empresas tienen la posibilidad de no efectuar la distribución de dividendos sin que ello implique una obligación tributaria.

El dato más reciente de recaudación tributaria por distribución de dividendos es del 2018. Ese año, el fisco recibió ¢31.748 millones de las retenciones efectuadas por las sociedades al realizar el pago de excedentes.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, explicó que estas presunciones se realizan por un tema de difícil control.

“Cuando uno hace una presunción de este tipo es porque las administraciones tributarias reconocen que hay un elemento que le es difícil de controlar”, dijo Piedra.


No obstante, añadió que no está de acuerdo y que debería de aplicarse al esquema de sociedades y no al esquema de la persona física, pues es esta persona la que tendría que sumar la utilidad no distribuida a su renta global.

Para Adrián Torrealba, exdirector de Tributación y socio de Facio & Cañas, esta presunción tiene dos problemas: primero, es poco frecuente que las utilidades se queden sin distribuir por más de seis años y segundo, no se define si es una presunción relativa, esto es, que admita prueba en contrario (por ejemplo, que se realizó una inversión) o absoluta.

Germán Morales, socio de impuestos de Grant Thornton Costa Rica, añadió que con este impuesto sobre los dividendos más el 30% del impuesto a la utilidad el tributo efectivo queda muy alto.

“Con esto el impuesto de renta va a quedar 30% sobre la utilidad neta, más el 15% de lo que reparta dividendos se vuelve una tasa efectiva de 40,5%, esa tasa a nivel mundial es sumamente alta”, dijo Morales.

Este proyecto fue recibido en la comisión de Asuntos Hacendarios, el 12 de febrero pasado.

 

FB Live: Declaración de Renta

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el lunes 22 de febrero a las 3:00 p.m. con el tema:

Declaración de Renta, a cargo de nuestro especialista, el Lic. Mauricio Berrocal.

¡Le esperamos!

“Impuestos a nadie le gustan, por eso debe usarse el poder del Estado para cobrarlos”:Elián Villegas

Fuente: La República

Las reacciones adversas a la propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) son más notorias en las semanas recientes, siendo enfocadas primordialmente en el apartado de ingresos, como la renta global.

Ese proyecto tuvo que sufrir modificaciones en su texto ante señalamientos de que, por ejemplo, se convertía en renta mundial; sin embargo, eso no hace que las críticas cesen, puesto que la base imponible pasaría de de ¢842 mil a ¢683 mil.

Sobre esto, Elián Villegas, ministro de Hacienda, admitió a CRHoy.com el lunes anterior que cuando de tributos se trata, no habrá una satisfacción de quienes deban pagarlos.

“Sé que los impuestos a nadie le gustan, es materia odiosa, pero precisamente por eso hay que utilizar el poder tributario del Estado para cobrarlos, sino lo que haríamos es pedir una contribución solidaria, pero eso no ocurre así en la realidad”, dijo Villegas.

Defiende de que se trata de un impuesto progresivo, es decir, pagará más el que más tiene, e incluso, cabe recordar que calcularon en su momento que el 70% de asalariados no estaría sujeto a dicho impuesto.

Las dudas en torno a las medidas de ingresos son consistentes, puesto que ejemplos son muchos.

El mismo ministro en días previos demostró molestia ante las quejas de las entidades públicas de pagar un 30% sobre sus utilidades, que él asegurara que la ley de empleo público debe incluir a las universidades desató molestia de estas que defienden su autonomía, el elevar al 15% la tasa sobre las rentas de capital tiene reacción adversa de cooperativas e incrementar el impuesto a las remesas no cayó bien en empresarios, por mencionar algunos casos.

“Si usted se concentra en cualquier medida, le va a encontrar situaciones que puede explotar negativamente, pero es la realidad de los impuestos”, agregó Villegas.

Tres consejos para enfrentar un proceso de fiscalización

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Los procesos de fiscalización, es decir, análisis específicos que decide hacer la autoridad fiscal a ciertos contribuyentes con el fin de encontrar irregularidades en sus declaraciones de impuestos, no se detuvieron durante la pandemia, pero sí parecen seguir tomando por sorpresa a los contribuyentes.

“Recordemos que los procesos de fiscalización pueden afectar a todos los contribuyentes, pero pueden darse en cualquier momento y hay que prepararse para afrontarlos con una asesoría adecuada. De lo contrario, el costo de una multa puede ser hasta 150 veces el impuesto que se haya dejado de pagar según la autoridad, más los intereses y mora de forma retroactiva”, declaró Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Para Volio no se trata de esconder papeles o evadir a la autoridad, se trata de una buena defensa ante posibles errores cometidos a la hora de realizar una declaración, algo que es más común de lo que se piensa.

“Nadie está excento de cometer un error en una declaración, especialmente con tanto cambio reciente en nuestra legislación, por lo que una buena defensa ayudaría a evitar un cobre excesivo y/o una multa injusta”, especificó Volio.

Para el experto son tres los consejos básicos para enfrentar un proceso de fiscalización, todos importantes y que realmente ayudarán al contribuyente:

1. Orden: Si el contribuyente (sea empresa o independiente) acostumbra a llevar un orden en el soporte documental y electrónico de sus declaraciones, el proceso de fiscalización será más fácil.
2. No entrar en pánico: el que nada debe nada teme, por lo que una fiscalización debe ser entendida como un proceso ordinario a la condición de contribuyente y a todos nos sucederá en algún momento. Ocultar, maniobrar registros o esconder documentación sólo provocaría dudas innecesarias y posibles multas.
3. Llamar a su asesor fiscal: los errores que se cometen durante el periodo de fiscalización son, generalmente, muy caros para el contribuyente, por lo que una adecuada asesoría fiscal le permitirá atender la fiscalización de manera correcta y preprarar una adecuada defensa.

“La Administración Tributaria cada vez cuenta con mejores recursos tecnológicos y controles cruzados para realizar estas fiscalizaciones. Tampoco se han detenido por la pandemia, así que hay que ir un paso delante de ellos y prepararse bien, nadie quiere ser acusado de evasión fiscal”, sentenció Volio.


Hay que recordar que hay dos tipos de fiscalizaciones:
- Control extensivo: sólo se realiza con información suministrada por otros de mi situación tributaria.
- Control intensivo: es una revisión a profundidad de lo declarado aportando los comprobantes y registros.
-
El criterio de elección de uno u otro tipo responde a propósitos y objetivos de la Administración Tributaria en su Política de Control Tributario.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

Acuerdo con el FMI sin blindaje ante las críticas

Fuente: La República

El trámite del empréstito por $1.750 millones que le solicitó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) pasa momentos convulsos.

Justo cuando los proyectos elaborados por el equipo económico del presidente Carlos Alvarado, producto del acuerdo con el FMI, son discutidos por los diputados, crece la presión por parte de sectores para realizarles ajustes de fondo.

La aprobación de esa agenda es fundamental para ganarse la confianza del organismo internacional para que preste el dinero con el que el gobierno pretende reestructurar la deuda.

Uno de los más críticos es Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda y actor importante del primer préstamo por $508 millones aprobado por el FMI el año pasado por medio de un Instrumento de Rápido Financiamiento.

El exministro cuestionó si se trata de un verdadero ajuste o si son solo “curitas” que no cumplen con la reestructuración que necesita el país, en un conversatorio celebrado recientemente en el Colegio de Periodistas.

“Seamos honestos y transparentes, es una realización de que ya no se pudo hacer nada que valga la pena, y si eso quieren los costarricenses, vamos a hacerlo. Si lo que queremos es reconocer que ya no se pudo hacer nada, vamos a decirlo, este programa pospone sacar la bala de la herida”, dijo Chaves.

Errores en la recolección de impuestos, exceso de tributos y la falta de esfuerzos para mejorar el manejo del gasto, son falencias que, a su criterio, presenta el acuerdo.

Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo también han sido señaladas por el sector productivo, cuyos representantes presentaron algunas sugerencias de mejorar a los textos en discusión.

Incluso, algunos sectores han sugerido que se detenga la discusión de los proyectos que tienen que ver con el FMI por un mes para alcanzar un acuerdo.

En esa línea se han manifestado la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria.

“Este tiempo que se está solicitando serviría para analizar los proyectos que tienen más impacto en la población, como son empleo público, renta global, fondo de avales y el proyecto que quiere gravar los excedentes de las cooperativas, asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo. Esto facilitaría el diálogo y permitiría que de regreso estas iniciativas cuenten con mayor viabilidad política”, externó Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de Cámara.

En respuesta a las inquietudes de los sectores, el gobierno convocó a una sesión con actores sociales y productivos para atender sus dudas sobre el acuerdo técnico.

La postura del gobierno se mantiene en que las medidas de ajuste presentadas, son lo que se requiere en el país y son respaldadas por el propio FMI.

“Muchas de estas medidas vienen siendo discutidas con anterioridad, y son avaladas por el FMI porque ellos estiman que esas son suficientes para dar sostenibilidad. El acuerdo es una condición sumamente necesaria, así lo han entendido la mayoría de economistas de Costa Rica, nosotros y el FMI”, mencionó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

¿Qué sigue? Por una parte, que los diputados den trámite y avancen con los proyectos con sentido de urgencia, pero, también que del Ejecutivo se aseguren que los proyectos de ley que envíen a consideración de la Asamblea Legislativa, producto del diálogo multisectorial, cumplan en todos los extremos lo acordado, destacó Mónica Segnini, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad.

Usuarios de servicios aduaneros tendrán acceso a plataforma digital de comercio centroamericano

Fuente: Ministerio de Hacienda

Facilitar a los usuarios los trámites aduaneros y el acceso a la información requerida para ello, así como estimular el comercio intra y extra regional y el intercambio de información entre las aduanas centroamericanas, son algunos de los beneficios que conlleva la donación de cuatro equipos de comunicación que realizó la Secretaría de Integración Económica Centroamérica (SIECA) al Servicio Nacional de Aduanas.

Esta donación permitirá mejorar la interoperabilidad entre el Sistema de Información Aduanero TICA y la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCC), lo que facilitará el proceso de integración centroamericana, así como las gestiones de importadores, exportadores, transportistas y operadores logísticos del país y del resto de la región.

La PDCC es un catálogo de servicios y procesos relacionados con las operaciones de comercio regional, que permite a los usuarios interactuar desde la misma plataforma e interoperar con los sistemas informáticos y las plataformas de las aduanas de los países del área.

“Esta donación permite al Servicio Nacional de Aduanas fomentar la competitividad y diversificación productiva, viene a contribuir con los esfuerzos que estamos realizando como parte de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad, pues contribuye a la integración económica de la región y maximiza los beneficios de la implementación del Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica,  para la modernización tecnológica de los procesos y procedimientos en la región”, expuso Gerardo Bolaños, director general de Aduanas.

Estos equipos tienen un valor de USD$56.400, su donación forma parte de un convenio suscrito entre SIECA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el inicio de operaciones está previsto para finales de este año.

Grandes contribuyentes aportaron al fisco 3,9% menos en diciembre

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La recaudación de los grandes contribuyentes nacionales (GCN) cayó en diciembre del 2020 un ¢3,9% con respecto al mismo del 2019.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que la recaudación en esa fuente, en el último mes del año pasado, fue de ¢217.741 millones, mientras que en el mismo periodo del 2019 esta llegó a ¢226.592 millones, para una reducción en números absolutos de ¢8.851 millones.

El impuesto sobre la renta fue el que presentó la caída más estrepitosa, de un 12,4% con respecto a diciembre del 2019, al pasar de ¢136.342 millones en aquel periodo a ¢119.439 millones en el 2020, es decir, ¢16.904 millones menos. Este tributo fue de un 54,9% de la recaudación total de los GCN.

El impuesto sobre las ventas, que representó un 31,4% en el aporte de ese sector al fisco aumentó en diciembre del año pasado en ¢9.769 millones, esto quiere decir un 16,7% con respecto al 2019, al pasar de ¢58.452 millones a ¢68.221 millones.

El peso del impuesto único sobre los combustibles fue de un 10,7% en la recaudación y se redujo en ¢1.997 millones al compararlo con diciembre del 2019. Porcentualmente la merma en este caso fue de un 7,9%.

Otros impuestos representaron un 3,2% de la recaudación. Entre estos destacan el selectivo de consumo y el gravamen sobre las bebidas alcohólicas.

El primero se redujo en 9,9% al pasar de ¢901 millones a ¢811 millones mientras que el del licor creció en un 26%, ¢636 millones con respecto a diciembre del 2019. En términos absolutos pasó de ¢2.446 millones en ese periodo a ¢3.082 millones.

Con respecto a la bebidas no alcohólicas, la recaudación se redujo en un 8,6%, ¢279 millones menos, al caer ¢3.236 millones en el 2019 a ¢2.957 millones en el 2020.

Sector privado muy golpeado

Por tipo de contribuyente, la recaudación se vino a pique en casi todos los sectores, reportó el estudio fiscal de Hacienda.

Las sociedades anónimas, el principal grupo pagador de impuestos dentro del GCN redujo su aporte en un pésimo año para las finanzas públicas y privadas, debido al COVID-19, en ¢246.405 millones, un -17,7%.

Mientras esos contribuyentes pagaron al fisco ¢1.395.115 millones en diciembre del 2019, el año pasado a esa misma altura tributaron ¢1.148.710 millones.

Las instituciones autónomas presentaron un comportamiento distinto. En este sector aumentó la recaudación de impuestos en ¢41.067 millones, un 9,9% más en términos interanuales.

Las sociedades de responsabilidad limitada tributaron un 3,4% menos y las cooperativas un 14,8% menos.

En este último caso el aporte fue de ¢3.113 millones menos que en diciembre del 2019. La recaudación en las cooperativas se redujo de ¢21.074 millones a ¢17.962 millones de un año a otro.

Reducción en casi todas las actividades

Al ver la recaudación en los GCN por actividad económica, Hacienda reportó un incremento en las actividades financieras y de seguros, que pasaron de aportar ¢79.608 millones en el 2019 a ¢87.669 millones en el 2020.

También creció el aporte de la administración pública, que pasó de ¢9.234 millones a ¢10.930 millones.

 

Por el contrario, actividades como la industria manufacturera (¢49.657 millones); el comercio al por mayor y al por menor (¢24.372 millones) y la electricidad, gas vapor y A/C (¢15.931 millones) redujeron sus aportes con respecto a diciembre del 2019.

La recaudación acumulada en 12 meses en los GCN se vino a pique durante el 2020; en diciembre la variación porcentual interanual fue de un -14,9%. según el Departamento de Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda, con base en información aportada por los contribuyentes en el formulario D-110.

 

Renta global premiará a independientes a expensas de castigo a asalariados

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El proyecto de renta global planteado por el gobierno pretende aumentar la base impositiva para incluir a un grupo de asalariados de clase media que hasta ahora han estado exonerados, pero mientras por un lado significará castigar a este grupo de la población, al mismo tiempo plantea premiar a un importante segmento de trabajadores independientes con el pretexto de atraerlos a la formalidad.

La ley vigente establece una diferenciación de las tarifas de renta que deben pagar asalariados e independientes, cada uno con tramos distintos. Además en el caso de los independientes toma en cuenta las utilidades o ingresos netos (es decir, el monto neto de sus ingresos después de restarle los gastos en que incurre) mientras que para los asalariados se toma en cuenta su ingreso bruto, bajo la lógica que los gastos relacionados a la actividad corren por cuenta de la empresa para la que trabaja.

La nueva propuesta de renta global los unifica en la misma escala de tramos, manteniendo la diferencia de cálculo entre ingresos brutos y netos para cada tipo de trabajador y con la exoneración en ambos casos para los ingresos menores a ₡8,2 millones anuales. No obstante, a la hora de aplicar los cálculos, esto genera un beneficio automático para los independientes y un perjuicio para los asalariados.

Para asalariados, renta global implicará que las personas que ganan entre ₡683 mi y ₡840 mil mensuales tengan que comenzar a pagar impuestos que actualmente no pagan; es decir, la base exonerada se reduce. Para independientes la base exonerada más bien se eleva.

Veamos un caso: un técnico medio que realiza reparaciones de aparatos eléctricos a domicilio y que actualmente percibe, netos, unos ₡500 mil mensuales, esto restándole todos los gastos por combustible, electricidad y teléfono, entre otros.

Al año esta persona obtiene un ingreso neto de ₡5,5 millones, significa que está en el primer tramo y por eso le corresponde pagar el 10% sobre el excedente de los ₡3,7 millones anuales. su renta son unos ₡175 mil al año.

La propuesta de renta global del gobierno establece una exoneración a partir de los ₡8,2 millones anuales, por lo tanto, este mismo trabajador, quedaría dentro de los segmentos exonerados.

Elian Villegas, ministro de Hacienda señaló este lunes que el esquema está hecho porque se pretende incentivar la llegada de trabajadores independientes y por cuenta propia actualmente en la informalidad al sector formal.

Según dijo la meta es atraer a a unos 150 mil trabajadores de cuenta propia.

“Un reclamo importante de los trabajadores independientes es la parte exenta de por qué los asalariados tienen un exento tan alto y nosotros tan bajo, y el otro es el de las cuotas. Aquí estamos arreglando uno y esperamos después poder arreglar el otro. No es posible llevar a los independientes hasta los ₡10 millones porque en términos de Hacienda sería más caro como un todo, sería insostenible y lo que hay que hacer es bajar un poquito a los asalariados… ni siquiera se están juntando en el camino”, explicó Villegas en relación a la base exenta para cada grupo.

Datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC) revelan que en el país existen 502 mil personas ocupadas en condición de independientes. La gran mayoría está en los rangos más bajos de ingresos.

INEC calcula los datos sobre los ingresos corrientes brutos de las personas, no sobre la utilidad neta o ganancia que es lo que se aplica para el cálculo de la renta, lo que implica que la cifra real de ganancias debería ser menor en cada caso.

Aún así, los datos sirven para dar una idea de la composición de esta población de acuerdo a sus ingresos.

Fabio Salas, socio de Impuestos de Deloitte explicó que al asalariado no se le permiten las mismas deducciones que al independiente porque no le corresponden los mismos gastos.

“El asalariado no corre con los gastos, es la empresa, entonces por eso no se le aplica. El médico paga recepcionista, insumos, etc, por cuenta propia. El riesgo del negocio está sobre sus hombros como profesional liberal . Cuando ese mismo profesional tiene un ingreso por salario esos gastos los paga el patrono, por eso es que no hay un desequilibrio en este caso”, dijo Salas.

Estos son algunos de los gastos deducibles a los cuales seguirán teniendo los trabajadores independientes:

Los cálculos anteriores están expresados sobre la hipótesis de un asalariado con un ingreso fijo único. Se debe recordar que la renta global pretende apilar todos los ingresos de las personas, por lo cual pueden darse caso de asalariados con un ingreso propio adicional.

Salas puso como ejemplo un médico que trabaja en el Seguro Social y que en su tiempo libre tiene su propio consultorio. En este caso de la misma forma debe sumar todas las rentas y restarle las deducciones correspondientes por la labor propia para calcular el pago de la renta.

También se puede dar el caso de un independiente con ingresos de distintos tipos (una asesoría más un alquiler de un inmueble por ejemplo).

En todos los casos, la recomendación es un estricto orden en las contabilidades.

“Es necesario el orden para no tener conflictos con Hacienda. Para calcular esa utilidad para el impuesto es importante que sean gastos vinculados con su actividad lucrativa, y tener el respaldo de la factura electrónica. Si hay un gasto que no esté vinculado no puede aplicarlo”, advirtió Salas.

 

 

Empresas y bancos advierten: Impuesto a remesas atenta contra reactivación y el crédito

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Si bien los focos de la atención política y económica han estado iluminando especialmente los alcances del proyecto de renta global dual y de Empleo Público, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa otra iniciativa que tasará algunas rentas de empresas instaladas en el país, principalmente relacionadas con servicios que se contraten a extranjeros.

El proyecto que forma parte del paquete negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el que pretende elevar y unificar las tarifas sobre las remesas al exterior, el cual según el sector empresarial y bancario costarricense atenta contra la reactivación económica y limitará el acceso al crédito que en estos momentos requieren muchas compañías.

El problema inicial está en la diferenciación que existe entre las compañías de zonas francas y las locales, el cual más bien se agudiza con la iniciativa. Mientras a las empresas de zonas francas ya se les aseguró que no se les tocaría ningún tipo de renta o beneficio, a las demás se les incrementará sus costos por aquellos servicios que deban contratar con extranjeros.

Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados y exdirector de Tributación Directa explicó que si por ejemplo una empresa local debe contratar una asesoría de una persona no domiciliada en el país debe retener una parte del pago para trasladarla a Hacienda. Esta retención ahora será mayor, encareciendo el costo de operación.

¿Qué incluye el proyecto?

De acuerdo con la propuesta, se pretende “eliminar” exoneraciones hasta ahora existentes para unificar el cobro del impuesto en lo que corresponde.

Así, se aumenta el impuesto en varios tipos de rentas y servicios que reciben personas y empresas que no están domiciliadas en el país por actividades que sí se desarrollan dentro del territorio nacional. Incluye desde servicios de transporte hasta el pago de honorarios, dietas, uso de películas, producciones, intereses por comisiones y pagos bancarios, entre otros.

Paralelamente, el texto propone incrementar por un periodo de solo dos años, las rentas y ganancias de capital, para que sean de un 1,65% y no de un 15%.

Según la justificación del gobierno expresada en el proyecto, este último incremento se establece “considerando que el perfil de los beneficiarios de esta exoneración vigente son los inversionistas y no los emisores o quienes captan recursos del mercado financiero y que, el hecho de que las inversiones en rentas del capital suponen la existencia de una renta disponible o capital excedente por parte de quien invierte, se hace necesario que las tarifas por pagar por conceptos de ingresos generados de esta fuente se equilibren o ajusten”.

Estos nuevos costos son vistos con cautela por los sectores afectados. En la Cámara de Industrias, por ejemplo, señalaron tener reservas sobre la homologación de todas las tarifas que pesan sobre las rentas de capital a un 15% y señalaron que “nos oponemos al aumento temporal de 1,5 puntos porcentuales en dicha tarifa, que la llevaría a un 16.5%”.

Pedro Morales, asesor en Política Industrial y Pyme de la Cámara de Industrias de Costa Rica señaló:

No sólo es un trato desigual e injusto con inversionistas que han creído en el país, sino que tal aumento es un desincentivo a la inversión en el régimen definitivo y por tanto una afectación al crecimiento económico y a la creación de empleo. El establecimiento de este tipo de diferencias en el trato impositivo a socios residentes y no residentes resultaría además contrario a los contenidos de tratados internacionales, en particular contrario al principio de trato justo y equitativo. Por lo anterior, desde la Cámara de Industrias nos oponemos a este aumento de impuestos a las remesas al exterior y particularmente al aumento en el impuesto a las remesas por dividendos.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que agrupa a bancos públicos y privados del país, expresó su preocupación sobre el acceso al crédito que puede generar el proyecto.

El texto a como se encuentra implicará también sobrecostos en algunas transacciones, especialmente aquellas relacionadas con el acceso al crédito extranjero. Así lo manifestó María Isabel Cortés, directora de la organización:

El aumento que se  propone de 5 puntos porcentuales a las remesas al exterior tiene efectos para las familias, las empresas, los bancos y el país porque encarecería el  fondeo que los bancos obtienen en el exterior, aumenta el costo  del crédito y limita la disponibilidad de recursos.  En momentos en que el país necesita reactivar la economía y las familias y  empresas requieren crédito resulta un error encarecer las líneas de crédito externas; no hace sentido que un proyecto de ley que forma parte de una solución al problema fiscal profundice las dificultades que enfrenta el país para reactivar la economía. En el caso de los seguros y reaseguros el incremento de los 5 puntos se traduce en un aumento del casi 100% de la tarifa encareciendo sustancialmente los seguros para vivienda, automóviles y leasing.

El proyecto se encuentra actualmente en análisis por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y está en proceso de consulta.

Forma parte del paquete planteado ante el FMI y en su texto también se incluye la eliminación a la exoneración de renta que goza el salario escolar.

 

Hacienda alerta riesgos de exonerar a extranjeros

Fuente: Diario Extra

Un criterio técnico del Ministerio de Hacienda, firmado por Alejandra Hernández Sánchez, viceministra de Ingresos, alerta los riesgos que el país podría tener a nivel local e internacional en materia de normativa fiscal de aprobarse el expediente 22.215, propuesta que impulsa el liberacionista Carlos Ricardo Benavides para establecer un régimen especial de exoneración de impuestos a trabajadores extranjeros que deseen venir a Costa Rica.

El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Turismo, que preside el verdiblanco, y se le presentaría un texto sustitutivo este lunes.

En síntesis, lo que busca la propuesta es permitir a trabajadores extranjeros que ofrecen servicios digitales en forma remota instalarse en el país a cambio de una serie de exoneraciones tributarias.
Por ejemplo, no pagarían el impuesto de renta, ni de remesas, ni tampoco a la importación de equipos necesarios para su trabajo.

Hacienda calcula que anualmente cada persona que se acoja a este beneficio dejaría de pagar aproximadamente ¢2.231.350,00 correspondientes al impuesto sobre las utilidades de personas físicas con actividad lucrativa, calculado sobre un ingreso mínimo $3.000 por mes o su equivalente ¢1.860.000, para unos ingresos anuales de ¢22,32 millones, a los cuales se deduce un porcentaje de gastos para obtener la renta neta.

A esto se sumaría que no tendrían que pagar el impuesto sobre las remesas al exterior.

Sobre la exoneración a los equipos tecnológicos, Hacienda dice que sería complejo calcular el impacto de la medida.

NUEVO TEXTO

Consultado sobre el tema, el liberacionista Benavides indicó que las observaciones de Hacienda ya se modifican en un nuevo texto del proyecto que en principio se acogería hoy.
El verdiblanco dijo que se limitarían los incentivos únicamente al beneficiario directo y no a su grupo familiar. Además, la extensión del beneficio migratorio queda sujeto a la permanencia por un plazo mínimo de días y se quitaría la exoneración de impuesto a las remesas.

Sobre la exoneración al impuesto a las importaciones, adujo que sólo se aplicaría al equipo básico de cómputo y comunicaciones, sujeto a criterio de Hacienda, “lo cual ya de todos modos cualquier turista puede ingresar”, mencionó.

“Lo que permanecerá en el texto y es columna vertebral del proyecto es la exoneración de renta. Lógicamente alguien que teletrabaja desde Costa Rica en sus vacaciones como turista normal o como turista de larga estancia (como el nómada digital) recibe el pago por sus servicios en su país de origen y allá paga renta. No vamos a ponerlo a pagar renta también aquí porque sería doble tributación y nadie vendría al país si le hacemos eso. Sería absurdo”, agregó Benavides.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Hacienda también alerta el riesgo que podría contraer el país a nivel internacional de aprobar la iniciativa.

Señala: “La aprobación de un régimen fiscal preferencial como el que se promueve en este proyecto podría dar lugar al incumplimiento de uno de los estándares mínimos establecidos en la Acción 5 denominada ‘Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia’ del Plan de Acción para Prevenir la Erosión de la Base Imponible y el traslado de beneficios conocido por sus siglas como ‘BEPS’, estándar que es evaluado de manera periódica por parte del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en adelante OCDE”.

Según Hacienda, bajo los criterios de la OCDE, la propuesta entraría en una categoría como “potencialmente pernicioso”.

“La existencia de un régimen catalogado como potencialmente pernicioso conlleva la probabilidad de ser incluidos en las ‘listas de jurisdicciones no cooperantes’ que crean las jurisdicciones de conformidad con su legislación interna cuando en dichas disposiciones se considere la calificación del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE para tal definición”, alerta la jerarca de Hacienda.

Tributación advierte además que crear este régimen especial establece un sistema de desigualdad, ya que, mientras los trabajadores nacionales de este tipo de servicios deben hacer frente a las obligaciones tributarias, los extranjeros gozan de beneficios fiscales, aspecto que fomenta la competencia desleal y contradice los lineamientos que en esta materia regula la OCDE, de la cual nuestro país es miembro.

“Como reflexión de fondo, se tiene que el proyecto establece una serie de incentivos fiscales como la exoneración del impuesto sobre la renta y de derechos arancelarios de importación, aunado al hecho que se generan costos tanto de la Dirección General de Migración y Extranjería como del Ministerio de Hacienda, al tener que disponer recursos materiales y humanos sin ninguna fuente de financiación alguna, por lo que se estima meritorio hacer la advertencia en ese sentido para que de igual manera se tenga en cuenta la posible afectación de aspectos propios de Política Tributaria del Estado”, agregó el criterio técnico.

CRITERIO ENGAVETADO

José María Villalta, del Frente Amplio (FA), denunció que el criterio de Hacienda nunca llegó al Congreso y las respuestas que se obtuvieron de la viceministra fue gracias a consultas que él hizo.
“Lo tenían engavetado, el Gobierno nunca lo mandó a la Asamblea Legislativa, nosotros revisamos el expediente y a pesar que se está creando un régimen especial de exoneraciones en plena crisis fiscal, nos llamó la atención que no había un criterio de Hacienda”, indicó Villalta.
El frenteamplista agregó que el ministro de Hacienda, Elián Villegas, no quiso enviar el criterio según él para que el diputado Benavides no se enoje con ellos.
“Creemos que como el criterio es negativo, lo que hicieron fue darle la orden a los técnicos de Hacienda de engavetarlo y esa es la falta de seriedad que uno cuestiona, cómo es, para unas cosas hay una crisis fiscal, pero para otras no importa y como es de interés del diputado Benavides, desde hace tiempo el Gobierno hace lo que le ordena el ala neoliberal del PLN, que es la fija la política económica. Ellos le tienen miedo a Carlos Ricardo, entonces el ministro de Hacienda dijo mejor engavetemos esto para que no se enoje con nosotros”, afirmó Villalta.

CRITERIO DE HACIENDA SOBRE LA PROPUESTA

- “Continuar con la implementación de un régimen fiscal preferencial como el que se promueve en el proyecto de ley 22.215 podría implicar un gran costo (no cuantificable a la fecha) para la Administración Tributaria, al tener que hacer frente no solo a la evaluación por parte del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE, evaluación ante Unión Europea y el inicio de diferentes procesos si los estados que tomen como referencia los resultados de la evaluación que al respecto desarrolla la OCDE llegan a catalogar a Costa Rica como jurisdicción no cooperante, sino que muy probablemente una vez analizado el régimen en el ámbito internacional, el resultado sería la modificación o su eliminación”.

