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FB LIVE: AGUINALDO

Actualidad Tributaria le invita a nuestro FACEBOOK LIVE, el lunes 30 de noviembre a las 3:00 p.m. con el tema:

AGUINALDO, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Ana Isabel Borbón.

¡Le esperamos!

Diputados pretenden exonerar medicamentos contra el Covid-19

Fuente: El Mundo CR

Los diputados de la Comisión Especial que estudian la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social dictaminaron positivamente el expediente 22.026 Ley para exonerar los medicamentos del pago del impuesto al valor agregado por causa de la pandemia mundial y emergencia nacional del COVID-19.

El proyecto busca es aliviar el bolsillo de los costarricenses que más afectados se han visto económicamente por la pandemia, señaló Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional y quien preside dicho foro legislativo.

Costa Rica se ha caracterizado a través de varias décadas por ser uno de los países con los precios más altos de las medicinas en la región, por lo que los precios muchas veces se doblan, triplican, quintuplican con respecto de lo que cuesta un medicamento de marca en Europa, los Estados Unidos y otras regiones del mundo.

Por su parte Yorleny León de Liberación Nacional y el legislador Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana mostraron preocupaciones sobre la propuesta, esto debido a que alegan que la situación fiscal del país ya es difícil como para aprobar más exoneraciones que puedan resquebrajar aún más las finanzas públicas

La inclusión de las medicinas dentro del esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las volvió todavía más caras para la gente.  Y ahora, con los nefastos efectos socioeconómicos ocasionados por la actual Pandemia la capacidad adquisitiva de los costarricenses está aún más golpeada, haciendo más difícil el poder adquirir medicamentos.

El proyecto de ley establece que, por el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todos los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para su producción, autorizados por el Ministerio de Hacienda, estarán exentos del pago del impuesto de valor agregado.

Sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda con problemas para validar documentos

Fuente: El Financiero

El sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda presentó problemas de funcionamiento este 25 de noviembre desde las 9 a.m., al parecer ocasionados por la caída de la plataforma de Amazon Web Services (AWS) en Virginia, Estados Unidos, que presentó dos fallas que afectaron a nivel global.

El Ministerio confirmó que el sistema de validación de facturas electrónicas se encuentra interrumplido debido a una falla del proveedor de servicio de nube a nivel mundial. “Se realiza la coordinación respectiva con el proveedor nacional para restablecer el servicio lo antes posible e implementar el plan de emergencia ante estos casos”, indicó Hacienda

Las empresas y contribuyentes usuarias de los servicios de facturación reportaron que la plataforma presenta inestabilidad en emisión y recepción de documentos electrónicos, ya que los servicios web de la entidad no están respondiendo adecuadamente a las solicitudes.

La solución que estaría valorando Hacienda es el traslado del sistema a centros de datos locales y así “levantar la plataforma”, lo que tardaría al menos una hora.

Las empresas que brindan servicios de facturación electrónica indicaron que esperan la reanudación de la plataforma de validación de Hacienda.

Los comprobantes electrónicos emitidos en los negocios se acumulan en los sistemas de los proveedores de facturas electrónicas. “Cuando se levante el sistema de Hacienda se envían automáticamente los comprobantes acumulados”, dijo Alvaro Retana, gerente general de GTI.

Carlos Moreno, gerente general de Cyberfuel, indicó que a partir de las 9 a.m. se presentaron los problemas de Hacienda con los servidores para poder enviar y recibir los documentos.

“Esto afecta el procesamiento de documentos electrónicos”, dijo Moreno. “Parece que es la plataforma donde están ubicados los equipos y no han dado un estimado de tiempo en que se dé una solución”.

“Sí tenemos referencias de clientes que nos comentan que la plataforma no les funciona adecuadamente, ya sea porque no está actualizada con la versión correcta o porque entra en conflicto con sus sistemas operativos, o porque no reciben atención a sus dudas”, dijo Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Hacienda indicó que las empresas deberán habilitar el plan de contigencia establecido por la Dirección General de Tributación hasta que el servicio esté nuevamente en funcionamiento.

Aumenta recaudación de impuestos por primera vez en toda la pandemia

Fuente: Teletica

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, en marzo anterior, la recaudación de impuestos de una quincena del 2020 supera a una del 2019.

