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Patronos: lo que deben hacer para reducir la jornada laboral en sus empresas por tres meses


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

A pesar de las aperturas reguladas algunos patronos todavía no han podido volver a sus niveles de trabaja pre pandemia, por lo que recientemente se firmó la Ley No. 9937, que autoriza la reducción de las jornadas laborales por 3 meses, dada la situación de emergencia nacional que vive el país.

“Empezamos el año como lo terminamos en materia de empleo. Es decir, los patronos podrán reducir jornadas por tres meses más, siempre y cuando demuestren la afectación de la pandemia en sus negocios”, comentó Ana Isabel Borbón, especialista en derecho Laboral de Actualidad Tributaria.

Para Borbón la situación es crítica, pues el país pasa por una de sus peores rachas de desempleo de los últimos 5 años. “24% no es una cifra halagadora, pero si la situación de la pandemia continúa como hasta ahora, es posible que no podamos bajar estas cifras”.

El objetivo de esta ley es proteger el empleo en aquellas industrias que aun no se hayan podido recuperar debido a la pandemia y que así puedan demostrarlo, requisito indispensable para que puedan optar por la reducción de jornadas.

Borbón le recuerda a los patronos que deben solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo, al tiempo que deben cumplir los mecanismos autorizados por la ley para acceder a la ampliación por los siguientes tres meses.

Adicionalmente subraya que los tres meses empiezan a regir en el momento que el patrono inició la apliación de la medida y se realizó el trámite respectivo ante la autoridad.

“Los patronos no deben olvidar que esto es una medida transitoria y que si no pueden mantener al trabajador en su puesto, deben liquidarlo como lo establece la ley costarricense, de lo contrario, se exponen a las consecuencias que la misma ley estipula”, sentenció Borbón.

Cambio de PIB anunciado por BCCR modifica déficit fiscal y relación deuda PIB al cierre del 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que la actualización de las cuentas nacionales, con periodo de referencia al año 2017 y el consecuente cambio del Producto Interno Bruto (PIB) para dicho año (3,5 puntos porcentuales mayor al estimado con base en metodología anterior), provocará un cambio en las cifras fiscales al cierre de 2020, las cuales se modifican de la siguiente manera:

Si bien las cifras que comunicó Hacienda a inicio de semana se determinaron a partir de la misma metodología y porcentaje del PIB según las cuentas nacionales con año base 2012, la actualización de estas cuentas (año base 2017) exigen su concordancia con el nuevo PIB, sobre todo considerando que la información del déficit y de la relación deuda PIB son muy importantes para el análisis y la toma de decisiones, tanto del Gobierno como de los distintos actores que participan de la actividad económica del país.

 

“No podemos solo sustentar este acuerdo en impuestos y recorte” indica Zoila Volio

Fuente: El Mundo CR

La diputada independiente Zoila Volio manifestó preocupación por la forma en que se compone la propuesta de negociación para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que no se contempla el tema de reactivación económica.

«Una de mis observaciones fue que no veía ningún componente de reactivación económica, generación de empleo e inversión, eso es clave no podemos solo sustentar este acuerdo en la parte de impuestos y en la parte de recorte», aseguró la diputada Volio.

Sin embargo, la legisladora señaló que los representantes de la misión no hicieron ningún comentario al respecto, ante su inquietud.

«Tampoco hablaron de los plazos, de cuando tiene que estar listo, y tampoco nos comentaron las condiciones que ellos piden. Si fueron muy enfáticos en que quieren que el proceso sea trasparente, y que una vez que el acuerdo sea aprobado será revisado cada seis meses, en este momento lo que están haciendo es detallando puntualmente si los ajustes y las proyecciones que ha presentado el Poder Ejecutivo son viable y precisas», aseguró la legisladora.

«Esto apenas empieza pero es un primer acercamiento que creo que fue productivo», concluyó Volio.

El pasado 11 de enero el Gobierno inició la negociación con el FMI para suscribir un Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional, el cual permitiría acceder a fondos por $1.750 millones.

Régimen de Zonas Francas recibió privilegios por ¢375.784 millones en exoneraciones en 2019

Fuente: Semanario Universidad

Las exoneraciones en impuesto a las utilidades de las empresas del Régimen de Zonas Francas (RZF) alcanzaron ¢375.784 millones en el 2019, según datos del Ministerio de Hacienda, como parte de los privilegios de los que gozan estas empresas, por lo que representantes de diversos sectores y economistas proponen que se revisen estos incentivos fiscales.

Los beneficios de los que gozan estas empresas son exoneraciones del impuesto sobre la renta, del pago del impuesto de bienes inmuebles por 10 años, de impuestos asociados con la exportación o reexportación de producto, del impuesto sobre las remesas al extranjero, y de patentes municipales por 10 años.

Si se suman todas estas exoneraciones del 2019, representan un 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del informe «El Gasto Tributario, Metodología y Estimación Año 2019», del Ministerio de Hacienda.

Ese 1,04% corresponde a la mitad de lo que planea generar el Gobierno con sus medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal, incluidas en la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según cifras del Gobierno, la reducción de gastos, venta de activos y creación de ingresos generarían un 2,11% del PIB.

Economistas afirman que hay un espacio para revisar los esquemas de privilegios de las Zonas Francas, considerando el peso de lo que significan estas exoneraciones para el país (Ver nota “Posible contribución solidaria de empresas de zonas francas fue desechada sin discutirse”).

Son los principales argumentos de quienes defienden que estos beneficios no se pueden eliminar: que generan mucho empleo, que las empresas se irán a otros países si no tienen seguridad jurídica, y que las altas cifras de exportaciones son un gran aporte a la economía.

Cabe recordar que Philippe Garnier, hijo del ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, figura como el principal tenedor de Zonas Francas del país, con cinco vínculos a sociedades.

Además, antes de ocupar su cargo como jerarca del Ejecutivo, André Garnier fue tesorero en Flexipark, presidente en Zona Global Dos y tesorero en El Cafetal.

EL TEMA DEL EMPLEO

Jorge Sequeira, director general de la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica (Cinde), ante consulta de UNIVERSIDAD, dijo que “son más los beneficios que estas empresas dejan al país por las exoneraciones que los que reciben” y citó como ejemplo la creación de 20.000 empleos formales durante 2020, que un 44% del empleo en Zonas Francas es ocupado por mujeres, que un 85% de los empleados de empresas de servicios de Zonas Francas provienen de colegios públicos y que pagan $585 millones anuales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según Cinde, estas empresas emplean directamente a 125.039 personas. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esto solo representa un 7,1% del total de personas ocupadas en el país (1.745.257) (ver infografía).

Consultado por este medio, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, dijo: “De manera clara y contundente, la Cámara de Industrias de Costa Rica se opone a que se revisen las condiciones del Régimen de Zona Franca, por considerar que se lesionaría la seguridad jurídica y se afectaría enormemente la promoción y la inversión extranjera en el país”.

“Contrario a poner en discusión la revisión del Régimen de Zona Franca, que sin lugar a duda generará desconfianza a los inversionistas, lo que corresponde es más bien fortalecer el sistema productivo costarricense por medio de una mejora en las condiciones para hacer negocios, el fomento de la innovación, el desarrollo de encadenamientos productivos y de clústeres”, declaró Egloff.

EL ARGUMENTO DE QUE OTROS PAÍSES SE LAS LLEVARÁN

Según Sequeira, si Costa Rica comienza a modificar las reglas del juego a estas 330 empresas, muchos otros países les abrirán las puertas para que lleven su inversión hasta ellos.

Afirmó que, incluso, los países están abordando medidas para aliviar el impacto o bajar cargas tributarias para este sector. El también exgerente de Procomer insistió en que estas inversiones se ubican donde encuentren las mejores condiciones para invertir.

“Son empresas con arraigo, un potencial cambio en las reglas del juego generaría inseguridad jurídica, poniendo en riesgo el 70% de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país y el 82% del empleo nuevo que deriva de las reinversiones”, dijo.

De acuerdo con datos analizados por Cinde en 15 países, ninguno está poniendo nuevos impuestos, sino “abordando medidas para aliviar el impacto de la crisis sanitaria y/o bajar cargas tributarias”.

¿Qué ha pasado en otros países o zonas que han tomado medidas de eliminación de incentivos?

Según Sequeira, en el 2006 Puerto Rico eliminó exoneraciones y perdió el 40% del empleo en manufactura; mientras que en el 2016 Guatemala cambió el régimen de exoneraciones y provocó la salida de 125 empresas.

“A falta de condiciones de competitividad adecuadas con respecto a nuestros principales competidores (costo de la energía eléctrica, infraestructura deficiente, tramitomanía, baja productividad y altos costos de operación, incluyendo salarios mucho más altos relativo a nuestros competidores), el RZF permite equiparar las condiciones con otros mercados, compensa las fallas del mercado local y la amplia oferta de incentivos que dan otros países competidores. Esto no es exclusivo de Costa Rica”, señaló el ingeniero.

Sin embargo, el economista e investigador en formación y efectividad de políticas públicas, Luis Carlos Olivares, señaló que “es un mito que si se le pone a las Zonas Francas un cierto porcentaje de impuesto sobre la renta o del IVA se van a ir, porque el arraigo de esas empresas no se basa solamente en los regímenes de exenciones fiscales”.

De hecho, Cinde coincide en lo del arraigo. Según Sequeira, “estas compañías buscan disponibilidad de talento humano, incentivos para el desarrollo de su actividad, estabilidad social y estabilidad jurídica de la normativa que las rige”.

“Si el país donde se instalan ofrece esto y más, llegarán para quedarse, como actualmente lo hacen más de 330 empresas, que siguen reinvirtiendo a más de diez años de su llegada; es decir: tienen arraigo”, agregó Sequeira.

APORTE A LA ECONOMÍA CONTRA SACRIFICIO FISCAL

De acuerdo con el más reciente estudio de impacto de Zona Franca 2015-2019, elaborado por Procomer, en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y Cinde, la contribución absoluta de las ZF sumó $4.727 millones en 2018 y $5.219 millones en 2019. Las empresas compran el 43% de sus insumos a más de 11.000 proveedores, de los cuales 1.350 son Pymes y en el 2019 estas compras fueron por $2.323 millones.

No obstante, Olivares afirmó que, de todo el parque empresarial de Pymes, las que tienen encadenamientos productivos con empresas de ZF no alcanzan ni el 1%. Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el 2017 había alrededor de 108.079 Pymes.

Olivares expuso, por ejemplo, que el monto de exoneraciones de las Zonas Francas ha crecido a un ritmo del 11% en términos acumulados durante los últimos 10 años, y ha sido de aproximadamente $4.870 millones en una década.

“Con eso se paga unas seis o siete veces el déficit fiscal”, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD, refiriéndose al gasto tributario o lo que se ha dejado de percibir por concepto de no cobrarles impuestos a estas empresas.

Olivares sugiere una revisión (reducción) de tipos impositivos a las Zonas Francas; un impuesto con carácter de progresividad en la frontera del tiempo.

“Han pasado muchos años en que las Zonas Francas han disfrutado de esquemas de privilegios muy consolidados, compuestos por 143 leyes que provocan un gasto tributario del 6% del PIB. Hay un espacio para revisar ese esquema de privilegios, sobre todo a los efectos que estamos en una crisis fiscal, en una crisis de deuda y en una crisis sanitaria que demanda muchísimo dinero”, enfatizó el economista.

“Entonces antes de revisar otros esquemas que afectan la pobreza, la inequidad y el poder adquisitivo de personas de menores ingresos, podríamos revisar esquemas de sectores que han gozado de privilegios durante muchísimo tiempo”, expresó Olivares.

Asimismo, un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se aborda el caso de las Zonas Francas de Costa Rica por el economista Daniel Artana exponía que una de las críticas a otorgar “vacaciones tributarias” en el impuesto a la renta de las empresas «es que pueden favorecer a proyectos de alta rentabilidad que quizás se hubieran concretado de todas maneras.

En dicho informe, «Atracción de Inversión Extranjera y Desarrollo Productivo en Mesoamérica y República Dominicana», de 2015 se sugiere explorar un régimen de incentivos “superador”, que concentre los incentivos únicamente en las nuevas inversiones y los limite a una rentabilidad “normal” del capital. «De esta manera, los proyectos con rentas extraordinarias así como los proyectos viejos que no realizan nuevas inversiones pagarían algo del impuesto a la renta», explica.

COMPETENCIA CON EMPRESAS EN RÉGIMEN DEFINITIVO

Luis Carlos Olivares también ha destacado que diversas prácticas comerciales paulatinas han consolidado una situación “de hecho” que le permitió a las empresas de Zonas Francas vender al mercado interno, siempre y cuando paguen IVA.

Olivares explicó que esto genera un proceso de competencia desleal porque, si bien tienen que pagar IVA por la proporción de las ventas destinadas al mercado interno, “en el proceso de producción anterior sí estuvieron exentas de los cánones de comercio, sí importaron sin impuestos, no tuvieron que pagar impuestos sobre la renta, como sí lo hicieron las empresas que están en el régimen definitivo”.

Además, añadió que “sobre esto ha habido cero pronunciamiento de las autoridades de la competencia”. Se estima que un 4,2% de las ventas totales de Zonas Francas son ventas al mercado nacional, según Cinde.

Este medio consultó a las autoridades de Gobierno al respecto. El ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, respondió que las ventas que hagan las empresas de Zonas Francas al mercado local deben pagar el IVA y nacionalizar sus materias primas importadas y utilizadas en su proceso de producción, “lo que implica el pago de todos los impuestos a la importación aplicables, tal como le correspondería a cualquier empresa que venda bienes o servicios en el país”.

Procomer es el ente encargado de vigilar el cumplimiento de estas normas, lo cual se sanciona según lo que dispone la ley, dijo el jerarca.

“Permitir que estas empresas realicen ventas en el mercado local es necesario para cumplir con los estándares y acuerdos internacionales que regulan esta materia, según los cuales no es permitido aislar al mercado nacional de los beneficios y efectos de un incentivo fiscal”, añadió Valenciano.

Para Enrique Egloff, de la Cámara de Industrias, “es evidente que existe una diferencia en el desempeño entre la industria ubicada en regímenes especiales con la de régimen definitivo”; pero apuntó que dicha diferencia se explica “en buena parte por la dinámica del comportamiento de los mercados, particularmente en tiempos de pandemia con el comportamiento de la demanda de los bienes y servicios”.

“Mientras que en los regímenes especiales encontramos actividades dirigidas a nichos o mercados especializados cuya demanda no se ha visto afectada por los efectos de la pandemia, sino que en algunos casos ha aumentado, como puede ser el caso de ciertos dispositivos médicos.

En el caso del régimen definitivo, las empresas manufactureras mayoritariamente dependen del mercado interno y del mercado centroamericano, con productos menos especializados, cuya demanda se ha visto afectada por la caída de los ingresos de los consumidores y la contracción de la actividad económica en general”, comentó Egloff. (Ver nota “Un 33% de exportaciones totales del país son dispositivos médicos”).

“Para dinamizar la actividad económica manufacturera es necesario garantizar la seguridad jurídica y mejorar la competitividad, indistintamente del régimen, siendo para ello indispensable reducir los costos de producción asociados a las tarifas eléctricas y combustibles, simplificar los trámites, facilitar el comercio, entre otros”, afirmó Egloff.

IMPACTO AL NO PAGAR IMPUESTOS TERRITORIALES

Durante el diálogo multisectorial 2020, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) destacó que era necesario que los alquileres en Zonas Francas paguen impuestos, como cualquier otro negocio, incluyendo renta; y que también paguen licencias comerciales.

Sequeira explicó que según la Ley de Zonas Francas, las empresas que tengan un “Acuerdo Ejecutivo” que les conceda un nuevo otorgamiento del Régimen están exentas del pago del impuesto de bienes inmuebles por 10 años.

Pero algunas municipalidades dejaron de aplicar la exoneración, “afectando la seguridad jurídica”, dijo Sequeira, debido a “una mala interpretación de la ley, producto de un cambio terminológico, que transformó el impuesto territorial en impuesto sobre bienes inmuebles”.

Debido a lo anterior, el año pasado la Asamblea Legislativa interpretó “de forma auténtica” la ley, señalando que “donde dice ‘impuesto territorial’ debe entenderse ‘impuesto sobre bienes inmuebles” (Ley 9851 del 17 de junio del 2020).

“La interpretación auténtica a la Ley de Régimen de Zonas Francas dio certeza jurídica sobre este punto, aclarando de forma rotunda la equivalencia entre ambos términos y, por ende, la procedencia de la exoneración por el plazo de 10 años”, confirmó Sequeira.

De acuerdo con Luis Carlos Olivares, esta exención en el pago de impuestos territoriales claramente daña la capacidad de recaudación de las municipalidades.

“Eso ha provocado una disminución en la posibilidad de orientar la política de incentivos para la instalación de empresas en cantones determinados (sobre todo aquellos cantones que no están participando de los flujos de inversión extranjera, que son los cantones de la periferia y que tienen bajos índices de desarrollo humano y que no tienen clústeres de zonas francas”.

ANEP solicita una nueva reunión con el FMI

Fuente: El Mundo CR

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de realizar una segunda reunión con el fin de «abordar con mayor amplitud los diversos planteamientos y propuestas alternativas existentes para que Costa Rica supere la crisis fiscal sin la necesidad de un convenio con el FMI».

La solicitud se realizó por medio de una carta dirigida a Manuela Goretti Jefa de la Misión del FMI para Costa Rica.

En el documento se indicó que ANEP piensa «que es imposible para conformarse un criterio justo y equilibrado por parte del FMI, que no se considere la amplia vastedad de planteamientos alternativos, formulados de manera responsable con relación al planteamiento gubernamental; planteamientos que buscan articular una respuesta nacional a la crisis fiscal. Estamos convencidos que las máximas autoridades político-ejecutivo del país, a ustedes de ello no se les informan nada».

Desde ANEP aseguraron que luego de la reunión virtual sostenida con el FMI el pasado 15 de enero, «quedó claro la línea política indicada por Goretti, al manifestar que no existe ninguna condición que obligue al país a aprobar el proyecto de empleo público a cambio del crédito Servicio Ampliado de Fondos, por un monto de 1.750 millones de dólares, y en efecto, hay más cosas que aclarar respecto al discurso del Gobierno Alvarado Quesada hacia la ciudadanía costarricense».

Asimismo, en el documento expusieron que ahora se utiliza «el tema de los “estándares internacionales”, como nueva muletilla presidencial a favor del cuestionado proyecto, es algo peculiarmente “novedoso”, sobre lo cual es urgente clarificar su relación con un país como Costa Rica en el actual estado de la situación nacional política, económica y social».

Este lunes el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó a los diputados aprobar el proyecto de Empleo Público, afirmando que cumple con estándares internacionales y es clave para reducir el gasto público.

Déficit fiscal del Gobierno cerró en 8,3% de la producción en el 2020, por debajo de la estimación

Fuente: La Nación

El Gobierno finalizó, el 2020, con un déficit fiscal equivalente al 8,3% del producto interno bruto (PIB), casi un punto porcentual menor a lo estimado dentro de la programación económica (9,2%).

Así lo informó Elian Villegas, ministro de Hacienda, este lunes 18 de enero, en una conferencia de prensa virtual.

Pese al resultado financiero adverso, el segundo más voluminoso desde 1981, cuando fue de 9,1% de la producción, Villegas destacó que cerraron con un déficit menor al esperado, dado la fuerte caída del 11% en los ingresos tributarios generada por la pandemia sanitaria.

En la revisión de la programación económica del 2020–2021, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) incluyó, a mediados del año anterior, que el déficit fiscal del Gobierno sería de 9,3% del PIB.

El endeudamiento público también fue menor al esperado, pues cerró el año pasado en 69,7% de la producción, pero el Gobierno esperaba rondara el 70,1% del PIB.

“Hace cinco meses se decía que el Gobierno caería en default en setiembre, luego de que el déficit sería del 11,7% del PIB en diciembre, pero no fue así”, destacó Villegas.

El funcionario no brindó la proyección del déficit fiscal para este año, pues afirmó se dará una vez cerradas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues dependerá del acuerdo al que se llegue con el organismo multilateral.

Menos transferencias e inversión

El jerarca de Hacienda explicó que la reducción en el gasto se logró mediante recorte del gasto público. En específico, el recorte del gasto se dio en las transferencias corrientes del Poder Ejecutivo.

Al cierre del 2020, estas ascendieron a ¢2,83 billones, es decir una reducción interanual del 2,42% comparado a los ¢2,90 billones del 2019.

La baja más significativa fue hacia instituciones del sector público, dado que ascendieron a ¢1,69 billones, es decir una baja del 14,5% el año pasado, comparado con los ¢1,98 billones del 2019, según los datos publicados por Hacienda.

“La reducción en el gasto obedece a un esfuerzo de todo el Estado con recortes presupuestarios y la no transferencia de ciertas partidas. La única forma de ahorrar es sencillamente no gastando. La única forma de contener el gasto público es dejando de gastar”, explicó Villegas.

El jerarca resaltó que se dejó de hacer transferencias catalogadas como no esenciales, en diversas instituciones públicas.

Isaac Castro, viceministro de Hacienda, detalló que el recorte en específico en las transferencias al sector público fue de ¢288.355 millones.

“El desglose abarca una cantidad grandísima de instituciones públicas que recibían el dinero. No es que se pospuso pagos, pues todas esas instituciones están al día en sus obligaciones. En cada uno de los presupuestos extraordinarios se fue recortando durante el año pasado”, destacó Castro.

El viceministro añadió que, por el contrario, las transferencias dirigidas al sector privado se incrementaron, pues contenían muchas de las ayudas económicas dadas por el Gobierno a afectados por la pandemia de la covid-19, como el Bono Proteger.

Las transferencias al sector privado ascendieron a ¢1 billón el año pasado, lo cual significa un aumento del 18%, comparado al mismo periodo del 2019, cuando fueron de ¢872.220 millones.

El recorte en el gasto de capital fue otro de los rubros relevantes en la baja del déficit financiero.

Los datos de Hacienda muestran que la inversión fue de ¢444.014 millones en los 12 meses del 2020. Esto significo una reducción del 38% frente a los ¢718.825 millones del 2019.

Villegas destacó que el Gobierno también logró contener el crecimiento de los salarios, pues este rubro ascendió a ¢2,48 billones, el año pasado, lo cual significa un alza de 0,2% frente a los ¢2,47 billones del 2019.

El pago de intereses de la deuda pública fue el rubro que más se elevó porcentualmente. Este fue de ¢1,68 billones el año anterior, frente a los ¢1,51 billones, en el 2019, lo cual significó un alza del 11%.

Al final del periodo del 2020, el déficit fiscal del Poder Ejecutivo fue de ¢2,9 billones que se financió mediante deuda interna y externa. El 70% de los recursos los obtuvo de la colocación de títulos valores en el mercado local.

Mientras que el restante 30% con préstamos externos de apoyo presupuestario, entre los que destacan el crédito rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI), por $521 millones, o el de $500 millones otorgado por el banco de desarrollo de América Latina (CAF).

Caída en ingresos

Por otra parte, los ingresos totales del Ejecutivo fueron de ¢4,77 billones el año pasado, lo cual significó una baja del 11% frente a los ¢5,36 billones del 2019.

El jerarca de Hacienda detalló que la principal contracción se dio en la recaudación impositiva, pues ingresaron a la Hacienda Pública ¢587.000 millones menos.

Sin embargo, destacó que al comienzo de la pandemia la proyección era de una caída del doble, es decir, casi ¢1,2 billones.

Villegas explicó que las reaperturas de actividades económicas, con las respectivas medidas sanitarias, fue una de las razones que más ayudaron a que la caída no fuera como la prevista.

El impuesto sobre la renta, uno de los más relevantes, reportó una recaudación de ¢1,65 billones el año pasado, lo cual significó una baja del 11%, comparado con los ¢1,85 billones del 2019.

En tanto, el impuesto del valor agregado (IVA) tuvo una menor caída a la esperada, enfatizó el Viceministro Isaac Castro.

Los datos de Hacienda muestran que el ingreso fue de ¢1,62 billones, es decir 0,7% menos comparado a los ¢1,63 billones del 2019.

 

 

Dos créditos internacionales hacen fila en Congreso a espera que el Gobierno logre acuerdo con FMI

Fuente: El Financiero

Dos préstamos otorgados a Costa Rica por organismos internacionales están en la Asamblea Legislativa y su futuro depende de muchos factores; entre ellos, la concreción del acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manifestación de señales políticas más claras por parte del Gobierno.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, pide a los diputados que aprueben el proyecto de ley 22.214 en el cual se tramitan dos operaciones por $300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro también por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), este último inicialmente ligado al fondo de avales y garantías.

“Para nosotros esos créditos son importantes, siempre es necesario contar con fondo de caja y ese dinero nos permite no presionar el mercado local y ahorrar en tasa de interés”, agregó el jerarca en entrevista con este medio.

El ministro afirma que el programa con el Fondo por $1.750 millones a tres años, abonará la confianza de los mercados e inversionistas lo que permitirá negociar nuevos empréstitos con organismos multilaterales a lo largo del 2021 para cambiar deuda cara por otra más barata.

Además, considera que bajo la aplicación de un ajuste fiscal respaldado por el FMI, Costa Rica podría evaluar más adelante otras fuentes de financiamiento como una nueva emisión de títulos de deuda externa, conocidos como eurobonos.

En el tintero

El Plan de Endeudamiento del I Semestre del 2020 presentado por el Ministerio de Hacienda incluyó un total de nueve empréstitos internacionales, de los cuales seis eran de apoyo presupuestario y tres estaban destinados a financiar programas específicos.

En el tintero de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso se encuentran dos préstamos, cada uno por $300 millones, que se tramitan como un sólo expediente.

El crédito con el (BID) por $300 millones se destinará al canje de deuda pública, mientras que inicialmente la operación con el BCIE, también por $300 millones, estaba dirigida a financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías.

Sin embargo, en una segunda versión del proyecto de ley del fondo de avales, el Gobierno planteó que esos recursos entren directo a la Caja Única y que cada año Hacienda los presupuestará de manera ordinaria para responder por los avales y garantías.

Esta posición despertó las dudas de la banca, sobre todo en momentos adversos para las finanzas públicas donde la incorporación de $300 millones al flujo de caja del Gobierno, ante eventuales problemas de liquidez, podrían redirigir ese dinero al pago de gasto corriente o transferencias.

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, explicó que posiblemente el Ejecutivo planteará cambios al proyecto del fondo de avales para presentar una tercera versión ligada nuevamente al crédito del BCIE.

De acuerdo con Hernández, sobre estos dos préstamos no hay plazo, como sí ocurrió con los dos empréstitos del BID que se perdieron en 2020; lo cual abre una mejor perspectiva para la discusión en Cuesta de Moras.

En el plan de endeudamiento del Gobierno también figura un crédito por $50 millones proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se debe destinar a gastos gubernamentales ante la pandemia. Ya fue aprobado por el organismo y el contrato está en negociación.

El 1.° de diciembre del 2020 la CAF aprobó una nueva línea de crédito para Costa RICA por $500 millones (similar a la otorgada en abril del año pasado), bajo el formato de apoyo presupuestario ante la crisis de la COVID-19.

Villegas confirmó que todavía están en negociaciones con la Corporación para construir el proyecto de ley y enviarlo al Congreso.
Doble fracaso

Las expectativas del ministro de Hacienda son positivas a pesar de que el 2020 dejó el fracaso de dos créditos internacionales en la Asamblea Legislativa.

El primer tropiezo tuvo lugar entre agosto y setiembre con una operación de $245 millones aprobada por el BID, que en principio se destinaría a cubrir el pago de los bonos Proteger y a “gastos elegibles”.

Sin embargo, tras una serie de confusiones entre Geannina Dinarte, entonces ministra de Trabajo y Villegas, quienes no lograron explicar claramente a los diputados cómo utilizarían $159 millones de ese préstamo; finalmente el expediente no fue aprobado.

El Ejecutivo no específico cómo se usaría el 60% del monto total del crédito que se destinaría a “gastos elegibles” y planteó la idea de redirigir esos recursos para reintegrar a Hacienda parte de los giros en bonos Proteger.

El segundo fracaso tuvo lugar en diciembre del 2020, cuando el cierre forzado del Congreso por casos de COVID-19 sepultó definitivamente otro préstamo con el BID por $250 millones.

Con esta operación el Gobierno pretendía sustituir deuda pública por otra en mejores condiciones de tasas y plazos para ahorrarse hasta $13 millones al año en el pago de intereses.

Por tratarse de un empréstito especial en el marco de la pandemia, la operación tenía un plazo de vencimiento al 6 de enero del 2021, pero el receso legislativo arrancó el 16 de diciembre y concluyó el 11 de enero.

La bancada legislativa del Partido Liberación Nacional, junto con otras agrupaciones, lideró una iniciativa de bloqueo a este contrato y se opuso tres veces a aprobar una moción para acelerar su aprobación en el plenario.

Los verdiblancos primero pidieron al Gobierno mayores recortes al gasto público en el Presupuesto Nacional 2021, luego exigieron conocer en detalle la propuesta de negociación con el FMI y, finalmente, cuestionaron que no se incorporara en el crédito el monto que se destina a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La decisión del PLN fue cuestionada y calificada como un error por los expresidentes Óscar Arias y José María Figueres.

 

 

 

Renta global y recorte a exenciones son plato fuerte del plan del Gobierno para generar más ingresos

Fuente: El Financiero

Las negociaciones entre el Gobierno de Costa Rica y la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya arrancaron, marcadas por un mutismo cauteloso de los voceros del Ejecutivo y por el retorno de los diputados a sus curules.

La propuesta final para concretar un acuerdo de Servicio Ampliado con este organismo contiene tres iniciativas para reducir el gasto público, seis para aumentar los ingresos, y la venta de dos activos.

En el capítulo de medidas para obtener más recursos, tres iniciativas representan el 80% de la apuesta del Gobierno: la renta global, la eliminación de exoneraciones y la creación de un nuevo impuesto a las casas de lujo.

El Ejecutivo ha ido presentando poco a poco los proyectos de ley de ingresos y gastos ante la Asamblea Legislativa.

En ese foro político las bancadas coinciden en aprobar primero la reforma al empleo público y las acciones de reducción del gasto, antes de entrar a revisar las iniciativas para incrementar ingresos.

Sobre el plan existen algunas dudas y quedan vacíos, como el proyecto de renta global que está en elaboración y será presentado en las siguientes semanas. Así lo confirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda, a este medio.

Rumbo a la renta global

En la matemática del Ejecutivo esta es la tercera propuesta que generaría mayores resultados para incrementar el dinero que percibe el Ministerio de Hacienda.

Las cifras presentadas en el plan 2.0 para negociar con el FMI colocan esta iniciativa como una medida clave para lograr el ajuste fiscal planeado que pretende revertir el déficit primario en un superávit del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023.

De acuerdo con Villegas, el texto está en construcción liderado por Carlos Vargas, director general de Tributación, con la ayuda de técnicos de Hacienda y asesores internacionales.

¿Qué se sabe? De lo poco que se conoce hasta ahora, el proyecto de ley planteará gravar con una escala única los ingresos de los asalariados y de los trabajadores independientes. Las tarifas oscilarán entre 10% y 27,5%.

Quiere decir que se aplicaría un incremento de 2,5 puntos porcentuales con respecto a la tasa máxima que pagan estos dos grupos generadores de ingresos, actualmente el gravamen es del 25%.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte y exdirectora general de Hacienda, recordó que la renta global es completamente opuesta al sistema cedular que tiene Costa Rica.

“La renta global parte de un supuesto en donde el individuo o empresa declara su ingreso total, independientemente de las fuentes de generación del mismo, descuenta los gastos correspondientes, y genera la renta neta respecto de la cual cancelará el impuesto”, añadió la abogada.

En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se intentó dar algún grado de globalidad al tributo sobre la renta con la inclusión de elementos como la afectación y los supuestos bajo los cuales se pueden declarar las ganancias y pérdidas de capital.

Piedra dijo que, según especificaciones de Hacienda y con base en los acuerdos del diálogo multisectorial, el proyecto que se presentará al Congreso estará basado en la persona física. Se trata de un texto que dará tratamiento uniforme a los asalariados y a los independientes.

“Se deberían integrar en la declaración del impuesto, los ingresos que las personas físicas reciben de las diferentes fuentes (salarios, inversiones, ganancias de capital, etc.); podrán descontar gastos, como servicios médicos o derivados de créditos, y el resultado de restar a sus ingresos los gastos y las retenciones que funcionan como pagos a cuenta, dará el tributo a cancelar”, puntualizó la abogada tributaria.

Según Piedra este modelo no excluye las rentas empresariales. Sin embargo, la ley tendrá que definir cuándo se pueden atribuir a personas físicas en concreto y cuáles mantendrán el tratamiento como ganancias de sociedades a las cuales, por acuerdo de la mesa de diálogo, también se les aplicará la tasa del 27,5%.

Cambio en exoneraciones

El Gobierno presentó el pasado 11 de enero el proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal (22.369), conocido como el plan para eliminar exoneraciones.

Este expediente plantea suprimir la exención de renta al salario escolar, eliminar el 50% de la exoneración a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias, e incrementa en cinco puntos porcentuales el gravamen de las remesas al exterior que tienen tasas diferentes para cada producto o servicio.

Uno de los puntos más controvertidos fue el aumento por dos años de la tasa que se cobra a las rentas de capital con lo que la tarifa pasaría al 16,5% y luego se homologa al 15%.

Esta medida puntual, aunque fue anunciada por Hacienda en diciembre, no se incorporó al proyecto de ley porque “lo olvidaron”. El Gobierno presentó una nueva versión del texto este martes 12 de enero en el que agregaron este apartado.

Con la aplicación de una tasa temporal que subiría del 15% al 16,5% por dos años, el fisco percibiría cerca de ¢14.400 millones.

La idea del Ejecutivo es igualar en un 15% el impuesto que se cobra a los excedentes que distribuyen las cooperativas y asociaciones solidaristas entre sus afiliados. Actualmente este tributo tiene tasas que van del 5% al 15% según diferentes tramos para los que se utiliza el salario base como referencia.

En caso de ser aprobado por los diputados, la propuesta de ley para modificar o eliminar exoneraciones generaría 0,58% de la producción nacional que equivale a ¢209.407 millones por año.

Esta medida es la que tiene mayor peso en las intenciones del Gobierno para percibir más dinero cada año.

Nuevos ingresos

La ruta al FMI tiene un renglón en blanco, se trata de la o las alternativas para aumentar los ingresos por medio de impuestos con el fin de lograr un rendimiento anual de entre 0,2% y 0,6% del PIB.

El ministro de Hacienda apuntó que se deben buscar acciones que tengan resultados similares a subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14% o aplicar la tasa Tobin a las transferencias bancarias. Estas dos ideas se descartaron por completo porque no tienen viabilidad política ni social.

En su lugar, el Ejecutivo plantea tasas mayores al impuesto de renta global (que todavía está en elaboración) o crear un nuevo tributo a la casas de lujo.

La idea explicada por las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia y Pilar Garrido, de Planificación; a los diputados en una reunión el pasado martes 5 de enero, consiste en cobrar un impuesto del 0,5% a las viviendas con valor superior a los ¢200 millones, en 2021 se aplica a las que sobrepasan los ¢133 millones.

Para conseguirlo se propondría una modificación al hecho generador, que actualmente es la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble habitacional (al 1.° de enero de cada año) ubicado en el territorio nacional y utilizado de forma habitual, ocasional o de recreo.

El actual impuesto a las casas de lujo entró en vigor el 1.° de octubre del 2009. Inició como un tributo temporal por diez años para financiar la construcción de viviendas de bien social y reducir la brecha en esta materia.