LO DIJO

Carlos Ricardo Benavides
PLN
Estamos hablando de gente que no vive aquí, que no está aquí. Queremos que venga y gaste en Costa Rica. Seguirá pagando impuesto sobre la renta en su país, pues allá recibe su salario. Pero va a gastar aquí pagando todos los impuestos costarricenses (empezando con el 13% de IVA en todo), pero especialmente dejando ganancias a los ticos por la compra de bienes y servicios en nuestro país (hoteles o alquiler de casas, alquiler de vehículo, consumo en restaurantes y supermercados, ingreso a parques nacionales, tiendas, servicios profesionales desde un dentista hasta un salón de belleza), como cualquier turista que venga al país.

Lista actualizada de proveedores e intermediarios de servicios digitales transfronterizos

Fuente: Ministerio de Hacienda

La siguiente es la lista actualizada de proveedores e intermediarios cuyas transacciones se les debe practicar la percepción del impuesto mediante tarjetas de débito y crédito y otros medios de pago, por no encontrarse inscritos como contribuyentes del IVA. 

APPLE +

APPLE MUSIC

DROPBOX

FACEBOOK

FACEBK

GOOGLE

HBO

ITUNES

LINKEDIN

MICROSOFT

NETFLIX

NINTENDO

NORTON

PLAYSTATION

RIOTGAMES

SKYPE

SPOTIFY

STEAMGAMES

DISNEY +

APLAUDIR.COM

UBER

DIDI

EXPEDIA

BOOKING

DESPEGAR

Hacienda realiza exitoso canje de títulos de deuda interna por más de ¢213 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que, como resultado del primer canje (mecanismo de mercado) de títulos de deuda interna de este año, logró la exitosa captación de ¢213.187 millones.  Este monto se distribuye en ¢79.815 millones y US$ 216 millones a dólares.

En el canje de títulos en colones, convocado para lunes 8 y martes 9 de febrero, se encontraban Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones, Título de Propiedad Tasa Real Ajustable Soberano en Colones, el Título de Propiedad Tasa Básica y el Título de Propiedad Tasa Fija en Unidades de Desarrollo, todos con vencimiento en 2021 y 2022.

Con el objetivo de alargar el perfil de vencimiento de la deuda del país, los valores de estas emisiones fueron intercambiados por títulos que vencen en 2024, 2026 y 2028, los cuales fueron asignados a 11 distintos puestos de bolsa.

La colocación de títulos según su año de vencimiento fue la siguiente: 

El miércoles 10 y el jueves 11 de febrero se realizó el canje de títulos de deuda interna en dólares con vencimiento en 2021 y 2022, por Títulos de Propiedad Tasa Fija en Dólares que vencen en 2025, 2027 y 2030.

Los montos, colocados en13 distintos puestos de bolsa, se distribuyen según se detalla a continuación:

La liquidación de títulos en colones a favor del Ministerio de Hacienda se realizó en forma neta el miércoles 10 de febrero, mientras que la de los títulos en dólares se hizo el jueves 11 de febrero.

Además de mejorar el perfil de vencimiento de la deuda, este canje permitió introducir títulos valores con tasas faciales menores a las de los títulos que salen, y aún más importante, en los precios de la transacción el mercado ha exigido un menor rendimiento que el indicado en el cupón facial.

“Esta primera operación permite mejorar el perfil de vencimiento de la deuda pública costarricense, pues un 50% de lo canjeado en colones y 75% de lo canjeado en dólares, corresponde a títulos cuyo vencimiento se encuentran en el 2021, lo cual disminuye los vencimientos programados para este año y reduce la presión de flujo de caja del gobierno. Asimismo, señala la confianza que ha depositado el mercado financiero en la propuesta de ajuste fiscal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas costarricenses”, afirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

FB Live: Procesos de fiscalización

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el lunes 15 de febrero a las 3:00 p.m. con el tema:

Procesos de fiscalización, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.

¡Le esperamos!

Intl’ Gobierno de Panamá descarta aumento de impuestos tradicionales

Fuente: El País

El director general de Ingresos en Panamá, Publio De Gracia, descartó hoy una modificación en el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms).

En declaraciones a la prensa, el máximo representante de la Dirección Nacional de Ingresos precisó que el siete por ciento del Itbms no sufrirá cambios, pero el país tiene la obligación de que las empresas tecnológicas, las cuales mantuvieron sus ingresos en medio de la pandemia, contribuyan a la economía nacional.

Precisó que la mayoría de los países buscan la manera de establecer este tipo de gravamen en el contexto del auge de la economía digital, la cual incluye plataformas como Facebook, Google, Spotify, Airbnb y Netflix, donde los usuarios pagan con tarjetas de crédito los productos, servicios e impuestos, pero esto no se refleja en Panamá.

Aseguró que las compras en Amazon y Alibaba aumentaron durante la pandemia en la nación istmeña; sin embargo, al usar la tarjeta de crédito los consumidores pagan tributos a esas empresas, que no retribuyen al fisco nacional.

El funcionario reveló que iniciaron conversaciones con algunas de estas compañías a través de la Asociación Latinoamérica de Internet, en las cuales ellas manifestaron el interés de poseer seguridad jurídica en los países donde operan, a partir de las normas establecidas en cada lugar.

También expresaron su deseo de cumplir con las obligaciones tributarias de manera justa y segura, acotó De Gracia, quien recordó que todas las compras que se realizan a través de una plataforma tecnológica tienen la obligación, por encima de un valor determinado, de pagar los aranceles por importación.

Lo que buscamos con esta iniciativa es lograr una competencia justa entre esas empresas virtuales y las que están físicamente en un centro comercial, además, que todas las personas con beneficios y ganancias gracias al comercio electrónico, paguen sus impuestos como lo hace la economía tradicional, dijo.

Al respecto, apuntó que actualmente está en debate en una subcomisión de la Asamblea Nacional (parlamento) el mecanismo para el cobro de ese gravamen, para lo cual es necesario que tales compañías se registren de manera voluntaria y cumplan con sus obligaciones tributarias.

Señaló que el 21 por ciento de los países de la región trabajan hoy de manera unilateral en el modelo de la economía digital, previo al debate en el Foro Global, y entre ellos mencionó a Chile, Uruguay, México y Costa Rica.

Banco Nacional pide al gobierno eliminar cargas fiscales a cambio de utilidades

Fuente: CR Hoy

Banco Nacional se manifestó en contra del proyecto de ley planteado por el gobierno para utilizar parte de la utilidades de varias instituciones y en su lugar propuso que se le eliminen algunas cargas fiscales a cambio de poder tomar parte de las ganancias de la entidad bancaria.

La propuesta fue confirmada por el gerente general del Nacional Bernardo Alfaro, al señalar que en la actualidad la entidad ya otorga en contribuciones alrededor del 60% de sus utilidades tanto en cargas fiscales como a la seguridad social. La idea sería que se mantengan las cargas sociales y se eliminen solo las fiscales.

De aplicarse lo establecido en la propuesta del Gobierno, las contribuciones ascenderían a cerca del 82% de las utilidades, según la Alfaro.

“En ese escenario, el Banco Nacional contribuiría (adicional al impuesto de renta) con el Gobierno Central en el período 2021- 2024, con ₡19.044 millones, que son recursos nuevos que hoy no le están ingresando, mientras que con la contribución adicional planteada el aporte en ese período sería de ₡8.344 millones, es decir, ₡10.710 millones menos. Si se adopta la propuesta fiscal del banco, le ingresaría al Gobierno más del doble de lo que recibiría con esta contribución que ha planteado”, dijo Alfaro.

La entidad calculó que si se aplica la propuesta del Gobierno tal y como se encuentra, eso implicaría un perjuicio directo sobre el crédito. Al reducir las utilidades jurídicamente las entidades bancarias se ven limitadas a colocar dinero, pues deben mantener cierto nivel de liquidez.

La entidad estimó que la contribución adicional significará dejar de dar en crédito en el período 2022-2025, la suma de ₡73.881 millones.

Esto implicaría dejar de otorgar unos 15 mil créditos a pequeñas empresas, o 2.500 préstamos de vivienda.

Según el Banco cada punto porcentual menos de crecimiento en el crédito se asocia, luego de un año, con hasta 0,34 puntos porcentuales menos de crecimiento del PIB.

Además de los bancos, la propuesta del gobierno incluye tomar recursos de otras entidades como Japdeva, el ICE, el AyA, Recope, el INS, Correos y Editorial Costa Rica, entre otros.

 

Impuesto a premios de lotería abre más dudas entre diputados

Fuente: CR Hoy

El impuesto a los premios de lotería que impulsa el Gobierno -como parte del ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- despierta más dudas entre diputados de oposición.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.354- ya fue asignada a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y de inmediato fue enviada a consulta a varias instituciones públicas, confirmó la congresista Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese órgano legislativo.

Nicolás mencionó que la comisión pidió criterios sobre el proyecto a los ministerios de Hacienda, Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Contraloría General de la República (CGR), Junta de Protección Social (JPS) y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Reconoció que a pesar de ello, en el camino se podrían presentar nuevas mociones para ampliar las consultas.

El Poder Ejecutivo pretende gravar con un impuesto del 25% a los premios de lotería mayores a los ¢225 mil.

El objetivo es recaudar ¢41.800 millones anuales que equivaldrían a 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Grosería”

Nicolás reconoció que no tiene un criterio favorable sobre el proyecto de ley que surgió de la Mesa de Diálogo Multisectorial que el Gobierno convocó a finales del año pasado.

“Me parece que ponerle impuestos a los premios de lotería a partir de los ¢225 mil es una grosería. Ni siquiera se está planteando para los premios grandes, sino que pretenden poner impuestos desde los premios pequeños”, dijo.

Sostuvo que una de las dudas que tiene es que no cree que la iniciativa “marque la aguja” para resolver el severo deterioro de las finanzas públicas.

“Sigo creyendo que este gobierno busca medidas que no necesariamente tienen justicia social, que no necesariamente tienen una consideración de ponerle impuestos a los que están más arriba o los que más ganan, sino que repite el mismo patrón que lo ha venido arrastrando en diferentes iniciativas que ha presentado: apretarle el bolsillo a cuantías bajas, ingresos bajos, clase baja y clase media”, agregó.

A pesar de sus declaraciones, el jefe de la bancada verdiblanca, Luis Fernando Chacón, parece tener una posición más abierta al proyecto de ley.

Manifestó que la fracción parlamentaria aún no tiene una postura definida, pero indicó que “en principio vemos positivo el ponerle esta tasa a los premios de lotería”.

Sin embargo, reconoció que el PLN no tiene claro si el tributo se debe aplicar a los premios a partir de los ¢225 mil o a partir de otro monto.

También señaló que es importante que el Ministerio de Hacienda explique el procedimiento que utilizará para hacer los cobros.

En contra

La diputada Shirley Díaz, subjefa de la bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), declaró que están en contra de más impuestos, sean los que sean.

“Este impuesto (a los premios de lotería) es necesario evitarlo“, sostuvo la socialcristiana.

Argumentó que si se grava a los premios de lotería, disminuirán las compras a la JPS y se incrementará el juego de loterías ilegales.

“Eso golpearía a los programas sociales (de la JPS) que en este momento son muy importantes para mantener con protecciones especiales a grupos vulnerables“, añadió Díaz.

Mientras, la jefa de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, manifestó que a la agrupación política le preocupa el acuerdo negociado entre el Gobierno y el FMI.

“El Gobierno quiere generar mucho más, pero a base de impuestos. Pero no vemos reactivación económica ni generación de mayor empleo”, expresó.

Según los legisladores, tendrán un panorama más claro de la propuesta después de que las instituciones públicas respondan las consultas a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

 

En nueva reforma de impuesto a casas de lujo, Gobierno impulsa cambio de criterio que pide Garnier

Fuente: Amelia Rueda

En su proyecto de reforma al impuesto a las casas de lujo (expediente 22.382), el Gobierno impulsa un cambio de criterio por el que puja el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier Kruse, en relación con dicho gravamen.

De aprobarse la nueva norma en la Asamblea Legislativa, quedaría zanjada una diferencia de criterio del sector inmobiliario con la Dirección General de Tributación (DGT), la cual es utilizada por el ministro Garnier para justificar que no paga el mencionado tributo por cuatro apartamentos que dice tener a la venta en Guanacaste.

El jerarca alega que sus apartamentos no están habitados y que son “inventario para la venta”, por lo que no deberían pagar el impuesto. También asegura que obligar al sector inmobiliario a pagar el impuesto por bienes en inventario sería abusivo y dañaría al sector. No obstante, Hacienda ha reiterado desde 2010 que este tipo de inmuebles deben cancelar el gravamen igualmente.

Ante esa diferencia de criterios, Garnier afirma que los inmuebles habitacionales construidos por desarrolladores inmobiliarios no deberían tener que pagar el gravamen hasta que sean vendidos; por lo que no cancela el impuesto por sus cuatro apartamentos y espera al resultado de una solicitud de cambio de criterio hecha a Tributación por la Asociación Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI).

La nueva reforma al impuesto, impulsada por el Ejecutivo desde el 22 de enero de este 2021, acogería la posición que reclama Garnier. El proyecto busca transformar completamente el gravamen y no incluye las viviendas “en inventario” o para la venta como excepciones textuales del impuesto, pero sí las menciona como un tipo de bien inmueble separado del gravamen.

En su artículo 15 establece que “cuando los bienes inmuebles formen parte del inventario para venta de empresas desarrolladoras de este tipo de bienes, deberán demostrar a la Administración Tributaria que las mismas se encuentran en venta, que están desocupadas y que no se están dedicando a ninguna otra actividad”. Además, indica que las empresas inmobiliarias “quedarán obligadas a informar de inmediato a la Administración Tributaria cuando se produzca algún cambio en estas condiciones”.

Es decir, la norma deja abierta la interpretación de que los bienes “en inventario” o a para la venta no pagarían el gravamen, tal como Garnier alega que debería ocurrir.

André Garnier Kruse es desarrollador inmobiliario y se desempeña como ministro de enlace con el sector privado. Como su ministerio no tiene cartera, tiene presencia política en el gabinete de gobierno y una oficina en Casa Presidencial, pero no puede ejercer actos administrativos, como firmar decretos o similares. El jerarca renunció a sus puestos en sus sociedades antes de acceder a la función pública, incluida la inmobiliaria Garnier&Garnier; sin embargo, cedió su puesto como CEO y presidente de la entidad a su hijo, Phillippe Garnier.

No paga

El jerarca no paga el gravamen desde 2016, cuando adquirió los cuatro apartamentos. Los apartamentos se construyeron en 2008 como parte de un desarrollo inmobiliario que él compartía con otros inversores, pero que no logró sus objetivos de venta en plena crisis financiera de aquel año.

Tras una consulta de AmeliaRueda.com, en febrero de 2020, distintos criterios legales de firmas privadas le recomendaron a Garnier no cancelar el gravamen hasta que se resolvieran dudas legales sobre el pago por “inmuebles en inventario”. Esa fue la primera vez que este medio le preguntó al jerarca sobre el incumplimiento.

Consultado cinco meses después, en julio de 2020, el jerarca se amparó en que la Asociación CODI recurrió a la Dirección General de Tributación (DGT) solicitando un cambio de criterio en la que alegaba que los inmuebles sin uso, ni disfrute directo de sus dueños (desarrolladores o vendedores) no deberían pagar el tributo. Esta sigue sin resolverse.

La asociación CODI, dijo Garnier entonces, representa a todos los desarrolladores inmobiliarios que se verían afectados por la medida de Hacienda e incluye a la empresa allegada suya Garnier&Garnier, que promociona en su página web el complejo Azul Paraíso (donde se ubican los cuatro inmuebles a nombre del ministro).

El Poder Judicial indicó, ante una consulta de AmeliaRueda.com, que no tiene registro en su Centro de Información de Jurisprudencia de ninguna resolución administrativa que haya frenado el cobro del impuesto a ninguna población específica de contribuyentes. Es decir, Garnier y cualquier otro desarrollador que no cancele el impuesto por bienes “en inventario” lo hace aunque este sigue vigente y no hay registro de ninguna resolución haya pausado su cobro.

En una reciente entrevista con este medio, el director general de Tributación, Carlos Vargas, indicó que quien no pague un impuesto a la espera de un cambio de criterio lo hace “bajo su propio riesgo”, pues la administración tributaria le puede aplicar un ajuste, abrir un proceso o hasta reclamar pagos posteriores por sanciones e intereses —en caso de que no se trate de la persona que solicitó directamente la reconsideración.

Caso Garnier

Una investigación de este medio determinó que Garnier posee cuatro apartamentos, que dice tener a la venta, en Guanacaste; por los cuales no paga el impuesto a las casas de lujo. Sostiene una divergencia legal con Hacienda y asegura que no debe pagar el impuesto a las casas de lujo porque no habita los apartamentos, sino que intenta desprenderse de ellos.

Garnier aduce una interpretación distinta de la que hace el Ministerio de Hacienda del artículo 2 de la ley del impuesto solidario, el cual establece que el “hecho generador” del gravamen recae sobre “la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional (...) utilizado en forma habitual, ocasional o de recreo”. Es decir, el ministro alega que un inmueble a la venta no debería tributar porque no es utilizado como dice textualmente la ley.

Hacienda, por su parte, dice desde 2010 en distintos criterios que el uso habitacional sí se cumple en inmuebles de inventarios a la venta, pues su fin último es precisamente su habitación.

No obstante, una consulta de la asociación CODI pide a Hacienda reconsiderar su postura y Garnier dice que espera su resultado de esa gestión, a pesar de que técnicamente ya no se tratan bienes de una empresa desarrolladora sino que ya se le trasladaron a su patrimonio (una sociedad suya).

El popularmente conocido “impuesto a las casas de lujo” tiene una tasa de entre 0,25% y 0,55% sobre aquellas propiedades con un costo de construcción mayor a ¢133 millones. Para el cálculo del impuesto además se suman el valor del terreno y el de zonas compartidas como elevadores, recepciones, estacionamientos y bodegas. La carga está vigente desde el año 2009 y el dinero que recauda se utiliza para financiar financiar los programas de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

La intención actual del Gobierno es reformar totalmente el gravamen y mantener el aporte al Banhvi en los niveles actuales. Eso sí, busca aumentar la recaudación con una tasa del 0,5% sobre todos aquellos inmuebles con un valor constructivo y ahora también de terreno superior a los ¢150 millones.

Gobierno eliminó beneficios para deducir pagos en nuevo texto de Renta Global

Fuente: CR Hoy

El gobierno eliminó una serie de beneficios aplicables a las personas que deberán pagar renta en el nuevo texto de renta global dual enviado a la Asamblea Legislativa.

Se trata de una serie de deducciones que cada persona asalariada o generadora de ingresos podía aplicar para hacer bajar el monto.

Con el texto antiguo, las personas podían deducir gastos por hasta ₡150.000 anuales por los padres mayores de 65 años, dependientes y con ingresos anuales menores a ₡8,2 millones.

También podía deducir hasta ₡250 mil anuales por gastos de salud no cubiertos por el seguro social, hasta ₡450 mil anuales por la cuota del alquiler o préstamo de la casa y otros gastos correspondientes a actualizaciones didácticas o laborales.

Todos estos beneficios desaparecieron en el nuevo texto y únicamente se mantuvieron lo ligado al núcleo familiar más cercano, según explico Carla Coghi, socia directora de la firma Deloitte.

“El proyecto cambió porque esas deducciones son menores, el primer cambio es por el subsidio de los adultos mayores que estaba en el texto anterior y eso ya no está… los créditos que se quedan son los vinculados a mi núcleo familiar directo y el tema de la educación de los hijos, pero nada más”, advirtió Coghi.

Coghi advirtió que dentro de lo nuevo se encuentra la posibilidad de deducir de la renta ciertos gastos correspondientes a materiales escolares.

El proyecto de renta global dual fue cambiado por el Gobierno luego de serias críticas sobre su contenido. En el nuevo documento se eliminó toda referencia a las rentas sobre capitales extranjeros, así como cualquier referencia a los sistemas de pensiones y zonas francas.

¢19 mil millones de impuestos se usarán para financiar gasto electoral de partidos rumbo al 2022

Fuente: La República

En momentos en que el país vive cifras de desempleo históricas, además de un déficit fiscal preocupante, los partidos políticos podrán gastar ¢19 mil millones para financiar sus gastos de campaña.

El monto de la deuda política fue definido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y corresponde al aporte que hacen los costarricenses vía impuestos al proceso electoral.

Cabe destacar que dicha cifra es menor a la aprobada para los comicios del 2018, que fue de ¢25 mil millones.

De esa cifra, la suma que corresponderá a financiamiento anticipado es de ¢3 mil millones.

Menor déficit y actualización del PIB bajan necesidades de financiamiento de Gobierno para 2021

Fuente: La Nación

Las nuevas proyecciones de déficit del Gobierno para el 2021, incluidas en el Programa Macroeconómico que publicó el Banco Central el 30 de enero pasado, sumado a la actualización que realizó el Banco Central de la medición del Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó el dato de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central respecto a la producción anunciadas para este año.

En noviembre pasado, el Ministerio de Hacienda había informado que para el 2021 se requerían recursos equivalentes al 15,7% de la producción para cubrir el déficit financiero del Gobierno (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) y pagar las deudas correspondientes a este año (la amortización).

En el Programa Macroeconómico para el 2021 y 2022 las necesidades de financiamiento para este año, estimadas por el Ministerio de Hacienda, bajan a un 13,5% del PIB. Según el PIB estimado por el Banco Central para el 2021 eso equivale a unos ¢5 millones de millones.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que la razón de la disminución es que ahora se prevé un menor déficit (antes se estimaba un 8,8% del PIB y ahora un 7% del PIB para el 2021) y porque se considera un nuevo PIB, con base en el año 2017, que es 3,5% más grande que el anterior.

El déficit de 7% del PIB previsto para este año implica una baja respecto al cierre del 8,7% del PIB del 2020 (en estos resultados se considera el nuevo PIB y la incorporación de los órganos desconcentrados al Gobierno Central).

La reducción, detalla el Banco Central en el Programa Macroeconómico, sería el resultado de la recuperación de la actividad económica prevista para este bienio, las reformas fiscales contempladas en el convenio de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la continuación de la estricta aplicación de la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018.

Más recursos externos

Las necesidades de financiamiento del Gobierno influyen en la vida de la población por el impacto que tienen sobre las tasas de interés. Cuánto más recursos tenga que conseguir el Gobierno en el mercado interno más compite con otras entidades que también buscan recursos y presiona al alza las tasas de interés, lo cual afecta la producción y el empleo. Además, conseguir los recursos es necesario para mantener los servicios públicos (educación y salud, entre otros).

En el documento del Programa Macroeconómico se explica que la proyección de necesidades de 13,5% del PIB para el 2021 resulta igual que la del 2020, pero variaría la composición del financiamiento. En el 2020 un 10,8% del PIB se financió con deuda interna y un 2,7% del PIB con externa y en el 2021 un 8,8% del PIB se financiaría con recursos locales y un 4,7% del PIB con externos.

El documento detalla que los recursos externos se tomarían de créditos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales ($2.513 millones), los cuales deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Sin el acuerdo con el FMI la posibilidad de obtener dichos recursos externos se complica.

“Si bien las proyecciones fiscales en este ejercicio incorporan las medidas adicionales necesarias para ese ajuste, la ausencia, insuficiencia o atraso excesivo del ajuste podrían manifestarse en mayor dificultad para acceder a créditos multilaterales de apoyo presupuestario y en general al financiamiento externo, y a una mayor incertidumbre y una presión al alza sobre las tasas de interés locales, con un efecto negativo sobre la demanda agregada y el crecimiento”, advirtió el Banco Central en el comunicado de prensa.

“Un deterioro en las perspectivas de las finanzas públicas podría llevar también a presiones sobre el tipo de cambio, y por esa vía sobre la inflación, y generar tensiones en el mercado financiero”, añadió la entidad.

Para el 2022 las necesidades de financiamiento del Gobierno bajarían a 12,4% del PIB y los recursos se obtendrían en un 8,4% del PIB de deuda interna y 4% de deuda externa mediante créditos de apoyo presupuestario (por 1.033 millones), así como por la colocación de bonos de deuda externa prevista a partir de 2022 ($1.000 millones por año hasta el 2025).
Impacto sobre tasas internas

Villegas estima que obtener recursos por un monto equivalente al 8,8% del PIB en el mercado interno en el 2021 es factible, sin generar presiones sobre las tasas de interés.

“Estimamos que buscar ese 8,8% del PIB internamente es factible, creemos que es una posibilidad real, eso está dentro del histórico, dentro de necesidades de papel que tiene el mercado costarricense, entonces hay que considerar que nosotros tenemos una industria financiera importante, que esa industria financiera requiere contar con un activo, que es precisamente con el que hace su trabajo, que son los bonos del Gobierno”, dijo Villegas.

El economista José Luis Arce opinó que los préstamos externos previstos son necesarios si se quiere evitar presiones sobre el mercado interno.

“La gran pregunta es si el Gobierno tendrá la habilidad política para negociar en la Asamblea Legislativa y sobre todo la humildad y transparencia para ser capaz de convencer a los legisladores de la oposición. Y además los diputados deben ser responsables y no usar estos temas como herramientas electorales”, dijo Arce.

No obstante, incluso con esos préstamos, Arce considera que la presión sobre las tasas internas se presentará por varias razones.

“El crédito bancario, esperaría uno que se recupere, compitiendo por recursos en el sistema; el aumento en los depósitos asociado con la crisis se irá erosionando y trasladando a depósitos a plazo fijo lo que reducirá el espacio de financiamiento del Gobierno con la banca y otras fuentes de financiamiento del Gobierno como empresas públicas y fondos de pensiones seguirán sin retornar al 100% de su capacidad de generar recursos para ser invertidos en hacienda. En este contexto, 8% del PIB interno es mucho y no puede asumirse que lo que pasó en el 2020 puede volver a suceder tan fácilmente”, dijo Arce.

Arce había explicado que en el 2020 el Gobierno logró financiar un alto porcentaje en el mercado interno (10,8% del PIB, según los datos más recientes) sin presionar las tasas de interés internas porque se dieron circunstancias especiales. Los bancos contaban con mucha liquidez porque los depósitos crecieron mucho, especialmente los depósitos a la vista y mientras el crédito se estancó. Entonces los intermediarios, públicos especialmente, le prestaron recursos al Gobierno. No obstante, el escenario es diferente en el 2021.

Ejecutivo envía a la asamblea legislativa nuevo texto del proyecto de renta global dual

Fuente: Ministerio de Hacienda

Atendiendo las preocupaciones y planteamientos de diferentes sectores en relación con el proyecto de renta global dual enviado a finales de enero a la Asamblea Legislativa, y con el objetivo de dejar muy claros sus alcances frente al proceso de discusión que sobre este proyecto mantendrán las y los señores diputados, el Poder Ejecutivo presentó este viernes un nuevo texto que modifica algunos artículos y suprime otros.

“Luego de escuchar las preocupaciones de distintos grupos sociales y empresariales, hemos revisado y redimensionado los alcances del proyecto, para facilitar el proceso de discusión que se dará en la Asamblea Legislativa. Nuestro principal objetivo es que este nuevo texto propicie el consenso necesario para su pronta aprobación, sobre todo considerando los plazos urgentes que tenemos para ello”, expuso Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El nuevo texto fue puesto en conocimiento del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de su presentación, en virtud de que forma parte de los proyectos contemplados dentro del acuerdo técnico con ese organismo, y viene a sustituir por completo en la tramitación legislativa al texto presentado previamente (exp. 22383).

Como resultado de esta revisión, el nuevo proyecto:

o Adiciona un inciso (5) en el Artículo 8 sobre exenciones, para aclarar y garantizar que los regímenes voluntarios y complementarios de pensiones seguirán exentos del pago del impuesto sobre la renta, tal y como se indicara en el texto anterior y lo reafirmara el Poder Ejecutivo en los últimos días.

o Garantiza que se mantienen plenamente vigentes todos los beneficios fiscales contenidos en la Ley del Régimen de Zona Franca, Ley N.º 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, en los términos y con los topes de los beneficios fiscales contemplados en la referida Ley y lo dispuesto en los acuerdos ejecutivos de otorgamiento del régimen, así como los que se lleguen a firmar en futuro al amparo de las disposiciones de la referida Ley.

o Elimina el artículo 120 (Sucesión en la deuda tributaria) del proyecto. Al respecto, se debe recordar que las obligaciones tributarias de los sucesores de un contribuyente fallecido, ya están reguladas en el artículo 19 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, (Ley 4755), vigentes desde el 3 de mayo de 1971.

o Elimina el inciso 3 del artículo 2 del texto anterior, con lo que se suprime cualquier referencia a la sujeción de rentas proveniente del exterior, y se garantiza que solo se gravarán las rentas de fuente costarricense, producto de actividades realizadas en territorio nacional.

o Modifica el inciso 9 (ahora 10) del artículo, para que se mantenga exonerada la renta proveniente de la venta de la vivienda única habitual de las personas.

o Mantiene exoneradas las herencias (inciso 13 de artículo 8).

o Elimina la derogatoria genérica de exoneraciones al impuesto sobre la renta, al suprimir el artículo 123 del proyecto anterior.

o Suprime toda referencia a modificación o creación de un impuesto a sociedades y de un impuesto de renta a no residentes, los cuales estarían sujetos al impuesto sobre las utilidades establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (7092) vigente.

Para el Jerarca de Hacienda, este proyecto, además de generar recursos frescos, permite una mejor distribución de los ingresos, a la vez que inyecta mayor progresividad al sistema tributario costarricense.

“El 90% del rendimiento sería aportado por los dos deciles de mayores ingresos, lo que permite mejorar la distribución de los ingresos, luego de aplicar el impuesto. Por ejemplo, para medir la desigualdad económica, el país utiliza el “Coeficiente de Gini”, cuanto mayor es el índice, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población. Con la propuesta de renta global dual, el índice de Gini disminuye, esto significa que la desigualdad de ingresos entre los hogares del país será menor”, aseguró el Ministro.

Finalmente, es importante señalar que el proyecto fue revisado en conjunto con equipos técnicos del FMI, de manera que se garantiza que cumple con las metas planteadas en el acuerdo alcanzado con dicho organismo.

Asalariados y profesionales liberales con ingresos de ¢683 mil al mes se salvarían de pagar impuesto

Fuente: La República

Los asalariados y los profesionales liberales que ganen ¢683 mil al mes no estarían en peligro de pagarle impuestos al gobierno, ya que las principales bancadas de oposición en el Congreso se oponen.