Según reportó el Ministerio de Hacienda, en los primeros 15 días de noviembre se recaudaron ₡173.132 millones; el año anterior, en este mismo periodo, la recaudación fue de ₡169.400 millones.

Hacienda explica que esa cifra de noviembre obedece a un aumento en el cobro de tres impuestos.

Creció un 13,28% la recaudación del impuesto al valor agregado, un 3,91% la recaudación del impuesto al consumo y un 2,68% el cobro de renta.

La caída de ingresos en este año marcado por la pandemia será de ₡600 mil millones, según dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a La Nación.

Este monto, sin embargo, es la mitad de lo proyectado por la Contraloría a mitad de año; es decir, el impacto de la pandemia será menos grave que lo inicialmente señalado.

¿Nuevo paso contra la evasión? Hacienda tendrá lupa más de cerca en los contribuyentes

Fuente: La República

Sus movimientos con Hacienda como contribuyente tendrán más control a partir del 1 de diciembre.

Esto al tener que agregar en su factura electrónica el código de 13 dígitos conocido como Cabys, correspondiente a su actividad económica.

Si no cumple con ello, se expone a una sanción de hasta ¢893 mil.

Con ella, Tributación le rastreará quien hizo la venta, cuándo la hizo, de qué servicio o bien se trata, bajo qué tasa o si se está exento, entre otros aspectos que colaborarían en la lucha contra la evasión.

Puesto que se les hará más fácil identificar errores, como adjudicarse una exoneración que no le corresponde, por ejemplo, y hacérselos notar al contribuyente.

Sin embargo, 550 mil contribuyentes estarán sujetos a este cambio, no así aquellos que forman parte del régimen simplificado, lo que deriva como el principal punto en contra de la iniciativa que evitaría que se cumpla con su potencial.

“Funcionará siempre y cuando se generalice, el asunto es que las excepciones matan el control, en concreto, que se obligue factura de este tipo a regímenes especiales, porque si no habrá grandes orificios”, dijo Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho Internacional.

Y es que el espacio de mejora es evidente para los especialistas en todos los ámbitos de Tributación, para así contrarrestar la elusión y evasión.

Tener una revisión profunda de auditores fiscales y el tráfico de influencias de exauditores, así como modificar el hecho que en los reglamentos del IVA y renta se tengan grandes exenciones que no la ley no tiene, es decir, el reglamento yendo contra la misma ley, son aspectos que destaca Camacho.

Socarse la faja contra la evasión es tema puesto en la palestra recientemente por los problemas en ingresos que experimenta el país.

Especialmente la Contraloría reveló que en 2019 se presentó una reducción del 23% en el monto recuperado por actuaciones de control o por la pendiente, en ese momento, aprobación del proyecto Hacienda Digital.

Análisis

Especialistas en materia tributaria detallan lo que puede esperarse y falencias del Cabys.

Silvia González
Socia de Impuestos
Grant Thornton
La situación que tenemos que valorar es la eficiencia de cómo la Administración estará procesando la información y obteniendo los elementos para revisar o auditar a los contribuyentes, es decir, cómo se aprovecharán los datos.

Mario Gutiérrez
Socio de Impuestos, Riesgos y Auditoría
RSM Costa Rica
Se facilitará el control y seguimiento de lo adquirido por las empresas solicitantes de las exoneraciones y ver si realmente es el beneficio que debe disfrutar, pero para que el control sea efectivo, debe existir una homologación y cruce de información con los códigos de los productos importados, para dar trazabilidad a las compras de artículos importantes con sus ventas.

Bryan Mora
Gerente de Impuestos
Deloitte
No es un mecanismo per se para disminuir la evasión, pero sí da trazabilidad para llevar controles más rigurosos del IVA e Impuesto a las Utilidades; para así, en el tanto se utilice la información adecuadamente, al final del camino podría ayudar para detectar posibles casos de evasión o errores en los tributos.

Mideplan atribuye mejora en recaudación de tributos en noviembre a recuperación de la economía

Fuente: La Nación

El Ministerio de Planificación considera que el leve aumento en la recaudación de impuestos observada en la primera mitad de noviembre del 2020, es una señal de recuperación económica, aunque reconoce que debe ser tomada con “cauto optimismo”.

En noviembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo, la recaudación de impuestos muestra un crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior, indicó este lunes 23 de noviembre la institución, por medio de un comunicado de prensa.

En la primera quincena de noviembre del 2019, la recaudación total del Ministerio de Hacienda ascendió a ¢169.400 millones, mientras que en el mismo periodo del 2020 ascendió a ¢173.132 millones.

“Dicho incremento del 2,2% es una señal positiva, pues evidencia que la economía costarricense ha iniciado el proceso de recuperación”, estimó la ministra de Planificación y coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido.

Este incremento en la recaudación se ve impulsado, principalmente, por un aumento del 13,28% en la recaudación del impuesto al valor agregado; un 3,91% más en la recaudación del impuesto al consumo y 2,68% en la recaudación de renta, según el comunicado.

Se consultó si dicha recuperación puede estar influida por las personas y empresas que se acogieron a la Ley de Alivio Fiscal, la cual permitió posponer el pago del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre las utilidades, el selectivo de consumo y los aranceles, en meses anteriores, pero la entidad aún no responde la consulta.

Quienes se acogieron a la moratoria podían cancelar lo adeudado antes del 31 de diciembre del 2020 o solicitar un arreglo de pago para el primer semestre del 2020.

El cierre de actividades para afrontar la pandemia generó un impacto negativo en la recaudación de impuestos. En abril los ingresos tributarios cayeron 23% respecto al mismo mes del año anterior; en mayo, 30%; en junio, 36%; en julio, 10%; en agosto, 12,4%; en setiembrem 11% y en octubre, 16%.

El índice mensual de la actividad económica a setiembre muestra una leve recuperación impulsada principalmente por la producción de las empresas en regímenes especiales, que incluyen las Zonas Francas, Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos.

En una entrevista con La Nación, la semana pasada, el ministro de Hacienda Elian Villegas destacó que entre noviembre y diciembre esperan recaudar unos ¢800.000 millones, más ¢100.000 millones adicionales del impuesto a la propiedad de vehículos.

El jerarca de Hacienda afirmó que en noviembre se observó una mejora en la recaudación de impuestos y que ello es reflejo de una mayor actividad económica en sectores como el comercio (restaurantes y tiendas), en los servicios e incluso el turismo.

¿Ya está listo para el CABYS? Estos son 3 consejos básicos

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

El próximo primero de diciembre entra a regir la apliación del CABYS o Catálogo de Bienes y Servicios, un compendio informativo que busca estandarizar la codificación de las transacciones económicas en el país en relación con el resto de países integrantes de la Organización de las Naciones UNIDAS (ONU).

Y a pesar de estar cerca de la fecha de aplicación, son miles de constribuyentes los que no parecieran estar listos para ponerse al día con el tema, es más, hasta parecen desconocer del todo el tema.

“Conforme se acerca la fecha, más y más empresas y profesionales se nos acercan porque no saben qué deben hacer o cómo aplicarlo, a pesar que el tema se aprobó desde hace más de un año. Como buenos ticos, lo hemos dejado para lo último”, comentó Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Volio recomienda a los que no están listos moverse rápido y asesorarse adecuadamente, porque de lo contrario sus transacciones se verán paralizadas a partir del 1ero de diciembre, ya que sus facturas electrónicas serán rechazadas por Hacienda de manera inmediata. El sistema de facturación se encargará de dicho rechazo, como es el caso del servicio de www.facturatributaria.com que está listo para el cambio.

Para ponerse al día, Volio brinda tres recomendaciones básicas que ayudarán al contribuyente a no pasar un mal rato el próximo mes:

1. Hable con su proveedor de factura: El CABYS debe verse reflejado únicamente en los xml de las facturas electrónicas, por lo que los proveedores del servicio ya deberían tener todo listo. “Hable con su proveedor; si usted ve que no está listo, cambie de inmediato de proveedor y busque una opción que sí sepa y le garantice todo el proceso”, comentó Volio.