Sin embargo, en agosto del 2011 se eliminó su temporalidad y se estableció como un gravamen permanente. A pesar de que Hacienda proyectó una recaudación anual promedio de ¢10.000 millones; en los 11 años que se ha implementado, el monto promedio percibido por año fue de ¢3.585 millones.

El impuesto además es difícil de cobrar pese a que Tributación puso a disposición un formulario más simple. Este es uno de los retos que enfrentaría una nueva versión de la medida.

Premios de lotería y otros

El 20% restante del rendimiento para subir los ingresos se reparte entre la propuesta de gravar los premios de lotería, el aporte de dividendos de empresas estatales y la reforma a la Ley de Aduanas.

El proyecto de tributo a los premios de lotería ya fue convocado a sesiones extraordinarias. Gravaría con impuesto de renta del 25% todos aquellos premios de lotería que superen medio salario base (¢225.100) y produciría 0,09% del PIB por año.

El de dividendos pretende que empresas como, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos públicos o la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras; aporten dinero calculado sobre su rentabilidad y esos recursos se destinarían a abonos para la deuda pública.

Mientras que la reforma a la Ley de Aduanas tiene como fin fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando mediante la incorporación de herramientas tecnológicas como la obligatoriedad de utilizar el Registro Único Tributario (RUT) para importadores y exportadores.

También impondría sanciones actualizadas para quienes incumplan las obligaciones aduaneras e incluye una nueva definición de contrabando para reducir las importaciones ilegales y aumentar la recaudación.

En el Congreso, los legisladores consultados por este medio afirman que darán prioridad a la reforma al empleo público y a las propuestas para reducir el gasto, antes de entrar en la discusión de acciones que suban los ingresos por medio de impuestos.

 

 

 

 

¿Cómo quedarían las tarifas del impuesto a las remesas al exterior de avanzar propuesta al FMI?

Fuente: La República

Las remesas al exterior forman parte de los aspectos que sufrirían cambios de avanzar la propuesta al FMI, y a continuación les presentamos cómo se verían las distintas tarifas.

Este impuesto son básicamente los pagos que se hacen por remesas al exterior; es decir, son rentas de fuente costarricense por servicios y otras contribuciones que se reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica.

Y en el mismo proyecto de reducción de beneficios fiscales, que contempla, por ejemplo, eliminar la exención del salario escolar, se incluye un aumento del 5% en los distintos conceptos de este pago en cuestión.

Nuevas tarifas

• Transporte y las comunicaciones: 13%
• Pensiones, jubilaciones, salarios y cualquier otra remuneración en relación de dependencia: 15%
• Honorarios, comisiones, dietas y otros sin relación de dependencia: 25%
• Reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de cualquier clase: 10,5%
• Películas cinematográficas, películas para televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o sonidos, así como por la   utilización de noticias internacionales: 20%
• Por radionovelas y telenovelas: 55%
• Utilidades, dividendos o participaciones sociales: 20% o 10%
• Intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos de bienes de capital pagados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica o entidades o personas físicas del exterior: 20%
• Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros gastos financieros no comprendidos anteriormente: 20%
• Asesoramiento técnico - financiero, patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías: 30%
• Otras remesas de rentas de fuente costarricense: 35%
• Por pagos a no domiciliados, con ocasión de espectáculos públicos que ocasionalmente se presenten en el país: 20%

Costa Rica y Estados Unidos firman carta de entendimiento para crear observatorio de compra pública

Fuente: Ministerio de Hacienda

Los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos firmaron este jueves una carta de entendimiento en el que se comprometen a crear un Observatorio de Compras Públicas en el Ministerio de Hacienda, para analizar y acceder a información histórica sobre las compras que realizan los diferentes organismos públicos, y facilitar el acceso a la ciudadanía a estos datos.

Esta herramienta tecnológica utilizará datos del Sistema de Compras Públicas de Costa Rica (SICOP) y otras fuentes como el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), para generar información de valor.

El proyecto estará a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y de la Dirección de Tecnologías de la Información, en conjunto con la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA).

Este se realizará con la cooperación económica de la Embajada de los Estados Unidos de América (monto máximo $250.000 USD), bajo el programa de cooperación: “Oportunidad de Financiamiento Número SCS-800-20-GR-00 1-WHA-040620, Programa “Small Grants: Continued Civil Society Engagement- Government Strengthening”.

Dentro de los beneficios que se obtienen con la implementación de la herramienta destacan:

Incrementar la participación ciudadana y rendición de cuentas sobre el uso adecuado de los recursos gubernamentales. Construir una herramienta que promueva la eficiencia, efectividad y transparencia de la contratación pública. Establecer buenas prácticas que contribuyan a la formulación de políticas públicas con visión de largo plazo. Contribuir al desarrollo de mercados más competitivos que promuevan la competencia, la innovación y las oportunidades. Identificar oportunidades de mejora para realizar procesos de compra pública más eficientes. Favorecer el escrutinio público sobre los recursos públicos aportados a través de impuestos, cargos o tarifas. Propiciar la evaluación del impacto de las compras públicas a través de un instrumento de control, de aplicación general.

“La firma de esta carta de entendimiento es un gran avance en materia de transparencia de compras públicas en el país; con su puesta en marcha se mejorará la eficiencia e inteligencia en el gasto público y contribuirá en la reducción del déficit fiscal. Además, gracias al uso de tecnologías innovadoras se podrá contar con información de primera mano, para la toma de decisiones”, indicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Por su parte, Sharon Day, embajadora de Estados Unidos, expresó “este proyecto pondrá el poder en manos de los ciudadanos, para que conozcan mejor cómo se adjudican las licitaciones públicas. La transparencia fiscal informa a los ciudadanos cómo se gastan los ingresos del gobierno y es un elemento crítico de una gestión financiera pública eficaz que también ayuda a que los gobiernos rindan cuentas y se fomente la confianza y sostenibilidad del mercado”.

El Observatorio de Compras Públicas entrará a regir a partir del 2022. En la firma participaron Elian Villegas, ministro de Hacienda y Sharon Day, embajadora de Estados Unidos.

Nuevo criterio para calcular IVA en tercerización de servicios podría elevar costos de contratación

Fuente: La Nación

Las empresas que realizan tercerización de servicios deben cobrar el IVA (impuesto al valor agregado) a sus clientes sobre el monto total del servicio y no solo sobre la comisión, como se había entendido hasta ahora.

Así lo indicó la Dirección General de Tributación en respuestas a consultas planteadas por contribuyentes bajo el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual permite a las personas hacer preguntas sobre hechos concretos.

La tercerización de servicios surge cuando una empresa subcontrata a un tercero para que haga determinada labor, por ejemplo, para encargarse de la seguridad de sus instalaciones, la limpieza o para atender las consultas de los clientes, como es el caso de los call centers.

Francisco Villalobos, socio de ICS Consultores, quien tuvo acceso a algunas de estas respuestas, explicó que el año pasado algunas empresas de tercerización de servicios le consultaron a Tributación si la base imponible del IVA era solo sobre la comisión que cobra la empresa por el servicio o sobre el costo total y Tributación les había contestado, mediante el oficio DGT-454-2020, de marzo del 2020, que era solo sobre la comisión.

“Ahora Tributación cambió de criterio y a todos a los que les habían dicho que era sobre la comisión les están notificando de vuelta y les están diciendo: nosotros cambiamos de criterio: usted tiene que calcular el IVA sobre el total”, indicó Villalobos.

Lo anterior quiere decir que el impuesto de 13% se calcula sobre los salarios, cargas sociales y el servicio de la empresa; “ya no se distinguen los componentes como antes se distinguían”, detalló este especialista.

“La industria había entendido, hasta ahora, que el monto que trasladaba el cliente a la empresa que pagaba su planilla, debía tratarse como un reembolso, pero ahora, los proveedores deberán cobrar IVA sobre un monto mucho mayor, haciendo que el impacto financiero del impuesto ponga en entredicho la conveniencia de contratar este tipo de servicios”, agregó.

Al aplicar el IVA sobre una base mayor el monto a pagar del impuesto sería mayor y eso podría encarecer el servicio; o también la empresa que terceriza servicios podría modificar sus tarifas para paliar el nuevo costo. Todo depende de la estructura del mercado.

Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que las consultas que se hacen con base en el artículo 119 atienden las interrogantes planteadas por los contribuyentes dentro del cuadro fáctico que ellos plantean.

Lo anterior significa que si consultas posteriores aportan elementos que previamente no se han considerado dan lugar a un ajuste del criterio en función de elementos nuevos que se aportan a la discusión.

Añadió que en el caso de estos servicios hay una tercerización del servicio y lo que se contrata es un servicio completo, por lo que no se podría fraccionar un pago de otro.

Esté atento a las multas si no paga el impuesto a “casas de lujo”

Fuente: La República

Prepárese porque hay consecuencias por incumplir con el impuesto solidario a las “casas de lujo”, cuya fecha límite es este propio viernes 15 de enero.

El tributo se cobra a bienes inmuebles con un valor superior a ¢133 millones, y se declara cada tres años, pero su pago es anual.

Es por ello que de obtener en el último año una propiedad por encima de ese umbral, además de pagar, debe presentar la declaración correspondiente.

Por no presentarla, se le multaría con los ¢231 mil, o bien, si tenía que hacer la declaración en años anteriores, y no lo hizo, se le multaría con medio salario base de cada año de incumplimiento.

Por estar pendiente de pago, ahí la multa sería una mora adicional que corresponde a 1% por mes o fracción de mes hasta un máximo del 20% del impuesto.

En casos en que el contribuyente es auditado y se establezca alguna diferencia de impuesto sobre el declarado, la sanción puede ser un 50%, 100% o 150% sobre la diferencia de impuesto de acuerdo a cómo sea calificada la acción, que puede tener una gravedad leve, grave o muy grave“, explicó Silvia González socia de Impuestos de Grant Thornton sobre otros casos de sanciones.

Para determinar si debe pagar este tributo, debe conocer el valor de la construcción principal y otros aspectos como rancho, piscina, muros, canchas deportivas, etc., basándose en el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva que se encuentra en el sitio web de Hacienda, para la determinación del valor a declarar para el impuesto solidario.

Si una vez que ha determinado el valor de la construcción y este supera el monto exento del período, debe calcular el valor del terreno, según los parámetros de valoración también encontrados en el portal de Hacienda, los cuales, se separan por provincia, y sumarlo al valor de la construcción. La suma de estos valores le proporcionará el valor total de la unidad habitacional.

Este impuesto estaría en sus últimos momentos de vida en su forma actual, puesto que Hacienda valora incluir en la propuesta al FMI la creación de un impuesto a aquellas propiedades con un valor superior a los ¢200 millones, que vendría a sustituir al actual impuesto en esa materia.

Para González, sería cuestionable pues se desvirtúa el fin de dotar de financiamiento a programas de vivienda digna, además de que reduciría los obligados, al aumentar el umbral a ¢200 millones.

No obstante, sí acepta que en su versión actual requiere revisión de que su propósito se alcance.

Y es que, aunque unas 976 familias han sido beneficiadas con proyectos habitacionales gracias a las transferencias de recursos provenientes del impuesto, en ningún año de su existencia este ha recaudado ni la mitad de lo propuesto originalmente (unos ¢10 mil millones anuales).

FB LIVE: DIFERENCIAL CAMBIARIO - ACTUALIZACIÓN

Actualidad Tributaria le invita a nuestro FACEBOOK LIVE, el lunes 18 de enero a las 3:00 p.m. con el tema:

DIFERENCIAL CAMBIARIO - ACTUALIZACIÓN, a cargo de nuestro especialista, el Lic. Mauricio Berrocal.

¡Le esperamos!

Hacienda no ampliará plazo para impuesto a sociedades

Fuente: Diario Extra

El Ministerio de Hacienda no ampliará el plazo para pagar el impuesto a las personas jurídicas. Así lo manifestó el director general de Tributación, Carlos Vargas, ante una consulta de DIARIO EXTRA.

Para Vargas no existe ninguna razón para hacer una ampliación como lo sugirieron firmas contables, luego de que no pudieran pagar durante los primeros días de enero.

Las sociedades tienen tiempo para cancelarlo hasta el 31 de enero, de modo que no existirían razones para tener que dar una prórroga, según indicó.

El problema que se presentó fue que Hacienda no había cargado los datos para que se pudiera hacer el pago en los bancos, sin embargo el fallo se habría resuelto este viernes al mediodía.

Vargas dijo que se cargaron los datos de más de 306.000 sociedades.

No obstante, la administración se percató de un problema adicional y es que 17.000 empresas jurídicas están omisas en la presentación de la declaración de renta del año anterior y eso haría que no puedan pagar el impuesto a personas jurídicas.

Vargas recordó que aunque no tengan actividad la declaración siempre debe presentarse. Todo esto indistintamente de si se trata de una sociedad activa o inactiva.

Si usted es una de las personas en esta situación la recomendación es que se ponga al día con la declaración ante el Ministerio de Hacienda o de lo contrario se expondrá a sanciones y multas.

Este impuesto recae sobre todas las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante, y sobre empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentran inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

“El periodo fiscal es de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del mismo año. El pago de este impuesto y siguientes se debe realizar dentro de los primeros 30 días naturales siguientes al 1° de enero de cada año, considerando el salario base vigente para ese periodo.

En caso de tener pendiente la presentación de la declaración del impuesto sobre las utilidades, la información del pago no estará disponible hasta que regularice su situación ante la Dirección General de Tributación”, indicó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Están exentas de esta obligación las sociedades registradas y clasificadas como micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El pago de este impuesto se puede realizar mediante la página web de la entidad bancaria o directamente en las ventanillas de estas entidades con solo indicar el número de identificación de la persona jurídica.

NO ES UN GASTO DEDUCIBLE

Es importante recordar que el impuesto a las personas jurídicas no se considera gasto deducible para determinar el impuesto sobre la renta.

Además todas las sociedades inactivas están obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, al igual que las sociedades activas que no hayan realizado actividades lucrativas durante el presente periodo fiscal.

Las sociedades inactivas no tienen el deber material del pago del impuesto sobre la renta.

“La Administración Tributaria señala que los propietarios de sociedades inactivas, así como todos los contribuyentes, deben presentar la declaración del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2020, para lo cual tienen tiempo hasta el 15 de marzo del 2021”, agregó Smith.

En el impuesto a las sociedades hay cerca de 345.000 contribuyentes. Las personas jurídicas que aún no aparecen en el sistema lo harán en los próximos días.

Con respecto al formulario D-101 para el pago de renta, que al parecer estaba dando problemas en los tramos del 10 al 20, tiraba un mal cálculo del tributo. El asunto quedó resuelto desde el miércoles anterior, indicó el director de Tributación.

Sobre las quejas de los contribuyentes, Vargas manifestó que siempre se hacen pruebas, pero a veces se presentan inconsistencias al ir a la parte operativa.

¡OJO CON LAS SANCIONES!

Si no paga este impuesto tendrá las siguientes consecuencias:

•La Dirección General de Tributación aplicará sanciones, intereses y multas.

•El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones, ni inscribir ningún documento.

•No podrán ser contratadas por el Estado o cualquier institución pública.

•Las deudas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o prenda preferente.

•En caso de que se acumule la no cancelación de tres periodos consecutivos será causal de disolución.

Fuente: Colegio de Contadores Públicos.

¿Va a fundir dos sociedades? Debe pagar impuesto por el traspaso de propiedades

Fuente: La Nación

Si una persona tiene dos o más sociedades con propiedades en cada una y las planea fusionar en una sola debe pagar el impuesto por el traspaso de los bienes.

Carlos Vargas, director general de Tributación, aclaró que el criterio se refiere a las fusiones en general y no solo a los casos en que el dueño del capital social es el mismo.

“El criterio citado no habla de la fusión de sociedades de un mismo dueño, pero si habla de fusión de sociedades en general, lo cual es distinto”, expresó Vargas.

Agregó que, en este caso, el criterio lo que indica es que en aplicación del concepto de traspaso indirecto, y por el hecho de que no existe ninguna exoneración del impuesto de traspaso en los supuestos de fusión, al existir una transferencia del dominio de los bienes de una persona jurídica a otra, se produce o verifica un traspaso. Este cambio, por ende, esta sujeto al pago del impuesto correspondiente”, explicó Vargas.

  “Conforme al análisis efectuado, este Despacho concluye que en los casos en los que se dé una fusión de sociedades, al encontrarnos frente a un negocio jurídico reconocido por el Código de Comercio que se traduce en un traspaso efectivo de bienes bajo la titularidad de la sociedad prevaleciente, en el caso de traspasos de bienes inmuebles se configura el hecho generador establecido en el artículo 2 de la Ley N° 6999, y como tal debe atender los deberes formales y materiales establecidos en dicha norma legal”. Criterio Institucional DGT-CI-03-2020

El impuesto de traspaso es de 1,5% del valor que le definan las partes, pero ese valor no puede ser menor al que está en el Registro, por ejemplo, si se le ha puesto una hipoteca o tiene otro valor registrado en un traspaso, explicó Francisco Villalobos, socio de ICS Consultores.

Villalobos detalló que antes de la reforma de la Ley 6999 (Ley del Impuesto sobre Traspasos de Bienes Inmuebles), que se realizó en el 2012, si una persona iba a vender la casa y estaba a nombre de la sociedad y traspasaba las acciones, no pagaba el impuesto de traspaso. Pero la Ley número 9069, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, del 2012, eliminó esa posibilidad y ahora sí debe pagar el impuesto.

No obstante, para los casos en que el dueño es el mismo, el control de la propiedad no cambia, según Villalobos, por lo que se opone al criterio de Tributación de extender esta obligación tributaria cuando el bien que se transfiere es de un mismo propietario.

“Desde 1994, el Registro Nacional había definido con claridad que la fusión supone la concentración de los socios en una sola sociedad y que por lo tanto continúan siendo socios lo que implica que no hay traspaso pues no hay cambio de dominio”, dijo Villalobos.

“Esta posición había sido confirmada por Tributación en el 2013, luego en el 2019 y en el 2020 y es acorde con el derecho de los contribuyentes a reorganizar sus empresas y activos. Esta interpretación se extralimita y desconoce la naturaleza jurídica de la fusión donde no hay traspaso, pues el poder de control no cambia, requisito de la definición de la Ley 6999 del impuesto de traspaso”; opinó Villalobos.

Vargas considera que en el caso de dos sociedades diferentes se trata de personas jurídicas que tienen su existencia autónoma e independiente de los titulares del capital social.

Villalobos añadió que actualmente muchas personas que tenían varias sociedades las están fusionando porque ahora es más complicado y costoso tenerlas.

Entre las obligaciones que deben cumplir las sociedades se encuentran: el registro de beneficiarios y el impuesto a personas jurídicas. Además, si es inactiva, tiene obligación de presentar declaración de impuesto sobre la renta. Además, todas deben pagar el timbre de educación y cultura.

Hacienda cambia de opinión: Eurobonos no serán prioridad este 2021

Fuente: CR Hoy

A finales de noviembre pasado el Ministerio de Hacienda estaba seguro de que este 2021 acudiría a la Asamblea Legislativa a pedir una nueva autorización para emitir Eurobonos.

Tan seguro estaba que el ministro Elian Villegas incluyó la idea dentro de varias presentaciones mostradas a medios de comunicación.

La intención era realizar la colocación para el segundo semestre del año y así cumplir con las obligaciones del año, que también implicaban el canje de deuda y acceso a otros fondos de organismos multilaterales.

Sin embargo esta prioridad ya cambió. El viernes, durante una participación en el programa Economía Hoy, el funcionario señaló que ya no se están viendo los Eurobonos como un mecanismo “esencial” para este año.

Yo no vería los Eurobonos como un mecanismo esencial, necesario para financiar nuestras necesidades del 2021, con el mercado interno, deuda y algunos empréstitos puede ser suficiente”, dijo.

Villegas dijo que de considerarse los Eurobonos sería quizás para dejar un fondo de caja al nuevo gobierno para 2022, pero que las necesidades de financiamiento de este año se cubrirán mediante las otras alternativas mencionadas.

Para este 2021 el gobierno requiere un aproximado del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) para llenar el faltante de recursos.

 

Proyecto de renta global propone gravar con escala única ingresos de asalariados e independientes

Fuente: La Nación

El proyecto de ley que presentará el Gobierno, este mes de enero, a la Asamblea Legislativa, para establecer la renta global, propone una escala única progresiva para los ingresos de las personas físicas, tanto asalariados como independientes, de 10% al 27,5%.

El concepto de renta global que se pretende, suma o globaliza las rentas y aplica una sola tarifa. Costa Rica tiene actualmente un sistema cedular donde cada tipo de renta, por ejemplo, el salario, los intereses de los depósitos, los ingresos por actividades independientes y los alquileres tienen cada uno una tarifa.

Implementar este sistema fue uno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial que convocó el Gobierno y forma parte también de la propuesta que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de este 11 de enero.

“Se grava la renta global de la persona liquidando las distintas fuentes de renta pero gravando con una escala unificada a nivel de la persona física, la globalidad de los ingresos provenientes del trabajo y de actividad lucrativa, con una escala progresiva que va del 10% al 27,5%”, explicó el Ministro.

Actualmente, la tarifa máxima que se aplica a estos dos grupos es de 25%, por lo que 27,5% es una tarifa mayor, pero habría que esperar la definición de los tramos de ingresos con su respectiva tarifa para ver las diferencias en relación con los montos pagados en la actualidad, explicó Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte y exdirectora general de Hacienda.

Adrián Torrealba, socio de Facio & Cañas y exdirector general de Tributación, explicó que actualmente los tramos de asalariados y personas físicas con actividades lucrativas son muy diferentes y será interesante ver cómo se van a empatar.

Por ejemplo, al asalariado le cobran la tarifa máxima del 25% sobre el exceso de ¢51.900.000 anuales en el periodo fiscal 2020 y a la persona física con actividad lucrativa sobre el exceso de ¢18.631.000 anuales, así que buscar un punto intermedio entre estos dos grupos implicará bajarle a unos o subirle a otros.

También, según Torrealba, queda por resolver el tratamiento desigual de las contribuciones a la seguridad social entre ambos grupos en la cual los independientes cotizan casi el doble de los asalariados (18% contra 10%).

En el caso de las rentas del capital, aclaró el ministro Villegas, se gravan de manera cedular, con una tarifa del 15%, cuando no están vinculadas con la realización de una actividad lucrativa, como se hace hoy, y si están vinculadas siguen el tratamiento de la renta vinculada a la actividad, por ser parte de ella.

Las rentas del capital se dividen en dos. Existen las del capital inmobiliario, por ejemplo, las que provienen de alquileres y las del capital mobiliario, como los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y toda clase de beneficios similares a dividendos, según cita el Ministerio de Hacienda en su página web.

¿Por qué este tipo de renta se mantiene como cedular? “Eso es una tendencia mundial de todos los países que han tenido renta global desde los nórdicos, que ya en los años 90, agarraron las rentas pasivas del capital y les pusieron una base aparte, de 30%, España lo hizo también al 18%, lo tiene Uruguay, eso es lo que se llama el impuesto de renta dual”, explicó Torrealba.

Piedra indicó que en la Mesa de Diálogo hubo apoyo a la renta global, pero condicionada, en varios puntos: uno fue que las rentas pasivas (como las rentas del capital) no quedaran integradas y mantener la renta territorial (solo se gravan las rentas generadas en el territorio costarricense).

Para las sociedades el impuesto considera una tarifa única a 27,5% y se mantiene la escala para las pequeñas empresas, indicó el Ministro, quien indicó que el proyecto se enviará a la Asamblea Legislativa antes de que termine este mes.

Federación de Cámaras a favor del acuerdo con el FMI, si no incluye impuestos

Fuente: CR Hoy

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras) apoya la firma del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre y cuando eso no signifique un incremento en los impuestos.

Mediante un comunicado de prensa reiteraron la necesidad de que se presente un plan de reducción de gastos.

“Se debe aprobar ley de Empleo Público lo antes posible Reforma del Estado, para reducirlo racionalmente y hacerlo más eficiente y eliminar pensiones de lujo con cargo al presupuesto de la República Gobierno de la República”, cita la federación.

También piden un plan de reactivación económica para todos los sectores , control efectivo del contrabando e informalidad, así como la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

Costa Rica arrancará negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el lunes 11 de enero.

Ministro de Hacienda espera que déficit fiscal del 2020 sea menor al 9% del PIB

Fuente: El Financiero

El cierre de las cifras fiscales del 2020 no traerá sorpresas negativas como ocurrió con las del 2019. Elian Villegas, ministro de Hacienda, aseguró que el déficit financiero de Costa Rica será menor al 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado, incluso “bastante por debajo del 9%”.

Villegas conversó sobre los resultados fiscales y sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tarde del pasado 8 de enero, en el programa Economía Hoy que se transmite por redes sociales.

“Yo esperaría que el déficit esté por debajo del 9,2%, incluso yo diría que por debajo del 9% del PIB, ojalá bastante por debajo, no me atrevo a hablar más ahí porque van a decir que estoy excesivamente positivo, pero creo que a pesar de las circunstancias nos fue bien”, afirmó el jerarca.

Aunque Villegas dijo durante el programa que la proyección del déficit fiscal para el 2020 era del 9,2% de la producción nacional, lo cierto es que la cifra oficial brindada por Hacienda fue del 9,3%; así consta en un comunicado del pasado 8 de octubre y también en la Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021, publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en julio del año anterior.

Un déficit fiscal del 9,3% de la producción nacional sería el más alto en la historia del país, el único escenario peor a ese, que se registró desde 1963, fue el de 1980 cuando el indicador llegó al 9,1% del PIB.

De acuerdo con el ministro, las cifras fiscales del cierre del 2020 serán publicadas el próximo 20 de enero, ese día se conocerá el dato final del déficit financiero (ingresos menos gastos más intereses).

“Yo soy absolutamente positivo porque le dimos un seguimiento particular al tema del déficit. Nosotros cerramos en noviembre con un 7,71% de déficit, la proyección oficial estaba en 9,2% (lo correcto es 9,3%), eso implicaría que para llegar a esa cifra nos queda un 1,5 puntos porcentuales, que es alrededor de ¢500.000 millones”, explicó Villegas.

Añadió: “Para que ese 9,2% se cumpla o se vaya más allá, la diferencia entre ingresos y gastos tendría que haber sido de un poco más de medio billón de colones. Tuvimos una gran ventaja en diciembre y es que los ingresos estuvieron bastante bien a pesar del recorte del marchamo que fue cercano a ¢50.000 millones, pese a eso la recaudación estuvo bastante bien y anduvo por arriba de los ¢650.000 millones, incluso superior a la del 2019″.

En su argumentación Villegas destacó que los esfuerzos en contención del gasto rindieron sus frutos para lograr un déficit financiero mucho menor en un año golpeado por la crisis económica del coronavirus.

“El tema del gasto que es fundamental. Si precisamente nos va a ir no tan mal como se pensaba en el tema del déficit es porque se hizo un gran esfuerzo en la parte de gasto y un esfuerzo con contención y eso lo vamos a ver con los datos. No quiero ponerme a especular”, agregó.

Los resultados fiscales a noviembre ya evidenciaban algunas luces sobre la gestión en ese rubro. El gasto corriente creció 3,54% con respecto a un año atrás, ese porcentaje es menor al nivel establecido por la regla fiscal (4,67%).

“A pesar de la pandemia, de que tuvimos que gastar más en bono Proteger, en seguridad, de que fue necesario llevar adelante una serie de gastos que no estaban previstos; logramos una contención del gasto realmente importante y que nos permite llegar a una situación donde el déficit no se nos escapó”, comentó Villegas.

Hacienda informó en noviembre que el pago de intereses de deuda pública creció 12,08% en la comparación interanual, lo que equivale a ¢165.877 millones. Un año antes el incremento había sido del 22,53%.

El gasto corriente tuvo un aumento impulsado por el pago de los intereses de la deuda, las transferencias corrientes al sector privado y los recursos externos que se dirigieron al bono Proteger.

“Esperaremos los números absolutamente positivos, el déficit esperamos que esté por debajo de la proyección que se había dado en setiembre del 2020″, zanjó el ministro.

El déficit fiscal del 2019 dejó un sorpresivo brinco cuando pasó del 6,3% del PIB estimado por Hacienda a un 7% de la producción nacional, esa desviación en el cálculo del indicador representó una diferencia de ¢254.000 millones.

Si se toma en cuenta que el PIB nominal (a precios de mercado) de Costa Rica para el 2019 fue de ¢36,27 billones y su déficit –del casi 7%– representa ¢2,54 billones, se puede concluir que la diferencia de 0,7 puntos porcentuales entre la proyección del Central y el resultado final es de ¢253.890 millones.

Para ponerlo en perspectiva, el dinero de la diferencia entre el déficit financiero proyectado y el final habría permitido cubrir 34,3 veces el presupuesto autorizado total del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para el año anterior, que fue de ¢7.387 millones.

En ese momento, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que la “pifia” en el déficit se dio por tres razones: la desaceleración de la producción nacional, el aumento en el monto destinado al pago de los intereses de la deuda y el incremento en los gastos de capital impulsados principalmente por la construcción de nuevos proyectos de infraestructura como pasos a desnivel y Circunvalación norte.

También la capitalización que hizo el Gobierno para rescatar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), impulsaron un mayor aumento del gasto.

La diferencia entre las dos cifras de déficit financiero sin duda fue una muy mala señal a los mercados, inversionistas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo.

El Gobierno de Costa Rica le ofrece esto al FMI para pedirle prestado

Fuente: El Guardián CR

El Gobierno de Costa Rica ofrece cambios internos en contención del Gasto Público e impuestos a Casas de Lujo por un 2,5% del Producto Interno Bruto a cambio de obtener el préstamo del Fondo Monetario internacional.

Pocas horas después de la propuesta planteada por la Ministra de Presidencia, Giannina Dinarte ante seis diputados, el Ministro de Hacienda, Elián Villegas salió a corregirla.

En principio Dinarte habló del aumento en un punto del IVA y tasar transacciones bancarias, pero Casa Presidencial envió un desmentido donde indicaban sus objetivos.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, señaló que el Gobierno no considera un aumento del IVA al 14%, ni a un porcentaje mayor, y tampoco crear un impuesto a las transacciones financieras, como parte de la propuesta a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Según Hacienda, el jerarca fue contundente en que temas como el IVA al 14% y el impuesto a transacciones financieras no son opciones viables y reiteró que la propuesta del Gobierno tiene un eje fundamental en la reducción del gasto público, desde un 16,45% del PIB en el 2020 a un 13% en el 2025, para estos propósitos es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81% del PIB a partir del 2023.

En el área de ingresos destacará la creación de un impuesto a las casas de lujo, es decir aquellas con un valor superior a los 200 millones de colones, que vendría a sustituir al actual impuesto en esa materia.

A esto se adiciona lo relativo a renta global, en el marco de lo acordado en el Diálogo Multisectorial; el proyecto de reducción de las exoneraciones, incluyendo la del salario escolar; el proyecto para el aporte económico de las empresas del Estado; la venta de la cartera de crédito de CONAPE; y el proyecto de ley para que las pensiones con cargo al presupuesto nacional que excedan los 450 mil colones mensuales no aumenten en tanto no se reduzca la deuda pública por debajo del 60%.

El Gobierno asegura que más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo provendrá de la contención y reducción del gasto público primario, al menos la cuarta parte será resultado de la eliminación de exoneraciones y solo cerca de un 0,4% del PIB provendrá de ingresos nuevos, agregó.

El Ministro de Hacienda señaló adicionalmente que la misión del FMI que dará inicio el lunes es fundamental para la estabilidad macroeconómica, facilitar el crecimiento económico, potenciar la generación de empleos y aumentar la credibilidad de los mercados financieros en la ruta macroeconómica que sigue Costa Rica, por lo que la expectativa es que pronto el país pueda materializar un acuerdo con dicho organismo.

No hay claridad

Sin embargo, las Diputadas Karine Niño y Zoyla Rosa Volio criticaron por Medios de comunicación que recibieron información confusa de cara al encuentro entre las autoridades del Gobierno y la representación del Fondo Monetario internacional.

“¡Que vergüenza! Ayer nos dicen una cosa a los diputados, hoy cambian su discurso para los medios. Una vez más queda en evidencia que no hay una ruta, y que la única constante es la falta de claridad por parte del ejecutivo y la ausencia de propuestas para dinamizar la economía”, dijo Niño en Twitter.

Por su parte Zoyla Rosa Volio señaló.” Es importante que el gabinete coordine para tener un mensaje completo, unívoco, único. No entiendo por qué el ministro Villegas no estuvo en la reunión, siendo clave en este proceso. Esto crea incertidumbre, inseguridad y no es nada productivo”.

Ellas participaron junto con cuatro legisladores más información de la Ministra de Presidencia Giannina Dinarte que después el Ministerio de Hacienda desmintió.

El Movimiento Rescate Nacional, en la voz de Célimo Guido, ya anunció su oposición al posible acuerdo y utilizará diversos instrumentos para dejarlo claro sin despreciar la Democracia de las Calles.

Así definió Tributación el tratamiento de ganancias o pérdidas cambiaras para declaración de renta

Fuente: La Nación

La Dirección General de Tributación cambió, este 6 de enero, su criterio para el cobro de impuesto sobre la renta cuando la declaración se ve afectada por el precio del dólar.

El fisco determinó que, para el periodo fiscal 2020 y posteriores, las ganancias o pérdidas por diferencias cambiarias tendrán efecto para el contribuyente cuando estas “se hayan realizado”. Si se hacen solo por registro y actualización contable no tendrá implicaciones para el pago de tributos.

“Las diferencias cambiarias que acaezcan en el cierre del ejercicio fiscal deben registrarse y actualizarse para efectos contables, y solamente serán gravadas, aquellas que se hayan realizado”, destacó el criterio DGT-CI-04-2020, firmado por Carlos Vargas, director de Tributación.

Previo a este criterio, el fisco sostenía que si había un incremento en ganancias, aunque fuera solo por efecto contable dada la actualización del tipo de cambio, dicha alza era gravable de renta y, si había una pérdida, era deducible, explicó Fabio Salas, socio de Impuestos de Deloitte.

“Ahora la Administración Tributaria dice que tanto en rentas de capital, ganancias de capital y en utilidades lo que determinará si el ingreso es gravable, o un gasto deducible, será aquel que sea consecuencia del cambio de moneda extranjera al colón o viceversa”, afirmó Salas.

“Con la emisión del presente criterio institucional se está aplicando una modificación respecto de algunos criterios previamente vertidos por esta Dirección General en atención a consultas presentadas, respuestas que, deberán entenderse modificadas a partir de la vigencia de este criterio institucional”, se detalle en el documento firmado por el director de Tributación.

Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, recordó que las disputadas entre el contribuyente y el fisco por temas de diferencial cambiario se iniciaron cuando el Banco Central abandonó el sistema de minidevaluaciones, en el 2006.

Pero, al pasar al actual esquema de metas de inflación, el precio lo establece la oferta y demanda de dólares, con lo cual hay una mayor fluctuación. Esto influye en los ingresos y gastos de los contribuyentes cuando poseen activos y obligaciones en dólares.

“Al final esto para el contribuyente significa que se paga cuando realizo la ganancia en dólares. Por ejemplo, cuando tengo una cuenta por cobrar en dólares y la cobro. Me ingresa el dinero en dólares y lo multiplico por el tipo de cambio de ese día”, explicó Villalobos.

Añadió que cuando el contribuyente posee rentas de capital, como un alquiler, el registro para el pago de renta debe hacerse mes a mes, según el precio de la divisa del día que se ingresó el dinero.