Se trata de Liberación Nacional, la Unidad y Nueva República, quienes suman más de 30 diputados y con ello, hacen imposible que el gobierno de Carlos Alvarado sume los 38 votos que se requieren en el parlamento para aprobar un nuevo tributo.

La propuesta fue planteada por Elián Villegas, ministro de Hacienda, en el proyecto de renta global dual, el cual, es parte de las negociaciones que llevó a cabo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo ampliado de $1.750 millones.

“Bajar el piso impositivo para todos los asalariados implica un impacto muy fuerte, muy negativo para la clase trabajadora, que en vez de tener mayor liquidez y mayores ingresos para reactivar la economía, se van a ver disminuidos, al tener que pagar un impuesto que antes no pagaban”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de los verdiblancos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Carlos Alvarado trata de conseguir recursos frescos, que le permitan al Estado enfrentar el problema del déficit y el peso de la deuda.

Para ello, planteó una serie de medidas como la ley de empleo público – para racionalizar el gasto -, un nuevo impuesto para las casas de lujo y diversos tributos entre los que se incluye la renta global que permitiría un impuesto para quienes ganen más de ¢8,2 millones al año; es decir, poco más de ¢683 mil al mes.

La medida aplicaría para asalariados públicos y privados, así como los profesionales liberales.

En ese sentido, el gobierno defiende el tributo al considerar que el 70% de la población quedaría exonerado.

Actualmente, se cobra un impuesto al salario para quienes devengan más de ¢840 mil mensuales.

Sin embargo, la propuesta es rechazada por los legisladores por su impacto en la reactivación económica en momentos en que la pandemia tiene la economía desacelerada.

“Al ampliar la base de los contribuyentes se estará afectado a un sector de la población que en este momento contribuye con la creación de demanda interna vía consumo, por lo tanto, esto sería un freno al mantenimiento de la actividad económica y podría resultar en un freno mayor para la economía”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

Rechazo

Las principales bancadas en el Congreso se oponen a cobrar impuestos a los asalariados y profesionales liberales con ingresos mensuales de ¢683 mil al mes.

Luis Fernando Chacón
Jefe de fracción
Liberación

Bajar el piso impositivo para todos los asalariados implica un impacto muy fuerte, muy negativo para la clase trabajadora, que en vez de tener mayor liquidez y mayores ingresos para reactivar la economía, se van a ver disminuidos, al tener que pagar un impuesto que antes no pagaban.
Me parece que no es el momento para que el gobierno proponga esto. No es la mejor propuesta sin duda alguna
Lo que sí sería justo es que quienes ganen más, aporten más y los que ganen menos, aporten menos.

Jonathan Prendas
Diputado
Nueva República

Al ampliar la base de los contribuyentes se estará afectado a un sector de la población que en este momento contribuye con la creación de la demanda interna vía consumo, por lo tanto, esto sería un freno al mantenimiento de la actividad económica y podría resultar en un freno mayor para la economía.
El gobierno solo ha buscado salir bien en una fotografía que le mostrara al FMI y los posibles prestamistas internacionales, eso quiere decir que está trabajando para endeudar más al país, esto sin realizar ningún ajuste estructural por lo que la vía mas fácil ha sido la creación de impuestos.

María Inés Solís
Diputada
Unidad

Yo no estoy de acuerdo en un aumento de impuestos y esto es lo que el PAC nos pone sobre la mesa.
Se pretende seguir perjudicando en gran medida a la clase media, además en el caso de los asalariados y trabajadores independientes la tarifa máxima estaría subiendo de un 25% a un 27.5%.
Me parece que son cifras que se deben de revisar especialmente lo referente al mínimo no imponible.
Aunque el gobierno ha salido con bombos y platillos a anunciar que tiene nuevas medidas para generar ingresos, cuando llegamos y las analizamos la mayoría de estas al menos tienen algún impuesto camuflado.

Cámara de Comercio pide aprobar proyectos acordados con el FMI para salir de la crisis fiscal

Fuente: La Nación

La Cámara de Comercio abogó, este jueves 4 de febrero, por la aprobación en el Congreso de los proyectos pactados en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Julio Castilla, presidente de la organización empresarial, destacó que las iniciativas legales, que fueron acordadas en la mesa de diálogo multisectorial, brindan estabilidad y permitirán al país salir de la crisis fiscal.

“Ya la etapa de diagnóstico de la situación país pasó. Se invirtieron horas en la mesa de diálogo multisectorial para lograr un consenso y buscar una salida a la crisis fiscal por la que atraviesa Costa Rica”, aseveró Castilla.

La posición de la Cámara de Comercio se separa de la brindada, este miércoles 3 de febrero, por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que se unió la sector sindical y pidió frenar los acuerdos del FMI.

La Unión de Cámaras, en conjunto con la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular, varias cooperativas y colegios profesionales solicitaron frenar los acuerdos porque, según aseguran, carecen de la visión estratégica e integral imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social.

El anuncio efectuado por la Cámara de Comercio se realizó de manera individual pues, desde octubre del 2019, dejaron de ser parte de la Uccaep.

El sector comercial, según la organización, es el mayor generador de empleo del país, con 288.000 trabajadores, es decir, el 16% de la fuerza laboral. Además, aporta 17.422 compañías, lo cual significa el 25% del parque empresarial de Costa Rica, según los datos de la Cámara de Comercio.

El Gobierno pactó con el FMI los proyectos reforma al empleo público, renta global, cobro de renta a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, así como el impuesto a las casas de lujo.

Estos planes, en conjunto con una reducción del gasto, buscan generar un superávit primario en el 2023 y reducir el endeudamiento público al 50% de la producción, en el 2035.

Las iniciativas se enviaron a la Asamblea Legislativa previo al anuncio del acuerdo con el Fondo, del pasado 22 de enero, con el cual el Poder Ejecutivo pretende acceder a un financiamiento por $1.750 millones por un periodo de tres años.

“En estos momentos el tiempo es oro, por lo que hacemos un urgente llamado para agilizar la aprobación de proyectos de ley que garanticen la seguridad jurídica para dinamizar y estabilizar la economía”, destacó el dirigente del sector comercial.

Castilla afirmó que el objetivo del país debe centrarse en superar la crisis económica y mejorar la competitividad.

El presidente de la Cámara de Comercio sí dejó claro en que no es momento de pensar en más cargas tributarias que afecten el ingreso de las familias del país.

“Es urgente comprender que los costarricenses necesitan opciones para trabajar y el sector privado ha demostrado ser el principal generador de empleo”, afirmó Julio Castilla.

La organización empresarial consideró que es momento de seguir trabajando con propuestas respaldadas con datos y promoviendo decisiones para llevar el país adelante.

FB Live: Precios de Transferencia. Recomendaciones de la OCDE.

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el lunes 08 de febrero a las 3:00 p.m. con el tema:

Precios de Transferencia. Recomendaciones de la OCDE., a cargo de nuestra especialista la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

BID: Acuerdo a nivel técnico con FMI es un paso en la dirección correcta para sostenibilidad fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Mediante un comunicado emitido este miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que el acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es necesario para que Costa Rica avance hacia una estabilidad fiscal y financiera, pero, sobre todo, para promover el crecimiento sostenible y proteger a las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia.

Las declaraciones fueron emitidas por Verónica Zavala, Gerente Regional del BID en Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la República Dominicana, quien reafirmó, además, el compromiso de este organismo en mantener las oportunidades de financiamiento, cooperación y asistencia técnica requeridas por el país para avanzar en su agenda de recuperación económica.


“BID celebra el acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el FMI

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebra el acuerdo a nivel técnico alcanzado por el Gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un paso importante y en la dirección correcta para que el país alcance la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Según Verónica Zavala, Gerente Regional del BID en Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la República Dominicana “en la coyuntura fiscal actual es necesario tomar medidas que aseguren el equilibrio de las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI es necesario para avanzar hacia una estabilidad fiscal y financiera, pero sobre todo para promover el crecimiento sostenible y proteger a las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia”. El BID da la bienvenida a este acuerdo, al mismo tiempo que reafirma su compromiso con el país y con seguir ofreciendo oportunidades de financiamiento, cooperación y asistencia técnica, tal como lo ha hecho en sus más de 60 años de historia. “Desde 1959 el BID ha sido un socio para el desarrollo de Costa Rica y el país puede seguir confiando en que contará con nuestro apoyo para contribuir en la agenda de recuperación económica a través de programas que promuevan el crecimiento inclusivo y el empleo, la digitalización, la infraestructura estratégica y la mitigación y resiliencia al cambio climático”, destacó la Gerente Regional del BID.”

Déficit fiscal iniciaría descenso en 2021

Fuente: La República

Este año iniciaría la recuperación de Costa Rica al frenarse la expansión de la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno, según el Banco Central.

Eso sí, la merma en el déficit fiscal solo será posible si la regla fiscal se aplica en toda su extensión -para contener el gasto público -, a la vez que se logran nuevos ingresos.

Para el 2021 se prevé un déficit fiscal del 7% del PIB, menor al 8,1% presentado en el 2020 y prácticamente igual a la cifra reportada en el 2019.

La trayectoria de descenso proseguiría en el 2022, aguardando un 5,9% de déficit, lo que implica que se lograrían niveles similares a los presentados a los del 2018.

Para el Banco Central, las reformas tributarias contempladas en el convenio de financiamiento con el FMI son factores de esa confianza.

El Gobierno este año se “ganaría” 1,06% del PIB con tan solo esos factores.

Entre congelamiento y reducción de transferencias corrientes y ahorros por la ley de empleo público, se generaría un ahorro de 0,77% del PIB a favor, mientras que un 0,29% llegaría de ingresos como impuesto a premios de lotería, eliminación de exoneraciones como el salario escolar y el recibir dividendos de empresas públicas.

Otra razón es la esperanza de la estricta aplicación de la regla fiscal.

Por otra parte, el año anterior por la pandemia del Covid-19, se aumentó el gasto en salud y las transferencias sociales, llegando a unos ¢294 mil millones en gastos adicionales en estimaciones de Hacienda, reclinando ese lado de la balanza; así como, ante la caída de la productividad de prácticamente todas las actividades, derivando, en que, por ejemplo, se registrara una caída en los ingresos totales por unos ¢586 mil millones.

¿Se cumplirá?

Que se alcance la meta del déficit fiscal para este 2021 no será sencillo, según especialistas.

Melanie Jiménez
Analista Económica
Grupo Cefsa

Sí, en el tanto se cumpla la regla fiscal, se apruebe el acuerdo con el FMI y no se deban hacer más desembolsos de los que ya están contemplados en el Presupuesto Nacional; de lo contrario, la historia sería distinta.

Silvia Jiménez
Gerente de Inversiones
Mercado de Valores

Es una de las proyecciones más retadoras, al igual que llegar a un superávit del 1% al 2023 es bastante retador, porque los proyectos difícilmente tengan efecto ya este año para que bajen esas cifras, como en temas de ingresos, que en el mejor de los casos tendrían efecto en el segundo semestre.

Jorge Martínez
Economista y Gerente de Servicios Técnicos
Bolsa Nacional de Valores

Si se contrasta la estimación sobre el déficit con los pronósticos de una recuperación de ingresos, la posible incorporación de nuevos tributos y los esfuerzos sobre contención del gasto, estos niveles proyectados parecen alcanzables.

Daniel Suchar
Analista
Independiente

Me encantaría decir que sí se cumplirán esas proyecciones, pero no veo esfuerzos que se vayan a materializar tan rápido, sobretodo en temas de empleo público, en recaudación, como la renta global, que es hasta el 2023.

Proyecto de renta global dual no eliminará beneficios de las zonas francas

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda desmiente categóricamente que el Proyecto de Renta Global Dual, tramitado bajo el expediente 22.383, pretenda eliminar alguno de los beneficios que hoy en día disfrutan las empresas del régimen de Zona Franca en el país, tanto en el impuesto a las utilidades como en el impuesto a no residentes, hoy conocido como remesas al exterior.

De acuerdo con el artículo 65 inciso 5 de la propuesta, se dispone expresamente que están exentas del Impuesto a Sociedades “las empresas acogidas al régimen de Zona Franca, de conformidad con la Ley No. 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, en los términos y con los topes de los beneficios fiscales contemplados en la referida Ley y lo dispuesto en los acuerdos ejecutivos de otorgamiento del régimen.”

La redacción prevista en el texto del articulado es contundente y no deja margen de duda en cuanto a la exoneración del impuesto a este régimen, debiéndose resaltar el hecho de que las exoneraciones se mantienen tal cual existen hoy en día “en los términos y con los topes de los beneficios fiscales contemplados en la referida Ley y (…) los acuerdos ejecutivos de otorgamiento del régimen”, quedando claro que no solo se mantienen los beneficios considerados en la Ley, sino también los incluidos en los respectivos acuerdos ejecutivos.

Lo anteriormente dicho tiene relevancia para efectos del Título relativo al impuesto sobre la renta de no residentes del Proyecto, hoy en día conocido como de “remesas al exterior”. El artículo 96 de la iniciativa, expresamente dispone que lo dicho en este Título se “interpretará” en concordancia con la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades, de manera que es claro y no queda la menor duda en cuanto a la prevalencia de la exoneración genérica prevista en el referido artículo 65. Con esto cobra plena vigencia la continuidad de la referida exoneración tanto en el impuesto a sociedades como en el de remesas al exterior como se ha indicado hasta ahora.

El Ministerio de Hacienda lamenta que se tienda a generar zozobra en la población en general y en el sector empresarial en particular, producto de lecturas ligeras de la iniciativa, en igual sentido con lo sucedido con el alcance de las obligaciones tributarias que asumen quienes reciben una herencia, situación que se encuentra claramente regulada en el Código Tributario desde 1971, lo cual no permite una discusión razonada y apropiada del contenido de un proyecto de esta importancia en el marco del proceso legislativo que se está iniciando.

Proyecto de renta global dual no cobrará impuesto a pensiones complementarias

Fuente: Ministerio de Hacienda

El proyecto de ley de renta global dual propuesto por el Gobierno no cobra, ni tiene ninguna intención, de cobrar tributo a las pensiones complementarias. 

La redacción que se presentó tiene como punto de partida que la exoneración de esos fondos de pensión está estipulada en la Ley de Protección al Trabajador, la cual es una ley especial que en cuanto tal, prevalece jurídicamente, y que impide gravarlas.

Es decir, el texto actual NO incorpora ni pretende incorporar ningún gravamen a las pensiones.

Para mayor claridad y evitar cualquier duda o confusión, el Ministerio de Hacienda señala que hará las modificaciones necesarias al texto, para dejar explícito y absolutamente claro que esos fondos de pensiones mantendrán su exoneración.

Tributación: Plan de renta global no implica cambio en cobro de impuestos a herencias

Fuente: La Nación

El director de la Dirección General de Tributación, Carlos Vargas, asegura que el proyecto de renta global dual no implicaría un cambio en la forma en que el fisco cobra impuestos sobre las herencias recibidas de un contribuyente que falleció.

El funcionario explicó, ante consulta de La Nación, que el artículo se incluyó en la iniciativa propuesta, con el objetivo evitar interpretaciones.

“Es una norma aclaratoria en el sentido de que no hay cambio en este tema, dado que estamos en presencia de una nueva ley se busca evitar interpretaciones en sentido contrario y dejar claro que se mantiene lo dispuesto en el Código (de Normas Procedimientos Tributarios)”, afirmó Vargas.

Dicha norma, vigente desde 1971, establece en el artículo 19 que las obligaciones de un contribuyente fallecido deben ser ejercidas, cumplidas por sus sucesores, pero la responsabilidad pecuniaria se limita al monto de la herencia recibida.

“El proyecto lo que hace es reforzar que se mantiene vigente lo dispuesto en ese artículo 19 del Código Tributario (...) o lo que hace es remitir al Código para estos efectos (los sucesorios)”, afirmó Vargas.

La iniciativa legal, enviada el pasado 22 de enero al Congreso, hace referencia a la sucesión de deudas tributarias en el artículo 120. En este numeral solo se excluye el cobro de las sanciones, a los beneficiarios, de las obligaciones impositivas de contribuyentes que fallecieron.

Sin embargo, para especialistas en temas tributarios, la legislación propuesta no es clara, por la forma en que está redactada.

Para el abogado Ricardo González, la norma del proyecto de renta global dual no esclarece en qué momento puede cobrarse la deuda tributaria.

“El artículo del Código es una responsabilidad subsidiaria, eso significa que si no alcanza usted responde. Pero una responsabilidad directa es, sin saber si alcanza o no alcanza el dinero, cobraré de una vez. El artículo 120 (del proyecto) no es idéntico a lo dicho en el Código, no dice lo mismo”, destacó González.

El especialista destacó que la duda es si una persona le dejan un terreno, pero no es heredero directo de todo el patrimonio, deberá pagar impuestos sobre las deudas de dicho bien, o sobre la totalidad de pendientes de pago del contribuyente fallecido.

“Cuando se es sucesor a título universal, significa que se es heredero de todo lo que dejó la persona. De los bienes y de las deudas dejadas. Hay libros enteros sobre este tema, y no es solo decir se aplica el artículo 19”, destacó González.

El especialista añadió que si la norma propuesta en el plan de renta global se mantiene bajo los límites del Código de Procedimientos Tributarios no había ningún problema. Pero, señaló que la redacción del artículo 120 del proyecto es diferente.

 

Más impuestos y complicaciones a las empresas hacen que costarricenses desconfíen de acuerdo con FMI

Fuente: La República

La posibilidad de pagar más impuestos a través de la renta global y el tributo al salario, así como un panorama más complicado para las empresas que generan empleo, hacen que la mayoría de costarricenses desconfíen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y es que un 38% de los nacionales considera que el crédito ampliado por $1.750 millones que negoció el gobierno de Carlos Alvarado es “algo malo o muy malo”, según la encuesta que dio a conocer CID Gallup a mediados de la semana pasada.

La posibilidad de nuevos impuestos complicaría el panorama de reactivación económica, a la vez que disminuiría el dinero con el que cuentan las familias.

En estos momentos, el país lidia con un desempleo de más de 20%, mientras que la economía trata de reactivarse en medio de la pandemia de la Covid-19.

Con un déficit fiscal superior al 8% del PIB y una deuda con cifras cercanas al 70%, hay poco margen de maniobra para buscar una solución alternativa para arreglar las finanzas públicas.

Sin embargo, para los diputados de oposición la propuesta de más impuestos no los convence.

“Parece un mal chiste, pero así nos traen y yo me pregunto, Presidente y ¿el plan para encender la economía para cuándo? Con nosotros no pueden contar para aprobar nuevos impuestos”, dijo Pedro Muñoz, diputado de la Unidad.

La propuesta del Gobierno al FMI incluye reducción del gasto mediante el proyecto de empleo público, además de eliminar beneficios fiscales y congelar pensiones con cargo al presupuesto.

En materia tributaria, también se aprobaría una renta global dual -incluyendo renta mundial – ; además de cobrar impuesto a los salarios por encima de ¢680 mil.

“El gobierno PAC siempre se está contradiciendo, mintiendo y estará pidiendo más impuestos. Parece que la única solución que tienen para enfrentar el problema del déficit es cobrar nuevos impuestos”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

En ese sentido, el sector productivo ha pedido al mandatario enfocarse en una reforma del Estado y evitar a toda costa nuevos tributos.

Y es que por cada ¢100 que el país recauda, la mitad se usa para pagar el salario a los empleados públicos, haciendo que Costa Rica sea el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que más dinero invierte porcentualmente para pagar a su sector estatal, ya que el promedio de dicha organización -conocida también como Club de los Países Ricos - es del 25%.

“Si no se aprueba una reforma real en materia de empleo público, si no se realiza una reforma que elimine toda la estructura duplicada e innecesaria del Estado, sencillamente, además de terminar más endeudados, terminaremos con los mismos problemas, pero más grandes en un futuro cercano”, dijo Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).

Así golpearán los nuevos impuestos planteados al FMI el consumo de los hogares

Fuente: CR Hoy

Los nuevos impuestos planteados como parte del acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) sí ocasionarán un golpe importante sobre el ingreso de las personas y el consumo de los hogares.

Esta afectación comenzará a sentirse este mismo año, pero en especial en 2022, cuando entren en vigencia la mayoría de medidas ofrecidas al FMI como parte del ajuste fiscal del país.

Para este año, el Banco Central esperaba una mejora en la capacidad de compra de las personas debido a que está prevista la entrega de los quinquenios; es decir, lo correspondiente al fondo de capitalización laboral al que tienen derecho los asalariados.

Rodrigo Cubero, presidente del Ente Emisor, confesó que este efecto se verá mermado por el componente tributario del acuerdo, el cual se hará sentir con todavía mayor fuerza el próximo año.

En las proyecciones planteadas este viernes, como parte del Programa Macroeconómico, el Banco estima que el ingreso personal disponible crecerá apenas un 0,7% este año.

En términos generales, el Banco estima que tanto el ingreso como el consumo del hogar tendrán una mejora en relación a 2020, afectado severamente por la crisis.

La mejora estará sustentada en la confianza del consumidor y en la reapertura de la economía que permitiría a las familias tener un mayor acceso a bienes y servicios que durante el 2020 estuvieron restringidos.

“Para el 2022 el consumo seguiría en recuperación, en un contexto de condiciones más favorables del mercado laboral y un nivel de actividad similar al de antes de la crisis“, indicó el Central.

Sin embargo, el ajuste propuesto ante el FMI contiene varios cambios en materia tributaria que implicarán que la gente deba sacar más plata de sus billeteras para hacer frente a las nuevas medidas, si es que estas se aprueban.

Una de las principales propuestas es el impuesto sobre renta global, que no solo unifica todas las rentas de las personas, sino que pone a tributar sobre el salario a un sector de la población que hasta ahora estaba exento, como lo es el que se ubica con ingresos entre ₡683 mil y ₡840 mil.

Solo para una persona que actualmente gana alrededor de ₡1 millón, el incremento significará alrededor de un 97%.

 

Solo las casas de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo pagarán el impuesto del 0,5%

Fuente: Ministerio de Hacienda

Ante afirmaciones externadas por algunos ciudadanos en diferentes medios de comunicación, sobre los alcances del “Proyecto de ley del impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo” el Ministerio de Hacienda aclara lo siguiente:

• En Costa Rica solo 2% de las propiedades (casa + terreno) tiene un valor registral superior a los ¢150 millones.
• El 98% de las propiedades registradas No pagará el impuesto:

o No pagarán este impuesto las casas de clase media.
o No pagarán este impuesto las propiedades donde se desarrollen actividades agrícolas.
o No pagarán este impuesto las propiedades pecuarias.
o No pagarán este impuesto las propiedades forestales.
o No pagarán este impuesto las propiedades dedicadas para la conservación de recursos naturales.
o No pagarán este impuesto las propiedades agroindustriales.
o No pagarán este impuesto las propiedades comerciales.
o No pagarán este impuesto las oficinas.
o No pagarán este impuesto los inmuebles de ¢150 millones o más que no cuenten con una vivienda.

• Los casos considerados como excepcionales están siendo contemplados en el proyecto de ley (artículo 7) vía el mecanismo de exención para que no paguen el impuesto.
• La información para el cobro se tomará de las municipalidades y del Registro Nacional.  Los valores que se utilizarán para el cobro del tributo serán los que provienen de las propias declaraciones que los contribuyentes presentan en las municipalidades, de avalúos municipales o de hipotecas anotadas en el Registro Nacional.

IVA a construcción y turismo serán claves para cumplir metas con el FMI

Fuente: La República

En este 2021 tanto la construcción como el turismo tendrán IVA, convirtiéndose en este un factor silencioso, pero fundamental para alcanzar las metas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alcanzar un superávit del 1% del PIB en el 2023 obligaría a un ajuste fiscal de un 5%, aspecto que de momento no se cumple, puesto que con las propuestas actuales se alcanzaría un ajuste de 4,74%.

Sin embargo, para cerrar y redondear al 5%, el IVA a estos sectores será fundamental, comentó Elián Villegas, ministro de Hacienda en declaraciones a CRHoy.com

“Hay que tomar en cuenta que hay algunas acciones que no están comprendidas en ese ajuste porque son acciones que ya están aceptadas por ley, como que en unos meses termina la exoneración del IVA en turismo y en construcción”, dijo Villegas.

En el 2020 se postergó la entrada en vigencia del gravamen de estos apartados por un año; el 1 de julio entra a regir el IVA en servicios turísticos, mientras que el 1 de septiembre a servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

En ambos casos, el primer año se tendrá una tarifa del 4%, el segundo un 8% y a partir del 2023 una tarifa del 13% de impuesto.

Gobierno coló anunciado impuesto a salarios dentro de proyecto de renta global

Fuente: Semanario Universidad

Diez meses después de que el exministro Rodrigo Chaves tuviera que desdecirse de un impuesto solidario a los salarios, ahora la misma idea está presente en el proyecto de Renta global dual (22.383) que presentó Gobierno al filo de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo por $1.750 millones.

Este tema, una y otra vez, rechazado por el Gobierno durante el 2020, ahora aplicaría una renta bruta a “Los sueldos y salarios de cualquier clase”, según dice el artículo 15 del proyecto de ley.

Renta global fue, además, uno de los temas consensuados por los sectores partícipes de las mesas del Diálogo Nacional. En este espacio, en el que además se rechazó la negociación con el FMI por sus eventuales consecuencias sociales, nunca se discutió incluir los salarios de la clase media.

  “Es ofensivo decir que este proyecto es progresivo. Ninguno de los instrumentos que se utilizan para medir la distribución del ingreso logran captar el 1% que ostenta casi el 80% de nuestro país”, economista y abogado Luis Carlos Olivares

“Hace falta claridad para poder entender, realmente, qué significa renta global. Nos preocupa sinceramente el tema de gravar salarios porque están gravando a la clase trabajadora. Esa parte de los asalariados no se puso en la Mesa de Diálogo Multisectorial. Otra vez se vuelve a traer a la palestra el poder gravar a la clase trabajadora del país. Ya los salarios tienen impuestos y pagan cargas sociales”, aseguró la economista y directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (Canaess), Montserrat Ruiz, una de las participantes de los diálogos de noviembre pasado.

El primer tramo del cobro de la renta ocurrirá en salarios mensuales superiores a los ¢683.000 y menores a los ¢840.000. Este cambio amplía la cantidad de tributantes que tendrán que darle renta al Ministerio de Hacienda, pero no implica que los quintiles con mayor capacidad económica contribuirán más al ingreso tributario.

“Haciendo una revisión holística y transversal, teniendo como primera base el costo social, la progresividad no está fundamentada. Equiparan renta y salario, lo cual, a todas luces, y específicamente desde la teoría general del derecho, es un craso error. No es lo mismo una renta que un salario, ambos son ingresos. Sin embargo, un salario es un producto de un ejercicio continuado y basado en un contrato de trabajo. Las rentas provienen de la cesión de un activo fijo para el disfrute de una persona. La más común es el alquiler pero se pueden obtener de otros muchos activos”, explicó a UNIVERSIDAD el economista y abogado Luis Carlos Olivares.

Olivares ejemplifica como otras rentas las que obtienen personas de mayor poder adquisitivo y que no se obtienen de una labor de trabajo: rentas de los mercados financieros, rentas que se generan en los trámites de cesión de bonos y, también, los repartos que realizan empresas de sus utilidades para sus trabajadores (esta práctica se utiliza en algunas empresas de Zonas Francas como un complemento al salario, especifica el economista).

El proyecto, dice Olivares, incluye trampas retóricas que ocultan regresiones en la captación del impuesto. La propuesta del Gobierno “no está captando a la gente con mayor disposición de ingresos”.

“Estos tipos de renta usted les dice a personas de clase media o a los quintiles menores que si tienen rentas así, no van a saber ni siquiera de qué se trata. No tienen la disposición de efectivo necesaria para participar en mercados financieros y porque hay una curva de experiencia que se les niega (el ingreso). Es ofensivo decir que este proyecto es progresivo. Ninguno de los instrumentos que se utilizan para medir la distribución del ingreso logran captar el 1% que ostenta casi el 80% de nuestro país”, afirmó Olivares.

Es decir, con el diseño de la renta global dual, además de sacar del juego tributario un plan de renta mundial (que unifica la generación de riqueza según la residencia de la fuente que produce la renta), tampoco están socializando la riqueza que se genera de actividades pasivas.

Están exentas del tributo las ganancias de capital obtenidas de las diferencias en ventas de propiedades (cuando la propiedad tiene un valor menor y se vende a un valor mayor) y la distribución de dividendos por tener acciones en empresas.

  “Sacar los pasivos de la renta global nos lleva a salvar una clase, un sector de empresariado que podría estar aportando solidariamente un porcentaje”, directora de Canaess, Montserrat Ruiz

“La renta global, per se, no significa ni más progresividad ni más recaudación. Dado que la fuente principal de desigualdad, no solo en el país sino en el planeta Tierra, proviene de la posesión de capital, dejar por fuera las rentas de capital de la integración de renta, me parece un error. ¿Dónde están las utilidades de la gente y se acumula la ganancia? En la rentabilidad del capital”, aseguró el investigador de la Universidad Nacional y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.

“Sacar los pasivos de la renta global nos lleva a salvar una clase, un sector de empresariado que podría estar aportando solidariamente un porcentaje. No están buscando políticas progresivas sino que están retrocediendo en una crisis fiscal que requiere de todo el valor y la protección a los más vulnerables. Estás exonerando nuevamente al empresariado. Es un efecto perverso y nosotros íbamos a la Mesa de Diálogo con las mejores intenciones y transparencia”, opinó la economista y directora de Canaess, Montserrat Ruiz.

Tributación: “Ni por asomo estamos migrando a renta mundial”

Fuente: CR Hoy

Producto del intenso debate que ha generado el proyecto de Ley de Renta Dual, la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda afirmó que la iniciativa, ligada a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no introduce en Costa Rica la renta mundial.

Carlos Vargas, director de la DGT explicó a este medio de comunicación que “ni por asomo” se puede afirmar que el proyecto da ese viraje tributario, que algunos temen, pues espantaría la inversión extranjera directa (IED).

Según el funcionario, el esquema de renta mundial “puro” lo que propone es una sujeción de las rentas activas bajo un concepto de residencia independientemente de dónde se generen.

En tanto que en el caso del proyecto, prosiguió, su artículo segundo establece que las rentas activas se grabarán bajo un criterio de fuente, es decir, que solo estarán sujetas al impuesto las que se generen en territorio costarricense.