2. Busque ayuda para homologar su catálogo de productos y servicios: “Definitivamente los contribuyentes no se encontrarán un código para cada uno de sus productos y servicios, por lo que necesitan ayuda para homologar. Esto lo pueden hacer con especialistas como nosotros, que hemos hecho el ejercicio ya para decenas de clientes cuyo catálogo es largo. Es un proceso que requiere tiempo y ayuda”, afirmó Volio.

3. Realicen las pruebas que sean necesarias: Una vez que se han seguido las recomendaciones 1 y 2, Volio recomienda realizar las pruebas necesarias para asegurarse que el 1ero de diciembre no vayan a tener un problema de fondo. “Quizá si un profesional tiene sólo un código CABYS no vaya a ser un gran problema, pero si hablamos de empresas cuyos catálogos son de 100, 1000 o 10 mil productos, se corre el riesgo de paralizar las operaciones cuando llegue el momento, de ahí la recomendación de realizar pruebas”.

El experto reconoce que es posible que el propio 1ero de diciembre el sistema tenga problemas, por lo que también recomienda a los contribuyentes tenerlo presente para tomar las medidas que sean necesarias.

Diputados: Gobierno es torpe al presionar por más impuestos

Fuente: CR Hoy

Con absoluta terquedad y torpeza, el Gobierno presiona por más impuestos para atacar el abultado déficit fiscal del país, a pesar de que no tiene el apoyo político para llevar a buen puerto esas propuestas en la Asamblea Legislativa.

Conoce de antemano la negativa de la mayoría parlamentaria de aprobar nuevas cargas tributarias y continúa desoyendo los reclamos de la oposición de hacer fuertes ajustes al gasto público y proponer una verdadera agenda para la reactivación económica y generación de empleos en el país.

Según diputados de oposición, la presión del Poder Ejecutivo para que el Congreso vote a favor de más cargas tributarias solo evidencia la falta de ideas y propuestas serias para sacar adelante al país de la profunda crisis económica y social que atraviesa.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, y su equipo económico insisten en cocinar a puerta cerrada nuevos tributos a sabiendas de que la oposición le advierte que no dará sus votos en el Congreso a planes que terminarían de reventar al sector productivo y hundirían en la pobreza a más costarricenses.

Así lo manifiestan Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), así como los independientes Erick Rodríguez, Zoila Volio y Dragos Dolanescu.

Este mismo viernes, la propuesta del Presidente de subir en un 13% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica y a la educación y salud privadas fracasó en la mesa de diálogo multisectorial. Pero aún así el Gobierno dijo que insistirá en el tema, como si no entendiera que no tiene viabilidad política, que el tiempo para plantear soluciones al elevado déficit fiscal se agota y que se está quedando solo.

“Matar negocios”

El congresista Rodríguez es del criterio que el Gobierno más que elegir un camino fácil -al insistir en más impuestos- opta por un camino torpe.

“No entiende que este país no soporta más impuestos. Con un decrecimiento económico que vamos tener este año de alrededor del 5%, estar pensando en impuestos es terminar de matar a los pocos negocios que han sobrevivido a estos cierres criminales que ha hecho el Ministro de Salud (Daniel Salas) apoyado por el Presidente de la República”, explicó.

El legislador sostuvo que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma fiscal a principios de esta administración para enfrentar el desastre que heredó el expresidente Luis Guillermo Solís y el Gobierno aseguró que con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas quedaría resuelto el problema fiscal del país.

“Venir ahora a pedir a la Asamblea Legislativa que le apruebe más impuestos es un descaro por parte del Gobierno de la República. Por lo menos, con mi voto para más impuestos, no van a contar. Poner más impuestos en momentos de recesión económica es la torpeza más grande que pueden hacer”, manifestó.

Acusó al Gobierno de no hacer nada para disminuir el gasto público y reducir el endeudamiento que, en su opinión, ya es insostenible.

“Me parece que no miden las consecuencias. Hay una efervescencia social fuerte en el país. Si hablan de impuestos a la canasta básica, a la educación y salud privadas, es porque no tienen ideas. Es un gobierno sin propuestas y al que le asesinaron la imaginación. Le está echando gasolina al fuego, y el que juega con fuego se va a quemar. Don Carlos Alvarado no ha medido las consecuencias de esto, no van a resolver el problema fiscal, están generando más efervescencia social que le puede costar muy caro, es muy peligroso lo que hacen. Les diría en términos costarricenses: ¡dejen de jalarle el rabo a la ternera, porque les puede ir muy mal!”, advirtió.