“En el caso del pasivo en dólares, este será deducible en el momento que se cancela. La pérdida deducible por diferencial cambiario se tiene cuando tengo que sacar más colones para honrar una deuda en dólares”, afirmó el exdirector de Tributación.

“Aquellos pagos que se realicen al amparo de una relación de dependencia, se encuentran gravados con el impuesto sobre rentas percibidas por el trabajo personal dependiente, independientemente de la moneda con que sean cancelados”, se destaca en el criterio de este 6 de enero.

Tributación destacó que no corresponde “aplicar ninguna clase de gravamen o aplicación de deducción, sobre eventuales ganancias o pérdidas por diferencial cambiario originadas en cambios de divisas“.

Con o sin impuestos, plan del gobierno para el FMI se queda corto en reestructuración del Estado

Fuente: CR Hoy

Al margen de las nuevas contradicciones en que entró el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) con la propuesta que pretende plantear al Fondo Monetario Internacional (FMI), ésta – con o sin nuevos impuestos- sigue quedándose corta para resolver el serio problema estructural que enfrenta el país y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

De todas las propuestas planteadas hasta ahora, solo una implica un cambio importante en materia estructural; sin embargo, es una de las que más cuestionamientos enfrenta a nivel político debido a que el planteamiento – a como está- podría generar más gastos que ganancias.

Se trata de la Ley de Empleo Público sobre la cual aún no existe consenso. El proyecto plantea un sistema de salario único sin pluses para reducir las grandes disparidades que hay en la función pública.

Esta es prácticamente la única ofensiva en materia de reforma estatal, por lo que todavía queda abierto el tremendo enmarañamiento estatal que involucra ministerios y entidades con duplicidad de funciones, órganos creados bajo realidades del pasado cuyo objetivo operativo ya se encuentra desfasado, crecimiento desmedido de planillas, multiplicación de entidades para realizar labores que antes correspondían a un único ministerio (por ejemplo el MOPT y sus consejos) y excesiva tramitología, entre otros.

En su lugar, la mayor parte de iniciativas garantizan acceso a recursos, ya sea por nuevos impuestos, eliminación de exoneraciones, traslados de recursos y recortes, que -según analistas- simplemente harán patear la bola del problema fiscal para más adelante.

Este martes, tras un encuentro con los jefes de fracción, desde Casa Presidencial las ministras de Presidencia y Planificación Geanina Dinarte y Pilar Garrido, hablaron de aumentar el IVA al 14% e implementar el impuesto a las transacciones bancarias como “opciones” a discutir con los diputados.

Pero este miércoles el ministro de Hacienda Elian Villegas salió a desmentirlas y afirmar que éstas no se están considerando ni serán tomadas en cuenta. Con o sin estas opciones, la parrilla completa sigue sin tener propuestas de reforma estructural.

“No existe esa garantía”, dijo el economista Edgar Robles ante la consulta de si la propuesta garantizaba una solución fiscal de largo plazo.

“De hecho, ya los impuestos se le aprobaron a este gobierno en el 2018 y hoy la situación está peor porque no se propuso disminuir los gastos. De la misma manera, aprobar estos nuevos impuestos sin una garantía verdadera de reducción de gastos nos pondrá en una situación peor en un par de años. Para resolver el problema de fondo se debe reformar el funcionamiento del estado para eliminar la duplicidad de funciones y la cantidad de empleados públicos. Además, se necesita un plan de reactivación económica el cual a la fecha nadie conoce“, enfatizó Robles, antes de conocer que Villegas desacreditaba las propuestas de Dinarte y Garrido.

Ingresos no son el problema

La generación de ingresos en el país no son el problema. El origen de la fragilidad fiscal del país no es nueva y no es algo que surgiera con la pandemia, viene desde años atrás y se justifica en un crecimiento desmedido del gasto estatal

Así lo demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda. En primera instancia, los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento constante que acumularon un 123% desde 2009 a 2019.

Pero en ese mismo periodo, el nivel de gastos corrientes del gobierno central crecieron a un mayor ritmo: un 170%. En ese periodo la inflación acumulada fue apenas inferior al 34%, y mientras la brecha entre gastos e ingresos se fue haciendo más grande, el gasto de capital- el dinero que se utiliza para inversiones- se mantuvo relativamente estable.

Un reciente análisis elaborado por la firma Consultores Económicos y Financieros (Cefsa) determinó que para 2009 los ingresos corrientes del Estado rondaban el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) y para 2019 llegaron a superar el 27%. En cambio, los gastos pasaron de alrededor de un 30% a por lo menos el 32%.

En ese mismo análisis se señala cuáles son las llaves abiertas del gasto que hacen que las arcas del Estado se vacíen más rápidamente. En 2019 aproximadamente un 67% de los gastos del gobierno central (en relación con los ingresos tributarios) se iban en pagar salarios y transferencias al sector público. Para el cierre de 2019 esos rubros representaban ya el 82,7% de los ingresos tributarios.

Gran parte de las transferencias del gobierno central al resto del sector público se utiliza para financiar esos órganos adscritos, en donde uno de los principales componentes del gasto es también el salario.

Visto en términos monetarios esta tendencia también es notoria. Lo destinado a sueldos y salarios ha subido prácticamente un 120% (3,1 veces más que la inflación acumulada en ese periodo), mientras las transferencias crecieron un 153%.

De acuerdo al planteamiento del gobierno, la idea es generar ingresos por al menos 3% del PIB que permitan al país salir de la complicada situación fiscal en que se encuentra. Solo para este 2020 existen necesidades de financiamiento cercanas al 15% del PIB, y se estima un endeudamiento que puede llegar al 80% del PIB.

Sin embargo, para los analistas, una vez logrado ese 3% de ingresos adicionales nada garantiza que la curva del gasto siga su tendencia creciente.

“El gobierno continúa con su obsesión por recurrir a impuestos en medio de una economía desacelerada y un desempleo histórico, sin querer entrarle de forma definitiva a los problemas de gasto”, indicó  el economista Pedro Aguilar en reacción a los planteamientos emanados tras el encuentro en Casa Presidencial entre Garrido, Dinarte y los jefes de fracción.

“Ahora vienen a pedir más impuestos pero no muestran compromisos concretos para reducir gasto público, ni para emprender la reforma de un Estado costarricense que tiene instituciones redundantes e ineficientes. Además, no existen estudios que muestren cómo se va a comportar la población y la economía con los nuevos impuestos”, cuestionó por su parte Robles.

 

Ministro: Gobierno no considera aumentar IVA al 14% ni crear impuesto a transacciones financieras

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, señaló que el Gobierno no considera un aumento del IVA al 14%, ni a un porcentaje mayor, y tampoco crear un impuesto a las transacciones financieras, como parte de la propuesta a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jerarca fue contundente en que temas como el IVA al 14% y el impuesto a transacciones financieras no son opciones viables y reiteró que la propuesta del Gobierno tiene un eje fundamental en la reducción del gasto público, desde un 16,45% del PIB en el 2020 a un 13% en el 2025, para estos propósitos es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81% del PIB a partir del 2023.

En el área de ingresos destacará la creación de un impuesto a las casas de lujo, es decir aquellas con un valor   superior a los 200 millones de colones, que vendría a sustituir al actual impuesto en esa materia.

A esto se adiciona lo relativo a renta global, en el marco de lo acordado en el Diálogo Multisectorial; el proyecto de reducción de las exoneraciones, incluyendo la del salario escolar; el proyecto para el aporte económico de las empresas del Estado; la venta de la cartera de crédito de CONAPE; y el proyecto de ley para que las pensiones con cargo al presupuesto nacional que excedan los 450 mil colones mensuales no aumenten en tanto no se reduzca la deuda pública por debajo del 60%; todo ello tal y como se señaló en el comunicado de prensa dado a conocer ayer por el Gobierno, indicó el Ministro Villegas.

Más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo provendrá de la contención y reducción del gasto público primario, al menos la cuarta parte será resultado de la eliminación de exoneraciones y solo cerca de un 0,4% del PIB provendrá de ingresos nuevos, agregó.

El Ministro de Hacienda señaló adicionalmente que la misión del FMI que dará inicio el lunes es fundamental para la estabilidad macroeconómica, facilitar el crecimiento económico, potenciar la generación de empleos y aumentar la credibilidad de los mercados financieros en la ruta macroeconómica que sigue Costa Rica, por lo que la expectativa es que pronto el país pueda materializar un acuerdo con dicho organismo.

Misión del FMI para discutir un Servicio Ampliado del FMI iniciará la próxima semana

Fuente: Ministerio de Hacienda

El próximo 11 de enero del 2021 las autoridades económicas de Costa Rica iniciarán conversaciones formales sobre el marco de políticas para un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF, o Extended Fund Facility, en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La misión del FMI será llevada a cabo en forma virtual, y será liderada por Manuela Goretti como jefa de misión. El equipo del FMI se reunirá con autoridades económicas, diputados, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, y con académicos.

Las conversaciones abarcarán las políticas que el país necesita para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y para apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible.

15 de enero 2021: vence plazo para pagar Impuesto Solidario

Fuente: Ministerio de Hacienda

El 15 de enero del 2021 vence el plazo para pagar, sin recargo, el monto correspondiente al Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda. Su propósito principal es financiar viviendas dignas para la población en condición de pobreza extrema.

Este impuesto deben pagarlo aquellas personas con propiedades de uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor de la construcción y de las instalaciones fijas y permanentes supere los ¢133 millones, de acuerdo con lo indicado en el Decreto No 42764-H, publicado en el diario oficial La Gaceta, alcance No 334, este 22 de diciembre. Este monto se mantiene en relación con el del año anterior.

Para determinar el monto a pagar, se debe conocer el valor de la construcción principal y las instalaciones permanentes (rancho, piscina, muros, calles internas, canchas deportivas, entre otros).  Si una vez determinado, este valor supera el monto exento, se debe calcular el valor del terreno y sumarlo al valor de la construcción, el resultado obtenido de ambos valores proporcionará el valor total de la unidad habitacional.

Para calcular el impuesto a pagar se debe aplicar los tramos que rigen para este periodo, los cuales son los siguientes:

Este impuesto se declara cada tres años, pero su pago es anual, la próxima declaración debe realizarse en el 2022. Únicamente deben declarar quienes en el último año adquirieron una casa con este valor o uno mayor, por medio del formulario D-179, disponible en el portal de la Administración Tributaria Virtual (ATV).

La suma a pagar la calcula automáticamente la Administración Tributaria a partir de la declaración presentada en el 2020.El pago se realiza por medio de conectividad en las páginas web de las diferentes entidades bancarias autorizadas, o en las sucursales, con solo indicar el número de cédula.

Para acceder a las herramientas de valoración y a más información sobre este impuesto, el interesado puede ingresar a la página web del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr, aparado “Servicios Tributarios”, “Información de impuestos”.

Próxima declaración del IVA debe incluir cálculo de “proporcionalidad”

Fuente: CR Hoy

La próxima declaración del impuesto al valor agregado (IVA) que debe presentarse el 15 de enero no es igual al de los anteriores. En esta ocasión los contribuyentes deben agregar un dato más: el de la proporcionalidad.

Este dato consiste en el cálculo de los créditos fiscales realizados por el contribuyente para no tener que pagar más del IVA que le corresponde; es decir, el monto que debe deducir de los bienes o servicios que vende con IVA respecto del IVA que pagó por adquirir los bienes que le sirvieron como materia prima.

Cuando una compañía compra bienes o servicios de distintos proveedores se genera un crédito fiscal por el IVA de dicha compra, el cual puede utilizarse contra el débito fiscal proveniente del IVA de sus ventas. No obstante, si la empresa vende bienes o servicios gravados con diferentes tarifas de IVA y realiza operaciones exoneradas, deberá realizar el cálculo de la proporcionalidad del IVA a fin de utilizar correctamente el crédito fiscal de acuerdo con Carlos Vargas, gerente de TPC Group.

Para realizar el cálculo de la proporcionalidad, el contribuyente debe tener a mano la información de los montos de las operaciones de venta con derecho a crédito pleno, el total de sus operaciones de venta, el total de operaciones de venta con tarifa reducida, el total de operaciones de venta sin derecho a crédito y el total de sus compras con el impuesto soportado por estas.

“Si se realiza un mal cálculo de la proporcionalidad, podría resultar para el contribuyente en un mayor impuesto a pagar, o en caso contrario se estaría tomando un saldo a favor que no corresponde, lo que podría traerle multas”, agregó Vargas.

El cálculo de esta proporcionalidad requiere de varios pasos y cálculos matemáticos. La recomendación es que sea realizado por un experto en la materia.

 

Enero del 2021 se inicia con declaración y pago de 10 diferentes impuestos

Fuente: La Nación

El primer mes del 2021 tiene un calendario abundante en declaraciones y pago de impuestos ante el Ministerio de Hacienda.

Los contribuyentes deberán efectuar la presentación de 10 diferentes formularios de tributos ante la Dirección General de Tributación.

Enero tiene la particularidad de que, a diferencia de otros meses, coinciden el pago del impuesto a ‘casas de lujo’, el de personas jurídicas, el del Régimen de Tributación Simplificado y la declaración anual de retenciones de impuestos.

Las personas y empresas deben efectuar el formulario del impuesto al valor agregado (IVA), la declaración informativa de cobro del IVA de servicios digitales transfronterizos como Uber, Spotify o Netflix; y la del tributo de retenciones a la fuente como como salarios, dietas, servicios profesionales.

Además de las retenciones a la fuente por remesas al exterior que incluyen utilidades y dividendos, pensiones, franquicias, arrendamientos entre otros.

Adicionalmente, los contribuyentes deben realizar la presentación del impuesto de renta de capital mobiliario, de capital inmobiliario y el tributo a ganancias y pérdidas de capital. Estas obligaciones fueron establecidas desde la Ley de Fortalecimiento y las Finanzas Públicas.

“En enero se juntan el resumen anual de retenciones, el impuesto solidario, el impuesto a personas jurídicas y el régimen simplificado son propias de la ‘cuesta de enero’ de cumplimiento de obligaciones con Hacienda”, destacó Germán Morales, socio de la firma Grant Thornton, especializada en asesoría tributaria.

La mayoría de las obligaciones se deben cumplir el próximo 15 de enero, excepto el impuesto a las personas jurídicas que será el día 30, según el calendario publicado en el sitio web de Hacienda.
Multas

El incumplimiento en la presentación de algunas de las declaraciones implicaría la imposición de una multa de hasta ¢225.100, es decir el 50% del salario base.

Además, el contribuyente se expone a un multa equivalente al 1% o hasta un 20% por cada mes o fracción de mes una vez vencido el plazo para el pago, detalló Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, firma especializada en temas tributarios.

“En el impuesto de personas jurídicas, si no se paga, no se puede contratar con el Estado, ni crear personerías. Si es por varios años, se liquida la sociedad y, en la práctica es complicado, por los bienes inscritos en la sociedad jurídica. Se requiere un liquidador, plata en abogados y Tributación puede imponer una hipoteca si hay bienes”, explicó Villalobos.

Por otra parte, para el próximo 15 de marzo será la fecha límite para presentar la declaración del impuesto sobre la renta del periodo del 2020.

Esta es la primera vez que el cumplimiento de este tributo se efectúa con base a año calendario, tal como lo estableció la reforma fiscal aprobada en el 2018.

Previo al cambio legal, la liquidación del impuesto se efectuaba el 30 de setiembre de cada año.

“Los contadores de las empresas pasaron un diciembre movido porque tenían que hacer el cierre (fiscal) de la declaración que deben hacer en marzo. Ahora hay más labor de cumplimiento ante la administración tributaria”, aseguró el director de Grant Thornton.

Hasta noviembre pasado, la recaudación tributaria del Gobierno ascendió a ¢3,7 billones, es decir una reducción del 12% comparado con el mismo periodo del 2019.

 

Hacienda valora incluir aumento del IVA en propuesta de negociación con FMI

Fuente: Noticias Monumental

Las próximas semanas serán cruciales para la estabilidad financiera del país, ya que el gobierno buscará llegar a consensos con el Congreso respecto a la propuesta de negociación para acceder a un crédito por $1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pese a haber enviado un documento a la Asamblea Legislativa sobre lo que podría contener el planteamiento ante el organismo internacional, aún es incierto el mecanismo que propondrá el Ejecutivo para generar ingresos.

A inicios de diciembre el Ministro de Hacienda, Elián Villegas, dijo que la propuesta sí incluiría nuevos impuestos, pero enfatizó en que serían mínimos. Además, reveló que negociará con el FMI y los diputados una recaudación de ¢200 mil millones anuales precisamente en nuevos tributos.

Ante la consulta sobre un posible aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 13% a un 14%, el jerarca respondió que sí se valora como una posible alternativa para generar los ingresos.

Erick Ulate, Presidente de Consumidores de Costa Rica, arremetió contra la intención del gobierno de incrementar el IVA e insistió en que la economía de las familias costarricenses se encuentra severamente afectada.

El gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley para eliminar exoneraciones, entre ellas al salario escolar. Además, propuso cobrar un impuesto de 25% a los premios de lotería superiores a los ¢250 mil.

Deuda obliga al Gobierno a buscar en el 2021 el financiamiento más alto en últimos 12 años

Fuente: La Nación

El acelerado crecimiento de la deuda pública en los últimos 12 años llevará al Gobierno a tener que conseguir en el 2021 préstamos por unos ¢5,6 millones de millones, aproximadamente un 15,7% de la producción interna estimada para el otro año.

Esos recursos son para cubrir el déficit fiscal esperado, equivalente a un 8,4% de la producción, según la estimación oficial publicada en octubre del 2020 en el Informe de Política Monetaria, o 8,8% de la producción, incluido en las proyecciones de financiamiento del Ministerio de Hacienda suministradas el 12 de noviembre, más los préstamos que vencen. Este mes se actualizarán las estimaciones.

Los persistentes déficits del Gobierno (sus gastos sobrepasan sus ingresos) llevaron a que la deuda pública aumentara de un 23,8% de la producción en el 2008 a un 70,1% de la producción previsto para el 2020.

Dicho incremento genera que la cuenta de intereses se multiplique todos los años y que cada vez se requieran más recursos tanto para financiar los nuevos déficits como para pagar las deudas pasadas.

Las opciones para el 2021

El Gobierno planea cubrir ese 15,7% del PIB con un 9,4% del PIB con deuda doméstica y un 6,3% del PIB con deuda externa, según la información que el Ministerio de Hacienda suministró en noviembre pasado.

Arce explicó que en el 2020 los bancos estaban muy líquidos porque los depósitos crecieron mucho, especialmente los depósitos a la vista y los bancos no estaban dando crédito, ni las empresas o familias estaban demandando crédito, entonces los intermediarios, públicos especialmente, le prestaron recursos al Gobierno.

En el 2021 se espera que el crédito se empiece a recuperar y ya los bancos no tendrían tantos recursos líquidos. Además el superávit de las empresas públicas, que también invierten en el Gobierno, ha disminuido.

Arce comentó que otras fuentes de financiamiento serían del sector privado, especialmente los fondos de pensiones, pero el empleo aunque se está recuperando, lo hace lentamente y las remuneraciones formales no se están recuperando, lo cual implica que la capacidad de los fondos de pensiones para financiar al Gobierno sigue mermada.

El gobierno presentará un proyecto de ley para homologar el tratamiento tributario de inversionistas extranjeros y nacionales que adquieran bonos del Gobierno con el fin de estimular a los foráneos a comprar bonos de deuda interna.

“La falta de estos créditos lo que provoca es que se pueda generar un incremento, un costo más alto, en el momento de que se llega por parte de los operadores financieros a comprar los bonos del Ministerio de Hacienda, ¿qué hay que hacer ante eso? Ante eso lo que queda es restringir muy severamente el gasto hasta que se llegue a contar con condiciones de caja mucho más favorables”, dijo Villegas.

Pero restringir el gasto tampoco es sencillo porque, de acuerdo con Arce, los espacios de reducción son relativamente pequeños, hay que ser selectivo para evitar tocar el gasto social y además es tocar tambores de guerra frente a grupos de interés.

“Los recortes de gasto público son tocar tambores de guerra frente a grupos de interés muy fuertes, grupos de interés sindicales, especialmente, y eso también puede complicar mucho el proceso político que viene”, dijo Arce.

“Yo veo que el Gobierno tendrá posibilidades de financiamiento, en el tanto avancemos en el ajuste que tenemos que hacer, para financiar el hueco que tenemos, el déficit que tenemos ya planeado en el presupuesto, eso va a ser muy difícil, eso es seguir echándole agua a una sopa que no está dando suficiente sustancia, entonces yo creo que el compromiso que está adquiriendo el Gobierno, de ir al Fondo Monetario Internacional (...) esperaría verlo en el primer trimestre del año entrante”, indicó.

Añadió que eso más algunas de las reformas que están planteadas en la Asamblea Legislativa, como la de empleo público, le daría al país la posibilidad de acceso a financiamiento de organismos internacionales.

“Estas proyecciones suponen, por un lado, el acceso a recursos de organismos financieros multilaterales, en su mayoría de apoyo presupuestario que conllevan un cambio en la fuente de financiamiento (para sustituir deuda cara por deuda barata) y, por otro, la colocación de bonos de deuda externa por un monto de $4.500 millones a partir del 2021 ($1.500 millones el primer año y $1.000 millones en los siguientes tres años).

Las proyecciones a las que se refiere la entidad son que el Gobierno Central presentaría déficit primarios de 4% y 2,9% del PIB en el 2020 y 2021, en ese orden, que sumados a los gastos por intereses ubicarían el déficit financiero en 9,2% y 8,4% del PIB, en esos años.

Tributación brinda opciones a empresas de servicios transfronterizos para evitar inconvenientes IVA

Fuente: Ministerio de Hacienda

Ante las inquietudes externadas por usuarios del servicio UBER EATS, por cobro incorrecto del IVA, la Dirección General de Tributación (DGT) aclara lo siguiente:

1. Las plataformas digitales que así lo comuniquen, entre ellas UBER, tienen la opción de cumplir con un registro simplificado para gestionar directamente el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) y minimizar inconvenientes a sus clientes.

2. Los inconvenientes con el cobro de IVA por el servicio UBER EATS pueden resolverse inmediatamente después de que UBER se registre ante Tributación. Sin embargo, a la fecha, esta empresa no ha solicitado su registro, pese a las reuniones con sus representantes y a las opciones que le ha suministrado la Administración Tributaria.

3. Al ser un servicio prestado en territorio nacional, este se encuentra gravado con IVA, por lo que al no estar inscritos ante la DGT, la Administración debió incorporarlos en la lista de proveedores de servicios digitales, a los que se cobra el impuesto cuando se realiza el pago por medio de tarjeta.

4. La inclusión de la frase “help.Uber.com”, al final del nombre “UB Eats Costa Rica” en la orden de pago que procesan las entidades financieras, es lo que hace que, erróneamente, se cobre dos veces este impuesto a quienes utilizan dicho servicio.  Esta situación se resolvería de inmediato si la empresa cobrara el impuesto de manera directa.

5. Esta Dirección lamenta los inconvenientes que enfrentan los usuarios de UBER EATS en este momento, reitera su interés por buscar una solución a la brevedad posible e informa a quienes se les ha aplicado el doble cobro del IVA, que pueden solicitar el reintegro del dinero mediante la plataforma virtual TRAVI, disponible www.hacienda.go.cr

Contadores piden manejar con cuidado cierre fiscal

Fuente: CR Hoy

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recomendó a los contribuyentes manejar con cuidado el cierre del periodo fiscal 2020 que por única vez abarcará 15 meses para calcular el pago del impuesto sobre la renta.

Guillermo Smith, presidente del Colegio, recordó que el cierre fiscal 2020 será el 31 de diciembre. Anterior a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o plan fiscal, el cierre se hacía el 30 de setiembre.

Producto de los ajustes que obligó a realizar la entrada en vigencia de la normativa, el periodo fiscal comprende este año del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020 y la respectiva declaración se puede presentar hasta el 15 de marzo del 2021.

El Colegio aclaró que las personas que desarrollen una actividad económica y que al mismo tiempo sean asalariados con pensión no pueden utilizar, parar realizar su declaración de renta, la base exenta para personas físicas con actividad lucrativa, independientemente del monto que se obtenga por concepto de salario.

Otro aspecto que los contribuyentes deben considerar es que desde el pasado 1 de diciembre está vigente el Catálogo de Bienes y Servicios (Cabys). 

Smith explicó que esto consiste en un grupo de códigos que sirve para identificar los bienes vendidos y servicios prestados y que se debe incluir a la hora de emitir el documento electrónico de la declaración.

Por ejemplo, los contribuyentes que están inscritos bajo la modalidad de Régimen Simplificado, aunque no están obligados a presentar factura electrónica, deben de conocer el código Cabys que deben entregar a sus clientes.  

“Es importante que los contribuyentes que tengan más de una actividad económica mantengan actualizado el Régimen Único Tributario” ya que los códigos que se utilizan van de acuerdo a la actividad económica. Por ejemplo, un médico veterinario, si además de realizar servicios de veterinaria, imparte clases, debe tener registradas las dos actividades económicas“, explicó el Colegio.

La institución recomendó a los contribuyentes no esperarse hasta el último momento parar realizar la declaración de renta y que además se hagan acompañar por un profesional en contabilidad para realizar el trámite.

 

¿Tributación cobrará IVA a viajes hechos con Uber o DiDi fuera de Costa Rica?

Fuente: CR Hoy

Esa es una de las grandes interrogantes sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas de transporte, como el caso de Uber o DiDi.

A partir de este 18 de diciembre los viajes realizados a través de la plataforma tecnológica serán sujetos al cobro del 13% del IVA por parte de la entidad financiera o bancaria domiciliada en el país que emite la tarjeta del usuario registrado.

Cada banco o ente financiero entregará el cobro del impuesto al Ministerio de Hacienda. El IVA aplicará a todos los servicios de transporte que Uber o DiDi brinden en territorio costarricense.

La disposición anunciada el lunes por la Administración Tributaria de esa cartera incluye la plataforma de streaming Disney+.

Si usted usa su cuenta de Uber o DiDi en otro país, y cancela con la tarjeta costarricense registrada en la plataforma, será sujeto del cobro del 13% del IVA. Sin embargo, si la retención del impuesto se hace efectiva, podrá presentar un reclamo de devolución.

“En principio, se asume que los servicios que son pagados con tarjetas emitidas por instituciones financieras domiciliadas en Costa Rica son consumidos en Costa Rica y por lo tanto están sujetos al IVA. No obstante, el inciso a) del Artículo 23 de la resolución DGT-R-42-2020 reconoce el derecho a la devolución en el caso que se adquieran  servicios ‘sobre las que el uso, el disfrute o el consumo se realice totalmente en otra jurisdicción’“, explicó Carlos Vargas, director general de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Las plataformas son catalogadas por las autoridades tributarias como servicios digitales trasfronterizos. Son aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, que son consumidos en el territorio nacional”, agregó la cartera hacendaria.

El gravamen del 13% de IVA a estos servicios inició el 1 de octubre y se aplica a la adquisición de bienes intangibles que realicen los consumidores finales o contribuyentes del IVA, a un proveedor domiciliado fuera de Costa Rica, con el fin de ser utilizados o consumidos en el país. Solo durante el primer mes, el cobro del impuesto a estos servicios le generó al país ingreso por más de mil millones de colones.

Vargas agregó que aplicar el cobro a las plataformas (como Ubero DiDi) cuyo sustento jurídico es “inapropiado” o “indebido” no implica legitimar su actuación.

Las plataformas de transporte que enlazan conductores y clientes aún no están cobijadas por normativa legal en Costa Rica.

El funcionario sustentó su exposición en 2 resoluciones publicadas durante este  año: el artículo 27 bis del documento DGT R-13-2020 y la resolución DGT-R-42-2020.

“De conformidad con el artículo 8 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esta dirección está facultada para indicar qué personas o empresas están gravadas por los tributos que administra. De conformidad con el hecho generador definido por la ley correspondiente sin que ello implique, en modo alguno, legitimar la actuación de aquellas que han adoptado formas jurídicas inapropiadas o no reconocidas por entes que regulan o autorizan el ejercicio de la actividad que llevan a cabo de forma irregular, lo cual incluye a empresas de transporte aún no autorizadas formalmente por las autoridades de tránsito, que venden servicios transfronterizos a clientes costarricenses, incurriendo en el hecho generador contemplado en el artículo 30 de la Ley Nº6826, Ley del Impuesto al Valor Agregado”, cita, textualmente el Artículo 27 bis.

El director hizo referencia al Artículo 13 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual señala que “que la obligación tributaria no se afecta por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas del derecho positivo costarricense”.

“Debemos recordar un principio jurídico que indica ‘nadie puede beneficiarse de su propio dolo’, de manera que no por incumplir algún requisito legal para la actividad, la persona puede considerarse exenta o no sujeta a los impuestos, los cuales aplican para todos, conforme al artículo 18 constitucional“, apuntó Vargas.

Uber cuenta con casi 1 millón de usuarios. Su funcionamiento abarca la Gran Área Metropolitana (GAM), la Zona Norte, la Zona Sur y algunas localidades turísticas. La empresa inició funciones en agosto de 2015. Mientras DiDi opera desde noviembre de 2019 y Disney+ está disponible en Costa Rica desde el pasado 17 de noviembre.

 

Hacienda coloca más de ¢ 102 mil millones en última subasta del 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda realizó este lunes la última subasta del 2020 con una colocación superior a los ¢102,315,2 millones, resultado que ratifica una vez más la confianza del mercado interno en la gestión de deuda del Gobierno y en la política macroeconómica.

Los títulos subastados hoy se asignaron a 12 distintos puestos de bolsa y corresponden a series con vencimiento en los años 2024, 2026, 2028 y 2031.

Entre los montos colocados el día de hoy destacan: ¢51,588,2 millones a 11 años plazo y ¢29,926,4 a cuatro años plazo.

“La confianza que han mostrado los inversionistas locales en el compromiso del Gobierno con el ajuste fiscal, nos ha permitido cumplir con nuestro programa de colocación en el 2020, y por consiguiente, con la atención de las prioridades y responsabilidades del Gobierno, aun en medio de la seria situación fiscal del país como consecuencia del Covid-19. Agradecemos el respaldo recibido y esperamos contar con el mismo apoyo durante el próximo año¨, enfatizó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El Jerarca informó que este segundo semestre Hacienda colocó un total de ¢1.772.514,72 millones, utilizando este mecanismo,  y que la primera subasta del 2021 se realizará el próximo 5 de enero.

Gasto tributario por exenciones fueron menores, según Hacienda

Fuente: CR Hoy

El gasto tributario; es decir, el monto que el Estado deja de percibir por las exoneraciones, fue menor en 2019 con relación a 2018.

Así lo reveló un estudio dado a conocer esta semana por el Ministerio de Hacienda, en donde se contabilizaron los montos de las exoneraciones otorgadas a distintos regímenes.

Según las cifras, en 2018 el gasto tributario ascendió a un 5,6% del producto Interno Bruto (PIB).

En 2019 ese gasto ascendió a 4,73% del PIB.

“Estimar el gasto tributario es importante porque permite una mayor transparencia del sistema tributario del país, así como determinar la cantidad de recursos que no se perciben por estos beneficios y evaluar la necesidad o no de mantener algunos de ellos. Su revisión es especialmente importante en épocas de crisis, cuando debemos buscar recursos frescos para la atención de programas prioritarios para la población”, dijo Elian Villegas, ministro de Hacienda.

La reducción obedeció a la aplicación de varias normas vigentes con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hacienda aún debe realizar los cálculos de este 2020 para estimar si esa aplicación  siguió surtiendo efectos este año.

 

Hacienda alista plan para homologar tributos a inversionistas foráneos y atraerlos a deuda interna

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda prepara un proyecto de ley para homologar el tratamiento tributario de inversionistas extranjeros y nacionales que adquieran bonos del Gobierno, entre otras medidas, para incentivar a los foráneos a comprar valores de deuda interna costarricenses, en colones o dólares.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, considera que esta es una de las vías por las cuales se puede obtener recursos para cubrir el financiamiento del Gobierno para el 2021, equivalente al 15,7% de la producción, el cual es alto si se compara con el promedio de 10,6% de los últimos 11 años.

El mecanismo toma más importancia ahora que la Asamblea Legislativa no aprobó dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (uno por $265 millones, expediente 22.132 y otro por $250 millones, expediente 22.131) que estaban previstos para financiar el 2020, pero que como se atrasaron servían para cubrir parte de las necesidades del 2021. Ante este panorama, dijo el ministro, el camino que queda es restringir muy severamente el gasto. Aun así así se requerirán importantes recursos el próximo año.

El viceministro de Hacienda, encargado de ingresos, Isaac Castro, detalló que se requieren cambios normativos en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (la número 8.131), en la Ley Reguladora del Mercado de Valores (7.732), a los reglamentos de dichas leyes, así como la legislación correspondiente al tratamiento tributario de los inversores no residentes, para homologar tratamiento a titulares residentes. Además, deben valorarse acuerdos de doble imposición.

“Los cambios básicos son modificar atribuciones establecidas para dependencias del Ministerio de Hacienda conforme a la Ley 8.131. En la Ley 7.732 modificaciones sobre mecanismos de colocación, compensación y liquidación de valores. Será un solo proyecto con los cambios a las leyes relacionadas”, indicó Castro.

“Hoy un no residente en su calidad de inversor enfrenta un tratamiento tributario por las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, y otro tratamiento por las remesas al exterior. Mientras que un inversor residente solo impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital”, detalló Castro.

Los inversionistas extranjeros en Costa Rica actualmente afrontan tres impuestos: 15% de rentas del capital, eso es sobre los rendimientos; 15% sobre ganancias o pérdidas de capital por la variación en los precios de los bonos, si transan los valores, por ejemplo, si lo compró a un precio y lo vendió a uno mayor obtienen una ganancia sobre la cual tributa y 15% de remesas al exterior si se lleva los intereses del país, según explicó Carla Coghi, socia directora para Centroamérica y República Dominicana de Deloitte.

Además, José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que actualmente los inversionistas internacionales pueden participar en el mercado local, pero deben hacerlo a través de un intermediario que liquide esas operaciones.

En noviembre del 2018, en medio de la anterior crisis fiscal, el Ministerio de Hacienda había utilizado un instrumento similar llamado contrato de colocación, con lo cual recaudó $600 millones.

El contrato de colocación es una figura de captación de recursos que permite vender bonos en el mercado interno, donde participan puestos de bolsa y bancos locales, con las reglas del mercado de valores local, aunque los inversionistas finales pueden ser extranjeros. El monto mínimo para participar en el 2018 fue de $100 millones.

“No hay diferencia, por el contrario, se pretende mejorar la gestión administrativa que se abrió con los contratos de colocación y aumentar las posibilidades para aumentar los mecanismos de colocación y distribución de valores desde la jurisdicción costarricense”, dijo Castro.

Para la analista Julia González, quien tiene experiencia con inversionistas extranjeros, explicó que para atraer esos ahorrantes la parte tributaria debe estar muy clara, de tal manera que permita comparar. También hay que considerar que hay otras alternativas incluyendo la misma deuda externa de Costa Rica comprada en el exterior que compite con estas inversiones.

“A nosotros nos interesa que ellos nos ayuden en las emisiones regulares, porque le dan profundidad, forman precio, y además es un inversionista al que si hoy compró a 100 y mañana está a 101 le va a interesar vender, y en la medida que ese inversionista venga y active el mercado secundario (donde los valores se negocian por segunda o más veces) no solo nos ayuda a traer dinero fresco sino que nos ayuda a tener un mercado más profundo”, dijo Villegas.