“Lo cual significa que no estamos migrando a un esquema de renta mundial (…). La propuesta viene a poner a tono con prácticas a nivel global la sujeción de una manera separa y particular las rentas del capital, y segundo, considerar la sujeción de estas rentas pasivas bajo un criterio de residencia.

“Eso significa que los residentes en el país pagarían el impuesto sobre la renta con independencia de donde se produce, pero en el caso de las rentas generadas fuera del país estas estarían sujetas del pago del impuesto a partir del momento que ingresen al país los rendimientos, no el capital“, explicó.

El proyecto de ley, agregó, está configurado en un esquema dual en el que se gravan las rentas de actividades lucrativas y trabajo personal dependiente bajo una sola escala y de manera separada y cedular las rentas pasivas.

Vargas dijo que el esquema propuesto para gravar las rentas pasivas tiene como objetivo propiciar una neutralidad en la aplicación del impuesto.

Esto, afirmó, lejos de desincentivar la traída de capitales de residentes en el país, lo que hace es establecer un equilibrio en la imposición de la renta.

“Si no se hace así, estructuralmente se estaría estableciendo un incentivo muy fuerte para la deslocalización de capitales por parte de las personas residentes en el país.

“Eso significa que si yo tengo una rentas para invertir en títulos y los títulos nacionales están gravados versus títulos que yo pueda invertir en el exterior, que no estarían gravados, pues entonces evidentemente yo voy a tener un incentivo para sacar la plata del país“, consideró el director de Tributación.

En el caso de la IED, agregó, es distinto porque lo que ingresa al país es capital de trabajo y este no se grava, por lo que, según Hacienda, el proyecto de ley de Renta Dual tampoco desincentiva la inversión extranjera que considera a Costa Rica como su destino.

“El capital viene, se invierte en el país y será capital de renta costarricense. En realidad son ingresos propios de la actividad lucrativa desarrollada en Costa Rica”, amplió.

Expertos advierten sobre perjuicios

Varios abogados expertos en tributos difieren de los criterios de Vargas y de Hacienda.

Felipe Guevara, socio del Bufete Consortium, afirmó que el Gobierno “metió por la cocina” el esquema de renta mundial en el proyecto de Ley de Renta Dual, pues este contiene criterios de territorialidad ampliada propios de ese mecanismo para gravar los ingresos, sin que el título o la exposición de motivos del proyecto que Hacienda presentó a los diputados así lo anuncie.

“Con este articulado, se le está diciendo al contribuyente que donde Costa Rica no tuvo absolutamente nada que ver, donde no hubo un solo servicio público costarricense, ‘yo (Hacienda) quiero que usted pague en Costa Rica’”, agregó el abogado.

Para Guevara es ilógico que un país que tiene entre sus prioridades atraer más inversión extranjera y pretende echar a andar un plan para atraer a ciudadanos extranjeros y a pensionados rentistas, para reactivar la economía, pretenda cobrarles renta por las ganancias obtenidas por actividades realizadas en otros países.

Randall Madriz, socio de Impuestos de Deloitte, coincidió en que los contenidos del proyecto de ley que defiende Tributación sí podrían desincentivar a los extranjeros, pensionados rentistas e inversionistas, para que vengan a residir a Costa Rica.

“Hay un concepto de residente fiscal en Costa Rica, entonces, si esa persona que originalmente era extranjero tomó la decisión de venir al país y finalmente esa persona solvente tiene inversiones afuera del país, en el momento que traiga esos dineros se le va a cobrar un impuesto porque técnicamente va a ser un residente fiscal costarricense. Sí parece un desincentivo para que los extranjeros vengan a residir”, consideró.

Madriz agregó que la iniciativa de ley, parte del paquete de medidas que negoció el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de apoyo presupuestario por $1.750 millones, establece una territorialidad ampliada, más cercana a la renta mundial que a la dual.

Claramente, se abandona el principio de territorialidad puro y se van a empezr a gravar esas rentas generadas afuera del país al momento en que se repatríen”, agregó en declaraciones a este medio.

Durante las negociaciones en la mesa de diálogo multisectorial a las que convocó el presidente de la República, Carlos Alvarado, en noviembre pasado, los representantes de los diversos grupos sociales frenaron al Gobierno en su intención de introducir el esquema de renta mundial en Costa Rica, sistema que promueven diputados del Partido Acción Ciudadana, como Welmer Ramos.

Proyecto de renta global golpearía atracción de inversores

Fuente: La República

Si es inversor extranjero, o incluso un pensionado que planeaba residir en nuestro país, podría encontrar un desincentivo de avanzar el proyecto de renta global dual.

Y es que allí se estaría incluyendo también el concepto de la renta universal o mundial, la cual, tal y como explicó previamente LA REPÚBLICA, es aquella en la que se gravaría a los contribuyentes con residencia en nuestro país, es decir, sean nacionales o no, sin importar si esa renta, riqueza o utilidades las generaron dentro de nuestro territorio o fuera.

Por lo tanto, se convertiría en una traba más para los inversionistas, quienes no verían con buenos ojos las condiciones del país y decidan optar por otro.

Citarlo como renta mundial en el caso del nuevo proyecto genera desencuentros entre especialistas, pues hay quienes argumentan que sí y otros prefieren que simplemente se le llame territorialidad ampliada, pero lo cierto del caso es que, si un extranjero decide venir al país, con el cambio del impuesto que se plantea, el dinero hecho en inversiones en el exterior, una vez que repatrie, será gravado.

“Es una transformación todavía más profunda que vivió el IVA; se propone y llama como renta global dual, pretende que todas las rentas pasivas de los residentes, no solo los costarricenses, tengan que pagar impuestos en Costa Rica; eso sí, hasta el momento de la repatriación de esas rentas”, dijo Rafael Luna, socio de Consortium Legal.

Esto implica en que es muy probable que el aumento que se plantea en el impuesto recaiga sobre las personas físicas que tienen diferentes fuentes de ingresos, sobre todo si estas provienen de rentas extraterritoriales, explicó Priscilla Piedra, socia de Impuestos de Deloitte.

Un ejemplo es el de un pensionado, quien al recibir su dinero y traerlo al país, este sería gravado; mismo caso con el dinero de inversionistas provenientes de una inversión en el exterior, siendo una completa contradicción a la idea de Hacienda.

¿Cuál idea de Hacienda? Atraer inversores extranjeros a que participen en comprar bonos del Gobierno en el mercado doméstico, por lo que tener mismas condiciones impositivas, era un planteamiento hecho, y que ahora, parecería esfumarse.

“Hoy un no residente en su calidad de inversor enfrenta un tratamiento tributario por las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, y otro tratamiento por las remesas al exterior. Mientras que un inversor residente solo impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital”, comentó Isaac Castro, viceministro de Hacienda a La Nación el año anterior.

Y no está de más apuntar a que las reacciones a esta idea son adversas.

Costa Rica empezaría a cobrar impuestos por rentas generados en estados diferentes, ¿qué derechos tiene? Sigo sin recibir respuesta a eso, es como que me vaya a Japón en un carro alquilado, cometa una infracción y me quiten los puntos de la licencia acá en Costa Rica”, añadió Luna.

En agosto anterior la idea fue peloteada por el diputado Welmer Ramos, teniendo reproches de especialistas tributarios y actores políticos.

23 mil sociedades con problemas para pagar impuesto

Fuente: Diario Extra

Dentro de cinco días vence el plazo para el pago del impuesto a las personas jurídicas, sin embargo algunas todavía presentan problemas para cumplir con esta disposición.

DIARIO EXTRA conversó con Juan Carlos Gómez, subdirector general de Tributación, quien manifestó que al menos serían 23 mil las que estarían en esa situación.

Estimó que para este momento el 95% de las sociedades no debería tener ningún inconveniente, pero para el 5% restante el trámite podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Si usted es una de esas personas tome en cuenta que estas podrían ser algunas de las razones por las cuales el sistema no lo dejará hacer el pago.

Recuerde que todas las sociedades inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) están exentas de dicha obligación. En su mayoría son pequeñas y medianas empresas.

Otro motivo de rechazo es que el contribuyente no haya presentado la declaración de renta y por lo tanto debe ponerse al día para que luego la administración tributaria pueda calcular el impuesto a las personas jurídicas. En esta condición hay seis mil sociedades.

Una razón adicional es que hay firmas con datos en el Registro Único Tributario (RUT) con inconsistencias, las cuales deben corregirse primero.

Un cuarto factor sería que usted intentara eliminar una sociedad y todavía aparezca como activa.

Según Gómez serían muy pocos los casos en que no pueda pagar porque la información no se ha cargado al sistema y por tanto no aparezca cuando se consulta en el banco. Eso sería casi una excepción.

Si usted tuviera problemas para el pago y necesita ayuda puede escribir a los correos renta2020@hacienda.go.cr e infoyasistencia@hacienda.go.cr.

Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, expresó que la administración tributaria debe facilitar el pago de impuestos.

“Debe asegurar que el contribuyente pueda cumplir con la obligación y no crearle cargas innecesarias, máxime que la expectativa de Tributación es tener una recaudación apropiada”, dijo.  A criterio de Smith, las sanciones no deberían aplicar cuando la falta provenga de la propia administración.

Se estima que en Costa Rica hay 346 mil sociedades registradas con obligaciones tributarias. No se debe confundir con la reciente ampliación del plazo para el pago de renta a las sociedades inactivas, pues el impuesto a personas jurídicas es distinto.

OJO CON LAS SANCIONES

Si no paga este impuesto tendrá las siguientes consecuencias:

La Dirección General de Tributación aplicará sanciones, intereses y multas.

El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones ni inscribir ningún documento.

No podrán ser contratadas por el Estado o cualquier institución pública.

Las deudas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o prenda preferente.

En caso de que se acumule la no cancelación de tres periodos consecutivos será causal de disolución.

Fuente: Colegio de Contadores Públicos

Tributación cambia declaración para las sociedades inactivas


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

La Dirección General de Tributación emitió una directriz con la cual simplifican el tamaño del formulario que se utiliza para la declaración de las sociedades inactivas.  La fecha de presentación del requisito también cambiará, pues la autoridad dará un plazo adicional de dos meses y quince días naturales a partir de la fecha en que se publique el nuevo formulario, pero ya no se deberá presentar el 15 de marzo de 2021.

Sin embargo el formulario aún no se publica, creando confusión en los contribuyentes que deberían completar este requisito.

“En menos de 6 meses la DGT ha cambiado 3 veces los criterios con los cuales se tratarán a las sociedades inactivas. Esto más que ayudar provoca desorden y desconcierto, dos situaciones que se deben evitar siempre, pero especialmente en media pandemia”, declaró Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Según la resolución No. DGT-R-02-2021, la ampliación no aplica a las personas jurídicas que terminaron el periodo fiscal 2020 como inactivas pero que tuvieron actividad en algún momento de dicho periodo, ya que deben presentar el formulario estándar.

“Yo le diría a los obligados que no se confíen y hagan la declaración tal cual está en este momento, así se evitan la confusión y salen de ese trámite. Por supuesto si tienen consultas específicas siempre se les recomendará pedir asesoría para evitarse una sorpresa desagrable”, especificó Volio.

Video de nuestro director MDT. Raymundo Volio sobre el tema Sociedades Inactivas.mp4

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

Bebidas alcohólicas, jabón: Los impuestos con los que el gobierno sí logró ganar

Fuente: CR Hoy

En 2020 Costa Rica registró una caída total en los ingresos por impuestos superior a los ₡500 mil millones, un 11,2% menos comparado con 2019.

Sin embargo no todo fueron pérdidas. Hubo algunos rubros en la recaudación que sí representaron un incremento en relación con el año pasado.

Al realizar la contabilidad de los ingresos y gastos del gobierno, existen dos grandes grupos, uno de ellos compuesto por seis impuestos que representan la mayor parte de los ingresos que percibe el gobierno debido a su volumen, y en una segunda parte una lista de otros impuestos indirectos.

De estos hubo al menos tres que registraron un aumento. El principal de ellos fue el impuesto que se cobra por las bebidas alcohólicas.

Con este cobro el gobierno ganó un adicional de ₡524 millones en relación con 2019, un 1,2% de incremento.

Este es un impuesto específico que se establece por cada mililitro de alcohol absoluto contenido en cualquier bebida alcohólica, sea en la producción nacional o importada.  El impuesto recae sobre la producción nacional en las ventas a nivel de fábrica y en la importación de estos productos.

Otro de los tributos que no sufrió una caída fue el que se cobra sobre el jabón de tocador. El gobierno cobra un monto por gramo de este producto que se comercializa en el país y a pesar de ser un monto relativamente bajo en comparación con los otros impuestos, este registró un incremento del 1% (₡31 millones) en relación con 2019.

En materia de exportaciones Costa Rica también percibió más recursos en 2020 que en 2019, esto a pesar de las medidas sanitarias aplicadas por la pandemia y de que hubo un periodo en que hubo restricciones en las fronteras.

Los principales componentes de este impuesto fue el cobro por caja de banano exportada (aumentó un 8,2%) y por derechos de exportación ( 7,9%).

Dentro de este rubro se incluye el impuesto de exportación por vía terrestre que sí sufrió una caída del 13%, pero que debido a su volumen no impidió que el monto global fuera ligeramente superior al de 2019.

Grandes tributos

En el grupo de grandes tributos, en términos globales todos terminaron con una menor recaudación en 2020, contra 2019.

Sin embargo al desagregarlo, hubo algunos “motores” que impidieron que la caída fuera mayor.

Uno de los casos más representativo es el impuesto sobre el valor agregado (IVA) contabilizado dentro del rubro “impuesto de ventas”.

Esta cuenta está compuesta por el IVA o ventas internas y por el impuesto de ventas de aduanas.

Si bien Aduanas tuvo una caída del 11,9% y generó ingresos por ₡595 mil millones, ventas interno tuvo un incremento del 7,2%, con un volumen de casi el doble que Aduanas: ₡1.027.915 millones.

Esto evitó que el monto global sufriera una caída mayor, y en gran medida, que hubiese una mayor debacle en la recaudación total.

“El IVA es uno de los rubros que más pesa, tiene una caída en el agregado del 0,7% y es consecuencia principalmente de la caída en el IVA que se cobra en Aduanas porque cuando se ve por las transacciones internas más bien ahí tiene un aumento del 7,2%. Pareciera que es el IVA el que logra contener esa caída porque cuando uno ve la caída en el monto absoluto apenas cae en 11 mil millones, apenas un 0,3% del PIB… entonces el IVA se convierte en el impuesto que contiene la caída general”, dijo Isaac Castro, viceministro de Hacienda. 

 

La referencia de Castro tiene que ver con el cálculo inicialmente realizado por la Contraloría General de la República, que a mitad de 2020 estimó una caída en la recaudación de ₡1,15 billones. Al final la caída fue de cerca de la mitad de ese monto.

El rubro tributario que representó un mayor golpe a las finanzas del gobierno fue el impuesto a los ingresos y utilidades, es decir, el impuesto de renta.

Dentro de sus componentes, la mayor reducción fue en el impuesto a las personas jurídicas con una caída del 11%, poco más de ₡150 mil millones de diferencia.

 

Proyecto de ley surgió de Diálogo Multisectorial:  Presentado texto de impuesto de renta global

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de impuesto de renta global, en el que establece como mínimo anual no imponible los ₡8.200.000 sobre las personas físicas, lo que haría que al 70% de los asalariados del país se les mantenga exentos del pago del impuesto.

Además, la propuesta beneficia a todos los trabajadores independientes y a los profesionales liberales en razón de que la iniciativa plantea subir el monto a partir del cual pagarían el tributo, pues solo lo harían aquellos que reciban más de 8,2 millones de colones en el año. Esto implica que algunos ya no tendrían que pagarlo y otros pagarían menos en total.

El texto de ley recoge los acuerdos del Diálogo Multisectorial del pasado octubre y noviembre y destaca en su contenido el reconocimiento de una porción de gastos por alquiler de vivienda o pago de vivienda y gastos médicos, así como crédito por hijos y de ascendientes con dependencia financiera del contribuyente, que serían deducibles para el pago del impuesto sobre la renta.

El otro elemento de gran valor que plantea la propuesta es que la nueva escala progresiva que aplicaría sobre la renta neta de las personas físicas con actividad lucrativa o en relación de dependencia, lo cual hace que el 100% de la carga recaiga sobre el 20% de los hogares con mayor poder adquisitivo en el país.

El diseño de un sistema tributario de renta global dual facilita el cumplimiento de las obligaciones, permite una administración más eficiente y disminuye posibilidades de arbitraje de parte de los contribuyentes, los cuales verán menos atractivo tratar de disfrazar sus fuentes de ingreso en busca de un tratamiento más favorable. Esto sucede porque se constituye una escala igual para ambos (27,5% tanto persona física como jurídica).

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, hizo ver que con la remisión a la Asamblea Legislativa de los últimos tres proyectos de Ley que forman parte del ajuste fiscal que está desarrollando el país, se cierra lo que corresponde al tema de ingresos en este proceso de ajuste.

“Se trata de los proyectos que ya habíamos referido sobre renta global, el impuesto de 0,5% a los inmuebles de lujo con un valor superior a los ¢150 millones, y otro que viene a establecer una contribución a las empresas públicas, adicional a las contribuciones que realizan actualmente.  También, en los próximos días presentaremos un presupuesto extraordinario, en el cual se estarán incorporando más de ¢38.000 millones (0,1% del PIB) en gasto social, para reforzar el contenido social del presupuesto y permitir que las instituciones que hoy están dedicadas a programas relacionados con becas, cuido, pensiones no contributivas, entre otros, cuenten con más recursos para llevar adelante su labor en beneficio de todos los costarricenses”, apuntó Villegas.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, dijo que las iniciativas presentadas contribuyen al trabajo conjunto por estabilizar la economía del país y fortalecer las finanzas públicas, así como tener los recursos para programas esenciales de la población y solventar las necesidades de financiamiento del próximo gobierno. “Agradezco la anuencia de los diputados y diputadas de discutir estos temas y buscar consensos para su aprobación”, puntualizó Dinarte.

Plan de renta global amplía base de contribuyentes asalariados, pero también las deducciones

Fuente: La Nación

El Proyecto de Renta Global Dual, propuesto por el Gobierno dentro del paquete de medidas acordadas con el FMI, incorpora cambios profundos en la forma en que los trabajadores asalariados y cuenta propia pagan, actualmente, el impuesto sobre la renta al fisco.

Entre los principales cambios están que amplía la base para determinar cuáles son los ingresos de una persona, pues ya no toma en cuenta solo el salario, como ocurre actualmente, sino que incluye otras rentas adicionales como venta de servicios y bienes; o las dietas por participar en junta directivas, que son catalogadas como ingresos mensuales recurrentes de la persona.

Adicionalmente, amplía la base de contribuyentes del impuesto, pues la exención será para quienes tengan ingresos iguales o inferiores a ¢8,2 millones (¢683.333 por mes). El monto anual exento hoy es de ¢10,1 millones, es decir, ¢842.000 por mes.

“Técnicamente lo que el proyecto hace es que amplía la base del impuesto porque está considerando más contribuyentes, de los que se tienen hoy en día”, explicó Priscilla Piedra, socia de Impuestos de Deloitte.

  “Si los de la persona están por debajo del mínimo exento, no tienen impuesto que pagar, ni deducciones por hacer. Si los ingresos son superiores al mínimo vital, entonces sí debe presentar declaración de impuestos”. Carlos Vargas, director de Tributación.

Carlos Vargas, director de la Dirección General de Tributación, enfatizó que cerca del 70% de las personas físicas quedan por debajo del nuevo umbral propuesto en el proyecto de ley.

“Con la propuesta de renta global dual, primero se pone a la persona como centro del sistema, de manera que todo los ingresos de la persona sin importar la fuente, salvo las rentas de capital, se consolidan en una sola base y a esta base se le aplica una escala progresiva del impuesto”, explicó Carlos Vargas, director de Tributación.

El proyecto mantiene las tarifas y retenciones a la fuente de las rentas de capital, sean mobiliarias o inmobiliarias, tales como alquileres, certificados de ahorro a plazo, o rendimientos de títulos valores.

La propuesta es que los cambios legales propuestos comiencen a aplicarse a partir del 1.° de enero del 2023.

La iniciativa, enviada el pasado 22 de enero al Congreso, es parte de un paquete de reformas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Gobierno obtenga un financiamiento de $1.750 millones.

Deducciones y declaración

La ley propuesta establece un ingreso mínimo vital que está exento de pago y de presentar declaración de impuestos, precisamente, de ¢8,2 millones al año.

Para el trabajador que esté por encima de dicho monto, la propuesta permite efectuar una serie de deducciones y créditos fiscales.

Por ejemplo, la normativa habilita la posibilidad de establecer reducciones a la base imponible (sobre la cual se aplica el impuesto) por el cónyuge, hijos y dependientes mayores de 65 años.

En el caso de la pareja, la propuesta permite la deducción de ¢250.000 al año y para hijos y dependientes de ¢150.000 por persona.

También se permitirán reducciones en los casos en que los padres estén divorciados y uno de ellos tenga obligaciones de manutención.

En estos casos, se permitirá el descuento anual de ¢100.000, por material educativo; y de ¢100.000 por guardería.

La norma también permitiría al trabajador efectuar deducciones por honorarios y gastos médicos de hasta ¢250.000 anuales.

Así como el 15% del monto del gasto por alquiler de vivienda, o del gasto por intereses por un préstamo de vivienda, se detalla en el documento, en total, de 147 páginas.

Una vez hecha todas las deducciones permitidas y los créditos fiscales, por la retención a la fuente, ya sea por ganancias de capital o hecha por el patrono de un asalariado, es que se establecerá la base liquidable del impuesto.

“Si los de la persona están por debajo del mínimo exento, no tienen impuesto que pagar, ni deducciones por hacer. Si los ingresos son superiores al mínimo vital, entonces sí debe presentar declaración de impuestos”, recalcó el Director de Tributación.

 

Empresas públicas aportarían hasta 30% de sus utilidades durante 4años para lograr equilibrio fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Catorce empresas públicas costarricenses darían un aporte solidario de hasta el 30% de sus utilidades como una medida temporal y extraordinaria para enfrentar la crisis generada por la pandemia y contribuir con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Este proyecto de ley N.22.384, presentado por el Gobierno este viernes pretende recaudar anualmente un 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB).

“El propósito de esta iniciativa es que, por un periodo de cuatro años, se aplique un aporte solidario sobre la utilidad de las empresas públicas después del pago de impuestos y cualquier otra carga, para que sea girado al Estado Costarricense, para atender el pago del servicio de la deuda (amortización e intereses)”, especifica la propuesta con el nombre de Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricenses para el ajuste fiscal.

La medida se aplicaría a las siguientes empresas públicas:
• Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias.
• Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y sus subsidiarias.
• Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
• Correos de Costa Rica S.A. (CORREOS)
• Editorial Costa Rica (ECR)
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
• Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
• Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
• Junta de Protección Social (JPS)
• Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)
• Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A.)

La iniciativa agrega que el porcentaje específico que le corresponderá a la entidad será determinado vía decreto. “Para determinar el monto efectivo que deberá pagar cada entidad, el Poder Ejecutivo podrá asignar porcentajes de aporte diferentes, en función de factores como: disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo, entre otras. Siempre que el monto agregado de todos los aportes por año sea equivalente al 0,20% del PIB y que no supere el límite establecido del 30% a las utilidades disponibles”, explica.

Asimismo, el proyecto de ley contempla un apartado de transitorios a las leyes constitutivas de las entidades en los casos en que la normativa vigente podría generar conflictos con la propuesta al prohibir el devengo del Gobierno de un porcentaje de las utilidades netas de tales empresas.

La propuesta es clara en que las entidades no podrán trasladarles el aporte a sus clientes. “Se prohíbe a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales”, detalla el documento.

Este aporte solidario y temporal se cancelaría anualmente y entraría a regir durante cuatro años a partir de la publicación de la ley.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, hizo ver que con la remisión a la Asamblea Legislativa de los últimos tres proyectos de Ley que forman parte del ajuste fiscal que está desarrollando el país, se cierra lo que corresponde al tema de ingresos en este proceso de ajuste.

“Se trata de los proyectos que ya habíamos referido sobre renta global, el impuesto de 0, 5% a los inmuebles de lujo con un valor superior a los ¢150 millones, y otro que viene a establecer una contribución a las empresas públicas, adicional a las contribuciones que realizan actualmente. También, en los próximos días presentaremos un presupuesto extraordinario, en el cual se estarán incorporando más de ¢ 38.000 millones en gasto social, para reforzar el contenido social del presupuesto y permitir que las instituciones que hoy están dedicadas a programas relacionados con becas, cuido, pensiones no contributivas, entre otros, cuenten con más recursos para llevar adelante su labor en beneficio de todos los costarricenses”, apuntó Villegas.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, dijo que las iniciativas presentadas contribuyen al trabajo conjunto por estabilizar la economía del país y fortalecer las finanzas públicas, así como tener los recursos para programas esenciales de la población y solventar las necesidades de financiamiento del próximo gobierno. “Agradezco la anuencia de los diputados y diputadas de discutir estos temas y buscar consensos para su aprobación”, puntualizó Dinarte.

Casas de lujo pagarían un 0,5% de impuesto como parte de acciones para lograr equilibrio fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Las casas de lujo pagarían un 0,5% de impuesto como una medida del Gobierno para afrontar la difícil situación económica y fiscal del Costa Rica y mejorar la recaudación tributaria. Este tributo gravaría a todos los inmuebles de lujo de uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor sea igual o mayor a unos ¢150 millones (es decir, el equivalente a 325 salarios base para cada año).

Para esto, se presentó el proyecto de ley expediente 22.382 Impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, que deroga y sustituye el actual Impuesto Solidario para el Fortalecimiento del Programa de Vivienda, creado en noviembre de 2008.  Esta propuesta simplifica la estructura del impuesto lo que garantiza una más efectiva recaudación del impuesto.

“Este impuesto gravará todo inmueble, urbano o rural, que contenga una o más construcciones e instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una unidad habitacional, utilizada como vivienda habitual, ocasional o de recreo, aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos”, detalla el proyecto presentado este viernes.

No serán sujetos de este tributo aquellos inmuebles en donde se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales y/o comerciales.

De los recursos generados con este impuesto, se le asignará al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) una partida anual, vía transferencia, superior a ¢4.000 millones (8.655 salarios base).
El proyecto de ley es enfático en que ese dinero deberá usarse para financiar programas públicos de atención de asentamientos informales, erradicación de precarios, así como dotar de vivienda digna a personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda estará encargada del cobro, recaudación, administración y fiscalización de este impuesto, cuyo periodo fiscal será anual, comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre, y su pago deberá realizarse durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, hizo ver que con la remisión a la Asamblea Legislativa de los últimos tres proyectos de Ley que forman parte del ajuste fiscal que está desarrollando el país, se cierra lo que corresponde al tema de ingresos en este proceso de ajuste.

“Se trata de los proyectos que ya habíamos referido sobre renta global, el impuesto de 0,5% a los inmuebles de lujo con un valor superior a los ¢150 millones, y otro que viene a establecer una contribución a las empresas públicas, adicional a las contribuciones que realizan actualmente.  También, en los próximos días presentaremos un presupuesto extraordinario, en el cual se estarán incorporando más de ¢38.000 millones (0,1% del PIB) en gasto social, para reforzar el contenido social del presupuesto y permitir que las instituciones que hoy están dedicadas a programas relacionados con becas, cuido, pensiones no contributivas, entre otros, cuenten con más recursos para llevar adelante su labor en beneficio de todos los costarricenses”, apuntó Villegas.

 

Costa Rica descarta impuestos a rendimientos de los fondos de pensiones

Fuente: El País CR

El Gobierno de Costa Rica anunció que no gravará los rendimientos de los fondos de pensiones, y excluye del proyecto de ley Expediente 22.369 “Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”, la reducción en un 50% de la exoneración de la cual hoy gozan los títulos valores que forman parte de las carteras del sistema de pensiones complementarias.

La ministra de la Presidencia Geannina Dinarte y el ministro de Hacienda, Elian Villegas,  informaron de esta medida al Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Eduardo Cruickshank.

E una nota indican que “somos conscientes de que este tema tiene una sensibilidad especial, y por eso hemos dado atenta escucha a los argumentos y preocupaciones planteadas alrededor de la propuesta. Comprendemos las consideraciones que han surgido y se han externado con respecto al ROP y a la seguridad social”.

También se envió una nota al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, el pasado miércoles 20 de enero. Esto por cuanto ambos legisladores han planteado observaciones y preocupaciones sobre este tema, el cual queda resuelto.

En virtud de lo anterior, el Gobierno de la República procedió a conversar el tema con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para excluir del planteamiento la propuesta relativa a los títulos valores indicados.

La modificación a la iniciativa de ley se realizará mediante la presentación de una moción de fondo para eliminar del proyecto los artículos 2 y 3 relacionados con este tema.

¿Qué nuevos impuestos le esperarían en un acuerdo con el FMI?

Fuente: La República

Los impuestos serán parte sí o sí de un potencial acuerdo con el FMI, ya sean nuevos, mediante la eliminación de exoneraciones o modificando existentes.

Y es que en lo que se conoce de la propuesta del Gobierno, en materia de ingresos, más allá del establecimiento de un dividendo a empresas del Estado que generaría un rendimiento de 0,2% del PIB para el 2023, se barajan temas referentes a impuestos.

Un ejemplo es la eliminación de algunas exoneraciones con las cuales se plantea obtener un rendimiento del 0,6% del PIB para el 2023. En ellas destaca gravar premios de lotería superiores a ¢462.200 (salario base actual) y al salario escolar.

Otras son las modificaciones que han surgido con más reacciones adversas, que incluso, el propio jueves se retiraron; en específico, la idea de generar una tasa de impuesto del 7,5% sobre los rendimientos del sistema de pensiones complementarias.

Lo que iba a implicar una reducción del saldo del 14% luego de 40 años de ahorro y hasta un 18% menos en el monto de la pensión que recibiría cada trabajador, según especialistas.

Incluso, un efecto lo hubiese tenido el propio Ministerio de Hacienda por la medida, considerando que los fondos de pensiones son los principales demandantes de bonos de deuda interna del Gobierno, lo que llevaría a perder a grandes compradores por la afectación económica que estos tendrían, o bien, que estos cambien sus condiciones.

“Para el propio Ministerio de Hacienda tiene un efecto, cuya importancia de los fondos de pensiones es mayor en los últimos años; impactará ya sea el costo de recursos para Hacienda o impactará la cantidad disponible para Hacienda para sufragar las fuertes necesidades de financiamiento”, dijo Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones, en su momento.

Otra inconformidad ha surgido por potenciales ajustes a las rentas de capital, al proponerse una homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a la tarifa general del 15%.

Cooperativas y asociaciones solidaristas fueron los primeros en reaccionar, pues se les aumenta la carga considerando que los asociados a las primeras pagan un impuesto sobre los excedentes del 10%, mientras que en los segundos se pagan tarifas diferenciadas del 5%, 7% y 10%.

Patronos: lo que deben hacer para reducir la jornada laboral en sus empresas por tres meses


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

A pesar de las aperturas reguladas algunos patronos todavía no han podido volver a sus niveles de trabaja pre pandemia, por lo que recientemente se firmó la Ley No. 9937, que autoriza la reducción de las jornadas laborales por 3 meses, dada la situación de emergencia nacional que vive el país.

“Empezamos el año como lo terminamos en materia de empleo. Es decir, los patronos podrán reducir jornadas por tres meses más, siempre y cuando demuestren la afectación de la pandemia en sus negocios”, comentó Ana Isabel Borbón, especialista en derecho Laboral de Actualidad Tributaria.

Para Borbón la situación es crítica, pues el país pasa por una de sus peores rachas de desempleo de los últimos 5 años. “24% no es una cifra halagadora, pero si la situación de la pandemia continúa como hasta ahora, es posible que no podamos bajar estas cifras”.

El objetivo de esta ley es proteger el empleo en aquellas industrias que aun no se hayan podido recuperar debido a la pandemia y que así puedan demostrarlo, requisito indispensable para que puedan optar por la reducción de jornadas.

Borbón le recuerda a los patronos que deben solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo, al tiempo que deben cumplir los mecanismos autorizados por la ley para acceder a la ampliación por los siguientes tres meses.

Adicionalmente subraya que los tres meses empiezan a regir en el momento que el patrono inició la apliación de la medida y se realizó el trámite respectivo ante la autoridad.

“Los patronos no deben olvidar que esto es una medida transitoria y que si no pueden mantener al trabajador en su puesto, deben liquidarlo como lo establece la ley costarricense, de lo contrario, se exponen a las consecuencias que la misma ley estipula”, sentenció Borbón.


Cambio de PIB anunciado por BCCR modifica déficit fiscal y relación deuda PIB al cierre del 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que la actualización de las cuentas nacionales, con periodo de referencia al año 2017 y el consecuente cambio del Producto Interno Bruto (PIB) para dicho año (3,5 puntos porcentuales mayor al estimado con base en metodología anterior), provocará un cambio en las cifras fiscales al cierre de 2020, las cuales se modifican de la siguiente manera:

Si bien las cifras que comunicó Hacienda a inicio de semana se determinaron a partir de la misma metodología y porcentaje del PIB según las cuentas nacionales con año base 2012, la actualización de estas cuentas (año base 2017) exigen su concordancia con el nuevo PIB, sobre todo considerando que la información del déficit y de la relación deuda PIB son muy importantes para el análisis y la toma de decisiones, tanto del Gobierno como de los distintos actores que participan de la actividad económica del país.

 

“No podemos solo sustentar este acuerdo en impuestos y recorte” indica Zoila Volio

Fuente: El Mundo CR

La diputada independiente Zoila Volio manifestó preocupación por la forma en que se compone la propuesta de negociación para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que no se contempla el tema de reactivación económica.

«Una de mis observaciones fue que no veía ningún componente de reactivación económica, generación de empleo e inversión, eso es clave no podemos solo sustentar este acuerdo en la parte de impuestos y en la parte de recorte», aseguró la diputada Volio.

Sin embargo, la legisladora señaló que los representantes de la misión no hicieron ningún comentario al respecto, ante su inquietud.

«Tampoco hablaron de los plazos, de cuando tiene que estar listo, y tampoco nos comentaron las condiciones que ellos piden. Si fueron muy enfáticos en que quieren que el proceso sea trasparente, y que una vez que el acuerdo sea aprobado será revisado cada seis meses, en este momento lo que están haciendo es detallando puntualmente si los ajustes y las proyecciones que ha presentado el Poder Ejecutivo son viable y precisas», aseguró la legisladora.

«Esto apenas empieza pero es un primer acercamiento que creo que fue productivo», concluyó Volio.

El pasado 11 de enero el Gobierno inició la negociación con el FMI para suscribir un Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional, el cual permitiría acceder a fondos por $1.750 millones.

Régimen de Zonas Francas recibió privilegios por ¢375.784 millones en exoneraciones en 2019

Fuente: Semanario Universidad

Las exoneraciones en impuesto a las utilidades de las empresas del Régimen de Zonas Francas (RZF) alcanzaron ¢375.784 millones en el 2019, según datos del Ministerio de Hacienda, como parte de los privilegios de los que gozan estas empresas, por lo que representantes de diversos sectores y economistas proponen que se revisen estos incentivos fiscales.

Los beneficios de los que gozan estas empresas son exoneraciones del impuesto sobre la renta, del pago del impuesto de bienes inmuebles por 10 años, de impuestos asociados con la exportación o reexportación de producto, del impuesto sobre las remesas al extranjero, y de patentes municipales por 10 años.

Si se suman todas estas exoneraciones del 2019, representan un 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del informe «El Gasto Tributario, Metodología y Estimación Año 2019», del Ministerio de Hacienda.

Ese 1,04% corresponde a la mitad de lo que planea generar el Gobierno con sus medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal, incluidas en la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según cifras del Gobierno, la reducción de gastos, venta de activos y creación de ingresos generarían un 2,11% del PIB.

Economistas afirman que hay un espacio para revisar los esquemas de privilegios de las Zonas Francas, considerando el peso de lo que significan estas exoneraciones para el país (Ver nota “Posible contribución solidaria de empresas de zonas francas fue desechada sin discutirse”).

Son los principales argumentos de quienes defienden que estos beneficios no se pueden eliminar: que generan mucho empleo, que las empresas se irán a otros países si no tienen seguridad jurídica, y que las altas cifras de exportaciones son un gran aporte a la economía.

Cabe recordar que Philippe Garnier, hijo del ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, figura como el principal tenedor de Zonas Francas del país, con cinco vínculos a sociedades.

Además, antes de ocupar su cargo como jerarca del Ejecutivo, André Garnier fue tesorero en Flexipark, presidente en Zona Global Dos y tesorero en El Cafetal.

EL TEMA DEL EMPLEO

Jorge Sequeira, director general de la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica (Cinde), ante consulta de UNIVERSIDAD, dijo que “son más los beneficios que estas empresas dejan al país por las exoneraciones que los que reciben” y citó como ejemplo la creación de 20.000 empleos formales durante 2020, que un 44% del empleo en Zonas Francas es ocupado por mujeres, que un 85% de los empleados de empresas de servicios de Zonas Francas provienen de colegios públicos y que pagan $585 millones anuales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según Cinde, estas empresas emplean directamente a 125.039 personas. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esto solo representa un 7,1% del total de personas ocupadas en el país (1.745.257) (ver infografía).

Consultado por este medio, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, dijo: “De manera clara y contundente, la Cámara de Industrias de Costa Rica se opone a que se revisen las condiciones del Régimen de Zona Franca, por considerar que se lesionaría la seguridad jurídica y se afectaría enormemente la promoción y la inversión extranjera en el país”.

“Contrario a poner en discusión la revisión del Régimen de Zona Franca, que sin lugar a duda generará desconfianza a los inversionistas, lo que corresponde es más bien fortalecer el sistema productivo costarricense por medio de una mejora en las condiciones para hacer negocios, el fomento de la innovación, el desarrollo de encadenamientos productivos y de clústeres”, declaró Egloff.

EL ARGUMENTO DE QUE OTROS PAÍSES SE LAS LLEVARÁN

Según Sequeira, si Costa Rica comienza a modificar las reglas del juego a estas 330 empresas, muchos otros países les abrirán las puertas para que lleven su inversión hasta ellos.

Afirmó que, incluso, los países están abordando medidas para aliviar el impacto o bajar cargas tributarias para este sector. El también exgerente de Procomer insistió en que estas inversiones se ubican donde encuentren las mejores condiciones para invertir.

“Son empresas con arraigo, un potencial cambio en las reglas del juego generaría inseguridad jurídica, poniendo en riesgo el 70% de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país y el 82% del empleo nuevo que deriva de las reinversiones”, dijo.

De acuerdo con datos analizados por Cinde en 15 países, ninguno está poniendo nuevos impuestos, sino “abordando medidas para aliviar el impacto de la crisis sanitaria y/o bajar cargas tributarias”.

¿Qué ha pasado en otros países o zonas que han tomado medidas de eliminación de incentivos?

Según Sequeira, en el 2006 Puerto Rico eliminó exoneraciones y perdió el 40% del empleo en manufactura; mientras que en el 2016 Guatemala cambió el régimen de exoneraciones y provocó la salida de 125 empresas.

“A falta de condiciones de competitividad adecuadas con respecto a nuestros principales competidores (costo de la energía eléctrica, infraestructura deficiente, tramitomanía, baja productividad y altos costos de operación, incluyendo salarios mucho más altos relativo a nuestros competidores), el RZF permite equiparar las condiciones con otros mercados, compensa las fallas del mercado local y la amplia oferta de incentivos que dan otros países competidores. Esto no es exclusivo de Costa Rica”, señaló el ingeniero.

Sin embargo, el economista e investigador en formación y efectividad de políticas públicas, Luis Carlos Olivares, señaló que “es un mito que si se le pone a las Zonas Francas un cierto porcentaje de impuesto sobre la renta o del IVA se van a ir, porque el arraigo de esas empresas no se basa solamente en los regímenes de exenciones fiscales”.

De hecho, Cinde coincide en lo del arraigo. Según Sequeira, “estas compañías buscan disponibilidad de talento humano, incentivos para el desarrollo de su actividad, estabilidad social y estabilidad jurídica de la normativa que las rige”.

“Si el país donde se instalan ofrece esto y más, llegarán para quedarse, como actualmente lo hacen más de 330 empresas, que siguen reinvirtiendo a más de diez años de su llegada; es decir: tienen arraigo”, agregó Sequeira.

APORTE A LA ECONOMÍA CONTRA SACRIFICIO FISCAL

De acuerdo con el más reciente estudio de impacto de Zona Franca 2015-2019, elaborado por Procomer, en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y Cinde, la contribución absoluta de las ZF sumó $4.727 millones en 2018 y $5.219 millones en 2019. Las empresas compran el 43% de sus insumos a más de 11.000 proveedores, de los cuales 1.350 son Pymes y en el 2019 estas compras fueron por $2.323 millones.

No obstante, Olivares afirmó que, de todo el parque empresarial de Pymes, las que tienen encadenamientos productivos con empresas de ZF no alcanzan ni el 1%. Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el 2017 había alrededor de 108.079 Pymes.

Olivares expuso, por ejemplo, que el monto de exoneraciones de las Zonas Francas ha crecido a un ritmo del 11% en términos acumulados durante los últimos 10 años, y ha sido de aproximadamente $4.870 millones en una década.

“Con eso se paga unas seis o siete veces el déficit fiscal”, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD, refiriéndose al gasto tributario o lo que se ha dejado de percibir por concepto de no cobrarles impuestos a estas empresas.

Olivares sugiere una revisión (reducción) de tipos impositivos a las Zonas Francas; un impuesto con carácter de progresividad en la frontera del tiempo.

“Han pasado muchos años en que las Zonas Francas han disfrutado de esquemas de privilegios muy consolidados, compuestos por 143 leyes que provocan un gasto tributario del 6% del PIB. Hay un espacio para revisar ese esquema de privilegios, sobre todo a los efectos que estamos en una crisis fiscal, en una crisis de deuda y en una crisis sanitaria que demanda muchísimo dinero”, enfatizó el economista.

“Entonces antes de revisar otros esquemas que afectan la pobreza, la inequidad y el poder adquisitivo de personas de menores ingresos, podríamos revisar esquemas de sectores que han gozado de privilegios durante muchísimo tiempo”, expresó Olivares.

Asimismo, un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se aborda el caso de las Zonas Francas de Costa Rica por el economista Daniel Artana exponía que una de las críticas a otorgar “vacaciones tributarias” en el impuesto a la renta de las empresas «es que pueden favorecer a proyectos de alta rentabilidad que quizás se hubieran concretado de todas maneras.

En dicho informe, «Atracción de Inversión Extranjera y Desarrollo Productivo en Mesoamérica y República Dominicana», de 2015 se sugiere explorar un régimen de incentivos “superador”, que concentre los incentivos únicamente en las nuevas inversiones y los limite a una rentabilidad “normal” del capital. «De esta manera, los proyectos con rentas extraordinarias así como los proyectos viejos que no realizan nuevas inversiones pagarían algo del impuesto a la renta», explica.

COMPETENCIA CON EMPRESAS EN RÉGIMEN DEFINITIVO

Luis Carlos Olivares también ha destacado que diversas prácticas comerciales paulatinas han consolidado una situación “de hecho” que le permitió a las empresas de Zonas Francas vender al mercado interno, siempre y cuando paguen IVA.

Olivares explicó que esto genera un proceso de competencia desleal porque, si bien tienen que pagar IVA por la proporción de las ventas destinadas al mercado interno, “en el proceso de producción anterior sí estuvieron exentas de los cánones de comercio, sí importaron sin impuestos, no tuvieron que pagar impuestos sobre la renta, como sí lo hicieron las empresas que están en el régimen definitivo”.

Además, añadió que “sobre esto ha habido cero pronunciamiento de las autoridades de la competencia”. Se estima que un 4,2% de las ventas totales de Zonas Francas son ventas al mercado nacional, según Cinde.

Este medio consultó a las autoridades de Gobierno al respecto. El ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, respondió que las ventas que hagan las empresas de Zonas Francas al mercado local deben pagar el IVA y nacionalizar sus materias primas importadas y utilizadas en su proceso de producción, “lo que implica el pago de todos los impuestos a la importación aplicables, tal como le correspondería a cualquier empresa que venda bienes o servicios en el país”.

Procomer es el ente encargado de vigilar el cumplimiento de estas normas, lo cual se sanciona según lo que dispone la ley, dijo el jerarca.

“Permitir que estas empresas realicen ventas en el mercado local es necesario para cumplir con los estándares y acuerdos internacionales que regulan esta materia, según los cuales no es permitido aislar al mercado nacional de los beneficios y efectos de un incentivo fiscal”, añadió Valenciano.

Para Enrique Egloff, de la Cámara de Industrias, “es evidente que existe una diferencia en el desempeño entre la industria ubicada en regímenes especiales con la de régimen definitivo”; pero apuntó que dicha diferencia se explica “en buena parte por la dinámica del comportamiento de los mercados, particularmente en tiempos de pandemia con el comportamiento de la demanda de los bienes y servicios”.

“Mientras que en los regímenes especiales encontramos actividades dirigidas a nichos o mercados especializados cuya demanda no se ha visto afectada por los efectos de la pandemia, sino que en algunos casos ha aumentado, como puede ser el caso de ciertos dispositivos médicos.

En el caso del régimen definitivo, las empresas manufactureras mayoritariamente dependen del mercado interno y del mercado centroamericano, con productos menos especializados, cuya demanda se ha visto afectada por la caída de los ingresos de los consumidores y la contracción de la actividad económica en general”, comentó Egloff. (Ver nota “Un 33% de exportaciones totales del país son dispositivos médicos”).

“Para dinamizar la actividad económica manufacturera es necesario garantizar la seguridad jurídica y mejorar la competitividad, indistintamente del régimen, siendo para ello indispensable reducir los costos de producción asociados a las tarifas eléctricas y combustibles, simplificar los trámites, facilitar el comercio, entre otros”, afirmó Egloff.

IMPACTO AL NO PAGAR IMPUESTOS TERRITORIALES

Durante el diálogo multisectorial 2020, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) destacó que era necesario que los alquileres en Zonas Francas paguen impuestos, como cualquier otro negocio, incluyendo renta; y que también paguen licencias comerciales.

Sequeira explicó que según la Ley de Zonas Francas, las empresas que tengan un “Acuerdo Ejecutivo” que les conceda un nuevo otorgamiento del Régimen están exentas del pago del impuesto de bienes inmuebles por 10 años.

Pero algunas municipalidades dejaron de aplicar la exoneración, “afectando la seguridad jurídica”, dijo Sequeira, debido a “una mala interpretación de la ley, producto de un cambio terminológico, que transformó el impuesto territorial en impuesto sobre bienes inmuebles”.

Debido a lo anterior, el año pasado la Asamblea Legislativa interpretó “de forma auténtica” la ley, señalando que “donde dice ‘impuesto territorial’ debe entenderse ‘impuesto sobre bienes inmuebles” (Ley 9851 del 17 de junio del 2020).

“La interpretación auténtica a la Ley de Régimen de Zonas Francas dio certeza jurídica sobre este punto, aclarando de forma rotunda la equivalencia entre ambos términos y, por ende, la procedencia de la exoneración por el plazo de 10 años”, confirmó Sequeira.

De acuerdo con Luis Carlos Olivares, esta exención en el pago de impuestos territoriales claramente daña la capacidad de recaudación de las municipalidades.

“Eso ha provocado una disminución en la posibilidad de orientar la política de incentivos para la instalación de empresas en cantones determinados (sobre todo aquellos cantones que no están participando de los flujos de inversión extranjera, que son los cantones de la periferia y que tienen bajos índices de desarrollo humano y que no tienen clústeres de zonas francas”.

ANEP solicita una nueva reunión con el FMI

Fuente: El Mundo CR

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de realizar una segunda reunión con el fin de «abordar con mayor amplitud los diversos planteamientos y propuestas alternativas existentes para que Costa Rica supere la crisis fiscal sin la necesidad de un convenio con el FMI».

La solicitud se realizó por medio de una carta dirigida a Manuela Goretti Jefa de la Misión del FMI para Costa Rica.

En el documento se indicó que ANEP piensa «que es imposible para conformarse un criterio justo y equilibrado por parte del FMI, que no se considere la amplia vastedad de planteamientos alternativos, formulados de manera responsable con relación al planteamiento gubernamental; planteamientos que buscan articular una respuesta nacional a la crisis fiscal. Estamos convencidos que las máximas autoridades político-ejecutivo del país, a ustedes de ello no se les informan nada».

Desde ANEP aseguraron que luego de la reunión virtual sostenida con el FMI el pasado 15 de enero, «quedó claro la línea política indicada por Goretti, al manifestar que no existe ninguna condición que obligue al país a aprobar el proyecto de empleo público a cambio del crédito Servicio Ampliado de Fondos, por un monto de 1.750 millones de dólares, y en efecto, hay más cosas que aclarar respecto al discurso del Gobierno Alvarado Quesada hacia la ciudadanía costarricense».

Asimismo, en el documento expusieron que ahora se utiliza «el tema de los “estándares internacionales”, como nueva muletilla presidencial a favor del cuestionado proyecto, es algo peculiarmente “novedoso”, sobre lo cual es urgente clarificar su relación con un país como Costa Rica en el actual estado de la situación nacional política, económica y social».

Este lunes el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó a los diputados aprobar el proyecto de Empleo Público, afirmando que cumple con estándares internacionales y es clave para reducir el gasto público.

Déficit fiscal del Gobierno cerró en 8,3% de la producción en el 2020, por debajo de la estimación

Fuente: La Nación

El Gobierno finalizó, el 2020, con un déficit fiscal equivalente al 8,3% del producto interno bruto (PIB), casi un punto porcentual menor a lo estimado dentro de la programación económica (9,2%).

Así lo informó Elian Villegas, ministro de Hacienda, este lunes 18 de enero, en una conferencia de prensa virtual.

Pese al resultado financiero adverso, el segundo más voluminoso desde 1981, cuando fue de 9,1% de la producción, Villegas destacó que cerraron con un déficit menor al esperado, dado la fuerte caída del 11% en los ingresos tributarios generada por la pandemia sanitaria.

En la revisión de la programación económica del 2020–2021, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) incluyó, a mediados del año anterior, que el déficit fiscal del Gobierno sería de 9,3% del PIB.

El endeudamiento público también fue menor al esperado, pues cerró el año pasado en 69,7% de la producción, pero el Gobierno esperaba rondara el 70,1% del PIB.

“Hace cinco meses se decía que el Gobierno caería en default en setiembre, luego de que el déficit sería del 11,7% del PIB en diciembre, pero no fue así”, destacó Villegas.

El funcionario no brindó la proyección del déficit fiscal para este año, pues afirmó se dará una vez cerradas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues dependerá del acuerdo al que se llegue con el organismo multilateral.

Menos transferencias e inversión

El jerarca de Hacienda explicó que la reducción en el gasto se logró mediante recorte del gasto público. En específico, el recorte del gasto se dio en las transferencias corrientes del Poder Ejecutivo.

Al cierre del 2020, estas ascendieron a ¢2,83 billones, es decir una reducción interanual del 2,42% comparado a los ¢2,90 billones del 2019.

La baja más significativa fue hacia instituciones del sector público, dado que ascendieron a ¢1,69 billones, es decir una baja del 14,5% el año pasado, comparado con los ¢1,98 billones del 2019, según los datos publicados por Hacienda.

“La reducción en el gasto obedece a un esfuerzo de todo el Estado con recortes presupuestarios y la no transferencia de ciertas partidas. La única forma de ahorrar es sencillamente no gastando. La única forma de contener el gasto público es dejando de gastar”, explicó Villegas.

El jerarca resaltó que se dejó de hacer transferencias catalogadas como no esenciales, en diversas instituciones públicas.

Isaac Castro, viceministro de Hacienda, detalló que el recorte en específico en las transferencias al sector público fue de ¢288.355 millones.

“El desglose abarca una cantidad grandísima de instituciones públicas que recibían el dinero. No es que se pospuso pagos, pues todas esas instituciones están al día en sus obligaciones. En cada uno de los presupuestos extraordinarios se fue recortando durante el año pasado”, destacó Castro.

El viceministro añadió que, por el contrario, las transferencias dirigidas al sector privado se incrementaron, pues contenían muchas de las ayudas económicas dadas por el Gobierno a afectados por la pandemia de la covid-19, como el Bono Proteger.

Las transferencias al sector privado ascendieron a ¢1 billón el año pasado, lo cual significa un aumento del 18%, comparado al mismo periodo del 2019, cuando fueron de ¢872.220 millones.

El recorte en el gasto de capital fue otro de los rubros relevantes en la baja del déficit financiero.

Los datos de Hacienda muestran que la inversión fue de ¢444.014 millones en los 12 meses del 2020. Esto significo una reducción del 38% frente a los ¢718.825 millones del 2019.

Villegas destacó que el Gobierno también logró contener el crecimiento de los salarios, pues este rubro ascendió a ¢2,48 billones, el año pasado, lo cual significa un alza de 0,2% frente a los ¢2,47 billones del 2019.

El pago de intereses de la deuda pública fue el rubro que más se elevó porcentualmente. Este fue de ¢1,68 billones el año anterior, frente a los ¢1,51 billones, en el 2019, lo cual significó un alza del 11%.

Al final del periodo del 2020, el déficit fiscal del Poder Ejecutivo fue de ¢2,9 billones que se financió mediante deuda interna y externa. El 70% de los recursos los obtuvo de la colocación de títulos valores en el mercado local.

Mientras que el restante 30% con préstamos externos de apoyo presupuestario, entre los que destacan el crédito rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI), por $521 millones, o el de $500 millones otorgado por el banco de desarrollo de América Latina (CAF).

Caída en ingresos

Por otra parte, los ingresos totales del Ejecutivo fueron de ¢4,77 billones el año pasado, lo cual significó una baja del 11% frente a los ¢5,36 billones del 2019.

El jerarca de Hacienda detalló que la principal contracción se dio en la recaudación impositiva, pues ingresaron a la Hacienda Pública ¢587.000 millones menos.

Sin embargo, destacó que al comienzo de la pandemia la proyección era de una caída del doble, es decir, casi ¢1,2 billones.

Villegas explicó que las reaperturas de actividades económicas, con las respectivas medidas sanitarias, fue una de las razones que más ayudaron a que la caída no fuera como la prevista.

El impuesto sobre la renta, uno de los más relevantes, reportó una recaudación de ¢1,65 billones el año pasado, lo cual significó una baja del 11%, comparado con los ¢1,85 billones del 2019.

En tanto, el impuesto del valor agregado (IVA) tuvo una menor caída a la esperada, enfatizó el Viceministro Isaac Castro.

Los datos de Hacienda muestran que el ingreso fue de ¢1,62 billones, es decir 0,7% menos comparado a los ¢1,63 billones del 2019.

 

 

Dos créditos internacionales hacen fila en Congreso a espera que el Gobierno logre acuerdo con FMI

Fuente: El Financiero

Dos préstamos otorgados a Costa Rica por organismos internacionales están en la Asamblea Legislativa y su futuro depende de muchos factores; entre ellos, la concreción del acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manifestación de señales políticas más claras por parte del Gobierno.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, pide a los diputados que aprueben el proyecto de ley 22.214 en el cual se tramitan dos operaciones por $300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro también por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), este último inicialmente ligado al fondo de avales y garantías.

“Para nosotros esos créditos son importantes, siempre es necesario contar con fondo de caja y ese dinero nos permite no presionar el mercado local y ahorrar en tasa de interés”, agregó el jerarca en entrevista con este medio.

El ministro afirma que el programa con el Fondo por $1.750 millones a tres años, abonará la confianza de los mercados e inversionistas lo que permitirá negociar nuevos empréstitos con organismos multilaterales a lo largo del 2021 para cambiar deuda cara por otra más barata.

Además, considera que bajo la aplicación de un ajuste fiscal respaldado por el FMI, Costa Rica podría evaluar más adelante otras fuentes de financiamiento como una nueva emisión de títulos de deuda externa, conocidos como eurobonos.

En el tintero

El Plan de Endeudamiento del I Semestre del 2020 presentado por el Ministerio de Hacienda incluyó un total de nueve empréstitos internacionales, de los cuales seis eran de apoyo presupuestario y tres estaban destinados a financiar programas específicos.

En el tintero de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso se encuentran dos préstamos, cada uno por $300 millones, que se tramitan como un sólo expediente.

El crédito con el (BID) por $300 millones se destinará al canje de deuda pública, mientras que inicialmente la operación con el BCIE, también por $300 millones, estaba dirigida a financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías.

Sin embargo, en una segunda versión del proyecto de ley del fondo de avales, el Gobierno planteó que esos recursos entren directo a la Caja Única y que cada año Hacienda los presupuestará de manera ordinaria para responder por los avales y garantías.

Esta posición despertó las dudas de la banca, sobre todo en momentos adversos para las finanzas públicas donde la incorporación de $300 millones al flujo de caja del Gobierno, ante eventuales problemas de liquidez, podrían redirigir ese dinero al pago de gasto corriente o transferencias.

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, explicó que posiblemente el Ejecutivo planteará cambios al proyecto del fondo de avales para presentar una tercera versión ligada nuevamente al crédito del BCIE.

De acuerdo con Hernández, sobre estos dos préstamos no hay plazo, como sí ocurrió con los dos empréstitos del BID que se perdieron en 2020; lo cual abre una mejor perspectiva para la discusión en Cuesta de Moras.

En el plan de endeudamiento del Gobierno también figura un crédito por $50 millones proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se debe destinar a gastos gubernamentales ante la pandemia. Ya fue aprobado por el organismo y el contrato está en negociación.

El 1.° de diciembre del 2020 la CAF aprobó una nueva línea de crédito para Costa RICA por $500 millones (similar a la otorgada en abril del año pasado), bajo el formato de apoyo presupuestario ante la crisis de la COVID-19.

Villegas confirmó que todavía están en negociaciones con la Corporación para construir el proyecto de ley y enviarlo al Congreso.
Doble fracaso

Las expectativas del ministro de Hacienda son positivas a pesar de que el 2020 dejó el fracaso de dos créditos internacionales en la Asamblea Legislativa.

El primer tropiezo tuvo lugar entre agosto y setiembre con una operación de $245 millones aprobada por el BID, que en principio se destinaría a cubrir el pago de los bonos Proteger y a “gastos elegibles”.

Sin embargo, tras una serie de confusiones entre Geannina Dinarte, entonces ministra de Trabajo y Villegas, quienes no lograron explicar claramente a los diputados cómo utilizarían $159 millones de ese préstamo; finalmente el expediente no fue aprobado.

El Ejecutivo no específico cómo se usaría el 60% del monto total del crédito que se destinaría a “gastos elegibles” y planteó la idea de redirigir esos recursos para reintegrar a Hacienda parte de los giros en bonos Proteger.

El segundo fracaso tuvo lugar en diciembre del 2020, cuando el cierre forzado del Congreso por casos de COVID-19 sepultó definitivamente otro préstamo con el BID por $250 millones.

Con esta operación el Gobierno pretendía sustituir deuda pública por otra en mejores condiciones de tasas y plazos para ahorrarse hasta $13 millones al año en el pago de intereses.

Por tratarse de un empréstito especial en el marco de la pandemia, la operación tenía un plazo de vencimiento al 6 de enero del 2021, pero el receso legislativo arrancó el 16 de diciembre y concluyó el 11 de enero.

La bancada legislativa del Partido Liberación Nacional, junto con otras agrupaciones, lideró una iniciativa de bloqueo a este contrato y se opuso tres veces a aprobar una moción para acelerar su aprobación en el plenario.

Los verdiblancos primero pidieron al Gobierno mayores recortes al gasto público en el Presupuesto Nacional 2021, luego exigieron conocer en detalle la propuesta de negociación con el FMI y, finalmente, cuestionaron que no se incorporara en el crédito el monto que se destina a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La decisión del PLN fue cuestionada y calificada como un error por los expresidentes Óscar Arias y José María Figueres.

 

 

 

Renta global y recorte a exenciones son plato fuerte del plan del Gobierno para generar más ingresos

Fuente: El Financiero

Las negociaciones entre el Gobierno de Costa Rica y la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya arrancaron, marcadas por un mutismo cauteloso de los voceros del Ejecutivo y por el retorno de los diputados a sus curules.

La propuesta final para concretar un acuerdo de Servicio Ampliado con este organismo contiene tres iniciativas para reducir el gasto público, seis para aumentar los ingresos, y la venta de dos activos.

En el capítulo de medidas para obtener más recursos, tres iniciativas representan el 80% de la apuesta del Gobierno: la renta global, la eliminación de exoneraciones y la creación de un nuevo impuesto a las casas de lujo.

El Ejecutivo ha ido presentando poco a poco los proyectos de ley de ingresos y gastos ante la Asamblea Legislativa.