El Ministro que por ejemplo, en ese momento, en Alemania, para algunos plazos el inversionista le tiene que pagar al banco, pues el Gobierno Alemán paga una tasa negativa.

“Entonces fondos de inversión de esos países que vengan a invertir acá una cifra muy baja de lo que es propiamente su activo, piense en montos que sean inferiores al cuarto del 1%, pero son fondos muy grandes que perfectamente pueden utilizar un activo de un país como el nuestro para incrementar un poquito su rendimiento”, explicó Villegas.

“El recurso podría ser de ayuda, pero claramente no es la solución al problema fiscal y podría causar un desacomodo en el mercado de deuda local, ya que los inversionistas internacionales tienen una percepción de riesgo diferente a la de los locales y podrían tomar la decisión posterior de salir de manera desordenada del mercado”, consideró Brenes.

Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina en Fitch Ratings, también consideró que esto también conlleva diferentes riesgos, por ejemplo, en otros países donde se ve un alto índice de inversionistas extranjeros en el mercado local, estos tienden a tener mayor volatilidad, sobre todo en episodios de crisis o de incertidumbre económica lo cual podría agravar situaciones de crisis en estos países.

“Por ejemplo, el caso de México en los noventas es un claro ejemplo de que una crisis económica se agrava debido a la alta volatilidad de este tipo de financiamiento”.

Consultado sobe la figura, el exministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, dijo que preferiría que los bonos que venda el Gobierno mediante este mecanismo sean en colones, con una tasa de interés mayor, pero que el riesgo cambiario lo asuman los extranjeros.

Gobierno envía a asamblea legislativa proyecto de ley para eliminar exoneraciones y reducir el gasto

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el propósito de disminuir en 0,58% del PIB el déficit fiscal que aqueja al país y asegurar la estabilidad económica de mediano y largo plazo, mediante una reducción de incentivos fiscales y del gasto tributario, así como ajustar las tarifas del impuesto a las rentas de capital y a las remesas al exterior, el Ejecutivo remitió hoy a la Asamblea Legislativa, el “Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”.

“En el contexto adverso que enfrenta el país es preciso tomar medidas que mejoren la recaudación con la menor afectación posible a los sectores más vulnerables, que consideren la equidad y progresividad en la definición de las tarifas y en la reducción de beneficios fiscales, sin sacrificar aquellos necesarios para el crecimiento económico, y eso es lo que proponemos en este proyecto de Ley”, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El Jerarca aclaró que las exoneraciones y beneficios fiscales generados en los impuestos que administra Hacienda ascendieron a 4,73% del PIB en el 2019, lo cual es un costo fiscal que brinda oportunidades de mejora para darle mayor progresividad al sistema tributario. Esto hace de la reducción del gasto tributario un instrumento importante de política fiscal, sin sacrificar aquellas exoneraciones necesarias para el crecimiento económico.

En esta línea, la propuesta elimina la exoneración del impuesto a la renta que tiene el salario escolar, lo cual solo afecta a los empleados públicos que reciben un salario superior a los 840.000 colones mensuales (23% del total de funcionarios), y reduce a la mitad la exoneración que tienen los rendimientos de las operadoras de pensiones.

Por otro lado, el proyecto de ley incluye un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior, así como homologar en 15% las del impuesto a las rentas de capital, las cuales tendrían una elevación temporal por dos años al 16,5%.

Los elementos contemplados en el proyecto de ley tienen como propósito darle mayor progresividad al sistema tributario. En la siguiente tabla se detalla la propuesta, que permitirá reducir el déficit fiscal que sufre el país, en 0,58% del PIB:

Tributación asignará “baja temporal” a contribuyentes que mantienen declaraciones sin pagar

Fuente: Ministerio de Hacienda

A partir de este 18 de diciembre, la Dirección General de Tributación modificará el estado tributario de contribuyentes que en los últimos tres periodos fiscales o más, no han presentado sus declaraciones de los impuestos en los que estén inscritos, entre ellos el de valor agregado (IVA) y sobre la renta.

De conformidad con la resolución DGT-R-29-2020, emitida el 15 de setiembre del 2020, este estado se les asigna a los contribuyentes en esa condición, pasando de “inscrito” a “baja temporal”, por lo que Hacienda no les validará los comprobantes electrónicos emitidos, tampoco podrán realizar modificaciones en el Registro Único Tributario, ni presentar declaraciones.

El contribuyente que desee modificar este estado, deberá solicitarlo a la Administración Tributaria por medio de la plataforma para trámites virtuales (TRAVI), seleccionando la opción “solicitar cita para reactivación por baja temporal como contribuyente”.

El estado “Baja temporal” se aplica luego de que la Administración Tributaria ha agotado otras gestiones para recordar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tienen pendientes. Además, Hacienda mantiene en su página web (www.hacienda.go.cr) el apartado “Situación Tributaria”, al que puede acceder cualquier ciudadano, donde se incluye la información sobre los contribuyentes omisos en los diferentes impuestos.

“Nuestro objetivo es lograr el mayor cumplimiento voluntario posible, evitarle al contribuyente los inconvenientes por no estar al día, como el pago de multas y aplicación de otras sanciones. Hacemos un llamado a quienes, estando activos en su actividad comercial, se encuentren atrasados con la presentación de declaraciones, para que se pongan al día y eviten caer en el estado de “baja temporal”, por el efecto negativo que eso generará en su negocio, en un momento en el que tanto los contribuyentes como el país, requieren mantener la actividad comercial”, recalcó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Para consultar su estado tributario, el interesado puede ingresar a la página web del Ministerio www.hacienda.go.cr, portal Administración Tributaria Virtual, apartado “Situación Tributaria” y para atender sus inquietudes al respecto pueden comunicarse al Travi ChatBot o al teléfono 2539 4000.

Cobro del IVA a los viajes en Uber y DiDi dispararía el pago en efectivo

Fuente: La República

El cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los viajes realizados en Costa Rica mediante las apps móviles de transporte Uber y DiDi dispararía el pago en efectivo.

Ambas plataformas, junto con otras de venta de boletos aéreos y reserva en hoteles como Booking, Expedia y Despegar.com y el nuevo servicio de video streaming Disney+, fueron incluidas en la lista de servicios digitales transfronterizos gravados con el 13%.

Los servicios digitales transfronterizos son los que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de internet o cualquier otra plataforma digital, pero que son consumidos dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la Asociación de Plataformas Tecnológicas (Acoplatec), que reúne a una buena cantidad de socios conductores de ambas apps de transporte, la cancelación de los viajes en dinero en efectivo se impondrá para evitar el pago de dicho impuesto.

Esto porque el cobro se aplica a las transacciones realizadas mediante tarjeta de débito o crédito, como ocurre con otros servicios tales como Netflix o Spotify, donde el banco emisor es el que cobra el monto de forma posterior a su cancelación, para trasladarlo al ministerio de Hacienda.

“En Uber somos respetuosos de la legislación y buscamos ser un aliado de las ciudades. Desde que nuestra app está disponible en Costa Rica, hace cinco años, hemos cumplidores responsablemente con todas las obligaciones tributarias que la ley exige”, respondieron los representantes de Uber Costa Rica al pedirles una reacción al respecto.

Uber señaló que no aumentará el precio de sus viajes, aplicados a todas las modalidades del servicio (UberX, Uber Flash, Uber Planet, Uber VIP, Uber XL) y que cada entidad bancaria será la encargada de trasladar este cobro al Ministerio de Hacienda.

De igual forma, Carolina Murillo, encargada de Comunicaciones de DiDi Costa Rica señaló que se encuentran a la espera de que la resolución sea publicada para conocerla y hacer un análisis técnico de sus alcances.

“Como es costumbre DiDi, es respetuosa de las resoluciones e instancias de las autoridades”, agregó Murillo.

Justamente en momentos en que empieza a aplicarse el cobro de IVA a las plataformas de transporte colaborativas, Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes (Mopt), urgió la aprobación de una ley que regule su operación en suelo nacional, después de cinco años de desgano y varias versiones de proyectos de ley propuestos en esa dirección.

Según estudio de gasto tributario realizado por Hacienda:Ley 9635 permitió disminuir en 0,83% de PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda dio a conocer los resultados del estudio de gasto tributario (GT) total en Costa Rica correspondiente al año 2019, según el cual, las exenciones y beneficios fiscales otorgados ese año, fueron inferiores en 0,83% del PIB a los del 2018, lo que se explica por la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635)

Mientras que en el 2018 este gasto ascendió a 5,6% del PIB, en el 2019 alcanzó el 4,73% del PIB (¢ 1 716 591,95 millones).  De este porcentaje, 2,30% corresponde al impuesto sobre la renta, 2,22% al Impuesto al IGV-IVA y 0,21% a Otros Tributos.

El GT se puede definir como los ingresos que el Gobierno deja de percibir, al otorgar un tratamiento impositivo distinto al que se aplica de carácter general. Es un beneficio que se genera al introducir en la legislación tributaria elementos como: exenciones, deducciones, diferimientos tributarios, créditos fiscales o tasas reducidas.  Su objetivo es apoyar o promover determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de contribuyentes y debe ser evaluado en términos de su contribución al desarrollo del país.

“Estimar el gasto tributario es importante porque permite una mayor transparencia del sistema tributario del país, así como determinar la cantidad de recursos que no se perciben por estos beneficios y evaluar la necesidad o no de mantener algunos de ellos. Su revisión es especialmente importante en épocas de crisis, cuando debemos buscar recursos frescos para la atención de programas prioritarios para la población” expuso Elian Villegas, ministro de Hacienda

El Jerarca agregó que este informe también es útil para el análisis de costos y beneficios de los regímenes de exención y su impacto en la actividad económica del país y porque se convierte en un insumo muy importante para la toma de decisiones en materia de Política Fiscal.

Para el estudio del 2019, Hacienda consideró dos legislaciones que tuvieron impacto en las estimaciones:  en el primer semestre la del impuesto general sobre las ventas (Ley N.º 6826) y la del impuesto sobre la renta (Ley N.º 7092), en el segundo la Ley N.º 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, con la que se migró a un impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, incrementando las tasas impositivas del mercado financiero (capital mobiliario). Además, se cambió la metodología que estima el GT en bienes y servicios de consumo nacional y se utilizó la última Encuesta de Ingresos y Gastos disponible, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El estudio “Gasto Tributario, Metodología y Estimación 2019: Impuesto sobre la Renta, Impuesto General sobre las Ventas (IGV)  y Otros Tributos”, se encuentra disponible en la página web www.hacienda.go.cr , apartado “Estudios Fiscales” y también se puede acceder desde el banner principal.

Desconfianza en un gobierno “gastón” hace a diputados exigir detalles de acuerdo con FMI

Fuente: La República

Hasta que no se conozcan los detalles del acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la oposición en el Congreso no estaría dispuesta a validar ningún nuevo préstamo para el gobierno de Carlos Alvarado.

La desconfianza en un gobierno “gastón” hace que los legisladores rechacen un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones, sin importar que este le ahorraría al país $91 millones en intereses en los próximos siete años.

La preocupación de los legisladores se debe a que Alvarado solo impulsaría una agenda de corto plazo, para terminar su gobierno sin mayores sobresaltos y sin resolver el problema del déficit fiscal.

Impulsar ajustes estructurales en el gasto, incluida una reforma al empleo público y el cierre y fusión de instituciones públicas, son las demandas de los diputados.

“Los $1.750 millones que se negociarían con el FMI, le permitirían al país entrar en una estabilidad fiscal y una ruta financiera nueva, promoviendo la confianza y productividad del país; sin embargo, para que ello ocurra, el gobierno debe dejar de pensar en el corto plazo y construir la ruta de largo plazo de una vez por todas. Señor Presidente no improvisemos más y resolvamos esto de una vez por todas”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación.

Ayer, al cierre de edición, la disputa entre el gobierno y los diputados por el préstamo con el BID se mantenía, sin embargo, el Congreso decidió adelantar su receso a partir de este martes y con ello, el préstamo con el BID quedó descartado, ya que se había dado plazo hasta el 6 de enero para aprobarse.

El adelanto de las vacaciones se dio por un brote de Covid-19 en la barra de prensa y los legisladores regresarán a laborar el 11 de enero.

Desde el inicio de esta administración el Congreso ha aprobado créditos por más de $1.700 millones, además del plan de eurobonos y una reforma fiscal.

Por otra parte, el congreso tuvo en su segundo año de trabajo el período más fructífero -con leyes sustantivas – en 34 años, según el último informe del Estado de la Nación.

En ese sentido, los legisladores se quejan de una falta de compromiso del Ejecutivo para recortar el gasto.

“Estamos ante un Ejecutivo que no nos ha dado la confianza para creer en sus promesas y ahora quiere hacer creer a los costarricenses, que la culpa de la no aprobación de este proyecto es de la Asamblea Legislativa”, dijo María Inés Solís, diputada de la Unidad.

Mientras tanto, el gobierno aseveró ayer que la decisión que tomaron 26 diputados en relación con el financiamiento del BID le cuesta $91 millones a todos los costarricenses.

“Pudiendo pagar intereses de 2,8% anual, han obligado a que se paguen intereses de 8% anual, es decir casi 3 veces más caro. Y además privan de $25 millones que se destinarían a la Caja”, dijo Agustín Castro, ministro de Comunicación.

Transparencia

El gobierno ha fallado en su labor de generar confianza con otros actores políticos y por ello, la oposición le niega la aprobación de más créditos.

Carlos Avendaño
Diputado
Restauración

Se les ha pedido cuál es el plan de reactivación económica, y no lo ponen en la mesa. Se les ha pedido cuáles son las propuestas específicas que ha llevado el Gobierno a la negociación con el FMI, tampoco han querido dar esas propuestas. Ha faltado liderazgo, responsabilidad de poner todas estas cosas en la mesa, y las consecuencias las sufre el país.

Luis Fernando Chacón
Diputado
Liberación

Los $1.750 millones que se negociarían con el FMI, le permitirían al país entrar en una estabilidad fiscal y una ruta financiera nueva, promoviendo la confianza y productividad del país; sin embargo, para que ello ocurra, el gobierno debe dejar de pensar el corto plazo y construir la ruta de largo plazo de una vez por todas. Señor Presidente no improvisemos más y resolvamos esto de una vez por todas.

Carmen Chan
Jefa de fracción
Nueva República

Con el PAC como administrador de Costa Rica este préstamo sería igual a botar la plata.
El gobierno trató de justificar con mentiras y con su política de miedo, el proyecto de aprobación de un préstamo por $250 millones con el BID, pero nos opusimos porque no le daremos al PAC un cheque en blanco para que siga gastando y endeudando a Costa Rica.

María Inés Solís
Diputada
Unidad

Estamos ante un Ejecutivo que no nos ha dado la confianza para creer en sus promesas y ahora quiere hacer creer a los costarricenses, que la culpa de la no aprobación de este proyecto es de la Asamblea Legislativa , cuando son ellos quienes han presentado proyectos mal redactados y han pretendido usar el dinero ahorrado de intereses, para gasto corriente.
No vamos a dar opción alguna para que el ejecutivo utilice de manera irresponsable el dinero de los costarricenses.

Raymundo Volio: “2021 no será mejor en temas impositivos”


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Ante el cierre del 2020 que se acerca, un año extraño y duro para el país también en temas de recaudación de impuestos, el experto en derecho tributario y director de Actualidad Tributaria, Raymundo Volio, hace un análisis acerca de la situación fiscal del país en el año que se va y de lo que nos espera para el 2021.

“Este fue un año de pandemia fiscal para el país”, comentó Volio, “para nosotros los expertos en la materia ha sido un año muy duro y de muchísimo análisis porque la fiscalidad responde a los fenómenos económicos. Los fenómenos tributarios han tenido que adecuarse a los efectos de la pandemia”.

Para Volio la avalancha de leyes asociadas al COVID-19 ha impactado los principales impuestos como IVA, renta, aduana, arrendamientos y canasta básica y el 2021 no será un año distinto a lo que fue este 2020, por el nivel de golpe que ha sufrido la economía costarricense.

“Las finanzas públicas se han deprimido de tal manera que para seguir adelante tendremos que hacer cambios estructurales que impactarán tanto gastos como ingresos. Tendremos, en el 2021, una cantidad importante de nuevas leyes, por lo que debemos estar atentos a los cambios que se vayan a dar durante el primer semestre”, afirmó el experto.

IVA: posible salvador

Anteriormente Volio había afirmado que la recaudación eficiente del IVA sería una tabla salvadora para la economía. Según el director de Actualidad Tributaria, es un impuesto de rápida recaudación, recursos frescos que se pueden inyectar a la economía sin esperar aprobación de más leyes y similares.

“Si queremos traer recursos rápidos y fáciles no hay mejor impuesto que el IVA. Los otros nos impactarían hasta marzo de 2022,  por lo que si queremos recaudar más hoy, la única manera de hacerlo es atacar el tema del IVA”, expresó Volio.

El director de Actualidad Tributaria aseguró que otro tipo de impuestos requieren más tiempo para su aprobación y son más complejos de aplicar, en cambio el IVA ya se está consolidando en el país.

Ver: Video Raymundo Volio

Fitch Ratings: Propuesta al FMI puede resultar “insuficiente sin medidas adicionales”

Fuente: CR Hoy

Los números que maneja el gobierno para presentar una propuesta de ajuste al Fondo Monetario Internacional (FMI) que reduzca la presión sobre al deuda y el déficit fiscal, pueden resultar insuficientes, si no se establecen “medidas adicionales”.

De acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings, es necesario un ajuste de al menos un 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en relación con el déficit primario, para lograr equilibrar la deuda costarricense. La propuesta del gobierno ronda apenas la mitad.

Esto indicó la agencia:

Este mes salió una segunda propuesta para discutir con el FMI. Tiene como objetivo la consolidación fiscal por un valor del 3,0% del PIB, del cual el 0,8% provendría de nuevos impuestos, el 1,5% de recortes de gastos y el 0,5% de la eliminación de exenciones fiscales y la redistribución de excedentes de las agencias gubernamentales. Esto podría resultar insuficiente para estabilizar la deuda del gobierno central sin medidas adicionales y, por lo tanto, puede no aliviar la presión sobre la calificación soberana ‘B’ / Negativa de Costa Rica, incluso si se implementa como parte de un acuerdo con el FMI.

De acuerdo con la agencia, se necesitaría un ajuste fiscal “significativo” para estabilizar la relación deuda / PIB dado el diferencial entre los costos de endeudamiento y el crecimiento del PIB.

“Estimamos que lograr un superávit primario de 2,5% para el 2025 estabilizaría la razón de endeudamiento, debido a la brecha entre las tasas de interés reales  y tasas de crecimiento de mediano plazo de alrededor de 3,0%. Esto representaría un ajuste del PIB de 6,5 puntos porcentuales en relación con el déficit primario proyectado para 2020 del 4,1%, parte del cual podría provenir de una recuperación cíclica de los ingresos, pero la mayoría tendría que ser una consolidación fiscal estructural.

El aviso de Fitch responde a un comentario publicado este viernes, no se trata de una recalificación de deuda.

En el documento la agencia señala que el amplio déficit fiscal de Costa Rica, los altos costos de endeudamiento y los desafíos de recuperación económica posterior a la pandemia podrían aumentar la presión sobre la sostenibilidad de la deuda incluso si el país logra el acuerdo con el FMI.

Fitch aseguró que remuneración del sector público es uno de los gasto importantes que se deben tratar.

“Casi un tercio del gasto se destina a salarios, incluidas las contribuciones sociales, que absorben aproximadamente la mitad de los ingresos del gobierno central, el doble del promedio de la OCDE del 25%”, alerta la agencia.

 

A partir del 18 de diciembre 2020: Uber, didi, disney+, entre otros pagarán 13% de IVA

Fuente: Ministerio de Hacienda

A partir del 18 de diciembre 2020, los servicios de Uber, Didi, Disney +, Expedia, Booking, Despegar y Aplaudir.com , deberán cobrar el 13% del impuesto al valor agregado, según lo dispuesto por la Dirección General de Tributación mediante la resolución DGT-R-42-2020, en proceso de publicación en el diario oficial La Gaceta.

Además, de acuerdo con esta disposición, la Administración Tributaria podrá incluir o excluir proveedores o intermediarios con solo publicar la lista actualizada en la página web www.hacienda.go.cr,  indicando su fecha de vigencia, con al menos tres días hábiles de antelación y sin necesidad de emitir una nueva resolución. Este listado se mantendrá disponible de manera permanente en la página web

Los servicios digitales transfronterizos son aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de internet o cualquier otra plataforma digital, que son consumidos en el territorio nacional. 
El gravamen del 13% de IVA a estos servicios inició el 1 de octubre y se aplica a la adquisición de bienes intangibles que realicen los consumidores finales o contribuyentes del IVA, a un proveedor domiciliado fuera de Costa Rica, con el fin de ser utilizados o consumidos en el país.  Solo durante el primer mes, el cobro del IVA a estos servicios le generó al país ingreso por más de mil millones de colones. 

Falta de consensos trabaría eliminación de exenciones que planea Hacienda

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La falta de acuerdos multisectoriales sería una piedra en el camino que pretende empezar a transitar el Ministerio de Hacienda para eliminar exoneraciones fiscales por el orden de un 0,5% del producto interno bruto (PIB). El debate sobre el proyecto que prepara la cartera se vislumbra complejo, a juzgar por los resultados que hubo en las mesas multisectoriales de diálogo cuando se sometió a consideración el tema.

Hacienda anunció sus pretensiones a los diputados al detallarles la propuesta que llevará al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dónde recortará Hacienda el gasto tributario para aliviar el déficit fiscal (7,7% del PIB a setiembre) es aún un detalle que la cartera se niega a revelar mientras prepara un proyecto de ley que enviará a la Asamblea Legislativa la semana entrante. CRHoy.com consultó los pormenores de la iniciativa este viernes, pero el Ministerio no contestó la solicitud.

A priori, la labor de elegir a cuáles sectores restarle privilegios fiscales luce peliagudo, pues no hay consensos fuertes respecto de cuáles sectores o beneficiaros perderían la prerrogativa de no pagar o pagar menos impuestos.

Un ejemplo es la mesa multisectorial de diálogo a la que convocó el Poder Ejecutivo, que no llegó a acuerdos sobre cuáles exoneraciones eliminar.

Al contrario, decidió mantener sin tributos el salario escolar que reciben los empleados públicos. Solo la eliminación de esa exoneración del impuesto sobre la renta hubiera ingresado a las arcas pública el equivalente a un 0,12% del PIB, más del doble del monto que el Gobierno consigna en su planteamiento para negociar con el FMI un nuevo crédito de apoyo presupuestario por $1.750 millones.

Desorden en Hacienda hace dudar de beneficio de exenciones tributarias

El Foro Multisectorial de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que también buscó alternativas para incrementar los ingresos del Gobierno en medio de la crítica situación actual, trató el tema de los incentivos fiscales de forma general, sin proponer puntualmente cuáles eliminar, con excepción del salario escolar, al que sí recomendó quitarle la exoneración del pago de renta.

“Promover medidas que permitan la revisión de exoneraciones e impuestos menores, según una relación costo/beneficio”, se limitó a enunciar, por lo demás, en la lista de acuerdos ese panel, que hizo pública su propuesta el pasado martes.

Según la Dirección General de Hacienda, sin contemplar los efectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal, aprobado hace dos años, en el 2019 las exenciones fiscales llegaron a ¢2.029.138 millones, mientras que este año la cifra alcanzaría los ¢2.149.289 millones. En el 2018 el gasto tributario fue de un 5,57% del producto interno bruto.

Contraloría marca una ruta sobre exoneraciones

La Contraloría General de la República (CGR) marcó desde julio pasado una posible ruta a seguir en materia de las exoneraciones tributarias.

Ese camino lo señala el entorno volátil y complejo en que la pandemia del COVID-19 puso al Gobierno Central, que ya venía tocado en sus finanzas desde antes de la emergencia sanitaria.

La reducción aún más fuerte del espacio fiscal debido a esta coyuntura, según la CGR, obliga a darle relevancia a que los incentivos fiscales que se den, o los que se mantengan vigentes, respondan a principios de transparencia fiscal y de buena gestión, para que el ingreso al que renuncia Hacienda vaya a nutrir gastos prioritarios.

De acuerdo con la institución contralora, las buenas prácticas en materia fiscal recomiendan la sustitución de las exoneraciones en el pago de impuestos por el gasto presupuestario, como un subsidio o subvención expresa.

Además, la Contraloría recomendó que el diseño e implementación de los incentivos fiscales consideren en su implementación principios básicos de buena gestión, como la eficiencia y la fijación de una temporalidad en su aplicación, para que los beneficios no se extiendan más allá de lo necesario por la débil posición fiscal del país.

Esto puede lograrse mediante el establecimiento de reglas sencillas que vinculen el otorgamiento del beneficio con el grado de afectación; por ejemplo, para promover la eficiencia en los incentivos”, recomendó la entidad.

Uno de los posibles caminos a seguir es establecer una regla que vincule los porcentajes de exoneración al ritmo de la recuperación de la actividad, Esto permitirá diferencias los incentivos por sectores.

Para la CGR, priorizar la atención y el establecimiento de los beneficios fiscales es un prerrequisito fundamental, lo cual exigiría una definición clara de los requisitos que se deben cumplir para ser beneficiario de un incentivo fiscal, sobre todo de las exoneraciones tributarias.

“En un contexto sin precedentes de emergencia sanitaria y deterioro constante de las finanzas públicas, es esencial que los incentivos fiscales sean diseñados e implementados a partir de principios de transparencia fiscal y buena gestión. Además, es preciso que se siga una estrategia de priorización, que garantice que de previo al otorgamiento de esos beneficios se cumplen una serie de requisitos”, concluyó la CGR.

Entre las exoneraciones fiscales que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado ha descartado como candidatas a la eliminación está la que gozan las empresas de zonas francas y que ascendió a ¢349.000 millones en el 2018 al no pagar el impuesto sobre las utilidades de personas jurídicas.

Desorden detectado

De acuerdo con un informe de auditoría de carácter especial de la CGR sobre las acciones ejecutadas por el Ministerio de Hacienda para la integración del control tributario entre el 2017 y el 2019, publicado a finales de setiembre, hay desorden en las exoneraciones tributarias que otorga el Ministerio de Hacienda.

En el estudio se identificaron 60 personas físicas y jurídicas morosas con el fisco y otras 8 en condición de “omisos” que durante los cuatro periodos de estudio gozaron de beneficios fiscales.

Se detalló en el análisis que los montos de las exoneraciones en impuestos aduaneros para esos 60 contribuyentes morosos fue de ¢17.433 millones y de ¢177 millones en el IVA.

Hacienda ha afirmado en otras ocasiones que las exoneraciones de impuestos más costosas son las de equipo médico; materias primas para la elaboración de insumos para la actividad agropecuaria y empaque de banano, y la de maquinaria, equipos e insumos para la actividad agropecuaria, entre otras.

Acerca de la negociación con el FMI, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, expuso al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, y a los jefes de las fracciones, que su cartera se plantea la meta de volver a tener un superávit primario en el año 2023, sumado a una trayectoria decreciente de la deuda pública.

“Una serie de medidas en reducción de gastos, aportes de empresas públicas, eliminación de exoneraciones, y un componente de nuevos ingresos, así como el acuerdo de financiamiento con el FMI durante el primer trimestre del 2021, nos deben llevar a lograr un superávit primario del 1% del PIB en 2023, con lo cual se podría dar estabilidad en el mediano y largo plazo a las finanzas públicas del país”, expusó Villegas a los congresistas en su nota del 10 de diciembre.

El recorte al gasto público será por el orden de un 3% del PIB en la propuesta al FMI, en el que la reforma al empleo público aportaría la mitad de esa cifra, un 1,5% del PIB.

Como ya se desarrolló en este reportaje, el recorte a las exenciones será de un 0,5 del PIB; un 0,2% del PIB vendría del aporte de las empresas públicas del Estado; en materia de nuevos impuestos, la intención de Hacienda es recaudar un 0,8% del PIB.

Hacienda pretende reducir el gasto primario corriente de un 16,45% del PIB en el 2021, a un 13,00% en el 2025.

 

UCR propone reducir el IVA para minimizar el efecto en los hogares más empobrecidos

Fuente: El Mundo CR

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un estudio donde analiza los escenarios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, para generar una propuesta que sume a la discusión de las finanzas públicas del país.

«La mejor combinación de progresividad y mínimo impacto sobre los grupos de menores ingresos se logra con el escenario del IVA al 11% con canasta básica reducida. Un efecto más negativo sobre los grupos de menor ingreso surge de la propuesta IVA al 12% con canasta básica reducida, aunque con la ventaja de que logra una mayor generación de ingresos fiscales (casi el doble que la opción IVA al 11%)», señala la propuesta.

Este análisis inclina por la reducción del IVA al 12% o al 11% porque el impacto es menor entre los grupos de menores ingresos.

En el proceso se discutió el impacto de modificar su porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, además de transformar la canasta básica tributaria que utiliza el Ministerio de Hacienda, debido que entre sus 189 productos hay algunos que tienen poca participación en el consumo de los deciles de menores ingresos del país.

«La modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de dicha canasta los bienes que consume menos del 5% de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso», indicaron. Así quedarían 77 productos a los que se les agregaron la telefonía celular e internet y el corte de cabello.

Con estas condiciones dadas, el grupo investigador asegura que se puede recaudar 240 mil millones de colones adicionales si se mantiene el IVA en 13%. Esa recaudación adicional sería de 150 mil millones de colones reduciendo el IVA al 12% y de 58 mil millones de colones si este impuesto se disminuye al 11%.

Para realizar el análisis, el equipo de estudio se estableció dos requisitos, la progresividad y minimización del efecto sobre los sectores de menores ingresos.

Los investigadores también sugieren aumentar la progresividad del impuesto a la renta, para que la mayor contribución al aumento en la recaudación proceda de los estratos de mayores ingresos.

Puede consultar la propuesta completa en este enlace http://ucr.cr/r/INYu.

Hacienda señala proyectos que marcarán la ruta previa para negociar con el FMI

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Elian Villegas, ministro de Hacienda, envió este jueves una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, en donde señala una serie de proyectos que marcarán el trazado previo para acudir a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la carta, el gobierno enviará la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Empleo Público sobre el cual solicitó a los diputados que le incorpore varios cambios que solicitará el Ministerio de Planificación.

La reforma al Empleo Público, además de los ajustes en el gasto para el 2021 y 2022, llegarían a representar al menos un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según Hacienda.

Junto con este proyecto también enviarán a la Asamblea Legislativa una iniciativa para eliminar exoneraciones con lo cual se pretende sumar un 0,5% del PIB.

Los otros proyectos a los cuales el Ejecutivo pretende dar prioridad durante el periodo de sesiones extraordinarias, son el del impuesto a las loterías que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa, y con el cual se pretende un 0,09% del PIB.

A éste se le adicionará renta global, con lo cual se sumarían otros 0,12% del PIB. Eso sí, según el Ministro será necesario negociar un “adicional” con el FMI en materia de ingresos.

“En este rubro (ingresos) la meta es un 0,8% del PIB. Es decir que los restantes 0,6% deben ser negociados con el FMI pero principalmente con las señoras y señores diputados.”, dijo Villegas.

El jerarca señaló la necesidad de que los legisladores permitan la aprobación del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al legisladores de varias fracciones amenazan con no respaldar.

“Este crédito con el BID tiene una tasa efectiva de 2,80%, mientras que en nuestro mercado interno el promedio a ese plazo es de un 8%, por lo cual el ahorro esperado es de un 5,20% anual, o sea la suma de 13 millones de dólares por año, por 7 años, para un total de $91 millones, lo que equivale a la suma de 54.000 millones de colones. La estabilidad financiera y la reactivación económica del país requiere de buenas señales. La pérdida de este crédito enviaría una señal muy negativa a los mercados financieros y a la sociedad costarricense, a la vez que aumentaría nuestro pago de intereses”, señaló Villegas.

Déficit fiscal acumulado a noviembre cierra en 7,7% del PIB

Fuente: La Nación

El déficit financiero del Gobierno Central (exceso de gastos totales sobre los ingresos totales), acumulado en los 11 meses transcurridos este año, alcanzó un monto equivalente al 7,7% de la producción, informó este jueves 10 de diciembre, el Ministerio de Hacienda.

El resultado se explica por una fuerte contracción del gasto total; pues los ingresos totales cayeron 11,35% en el periodo citado, influido principalmente por la reducción de 11,60% en la recaudación de impuestos.

Según explicó el Ministerio de Hacienda, el gasto total del Gobierno Central a noviembre 2020 es semejante al registrado en el mismo periodo del año anterior, lo cual cambia lo observado durante los últimos 13 años, en que el gasto mostró una tasa de crecimiento anual de 12,36%, en promedio.

El gasto corriente, que incluye remuneraciones, adquisición de bienes y servicios, intereses y las transferencias corrientes, presentó un crecimiento del 3,54% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Ministerio de Hacienda destacó que la cifra es menor al límite establecido por la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 (4,67%) y a pesar del necesario incremento del gasto asociado a la atención de la pandemia la covid-19.

El gasto total sin intereses decreció 3,06%, respecto al mostrado en el mismo periodo del 2019. En este resultado influye que las remuneraciones crecen poco (0,46% en el periodo citado) , así como las transferencias corrientes (1,41%) y el gasto de capital cae 33,82%.

En la caída de la recaudación de impuestos influyó que la recaudación por impuesto al valor agregado (IVA) decreció 5,32% en los 11 meses transcurridos del 2020 respecto a igual periodo anterior; la del impuesto sobre la renta bajó 8,46% en el periodo citado y el impuesto único a los combustibles decreció 21,18%.

“La caída de los ingresos tributarios a noviembre del 2020 es la más grande de los últimos 13 años, y superó la registrada a noviembre del 2009”, informó el Ministerio de Hacienda.

Nada de impuestos y salario estándar para burócratas demandan empresarios y diputados en acuerdo FMI

Fuente: La República

Recortar el gasto, descartar cualquier intento de nuevos impuestos, pero sobre todo establecer un mismo salario para todo el sector público por puesto laboral, son las demandas de diputados opositores y empresarios en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La agenda de recorte al gasto y revisión de remuneraciones en el gobierno central quedó pendiente en el 2018, cuando el sector privado aceptó nuevos tributos como parte de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Es por ello, que la ley de empleo público que fija un salario global para todos los trabajadores estatales, es considerada como la reforma estructural más importante en estos momentos.

De aprobarse el proyecto de ley, para el 2021 el Estado se ahorraría unos ¢400 mil millones, según los cálculos que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El proyecto de ley establecería una misma remuneración por puesto laboral, con el objetivo de acabar con las disparidades existentes y evitar que el gasto en salarios siga creciendo desmedidamente por los pluses.

Y es que, se congelarían los incentivos para los funcionarios que ganen más del salario estándar, a la vez que aumentarían las remuneraciones para quienes estén por debajo de ese mínimo. Por otra parte, los salarios solo podrán crecer por costo de vida tras alcanzar la remuneración establecida.

La preocupación sobre este tema se debe a que hoy día el 50% de lo que se recauda, se usa para pagar salarios en el sector público.

En cuanto a los nuevos impuestos, existe un no rotundo por parte de diputados y empresarios.

Recorte a salarios

La noticia de que la nueva propuesta al FMI incluirá impuestos es rechazada por diputados y empresarios, que destacan la necesidad de controlar el gasto en salarios.