En ese foro político las bancadas coinciden en aprobar primero la reforma al empleo público y las acciones de reducción del gasto, antes de entrar a revisar las iniciativas para incrementar ingresos.

Sobre el plan existen algunas dudas y quedan vacíos, como el proyecto de renta global que está en elaboración y será presentado en las siguientes semanas. Así lo confirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda, a este medio.

Rumbo a la renta global

En la matemática del Ejecutivo esta es la tercera propuesta que generaría mayores resultados para incrementar el dinero que percibe el Ministerio de Hacienda.

Las cifras presentadas en el plan 2.0 para negociar con el FMI colocan esta iniciativa como una medida clave para lograr el ajuste fiscal planeado que pretende revertir el déficit primario en un superávit del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023.

De acuerdo con Villegas, el texto está en construcción liderado por Carlos Vargas, director general de Tributación, con la ayuda de técnicos de Hacienda y asesores internacionales.

¿Qué se sabe? De lo poco que se conoce hasta ahora, el proyecto de ley planteará gravar con una escala única los ingresos de los asalariados y de los trabajadores independientes. Las tarifas oscilarán entre 10% y 27,5%.

Quiere decir que se aplicaría un incremento de 2,5 puntos porcentuales con respecto a la tasa máxima que pagan estos dos grupos generadores de ingresos, actualmente el gravamen es del 25%.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte y exdirectora general de Hacienda, recordó que la renta global es completamente opuesta al sistema cedular que tiene Costa Rica.

“La renta global parte de un supuesto en donde el individuo o empresa declara su ingreso total, independientemente de las fuentes de generación del mismo, descuenta los gastos correspondientes, y genera la renta neta respecto de la cual cancelará el impuesto”, añadió la abogada.

En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se intentó dar algún grado de globalidad al tributo sobre la renta con la inclusión de elementos como la afectación y los supuestos bajo los cuales se pueden declarar las ganancias y pérdidas de capital.

Piedra dijo que, según especificaciones de Hacienda y con base en los acuerdos del diálogo multisectorial, el proyecto que se presentará al Congreso estará basado en la persona física. Se trata de un texto que dará tratamiento uniforme a los asalariados y a los independientes.

“Se deberían integrar en la declaración del impuesto, los ingresos que las personas físicas reciben de las diferentes fuentes (salarios, inversiones, ganancias de capital, etc.); podrán descontar gastos, como servicios médicos o derivados de créditos, y el resultado de restar a sus ingresos los gastos y las retenciones que funcionan como pagos a cuenta, dará el tributo a cancelar”, puntualizó la abogada tributaria.

Según Piedra este modelo no excluye las rentas empresariales. Sin embargo, la ley tendrá que definir cuándo se pueden atribuir a personas físicas en concreto y cuáles mantendrán el tratamiento como ganancias de sociedades a las cuales, por acuerdo de la mesa de diálogo, también se les aplicará la tasa del 27,5%.

Cambio en exoneraciones

El Gobierno presentó el pasado 11 de enero el proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal (22.369), conocido como el plan para eliminar exoneraciones.

Este expediente plantea suprimir la exención de renta al salario escolar, eliminar el 50% de la exoneración a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias, e incrementa en cinco puntos porcentuales el gravamen de las remesas al exterior que tienen tasas diferentes para cada producto o servicio.

Uno de los puntos más controvertidos fue el aumento por dos años de la tasa que se cobra a las rentas de capital con lo que la tarifa pasaría al 16,5% y luego se homologa al 15%.

Esta medida puntual, aunque fue anunciada por Hacienda en diciembre, no se incorporó al proyecto de ley porque “lo olvidaron”. El Gobierno presentó una nueva versión del texto este martes 12 de enero en el que agregaron este apartado.

Con la aplicación de una tasa temporal que subiría del 15% al 16,5% por dos años, el fisco percibiría cerca de ¢14.400 millones.

La idea del Ejecutivo es igualar en un 15% el impuesto que se cobra a los excedentes que distribuyen las cooperativas y asociaciones solidaristas entre sus afiliados. Actualmente este tributo tiene tasas que van del 5% al 15% según diferentes tramos para los que se utiliza el salario base como referencia.

En caso de ser aprobado por los diputados, la propuesta de ley para modificar o eliminar exoneraciones generaría 0,58% de la producción nacional que equivale a ¢209.407 millones por año.

Esta medida es la que tiene mayor peso en las intenciones del Gobierno para percibir más dinero cada año.

Nuevos ingresos

La ruta al FMI tiene un renglón en blanco, se trata de la o las alternativas para aumentar los ingresos por medio de impuestos con el fin de lograr un rendimiento anual de entre 0,2% y 0,6% del PIB.

El ministro de Hacienda apuntó que se deben buscar acciones que tengan resultados similares a subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14% o aplicar la tasa Tobin a las transferencias bancarias. Estas dos ideas se descartaron por completo porque no tienen viabilidad política ni social.

En su lugar, el Ejecutivo plantea tasas mayores al impuesto de renta global (que todavía está en elaboración) o crear un nuevo tributo a la casas de lujo.

La idea explicada por las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia y Pilar Garrido, de Planificación; a los diputados en una reunión el pasado martes 5 de enero, consiste en cobrar un impuesto del 0,5% a las viviendas con valor superior a los ¢200 millones, en 2021 se aplica a las que sobrepasan los ¢133 millones.

Para conseguirlo se propondría una modificación al hecho generador, que actualmente es la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble habitacional (al 1.° de enero de cada año) ubicado en el territorio nacional y utilizado de forma habitual, ocasional o de recreo.

El actual impuesto a las casas de lujo entró en vigor el 1.° de octubre del 2009. Inició como un tributo temporal por diez años para financiar la construcción de viviendas de bien social y reducir la brecha en esta materia.

Sin embargo, en agosto del 2011 se eliminó su temporalidad y se estableció como un gravamen permanente. A pesar de que Hacienda proyectó una recaudación anual promedio de ¢10.000 millones; en los 11 años que se ha implementado, el monto promedio percibido por año fue de ¢3.585 millones.

El impuesto además es difícil de cobrar pese a que Tributación puso a disposición un formulario más simple. Este es uno de los retos que enfrentaría una nueva versión de la medida.

Premios de lotería y otros

El 20% restante del rendimiento para subir los ingresos se reparte entre la propuesta de gravar los premios de lotería, el aporte de dividendos de empresas estatales y la reforma a la Ley de Aduanas.

El proyecto de tributo a los premios de lotería ya fue convocado a sesiones extraordinarias. Gravaría con impuesto de renta del 25% todos aquellos premios de lotería que superen medio salario base (¢225.100) y produciría 0,09% del PIB por año.

El de dividendos pretende que empresas como, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos públicos o la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras; aporten dinero calculado sobre su rentabilidad y esos recursos se destinarían a abonos para la deuda pública.

Mientras que la reforma a la Ley de Aduanas tiene como fin fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando mediante la incorporación de herramientas tecnológicas como la obligatoriedad de utilizar el Registro Único Tributario (RUT) para importadores y exportadores.

También impondría sanciones actualizadas para quienes incumplan las obligaciones aduaneras e incluye una nueva definición de contrabando para reducir las importaciones ilegales y aumentar la recaudación.

En el Congreso, los legisladores consultados por este medio afirman que darán prioridad a la reforma al empleo público y a las propuestas para reducir el gasto, antes de entrar en la discusión de acciones que suban los ingresos por medio de impuestos.

 

 

 

 

¿Cómo quedarían las tarifas del impuesto a las remesas al exterior de avanzar propuesta al FMI?

Fuente: La República

Las remesas al exterior forman parte de los aspectos que sufrirían cambios de avanzar la propuesta al FMI, y a continuación les presentamos cómo se verían las distintas tarifas.

Este impuesto son básicamente los pagos que se hacen por remesas al exterior; es decir, son rentas de fuente costarricense por servicios y otras contribuciones que se reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica.

Y en el mismo proyecto de reducción de beneficios fiscales, que contempla, por ejemplo, eliminar la exención del salario escolar, se incluye un aumento del 5% en los distintos conceptos de este pago en cuestión.

Nuevas tarifas

• Transporte y las comunicaciones: 13%
• Pensiones, jubilaciones, salarios y cualquier otra remuneración en relación de dependencia: 15%
• Honorarios, comisiones, dietas y otros sin relación de dependencia: 25%
• Reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de cualquier clase: 10,5%
• Películas cinematográficas, películas para televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o sonidos, así como por la   utilización de noticias internacionales: 20%
• Por radionovelas y telenovelas: 55%
• Utilidades, dividendos o participaciones sociales: 20% o 10%
• Intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos de bienes de capital pagados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica o entidades o personas físicas del exterior: 20%
• Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros gastos financieros no comprendidos anteriormente: 20%
• Asesoramiento técnico - financiero, patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías: 30%
• Otras remesas de rentas de fuente costarricense: 35%
• Por pagos a no domiciliados, con ocasión de espectáculos públicos que ocasionalmente se presenten en el país: 20%

Costa Rica y Estados Unidos firman carta de entendimiento para crear observatorio de compra pública

Fuente: Ministerio de Hacienda

Los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos firmaron este jueves una carta de entendimiento en el que se comprometen a crear un Observatorio de Compras Públicas en el Ministerio de Hacienda, para analizar y acceder a información histórica sobre las compras que realizan los diferentes organismos públicos, y facilitar el acceso a la ciudadanía a estos datos.

Esta herramienta tecnológica utilizará datos del Sistema de Compras Públicas de Costa Rica (SICOP) y otras fuentes como el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), para generar información de valor.

El proyecto estará a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y de la Dirección de Tecnologías de la Información, en conjunto con la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA).

Este se realizará con la cooperación económica de la Embajada de los Estados Unidos de América (monto máximo $250.000 USD), bajo el programa de cooperación: “Oportunidad de Financiamiento Número SCS-800-20-GR-00 1-WHA-040620, Programa “Small Grants: Continued Civil Society Engagement- Government Strengthening”.

Dentro de los beneficios que se obtienen con la implementación de la herramienta destacan:

Incrementar la participación ciudadana y rendición de cuentas sobre el uso adecuado de los recursos gubernamentales. Construir una herramienta que promueva la eficiencia, efectividad y transparencia de la contratación pública. Establecer buenas prácticas que contribuyan a la formulación de políticas públicas con visión de largo plazo. Contribuir al desarrollo de mercados más competitivos que promuevan la competencia, la innovación y las oportunidades. Identificar oportunidades de mejora para realizar procesos de compra pública más eficientes. Favorecer el escrutinio público sobre los recursos públicos aportados a través de impuestos, cargos o tarifas. Propiciar la evaluación del impacto de las compras públicas a través de un instrumento de control, de aplicación general.

“La firma de esta carta de entendimiento es un gran avance en materia de transparencia de compras públicas en el país; con su puesta en marcha se mejorará la eficiencia e inteligencia en el gasto público y contribuirá en la reducción del déficit fiscal. Además, gracias al uso de tecnologías innovadoras se podrá contar con información de primera mano, para la toma de decisiones”, indicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Por su parte, Sharon Day, embajadora de Estados Unidos, expresó “este proyecto pondrá el poder en manos de los ciudadanos, para que conozcan mejor cómo se adjudican las licitaciones públicas. La transparencia fiscal informa a los ciudadanos cómo se gastan los ingresos del gobierno y es un elemento crítico de una gestión financiera pública eficaz que también ayuda a que los gobiernos rindan cuentas y se fomente la confianza y sostenibilidad del mercado”.

El Observatorio de Compras Públicas entrará a regir a partir del 2022. En la firma participaron Elian Villegas, ministro de Hacienda y Sharon Day, embajadora de Estados Unidos.

Nuevo criterio para calcular IVA en tercerización de servicios podría elevar costos de contratación

Fuente: La Nación

Las empresas que realizan tercerización de servicios deben cobrar el IVA (impuesto al valor agregado) a sus clientes sobre el monto total del servicio y no solo sobre la comisión, como se había entendido hasta ahora.

Así lo indicó la Dirección General de Tributación en respuestas a consultas planteadas por contribuyentes bajo el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual permite a las personas hacer preguntas sobre hechos concretos.

La tercerización de servicios surge cuando una empresa subcontrata a un tercero para que haga determinada labor, por ejemplo, para encargarse de la seguridad de sus instalaciones, la limpieza o para atender las consultas de los clientes, como es el caso de los call centers.

Francisco Villalobos, socio de ICS Consultores, quien tuvo acceso a algunas de estas respuestas, explicó que el año pasado algunas empresas de tercerización de servicios le consultaron a Tributación si la base imponible del IVA era solo sobre la comisión que cobra la empresa por el servicio o sobre el costo total y Tributación les había contestado, mediante el oficio DGT-454-2020, de marzo del 2020, que era solo sobre la comisión.

“Ahora Tributación cambió de criterio y a todos a los que les habían dicho que era sobre la comisión les están notificando de vuelta y les están diciendo: nosotros cambiamos de criterio: usted tiene que calcular el IVA sobre el total”, indicó Villalobos.

Lo anterior quiere decir que el impuesto de 13% se calcula sobre los salarios, cargas sociales y el servicio de la empresa; “ya no se distinguen los componentes como antes se distinguían”, detalló este especialista.

“La industria había entendido, hasta ahora, que el monto que trasladaba el cliente a la empresa que pagaba su planilla, debía tratarse como un reembolso, pero ahora, los proveedores deberán cobrar IVA sobre un monto mucho mayor, haciendo que el impacto financiero del impuesto ponga en entredicho la conveniencia de contratar este tipo de servicios”, agregó.

Al aplicar el IVA sobre una base mayor el monto a pagar del impuesto sería mayor y eso podría encarecer el servicio; o también la empresa que terceriza servicios podría modificar sus tarifas para paliar el nuevo costo. Todo depende de la estructura del mercado.

Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que las consultas que se hacen con base en el artículo 119 atienden las interrogantes planteadas por los contribuyentes dentro del cuadro fáctico que ellos plantean.

Lo anterior significa que si consultas posteriores aportan elementos que previamente no se han considerado dan lugar a un ajuste del criterio en función de elementos nuevos que se aportan a la discusión.

Añadió que en el caso de estos servicios hay una tercerización del servicio y lo que se contrata es un servicio completo, por lo que no se podría fraccionar un pago de otro.

Esté atento a las multas si no paga el impuesto a “casas de lujo”

Fuente: La República

Prepárese porque hay consecuencias por incumplir con el impuesto solidario a las “casas de lujo”, cuya fecha límite es este propio viernes 15 de enero.

El tributo se cobra a bienes inmuebles con un valor superior a ¢133 millones, y se declara cada tres años, pero su pago es anual.

Es por ello que de obtener en el último año una propiedad por encima de ese umbral, además de pagar, debe presentar la declaración correspondiente.

Por no presentarla, se le multaría con los ¢231 mil, o bien, si tenía que hacer la declaración en años anteriores, y no lo hizo, se le multaría con medio salario base de cada año de incumplimiento.

Por estar pendiente de pago, ahí la multa sería una mora adicional que corresponde a 1% por mes o fracción de mes hasta un máximo del 20% del impuesto.

En casos en que el contribuyente es auditado y se establezca alguna diferencia de impuesto sobre el declarado, la sanción puede ser un 50%, 100% o 150% sobre la diferencia de impuesto de acuerdo a cómo sea calificada la acción, que puede tener una gravedad leve, grave o muy grave“, explicó Silvia González socia de Impuestos de Grant Thornton sobre otros casos de sanciones.

Para determinar si debe pagar este tributo, debe conocer el valor de la construcción principal y otros aspectos como rancho, piscina, muros, canchas deportivas, etc., basándose en el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva que se encuentra en el sitio web de Hacienda, para la determinación del valor a declarar para el impuesto solidario.

Si una vez que ha determinado el valor de la construcción y este supera el monto exento del período, debe calcular el valor del terreno, según los parámetros de valoración también encontrados en el portal de Hacienda, los cuales, se separan por provincia, y sumarlo al valor de la construcción. La suma de estos valores le proporcionará el valor total de la unidad habitacional.

Este impuesto estaría en sus últimos momentos de vida en su forma actual, puesto que Hacienda valora incluir en la propuesta al FMI la creación de un impuesto a aquellas propiedades con un valor superior a los ¢200 millones, que vendría a sustituir al actual impuesto en esa materia.

Para González, sería cuestionable pues se desvirtúa el fin de dotar de financiamiento a programas de vivienda digna, además de que reduciría los obligados, al aumentar el umbral a ¢200 millones.

No obstante, sí acepta que en su versión actual requiere revisión de que su propósito se alcance.

Y es que, aunque unas 976 familias han sido beneficiadas con proyectos habitacionales gracias a las transferencias de recursos provenientes del impuesto, en ningún año de su existencia este ha recaudado ni la mitad de lo propuesto originalmente (unos ¢10 mil millones anuales).

Hacienda no ampliará plazo para impuesto a sociedades

Fuente: Diario Extra

El Ministerio de Hacienda no ampliará el plazo para pagar el impuesto a las personas jurídicas. Así lo manifestó el director general de Tributación, Carlos Vargas, ante una consulta de DIARIO EXTRA.

Para Vargas no existe ninguna razón para hacer una ampliación como lo sugirieron firmas contables, luego de que no pudieran pagar durante los primeros días de enero.

Las sociedades tienen tiempo para cancelarlo hasta el 31 de enero, de modo que no existirían razones para tener que dar una prórroga, según indicó.

El problema que se presentó fue que Hacienda no había cargado los datos para que se pudiera hacer el pago en los bancos, sin embargo el fallo se habría resuelto este viernes al mediodía.

Vargas dijo que se cargaron los datos de más de 306.000 sociedades.

No obstante, la administración se percató de un problema adicional y es que 17.000 empresas jurídicas están omisas en la presentación de la declaración de renta del año anterior y eso haría que no puedan pagar el impuesto a personas jurídicas.

Vargas recordó que aunque no tengan actividad la declaración siempre debe presentarse. Todo esto indistintamente de si se trata de una sociedad activa o inactiva.

Si usted es una de las personas en esta situación la recomendación es que se ponga al día con la declaración ante el Ministerio de Hacienda o de lo contrario se expondrá a sanciones y multas.

Este impuesto recae sobre todas las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante, y sobre empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentran inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

“El periodo fiscal es de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del mismo año. El pago de este impuesto y siguientes se debe realizar dentro de los primeros 30 días naturales siguientes al 1° de enero de cada año, considerando el salario base vigente para ese periodo.

En caso de tener pendiente la presentación de la declaración del impuesto sobre las utilidades, la información del pago no estará disponible hasta que regularice su situación ante la Dirección General de Tributación”, indicó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Están exentas de esta obligación las sociedades registradas y clasificadas como micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El pago de este impuesto se puede realizar mediante la página web de la entidad bancaria o directamente en las ventanillas de estas entidades con solo indicar el número de identificación de la persona jurídica.

NO ES UN GASTO DEDUCIBLE

Es importante recordar que el impuesto a las personas jurídicas no se considera gasto deducible para determinar el impuesto sobre la renta.

Además todas las sociedades inactivas están obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, al igual que las sociedades activas que no hayan realizado actividades lucrativas durante el presente periodo fiscal.

Las sociedades inactivas no tienen el deber material del pago del impuesto sobre la renta.

“La Administración Tributaria señala que los propietarios de sociedades inactivas, así como todos los contribuyentes, deben presentar la declaración del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2020, para lo cual tienen tiempo hasta el 15 de marzo del 2021”, agregó Smith.

En el impuesto a las sociedades hay cerca de 345.000 contribuyentes. Las personas jurídicas que aún no aparecen en el sistema lo harán en los próximos días.

Con respecto al formulario D-101 para el pago de renta, que al parecer estaba dando problemas en los tramos del 10 al 20, tiraba un mal cálculo del tributo. El asunto quedó resuelto desde el miércoles anterior, indicó el director de Tributación.

Sobre las quejas de los contribuyentes, Vargas manifestó que siempre se hacen pruebas, pero a veces se presentan inconsistencias al ir a la parte operativa.

¡OJO CON LAS SANCIONES!

Si no paga este impuesto tendrá las siguientes consecuencias:

•La Dirección General de Tributación aplicará sanciones, intereses y multas.

•El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones, ni inscribir ningún documento.

•No podrán ser contratadas por el Estado o cualquier institución pública.

•Las deudas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o prenda preferente.

•En caso de que se acumule la no cancelación de tres periodos consecutivos será causal de disolución.

Fuente: Colegio de Contadores Públicos.

¿Va a fundir dos sociedades? Debe pagar impuesto por el traspaso de propiedades

Fuente: La Nación

Si una persona tiene dos o más sociedades con propiedades en cada una y las planea fusionar en una sola debe pagar el impuesto por el traspaso de los bienes.

Carlos Vargas, director general de Tributación, aclaró que el criterio se refiere a las fusiones en general y no solo a los casos en que el dueño del capital social es el mismo.

“El criterio citado no habla de la fusión de sociedades de un mismo dueño, pero si habla de fusión de sociedades en general, lo cual es distinto”, expresó Vargas.

Agregó que, en este caso, el criterio lo que indica es que en aplicación del concepto de traspaso indirecto, y por el hecho de que no existe ninguna exoneración del impuesto de traspaso en los supuestos de fusión, al existir una transferencia del dominio de los bienes de una persona jurídica a otra, se produce o verifica un traspaso. Este cambio, por ende, esta sujeto al pago del impuesto correspondiente”, explicó Vargas.

  “Conforme al análisis efectuado, este Despacho concluye que en los casos en los que se dé una fusión de sociedades, al encontrarnos frente a un negocio jurídico reconocido por el Código de Comercio que se traduce en un traspaso efectivo de bienes bajo la titularidad de la sociedad prevaleciente, en el caso de traspasos de bienes inmuebles se configura el hecho generador establecido en el artículo 2 de la Ley N° 6999, y como tal debe atender los deberes formales y materiales establecidos en dicha norma legal”. Criterio Institucional DGT-CI-03-2020

El impuesto de traspaso es de 1,5% del valor que le definan las partes, pero ese valor no puede ser menor al que está en el Registro, por ejemplo, si se le ha puesto una hipoteca o tiene otro valor registrado en un traspaso, explicó Francisco Villalobos, socio de ICS Consultores.

Villalobos detalló que antes de la reforma de la Ley 6999 (Ley del Impuesto sobre Traspasos de Bienes Inmuebles), que se realizó en el 2012, si una persona iba a vender la casa y estaba a nombre de la sociedad y traspasaba las acciones, no pagaba el impuesto de traspaso. Pero la Ley número 9069, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, del 2012, eliminó esa posibilidad y ahora sí debe pagar el impuesto.

No obstante, para los casos en que el dueño es el mismo, el control de la propiedad no cambia, según Villalobos, por lo que se opone al criterio de Tributación de extender esta obligación tributaria cuando el bien que se transfiere es de un mismo propietario.

“Desde 1994, el Registro Nacional había definido con claridad que la fusión supone la concentración de los socios en una sola sociedad y que por lo tanto continúan siendo socios lo que implica que no hay traspaso pues no hay cambio de dominio”, dijo Villalobos.

“Esta posición había sido confirmada por Tributación en el 2013, luego en el 2019 y en el 2020 y es acorde con el derecho de los contribuyentes a reorganizar sus empresas y activos. Esta interpretación se extralimita y desconoce la naturaleza jurídica de la fusión donde no hay traspaso, pues el poder de control no cambia, requisito de la definición de la Ley 6999 del impuesto de traspaso”; opinó Villalobos.

Vargas considera que en el caso de dos sociedades diferentes se trata de personas jurídicas que tienen su existencia autónoma e independiente de los titulares del capital social.

Villalobos añadió que actualmente muchas personas que tenían varias sociedades las están fusionando porque ahora es más complicado y costoso tenerlas.

Entre las obligaciones que deben cumplir las sociedades se encuentran: el registro de beneficiarios y el impuesto a personas jurídicas. Además, si es inactiva, tiene obligación de presentar declaración de impuesto sobre la renta. Además, todas deben pagar el timbre de educación y cultura.

Hacienda cambia de opinión: Eurobonos no serán prioridad este 2021

Fuente: CR Hoy

A finales de noviembre pasado el Ministerio de Hacienda estaba seguro de que este 2021 acudiría a la Asamblea Legislativa a pedir una nueva autorización para emitir Eurobonos.

Tan seguro estaba que el ministro Elian Villegas incluyó la idea dentro de varias presentaciones mostradas a medios de comunicación.

La intención era realizar la colocación para el segundo semestre del año y así cumplir con las obligaciones del año, que también implicaban el canje de deuda y acceso a otros fondos de organismos multilaterales.

Sin embargo esta prioridad ya cambió. El viernes, durante una participación en el programa Economía Hoy, el funcionario señaló que ya no se están viendo los Eurobonos como un mecanismo “esencial” para este año.

Yo no vería los Eurobonos como un mecanismo esencial, necesario para financiar nuestras necesidades del 2021, con el mercado interno, deuda y algunos empréstitos puede ser suficiente”, dijo.

Villegas dijo que de considerarse los Eurobonos sería quizás para dejar un fondo de caja al nuevo gobierno para 2022, pero que las necesidades de financiamiento de este año se cubrirán mediante las otras alternativas mencionadas.

Para este 2021 el gobierno requiere un aproximado del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) para llenar el faltante de recursos.

 

Proyecto de renta global propone gravar con escala única ingresos de asalariados e independientes

Fuente: La Nación

El proyecto de ley que presentará el Gobierno, este mes de enero, a la Asamblea Legislativa, para establecer la renta global, propone una escala única progresiva para los ingresos de las personas físicas, tanto asalariados como independientes, de 10% al 27,5%.

El concepto de renta global que se pretende, suma o globaliza las rentas y aplica una sola tarifa. Costa Rica tiene actualmente un sistema cedular donde cada tipo de renta, por ejemplo, el salario, los intereses de los depósitos, los ingresos por actividades independientes y los alquileres tienen cada uno una tarifa.

Implementar este sistema fue uno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial que convocó el Gobierno y forma parte también de la propuesta que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de este 11 de enero.

“Se grava la renta global de la persona liquidando las distintas fuentes de renta pero gravando con una escala unificada a nivel de la persona física, la globalidad de los ingresos provenientes del trabajo y de actividad lucrativa, con una escala progresiva que va del 10% al 27,5%”, explicó el Ministro.

Actualmente, la tarifa máxima que se aplica a estos dos grupos es de 25%, por lo que 27,5% es una tarifa mayor, pero habría que esperar la definición de los tramos de ingresos con su respectiva tarifa para ver las diferencias en relación con los montos pagados en la actualidad, explicó Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte y exdirectora general de Hacienda.

Adrián Torrealba, socio de Facio & Cañas y exdirector general de Tributación, explicó que actualmente los tramos de asalariados y personas físicas con actividades lucrativas son muy diferentes y será interesante ver cómo se van a empatar.

Por ejemplo, al asalariado le cobran la tarifa máxima del 25% sobre el exceso de ¢51.900.000 anuales en el periodo fiscal 2020 y a la persona física con actividad lucrativa sobre el exceso de ¢18.631.000 anuales, así que buscar un punto intermedio entre estos dos grupos implicará bajarle a unos o subirle a otros.

También, según Torrealba, queda por resolver el tratamiento desigual de las contribuciones a la seguridad social entre ambos grupos en la cual los independientes cotizan casi el doble de los asalariados (18% contra 10%).

En el caso de las rentas del capital, aclaró el ministro Villegas, se gravan de manera cedular, con una tarifa del 15%, cuando no están vinculadas con la realización de una actividad lucrativa, como se hace hoy, y si están vinculadas siguen el tratamiento de la renta vinculada a la actividad, por ser parte de ella.

Las rentas del capital se dividen en dos. Existen las del capital inmobiliario, por ejemplo, las que provienen de alquileres y las del capital mobiliario, como los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y toda clase de beneficios similares a dividendos, según cita el Ministerio de Hacienda en su página web.

¿Por qué este tipo de renta se mantiene como cedular? “Eso es una tendencia mundial de todos los países que han tenido renta global desde los nórdicos, que ya en los años 90, agarraron las rentas pasivas del capital y les pusieron una base aparte, de 30%, España lo hizo también al 18%, lo tiene Uruguay, eso es lo que se llama el impuesto de renta dual”, explicó Torrealba.

Piedra indicó que en la Mesa de Diálogo hubo apoyo a la renta global, pero condicionada, en varios puntos: uno fue que las rentas pasivas (como las rentas del capital) no quedaran integradas y mantener la renta territorial (solo se gravan las rentas generadas en el territorio costarricense).

Para las sociedades el impuesto considera una tarifa única a 27,5% y se mantiene la escala para las pequeñas empresas, indicó el Ministro, quien indicó que el proyecto se enviará a la Asamblea Legislativa antes de que termine este mes.

Federación de Cámaras a favor del acuerdo con el FMI, si no incluye impuestos

Fuente: CR Hoy

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras) apoya la firma del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre y cuando eso no signifique un incremento en los impuestos.

Mediante un comunicado de prensa reiteraron la necesidad de que se presente un plan de reducción de gastos.

“Se debe aprobar ley de Empleo Público lo antes posible Reforma del Estado, para reducirlo racionalmente y hacerlo más eficiente y eliminar pensiones de lujo con cargo al presupuesto de la República Gobierno de la República”, cita la federación.

También piden un plan de reactivación económica para todos los sectores , control efectivo del contrabando e informalidad, así como la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

Costa Rica arrancará negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el lunes 11 de enero.

Ministro de Hacienda espera que déficit fiscal del 2020 sea menor al 9% del PIB

Fuente: El Financiero

El cierre de las cifras fiscales del 2020 no traerá sorpresas negativas como ocurrió con las del 2019. Elian Villegas, ministro de Hacienda, aseguró que el déficit financiero de Costa Rica será menor al 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado, incluso “bastante por debajo del 9%”.

Villegas conversó sobre los resultados fiscales y sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tarde del pasado 8 de enero, en el programa Economía Hoy que se transmite por redes sociales.

“Yo esperaría que el déficit esté por debajo del 9,2%, incluso yo diría que por debajo del 9% del PIB, ojalá bastante por debajo, no me atrevo a hablar más ahí porque van a decir que estoy excesivamente positivo, pero creo que a pesar de las circunstancias nos fue bien”, afirmó el jerarca.

Aunque Villegas dijo durante el programa que la proyección del déficit fiscal para el 2020 era del 9,2% de la producción nacional, lo cierto es que la cifra oficial brindada por Hacienda fue del 9,3%; así consta en un comunicado del pasado 8 de octubre y también en la Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021, publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en julio del año anterior.

Un déficit fiscal del 9,3% de la producción nacional sería el más alto en la historia del país, el único escenario peor a ese, que se registró desde 1963, fue el de 1980 cuando el indicador llegó al 9,1% del PIB.

De acuerdo con el ministro, las cifras fiscales del cierre del 2020 serán publicadas el próximo 20 de enero, ese día se conocerá el dato final del déficit financiero (ingresos menos gastos más intereses).

“Yo soy absolutamente positivo porque le dimos un seguimiento particular al tema del déficit. Nosotros cerramos en noviembre con un 7,71% de déficit, la proyección oficial estaba en 9,2% (lo correcto es 9,3%), eso implicaría que para llegar a esa cifra nos queda un 1,5 puntos porcentuales, que es alrededor de ¢500.000 millones”, explicó Villegas.

Añadió: “Para que ese 9,2% se cumpla o se vaya más allá, la diferencia entre ingresos y gastos tendría que haber sido de un poco más de medio billón de colones. Tuvimos una gran ventaja en diciembre y es que los ingresos estuvieron bastante bien a pesar del recorte del marchamo que fue cercano a ¢50.000 millones, pese a eso la recaudación estuvo bastante bien y anduvo por arriba de los ¢650.000 millones, incluso superior a la del 2019″.

En su argumentación Villegas destacó que los esfuerzos en contención del gasto rindieron sus frutos para lograr un déficit financiero mucho menor en un año golpeado por la crisis económica del coronavirus.

“El tema del gasto que es fundamental. Si precisamente nos va a ir no tan mal como se pensaba en el tema del déficit es porque se hizo un gran esfuerzo en la parte de gasto y un esfuerzo con contención y eso lo vamos a ver con los datos. No quiero ponerme a especular”, agregó.

Los resultados fiscales a noviembre ya evidenciaban algunas luces sobre la gestión en ese rubro. El gasto corriente creció 3,54% con respecto a un año atrás, ese porcentaje es menor al nivel establecido por la regla fiscal (4,67%).

“A pesar de la pandemia, de que tuvimos que gastar más en bono Proteger, en seguridad, de que fue necesario llevar adelante una serie de gastos que no estaban previstos; logramos una contención del gasto realmente importante y que nos permite llegar a una situación donde el déficit no se nos escapó”, comentó Villegas.

Hacienda informó en noviembre que el pago de intereses de deuda pública creció 12,08% en la comparación interanual, lo que equivale a ¢165.877 millones. Un año antes el incremento había sido del 22,53%.

El gasto corriente tuvo un aumento impulsado por el pago de los intereses de la deuda, las transferencias corrientes al sector privado y los recursos externos que se dirigieron al bono Proteger.

“Esperaremos los números absolutamente positivos, el déficit esperamos que esté por debajo de la proyección que se había dado en setiembre del 2020″, zanjó el ministro.

El déficit fiscal del 2019 dejó un sorpresivo brinco cuando pasó del 6,3% del PIB estimado por Hacienda a un 7% de la producción nacional, esa desviación en el cálculo del indicador representó una diferencia de ¢254.000 millones.

Si se toma en cuenta que el PIB nominal (a precios de mercado) de Costa Rica para el 2019 fue de ¢36,27 billones y su déficit –del casi 7%– representa ¢2,54 billones, se puede concluir que la diferencia de 0,7 puntos porcentuales entre la proyección del Central y el resultado final es de ¢253.890 millones.

Para ponerlo en perspectiva, el dinero de la diferencia entre el déficit financiero proyectado y el final habría permitido cubrir 34,3 veces el presupuesto autorizado total del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para el año anterior, que fue de ¢7.387 millones.

En ese momento, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que la “pifia” en el déficit se dio por tres razones: la desaceleración de la producción nacional, el aumento en el monto destinado al pago de los intereses de la deuda y el incremento en los gastos de capital impulsados principalmente por la construcción de nuevos proyectos de infraestructura como pasos a desnivel y Circunvalación norte.

También la capitalización que hizo el Gobierno para rescatar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), impulsaron un mayor aumento del gasto.

La diferencia entre las dos cifras de déficit financiero sin duda fue una muy mala señal a los mercados, inversionistas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo.

El Gobierno de Costa Rica le ofrece esto al FMI para pedirle prestado

Fuente: El Guardián CR

El Gobierno de Costa Rica ofrece cambios internos en contención del Gasto Público e impuestos a Casas de Lujo por un 2,5% del Producto Interno Bruto a cambio de obtener el préstamo del Fondo Monetario internacional.

Pocas horas después de la propuesta planteada por la Ministra de Presidencia, Giannina Dinarte ante seis diputados, el Ministro de Hacienda, Elián Villegas salió a corregirla.

En principio Dinarte habló del aumento en un punto del IVA y tasar transacciones bancarias, pero Casa Presidencial envió un desmentido donde indicaban sus objetivos.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, señaló que el Gobierno no considera un aumento del IVA al 14%, ni a un porcentaje mayor, y tampoco crear un impuesto a las transacciones financieras, como parte de la propuesta a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Según Hacienda, el jerarca fue contundente en que temas como el IVA al 14% y el impuesto a transacciones financieras no son opciones viables y reiteró que la propuesta del Gobierno tiene un eje fundamental en la reducción del gasto público, desde un 16,45% del PIB en el 2020 a un 13% en el 2025, para estos propósitos es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81% del PIB a partir del 2023.

En el área de ingresos destacará la creación de un impuesto a las casas de lujo, es decir aquellas con un valor superior a los 200 millones de colones, que vendría a sustituir al actual impuesto en esa materia.

A esto se adiciona lo relativo a renta global, en el marco de lo acordado en el Diálogo Multisectorial; el proyecto de reducción de las exoneraciones, incluyendo la del salario escolar; el proyecto para el aporte económico de las empresas del Estado; la venta de la cartera de crédito de CONAPE; y el proyecto de ley para que las pensiones con cargo al presupuesto nacional que excedan los 450 mil colones mensuales no aumenten en tanto no se reduzca la deuda pública por debajo del 60%.

El Gobierno asegura que más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo provendrá de la contención y reducción del gasto público primario, al menos la cuarta parte será resultado de la eliminación de exoneraciones y solo cerca de un 0,4% del PIB provendrá de ingresos nuevos, agregó.

El Ministro de Hacienda señaló adicionalmente que la misión del FMI que dará inicio el lunes es fundamental para la estabilidad macroeconómica, facilitar el crecimiento económico, potenciar la generación de empleos y aumentar la credibilidad de los mercados financieros en la ruta macroeconómica que sigue Costa Rica, por lo que la expectativa es que pronto el país pueda materializar un acuerdo con dicho organismo.

No hay claridad

Sin embargo, las Diputadas Karine Niño y Zoyla Rosa Volio criticaron por Medios de comunicación que recibieron información confusa de cara al encuentro entre las autoridades del Gobierno y la representación del Fondo Monetario internacional.

“¡Que vergüenza! Ayer nos dicen una cosa a los diputados, hoy cambian su discurso para los medios. Una vez más queda en evidencia que no hay una ruta, y que la única constante es la falta de claridad por parte del ejecutivo y la ausencia de propuestas para dinamizar la economía”, dijo Niño en Twitter.

Por su parte Zoyla Rosa Volio señaló.” Es importante que el gabinete coordine para tener un mensaje completo, unívoco, único. No entiendo por qué el ministro Villegas no estuvo en la reunión, siendo clave en este proceso. Esto crea incertidumbre, inseguridad y no es nada productivo”.

Ellas participaron junto con cuatro legisladores más información de la Ministra de Presidencia Giannina Dinarte que después el Ministerio de Hacienda desmintió.

El Movimiento Rescate Nacional, en la voz de Célimo Guido, ya anunció su oposición al posible acuerdo y utilizará diversos instrumentos para dejarlo claro sin despreciar la Democracia de las Calles.

Así definió Tributación el tratamiento de ganancias o pérdidas cambiaras para declaración de renta

Fuente: La Nación

La Dirección General de Tributación cambió, este 6 de enero, su criterio para el cobro de impuesto sobre la renta cuando la declaración se ve afectada por el precio del dólar.

El fisco determinó que, para el periodo fiscal 2020 y posteriores, las ganancias o pérdidas por diferencias cambiarias tendrán efecto para el contribuyente cuando estas “se hayan realizado”. Si se hacen solo por registro y actualización contable no tendrá implicaciones para el pago de tributos.

“Las diferencias cambiarias que acaezcan en el cierre del ejercicio fiscal deben registrarse y actualizarse para efectos contables, y solamente serán gravadas, aquellas que se hayan realizado”, destacó el criterio DGT-CI-04-2020, firmado por Carlos Vargas, director de Tributación.

Previo a este criterio, el fisco sostenía que si había un incremento en ganancias, aunque fuera solo por efecto contable dada la actualización del tipo de cambio, dicha alza era gravable de renta y, si había una pérdida, era deducible, explicó Fabio Salas, socio de Impuestos de Deloitte.

“Ahora la Administración Tributaria dice que tanto en rentas de capital, ganancias de capital y en utilidades lo que determinará si el ingreso es gravable, o un gasto deducible, será aquel que sea consecuencia del cambio de moneda extranjera al colón o viceversa”, afirmó Salas.

“Con la emisión del presente criterio institucional se está aplicando una modificación respecto de algunos criterios previamente vertidos por esta Dirección General en atención a consultas presentadas, respuestas que, deberán entenderse modificadas a partir de la vigencia de este criterio institucional”, se detalle en el documento firmado por el director de Tributación.

Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, recordó que las disputadas entre el contribuyente y el fisco por temas de diferencial cambiario se iniciaron cuando el Banco Central abandonó el sistema de minidevaluaciones, en el 2006.

Pero, al pasar al actual esquema de metas de inflación, el precio lo establece la oferta y demanda de dólares, con lo cual hay una mayor fluctuación. Esto influye en los ingresos y gastos de los contribuyentes cuando poseen activos y obligaciones en dólares.

“Al final esto para el contribuyente significa que se paga cuando realizo la ganancia en dólares. Por ejemplo, cuando tengo una cuenta por cobrar en dólares y la cobro. Me ingresa el dinero en dólares y lo multiplico por el tipo de cambio de ese día”, explicó Villalobos.

Añadió que cuando el contribuyente posee rentas de capital, como un alquiler, el registro para el pago de renta debe hacerse mes a mes, según el precio de la divisa del día que se ingresó el dinero.

“En el caso del pasivo en dólares, este será deducible en el momento que se cancela. La pérdida deducible por diferencial cambiario se tiene cuando tengo que sacar más colones para honrar una deuda en dólares”, afirmó el exdirector de Tributación.

“Aquellos pagos que se realicen al amparo de una relación de dependencia, se encuentran gravados con el impuesto sobre rentas percibidas por el trabajo personal dependiente, independientemente de la moneda con que sean cancelados”, se destaca en el criterio de este 6 de enero.

Tributación destacó que no corresponde “aplicar ninguna clase de gravamen o aplicación de deducción, sobre eventuales ganancias o pérdidas por diferencial cambiario originadas en cambios de divisas“.

Con o sin impuestos, plan del gobierno para el FMI se queda corto en reestructuración del Estado

Fuente: CR Hoy

Al margen de las nuevas contradicciones en que entró el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) con la propuesta que pretende plantear al Fondo Monetario Internacional (FMI), ésta – con o sin nuevos impuestos- sigue quedándose corta para resolver el serio problema estructural que enfrenta el país y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

De todas las propuestas planteadas hasta ahora, solo una implica un cambio importante en materia estructural; sin embargo, es una de las que más cuestionamientos enfrenta a nivel político debido a que el planteamiento – a como está- podría generar más gastos que ganancias.

Se trata de la Ley de Empleo Público sobre la cual aún no existe consenso. El proyecto plantea un sistema de salario único sin pluses para reducir las grandes disparidades que hay en la función pública.

Esta es prácticamente la única ofensiva en materia de reforma estatal, por lo que todavía queda abierto el tremendo enmarañamiento estatal que involucra ministerios y entidades con duplicidad de funciones, órganos creados bajo realidades del pasado cuyo objetivo operativo ya se encuentra desfasado, crecimiento desmedido de planillas, multiplicación de entidades para realizar labores que antes correspondían a un único ministerio (por ejemplo el MOPT y sus consejos) y excesiva tramitología, entre otros.

En su lugar, la mayor parte de iniciativas garantizan acceso a recursos, ya sea por nuevos impuestos, eliminación de exoneraciones, traslados de recursos y recortes, que -según analistas- simplemente harán patear la bola del problema fiscal para más adelante.

Este martes, tras un encuentro con los jefes de fracción, desde Casa Presidencial las ministras de Presidencia y Planificación Geanina Dinarte y Pilar Garrido, hablaron de aumentar el IVA al 14% e implementar el impuesto a las transacciones bancarias como “opciones” a discutir con los diputados.

Pero este miércoles el ministro de Hacienda Elian Villegas salió a desmentirlas y afirmar que éstas no se están considerando ni serán tomadas en cuenta. Con o sin estas opciones, la parrilla completa sigue sin tener propuestas de reforma estructural.

“No existe esa garantía”, dijo el economista Edgar Robles ante la consulta de si la propuesta garantizaba una solución fiscal de largo plazo.

“De hecho, ya los impuestos se le aprobaron a este gobierno en el 2018 y hoy la situación está peor porque no se propuso disminuir los gastos. De la misma manera, aprobar estos nuevos impuestos sin una garantía verdadera de reducción de gastos nos pondrá en una situación peor en un par de años. Para resolver el problema de fondo se debe reformar el funcionamiento del estado para eliminar la duplicidad de funciones y la cantidad de empleados públicos. Además, se necesita un plan de reactivación económica el cual a la fecha nadie conoce“, enfatizó Robles, antes de conocer que Villegas desacreditaba las propuestas de Dinarte y Garrido.

Ingresos no son el problema

La generación de ingresos en el país no son el problema. El origen de la fragilidad fiscal del país no es nueva y no es algo que surgiera con la pandemia, viene desde años atrás y se justifica en un crecimiento desmedido del gasto estatal

Así lo demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda. En primera instancia, los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento constante que acumularon un 123% desde 2009 a 2019.

Pero en ese mismo periodo, el nivel de gastos corrientes del gobierno central crecieron a un mayor ritmo: un 170%. En ese periodo la inflación acumulada fue apenas inferior al 34%, y mientras la brecha entre gastos e ingresos se fue haciendo más grande, el gasto de capital- el dinero que se utiliza para inversiones- se mantuvo relativamente estable.

Un reciente análisis elaborado por la firma Consultores Económicos y Financieros (Cefsa) determinó que para 2009 los ingresos corrientes del Estado rondaban el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) y para 2019 llegaron a superar el 27%. En cambio, los gastos pasaron de alrededor de un 30% a por lo menos el 32%.

En ese mismo análisis se señala cuáles son las llaves abiertas del gasto que hacen que las arcas del Estado se vacíen más rápidamente. En 2019 aproximadamente un 67% de los gastos del gobierno central (en relación con los ingresos tributarios) se iban en pagar salarios y transferencias al sector público. Para el cierre de 2019 esos rubros representaban ya el 82,7% de los ingresos tributarios.

Gran parte de las transferencias del gobierno central al resto del sector público se utiliza para financiar esos órganos adscritos, en donde uno de los principales componentes del gasto es también el salario.

Visto en términos monetarios esta tendencia también es notoria. Lo destinado a sueldos y salarios ha subido prácticamente un 120% (3,1 veces más que la inflación acumulada en ese periodo), mientras las transferencias crecieron un 153%.

De acuerdo al planteamiento del gobierno, la idea es generar ingresos por al menos 3% del PIB que permitan al país salir de la complicada situación fiscal en que se encuentra. Solo para este 2020 existen necesidades de financiamiento cercanas al 15% del PIB, y se estima un endeudamiento que puede llegar al 80% del PIB.

Sin embargo, para los analistas, una vez logrado ese 3% de ingresos adicionales nada garantiza que la curva del gasto siga su tendencia creciente.

“El gobierno continúa con su obsesión por recurrir a impuestos en medio de una economía desacelerada y un desempleo histórico, sin querer entrarle de forma definitiva a los problemas de gasto”, indicó  el economista Pedro Aguilar en reacción a los planteamientos emanados tras el encuentro en Casa Presidencial entre Garrido, Dinarte y los jefes de fracción.

“Ahora vienen a pedir más impuestos pero no muestran compromisos concretos para reducir gasto público, ni para emprender la reforma de un Estado costarricense que tiene instituciones redundantes e ineficientes. Además, no existen estudios que muestren cómo se va a comportar la población y la economía con los nuevos impuestos”, cuestionó por su parte Robles.

 

Ministro: Gobierno no considera aumentar IVA al 14% ni crear impuesto a transacciones financieras

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, señaló que el Gobierno no considera un aumento del IVA al 14%, ni a un porcentaje mayor, y tampoco crear un impuesto a las transacciones financieras, como parte de la propuesta a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jerarca fue contundente en que temas como el IVA al 14% y el impuesto a transacciones financieras no son opciones viables y reiteró que la propuesta del Gobierno tiene un eje fundamental en la reducción del gasto público, desde un 16,45% del PIB en el 2020 a un 13% en el 2025, para estos propósitos es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81% del PIB a partir del 2023.

En el área de ingresos destacará la creación de un impuesto a las casas de lujo, es decir aquellas con un valor   superior a los 200 millones de colones, que vendría a sustituir al actual impuesto en esa materia.

A esto se adiciona lo relativo a renta global, en el marco de lo acordado en el Diálogo Multisectorial; el proyecto de reducción de las exoneraciones, incluyendo la del salario escolar; el proyecto para el aporte económico de las empresas del Estado; la venta de la cartera de crédito de CONAPE; y el proyecto de ley para que las pensiones con cargo al presupuesto nacional que excedan los 450 mil colones mensuales no aumenten en tanto no se reduzca la deuda pública por debajo del 60%; todo ello tal y como se señaló en el comunicado de prensa dado a conocer ayer por el Gobierno, indicó el Ministro Villegas.

Más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo provendrá de la contención y reducción del gasto público primario, al menos la cuarta parte será resultado de la eliminación de exoneraciones y solo cerca de un 0,4% del PIB provendrá de ingresos nuevos, agregó.

El Ministro de Hacienda señaló adicionalmente que la misión del FMI que dará inicio el lunes es fundamental para la estabilidad macroeconómica, facilitar el crecimiento económico, potenciar la generación de empleos y aumentar la credibilidad de los mercados financieros en la ruta macroeconómica que sigue Costa Rica, por lo que la expectativa es que pronto el país pueda materializar un acuerdo con dicho organismo.

Misión del FMI para discutir un Servicio Ampliado del FMI iniciará la próxima semana

Fuente: Ministerio de Hacienda

El próximo 11 de enero del 2021 las autoridades económicas de Costa Rica iniciarán conversaciones formales sobre el marco de políticas para un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF, o Extended Fund Facility, en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La misión del FMI será llevada a cabo en forma virtual, y será liderada por Manuela Goretti como jefa de misión. El equipo del FMI se reunirá con autoridades económicas, diputados, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, y con académicos.

Las conversaciones abarcarán las políticas que el país necesita para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y para apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible.

15 de enero 2021: vence plazo para pagar Impuesto Solidario

Fuente: Ministerio de Hacienda

El 15 de enero del 2021 vence el plazo para pagar, sin recargo, el monto correspondiente al Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda. Su propósito principal es financiar viviendas dignas para la población en condición de pobreza extrema.

Este impuesto deben pagarlo aquellas personas con propiedades de uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor de la construcción y de las instalaciones fijas y permanentes supere los ¢133 millones, de acuerdo con lo indicado en el Decreto No 42764-H, publicado en el diario oficial La Gaceta, alcance No 334, este 22 de diciembre. Este monto se mantiene en relación con el del año anterior.

Para determinar el monto a pagar, se debe conocer el valor de la construcción principal y las instalaciones permanentes (rancho, piscina, muros, calles internas, canchas deportivas, entre otros).  Si una vez determinado, este valor supera el monto exento, se debe calcular el valor del terreno y sumarlo al valor de la construcción, el resultado obtenido de ambos valores proporcionará el valor total de la unidad habitacional.

Para calcular el impuesto a pagar se debe aplicar los tramos que rigen para este periodo, los cuales son los siguientes:

Este impuesto se declara cada tres años, pero su pago es anual, la próxima declaración debe realizarse en el 2022. Únicamente deben declarar quienes en el último año adquirieron una casa con este valor o uno mayor, por medio del formulario D-179, disponible en el portal de la Administración Tributaria Virtual (ATV).

La suma a pagar la calcula automáticamente la Administración Tributaria a partir de la declaración presentada en el 2020.El pago se realiza por medio de conectividad en las páginas web de las diferentes entidades bancarias autorizadas, o en las sucursales, con solo indicar el número de cédula.

Para acceder a las herramientas de valoración y a más información sobre este impuesto, el interesado puede ingresar a la página web del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr, aparado “Servicios Tributarios”, “Información de impuestos”.

Próxima declaración del IVA debe incluir cálculo de “proporcionalidad”

Fuente: CR Hoy

La próxima declaración del impuesto al valor agregado (IVA) que debe presentarse el 15 de enero no es igual al de los anteriores. En esta ocasión los contribuyentes deben agregar un dato más: el de la proporcionalidad.

Este dato consiste en el cálculo de los créditos fiscales realizados por el contribuyente para no tener que pagar más del IVA que le corresponde; es decir, el monto que debe deducir de los bienes o servicios que vende con IVA respecto del IVA que pagó por adquirir los bienes que le sirvieron como materia prima.

Cuando una compañía compra bienes o servicios de distintos proveedores se genera un crédito fiscal por el IVA de dicha compra, el cual puede utilizarse contra el débito fiscal proveniente del IVA de sus ventas. No obstante, si la empresa vende bienes o servicios gravados con diferentes tarifas de IVA y realiza operaciones exoneradas, deberá realizar el cálculo de la proporcionalidad del IVA a fin de utilizar correctamente el crédito fiscal de acuerdo con Carlos Vargas, gerente de TPC Group.

Para realizar el cálculo de la proporcionalidad, el contribuyente debe tener a mano la información de los montos de las operaciones de venta con derecho a crédito pleno, el total de sus operaciones de venta, el total de operaciones de venta con tarifa reducida, el total de operaciones de venta sin derecho a crédito y el total de sus compras con el impuesto soportado por estas.

“Si se realiza un mal cálculo de la proporcionalidad, podría resultar para el contribuyente en un mayor impuesto a pagar, o en caso contrario se estaría tomando un saldo a favor que no corresponde, lo que podría traerle multas”, agregó Vargas.

El cálculo de esta proporcionalidad requiere de varios pasos y cálculos matemáticos. La recomendación es que sea realizado por un experto en la materia.

 

Enero del 2021 se inicia con declaración y pago de 10 diferentes impuestos

Fuente: La Nación

El primer mes del 2021 tiene un calendario abundante en declaraciones y pago de impuestos ante el Ministerio de Hacienda.

Los contribuyentes deberán efectuar la presentación de 10 diferentes formularios de tributos ante la Dirección General de Tributación.

Enero tiene la particularidad de que, a diferencia de otros meses, coinciden el pago del impuesto a ‘casas de lujo’, el de personas jurídicas, el del Régimen de Tributación Simplificado y la declaración anual de retenciones de impuestos.

Las personas y empresas deben efectuar el formulario del impuesto al valor agregado (IVA), la declaración informativa de cobro del IVA de servicios digitales transfronterizos como Uber, Spotify o Netflix; y la del tributo de retenciones a la fuente como como salarios, dietas, servicios profesionales.

Además de las retenciones a la fuente por remesas al exterior que incluyen utilidades y dividendos, pensiones, franquicias, arrendamientos entre otros.

Adicionalmente, los contribuyentes deben realizar la presentación del impuesto de renta de capital mobiliario, de capital inmobiliario y el tributo a ganancias y pérdidas de capital. Estas obligaciones fueron establecidas desde la Ley de Fortalecimiento y las Finanzas Públicas.

“En enero se juntan el resumen anual de retenciones, el impuesto solidario, el impuesto a personas jurídicas y el régimen simplificado son propias de la ‘cuesta de enero’ de cumplimiento de obligaciones con Hacienda”, destacó Germán Morales, socio de la firma Grant Thornton, especializada en asesoría tributaria.

La mayoría de las obligaciones se deben cumplir el próximo 15 de enero, excepto el impuesto a las personas jurídicas que será el día 30, según el calendario publicado en el sitio web de Hacienda.
Multas

El incumplimiento en la presentación de algunas de las declaraciones implicaría la imposición de una multa de hasta ¢225.100, es decir el 50% del salario base.

Además, el contribuyente se expone a un multa equivalente al 1% o hasta un 20% por cada mes o fracción de mes una vez vencido el plazo para el pago, detalló Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, firma especializada en temas tributarios.

“En el impuesto de personas jurídicas, si no se paga, no se puede contratar con el Estado, ni crear personerías. Si es por varios años, se liquida la sociedad y, en la práctica es complicado, por los bienes inscritos en la sociedad jurídica. Se requiere un liquidador, plata en abogados y Tributación puede imponer una hipoteca si hay bienes”, explicó Villalobos.

Por otra parte, para el próximo 15 de marzo será la fecha límite para presentar la declaración del impuesto sobre la renta del periodo del 2020.

Esta es la primera vez que el cumplimiento de este tributo se efectúa con base a año calendario, tal como lo estableció la reforma fiscal aprobada en el 2018.

Previo al cambio legal, la liquidación del impuesto se efectuaba el 30 de setiembre de cada año.

“Los contadores de las empresas pasaron un diciembre movido porque tenían que hacer el cierre (fiscal) de la declaración que deben hacer en marzo. Ahora hay más labor de cumplimiento ante la administración tributaria”, aseguró el director de Grant Thornton.

Hasta noviembre pasado, la recaudación tributaria del Gobierno ascendió a ¢3,7 billones, es decir una reducción del 12% comparado con el mismo periodo del 2019.

 

Hacienda valora incluir aumento del IVA en propuesta de negociación con FMI

Fuente: Noticias Monumental

Las próximas semanas serán cruciales para la estabilidad financiera del país, ya que el gobierno buscará llegar a consensos con el Congreso respecto a la propuesta de negociación para acceder a un crédito por $1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pese a haber enviado un documento a la Asamblea Legislativa sobre lo que podría contener el planteamiento ante el organismo internacional, aún es incierto el mecanismo que propondrá el Ejecutivo para generar ingresos.

A inicios de diciembre el Ministro de Hacienda, Elián Villegas, dijo que la propuesta sí incluiría nuevos impuestos, pero enfatizó en que serían mínimos. Además, reveló que negociará con el FMI y los diputados una recaudación de ¢200 mil millones anuales precisamente en nuevos tributos.

Ante la consulta sobre un posible aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 13% a un 14%, el jerarca respondió que sí se valora como una posible alternativa para generar los ingresos.

Erick Ulate, Presidente de Consumidores de Costa Rica, arremetió contra la intención del gobierno de incrementar el IVA e insistió en que la economía de las familias costarricenses se encuentra severamente afectada.

El gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley para eliminar exoneraciones, entre ellas al salario escolar. Además, propuso cobrar un impuesto de 25% a los premios de lotería superiores a los ¢250 mil.

Deuda obliga al Gobierno a buscar en el 2021 el financiamiento más alto en últimos 12 años

Fuente: La Nación

El acelerado crecimiento de la deuda pública en los últimos 12 años llevará al Gobierno a tener que conseguir en el 2021 préstamos por unos ¢5,6 millones de millones, aproximadamente un 15,7% de la producción interna estimada para el otro año.

Esos recursos son para cubrir el déficit fiscal esperado, equivalente a un 8,4% de la producción, según la estimación oficial publicada en octubre del 2020 en el Informe de Política Monetaria, o 8,8% de la producción, incluido en las proyecciones de financiamiento del Ministerio de Hacienda suministradas el 12 de noviembre, más los préstamos que vencen. Este mes se actualizarán las estimaciones.

Los persistentes déficits del Gobierno (sus gastos sobrepasan sus ingresos) llevaron a que la deuda pública aumentara de un 23,8% de la producción en el 2008 a un 70,1% de la producción previsto para el 2020.

Dicho incremento genera que la cuenta de intereses se multiplique todos los años y que cada vez se requieran más recursos tanto para financiar los nuevos déficits como para pagar las deudas pasadas.

Las opciones para el 2021

El Gobierno planea cubrir ese 15,7% del PIB con un 9,4% del PIB con deuda doméstica y un 6,3% del PIB con deuda externa, según la información que el Ministerio de Hacienda suministró en noviembre pasado.

Arce explicó que en el 2020 los bancos estaban muy líquidos porque los depósitos crecieron mucho, especialmente los depósitos a la vista y los bancos no estaban dando crédito, ni las empresas o familias estaban demandando crédito, entonces los intermediarios, públicos especialmente, le prestaron recursos al Gobierno.

En el 2021 se espera que el crédito se empiece a recuperar y ya los bancos no tendrían tantos recursos líquidos. Además el superávit de las empresas públicas, que también invierten en el Gobierno, ha disminuido.

Arce comentó que otras fuentes de financiamiento serían del sector privado, especialmente los fondos de pensiones, pero el empleo aunque se está recuperando, lo hace lentamente y las remuneraciones formales no se están recuperando, lo cual implica que la capacidad de los fondos de pensiones para financiar al Gobierno sigue mermada.

El gobierno presentará un proyecto de ley para homologar el tratamiento tributario de inversionistas extranjeros y nacionales que adquieran bonos del Gobierno con el fin de estimular a los foráneos a comprar bonos de deuda interna.

“La falta de estos créditos lo que provoca es que se pueda generar un incremento, un costo más alto, en el momento de que se llega por parte de los operadores financieros a comprar los bonos del Ministerio de Hacienda, ¿qué hay que hacer ante eso? Ante eso lo que queda es restringir muy severamente el gasto hasta que se llegue a contar con condiciones de caja mucho más favorables”, dijo Villegas.

Pero restringir el gasto tampoco es sencillo porque, de acuerdo con Arce, los espacios de reducción son relativamente pequeños, hay que ser selectivo para evitar tocar el gasto social y además es tocar tambores de guerra frente a grupos de interés.

“Los recortes de gasto público son tocar tambores de guerra frente a grupos de interés muy fuertes, grupos de interés sindicales, especialmente, y eso también puede complicar mucho el proceso político que viene”, dijo Arce.