Esteban Acón
Presidente
Cámara de la Construcción

La Cámara ve con buenos ojos que se inicie un diálogo con el FMI.
La construcción y la economía en general, siguen enfrentando condiciones críticas, por lo que hacemos un llamado para que no se aprueben nuevos impuestos.
No podemos tolerar más tributos, sino que se debe buscar la forma de cubrir los faltantes, ahorrando costos, haciendo recortes, o cualquier otro tipo de acción.

Julio Castilla
Presidente
Cámara de Comercio

Ni las familias, ni las empresas pueden soportar más impuestos como parte de este nuevo ajuste estructural.
Necesitamos ser competitivos en un mundo globalizado, sobre todo ahora que somos parte de la OCDE, en donde los países integrantes pagan alrededor de un 40% en impuestos y en Costa Rica la carga tributaria asciende a un 58%.
Ya en el 2018 el sector privado aceptó nuevos impuestos. Ahora, falta una reforma en el empleo público y gasto público.

Silvia Hernández
Diputada
Liberación Nacional

El acuerdo con el FMI implicará abordar algunos temas estructurales como empleo público.
De momento, pedimos al gobierno mayor claridad, que deje de lado los sacos de nervios y la indefinición.
Comprometerse con el FMI permitirá un ajuste suficiente para dar sostenibilidad a la deuda en el mediano y largo plazo.

José Álvaro Jenkins
Presidente
UCCAEP

Consideramos que las medidas que se deben potenciar van en el orden del gasto y mejora en los ingresos mediante una eficiente recaudación de los impuestos que ya existen.
Aplicar dichas acciones permitirán recuperar rápidamente la estabilidad económica.
Asimismo, se deben impulsar otras medidas como Empleo Público, la ley de Contratación Administrativa, reforma al Estado e impulsar la reactivación económica y la generación de empleo de forma sostenida.

Gisela Sánchez
Presidenta
AmCham

El acuerdo con el FMI es el primer paso para mitigar los impactos de la crisis actual.
La ley de empleo público es el proyecto más importante en cuanto a las reformas estructurales y por tanto debe aprobarse lo más pronto posible, ya que se ordenaría a las más de 300 instituciones que conforman el sector público, donde muchas veces observamos iniquidad salarial, salarios dispares entre instituciones y duplicidad de trabajo y funciones.

María Inés Solís
iputada
Unidad

Espero que sea un acuerdo serio y balanceado, que diste en gran medida de la propuesta de solo impuestos presentada anteriormente por el Ejecutivo.
Espero que en esta ocasión sí se incluyan verdaderas reformas estructurales que es lo que verdaderamente esperamos todos los costarricenses.

Hacienda pone a disposición herramienta para consultar valor fiscal de aeronaves y embarcaciones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y su Dirección General Tributación continúan con sus labores de facilitación para el cumplimiento de los deberes fiscales de la ciudadanía.  Desde este mes de diciembre, puso a disposición en el sitio web institucional la nueva herramienta “AEROEMBA”, para una mejor atención a los propietarios de aeronaves y embarcaciones de pesca deportiva y recreo, que deseen conocer el valor fiscal y el impuesto a la propiedad que deben pagar para el presente periodo fiscal.

AEROEMBA está disponible en la web institucional www.hacienda.go.cr y se puede acceder desde el banner de avisos.  Para consultar el valor e impuesto a pagar por medio de esta nueva herramienta, solo se debe ingresar el número de matrícula del bien.

De acuerdo con la Ley 7088, artículo 9, este año el pago deben efectuarlo los dueños de 7044 aeronaves y embarcaciones, inscritas en el Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional.

El período de pago del impuesto, sin multas, comprende desde el 01 de diciembre hasta el 31 de ese mes, inclusive. La mora contempla una sanción del 10% mensual, por cada mes de atraso, porcentaje que se aplicará sobre el monto del impuesto que debió pagarse.

En caso de tener alguna inquietud sobre la información que se indica en “AEROEMBA” sobre la embarcación o aeronave, el interesado puede remitir un correo a la dirección autogestion@hacienda.go.cr

Estos serán los nuevos tramos de renta que aplicarán a los salarios en 2021

Fuente: CR Hoy

El impuesto que pagan los costarricenses por el salario aumentará un 0,28% a partir de enero.

Los nuevos tramos afectan a todos los ciudadanos cuyos ingresos sean superiores a los ¢842.000 mensuales. Antes de ese monto están exentos.

Hasta este año, el monto exento máximo ascendía a ¢840.000.

Con el ajuste, estos son los nuevos tramos:

  • Salario de hasta ¢842.000: exento .
  • Sobre el exceso de ¢842.000 mensuales y hasta ¢1.236.000 mensuales: 10%.
  • Sobre el exceso de ¢1.236.000 mensuales y hasta ¢2.169.000 mensuales: 15%.
  • Sobre el exceso de ¢2.169.000 mensuales y hasta ¢4.337.000 mensuales: 20%.
  • Sobre el exceso de ¢4.337.000 mensuales: 25%

La modificación también afecta a las personas jurídicas, para quienes los nuevos tramos aplican según se detalla a continuación:

Renta bruta que no supere los ¢109.337.000 durante el periodo fiscal:

  • 5% sobre los primeros ¢5.157.000 de renta neta anual.
  • 10% sobre el exceso de ¢5.157.000,00y hasta ¢7.737.000
  • 15% sobre el exceso de ¢7.737.000 y hasta ¢10.315.000
  • 20% sobre el exceso de ¢10.315.000 de renta neta anual.

Los nuevos tramos rigen a partir del 1 de enero y estarán vigentes durante todo el año.

 

Impuesto a premios de lotería no tendría futuro en el Congreso

Fuente: CR Hoy

El impuesto a los premios de la lotería que propone el presidente de la República, Carlos Alvarado, “es una estupidez” y “una ocurrencia” que no tendría futuro en la Asamblea Legislativa.

Así lo aseguraron diputados de distintas agrupaciones políticas, luego de que el mandatario confirmó el domingo anterior que el proyecto de ley es uno de los primeros que surgió de la Mesa de Diálogo Multisectorial.

El Poder Ejecutivo convocó la noche del martes la iniciativa en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Según la propuesta del Gobierno, se gravaría con un impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ¢225 mil.

Con ello, el Gobierno busca generar ingresos por unos ¢41.800 millones anuales que equivaldrían a un 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB).

La medida formaría parte de los planes que valora el Gobierno para atacar el déficit fiscal que cerraría en un 9,3% del PIB al finalizar el año.

La Junta de Protección Social (JPS) sería la entidad encargada de retener el impuesto, según el texto que se enviará primero a los representantes de los sectores que participaron en el proceso de diálogo.

Con esas palabras el diputado independiente Erick Rodríguez calificó la propuesta presidencial.

“Ese proyecto es una verdadera estupidez. Eso lo único que va a hacer es que la gente vaya a jugar lotería ilegal. Y aquí como a todo el mundo quieren meter a la cárcel, entonces ya hay un proyecto de ley para meter a la cárcel a todos los que vendan tiempos ilegales o cuestiones de ese tipo”, declaró.

Explicó que gravar los premios de lotería con una tasa de un 25% “es un robo” y que frente a esa realidad las personas buscarían juegos ilegales.

“La clandestinidad en ese tipo de juegos la estaría provocando el mismo Gobierno con ese impuesto”, sostuvo.

También cuestionó la efectividad del impuesto desde el punto de vista de la recaudación que obtendría el Gobierno.

“Quisiera que el Gobierno nos diga si con eso resolvemos el problema fiscal del país. Creo que estaríamos muy lejos de eso (…) Estas son las estupideces de un gobierno sin norte, manifestó.

La legisladora Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que el mandatario sigue por el camino de cobrar más impuestos y endeudar al país, en vez de ejecutar propuestas estructurales que le permitan a Costa Rica salir de la crisis.

“¿Por qué no lleva adelante todas las propuestas que se le han dado? Desde reingeniería de la deuda pública, reactivación económica, de disminución en los costos de la electricidad y del agua, de disminución en los requisitos para poder llevar adelante iniciativas productivas. ¿Por qué no toma en cuenta la Banca de Desarrollo? ¿Por qué no readecua las deudas de los empresarios de este país? ¿Por qué no genera empleo?”, cuestionó.

El legislador independiente Dragos Dolanescu expresó que la propuesta de fijar un impuesto a los premios de la lotería solo demuestra la incapacidad del Gobierno.

“Todo lo buscan solucionar a punta de impuestos que ya raya en terquedad. Esto va a provocar que la gente recurra aún más a la lotería y los tiempos ilegales que en los últimos años han tenido una gran expansión y de la que viven miles de costarricenses, y que es la única opción para llevar el sustento a su casa ante la falta de empleo“, advirtió.

Sostuvo que con esta propuesta se entiende la intención de otra iniciativa de ley convocada por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias legislativas para castigar con fuertes penas y multas a quienes venden lotería ilegal.

“Se podría abrir un círculo muy preocupante en este tema”, añadió Dolanescu.

La congresista Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), dijo que le preocupa la propuesta por los efectos negativos que podría tener en el incremento de ventas de la lotería clandestina y en la disminución de recursos que recibe la JPS y que destina a organizaciones de bien social.

“Particularmente en nuestra fracción creemos que la solución no está en nuevos impuestos“, recordó.

El diputado Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que su agrupación valorará el planteamiento.

Días antes, su compañera de bancada Ana Karine Niño calificó la iniciativa como “una ocurrencia”.

“Me dejan anonadada las ocurrencias del Presidente. No vamos a aprobar ni un solo impuesto más en el Congreso. El Presidente debería dedicarse a pensar en cómo reactivar la economía, pues seguimos esperando una ruta por más de dos años”, dijo.

 

Hacienda reitera solicitud a Aasamblea Legislatva para pronta aprobación del financiamiento del BID

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, reiteró este lunes a la Asamblea Legislativa su solicitud de apoyo para la exitosa tramitación, en tiempo, del Contrato de Préstamo N°5054/OC-CR, por US$250 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo en julio de este año, para financiar el “Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica”.

Este crédito contribuirá a mitigar los efectos adversos de la pandemia, a la recuperación económica y a apoyar las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo.

La solicitud fue planteada por el Jerarca mediante una nota dirigida a los diputados Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, y Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que les reitera la urgencia de contar con esta aprobación antes del 6 de enero del 2021.

Este crédito suscrito bajo la modalidad de Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por sus siglas en inglés), es un instrumento financiero que brinda apoyo a los países para abordar los efectos de crisis macroeconómicas o financieras sobre el desarrollo económico y social. La tasa de interés ofrecida por el BID tiene condiciones muy favorables (alrededor de un 4% inferior a lo que costaría el mismo financiamiento en el mercado local), y se estima que generaría un ahorro en intereses por alrededor de $10 millones, en forma anual.

Dada su naturaleza y el carácter de financiamiento de emergencia, el plazo para la entrada en vigencia es más corto (180 días) y no es prorrogable, lo que significa que únicamente resta menos de un mes para completar el requisito de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

Conformación de nueva canasta básica tributaria iniciará en próximos meses

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que en vista de la reciente reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que introduce la valoración de criterios nutricionales para la definición de la Canasta Básica Tributaria (CBT), en este momento se trabaja en la elaboración del reglamento referido a esta reforma legal.

A partir de la publicación de dicho reglamento, en coordinación con los Ministerios de Economía Industria y Comercio y de Salud se iniciará el proceso para conformar la CBT. Para ello se cuenta con dos meses, dentro de los cuales se incluye la etapa de consultas según lo establecido en la nueva normativa. 

Francisco Fonseca, director general de Hacienda y responsable por el Ministerio de coordinar este proceso, aclaró que las consultas públicas sobre borradores y las observaciones recibidas durante el segundo semestre de este año, quedan sin efecto hasta que se conforme la nueva CBT con los parámetros establecidos por la Ley.

El funcionario explicó que estas consultas son parte de las formalidades establecidas para recibir observaciones sobre borradores de decretos o resoluciones, pero no constituyen un acto o resolución administrativa por sí mismas; son referentes a valorar en la construcción de esos instrumentos normativos, pero ante un cambio de ley, como en este caso, debe iniciarse nuevamente el proceso.

Tanto el Ministerio de Hacienda, como las demás entidades y organizaciones públicas con responsabilidades en el diseño de la CBT, estarán coordinando con prioridad el cumplimiento de todas las etapas del proceso, por lo que, a la fecha, cualquier información que haga referencia a los productos que conformarán esta canasta carece de fundamento. 

OCDE y FMI prevén menor recuperación para Costa Rica en el 2021

Fuente: La Nación

Los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crecimiento de la producción de Costa Rica, en el 2021, son un poco más pesimistas que los del propio Banco Central, de acuerdo a las proyecciones más recientes que publicaron.

Todas las entidades han revisado sus pronósticos durante el año. El Banco Central, el Fondo y el Banco Mundial publicaron sus últimas proyecciones en octubre pasado y la OCDE este mes. Todos coinciden en una caída en la producción en este año y un rebote el próximo, pero insuficiente para recuperar el terreno perdido en el 2020 por la pandemia.

Las estimaciones de crecimiento económico para el próximo año dan señales a las empresas afectadas por la pandemia sobre la posibilidad de recuperar parte de las ventas perdidas este año y a los trabajadores afectados la de recobrar parte de los ingresos perdidos este año.

La OCDE publicó el 1°. de diciembre el informe sobre perspectivas económicas y para Costa Rica prevé que este año la producción interna bruta (PIB) caerá 5,6% y para el 2021 la producción crecería un 2%.

Con estas proyecciones el economista Oswald Céspedes considera que se llevará varios años alcanzar el valor de la producción que había en el 2019.

“Quizá para el 2022 (suponiendo el mismo 2,6% de crecimiento estimado del BCCR del 2021) apenas estaríamos igual en valor del PIB que lo que tuvimos en el 2019. Esto es, en términos de valor PIB, se duraría dos años en recuperar el valor de la producción para ponernos al nivel del 2019. Si usáramos las estimaciones de OCDE, esto se llevaría incluso hasta inicios del 2023 para llegar al nivel del 2019″, explicó.

El Fondo Monetario, por su parte, en su informe de Perspectivas Económicas Regionales del 2020, consideró que la caída sería de 5,5% este año y la recuperación de 2,3% en el 2021.

El Banco Mundial, en su informe El costo de Mantenerse Sano, publicado en octubre del 2020, es más optimista y si bien prevé una caída de 5,4% este año pare el próximo prevé una recuperación de 3,1%.

“A medida que se levanten gradualmente las restricciones, se espera que el crecimiento comience a recuperarse apoyado por una política monetaria acomodaticia, una demanda externa más sólida y reformas estructurales relacionadas con la adhesión a la OCDE, junto con los esfuerzos de consolidación fiscal”, indica el Banco Mundial sobre Costa Rica en su informe.

“No veo una fuerte recuperación en el 2021. Menor a la prevista por el Banco Central porque los efectos de la pandemia aún se sienten. Desempleo alto también. Lo otro es que el 2021 es año político, por lo que veo difícil que se tomen acciones contundentes. Si se logra un acuerdo con el FMI la recuperación podría verse en el 2022”, dijo Loría.

Esta semana el presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó que el país realizará un acuerdo con el Fondo y que presentarán un nuevo plan de ajuste fiscal al organismo.

La estimación de la OCDE es que en el 2020 el desempleo será de 19,9%, en el 2021 de 19,3% y será hasta el 2022 cuando se logre una baja mayor a 14,6%.

El desempleo en Costa Rica prácticamente se duplicó con la pandemia hasta alcanzar el punto más alto de 24% en el trimestre abril, mayo y junio. En el trimestre agosto, setiembre, octubre bajó a 21,9%.

Céspedes indicó que de no hacerse las reformas estructurales que se requieren, las estimaciones de la OCDE para 2022 sobre el desempleo pueden ser, más bien, un límite inferior que sería superado con creces.

Consultado sobre estas proyecciones el Banco Central respondió que si bien todos los pronósticos para la evolución del PIB (producto interno bruto) de Costa Rica muestran trayectorias similares, contracción en el 2020 y crecimiento en el 2021, existe varios factores que explican que las magnitudes sean distintas.

“Por ejemplo, los supuestos y técnicas de estimación difieren entre entidades, y varía también el momento en que se realiza la estimación (incluso para aquellos casos en que la fecha de divulgación es muy próxima). Además, los organismos internacionales también han advertido sobre el alto grado de incertidumbre en torno a sus proyecciones dada las circunstancias excepcionales que atraviesa la economía mundial producto de la pandemia por la covid-19″, indicó el Banco Central.

Añadió que la estimación publicada el 30 de octubre del Banco incorporó la mejor información disponible a ese momento y actualmente están en proceso de revisión de esas proyecciones, como parte del proceso de formulación del Programa Macroeconómico 2021 y 2022 que se publicará en enero.

La OCDE también prevé que el déficit del Gobierno Central represente este año un 9,5% de la producción; por encima de la estimación oficial de 9,2%. Al respecto el ministro de Hacienda, Elian Villegas indicó que se mantienen en el 9,2% y que realizan los esfuerzos para terminar por debajo de esa cifra.

Impuesto a premios de JPS y declaración de cuentas en paraísos fiscales, plantea Gobierno

Fuente: AmeliaRueda.com

Las propuestas para gravar los premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS) y para hacer obligatoria la declaración de cuentas en paraísos fiscales ya fueron redactadas por el Gobierno de la República, que ahora las sometió a consulta de los participantes del Diálogo Multisectorial.

Ambas iniciativas surgieron como parte de los acuerdos de la mesa y son los primeros que requerían construcción que están listos para ser remitidos a la Asamblea Legislativa.

El primero de los textos establece un impuesto del 25% a los premios de las loterías y juegos de azar oficiales, siempre que superen medio salario base (¢225.000).

La otra propuesta añade un inciso al artículo 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que puntualiza la obligación de declarar ante la Contraloría General de la República (CGR) bienes muebles o inmuebles, cuentas financieras, inversiones en títulos valores, participaciones económicas o accionarias en sociedades mercantiles o de derecho privado, así como cualquier otra actividad económica y participación en juntas directivas, en países denominados como “no cooperantes”.

Dicha adición aplica para el presidente y los vicepresidentes de la República, diputados, ministros, viceministros, magistrados, jueces, contralores generales, defensores de los habitantes, procuradores generales, fiscales generales y auxiliares, rectores, contralores de centros de enseñanza superior, regulador general, superintendentes, intendentes, oficiales mayores, miembros de juntos directivas, presidentes ejecutivos, regidores, alcaldes, gerentes, auditores internos y titulares de proveedurías de toda la administración pública.

También deben hacerlo los empleados de las aduanas, que tramiten licitaciones públicas así como todos los que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado, los que aprueben erogaciones con fondos públicos.

La primer medida busca evitar -a través de la trasparencia y rendición de cuentas- que los altos cargos de la función pública tengan cuentas en paraísos fiscales.

En la lista de países no cooperantes se encuentran Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Islas Norkfolk, Kirguistán, North Macedonia, Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, Uzbekistán y Wallis y Futuna.

Tras remitir los proyectos a los sectores, el Ministerio de la Presidencia presentará formalmente los textos ante el Congreso en el transcurso de la próxima semana.

Si en el proceso de consulta, alguna agrupación desea hacer observaciones al plan construido por el Poder Ejecutivo, deberá remitirlas vía correo electrónico para que el ministro de coordinación con los diputados, Marcelo Prieto, las valore y -eventualmente- las sume al proceso legislativo mediante mociones y cambios al texto.

Tabacaleras hallan en CR instancias para influir en políticas y beneficios fiscales, según informe

Fuente: AmeliaRueda.com

La industria tabacalera tiene acceso a voz y voto en la creación de políticas públicas en Costa Rica, así como a beneficios tributarios incluidos en la reforma fiscal, según muestra un reciente informe.

El Índice de Interferencia de la Industria del Tabaco 2020 encontró instancias en las que la industria tabacalera tuvo libertad de interferir con las autoridades del Gobierno, en algunas incluso con alcance en la toma de decisiones.

Por ejemplo, estas empresas pudieron participar de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, algo que pudo permitir “incidencia y lobby para minar los avances en la regulación y control de tabaco en el país”, según el informe.

En esta instancia, la Cámara de Comercio incluso pudo participar con voz y voto, pese a que inicialmente sólo podían participar como espectadores, según explicó la presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata), Nydia Amador.

“A uno le preocupa que, en una instancia de decisiones políticas y estrategias, estén también votando entes privados”, señaló la presidenta de Renata, organización que elaboró el capítulo de Costa Rica del informe.

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) obliga a los países firmantes —entre ellos Costa Rica— a “proteger” las políticas públicas “contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera”.

Las empresas, además, tuvieron acceso a beneficios tributarios en al menos dos instancias, según la publicación. En un primer lugar, se les calculó una menor base imponible de IVA y en segundo se les perdonó una deuda con el Gobierno.

Desde la aprobación de la Ley Antitabaco en 2012, la cantidad de personas mayores de 20 años que fuman ha venido bajando, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Aún así, algunas empresas han violado las disposiciones de esta ley, según el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Gobierno actualmente tramita una multa contra la empresa Philip Morris por publicitar un producto de tabaco, algo ilegal bajo la legislación vigente.

Impuestos

La publicación incluso identificó beneficios fiscales para estas empresas, particularmente en la implementación del IVA y una amnistía tributaria que les perdonó el pago de una deuda con el Gobierno.

En primer lugar, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, calculó una base imponible para el pago de IVA que no incluyó otro impuesto que pagan las tabacaleras.

“(La reforma fiscal) incluye una exención en la cual la base imponible para el cálculo del impuesto de venta (IVA) no incluye el impuesto normado en la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud”, señala el estudio.

La Ley del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), además, establece un impuesto de 2,5% a los cigarros, bebidas alcohólicas y gaseosas. Hasta 2018, las tabacaleras adeudaban ¢45.636 millones al Inder, según el informe.

No obstante, una amnistía aprobada en 2018 —como parte de la reforma fiscal— perdonó el pago de los intereses a contribuyentes morosos y rebajó el monto a pagar por multas tributarias.

“Si bien esta amnistía fue de aplicación general, se considera un privilegio porque es aplicada a un impuesto específico, se realizó en medio de una crisis fiscal, el destino del impuesto es de beneficio rural y el tiempo de la morosidad de estas industrias”, señaló el informe.
Falta de protocolos

Uno de los problemas de Costa Rica es que el país carece de un protocolo sobre cómo deberían interactuar los oficiales de Gobierno con las tabacaleras, con la intención de minimizar su influencia.

El informe señala que “no existen mecanismos para rendir cuentas sobre las reuniones y lobby ejercido, no existe un código de conducta con normas de procedimiento para interactuar con la industria tabacalera”.

Los investigadores, además, identificaron la participación de oficiales del Gobierno en actividades de responsabilidad social corporativa financiadas por tabacaleras. Esto no es un conflicto de intereses en sí, pero es un espacio de poca claridad, dijo Amador.

Para la presidenta de Renata, esto podría generar conflictos por la influencia de estas empresas en la regulación nacional, algo que prohíben convenios internacionales.

“En transparencia estamos fallando. Solo una vez el ministro de Salud convocó a Renata como observador para una reunión con tabacaleras. Eso deberían hacer todos pero nosotros sabemos que los vapeadores van al Ministerio de Salud o a Hacienda y nadie dice nada”, dijo Amador.

Ante esto, el informe recomienda a las autoridades de Salud la creación de un “código de conducta con normas de procedimiento para la interacción de oficiales de gobierno con la industria tabacalera”.

OCDE: a Costa Rica se le puede dificultar el financiamiento a corto plazo

Fuente: El Economista

La organización emitió, este 1.° de diciembre, un informe sobre perspectivas económicas en el cual estima que la producción del país caerá 5,6% este año y apenas crecería un 2% el próximo año.

“Debido a las necesidades de financiamiento público del 15,7% del PIB en 2021 y a la gran incertidumbre sobre la estrategia fiscal, han aumentado los riesgos de incurrir en dificultades de financiamiento a corto plazo”, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el informe sobre perspectivas económicas publicado este 1.° de diciembre.

En el documento, la Organización hizo una revisión de las perspectivas para el próximo año. Para el mundo, redujo su estimación de crecimiento a 4,2% frente al 5% calculado anteriormente, pues si bien prevé que una salida a la crisis se acerca gracias a la futura vacuna contra el coronavirus, también considera que a corto plazo el panorama aún es incierto.

Para nuestro país, prevé que este año la producción caerá 5,6%, mayor al cálculo del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de una baja de 4,5% y pronostica un crecimiento para el 2021 de 2%, por debajo de la estimación del ente emisor de 2,6%.

Según la OCDE, cuando la recuperación esté encarrilada, es fundamental para la estabilidad macroeconómica que la deuda pública retome la tendencia descendiente y sostenible, por lo que en ese momento debería restaurarse la prudencia y la regla fiscal.

  Financiamiento 2021

La Organización muestra su preocupación por la alta cantidad de recursos que requerirá el país en el 2020 para poder financiar el déficit fiscal previsto para el próximo año (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) y pagar las deudas de años anteriores que vencerán en el 2021 (la amortización).

La estimación oficial es que se requerirán ¢5,6 millones de millones (un monto equivalente al 15,7% de la producción estimada para el 2021) para cubrir el déficit fiscal (estimado en 8,8% de la producción) y amortizar la deuda (6,9% de la producción). En los últimos 11 años (del 2009 al 2019) las necesidades de financiamiento fueron equivalentes, en promedio, a 10,6% de la producción.

La entidad, a la cual Costa Rica fue invitada a ser el miembro 38, considera que este 2020 el déficit fiscal se ampliará a cerca del 9,5% del PIB (producto interno bruto) y la razón de deuda del gobierno central respecto al PIB estaría en torno al 80% los próximos años.

La previsión oficial en nuestro país es un déficit financiero del Gobierno Central de 9,2% del PIB para el 2020.

El saldo de la deuda gubernamental alcanzó en setiembre un 67,3% del PIB.

Édgar Robles, director del Posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica, explicó las consecuencias que podría experimentar el país si afronta dificultades de financiamiento.

“Las dificultades de financiamiento implican un aumento en el costo de la deuda, o sea, un alza en las tasas de interés que el Gobierno debe pagar para hacer sus bonos atractivos para los inversionistas, dados los elevados niveles de riesgo que se asume al invertir en títulos soberanos de Costa Rica”, detalló el economista.

“El aumento en tasas, a su vez, produce un encarecimiento del crédito para el sector privado, lo cual se traduce en menos inversión y un menor crecimiento económico. Por lo tanto, cualquier recuperación económica va a ser más lenta, con el consecuente desmejoramiento de indicadores sociales como el desempleo, la pobreza y la distribución de la renta”, añadió Robles.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, reiteró que la estimación del Gobierno es de un déficit de 9,2% del PIB y aseveró que se están haciendo los esfuerzos necesarios para que termine por debajo de esa proyección a partir de una contención muy fuerte del gasto.

“Este esfuerzo de contención del gasto se verá reflejado no solo en lo que es propiamente el déficit del 2020, sino que también servirá como un soporte, un apoyo importantísimo para el 2021 ya que viene a reducir las necesidades de financiamiento para el 2021”, recalcó Villegas.

El jerarca apuntó que en los próximos días se materializará el tema del ajuste fiscal y se irán analizando los alcances, no solo de la mesa de diálogo, sino medidas alternativas que no se concretaron ahí y que el mandatario, Carlos Alvarado, se comprometió para completar las iniciativas que el país requiere.

Una vez que se conozca ese plan, dijo el ministro, ese riesgo de refinanciamiento también se disipará.

  Acciones recomendadas para Costa Rica

Según la organización, la prioridad a corto plazo debería seguir siendo reforzar el sistema de salud y focalizar el apoyo fiscal a los más golpeados por la recesión.

“La eliminación de exenciones fiscales regresivas y la mejora de la eficiencia del gasto público, inclusive a través de una reforma del empleo público, podrían brindar mayor espacio fiscal y sentar las bases para una estrategia fiscal a mediano plazo destinada a mantener la deuda pública en niveles sostenibles”, reseña la OCDE.

También considera que proseguir con la implantación de reformas estructurales, entre otras, las destinadas a fortalecer la competencia interna, es clave para respaldar la creación de empleo formal.

“Una estrategia integral para reducir la informalidad, que incluya la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores con bajos salarios, y construir una red de seguridad social para todos los trabajadores, combinada con mejoras en la calidad de la educación y la formación, promoverían un crecimiento más inclusivo” subrayó el ente.

Además concluyó que seguir desarrollando capacidades para la realización de pruebas y rastreo en todo el país ayudaría a atenuar el riesgo de que se produzcan nuevos brotes del virus.

Tributación autoriza códigos Cabys transitorios para canastas de productos en comercios

Fuente: La Nación

La Dirección General de Tributación aprobó que el sector comercial use, de manera transitoria, códigos especiales del Catálogo de bienes y servicios (Cabys) para la venta de canastas con varios productos.

La entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, permitió que los contribuyentes apliquen, hasta el próximo 30 de abril del 2021, los códigos provisionales para surtidos de bienes alimenticios, de limpieza y de cuidado personal.

Los surtidos son productos que los comercios, en especial los supermercados, venden en combo y con algún tipo de descuento, un ejemplo son las canastas navideñas o las que incorporan solo bienes de la canasta básica.

Sin embargo, con la incorporación de la codificación Cabys, cada uno de los bienes debe facturarse independientemente, lo cual complica los procesos internos de los locales comerciales.

“Unos de los temas con Tributación, de las últimas semanas, fue la definición de códigos que se venden en conjunto. Es muy usual encontrar los packs de paquetes de productos en una misma canasta. Especialmente en estos meses de ofertas y por la Navidad”, afirmó Montero.

“Se desarrollaron tres códigos especiales para los packs, pero en enero nos sentaremos con Hacienda para buscar una solución definitiva porque la opción implementada finaliza el 30 de abril”, destacó el Director Ejecutivo de la organización empresarial.

Montero destacó que, desde el punto de vista contable y de logística, las canastas de productos son una misma unidad, por lo cual incorporar la directriz de Tributación implica la búsqueda de una solución tecnológica.

Hacienda conocerá el contribuyente que hizo la venta, dónde la hizo y si en la compra el consumidor pagó un impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13%, 4%, 2%, 1% o si estaba exento del tributo.

Gobierno y diputados empujan peso del déficit fiscal sobre hombros del sector público

Fuente: Semanario Universidad

¿Cuánto pagará el Estado por migrar a las 278.497 personas que trabajan en el sector público hacia un régimen de salario único? ¿Cuántas instituciones jurídicamente autónomas deberán modificar sus leyes constitutivas para adaptarse al cambio? Si el Ministerio de Planificación (Mideplan) asume la rectoría de todo el empleo público, ¿pueden las personas trabajadoras buscar criterio de tribunales laborales para proteger sus derechos? Pero, si el empleo de esos mismos tribunales lo nombra el Mideplan, ¿el criterio de los jueces será igual de independiente?

Un proyecto de ley que fue dictaminado en noviembre no es el origen de todas esas preguntas sin respuesta, sin embargo, las azuza. El proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336)  vive un pausa, de cara a una negociación para aprobar el plan en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo lo omitió de la primera convocatoria de sesiones extraordinarias para beneficiarse de conversaciones informales con sus opositores sindicales, y con participación del Mideplan, el Ministerio de Trabajo y diputados.

  “El proyecto lo están usando como eventual moneda de cambio en futuras negociaciones con el FMI. Quieren decirles que nos vamos a ahorrar tantos millones en salarios y esa platita la vamos a usar para el pago del crédito. Por eso tanta urgencia en aprobarlo”, Esteban Calvo.

No obstante, especialistas consultados por UNIVERSIDAD prevén que la forma en la que los poderes Ejecutivo y Legislativo abordan la contención del gasto público, y el recorte al gasto de los salarios,  desemboquen en más desigualdad socioeconómica para el país y eventuales violaciones a la seguridad jurídica del trabajo.

Esto ocurre, justo cuando el país encara una pandemia que frena las economías del trabajo privado y, también, cuando el Gobierno persigue financiamiento presupuestario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con su “mejor” cara, la cara de un país que ahorra en medio de una crisis mundial.

Laboralistas atacan usar salarios como herramienta fiscal

“Los objetivos de estos proyectos de empleo público son dos y nada más que dos, todo lo demás es un adorno. Son, primero, devolverle al Ejecutivo una concentración de poder que perdió en 1949 y que le permita establecer condiciones de trabajo unilateralmente para los empleados públicos sin importar lo que opinen sus empleados”, describe el abogado laboralista y académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mauricio Castro.

“El segundo objetivo es establecer mecanismos para determinar las condiciones salariales de empleados públicos que le permitan a ese Poder Ejecutivo, muy poderoso, congelar salarios, disminuir salarios y disminuir el volumen del empleo público cuando lo estime pertinente. De manera tal que el empleo público y sus salarios van a representar una variable de ajuste para el déficit fiscal. Con eso cargan la discusión del lado del gasto y evitan discutir el lado de las grandes empresas y los grandes capitales que tienen su plata en paraísos fiscales, Panama Papers, evasión, elusión, renta y mundial y todos esos componentes”, explicó Castro.

Castro afirma que antes de la Constitución Política de 1949, la contratación pública corría por el Poder Ejecutivo, de forma “omnipotente”, sin rectoría de una Contraloría General de la República ni una Dirección del Servicio Civil.

“Hay letra menuda en los artículos pero, en términos generales lo que se cuestiona es que un proyecto que pretende un modelo de relaciones de empleo en el sector público de corte muy autoritario, sin dar espacio o cabida a las negociaciones a través de organizaciones representativas, como los sindicatos. Hay mociones (al proyecto) para eliminar convenciones colectivas”, advierte otro laboralista, Esteban Calvo.

Calvo dice que el Gobierno usó el tema de empleo público para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y seguir recomendaciones sobre la dispersión que tiene el país en regímenes de empleo.

“El proyecto lo están usando como eventual moneda de cambio en futuras negociaciones con el FMI. Quieren decirles que nos vamos a ahorrar tantos millones en salarios y esa platita la vamos a usar para el pago del crédito. Por eso tanta urgencia en aprobarlo”, añadió el abogado.

Según la Ley de Empleo Público que tramita el Ejecutivo con sindicatos y diputados, la rectoría vuelve al Ejecutivo, por medio de Mideplan, para que determine manuales, mecanismos de evaluación de desempeño, entre otros. La autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda definirá el tamaño de salarios de todos las 278 mil personas que trabajan en el sector. Por esta razón, Calvo advierte un “uso clientelar” de esas potestades, sobre todo con eventuales liderazgos políticos autoritarios.

El actual plan de Empleo Público levanta el impedimento que tiene el poder político para “meter mano” en la burocracia y usarla como un “botín político” como advierte, por su parte, el laboralista Mauricio Castro.

Esto, además, en aras de proporcionar el máximo beneficio ulterior de administrar el empleo público de forma concentrada: contraer el gasto público que termina en bolsillos de empleados y empleadas.

Asamblea abraza ajuste al gasto (de salarios)

Superado el diálogo multisectorial que convocaron juntos el presidente Carlos Alvarado y el presidente legislativo Eduardo Cruickshank, una única de las 58 propuestas contempla una revisión tributaria a las riquezas, bajo el nombre de renta global dual, es decir, que no toca las utilidades pasivas por intereses de fondos, por alquileres de propiedades ni dividendos (todas ellas son rentas que obtienen los deciles más ricos del país). Aún no existe un proyecto de ley con este propósito.

Sin embargo, sí existen ideas y planes para contraer al sector público, congelando plazas y restringiendo, al menos, el pago de anualidades.

La semana pasada, el plenario aprobó, con solo dos votos en contra, un recorte neto por ¢162 mil millones al Presupuesto Ordinario del 2021. El Ministerio de Hacienda certificó hasta horas antes del segundo debate para el proyecto que se cerraron un total de 2.126 plazas.