“Yo veo que el Gobierno tendrá posibilidades de financiamiento, en el tanto avancemos en el ajuste que tenemos que hacer, para financiar el hueco que tenemos, el déficit que tenemos ya planeado en el presupuesto, eso va a ser muy difícil, eso es seguir echándole agua a una sopa que no está dando suficiente sustancia, entonces yo creo que el compromiso que está adquiriendo el Gobierno, de ir al Fondo Monetario Internacional (...) esperaría verlo en el primer trimestre del año entrante”, indicó.

Añadió que eso más algunas de las reformas que están planteadas en la Asamblea Legislativa, como la de empleo público, le daría al país la posibilidad de acceso a financiamiento de organismos internacionales.

“Estas proyecciones suponen, por un lado, el acceso a recursos de organismos financieros multilaterales, en su mayoría de apoyo presupuestario que conllevan un cambio en la fuente de financiamiento (para sustituir deuda cara por deuda barata) y, por otro, la colocación de bonos de deuda externa por un monto de $4.500 millones a partir del 2021 ($1.500 millones el primer año y $1.000 millones en los siguientes tres años).

Las proyecciones a las que se refiere la entidad son que el Gobierno Central presentaría déficit primarios de 4% y 2,9% del PIB en el 2020 y 2021, en ese orden, que sumados a los gastos por intereses ubicarían el déficit financiero en 9,2% y 8,4% del PIB, en esos años.

Tributación brinda opciones a empresas de servicios transfronterizos para evitar inconvenientes IVA

Fuente: Ministerio de Hacienda

Ante las inquietudes externadas por usuarios del servicio UBER EATS, por cobro incorrecto del IVA, la Dirección General de Tributación (DGT) aclara lo siguiente:

1. Las plataformas digitales que así lo comuniquen, entre ellas UBER, tienen la opción de cumplir con un registro simplificado para gestionar directamente el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) y minimizar inconvenientes a sus clientes.

2. Los inconvenientes con el cobro de IVA por el servicio UBER EATS pueden resolverse inmediatamente después de que UBER se registre ante Tributación. Sin embargo, a la fecha, esta empresa no ha solicitado su registro, pese a las reuniones con sus representantes y a las opciones que le ha suministrado la Administración Tributaria.

3. Al ser un servicio prestado en territorio nacional, este se encuentra gravado con IVA, por lo que al no estar inscritos ante la DGT, la Administración debió incorporarlos en la lista de proveedores de servicios digitales, a los que se cobra el impuesto cuando se realiza el pago por medio de tarjeta.

4. La inclusión de la frase “help.Uber.com”, al final del nombre “UB Eats Costa Rica” en la orden de pago que procesan las entidades financieras, es lo que hace que, erróneamente, se cobre dos veces este impuesto a quienes utilizan dicho servicio.  Esta situación se resolvería de inmediato si la empresa cobrara el impuesto de manera directa.

5. Esta Dirección lamenta los inconvenientes que enfrentan los usuarios de UBER EATS en este momento, reitera su interés por buscar una solución a la brevedad posible e informa a quienes se les ha aplicado el doble cobro del IVA, que pueden solicitar el reintegro del dinero mediante la plataforma virtual TRAVI, disponible www.hacienda.go.cr

Contadores piden manejar con cuidado cierre fiscal

Fuente: CR Hoy

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recomendó a los contribuyentes manejar con cuidado el cierre del periodo fiscal 2020 que por única vez abarcará 15 meses para calcular el pago del impuesto sobre la renta.

Guillermo Smith, presidente del Colegio, recordó que el cierre fiscal 2020 será el 31 de diciembre. Anterior a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o plan fiscal, el cierre se hacía el 30 de setiembre.

Producto de los ajustes que obligó a realizar la entrada en vigencia de la normativa, el periodo fiscal comprende este año del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020 y la respectiva declaración se puede presentar hasta el 15 de marzo del 2021.

El Colegio aclaró que las personas que desarrollen una actividad económica y que al mismo tiempo sean asalariados con pensión no pueden utilizar, parar realizar su declaración de renta, la base exenta para personas físicas con actividad lucrativa, independientemente del monto que se obtenga por concepto de salario.

Otro aspecto que los contribuyentes deben considerar es que desde el pasado 1 de diciembre está vigente el Catálogo de Bienes y Servicios (Cabys). 

Smith explicó que esto consiste en un grupo de códigos que sirve para identificar los bienes vendidos y servicios prestados y que se debe incluir a la hora de emitir el documento electrónico de la declaración.

Por ejemplo, los contribuyentes que están inscritos bajo la modalidad de Régimen Simplificado, aunque no están obligados a presentar factura electrónica, deben de conocer el código Cabys que deben entregar a sus clientes.  

“Es importante que los contribuyentes que tengan más de una actividad económica mantengan actualizado el Régimen Único Tributario” ya que los códigos que se utilizan van de acuerdo a la actividad económica. Por ejemplo, un médico veterinario, si además de realizar servicios de veterinaria, imparte clases, debe tener registradas las dos actividades económicas“, explicó el Colegio.

La institución recomendó a los contribuyentes no esperarse hasta el último momento parar realizar la declaración de renta y que además se hagan acompañar por un profesional en contabilidad para realizar el trámite.

 

¿Tributación cobrará IVA a viajes hechos con Uber o DiDi fuera de Costa Rica?

Fuente: CR Hoy

Esa es una de las grandes interrogantes sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas de transporte, como el caso de Uber o DiDi.

A partir de este 18 de diciembre los viajes realizados a través de la plataforma tecnológica serán sujetos al cobro del 13% del IVA por parte de la entidad financiera o bancaria domiciliada en el país que emite la tarjeta del usuario registrado.

Cada banco o ente financiero entregará el cobro del impuesto al Ministerio de Hacienda. El IVA aplicará a todos los servicios de transporte que Uber o DiDi brinden en territorio costarricense.

La disposición anunciada el lunes por la Administración Tributaria de esa cartera incluye la plataforma de streaming Disney+.

Si usted usa su cuenta de Uber o DiDi en otro país, y cancela con la tarjeta costarricense registrada en la plataforma, será sujeto del cobro del 13% del IVA. Sin embargo, si la retención del impuesto se hace efectiva, podrá presentar un reclamo de devolución.

“En principio, se asume que los servicios que son pagados con tarjetas emitidas por instituciones financieras domiciliadas en Costa Rica son consumidos en Costa Rica y por lo tanto están sujetos al IVA. No obstante, el inciso a) del Artículo 23 de la resolución DGT-R-42-2020 reconoce el derecho a la devolución en el caso que se adquieran  servicios ‘sobre las que el uso, el disfrute o el consumo se realice totalmente en otra jurisdicción’“, explicó Carlos Vargas, director general de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Las plataformas son catalogadas por las autoridades tributarias como servicios digitales trasfronterizos. Son aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, que son consumidos en el territorio nacional”, agregó la cartera hacendaria.

El gravamen del 13% de IVA a estos servicios inició el 1 de octubre y se aplica a la adquisición de bienes intangibles que realicen los consumidores finales o contribuyentes del IVA, a un proveedor domiciliado fuera de Costa Rica, con el fin de ser utilizados o consumidos en el país. Solo durante el primer mes, el cobro del impuesto a estos servicios le generó al país ingreso por más de mil millones de colones.

Vargas agregó que aplicar el cobro a las plataformas (como Ubero DiDi) cuyo sustento jurídico es “inapropiado” o “indebido” no implica legitimar su actuación.

Las plataformas de transporte que enlazan conductores y clientes aún no están cobijadas por normativa legal en Costa Rica.

El funcionario sustentó su exposición en 2 resoluciones publicadas durante este  año: el artículo 27 bis del documento DGT R-13-2020 y la resolución DGT-R-42-2020.

“De conformidad con el artículo 8 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esta dirección está facultada para indicar qué personas o empresas están gravadas por los tributos que administra. De conformidad con el hecho generador definido por la ley correspondiente sin que ello implique, en modo alguno, legitimar la actuación de aquellas que han adoptado formas jurídicas inapropiadas o no reconocidas por entes que regulan o autorizan el ejercicio de la actividad que llevan a cabo de forma irregular, lo cual incluye a empresas de transporte aún no autorizadas formalmente por las autoridades de tránsito, que venden servicios transfronterizos a clientes costarricenses, incurriendo en el hecho generador contemplado en el artículo 30 de la Ley Nº6826, Ley del Impuesto al Valor Agregado”, cita, textualmente el Artículo 27 bis.

El director hizo referencia al Artículo 13 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual señala que “que la obligación tributaria no se afecta por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas del derecho positivo costarricense”.

“Debemos recordar un principio jurídico que indica ‘nadie puede beneficiarse de su propio dolo’, de manera que no por incumplir algún requisito legal para la actividad, la persona puede considerarse exenta o no sujeta a los impuestos, los cuales aplican para todos, conforme al artículo 18 constitucional“, apuntó Vargas.

Uber cuenta con casi 1 millón de usuarios. Su funcionamiento abarca la Gran Área Metropolitana (GAM), la Zona Norte, la Zona Sur y algunas localidades turísticas. La empresa inició funciones en agosto de 2015. Mientras DiDi opera desde noviembre de 2019 y Disney+ está disponible en Costa Rica desde el pasado 17 de noviembre.

 

Hacienda coloca más de ¢ 102 mil millones en última subasta del 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda realizó este lunes la última subasta del 2020 con una colocación superior a los ¢102,315,2 millones, resultado que ratifica una vez más la confianza del mercado interno en la gestión de deuda del Gobierno y en la política macroeconómica.

Los títulos subastados hoy se asignaron a 12 distintos puestos de bolsa y corresponden a series con vencimiento en los años 2024, 2026, 2028 y 2031.

Entre los montos colocados el día de hoy destacan: ¢51,588,2 millones a 11 años plazo y ¢29,926,4 a cuatro años plazo.

“La confianza que han mostrado los inversionistas locales en el compromiso del Gobierno con el ajuste fiscal, nos ha permitido cumplir con nuestro programa de colocación en el 2020, y por consiguiente, con la atención de las prioridades y responsabilidades del Gobierno, aun en medio de la seria situación fiscal del país como consecuencia del Covid-19. Agradecemos el respaldo recibido y esperamos contar con el mismo apoyo durante el próximo año¨, enfatizó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El Jerarca informó que este segundo semestre Hacienda colocó un total de ¢1.772.514,72 millones, utilizando este mecanismo,  y que la primera subasta del 2021 se realizará el próximo 5 de enero.

Gasto tributario por exenciones fueron menores, según Hacienda

Fuente: CR Hoy

El gasto tributario; es decir, el monto que el Estado deja de percibir por las exoneraciones, fue menor en 2019 con relación a 2018.

Así lo reveló un estudio dado a conocer esta semana por el Ministerio de Hacienda, en donde se contabilizaron los montos de las exoneraciones otorgadas a distintos regímenes.

Según las cifras, en 2018 el gasto tributario ascendió a un 5,6% del producto Interno Bruto (PIB).

En 2019 ese gasto ascendió a 4,73% del PIB.

“Estimar el gasto tributario es importante porque permite una mayor transparencia del sistema tributario del país, así como determinar la cantidad de recursos que no se perciben por estos beneficios y evaluar la necesidad o no de mantener algunos de ellos. Su revisión es especialmente importante en épocas de crisis, cuando debemos buscar recursos frescos para la atención de programas prioritarios para la población”, dijo Elian Villegas, ministro de Hacienda.

La reducción obedeció a la aplicación de varias normas vigentes con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hacienda aún debe realizar los cálculos de este 2020 para estimar si esa aplicación  siguió surtiendo efectos este año.

 

Hacienda alista plan para homologar tributos a inversionistas foráneos y atraerlos a deuda interna

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda prepara un proyecto de ley para homologar el tratamiento tributario de inversionistas extranjeros y nacionales que adquieran bonos del Gobierno, entre otras medidas, para incentivar a los foráneos a comprar valores de deuda interna costarricenses, en colones o dólares.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, considera que esta es una de las vías por las cuales se puede obtener recursos para cubrir el financiamiento del Gobierno para el 2021, equivalente al 15,7% de la producción, el cual es alto si se compara con el promedio de 10,6% de los últimos 11 años.

El mecanismo toma más importancia ahora que la Asamblea Legislativa no aprobó dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (uno por $265 millones, expediente 22.132 y otro por $250 millones, expediente 22.131) que estaban previstos para financiar el 2020, pero que como se atrasaron servían para cubrir parte de las necesidades del 2021. Ante este panorama, dijo el ministro, el camino que queda es restringir muy severamente el gasto. Aun así así se requerirán importantes recursos el próximo año.

El viceministro de Hacienda, encargado de ingresos, Isaac Castro, detalló que se requieren cambios normativos en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (la número 8.131), en la Ley Reguladora del Mercado de Valores (7.732), a los reglamentos de dichas leyes, así como la legislación correspondiente al tratamiento tributario de los inversores no residentes, para homologar tratamiento a titulares residentes. Además, deben valorarse acuerdos de doble imposición.

“Los cambios básicos son modificar atribuciones establecidas para dependencias del Ministerio de Hacienda conforme a la Ley 8.131. En la Ley 7.732 modificaciones sobre mecanismos de colocación, compensación y liquidación de valores. Será un solo proyecto con los cambios a las leyes relacionadas”, indicó Castro.

“Hoy un no residente en su calidad de inversor enfrenta un tratamiento tributario por las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, y otro tratamiento por las remesas al exterior. Mientras que un inversor residente solo impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital”, detalló Castro.

Los inversionistas extranjeros en Costa Rica actualmente afrontan tres impuestos: 15% de rentas del capital, eso es sobre los rendimientos; 15% sobre ganancias o pérdidas de capital por la variación en los precios de los bonos, si transan los valores, por ejemplo, si lo compró a un precio y lo vendió a uno mayor obtienen una ganancia sobre la cual tributa y 15% de remesas al exterior si se lleva los intereses del país, según explicó Carla Coghi, socia directora para Centroamérica y República Dominicana de Deloitte.

Además, José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que actualmente los inversionistas internacionales pueden participar en el mercado local, pero deben hacerlo a través de un intermediario que liquide esas operaciones.

En noviembre del 2018, en medio de la anterior crisis fiscal, el Ministerio de Hacienda había utilizado un instrumento similar llamado contrato de colocación, con lo cual recaudó $600 millones.

El contrato de colocación es una figura de captación de recursos que permite vender bonos en el mercado interno, donde participan puestos de bolsa y bancos locales, con las reglas del mercado de valores local, aunque los inversionistas finales pueden ser extranjeros. El monto mínimo para participar en el 2018 fue de $100 millones.

“No hay diferencia, por el contrario, se pretende mejorar la gestión administrativa que se abrió con los contratos de colocación y aumentar las posibilidades para aumentar los mecanismos de colocación y distribución de valores desde la jurisdicción costarricense”, dijo Castro.

Para la analista Julia González, quien tiene experiencia con inversionistas extranjeros, explicó que para atraer esos ahorrantes la parte tributaria debe estar muy clara, de tal manera que permita comparar. También hay que considerar que hay otras alternativas incluyendo la misma deuda externa de Costa Rica comprada en el exterior que compite con estas inversiones.

“A nosotros nos interesa que ellos nos ayuden en las emisiones regulares, porque le dan profundidad, forman precio, y además es un inversionista al que si hoy compró a 100 y mañana está a 101 le va a interesar vender, y en la medida que ese inversionista venga y active el mercado secundario (donde los valores se negocian por segunda o más veces) no solo nos ayuda a traer dinero fresco sino que nos ayuda a tener un mercado más profundo”, dijo Villegas.

El Ministro que por ejemplo, en ese momento, en Alemania, para algunos plazos el inversionista le tiene que pagar al banco, pues el Gobierno Alemán paga una tasa negativa.

“Entonces fondos de inversión de esos países que vengan a invertir acá una cifra muy baja de lo que es propiamente su activo, piense en montos que sean inferiores al cuarto del 1%, pero son fondos muy grandes que perfectamente pueden utilizar un activo de un país como el nuestro para incrementar un poquito su rendimiento”, explicó Villegas.

“El recurso podría ser de ayuda, pero claramente no es la solución al problema fiscal y podría causar un desacomodo en el mercado de deuda local, ya que los inversionistas internacionales tienen una percepción de riesgo diferente a la de los locales y podrían tomar la decisión posterior de salir de manera desordenada del mercado”, consideró Brenes.

Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina en Fitch Ratings, también consideró que esto también conlleva diferentes riesgos, por ejemplo, en otros países donde se ve un alto índice de inversionistas extranjeros en el mercado local, estos tienden a tener mayor volatilidad, sobre todo en episodios de crisis o de incertidumbre económica lo cual podría agravar situaciones de crisis en estos países.

“Por ejemplo, el caso de México en los noventas es un claro ejemplo de que una crisis económica se agrava debido a la alta volatilidad de este tipo de financiamiento”.

Consultado sobe la figura, el exministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, dijo que preferiría que los bonos que venda el Gobierno mediante este mecanismo sean en colones, con una tasa de interés mayor, pero que el riesgo cambiario lo asuman los extranjeros.

Gobierno envía a asamblea legislativa proyecto de ley para eliminar exoneraciones y reducir el gasto

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el propósito de disminuir en 0,58% del PIB el déficit fiscal que aqueja al país y asegurar la estabilidad económica de mediano y largo plazo, mediante una reducción de incentivos fiscales y del gasto tributario, así como ajustar las tarifas del impuesto a las rentas de capital y a las remesas al exterior, el Ejecutivo remitió hoy a la Asamblea Legislativa, el “Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”.

“En el contexto adverso que enfrenta el país es preciso tomar medidas que mejoren la recaudación con la menor afectación posible a los sectores más vulnerables, que consideren la equidad y progresividad en la definición de las tarifas y en la reducción de beneficios fiscales, sin sacrificar aquellos necesarios para el crecimiento económico, y eso es lo que proponemos en este proyecto de Ley”, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El Jerarca aclaró que las exoneraciones y beneficios fiscales generados en los impuestos que administra Hacienda ascendieron a 4,73% del PIB en el 2019, lo cual es un costo fiscal que brinda oportunidades de mejora para darle mayor progresividad al sistema tributario. Esto hace de la reducción del gasto tributario un instrumento importante de política fiscal, sin sacrificar aquellas exoneraciones necesarias para el crecimiento económico.

En esta línea, la propuesta elimina la exoneración del impuesto a la renta que tiene el salario escolar, lo cual solo afecta a los empleados públicos que reciben un salario superior a los 840.000 colones mensuales (23% del total de funcionarios), y reduce a la mitad la exoneración que tienen los rendimientos de las operadoras de pensiones.

Por otro lado, el proyecto de ley incluye un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior, así como homologar en 15% las del impuesto a las rentas de capital, las cuales tendrían una elevación temporal por dos años al 16,5%.

Los elementos contemplados en el proyecto de ley tienen como propósito darle mayor progresividad al sistema tributario. En la siguiente tabla se detalla la propuesta, que permitirá reducir el déficit fiscal que sufre el país, en 0,58% del PIB:

Tributación asignará “baja temporal” a contribuyentes que mantienen declaraciones sin pagar

Fuente: Ministerio de Hacienda

A partir de este 18 de diciembre, la Dirección General de Tributación modificará el estado tributario de contribuyentes que en los últimos tres periodos fiscales o más, no han presentado sus declaraciones de los impuestos en los que estén inscritos, entre ellos el de valor agregado (IVA) y sobre la renta.

De conformidad con la resolución DGT-R-29-2020, emitida el 15 de setiembre del 2020, este estado se les asigna a los contribuyentes en esa condición, pasando de “inscrito” a “baja temporal”, por lo que Hacienda no les validará los comprobantes electrónicos emitidos, tampoco podrán realizar modificaciones en el Registro Único Tributario, ni presentar declaraciones.

El contribuyente que desee modificar este estado, deberá solicitarlo a la Administración Tributaria por medio de la plataforma para trámites virtuales (TRAVI), seleccionando la opción “solicitar cita para reactivación por baja temporal como contribuyente”.

El estado “Baja temporal” se aplica luego de que la Administración Tributaria ha agotado otras gestiones para recordar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tienen pendientes. Además, Hacienda mantiene en su página web (www.hacienda.go.cr) el apartado “Situación Tributaria”, al que puede acceder cualquier ciudadano, donde se incluye la información sobre los contribuyentes omisos en los diferentes impuestos.

“Nuestro objetivo es lograr el mayor cumplimiento voluntario posible, evitarle al contribuyente los inconvenientes por no estar al día, como el pago de multas y aplicación de otras sanciones. Hacemos un llamado a quienes, estando activos en su actividad comercial, se encuentren atrasados con la presentación de declaraciones, para que se pongan al día y eviten caer en el estado de “baja temporal”, por el efecto negativo que eso generará en su negocio, en un momento en el que tanto los contribuyentes como el país, requieren mantener la actividad comercial”, recalcó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Para consultar su estado tributario, el interesado puede ingresar a la página web del Ministerio www.hacienda.go.cr, portal Administración Tributaria Virtual, apartado “Situación Tributaria” y para atender sus inquietudes al respecto pueden comunicarse al Travi ChatBot o al teléfono 2539 4000.

Cobro del IVA a los viajes en Uber y DiDi dispararía el pago en efectivo

Fuente: La República

El cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los viajes realizados en Costa Rica mediante las apps móviles de transporte Uber y DiDi dispararía el pago en efectivo.

Ambas plataformas, junto con otras de venta de boletos aéreos y reserva en hoteles como Booking, Expedia y Despegar.com y el nuevo servicio de video streaming Disney+, fueron incluidas en la lista de servicios digitales transfronterizos gravados con el 13%.

Los servicios digitales transfronterizos son los que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de internet o cualquier otra plataforma digital, pero que son consumidos dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la Asociación de Plataformas Tecnológicas (Acoplatec), que reúne a una buena cantidad de socios conductores de ambas apps de transporte, la cancelación de los viajes en dinero en efectivo se impondrá para evitar el pago de dicho impuesto.

Esto porque el cobro se aplica a las transacciones realizadas mediante tarjeta de débito o crédito, como ocurre con otros servicios tales como Netflix o Spotify, donde el banco emisor es el que cobra el monto de forma posterior a su cancelación, para trasladarlo al ministerio de Hacienda.

“En Uber somos respetuosos de la legislación y buscamos ser un aliado de las ciudades. Desde que nuestra app está disponible en Costa Rica, hace cinco años, hemos cumplidores responsablemente con todas las obligaciones tributarias que la ley exige”, respondieron los representantes de Uber Costa Rica al pedirles una reacción al respecto.

Uber señaló que no aumentará el precio de sus viajes, aplicados a todas las modalidades del servicio (UberX, Uber Flash, Uber Planet, Uber VIP, Uber XL) y que cada entidad bancaria será la encargada de trasladar este cobro al Ministerio de Hacienda.

De igual forma, Carolina Murillo, encargada de Comunicaciones de DiDi Costa Rica señaló que se encuentran a la espera de que la resolución sea publicada para conocerla y hacer un análisis técnico de sus alcances.

“Como es costumbre DiDi, es respetuosa de las resoluciones e instancias de las autoridades”, agregó Murillo.

Justamente en momentos en que empieza a aplicarse el cobro de IVA a las plataformas de transporte colaborativas, Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes (Mopt), urgió la aprobación de una ley que regule su operación en suelo nacional, después de cinco años de desgano y varias versiones de proyectos de ley propuestos en esa dirección.

Según estudio de gasto tributario realizado por Hacienda:Ley 9635 permitió disminuir en 0,83% de PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda dio a conocer los resultados del estudio de gasto tributario (GT) total en Costa Rica correspondiente al año 2019, según el cual, las exenciones y beneficios fiscales otorgados ese año, fueron inferiores en 0,83% del PIB a los del 2018, lo que se explica por la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635)

Mientras que en el 2018 este gasto ascendió a 5,6% del PIB, en el 2019 alcanzó el 4,73% del PIB (¢ 1 716 591,95 millones).  De este porcentaje, 2,30% corresponde al impuesto sobre la renta, 2,22% al Impuesto al IGV-IVA y 0,21% a Otros Tributos.

El GT se puede definir como los ingresos que el Gobierno deja de percibir, al otorgar un tratamiento impositivo distinto al que se aplica de carácter general. Es un beneficio que se genera al introducir en la legislación tributaria elementos como: exenciones, deducciones, diferimientos tributarios, créditos fiscales o tasas reducidas.  Su objetivo es apoyar o promover determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de contribuyentes y debe ser evaluado en términos de su contribución al desarrollo del país.

“Estimar el gasto tributario es importante porque permite una mayor transparencia del sistema tributario del país, así como determinar la cantidad de recursos que no se perciben por estos beneficios y evaluar la necesidad o no de mantener algunos de ellos. Su revisión es especialmente importante en épocas de crisis, cuando debemos buscar recursos frescos para la atención de programas prioritarios para la población” expuso Elian Villegas, ministro de Hacienda

El Jerarca agregó que este informe también es útil para el análisis de costos y beneficios de los regímenes de exención y su impacto en la actividad económica del país y porque se convierte en un insumo muy importante para la toma de decisiones en materia de Política Fiscal.

Para el estudio del 2019, Hacienda consideró dos legislaciones que tuvieron impacto en las estimaciones:  en el primer semestre la del impuesto general sobre las ventas (Ley N.º 6826) y la del impuesto sobre la renta (Ley N.º 7092), en el segundo la Ley N.º 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, con la que se migró a un impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, incrementando las tasas impositivas del mercado financiero (capital mobiliario). Además, se cambió la metodología que estima el GT en bienes y servicios de consumo nacional y se utilizó la última Encuesta de Ingresos y Gastos disponible, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El estudio “Gasto Tributario, Metodología y Estimación 2019: Impuesto sobre la Renta, Impuesto General sobre las Ventas (IGV)  y Otros Tributos”, se encuentra disponible en la página web www.hacienda.go.cr , apartado “Estudios Fiscales” y también se puede acceder desde el banner principal.

Desconfianza en un gobierno “gastón” hace a diputados exigir detalles de acuerdo con FMI

Fuente: La República

Hasta que no se conozcan los detalles del acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la oposición en el Congreso no estaría dispuesta a validar ningún nuevo préstamo para el gobierno de Carlos Alvarado.

La desconfianza en un gobierno “gastón” hace que los legisladores rechacen un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones, sin importar que este le ahorraría al país $91 millones en intereses en los próximos siete años.

La preocupación de los legisladores se debe a que Alvarado solo impulsaría una agenda de corto plazo, para terminar su gobierno sin mayores sobresaltos y sin resolver el problema del déficit fiscal.

Impulsar ajustes estructurales en el gasto, incluida una reforma al empleo público y el cierre y fusión de instituciones públicas, son las demandas de los diputados.

“Los $1.750 millones que se negociarían con el FMI, le permitirían al país entrar en una estabilidad fiscal y una ruta financiera nueva, promoviendo la confianza y productividad del país; sin embargo, para que ello ocurra, el gobierno debe dejar de pensar en el corto plazo y construir la ruta de largo plazo de una vez por todas. Señor Presidente no improvisemos más y resolvamos esto de una vez por todas”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación.

Ayer, al cierre de edición, la disputa entre el gobierno y los diputados por el préstamo con el BID se mantenía, sin embargo, el Congreso decidió adelantar su receso a partir de este martes y con ello, el préstamo con el BID quedó descartado, ya que se había dado plazo hasta el 6 de enero para aprobarse.

El adelanto de las vacaciones se dio por un brote de Covid-19 en la barra de prensa y los legisladores regresarán a laborar el 11 de enero.

Desde el inicio de esta administración el Congreso ha aprobado créditos por más de $1.700 millones, además del plan de eurobonos y una reforma fiscal.

Por otra parte, el congreso tuvo en su segundo año de trabajo el período más fructífero -con leyes sustantivas – en 34 años, según el último informe del Estado de la Nación.

En ese sentido, los legisladores se quejan de una falta de compromiso del Ejecutivo para recortar el gasto.

“Estamos ante un Ejecutivo que no nos ha dado la confianza para creer en sus promesas y ahora quiere hacer creer a los costarricenses, que la culpa de la no aprobación de este proyecto es de la Asamblea Legislativa”, dijo María Inés Solís, diputada de la Unidad.

Mientras tanto, el gobierno aseveró ayer que la decisión que tomaron 26 diputados en relación con el financiamiento del BID le cuesta $91 millones a todos los costarricenses.

“Pudiendo pagar intereses de 2,8% anual, han obligado a que se paguen intereses de 8% anual, es decir casi 3 veces más caro. Y además privan de $25 millones que se destinarían a la Caja”, dijo Agustín Castro, ministro de Comunicación.

Transparencia

El gobierno ha fallado en su labor de generar confianza con otros actores políticos y por ello, la oposición le niega la aprobación de más créditos.

Carlos Avendaño
Diputado
Restauración

Se les ha pedido cuál es el plan de reactivación económica, y no lo ponen en la mesa. Se les ha pedido cuáles son las propuestas específicas que ha llevado el Gobierno a la negociación con el FMI, tampoco han querido dar esas propuestas. Ha faltado liderazgo, responsabilidad de poner todas estas cosas en la mesa, y las consecuencias las sufre el país.

Luis Fernando Chacón
Diputado
Liberación

Los $1.750 millones que se negociarían con el FMI, le permitirían al país entrar en una estabilidad fiscal y una ruta financiera nueva, promoviendo la confianza y productividad del país; sin embargo, para que ello ocurra, el gobierno debe dejar de pensar el corto plazo y construir la ruta de largo plazo de una vez por todas. Señor Presidente no improvisemos más y resolvamos esto de una vez por todas.

Carmen Chan
Jefa de fracción
Nueva República

Con el PAC como administrador de Costa Rica este préstamo sería igual a botar la plata.
El gobierno trató de justificar con mentiras y con su política de miedo, el proyecto de aprobación de un préstamo por $250 millones con el BID, pero nos opusimos porque no le daremos al PAC un cheque en blanco para que siga gastando y endeudando a Costa Rica.

María Inés Solís
Diputada
Unidad

Estamos ante un Ejecutivo que no nos ha dado la confianza para creer en sus promesas y ahora quiere hacer creer a los costarricenses, que la culpa de la no aprobación de este proyecto es de la Asamblea Legislativa , cuando son ellos quienes han presentado proyectos mal redactados y han pretendido usar el dinero ahorrado de intereses, para gasto corriente.
No vamos a dar opción alguna para que el ejecutivo utilice de manera irresponsable el dinero de los costarricenses.