Un grueso de 2.000 de ellas corresponden a las cocineras de los comedores del Ministerio de Educación y que serán contratadas por las juntas que administran escuelas y colegios, según asegura la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández.

“La única promesa que ha hecho el Gobierno para contención del gasto fue un proyecto de empleo público, que sigue sin avanzar por ningún lado. El problema serio que tenemos, de fondo, son los disparadores del gasto. No sé si su enfoque es señalar que en la Asamblea los problemas de realidad fiscal y de ajuste los quiere atacar por el lado del gasto, si eso es así, desde luego. Los problemas fiscales son por el problema de gasto”, afirmó Hernández en entrevista.

Los ajustes, insisten otros diputados de oposición que abrazan el recorte al gasto, deben ser “estructurales” para reducir disparidades. Insisten en que una reforma para el empleo público generaría ahorro porque elimina el crecimiento de incentivos de salario.

Pero, al hacerlo, también violenta las autonomías de instituciones que están determinadas de forma constitucional. Como solución, el Gobierno maneja sacar algunas de las familias de empleo del proyecto (se menciona el Poder Judicial por su incidencia en la independencia de criterio de sus funcionarios).

“El proyecto de Gobierno desmantela al Servicio Civil. El proyecto nuestro no solo no desvalida al Servicio Civil sino que le da autonomía. Tiene que ser el Servicio Civil quien lleve esa supervisión y no un órgano político como el Ministerio de Planificación”, afirma el socialcristiano Pedro Muñoz, quien sostiene que, en ninguno de los dos planes de empleo se afectan salarios ni se contrae el sector público.

“No es para reducir, es para evitar el crecimiento exponencial (de salarios): es sobre contener y no reducir”, sostiene Muñoz.

Por otro lado, el socialcristiano afirma que los diputados no deben intervenir en temas de convenciones colectivas, pese a un criterio de la Procuraduría General de la República que da potestades a los diputados para eliminarlas o reformarlas (y que, según mociones pendientes en plenario al proyecto de Empleo de Gobierno, son algunas ideas que todavía no se descartan). En este tema, los laboralistas consultados también advierten violaciones a la constitucionalidad y protección internacional de la negociación colectiva. Cerca de la mitad de empleados públicos trabajan sus contratos bajo convenciones colectivas.

Debilitar al sector público sin cifras

En la discusión de que el país gasta mucho y con pocos ingresos (el déficit fiscal para cerrar el 2020 se estima en 9.4 % del PIB), el sector público enfrenta una discusión contable que omite que el Gobierno brinda servicios para la ciudadanía con la mano de obra de sus trabajadores.

No hay proyecciones sobre cómo funcionarán los servicios y las responsabilidades sociales del Estado con los susodichos cambios estructurales.

“El recorte fiscal va a tener consecuencias fuertes sobre el crecimiento económico. El recorte para el 2021 es del 1,5% del PIB y con los efectos multiplicadores que esto tiene en todo el resto de la economía, la caída del PIB puede andar por 4 puntos porcentuales o algo más. Eso es otro golpe, además de la pandemia”, afirma el oficialista Welmer Ramos, quien, junto con el frenteamplista José María Villalta, rechazó recortes y, también, votó en contra del Presupuesto Nacional 2021.

Ramos, en plenario, reitera que se necesita una “reforma tributaria que ponga a pagar a grandes sectores al margen de la tributación”. No obstante, estas intervenciones tienen poca simpatía por diputados de la oposición, críticos del aparato estatal.

“Los grandes medios de comunicación nos han satanizado, a las instituciones y a los trabajadores del sector público, de emitir opiniones de que somos responsables de las desgracias de este país”, opina Luis Chavarría, dirigente de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

Chavarría asegura que, la semana pasada, Gobierno acordó frenar el proyecto de Empleo Público para abrir la discusión a sindicatos (aunque se hizo después de que el proyecto se dictaminó en la Comisión de Gobierno y Administración). Participaron, según dijo, miembros del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), representantes de sindicatos de la CCSS, entre otros. Undeca aceptó esta negociación porque los sindicatos son “los legítimos representantes de los actores” del plan de empleo. Sin embargo, mantienen desconfianzas en la política pública impulsada para reducir el gasto.

“¿Cuánto ha sido el aporte que han dado los trabajadores del sector público por estas leyes aprobadas que, según tengo entendido, anda por arriba de los $300.000 millones? Mientras, la evasión y el fraude fiscal no son tocadas absolutamente en la Asamblea Legislativa. Ni los diputados ni el mismo Gobierno tienen cuantificado que los sindicatos fueran a demandar esto, no se imaginan cuál sería el costo del Gobierno en demandas a nivel nacional y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, reclamó Chavarría en entrevista.

De hecho, la más reciente estimación que existe del impacto de aplicar indiscriminadamente la Ley de Empleo Público, es un criterio de la Contraloría General de la República y dice que la migración al salario global, tal y como está dentro del proyecto (que plantea que es optativo para evitar una pugna legal por la obligatoriedad de la medida, pero congela el crecimiento de los salarios más onerosos), podría aumentar los presupuestos de salarios: entre un 1% y 5% para el Gobierno Central.

En moneda, el costo de implementar, resolver inconstitucionalidades y, finalmente, ajustar el sector público hacia una nueva normalidad, sigue indefinido.

Silvia Hernández (PLN)

Presidenta de la Comisión de Hacendarios sobre futuros presupuestos extraordinarios: “Nosotros no estamos partiendo de la idea de que el Gobierno va a venir a justificar (en presupuestos extraordinarios) una compensación por ¢152 mil millones porque sino sería una farsa lo que le vendió a Costa Rica y lo que salió de esas mesas de diálogo como único elemento de contención del gasto.  El Gobierno no se ha acercado a plantear ningún tipo de prioridad sobre el Ministerio de Seguridad”.


Pedro Muñoz (PUSC)

El promotor de un segundo proyecto de empleo público dice sobre beneficios fiscales:

“Estoy en contra del levantamiento de exenciones para zonas francas, esos temas hay que verlos dentro de un paquete. El Gobierno nos da pinceladas y no una visión integral de lo que se va a hacer. No podemos seguir legislando a punta de parches. Estamos distribuyendo pobreza. Hace falta saber cómo vamos a volver a encender la economía, no podemos hablar de redistribuir la riqueza cuando tenemos una economía quebrada y hecha añicos”.


Welmer Ramos (PAC)

Diputados que rechazó recortes para el presupuesto sobre su visión económica:

“Política tributaria redistributiva y política fiscal expansiva, en inversión, programas sociales y de corto plazo, para atender la crisis. Podemos desmontar los gastos cuando pasen los efectos de la pandemia. Es urgente que el país dinamice la forma en que ejecuta la infraestructura pública. Eso tiene efectos multiplicadores para encadenamientos productivos”

Hacienda y banco central logran exitosa implementación del catálogo de bienes y servicios CAByS

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con más de 2.750.000 comprobantes electrónicos emitidos sin contratiempos, hasta las 4:00 p.m. de este 01 de diciembre, inició la implementación del Catálogo de Bienes y Servicios (CAByS) que pusieron a disposición de los contribuyentes el Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica a partir de ayer.

Este Catálogo es de uso obligatorio para todas las personas (físicas y jurídicas) que emitan comprobantes electrónicos, consiste en un listado oficial de códigos de bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, agrupado por categorías y cuenta con la tarifa referencial del IVA, de conformidad con la legislación vigente.

“El exitoso inicio que se muestra hoy es el resultado de un trabajo conjunto entre Hacienda, por medio de la Dirección General de Tributación y el Banco Central, que iniciamos desde el 2018 con la codificación de los bienes y servicios que se comercializan, de acuerdo con las clasificaciones y estándares a nivel internacional. A ello se suma la incorporación que hicimos en julio 2019 del campo del código de producto o servicio en la estructura de comprobantes electrónicos en la versión 4.3, y la obligatoriedad del uso de CAByS que se dispuso desde en mayo de este año.  También en octubre se dispuso el ambiente de pruebas, APIS, de consulta para desarrolladores y en noviembre se habilitaron los ajustes en el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda, todo con el objetivo de estar preparados para iniciar según lo previsto”, explicó Carlos Vargas, director general de Tributación. 

Por su parte, Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos, reconoció el compromiso con el que los equipos técnicos y los contribuyentes asumieron este proceso.  Todas las actuaciones administrativas (espacios de divulgación, capacitación, retroalimentación y atención a los contribuyentes) que se realizaron tenían una especial orientación a fortalecer una gestión tributaria eficiente y sobre todo cercana con la sociedad en general, lo que permitió un proceso de implementación que garantizara el mayor valor público para todas las partes.


Esta nueva herramienta es sumamente importante tanto para el contribuyente como para la Administración Tributaria.  Al primero le facilitará el cumplimiento voluntario, le permitirá identificar los bienes y servicios con una tarifa IVA de referencia y los agrupará en categorías, y le facilitará el control de inventarios y de transacciones.  A la DGT le facilita el control tributario, permite una mejor trazabilidad de la información, mejora la recaudación fiscal y la calidad de la información que ingresa a sus bases de datos y favorece el cálculo de indicadores económicos.

Toda la información sobre este Catálogo está disponible en la página web en el sitio web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr), botón destacado “CAByS”, ubicado sobre el banner de avisos y en la web del BCCR (www.bccr.fi.cr), sección “Indicadores Económicos” (https://www.bccr.fi.cr/seccion-indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios#DeltaPlaceHolderMain).


Asimismo, ambas entidades tienen a disposición las siguientes direcciones electrónicas para la atención de consultas: 

 

OCDE pide al país ajustes estructurales, eliminar exenciones y aprobar empleo público

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) le pidió al país aplicar de manera decidida reformas estructurales, que incluyan la eliminación de exenciones fiscales regresivas, que mejoren el gasto público y que se aplique una reforma al empleo público.

Las medidas son necesarias para reducir las elevadas presiones del país debido al elevado endeudamiento. De acuerdo con la Organización, estas medidas podrían proporcionar mayor espacio fiscal y sentar las bases para una estrategia fiscal de mediano plazo hacia una deuda pública sostenible.

La recomendación forma parte de las perspectivas económicas para lo que resta del año y para 2021, que fueron dadas a conocer por la OCDE este miércoles.

Al país también se le recomienda trabajar de manera decidida en reducir la elevada informalidad incluso a través de reducciones en las contribuciones de la seguridad social.

De acuerdo con las proyecciones, se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca un 2% en 2021 y un 3,8% en 2022. Las exportaciones seguirán liderando la recuperación, impulsado por la creciente demanda de los Estados Unidos. La relajación gradual de las medidas de confinamiento permitirá un mayor apoyo de servicios afectados.

De acuerdo con la OCDE el consumo privado irá mejorando lentamente pero el elevado desempleo seguirá pesando sobre los ingresos familiares.

“La contracción económica ha provocado una pérdida significativa de ingresos públicos, exacerbando una situación fiscal ya vulnerable. Se analiza que el déficit fiscal se amplíe a alrededor de 9½ por ciento del PIB en 2020, y la relación entre la deuda del gobierno central y el PIB aumentará alrededor del 80% en los próximos años”, señaló la Organización.

La OCDE destacó que el país se encuentra en vías hacia una recuperación de la actividad económica con el empleo comenzando a recuperarse, lo mismo que las exportaciones.

Sin embargo, destaca los riesgos que enfrenta el país debido a la elevada incertidumbre sobre la situación fiscal.

 

OCDE: Costa Rica tendrá una recuperación gradual pero preocupa endeudamiento

Fuente: La Nación

Costa Rica experimentará una recuperación gradual de su economía a partir del 2021, tras sufrir los embates de la covid-19, pero debe apurar reformas estructurales para colocar su deuda pública “en una senda sostenible”, consideró la OCDE.

Esta nación centroamericana, invitada a ser el miembro 38 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entró en recesión por la pandemia, con una tasa récord de desempleo de 24,4% en julio. Tras el embate inicial del nueva coronavirus, empezó a dar leves señales de recuperación y el desempleo bajó a 22% en setiembre.

Con una contracción del 5,6% de la economía prevista para este año, se prevé que el (producto interno bruto) PIB crezca 2% en el 2021 y 3,8% en el 2022. Las exportaciones seguirán liderando la recuperación, impulsadas por la creciente demanda de Estados Unidos. La relajación gradual de las medidas de confinamiento apoya sectores de servicios fuertemente afectados, dijo la OCDE en su último reporte divulgado este martes.

“El consumo privado mejorará lentamente, pero el alto desempleo sigue pesando sobre los ingresos familiares”, agregó.

Como reacción ante la pandemia, Costa Rica aumentó la protección social y sanitaria, para lo que tuvo que romper algunas reglas fiscales.

Se prevé que el déficit fiscal del país se amplíe a alrededor del 9,5% del PIB en 2020, y la relación entre la deuda del gobierno central y el PIB aumente a alrededor de 80% en los próximos años, consideró la OCDE.

“Colocar a la deuda pública en una senda decreciente y sostenible es clave para la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, la prudencia fiscal y la regla fiscal deberían restablecerse en esa etapa”, consideró esta organización que agrupa a 37 países que juntos representan el 60% del PIB mundial.

“Ir reduciendo las exenciones fiscales podría ayudar a aumentar los ingresos. Reducir la carga administrativa para iniciar y formalizar las empresas aumentaría la inversión y la creación de empleo formal”, agregó el reporte.

También le pidió trabajar para reducir la informalidad laboral, reduciendo las contribuciones de seguridad social que deben pagar los trabajadores de bajos salarios, así como mejorar la calidad de la educación y capacitación, para que el crecimiento sea más inclusivo.

Después de tomar medidas frente a la pandemia, Costa Rica se encuentra en una especie de meseta desde mediados de setiembre, con casos que promedian los 1.000 diarios. Para su aceptación final ante la OCDE el país aún debe cumplir con algunos protocolos de adhesión.

Ministro dispuesto a refutar a defensores de impuesto a zonas francas

Fuente: CR Hoy

Andrés Valenciano, nuevo ministro de Comercio Exterior (Comex), dijo que está dispuesto a debatir con argumentos técnicos contra aquellos sectores que insisten en gravar con impuestos las utilidades de las empresas de zonas francas.

Entre los que defienden que el Gobierno dé un paso en esa dirección están los diputados de la bancada oficialista de Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, Mario Castillo y Luis Carranza.

El ministro de Comex reafirmó que el Gobierno está en contra de que se les cobre impuesto sobre la renta a esas firmas, en su mayoría transnacionales dedicadas a la exportación de bienes y servicios. Tan solo durante el transcurso del 2020 esas compañías generaron 10.000 empleos directos.

Valenciano, quien anteriormente ocupó el puesto de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), contestó que el Poder Ejecutivo, y específicamente el presidente de la República, Carlos Alvarado, adquirió el compromiso de no aumentar la carga tributaria a las empresas de zonas francas y que él lo respalda.

Y dijo que él está dispuesto a conversar sobre el tema con los diputados opuestos a las exoneraciones, en un diálogo que se fundamente en criterios técnicos.

“Para discutir y analizar el tema y tomar una decisión, lo que hay que poner sobre la mesa son las consecuencias de gravar a las empresas del régimen, cuáles serían los beneficios que se dejarían de percibir.

“La evidencia, robusta y muy rigurosa de diferentes estudios, que además se actualizan año tras año, para refinarlos aún más, de cómo se contabiliza la generación de empleo, la contribución al fisco, los encadenamientos, y el derrame o transferencia de tecnología, conocimiento hacia empresas que trabajan de cerca con las del régimen de zona franca, está muy estudiada. La evidencia es abrumadora sobre los beneficios que esto trae“, recalcó Valenciano.

Con su reiteración de ese pacto, el jerarca espera que el país aumente su confianza entre los inversionistas extranjeros.

Uno de los planes de Comex y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), agencia que promueve al país entre las empresas transnacionales, es capturar a más firmas para que se instalen en el país durante el 2021, con el objetivo de ayudar a la recuperación de la actividad económica, cuyo ritmo ha sufrido un golpe severo de la pandemia.

“Las empresas que se instalan acá tienen un contrato con el país de largo plazo (que incluye la exoneración de impuestos) y eso es un beneficio en ambas vías pues nos permite traer empresas que se vayan a quedar aquí por largo tiempo, generando empleo que además ayuda con sus contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social ($585 millones en el 2019, Cinde), Fodesaf, INA y demás. Pero también tenemos que ir generando esa confianza. Por eso es tan importante el compromiso que tiene el Presidente, que tiene el Poder Ejecutivo y que tengo yo, como ministro, de asegurar que no se van a gravar a las zonas francas“, afirmó.

Cinde ha sido enfático en el perjuicio que sufriría el país en caso de ceder a la tentación de cobrarles impuestos a las empresas de zona franca para aliviar el raquítico estado de las finanzas del Gobierno Central, que este año enfrentaría un déficit fiscal por el orden de un 11,2% del producto interno bruto (PIB).

“Si hoy la Asamblea Legislativa aprobara gravar al régimen de zonas francas con cualquier impuesto, pequeñito, grande, temporal, gradual, lo que sea, estaríamos incumpliendo los contratos que firmamos y, por lo tanto, las empresas de zonas francas que están hoy en día con estos beneficios no van a pagar impuestos y no vamos a generar un ingreso fiscal por esa vía a corto plazo”, razonó Eric Sharf, presidente de Cinde, durante una entrevista que concedió a CRHoy.com.

Y si el país decidiera modificar las reglas del juego para las zonas francas a futuro, Cinde tampoco ve ningún beneficio en materia de recaudación de impuestos.

Al contrario, la Coalición cree que en ese escenario Costa Rica dilapidaría el buen nombre que ha construido entre los inversionistas gracias a su decisión de resguardar la seguridad jurídica y, consecuentemente, espantaría a las firmas transnacionales que tienen al territorio nacional en su lista de posibles destinos.

Alto retorno por exoneraciones

Valenciano detalló que por cada dólar ($1) que el país exonera de impuesto a las zonas francas, tiene un retorno de $2,5, además de que las firmas de ese entorno pagan más de $2.000 millones en salarios, que también generan ingresos vía impuesto sobre la renta al Gobierno.

Según él,  está claro que el país debe generar mayor cantidad del talento humano que requieren las empresas transnacionales para instalarse en el país. Por eso, agregó que uno de sus caballos de batalla será la reforma a la Ley de INA para empatar la formación técnica que la entidad ofrece con lo que demandan las empresas.

Según Valenciano, ese cambio sería una “valiosa carta de presentación” ante los inversionistas extranjeros. Agregó que a nivel regional son pocas las entidades públicas de los países que tienen la cobertura, el músculo, la flexibilidad y el dinamismo para preparar a la mano de obra que requieren las empresas, además de la ventaja que ganarían los graduados en la carrera por conseguir un empleo.

La visión del ministro, antes de gravar las utilidades de las empresas exportadores en zonas francas, es pensar de qué otras maneras el Gobierno puede ayudar a crear las condiciones para que más firmas de ese tipo se instalen en el país.

Hasta ahora, pareciera que la posición mayoritaria de las fracciones legislativas se inclina hacia la decisión del Poder Ejecutivo de no imponer ningún tributo a las empresas de zonas francas.

Según Cinde, crear un impuesto sobre las utilidades de las casas productoras de zona franca le generaría al país, además de la pérdida de credibilidad ante sus socios comerciales, múltiples demandas por incumplimiento contractual y una previsible estampida de Inversión Extranjera Directa (IED), ya instalada en territorio nacional, ante el aumento de los costos, hacia otros países que les ofrezcan mejores condiciones para producir y operar.

 

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Gobierno recaudó más de mil millones durante primer mes de cobro de iva a servicios digitales

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó hoy que recaudó un monto superior a los ¢ 1.022.6 millones por el pago del impuesto al valor agregado que realizaron, por primera vez, en octubre, las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales en el país. De este monto el 68% corresponde a ingresos en dólares y el 32% a colones.

Los servicios digitales transfronterizos son aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de internet o cualquier otra plataforma digital, que son consumidos en el territorio nacional.

El cobro del IVA a estas empresas inició el 1 de octubre y se aplica a la adquisición de bienes intangibles que realicen los consumidores finales o contribuyentes del IVA, a un proveedor domiciliado fuera de Costa Rica, con el fin de ser utilizados o consumidos en el país.

“En medio de la situación fiscal que vive el país y de la reducción en los ingresos como consecuencia de la pandemia, ese aporte viene a ser muy significativo para las finanzas públicas. Confiamos en que el comportamiento mostrado por estas actividades económicas se mantenga en los próximos meses para beneficio del país”, externó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

La lista de los servicios digitales sujetos a esta obligación está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr. Por su dinamismo, este listado se encuentra en constante revisión por parte de la Administración Tributaria, por lo que cuando resulte procedente se incluirán nuevos servicios.

Hacienda toca puertas a contribuyentes para adelantar al 2020 pago de ¢40.000 millones por moratoria

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, le solicitó a algunas empresas contribuyentes de impuestos acogidas a la moratoria permitida por la Ley Alivio Fiscal ante el Covid-19 cancelar este año los tributos adeudados en lugar de solicitar un arreglo de pago para el 2021.

El jerarca estima que este año podrían recaudar entre ¢30.000 y ¢40.000 millones de la moratoria de un total de unos ¢233.000 millones que se dejaron de pagar.

“Una cantidad importante sí nos solicitaron acogerse al periodo de la prórroga y, más bien le estamos solicitando a algunos de ellos que más allá de lo que estipula la ley, donde se establece la posibilidad de que se acojan a la moratoria, pues que nos ayuden adelantando el pago entre noviembre y diciembre porque consideramos realmente importante contar con esos ingresos a la brevedad”, explicó Villegas en una entrevista realizada el 17 de noviembre.

La Ley de Alivio Fiscal ante el Covid-19, publicada el 20 de marzo en La Gaceta, concede a los contribuyentes la posibilidad de no pagar los tributos de impuesto al valor agregado, selectivo de consumo, renta y derechos arancelarios en los meses de mayor afectación económica de la pandemia y cancelarlos después.


Carlos Vargas, director de Tributación, explicó que en el caso de los tributos internos, que son IVA interno y consumo interno, se pueden cancelar antes del 31 de diciembre este año o pedir un arreglo de pago o fraccionamiento para pagar en el primer semestre del 2021. Para solicitar la prórroga, había tiempo hasta el 15 de octubre.

Según información suministrada por Tributación, 154 contribuyentes presentaron la solicitud de facilidad de pago por un monto de ¢2.613 millones, lo cual representa un 3% del monto total en moratoria por estos dos tributos (de ¢86.700 millones).

El monto total de impuestos adeudados por la moratoria en aduanas ronda los ¢80.000 millones, según el Villegas de los cuales 26 importadores han solicitado arreglos de pago por ₡ 2.754 millones.

No obstante, en este caso, detalló Vargas, hay tiempo hasta el 31 de diciembre para pedir el arreglo de pago para cancelar el próximo año, por lo tanto el número de solicitantes podría aumentar.

En este 2020 se presenta otro efecto y, es que a diferencia de años anteriores, la liquidación anual del impuesto sobre la renta no se realizará hasta el 15 de diciembre del 2020, sino que hay tiempo al15 de marzo del 2021 debido al periodo especial de 15 meses que permitió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para hacer la transición al nuevo periodo fiscal.

Diputados pretenden exonerar medicamentos contra el Covid-19

Fuente: El Mundo CR

Los diputados de la Comisión Especial que estudian la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social dictaminaron positivamente el expediente 22.026 Ley para exonerar los medicamentos del pago del impuesto al valor agregado por causa de la pandemia mundial y emergencia nacional del COVID-19.

El proyecto busca es aliviar el bolsillo de los costarricenses que más afectados se han visto económicamente por la pandemia, señaló Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional y quien preside dicho foro legislativo.

Costa Rica se ha caracterizado a través de varias décadas por ser uno de los países con los precios más altos de las medicinas en la región, por lo que los precios muchas veces se doblan, triplican, quintuplican con respecto de lo que cuesta un medicamento de marca en Europa, los Estados Unidos y otras regiones del mundo.

Por su parte Yorleny León de Liberación Nacional y el legislador Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana mostraron preocupaciones sobre la propuesta, esto debido a que alegan que la situación fiscal del país ya es difícil como para aprobar más exoneraciones que puedan resquebrajar aún más las finanzas públicas

La inclusión de las medicinas dentro del esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las volvió todavía más caras para la gente.  Y ahora, con los nefastos efectos socioeconómicos ocasionados por la actual Pandemia la capacidad adquisitiva de los costarricenses está aún más golpeada, haciendo más difícil el poder adquirir medicamentos.

El proyecto de ley establece que, por el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todos los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para su producción, autorizados por el Ministerio de Hacienda, estarán exentos del pago del impuesto de valor agregado.

Sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda con problemas para validar documentos

Fuente: El Financiero

El sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda presentó problemas de funcionamiento este 25 de noviembre desde las 9 a.m., al parecer ocasionados por la caída de la plataforma de Amazon Web Services (AWS) en Virginia, Estados Unidos, que presentó dos fallas que afectaron a nivel global.

El Ministerio confirmó que el sistema de validación de facturas electrónicas se encuentra interrumplido debido a una falla del proveedor de servicio de nube a nivel mundial. “Se realiza la coordinación respectiva con el proveedor nacional para restablecer el servicio lo antes posible e implementar el plan de emergencia ante estos casos”, indicó Hacienda

Las empresas y contribuyentes usuarias de los servicios de facturación reportaron que la plataforma presenta inestabilidad en emisión y recepción de documentos electrónicos, ya que los servicios web de la entidad no están respondiendo adecuadamente a las solicitudes.

La solución que estaría valorando Hacienda es el traslado del sistema a centros de datos locales y así “levantar la plataforma”, lo que tardaría al menos una hora.

Las empresas que brindan servicios de facturación electrónica indicaron que esperan la reanudación de la plataforma de validación de Hacienda.

Los comprobantes electrónicos emitidos en los negocios se acumulan en los sistemas de los proveedores de facturas electrónicas. “Cuando se levante el sistema de Hacienda se envían automáticamente los comprobantes acumulados”, dijo Alvaro Retana, gerente general de GTI.

Carlos Moreno, gerente general de Cyberfuel, indicó que a partir de las 9 a.m. se presentaron los problemas de Hacienda con los servidores para poder enviar y recibir los documentos.

“Esto afecta el procesamiento de documentos electrónicos”, dijo Moreno. “Parece que es la plataforma donde están ubicados los equipos y no han dado un estimado de tiempo en que se dé una solución”.

“Sí tenemos referencias de clientes que nos comentan que la plataforma no les funciona adecuadamente, ya sea porque no está actualizada con la versión correcta o porque entra en conflicto con sus sistemas operativos, o porque no reciben atención a sus dudas”, dijo Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Hacienda indicó que las empresas deberán habilitar el plan de contigencia establecido por la Dirección General de Tributación hasta que el servicio esté nuevamente en funcionamiento.

Aumenta recaudación de impuestos por primera vez en toda la pandemia

Fuente: Teletica

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, en marzo anterior, la recaudación de impuestos de una quincena del 2020 supera a una del 2019.

Según reportó el Ministerio de Hacienda, en los primeros 15 días de noviembre se recaudaron ₡173.132 millones; el año anterior, en este mismo periodo, la recaudación fue de ₡169.400 millones.

Hacienda explica que esa cifra de noviembre obedece a un aumento en el cobro de tres impuestos.

Creció un 13,28% la recaudación del impuesto al valor agregado, un 3,91% la recaudación del impuesto al consumo y un 2,68% el cobro de renta.

La caída de ingresos en este año marcado por la pandemia será de ₡600 mil millones, según dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a La Nación.

Este monto, sin embargo, es la mitad de lo proyectado por la Contraloría a mitad de año; es decir, el impacto de la pandemia será menos grave que lo inicialmente señalado.

¿Nuevo paso contra la evasión? Hacienda tendrá lupa más de cerca en los contribuyentes

Fuente: La República

Sus movimientos con Hacienda como contribuyente tendrán más control a partir del 1 de diciembre.

Esto al tener que agregar en su factura electrónica el código de 13 dígitos conocido como Cabys, correspondiente a su actividad económica.

Si no cumple con ello, se expone a una sanción de hasta ¢893 mil.

Con ella, Tributación le rastreará quien hizo la venta, cuándo la hizo, de qué servicio o bien se trata, bajo qué tasa o si se está exento, entre otros aspectos que colaborarían en la lucha contra la evasión.

Puesto que se les hará más fácil identificar errores, como adjudicarse una exoneración que no le corresponde, por ejemplo, y hacérselos notar al contribuyente.

Sin embargo, 550 mil contribuyentes estarán sujetos a este cambio, no así aquellos que forman parte del régimen simplificado, lo que deriva como el principal punto en contra de la iniciativa que evitaría que se cumpla con su potencial.

“Funcionará siempre y cuando se generalice, el asunto es que las excepciones matan el control, en concreto, que se obligue factura de este tipo a regímenes especiales, porque si no habrá grandes orificios”, dijo Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho Internacional.

Y es que el espacio de mejora es evidente para los especialistas en todos los ámbitos de Tributación, para así contrarrestar la elusión y evasión.

Tener una revisión profunda de auditores fiscales y el tráfico de influencias de exauditores, así como modificar el hecho que en los reglamentos del IVA y renta se tengan grandes exenciones que no la ley no tiene, es decir, el reglamento yendo contra la misma ley, son aspectos que destaca Camacho.

Socarse la faja contra la evasión es tema puesto en la palestra recientemente por los problemas en ingresos que experimenta el país.

Especialmente la Contraloría reveló que en 2019 se presentó una reducción del 23% en el monto recuperado por actuaciones de control o por la pendiente, en ese momento, aprobación del proyecto Hacienda Digital.

Análisis

Especialistas en materia tributaria detallan lo que puede esperarse y falencias del Cabys.

Silvia González
Socia de Impuestos
Grant Thornton
La situación que tenemos que valorar es la eficiencia de cómo la Administración estará procesando la información y obteniendo los elementos para revisar o auditar a los contribuyentes, es decir, cómo se aprovecharán los datos.

Mario Gutiérrez
Socio de Impuestos, Riesgos y Auditoría
RSM Costa Rica
Se facilitará el control y seguimiento de lo adquirido por las empresas solicitantes de las exoneraciones y ver si realmente es el beneficio que debe disfrutar, pero para que el control sea efectivo, debe existir una homologación y cruce de información con los códigos de los productos importados, para dar trazabilidad a las compras de artículos importantes con sus ventas.

Bryan Mora
Gerente de Impuestos
Deloitte
No es un mecanismo per se para disminuir la evasión, pero sí da trazabilidad para llevar controles más rigurosos del IVA e Impuesto a las Utilidades; para así, en el tanto se utilice la información adecuadamente, al final del camino podría ayudar para detectar posibles casos de evasión o errores en los tributos.

Mideplan atribuye mejora en recaudación de tributos en noviembre a recuperación de la economía

Fuente: La Nación

El Ministerio de Planificación considera que el leve aumento en la recaudación de impuestos observada en la primera mitad de noviembre del 2020, es una señal de recuperación económica, aunque reconoce que debe ser tomada con “cauto optimismo”.

En noviembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo, la recaudación de impuestos muestra un crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior, indicó este lunes 23 de noviembre la institución, por medio de un comunicado de prensa.

En la primera quincena de noviembre del 2019, la recaudación total del Ministerio de Hacienda ascendió a ¢169.400 millones, mientras que en el mismo periodo del 2020 ascendió a ¢173.132 millones.

“Dicho incremento del 2,2% es una señal positiva, pues evidencia que la economía costarricense ha iniciado el proceso de recuperación”, estimó la ministra de Planificación y coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido.

Este incremento en la recaudación se ve impulsado, principalmente, por un aumento del 13,28% en la recaudación del impuesto al valor agregado; un 3,91% más en la recaudación del impuesto al consumo y 2,68% en la recaudación de renta, según el comunicado.

Se consultó si dicha recuperación puede estar influida por las personas y empresas que se acogieron a la Ley de Alivio Fiscal, la cual permitió posponer el pago del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre las utilidades, el selectivo de consumo y los aranceles, en meses anteriores, pero la entidad aún no responde la consulta.

Quienes se acogieron a la moratoria podían cancelar lo adeudado antes del 31 de diciembre del 2020 o solicitar un arreglo de pago para el primer semestre del 2020.

El cierre de actividades para afrontar la pandemia generó un impacto negativo en la recaudación de impuestos. En abril los ingresos tributarios cayeron 23% respecto al mismo mes del año anterior; en mayo, 30%; en junio, 36%; en julio, 10%; en agosto, 12,4%; en setiembrem 11% y en octubre, 16%.

El índice mensual de la actividad económica a setiembre muestra una leve recuperación impulsada principalmente por la producción de las empresas en regímenes especiales, que incluyen las Zonas Francas, Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos.

En una entrevista con La Nación, la semana pasada, el ministro de Hacienda Elian Villegas destacó que entre noviembre y diciembre esperan recaudar unos ¢800.000 millones, más ¢100.000 millones adicionales del impuesto a la propiedad de vehículos.

El jerarca de Hacienda afirmó que en noviembre se observó una mejora en la recaudación de impuestos y que ello es reflejo de una mayor actividad económica en sectores como el comercio (restaurantes y tiendas), en los servicios e incluso el turismo.

¿Ya está listo para el CABYS? Estos son 3 consejos básicos

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

El próximo primero de diciembre entra a regir la apliación del CABYS o Catálogo de Bienes y Servicios, un compendio informativo que busca estandarizar la codificación de las transacciones económicas en el país en relación con el resto de países integrantes de la Organización de las Naciones UNIDAS (ONU).

Y a pesar de estar cerca de la fecha de aplicación, son miles de constribuyentes los que no parecieran estar listos para ponerse al día con el tema, es más, hasta parecen desconocer del todo el tema.

“Conforme se acerca la fecha, más y más empresas y profesionales se nos acercan porque no saben qué deben hacer o cómo aplicarlo, a pesar que el tema se aprobó desde hace más de un año. Como buenos ticos, lo hemos dejado para lo último”, comentó Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Volio recomienda a los que no están listos moverse rápido y asesorarse adecuadamente, porque de lo contrario sus transacciones se verán paralizadas a partir del 1ero de diciembre, ya que sus facturas electrónicas serán rechazadas por Hacienda de manera inmediata. El sistema de facturación se encargará de dicho rechazo, como es el caso del servicio de www.facturatributaria.com que está listo para el cambio.

Para ponerse al día, Volio brinda tres recomendaciones básicas que ayudarán al contribuyente a no pasar un mal rato el próximo mes:

1. Hable con su proveedor de factura: El CABYS debe verse reflejado únicamente en los xml de las facturas electrónicas, por lo que los proveedores del servicio ya deberían tener todo listo. “Hable con su proveedor; si usted ve que no está listo, cambie de inmediato de proveedor y busque una opción que sí sepa y le garantice todo el proceso”, comentó Volio.

2. Busque ayuda para homologar su catálogo de productos y servicios: “Definitivamente los contribuyentes no se encontrarán un código para cada uno de sus productos y servicios, por lo que necesitan ayuda para homologar. Esto lo pueden hacer con especialistas como nosotros, que hemos hecho el ejercicio ya para decenas de clientes cuyo catálogo es largo. Es un proceso que requiere tiempo y ayuda”, afirmó Volio.

3. Realicen las pruebas que sean necesarias: Una vez que se han seguido las recomendaciones 1 y 2, Volio recomienda realizar las pruebas necesarias para asegurarse que el 1ero de diciembre no vayan a tener un problema de fondo. “Quizá si un profesional tiene sólo un código CABYS no vaya a ser un gran problema, pero si hablamos de empresas cuyos catálogos son de 100, 1000 o 10 mil productos, se corre el riesgo de paralizar las operaciones cuando llegue el momento, de ahí la recomendación de realizar pruebas”.

El experto reconoce que es posible que el propio 1ero de diciembre el sistema tenga problemas, por lo que también recomienda a los contribuyentes tenerlo presente para tomar las medidas que sean necesarias.

Diputados: Gobierno es torpe al presionar por más impuestos

Fuente: CR Hoy

Con absoluta terquedad y torpeza, el Gobierno presiona por más impuestos para atacar el abultado déficit fiscal del país, a pesar de que no tiene el apoyo político para llevar a buen puerto esas propuestas en la Asamblea Legislativa.

Conoce de antemano la negativa de la mayoría parlamentaria de aprobar nuevas cargas tributarias y continúa desoyendo los reclamos de la oposición de hacer fuertes ajustes al gasto público y proponer una verdadera agenda para la reactivación económica y generación de empleos en el país.

Según diputados de oposición, la presión del Poder Ejecutivo para que el Congreso vote a favor de más cargas tributarias solo evidencia la falta de ideas y propuestas serias para sacar adelante al país de la profunda crisis económica y social que atraviesa.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, y su equipo económico insisten en cocinar a puerta cerrada nuevos tributos a sabiendas de que la oposición le advierte que no dará sus votos en el Congreso a planes que terminarían de reventar al sector productivo y hundirían en la pobreza a más costarricenses.

Así lo manifiestan Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), así como los independientes Erick Rodríguez, Zoila Volio y Dragos Dolanescu.

Este mismo viernes, la propuesta del Presidente de subir en un 13% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica y a la educación y salud privadas fracasó en la mesa de diálogo multisectorial. Pero aún así el Gobierno dijo que insistirá en el tema, como si no entendiera que no tiene viabilidad política, que el tiempo para plantear soluciones al elevado déficit fiscal se agota y que se está quedando solo.

“Matar negocios”

El congresista Rodríguez es del criterio que el Gobierno más que elegir un camino fácil -al insistir en más impuestos- opta por un camino torpe.

“No entiende que este país no soporta más impuestos. Con un decrecimiento económico que vamos tener este año de alrededor del 5%, estar pensando en impuestos es terminar de matar a los pocos negocios que han sobrevivido a estos cierres criminales que ha hecho el Ministro de Salud (Daniel Salas) apoyado por el Presidente de la República”, explicó.

El legislador sostuvo que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma fiscal a principios de esta administración para enfrentar el desastre que heredó el expresidente Luis Guillermo Solís y el Gobierno aseguró que con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas quedaría resuelto el problema fiscal del país.

“Venir ahora a pedir a la Asamblea Legislativa que le apruebe más impuestos es un descaro por parte del Gobierno de la República. Por lo menos, con mi voto para más impuestos, no van a contar. Poner más impuestos en momentos de recesión económica es la torpeza más grande que pueden hacer”, manifestó.

Acusó al Gobierno de no hacer nada para disminuir el gasto público y reducir el endeudamiento que, en su opinión, ya es insostenible.

“Me parece que no miden las consecuencias. Hay una efervescencia social fuerte en el país. Si hablan de impuestos a la canasta básica, a la educación y salud privadas, es porque no tienen ideas. Es un gobierno sin propuestas y al que le asesinaron la imaginación. Le está echando gasolina al fuego, y el que juega con fuego se va a quemar. Don Carlos Alvarado no ha medido las consecuencias de esto, no van a resolver el problema fiscal, están generando más efervescencia social que le puede costar muy caro, es muy peligroso lo que hacen. Les diría en términos costarricenses: ¡dejen de jalarle el rabo a la ternera, porque les puede ir muy mal!”, advirtió.

El Presidente y su gobierno quieren seguir hundiendo a Costa Rica y elevando la pobreza en momentos de una fuerte recesión económica, dijo, por su parte, el también independiente Dragos Dolanescu.

No dejan respirar a la gente y hacen anuncios de esa índole en vísperas del fin de un año pesado para miles de costarricenses, notoria falta de tacto político.

“Esta Navidad muchos hermanos la van a pasar llenos de angustias y preocupaciones, y el presidente Alvarado solo quiere seguir pegándonos garrotazos para seguir financiando sus ocurrencias y su agenda progre. El Ejecutivo nos está hundiendo y con estas ocurrencias están afectando a los segmentos más marginados de nuestra población”, opinó.

Lamentó que a Alvarado y a su Ministro de Hacienda solo se les ocurra “joder más a la gente con impuestos” y advirtió: “¡Jamás apoyaré nuevos impuestos!,¡ Eso sería mandar a la miseria a cientos de miles de hermanos costarricenses”.

Además de torpe, las propuestas del Gobierno son inaceptables para la legisladora Zoila Volio.

¿En qué mundo viven? Todos hemos sido afectados por la pandemia, hay familias que se han quedado sin trabajo o que están subempleadas. No entiendo en qué están pensando“, expresó.

Fue categórica al afirmar que no dará su voto a las intenciones del Poder Ejecutivo.

Tienen que reducir los gastos. Tienen que organizarse y ponerse en orden. Esto no es solo más y más impuestos, porque es como echar el agua en un canasto con huecos, y ya el pueblo no aguanta ni un impuesto más”, señaló.

Mencionó que lo que Costa Rica requiere es reactivar su economía, generar inversión con seguridad jurídica, aumentar exportaciones y generar empleos.

“Tienen que ponerse a trabajar y no lo más fácil, poner impuestos, porque es la vía más cómoda, pero ya no se puede más“, agregó.

“Es hora que entiendan”

El Gobierno, en vez de enderezar su estrategia política, sigue siendo obstinado en su planteamiento y ya es hora que entienda algo: el país no quiere más impuestos.

Nadie en este momento le va a aceptar al Gobierno una propuesta que recaiga en más impuestos como la supuesta ruta de salvación para el país. Le llegó el momento de entender que nadie, ni la ciudadanía, ni el sector productivo, ni la Asamblea Legislativa aceptarán más impuestos”, declaró la congresista Silvia Hernández, del PLN.

Sostuvo que lo más lamentable es que aunque en el escenario hipotético de que se elevara la carga tributaria, eso no tendría ninguna incidencia si el Gobierno no hace nada para mejorar la economía y reducir el gasto público.

Cuestionó al Gobierno por seguir lanzando ideas generales sin detallar propuestas mientras sigue presionando al Congreso para que apruebe a la brevedad más empréstitos internacionales de apoyo presupuestario.

“No veo la misma vehemencia para proponer cómo atacar el gasto público y restructurar el Estado (…) Solo hacen señalamientos, pero no hay propuestas articuladas”, mencionó.

La liberacionista criticó que el Gobierno no haya dicho hasta el momento ni una sola palabra de cómo avanzan las negociaciones para la restructuración de la deuda pública interna o sobre qué propone para simplificar la estructura tributaria del país.

“Lo que veo es un conato de salidas que nadie entiende y hasta cuesta manifestarse porque en blanco y negro no ponen nada sobre la mesa”, afirmó.

Con su última propuesta, el Gobierno reafirma que solo busca las soluciones fáciles, señaló la socialcristiana Shirley Díaz.

“Este gobierno se caracteriza por buscar el camino fácil de los impuestos y no comprometerse con la reactivación económica, con la evasión y elusión fiscal, con la reingeniería de la deuda pública, fortalecimiento de actividades productivas, ayuda a los agricultores, a los grupos organizados, a las mujeres para generar un incremento en sus finanzas”, aseveró.

La falta de imaginación conduce a la administración Alvarado a seguir haciendo propuestas con descaro, comentó.

Es una lástima que se descaren a pedir más impuestos en un entorno marcado por protestas sociales. Me parece que no tienen lógica y no reflejan liderazgo para llevar al país a su recuperación económica y paz social. De mi parte, estoy en contra de la aprobación de más impuestos”, sostuvo.

Hablar en estos momentos de elevar el IVA a la canasta básica y a los servicios de salud y educación privados son sencillamente ocurrencias.

Así lo resumió el legislador Carlos Avendaño, del PRN, quien insistió en que el Gobierno sigue equivocando la vía que requiere Costa Rica.

“Lo que el país necesita son acciones de reactivación económica y generación de empleo“, manifestó.

Reiteró que su bancada no apoyará nuevos impuestos que afecten a los más vulnerables.

“Estamos en medio de una pandemia y el Gobierno quiere meterle impuestos a la comida, la salud y a la educación. Un rotundo no“, concluyó.

Es hora que el Presidente y su equipo dejen de hacer tanto ruido, que no le hace bien al país, que deje las ocurrencias de lado, se concentre en planteamientos serios y no siga confundiendo más a los costarricenses, coincidieron los congresistas.

Control tributario en tiempos de Covid-19 es “insuficiente”, según Contraloría

Fuente: La República

Las deficiencias en el cobro de impuestos en tiempos del Covid-19, quedaron al descubierto en un informe de la Contraloría.

Calificando como “insuficiente” el control tributario, el órgano fiscalizador del Estado hizo hincapié en la alta morosidad de los deudores al término de septiembre.

Y es que en el cobro a contribuyentes con deudas tributarias incluían 76 mil gestiones programadas, sin embargo, solo se realizaron el 43% de ellas.

Asimismo, en las actuaciones de fiscalización, hay rezago, puesto que se esperaban 540 y se hicieron únicamente 228.

Esta no es la primera vez que la Contraloría hace un llamado de atención.

El informe se da a conocer en momentos en que el Gobierno de Carlos Alvarado pide más impuestos a los ciudadanos y a las empresas.

Hoy día existe carencia de un registro integrado de contribuyentes y dispersión de las herramientas tecnológicas, agregó la Contraloría.

Esto ha permitido que más de 19 mil personas fallecidas estén registradas como contribuyentes y que además se detectaran importadores no inscritos ante Hacienda que suman más de ¢370 mil millones en actividades para el período 2017-2019, dijo la Contraloría en septiembre.

Asimismo, se detectaron morosos con Hacienda que gozan de exoneraciones en períodos consecutivos y más de 9 mil registros inconsistentes en el pago de la renta.

Las debilidades en el Ministerio de Hacienda permitirían una mayor evasión y elusión fiscal.

Aunque el órgano fiscalizador del Estado no señala el monto de la posible evasión en el país, se estima en más de $1 mil millones al año, según lo dicho por Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda.

Los problemas de evasión esperan solucionarse con el plan de hacienda digital, el cual, permitirá integrar la información obtenida de los requerimientos o convenios con otras instituciones, para verificar empresas o personas con actividad lucrativa no inscritos ante la administración tributaria.

Esto ya que la Contraloría logró conocer 527 casos de posibles obligados tributarios (casos ocultos) producto de un cruce de información con los patronos inscritos ante la Caja, y se programó realizar 64 actuaciones (12% de los casos).

“Resulta relevante un mayor control tributario para aminorar la caída de la recaudación como resultado de la disminución de la productividad por la pandemia y generar mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes”, dijo Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría.

En estos momentos el Ministerio de Hacienda cuenta con 59 sistemas informáticos que no cruzan información entre sí.

Con el objetivo de reducir la evasión, los diputados aprobaron a inicios de mes un préstamo por $156 millones.

El dinero se utilizará para actualizar los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda y así hacer más eficiente el control de información.

El sistema permitiría bajar la evasión en 2,75% del PIB al cabo de tres años, según Elián Villegas, ministro de Hacienda.

El proyecto es financiado por el Banco Mundial.

“Esta ley se establece como el arma fundamental para enfrentar la evasión fiscal, facilitando la recaudación y mejorando la fiscalización tributaria y aduanal. Al mismo tiempo que nos permite enfrentar el rezago tecnológico que limita el margen de acción del Ministerio de Hacienda”, dijo Laura Guido, diputada del PAC.

La solución

El proyecto de hacienda digital permitirá luchar contra la evasión. Esto es lo que hace:

  -Compra de licencias, servicios en la nube y monitoreo de seguridad forman parte del cartel de licitación para modernizar unos 59 procesos del ministerio de Hacienda
  -Permitirá a 59 sistemas informáticos cruzar información entre sí
  -Se podrá integrar la información obtenida de los requerimientos o convenios con otras instituciones y así verificar empresas o personas con actividad lucrativa no inscrita ante la administración tributaria
  -Actualización de solución de correo electrónico, herramientas colaborativas y el software Microsoft Teams, para modalidad de teletrabajo

Sociedades inactivas deben presentar declaración de renta a partir del periodo fiscal 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación (DGT) le recuerda a los contribuyentes que de acuerdo con la reforma introducida en la Ley de Impuesto sobre la Renta mediante Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N0.9635) , todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y como tales, tienen la obligación de presentar la declaración de este impuesto, a más tardar el 15 de marzo de 2021.

Este tipo de medidas, incorporadas a la Ley 9635, constituyen herramientas fundamentales que promueven la transparencia y son base fundamental en la lucha contra el fraude fiscal y el lavado de activos.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, se ha dispuesto que aquellas personas jurídicas que no desarrollen actividades lucrativas, deberán completar únicamente la información correspondiente a activos, pasivos y capital, en el formulario D.101 (Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta).

En caso de no estar inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) deben registrarse con el código de actividad 960113 (Persona jurídica legalmente constituida). Esta gestión se realiza por medio de la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV), disponible en www.hacienda.go.cr, de conformidad con la resolución DGT-R-38-2020.

Al referirse a esta obligación, Carlos Vargas, director general de Tributación, aclaró que el impuesto a las utilidades de las empresas y personas con actividad lucrativa grava la utilidad que resulta de una actividad económica, y que es incorrecto afirmar que si el valor del capital social no coincide con el del patrimonio, este último se va a gravar, como erróneamente se ha indicado en mensajes que circulan en algunas redes sociales. El funcionario aclaró también, que en Costa Rica no existe el impuesto al patrimonio, sino a las utilidades.

En relación con la cláusula sobre el incremento injustificado de patrimonio, dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Vargas indicó que esta norma aplica en el contexto de un proceso de fiscalización cuando no hay consistencia entre el valor de los activos que se poseen y la actividad económica que se tiene.  En el caso particular de las personas jurídicas que no desarrollan actividad lucrativa y muestran un incremento injustificado de patrimonio, el contribuyente tiene la posibilidad de demostrar que los recursos con los que se adquirió el bien ya pagaron impuesto sobre la renta o no están sujetos a este.

Un ejemplo sería una persona que solo percibe rentas salariales y con sus ahorros adquiere un vehículo que registró a nombre de una sociedad constituida únicamente para estos efectos. En este caso, se trata de recursos que ya pagaron el impuesto sobre la renta, lo que justifica esta compra.

El funcionario aseguró que los dueños de bienes que estén registrados en sociedades que no realizan actividades lucrativas, no tienen de qué preocuparse si cuentan con la documentación que respalda el pago de los impuestos correspondientes, o si los ingresos no están sujetos al impuesto sobre la renta. 

La DGT recuerda a los representantes legales de estas personas jurídicas, que la omisión de la presentación de esta declaración es un hecho sancionable de conformidad con el artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

IVA debe cobrarse sin excepción

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación advirtió a los responsables de cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) por los bienes y servicios gravados con este impuesto, que deben hacerlo, sin excepción.

Incumplir con esta obligación no exime al responsable de trasladar el impuesto correspondiente al Fisco.

Así lo aseveró Carlos Vargas, director general de Tributación, ante denuncias ciudadanas recibidas y anuncios publicados durante los últimos días en redes sociales, como parte de las promociones realizadas por algunos negocios.

“Ninguna persona puede dejar de cobrar este tributo, como parte de su estrategia comercial para aumentar sus ventas, independientemente de la forma en que se realice el pago” reafirmó el funcionario.

Hacienda Digital definirá un nuevo rumbo en control de evasión y de gasto público

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con la aprobación este martes en segundo debate del proyecto “Hacienda Digital” por parte de la Asamblea Legislativa, se marca el camino hacia la transformación, modernización y digitalización de la gestión que se realiza en el país para facilitar el pago de impuestos, contar con mejores herramientas para luchar contra la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y la gestión de la deuda, así como para brindar un mejor servicio orientado al ciudadano.

Por primera vez en su historia, el Ministerio de Hacienda contará con los recursos requeridos para su transformación y para garantizar al Costa Rica mejores controles contra la evasión y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“Este es un importante avance para el país, agradecemos la confianza de las y los señores diputados, quienes con la aprobación de este proyecto nos permitirán acceder a tecnología de punta y a las mejores prácticas a nivel internacional, tanto para transformar nuestros sistemas informáticos, como para preparar a nuestro personal para tratar a los ciudadanos como clientes. Hacienda Digital nos da la posibilidad de ser más eficientes, eficaces y oportunos en la recaudación de los impuestos y en la distribución de los recursos públicos”, expresó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El Jerarca aseguró que la ejecución del proyecto se realizará de manera transparente y estará acompañada de un proceso de desarrollo conjunto con los diferentes sectores y usuarios, con el objetivo de atender sus requerimientos.

Una vez publicado en La Gaceta, Hacienda se abocará a cumplir con las condiciones previas para el primer desembolso de los recursos e iniciar los procesos de licitación.

Hasta el momento, la institución ha avanzado en el diseño de la arquitectura empresarial y los términos de referencia, como parte de la primera fase del proyecto.  De acuerdo con el plan general, se tiene previsto realizar los procesos de licitación entre enero y octubre de 2021, posteriormente se efectuará la parametrización y adaptación de los sistemas y su implementación, en forma modular, iniciará en enero 2023.

Uso de códigos transitorios CAByS

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el propósito de que los comercializadores puedan vender aquellos productos alimenticios y de primera necesidad que fueron combinados para ofrecer mejores precios al consumidor final, que están registrados en sus inventarios como uno solo antes de ser codificados de manera individual según los requerimientos de CAByS y que ya están en la cadena de comercialización, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica crearon tres códigos transitorios para que los contribuyentes puedan vender estos productos y para no impactar el proceso de implementación de CABys a partir del 01 de diciembre 2020. 

La utilización de estos códigos supone el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Los productos deben encontrarse en existencias dentro del inventario del contribuyente
2. Se tiene que contar con una codificación interna previamente definida, que permita identificar los productos que la componen (Este código interno debe indicarse en el comprobante electrónico).
3. Se debe garantizar la trazabilidad de los productos que conformen el paquete.

En razón de lo anterior, hasta el 30 de abril del 2021 se autoriza el uso temporal y transitorio de los siguientes códigos CAByS:

El empleo inadecuado de estos códigos será objeto de verificación por parte de la Administración Tributaria.  Su uso será deshabilitado a partir del 01 de mayo de 2021, por lo que después de esta fecha utilizarlos implicará  el rechazo del comprobante electrónico

Brasil aumenta aranceles a productos de Costa Rica en represalia por salvaguardia al azúcar

Fuente: La Nación

Brasil comunicó, el lunes 16 de noviembre, su decisión de elevar los aranceles o impuestos de entrada a cuatro categorías de productos, en compensación porque Costa Rica incrementó los tributos de ingreso al azúcar, mediante una salvaguardia.

La comunicación de Brasil a la Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que los impuestos de entrada a esas categorías de productos se elevarán en proporción al aumento que hizo Costa Rica con el azúcar. Los brasileños habían anunciado esa posibilidad en dicha organización desde el 22 de octubre.

La medida de Brasil se anuncia mientras Canadá tambien avisó, el lunes 16 de noviembre, de su previsión para elevar impuestos a productos de Costa Rica, igualmente en compensacón por los aranceles al azúcar.

Mediante una decisión del despacho de la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, Costa Rica elevó los impuestos de entrada al azúcar del original 45% a 72,68%, es decir, agregó 27,68 puntos porcentuales.

La medida se aplicó desde el 18 de agosto pasado, en atención a una denuncia de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), que pidió la aplicación de una salvaguardia o aumento temporal de impuestos.

Por otra parte, los principales productos de exportación de Costa Rica al mercado brasileño son caucho, equipo de precisión y médico, metalmecánica y material de transporte, según el portal estadístico de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

Las exportaciones de café, té y especias no registran cifras en el 2019, mientras que las de la industria de alimentos fueron por $850.000 de los $21,2 millones que en total se colocaron el año pasado en Brasil.

Miguel Miranda, gerente general de la compañía Mondaisa, dijo que Brasil es un mercado difícil para colocar té y sus esencias, por lo cual prácticamente no se exporta.

El ministro en ejercicio de Comex, Duayner Salas, explicó que en el caso de Brasil, lo que ocurrió es que notificó el lunes a la OMC una lista preliminar de productos a los que les aplicará a partir de este martes, martes 17 de noviembre, una evelación de aranceles equivalente a la salvaguardia aplicada por Costa Rica (27,68 puntos porcentuales).

“Sorpresivamente, ahora Brasil, en lugar de seguir en la mesa de negociación con Costa Rica, comunica a la OMC que va a imponer un arancel a otros productos nacionales. La OMC está informando sobre esta decisión unilateral que adoptó Brasil”, declaró Édgar Herrera, director Ejecutivo y de Comercialización de Laica.

“Nosotros, en un proceso ordenado y apegados a los mecanismos legítimos de defensa comercial de la OMC, presentamos un caso de solicitud de salvaguardia al Gobierno. Luego de más de un año de estudio, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), determinó que había fundamento para aplicar una medida de salvaguardia al azúcar blanco importado, por un periodo de tres años”, enfatizó Herrera.

Municipios de Alajuela se oponen a impuestos en zonas francas

Fuente: La República

Los once alcaldes de Alajuela adscritos a la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), consideran inoportuna la idea de cobrarle impuestos a las zonas francas.

La propuesta fue hecha por los legisladores del PAC Welmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo, ante la complicada situación fiscal que vive el país.

“Los once municipios adheridos a Fedoma hemos hecho los últimos años un gran esfuerzo en materia de atracción de inversiones y generación de empleos, y la idea de gravar a las zonas francas, atenta contra nuestra visión de desarrollo que hemos trabajado y que tiene frutos concretos con empresas que ya están instaladas en nuestra zona”, dijo Nixon Ureña , Presidente de Fedoma y Alcalde de San Ramón.

Las Zonas Francas constituyen un cuerpo productivo de 380 empresas, representando con su producción un 8% del PIB nacional. Adicionalmente generan más de 210 mil empleos directos e indirectos.

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Diputado propone exonerar de impuestos a las inversiones fílmicas en el país

Fuente: CR Hoy

El diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso una ley para estimular la atracción de inversiones fílmicas al país.

El legislador presentó un proyecto de ley -que se tramita bajo el expediente 22.304- con el propósito de promover la inversión y el desarrollo de producciones y actividades fílmicas de carácter internacional en Costa Rica, como fuente de generación económica, encadenamientos productivos locales, creación de emprendimientos y contratación de talento humano costarricense.

Para ello, plantea que el Estado otorgue los siguientes incentivos a la industria:

  • Exoneración total del impuesto sobre la renta y de cualquier otro tributo a las ganancias.
  • Devolución de todo impuesto que recaiga sobre la importación permanente de bienes al territorio nacional para la realización de las actividades fílmicas.
  • Exoneración de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación temporal que recaiga sobre equipos, útiles, repuestos, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico que se requieran para la realización del proyecto. Asimismo, a las personas encargadas de ingresar materiales, equipo o vestuario del proyecto se les facilitará el ingreso del equipaje correspondiente, sin pago de tributos ni otras cargas.
  • Cuando se trate de proyectos que realicen en el país compras de bienes y servicios nacionales que superen un monto de $500.000.00, se les otorgará la devolución del 100% de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que hubieran pagado sobre las mismas.

Según la propuesta, el Poder Ejecutivo establecerá una oficina especializada y una ventanilla única para la tramitación de los proyectos y la consecución de los beneficios y exoneraciones correspondientes.

Las actividades fílmicas que se beneficiarán son aquellas propias de la industria del entretenimiento, como las siguientes:

  • Películas de corto, mediano y largo metraje.
    • Documentales.
    • Series, novelas, programas de telerrealidad y eventos especiales.
    • Piezas de mercadeo audiovisual, comerciales, video clips, programas y/o capítulos de los mismos
    servicios de post producción, así como dibujo y animación digital.

Ley obligaría a revisar exoneraciones de impuestos de renta e IVA cada cinco años

Fuente: La Nación

La pertinencia del gasto tributario del Gobierno, como se le conoce a las reducciones de algunos impuestos como el de renta o el IVA, serían revisados cada cinco años por el Ministerio de Hacienda.

Así lo establecería un proyecto de ley dictaminado afirmativamente, por unanimidad, el 11 de noviembre, en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

El plan, propuesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el periodo legislativo anterior, contiene mayores controles y aplicaría sanciones económicas por el mal uso de esos beneficios.

En el artículo 43, el proyecto propone revisar cada cinco años los regímenes existentes de exenciones fiscales que, al 2018, previo a la aprobación de la reforma fiscal, significaban ¢1,9 billones.

El monto equivalía al 5,57% del producto interno bruto (PIB) de ese año, según registros de Hacienda, pero la cifra pudo sufrir leves ajustes tras la entrada en vigencia de la reforma fiscal.

El artículo dice que la Dirección General de Hacienda evaluará la “eficacia, pertinencia y validez de las exoneraciones otorgadas en cada régimen vigente, debiendo analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar parcial o totalmente, la exoneración correspondiente”.

Ese análisis se haría cada cinco años con base en estudios técnicos y deberán ser publicados en el sitio web de Hacienda, de la Contraloría General de la República (CGR), del sector sobre el cual recae el estudio y de la Asamblea Legislativa.

Un transitorio del proyecto estipula que el primer estudio se realizaría a los dos años de haber entrado en vigor la norma y, luego, periódicamente cada quinquenio.

Ellos son los liberacionistas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales; los socialcristianos María Inés Solís y Oscar Cascante; y Laura Guido y Nielsen Pérez, de la bancada de gobierno, así como los restauracionistas Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, el republicano Otto Roberto Vargas; y el fabricista Harllan Hoepelman.

“Se podrán revisar a través de una evaluación costo-beneficio con datos, no con temas de conveniencia política ni posturas ideológicas”, expuso la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios.

En la actualidad, algunos regímenes especiales como los de zonas francas o cooperativas gozan de exoneración del pago del impuesto de renta. Lo mismo ocurre con el salario escolar de los empleados públicos.

Sin embargo, también existen numerosas exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), como las de la canasta básica (cuyos productos pagan un 1%), la educación privada y las compras de bienes y servicios de las universidades públicas.

En medio de una crisis fiscal acelerada por los efectos económicos de la pandemia, se reabrió la discusión nacional sobre la conveniencia de sostener algunos de esos regímenes.

“Muchas veces es necesaria en algunos países y Costa Rica ha abrazado el tema de exenciones o exoneraciones para dinamizar una actividad económica, cuyo beneficio está por encima de ese gasto tributario. Pero es importante el análisis de ese gasto y eso es lo que permitiría este mecanismo por ahora”, agregó.

Viales agregó que esos incentivos no pueden otorgarse de forma indefinidos. “El país debe darse oportunidad de revisar su alcance, si un sector que lo recibió creció para, luego, dar beneficio a otro y no hacer un trato diferenciado”, subrayó.

“Esta discusión nos lleva directamente al debate sobre el gasto tributario, sobre la pertinencia de las exenciones presentes y de contar con una herramienta que permita la revisión de la vigencia. Tanto la necesidad que formuló en un principio que existieran esas exenciones como su vigencia en el tiempo”, dijo.

Delgado cree que las exoneraciones fiscales, tras la reforma tributaria del 2018 que amplió la base impositiva y cambió el impuesto de ventas por el de valor agregado, habrían disminuido en 2,3% del PIB.

“Asimismo, la primera declaración del impuesto sobre la renta con la nueva ley es para el periodo 2020 y, con el cambio de periodo fiscal, se presenta en marzo 2021”, explicó el funcionario.

Luego le siguieron las asociaciones con ¢37.433 millones (0,11 del PIB), personas jurídicas creadas por leyes con ¢36.801 (0,11% del PIB) y las cooperativas con ¢21.746 millones (0,6% del PIB).

Recaudación de impuestos acumuló caída de ₡460 mil millones en octubre

Fuente: CR Hoy

La recaudación tributaria acumuló en octubre una caída de ₡460.080 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esto equivale a una reducción del 1,32% del Producto Interno Bruto (PIB); o lo que es lo mismo un 11,99% menos que el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el reporte de ingresos y gastos emitido por el Ministerio de Hacienda este viernes, la caída que reportan los ingresos tributarios a octubre del 2020 es la más grande de los últimos 13 años, y supera la registrada a octubre del 2009, la cual alcanzó un decrecimiento de 8,14%.

Por impuestos esta fue el comportamiento:

IVA

La recaudación cayó un 6,08% equivalente a ¢80.700 millones o  un 0,23% del PIB.

Se achaca especialmente la caída en el impuesto en aduanas de un -19,27% y un menor crecimiento de la recaudación del IVA interno, la cual se incrementó en apenas un 3,54%.

Impuesto sobre la renta

Decreció un 8,79%; es decir ¢128.934 millones menos. Dentro de este impuesto se contabiliza el  impuesto a las  personas físicas que creció un 9,54%, (¢41.189 millones) , pero hubo un menor aporte de las personas jurídicas (-6,42%) y de remesas al exterior (-10,78%).

Impuesto a los combustibles

Debido en especial a las reducciones en el consumo de combustibles, la recaudación cayó en un 22,27%, lo que significó ¢102.898 millones menos para el fisco.

De acuerdo con los resultados del último mes el déficit financiero acumulado a octubre es de ¢2.498.666 millones o lo que es un 7,17% del PIB.

Este monto es un 1,67 puntos porcentuales mayor al registrado en el mismo periodo de 2019.

 

Canadá eleva queja contra Costa Rica ante la OMC por elevado arancel del azúcar

Fuente: CR Hoy

El gobierno canadiense elevó una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Costa Rica, debido a que el país elevó el arancel del azúcar, en una medida proteccionista que tomó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La queja consiste en solicitar el derecho de suspensión. Esta es una medida que pueden tomar los países que se sienten afectados por un arancel alto para – de la misma forma- elevar los impuestos de importación a otros productos que reciba de ese país.

En este caso, Canadá recibe de Costa Rica productos como café, piña, dispositivos médicos, papaya, yuca y azúcar.

La notificación fue comunicada ante el Consejo de Comercio de Mercancías el pasado viernes 13 de noviembre.

Este es el segundo país que toma esta decisión. Antes lo había hecho Brasil el pasado 16 de octubre.

Victoria Hernández, ministra de Economía, tomó la decisión este año de mantener elevado el arancel del azúcar en un 76,35%. Según denunció Maquila Lama, principal importadora del producto en el país, se hizo apartándose de los criterios del equipo técnico que hizo la investigación, supuestamente sin que existieran razones para incrementar el arancel.

No es la primera vez que la Ministra asume medidas sumamente proteccionistas. Este año también lo hizo con el mercado del arroz, cuando decidió firmar un acuerdo con este gremio para mantener sus privilegios, a pesar de que la ministra de Planificación Pilar Garrido venía hablando de una liberalización de precios.

 En el caso del azúcar, la solicitud de reducción del arancel había sido solicitada por Maquila Lama.

“Hoy estamos enfrentando esta situación porque una funcionaria tomó una decisión apartándose de todo criterio técnico de ahí que insistimos en que los montos fijados resultan altos y desproporcionados2, dijo el gerente general de La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval.

 

Gobierno propone agilizar cobros administrativos y judiciales a contribuyentes morosos

Fuente: La Nación

El Gobierno les pedirá a los diputados acortar los procedimientos de cobro administrativo y judicial que emprende el Ministerio de Hacienda contra los deudores de impuestos.

Para hacerlo, la Asamblea Legislativa tendría que modificar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y eliminar la repetición de dos etapas del proceso cobratorio, la cual causa que dichos trámites se extiendan.

Según Hacienda, actualmente, el proceso de cobro inicia cuando la Dirección General de Tributación notifica la deuda e inicia una serie de gestiones. Si el obligado sigue sin pagar, el caso se remite a la Dirección General de Hacienda, la cual ejecuta una etapa similar.

Es hasta después de esta segunda ronda de trámites que Hacienda puede acudir a los Tribunales de Justicia para demandar al deudor.

Esta mecánica, según el mismo Gobierno, es redundante.

“Se requiere un proyecto de ley que simplifique el procedimiento para evitar duplicidades en etapas que no agregan valor y que demoran la recuperación de las deudas”, es la conclusión del Ejecutivo.

La cita está en el documento público que el Gobierno sometió a consideración de los integrantes del diálogo multisectorial, como parte de las posibles medidas para solventar la crítica situación de las finanzas públicas.

El planteamiento es uno de los que se discutirán en la sesión del diálogo de este viernes, la cual se dedicará a buscar soluciones a la evasión, la elusión, el fraude fiscal y la eficiencia tributaria. Para ese tema, los sectores presentaron un total de 274 propuestas.

En su propuesta, el Ejecutivo afirma que la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios es uno de los tres elementos que requiere para “ejercer una acción cobratoria efectiva en la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda”.

Los otros dos, dice, son “mejoras inmediatas en los procedimientos” y una optimización de sus sistemas de información.

La Asamblea Legislativa ya atendió este último requerimiento, con la aprobación en primer debate del préstamo de $156 millones con el Banco Mundial que le permitirá a Hacienda mejorar sus sistemas tributarios, aduaneros y de pagos, con el fin de combatir la evasión de impuestos.

El documento del Gobierno no especifica cuánto dinero adicional podría recaudar con esta estrategia. Sí estima que la implementación sería gradual y tomaría tres años.

Otra de las propuestas del Ejecutivo consiste en presentar varios proyectos de ley para mejorar los procesos de control tributario que fiscalizan si las declaraciones de los contribuyentes son veraces.

En tanto que las medidas sugeridas por los sectores incluyen el levantamiento del secreto bancario, endurecer los castigos para los evasores y mejorar los controles en aduanas.

Plantean subir IVA y quitar exoneraciones en canasta básica para atender crisis fiscal

Fuente: CR Hoy

En una carta abierta dirigida al mandatario Carlos Alvarado y al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales lanzó una nueva propuesta para atender la crisis fiscal.

La propuesta consta de varios apartados en los cuales se incluyen nuevos impuestos temporales, pero se deja en claro que cualquier decisión debe estar acompañada estrictamente de una lucha por la disminución del gasto.

El plan propone, entre otras cosas, elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en al menos dos puntos porcentuales, así como eliminar la exoneración de este impuesto que existe sobre los productos de la canasta básica.

En compensación, se establecen algunas reducciones para favorecer a trabajadores independientes y patronos mediante reducciones en las cargas sociales, así como establecer plazos y moratorias para que se puedan regularizar las deudas existentes con la Caja Costarricense del Seguro Social.

“Una de las acciones necesarias y pertinentes, para incentivar la formalidad lo es reducir los costos de formalidad, entre los que se encuentra las altas cargas sociales patronales y a los trabajadores independientes. Por ello, múltiples estudios han señalado, entre los que destacan los de la OCDE, que es necesario reducir las cargas sociales patronales al menos en los componentes que no corresponden a la Caja Costarricense de la Seguridad Social… Asimismo, se requiere un tratamiento de los trabajadores independientes igualitario en relación con los asalariados, sin que sea legítimo cobrarles una contribución patronal encubierta. También se requiere que se detengan los cobros retroactivos de muchos años hacia atrás que ha venido practicando la CCSS con fundamento legal indebido, apropiándose sin base legal de las reglas del impuesto sobre la renta, con base en una tarifa que duplica la de los asalariados y en violación del principio de confianza legítima”, indica la nota, firmada por Adrián Torrealba, presidente del Instituto y Gabriela González secretaria interina de la organización.

Este es el resumen de su planteamiento:

Disminución del gasto

  • Reducción sustancial de gastos en el presupuesto que no sean imprescindibles para el
    funcionamiento de las instituciones.
  • Fusión de instituciones públicas con duplicidad de funciones.
  • Aplicación estricta de la regla fiscal y sin excepciones.
  • Implementación obligatoria del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en todas las
    instituciones del Estado.
  • Ley de Empleo Público aplicable a los trabajadores actuales.
  • Modificación del Régimen de Pensiones, para considerar la totalidad de los años de cotización de los empleados y no sólo los últimos 5 años.
  • Renegociación de la deuda interna en poder de instituciones públicas y fondos de pensión.
  • Convertir empresas públicas rentables como el INS y el BCR en sociedades anónimas para
    implementar un canje de deuda pública por acciones en dichas instituciones.

Reactivación económica

  • Diminución de las altas cargas contributivas para trabajadores independientes: abrir un plazo para regularizar deudas de la seguridad social a una tarifa igual a la de los trabajadores asalariados.
  • En el caso de las cuotas patronales, eliminar las cargas correspondientes a instituciones.
    distintas de la CCSS y permitir amnistía que excluya cobro de intereses y multas y excluyente estas últimas cargas.
  • Reducir el 8% de cargas patronales que no está dirigido a financiar al sistema de seguridad social.
  • Instrumentos de capitalización de empresas: las aseguradoras, las operadoras de pensiones y el Sistema de Banca para el Desarrollo tomen la decisión de promover herramientas de inversión patrimonial.
  • No incremento de tarifas de Impuesto sobre la Renta a personas físicas o jurídicas.

Lucha contra la evasión fiscal

  • Reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios Código Tributario para introducir un catálogo de responsabilidades solidarias y subsidiarias a la luz del Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
  • Proyecto de Hacienda Digital.
  • Modelo de Agencia Tributaria con mayor nivel de autonomía, con régimen de contratación y
    movilidad del personal basado en exámenes que midan conocimiento en materia tributaria y
    programas de capacitación permanente.
  • Revisar el Título VI del Código de Normas y Procedimientos Tributarios a la luz de la Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario.
  • Introducir mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje como medios de resolver alternativamente el conflicto tributario.
  • Establecer, en la Defensoría de los Habitantes, la figura del Defensor del Contribuyente.

Propuestas de Impuestos

  • Debe avanzarse hacia una diferenciación entre el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas.
  • Revisar la exención del Impuesto sobre la Renta a las Cooperativas.
  • Eliminación de la exención del Impuesto sobre la Renta en beneficio de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional.
  • Incrementar la tarifa del IVA en el porcentaje necesario para atender las obligaciones de pago del Estado (2 puntos porcentuales, por ejemplo), en forma temporal.
  • Eliminar exenciones incluyendo las de la canasta básica.
  • Subir tarifas reducidas en educación y salud (6%, por ejemplo).
  • Impuesto a las transacciones financieras también conocido como Tasa Tobin o Tobin Tax:  seguir las últimas tendencias de gravar no todas las transacciones financieras, sino solo algunas selectivamente escogidas.
  • Alternativamente, gravar las transacciones en general, pero exonerando rubros tales como pagos en tarjetas débito y crédito, pago de impuestos, pagos de planilla, transacciones entre cuentas del mismo titular.

Avance de proyecto de ley que ordena, controla y regula exoneraciones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró hoy que el dictamen de manera positiva y por unanimidad emitido este miércoles por la Comisión de Asuntos Hacendarios, sobre el Proyecto de Ley de Regímenes y Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos (Expediente N°19.531), es un paso fundamental en el esfuerzo que realiza el Gobierno por ordenar, controlar y regular estos beneficios fiscales. 

“En medio del contexto fiscal que enfrentamos, el apoyo de los señores y las señoras diputadas para dotar al Ministerio de Hacienda de un régimen sancionatorio en materia de exoneraciones, que permita reforzar los controles para el uso adecuado de este gasto tributario, resulta muy importante en el esfuerzo por mejorar la recaudación de impuestos y el control del gasto público.  Esperamos que, de igual manera, este proyecto cuente con el respaldo requerido en el Plenario Legislativo, lo que nos permitirá contar, esperaríamos que muy pronto, con esta nueva ley tan necesaria para el país”, destacó el Jerarca.

Además de ordenar las exoneraciones haciéndolas más transparentes y temporales, este proyecto dictaminado hoy, tras cinco años de haber ingresado a la corriente legislativa, establece sanciones especificas por mal uso y destino, por omisión en la presentación de informes y por falta de pago en la liquidación de tributos.

También, define responsabilidades directas para quienes participan en los diferentes procesos de su otorgamiento, con lo cual se busca la transparencia necesaria para garantizar que este beneficio llegue únicamente a quien establece la ley.

Otra de las disposiciones de esta iniciativa es fortalecer los procedimientos internos del Ministerio de Hacienda sobre los procesos de revisión para liberar y liquidar los bienes exonerados, lo que implica un seguimiento exhaustivo de toda iniciativa de ley que proponga la creación o modificación de exoneraciones, una medición de su impacto sobre los ingresos públicos y la revisión de las fuentes de los recursos que se utilizarán para cubrir cualquier nuevo gasto tributario.

Hacienda Digital aprobado en primer debate

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Asamblea Legislativa aprobó ayer, en primer debate, el proyecto “Hacienda Digital para el Bicentenario”, que transformará, modernizará, y digitalizará la gestión de la institución, para facilitar el pago de impuestos, contar con mejores herramientas para identificar la evasión fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público, la gestión de la deuda y brindar un mejorar servicio orientado al contribuyente.

“Agradecemos a las y los legisladores que con su voto afirmativo nos dan la oportunidad de transformar nuestros sistemas y servicios para beneficio de la ciudadanía y del país. Con Hacienda Digital caminamos hacia la ruta del fortalecimiento institucional, dentro del cual contar con herramientas tecnológicas significa mejorar nuestras acciones de inteligencia en la lucha contra la evasión y los controles sobre el presupuesto nacional y el gasto público”, expresó Elian Villegas, ministro de Hacienda

Para el desarrollo de este proyecto, el Ministerio cuenta con el apoyo económico del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que autorizó un crédito por US$156.640.000 (ciento cincuenta y seis millones, seiscientos cuarenta mil dólares) (equivalente al 0.25% del PIB), con una tasa de retorno de 142%, por mejoras en la eficiencia y en los ingresos adicionales. 

Con el objetivo de avanzar hacia la transformación digital y de gestión, incluye el diseño de todos los servicios bajo un modelo centrado en las personas, digitalizado, inclusivo, seguro, transparente, enfocado en la experiencia del usuario y la protección de sus datos.

Mediante su implementación la institución tiene previsto:

• Implementar un sistema de administración financiera integral que permita mejorar la eficiencia del gasto público y las prácticas de sostenibilidad fiscal, mediante la alineación de políticas y la implementación de soluciones informáticas robustas.

• Incrementar el cumplimiento tributario mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que permitan automatizar los procesos tributarios centrales, combatir la defraudación, optimizar la eficiencia operativa y la efectividad de la administración tributaria, que se deriven en mejoras de los servicios a los contribuyentes.

• Automatizar los controles aduaneros y procedimientos de despacho de mercancías para propiciar la facilitación del comercio y mejorar el entorno empresarial, sin comprometer la recaudación de ingresos.


• Fortalecer el entorno institucional y operativo del Ministerio de Hacienda, promoviendo su interoperabilidad, la adopción de mejores prácticas y renovando sus esquemas de conectividad y seguridad.

• Permitir mejoras sustantivas en la gestión de presupuesto, de la deuda y contabilidad; lo que garantizará una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos, fortalecer los controles y la gestión de riesgo, entre otros beneficios. 

“Hacienda Digital conlleva la total transformación de la gestión y la eficiencia institucional a través de los sistemas informáticos, su implementación generará un impacto positivo en la recaudación y distribución de los tributos, así como en la competitividad del país, producto de sistemas de administración financiera pública más eficientes”, aseguró el Jerarca. 

Mesa de diálogo inicia debate para resolver deuda pública, evasión y eficacia tributaria

Fuente: La República

Con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas de la deuda pública, evasión y eficacia tributaria, este miércoles arrancará el debate en la mesa de diálogo que organiza el presidente Carlos Alvarado.

El viernes se analizarán los temas referentes a la evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria y para finalizar la semana, el sábado se estudiará la cuestión de los activos del Estado.

La mesa de diálogo multisectorial – que reúne a más de 50 sectores - debate en en el Centro de Convenciones de 9 a.m a 4 p.m.

“Esta semana nos proponemos retomar estas propuestas de los sectores que tienen potencial de alto consenso y de rápido acuerdo, pero sumando tres temas de mucha relevancia a efectos de atender la problemática de las finanzas públicas: deuda pública; evasión, elusión y fraude fiscal y la gestión de los activos del Estado”, dijo Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano.

La idea es avanzar con el análisis y la construcción de acuerdos sobre las propuestas para superar la crisis económica que vive el país.

“Para resolver los problemas que tenemos como país en materia macroeconómica, derivados por la pandemia de la Covid-19, pero yendo también más allá a resolver problemas como el desempleo o problemas como la pobreza y la reactivación económica, se debe construir un diálogo”, dijo el presidente Carlos Alvarado.

La toma de decisiones para aliviar el peso de la deuda es urgente, ya que cada minuto que pasa, el país tiene que pagar ¢4,3 millones en intereses, según Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Las principales bancadas en el Congreso declinaron a participar del diálogo multisectorial.

Se trata de Liberación Nacional, la Unidad, Nueva República y Restauración Nacional, quienes prefieren esperar los resultados de los conversatorios, para materializar los acuerdos en eventuales leyes.

“Al Poder Ejecutivo le corresponde la responsabilidad de liderar el proceso de diálogo; a los diputados nos incumbe darle seguimiento a este proceso, ser observadores y recoger todas las propuestas que surjan de este importante esfuerzo, para su discusión y aprobación legislativa, con el sentido de urgencia que el país requiere”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN.

Acuerdos

La mesa de diálogo ya generó 24 acuerdos. Estos son algunos de ellos:

  Promover mejoras tecnológicas
  Fortalecer sistema integrado de compras públicas
  Combatir evasión fiscal
  Mejorar la gestión de riesgo en materia de cánones y derechos de licencia
  Solicitar a la Asamblea Legislativa priorizar la reducción de la deuda política en al menos un 40%

Desaparece obligación de declaración para sociedades inactivas

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Una nueva resolución de la Dirección General de Tributación, la DGT-R-038-2020, publicada esta semana en la Gaceta, aclara que las sociedades inactivas deberán de presentar declaración de renta a partir de este año.

“Se establece que, al tener que presentar el formulario D-101, las sociedades inactivas no tienen por qué presentar una declaración adicional, por lo que finalmente desaparece este sin sentido que duplicaba esfuerzos. Eso sí, se tendrá que completar correctamente el balance de situación incluido en el formulario D-101 respecto de los activos y pasivos de las sociedades inactivas que se tratarían como declarantes y no contribuyentes”, comentó el MDT. Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Además de esta modificación, la resolución DGT-R-038-2020 ha establecido un par de cambios adicionales muy importantes que tendrán que tener presentes los representantes de las sociedades inactivas.

El primero de ellos se refiere a la imposibilidad de estas sociedades de emitir comprobantes electrónicos. Esto es una obligación única de las sociedades que sí tienen actividades que impliquen dicha emisión. De manera que si una sociedad es inactiva y desea facturar tendrá que cambiar su condición tributaria y convertirse en contribuyente formal.

Adicionalmente, la resolución estipula que dichas sociedades no podrán obtener patentes de funcionamiento, lo que el experto considera un absurdo jurídico.

“La administración tributaria no tiene potestad para definir a qué sociedad se le otorga una patente y a cuál no, esto es una postestad de los gobiernos locales”, comentó Volio.

Actualidad Tributaria realizará un seminario dirigido a contadores públicos y privados, para capacitarlos en el tema de sociedades inactivas. El mismo se llevará a cabo el 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Para más detalles los interesados pueden ingresar a www.seminariosdeactualidad.com.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 27 años de experiencia en el tema.

Hacienda logra exitosa colocación de títulos por monto superior a los ¢132 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda colocó este lunes 9 de noviembre, en el mercado primario, ¢132.272 millones, en monto nominal, por medio de una subasta competitiva de valores de deuda interna. En el evento de este lunes, los inversionistas ofrecieron un monto total de ¢137.268 millones.

Con esta asignación Hacienda alcanzó el 80.6% del monto máximo de colocación por ¢1,8 billones, anunciado el pasado 25 de agosto, durante la presentación del plan de endeudamiento para el segundo semestre del año.

“Esta subasta confirma la confianza del sector financiero sobre el manejo de las finanzas públicas y viene a demostrar la resiliencia del mercado de deuda pública interna para cerrar la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central. El compromiso de alcanzar una cifra menor de déficit financiero proyectado se mantiene vigente y estamos abocados por alcanzar una cifra menor para finales del año” expresó Isaac Castro, viceministro de Egresos.

Por medio de la gestión realizada este lunes, se colocaron títulos de propiedad deuda interna tasa fija en colones, con vencimiento en 2024, 2026 y 2031. El rendimiento máximo asignado para la serie con vencimiento en el 2024 fue del 6,32%, para la serie que vence en 2026 del 8,00% y del 9,34% para la serie que vence en el 2031.
 
La colocación de títulos según su año de vencimiento fue la siguiente: 

De acuerdo con la Tesorería Nacional, a la fecha Hacienda ha logrado colocar títulos en colones en el mercado primario, por un monto de ¢1.450.860 millones durante el segundo semestre, esto ha permitido satisfacer las necesidades del financiamiento, sin presionar al alza las tasas de interés, con el consecuente beneficio para el mercado local. 

CABYS será de uso obligatorio para contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos

Fuente: Ministerio de Hacienda

A partir del 1 de diciembre del 2020, todos los contribuyentes del impuesto al valor agregado que emitan comprobantes electrónicos, deberán utilizar obligatoriamente el Catálogo de Bienes y Servicios (CAByS) que pusieron a disposición el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica, desde mayo del presente año.

CAByS es un listado oficial de códigos de bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, agrupado por categorías y cuenta con la tarifa referencial del IVA, de conformidad con la legislación vigente.

Los bienes y servicios del catálogo se identifican con un código único de 13 dígitos, lo que permite su individualización. Parte de 10 categorías generales hasta ampliarse a más de 20 mil productos.

CAbyS también estará integrado al Sistema Exonet, por lo que en los próximos días se realizarán una serie de cambios en el formulario “Solicitud de Exención de Impuestos Locales Genérica”, los cuales entrarán en vigencia el 01 de diciembre. 

Al referirse a los beneficios de este catálogo para los contribuyentes, Carlos Vargas, director general de Tributación aseguró que al ser una nueva herramienta automatizada les facilitará el cumplimiento voluntario, identificará los bienes y servicios con una tarifa IVA de referencia, agrupará los bienes y servicios en categorías, y les facilitará el control de inventarios y de las transacciones.

Para Hacienda, la entrada en operación de este catálogo mejorará los controles y la lucha contra la evasión, al unificar la información declarada por los contribuyentes y facilitar la trazabilidad.

Como parte del proceso de preparación a los contribuyentes, desde junio la Administración Tributaria ha venido desarrollando una campaña informativa por medio de charlas virtuales abiertas al público, avisos en redes sociales y participación en medios de comunicación y en Facebook Live. También, puso a disposición el correo electrónico cabys@hacienda.go.cr para la atención de consultas.

Toda la información sobre este Catálogo está disponible en la página web del BCCR (www.bccr.fi.cr), sección “Indicadores Económicos” (https://www.bccr.fi.cr/seccion-indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios#DeltaPlaceHolderMain) y en el sitio web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr), botón destacado “CAByS”, ubicado sobre el banner de avisos.

Malas noticias: espacio fiscal del Gobierno se agota cada vez más

Fuente: CR Hoy

Las malas noticias fiscales no cesan para el Gobierno. La Contraloría General de la República (CGR) publicó su análisis sobre la situación financiera al 30 de setiembre pasado, concluyendo que el espacio fiscal se agota cada vez más temprano en el año. 

Al cierre de setiembre pasado el Gobierno cerró con un déficit financiero de ¢2,3 billones lo que confirmó el acelerado detrimento de las variables fiscales durante el 2020, un pésimo año para la economía costarricense y para las finanzas estatales.

Las cifras del tercer trimestre del 2020 son elocuentes en ese sentido al compararlas con las que experimentó el Gobierno durante el mismo periodo del 2019.

El déficit financiero (diferencia entre los ingresos sin financiamiento y los egresos sin amortización) era de ¢1,7 billones en setiembre del año pasado. El incremento para el mismo periodo del 2020 fue, entonces, equivalente a 0,9 puntos del producto interno bruto. 

La compleja situación que ha tenido que enfrentar el Gobierno durante los últimos meses con la caída de sus ingresos y el aumento de sus gastos en el contexto de la pandemia del COVID-19, y la reducción en el pago de los impuestos debido a la desactivación de la producción en múltiples sectores, vinieron a profundizar las debilidades que ya existían en la recaudación de impuestos y en la rígida estructura de gastos del Gobierno, determinó la Contraloría en su informe sobre los resultados financieros al tercer trimestre.

“Ese poco espacio de flexibilización del presupuesto se refleja en la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes que alcanza ¢2,1 billones al mes de setiembre 2020, monto que supera ya en ¢258.436 millones al déficit de cuenta corriente presentado al 31 diciembre 2019.

“Este desequilibrio se observa desde el presupuesto inicial, de modo que para 2020 los ingresos corrientes solo cubrían el 51,9% del gasto total presupuestado; porcentaje que fue disminuyendo a lo largo del año por las diversas modificaciones presupuestarias efectuadas. Es decir, desde la misma formulación del presupuesto, los ingresos corrientes y de capital solo eran suficientes para financiar las operaciones del Gobierno Central hasta poco después de la mitad del ejercicio económico -si se ejecuta el total del presupuesto-“, confirmó la Contraloría.

Las luces de alarma se encienden pues el funcionamiento del Gobierno en la mitad del periodo depende de su capacidad de acceder a fuentes de financiamiento externas e internas, aumentando su ya de por sí altos niveles de endeudamiento, que ha subido en 9,9 puntos del PIB en solo 9 meses, desde finales de setiembre del 2019 hasta setiembre del 2020.

Sobre la recaudación de impuestos, la Contraloría indicó que esta ha sido decreciente desde el mes de abril pasado, aunque las tasas de variación de la recaudación acumulada en los meses de agosto y setiembre pasados, al compararlas con las de los mismos meses del 2019, sugieren que se está estabilizando el ritmo de la caída.

“Uno de los principales tributos, el impuesto al valor agregado (IVA), muestra un deterioro respecto a la recaudación acumulada al mes anterior, al pasar de caer un 5,2% en agosto del 2020, a un 5,8% a setiembre de este mismo año“, indicó la Contraloría.

 

Déficit del Gobierno creció 2 puntos del PIB en un año

Fuente: CR Hoy

El déficit financiero del Gobierno creció en dos puntos del producto interno bruto (PIB) en el transcurso de un año, reveló la Contraloría General de la República (CGR) en su monitoreo sobre la situación fiscal del Gobierno al 30 de setiembre.

La institución contralora determinó que mientras en esa fecha del 2019 el déficit financiero fue de un -4,7% del PIB, mientras que al cerrar setiembre del 2020 este fue de un -6,7%; cada punto porcentual del PIB equivale a más de ¢380.000 millones.

En el tercer trimestre del 2020, según la entidad, el deterioro de las finanzas públicas fue “significativo”. Mientras en el mismo periodo del 2019 el indicador cerró en un faltante de ¢1,7 billones en las arcas del Estado, este año la brecha se ensanchó hasta llegar a ¢2,3 billones, creciendo un 0,9% del PIB.

Aunque la Contraloría estimó que la situación empeoró por los efectos de la emergencias sanitaria del COVID-19 en la economía, también destacó que el mal estado de las finanzas públicas tiene su origen en las debilidades ya existentes de previo a la emergencia en la recaudación de impuestos y por la rigidez de las estructuras de gasto del Gobierno.

 

“Ese poco espacio de flexibilización del presupuesto se refleja en la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes que alcanza ¢2,1 billones al mes de setiembre del 2020, monto que supera ya en ¢258.436 millones al déficit de cuenta corriente presentado al 31 de diciembre del 2019”, explicó la Contraloría.

En este contexto de rápido deterioro fiscal, el Gobierno intenta generar acuerdos con diversos sectores de la población para aumentar sus ingresos vía recaudación de impuestos y recorte del gasto público.

Sin embargo, la oposición legislativa, por ejemplo, ha señalado que el Poder Ejecutivo no ha hecho esa última tarea con la profundidad que requieren las peligrosas circunstancias actuales.

 

Hacienda declara desierta subasta inversa de bonos donde pretendía comprarlos antes del vencimiento

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda decidió, este miércoles 4 de noviembre, declarar desierta una subasta inversa para pagar, de forma anticipada, bonos de deuda interna. La razón fue que los inversionistas exigieron más dinero del que se dará cuando venzan, el próximo 18 de noviembre.

Mauricio Arroyo, subtesorero Nacional, confirmó que la oferta recibida en la subasta inversa no fue satisfactoria para la institución y, por esa razón, no asignaron ningún monto.

“La subasta inversa pretendía adelantar parte el vencimiento que tenemos para proveer liquidez en moneda extranjera al mercado, en general. Pero dadas las condiciones de precio que se ofrecieron no fueron del interés del Ministerio de Hacienda, debido a las condiciones vigentes en el mercado”, explicó Arroyo.

Hacienda convocó a los tenedores de los títulos para realizar el pago anticipado de $223 millones, pero solo recibieron ofertas por $74,6 millones; a un precio entre el 0,10% y el 0,19% mayor al que se pagará en dos semanas, se detalla en el hecho relevante que informó sobre el cierre de la subasta.

La subasta inversa corresponde a una compra por medio de oferta pública, de valores en circulación. Esto le permite a la Tesorería Nacional pagar anticipadamente parte de la deuda que está pronta a vencer y disminuir la presión sobre el flujo de caja.

“Los inversionistas, en promedio, ofertaron vender a Hacienda a 0,13%, en promedio, pero el Ministerio no quiso pagar el adicional, pues se tiene que pagar el valor al 100% en unos días, más los intereses. Entonces no hacía sentido reconocer un sobreprecio”, explicó Freddy Quesada, gerente de INS Valores.

Para el economista Vidal Villalobos la decisión de Hacienda fue la correcta, pues no se justificaba pagar un premio por vencimientos a punto de cancelarse.

Abuso en utilización de sociedades instrumentales pone en la mira a contribuyentes


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Un aumento en las auditorías por incrementos injustificados de patrimonio han sido identificados por parte del equipo de Actualidad Tributaria, que podría explicarse por el abuso que se ha dado en la utilización de las llamadas sociedades instrumentales para la inscripción de bienes muebles como vehículos o inmuebles, a veces de muy alto valor fiscal.

“Para nada es ilegal utilizar las sociedades instrumentales para inscribir bienes, es una práctica común. El problema ha sido el abuso de este recurso, y un abuso que además se ha realizado por recomendaciones de dudosa valía, que hacen parezca un incremento injustificado del patrimonio, en lugar de una simple inscripción”, comentó el MDT. Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

La preocupación de muchos clientes de Volio podría venir del aumento en las auditorías que la Dirección General de Tributación ejecuta en esta línea, permitidas por la ley pues para la Administración, a veces el uso de estas sociedades instrumentales podría indicar incrementos injustificados de patrimonio, una primera alerta de atención a la hora de escoger a qué contribuyente someter a una auditoría.

“Hay personas, empresarios, de todos los tamaños,  profesionales y similares que, mal asesorados, van e inscriben un bien en una sociedad instrumental, pero resulta que dicha sociedad nunca declaró renta, entonces la Administración lo podría ver como un capital de dudosa procedencia y ahí es cuando se corre el riesgo de ser señalados de evasores”, comentó Volio.

El experto recomienda que, ante la constante profesionalización y fortalecimiento de la Administración, el contribuyente debe hacer lo correcto a la hora de inscribir sus bienes y atender su patrimonio.

Aconseja llevar un correcto registro de los ingresos y egresos, así como acudir a una asesoría seria a la hora de adquirir y registrar un bien.

“La administración siempre estará atenta de aquellos que parezcan o den la impresión de querer evadir, es su función, más en tiempos como estos. Entonces, los contribuyentes debemos comportarnos siempre de manera que no demos esa impresión y eso se logra teniendo todo en orden”, sentenció Volio.

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 27 años de experiencia en el tema.

Exministro advierte que hay un hueco de $2 mil millones para cerrar 2020

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, advirtió que hay un “hueco” o faltante de recursos para este año que alcanza casi los $2 mil millones, los cuales el gobierno todavía no ha dicho cómo va a llenar.

De acuerdo con Chaves, se trata de recursos no solo para el pago de títulos o vencimientos de deuda sino también de flujo de caja; es decir, para poder completar el pago de salarios y aguinaldos.

Esto a pesar de que el ministro de Hacienda Elian Villegas afirmó el viernes anterior que el país no está en riesgo de default y le hará frente a todos los pagos.

“Un default es es una situación en la que el Estado no puede cumplir sus obligaciones con sus empleados, con sus proveedores, con los inversionistas, y la causa es que falta recursos, falta de voluntad… a nosotros las calificadoras nos declararían el default si no alcanza la plata para pagarle a los empleados públicos”, advirtió Chaves.

Según dijo el exfuncionario – invitado este martes en el programa Enfoques- el país enfrenta el problema de que alrededor de $1.300 millones propuestos en el plan de financiamiento de este año se encuentran todavía pendientes de aprobar con los préstamos internacionales congelados en la Asamblea Legislativa.

Además, los mercados locales están mostrando signos de incertidumbre, en donde los títulos en dólares han tenido que ser declarados desiertos y Hacienda ha tenido que recurrir a subastas extraordinarias para poder completar las captaciones en colones.

La semana anterior Hacienda salió a anunciar que ya tenía $233 millones para pagar un bono internacional con vencimiento en este noviembre, pero no habló sobre el resto de necesidades de financiamiento. Solo en títulos noviembre y diciembre representan más de ₡900 mil millones.

“Faltan $2 mil millones, el gobierno no ha dicho de dónde van a salir y lo que dijo el Ministro (Villegas) es que tenían $233 millones para un bono internacional, pero ¿y los otros $1.800?... no entiendo qué es lo que el gobierno pretende hacer para cerrar el año”, señaló.

De acuerdo con Chaves el gobierno peca de no hablar de manera clara y transparente sobre la situación financiera del país. No solo por lo que pueda ocurrir de aquí al 31 de diciembre, sino también el próximo año cuando las necesidades de recursos se eleven por encima de los $11 mil millones.

Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) solo permitiría adquirir unos $700 millones ese primer año lo cuál abriría la puerta a financiamiento de otros organismos internacionales y eventuales colocaciones de eurobonos, pero sin el acuerdo con el FMI, estas puertas prácticamente se cerrarían.

Pese a ello el mensaje del gobierno sobre el FMI se ha vuelto difuso y ya ni siquiera se habla de acudir al FMI a como se hablaba con tanta seguridad antes del 17 de setiembre.

Respecto a varias propuestas que han surgido en los últimos días de buscar la sostenibilidad fiscal sin necesidad de nuevos impuestos, el exfuncionario mostró dudas sobre las cifras y cuestionó que sea sostenible a largo plazo, ya que no se estarían planteando reformas estructurales que arreglen el problema que lo ocasionó, como por ejemplo las costosas transferencias a algunas instituciones estatales.

 

Subir impuestos y permitir capital mixto en empresas como el ICE recomiendan abogados y economistas

Fuente: La República

Elevar la carga impositiva y permitir capital mixto en empresas como el ICE, INS, y Banco de Costa Rica, son algunas de las recomendaciones que hicieron ayer el Colegio de Abogados y el Colegio de Ciencias Económicas.

Mitigar el impacto del déficit fiscal y disminuir el peso de la deuda, para así impulsar la economía y generar nuevos empleos, son los objetivos de los gremios profesionales.

En cuanto a materia tributaria, se recomienda aprobar la renta global para el 2023, así como el impuesto a las rentas de capital, que gravan con el 15% las ganancias de capital dado que no aplicaba sobre los títulos ya negociados a cierta fecha.

Asimismo, debe validarse la renta mundial y como medida de emergencia “transitoria”, se podría utilizar la autorización existente con que cuenta el Poder Ejecutivo para subir las tarifas de los impuestos de consumo hasta un máximo de 20 puntos porcentuales.

“Sabemos que los impuestos son materia impopular, el recorte de gastos también genera oposición de quienes se beneficiaban. Por ello, presentamos una propuesta balanceada entre ingresos y gastos, menos recargada en impuestos que la presentada por el Gobierno, pero también incluimos elementos para la reactivación económica y medidas para reducir la evasión”, explicó Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas.

Otras de las propuestas incluyen rebajar el costo de la energía y las tarifas que se cobran en los puertos de Moín, además de una amnistía de cargas sociales para mipymes y trabajadores independientes en la Caja del Seguro Social.

La aplicación de la regla fiscal, el establecimiento de un sistema único de compras, la reducción del Estado y la reprogramación de la deuda pública, son otras propuestas.

“Es competencia del Colegio velar por que haya una justicia tributaria. Además vamos a verificar la legalidad de las decisiones para que no tengan roces constitucionales y, que, si eventualmente hubiera que hacer modificaciones legislativas, estas sean acordes al ordenamiento jurídico”, agregó Álvaro Sánchez, Presidente Colegio de Abogados y Abogadas.

Para los gremios profesionales, es de vital importancia que se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por eso hay que presentar en el periodo de sesiones extraordinarias que arranca en diciembre, una hoja de ruta clara.

Las propuestas

Estas son algunas de las recomendaciones

  Convertir a empresas públicas tales como Kölbi, Banco de Costa Rica y el INS, en sociedades de capital mixto bajo derecho privado
  Reducir tarifas del ICE y APM Terminals
  Aprobar amnistía para mipymes y trabajadores independientes en la Caja
  Utilizar un solo sistema de compras públicas
  Aplicar regla fiscal
  Aprobar ley de empleo público
  Recortar gasto superfluo
  Reprogramación de la deuda interna para extender los vencimientos y lograr una reducción en las tasas de interés
  Rebajar deuda política
  Controlar evasión
  Aprobar la renta global para el 2023 y la renta mundial
  Permitir subir las tarifas de los impuestos de consumo hasta un máximo de 20 puntos porcentuales

Magisterio pagaría cuatro veces más por impuesto a pensiones de lujo en 2021

Fuente: Semanario Universidad

La recaudación de impuestos a las llamadas “pensiones de lujo” al presupuesto nacional podría crecer hasta en un 60% con respecto a años anteriores, producto de las reformas de 2016 y 2018 a las contribuciones obligatorias de los regímenes especiales de pensiones y a los cambios realizados en 2020 a los impuestos solidarios del Magisterio Nacional.

Las pensiones de lujo, de acuerdo con la legislación nacional, son aquellas superiores a la suma de ocho salarios base del escaño más bajo de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, es decir, que supere los ₡2.351.000.

Durante el 2019, la suma de las contribuciones obligatoria, especial, solidaria y redistributiva tanto del Magisterio Nacional como del resto de regímenes especiales de pensiones ascendió a ₡17.739 millones.

En comparación con solo los últimos tres meses del 2020, se han recaudado más de ₡7.109 millones, debido al efecto de la más reciente reforma. Así, en solo un trimestre se alcanzó una contribución al Estado, que supera el 40% de la del año anterior.

A raíz de estos datos, usando una proyección simplificada podría estimarse que para el 2021 los aportes de estos regímenes crecerán en un 60%. No obstante, debe contemplarse que algunas pensiones dejarán de existir en el período, a otras se les aplicarán topes y no deberán contribuir y, además, algunos cobros podrían tener que ajustarse.

Efecto de topes y gravámenes

La Sala Constitucional resolvió, el pasado 8 de octubre, una serie de recursos de amparo que objetaban los topes y gravámenes aprobados en años previos. El tribunal concluyó que el Estado puede fijar topes y establecer impuestos solidarios, y consideró las reformas razonables, especialmente, considerando la situación económica que atraviesa el país.

Solamente encontró que gravar pensiones con más del 50% constituía una violación y ordenó el reajuste de ese tope, que antes estaba en 55%.

Priscilla Gutiérrez, Directora Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que la Sala aún no ha notificado oficialmente a esta dirección, por lo que no han entrado en vigencia los ajustes ordenados.

El Tribunal no suspendió el acto administrativo por lo que, durante el trámite de los recursos, se siguieron aplicando los topes y recaudando las contribuciones hasta el 55% en las pensiones más altas.

Gutiérrez comentó que, en los meses que siguieron a la reforma, se aplicaron topes a varias pensiones, que superan el límite fijado y a otras se les rebajaron las contribuciones correspondientes, que van desde un 20% hasta un 55%.

Las recientes reformas provocaron que el promedio mensual de la recaudación, por concepto de “Contribución Especial, Solidaria y Redistributiva” de las pensiones de lujo, se triplicara al pasar de ₡446 millones mensuales en el primer trimestre, a ₡1.369 millones en el tercer trimestre.

Aportes del Magisterio crecen 332%

En el caso del Magisterio el salto en el incremento fue de un 332%, por encima de la media del trimestre anterior. Entre abril y junio del 2020 se recaudó un promedio mensual de ₡253 millones, pero de julio a setiembre este número alcanzó ₡1.095 millones mensuales en promedio.

Mientras tanto, en el caso de los regímenes especiales, exceptuando al Magisterio, el aumento fue de un 42% en la media mensual. Durante el segundo trimestre se recaudaron en promedio ₡193 millones, mientras que en el tercer trimestre, tras la reforma, este ascendió a ₡274 millones.

Cabe destacar que los aportes de este grupo venían decreciendo, pasando de ₡4.301 millones anuales en el 2017 a ₡2.847 millones en el 2019 (ver gráfico: Contribución de regímenes de pensiones).

Gracias a estos cambios, del total de dinero que se obtiene de los impuestos especiales a las pensiones de lujo, el porcentaje que aporta el Magisterio pasó de ser de un 49,7% a un 70,5%, incluso sin contemplar los últimos meses del año, que aumentarán aún más esa proporción (ver gráficos Distribución de la recaudación por régimen 2019 y 2020).

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, mediante su departamento de prensa, explicó que el Magisterio tiene dos regímenes de pensiones: el Régimen Transitorio de Reparto (cerrado desde 1992 y gravado con impuestos que van de un 25% a un 75%) y el Régimen de Capitalización Colectiva, que es administrado por la Jupema y que no posee pensiones altas.

Priscilla Gutiérrez de la Dirección Nacional de Pensiones explicó que esas consideradas “pensiones de lujo” en el Magisterio, generalmente, no corresponden a docentes de primaria o secundaria, sino que pertenecen a personas catedráticas o antiguas autoridades de universidades públicas.

La jerarca informó que previamente los aportes del Magisterio eran muy limitados pues las pensiones de las personas afiliadas a la institución estaban excluidas del alcance de la Ley 7302 sobre Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, que establecía las contribuciones obligatorias.

Con las nuevas reformas, dijo la abogada, este grupo pasa a aportar “lo justo” para poder financiar otros regímenes destinados a atender las necesidades de poblaciones con bajos ingresos.