El Presidente y su gobierno quieren seguir hundiendo a Costa Rica y elevando la pobreza en momentos de una fuerte recesión económica, dijo, por su parte, el también independiente Dragos Dolanescu.

No dejan respirar a la gente y hacen anuncios de esa índole en vísperas del fin de un año pesado para miles de costarricenses, notoria falta de tacto político.

“Esta Navidad muchos hermanos la van a pasar llenos de angustias y preocupaciones, y el presidente Alvarado solo quiere seguir pegándonos garrotazos para seguir financiando sus ocurrencias y su agenda progre. El Ejecutivo nos está hundiendo y con estas ocurrencias están afectando a los segmentos más marginados de nuestra población”, opinó.

Lamentó que a Alvarado y a su Ministro de Hacienda solo se les ocurra “joder más a la gente con impuestos” y advirtió: “¡Jamás apoyaré nuevos impuestos!,¡ Eso sería mandar a la miseria a cientos de miles de hermanos costarricenses”.

Además de torpe, las propuestas del Gobierno son inaceptables para la legisladora Zoila Volio.

¿En qué mundo viven? Todos hemos sido afectados por la pandemia, hay familias que se han quedado sin trabajo o que están subempleadas. No entiendo en qué están pensando“, expresó.

Fue categórica al afirmar que no dará su voto a las intenciones del Poder Ejecutivo.

Tienen que reducir los gastos. Tienen que organizarse y ponerse en orden. Esto no es solo más y más impuestos, porque es como echar el agua en un canasto con huecos, y ya el pueblo no aguanta ni un impuesto más”, señaló.

Mencionó que lo que Costa Rica requiere es reactivar su economía, generar inversión con seguridad jurídica, aumentar exportaciones y generar empleos.

“Tienen que ponerse a trabajar y no lo más fácil, poner impuestos, porque es la vía más cómoda, pero ya no se puede más“, agregó.

“Es hora que entiendan”

El Gobierno, en vez de enderezar su estrategia política, sigue siendo obstinado en su planteamiento y ya es hora que entienda algo: el país no quiere más impuestos.

Nadie en este momento le va a aceptar al Gobierno una propuesta que recaiga en más impuestos como la supuesta ruta de salvación para el país. Le llegó el momento de entender que nadie, ni la ciudadanía, ni el sector productivo, ni la Asamblea Legislativa aceptarán más impuestos”, declaró la congresista Silvia Hernández, del PLN.

Sostuvo que lo más lamentable es que aunque en el escenario hipotético de que se elevara la carga tributaria, eso no tendría ninguna incidencia si el Gobierno no hace nada para mejorar la economía y reducir el gasto público.

Cuestionó al Gobierno por seguir lanzando ideas generales sin detallar propuestas mientras sigue presionando al Congreso para que apruebe a la brevedad más empréstitos internacionales de apoyo presupuestario.

“No veo la misma vehemencia para proponer cómo atacar el gasto público y restructurar el Estado (…) Solo hacen señalamientos, pero no hay propuestas articuladas”, mencionó.

La liberacionista criticó que el Gobierno no haya dicho hasta el momento ni una sola palabra de cómo avanzan las negociaciones para la restructuración de la deuda pública interna o sobre qué propone para simplificar la estructura tributaria del país.

“Lo que veo es un conato de salidas que nadie entiende y hasta cuesta manifestarse porque en blanco y negro no ponen nada sobre la mesa”, afirmó.

Con su última propuesta, el Gobierno reafirma que solo busca las soluciones fáciles, señaló la socialcristiana Shirley Díaz.

“Este gobierno se caracteriza por buscar el camino fácil de los impuestos y no comprometerse con la reactivación económica, con la evasión y elusión fiscal, con la reingeniería de la deuda pública, fortalecimiento de actividades productivas, ayuda a los agricultores, a los grupos organizados, a las mujeres para generar un incremento en sus finanzas”, aseveró.

La falta de imaginación conduce a la administración Alvarado a seguir haciendo propuestas con descaro, comentó.

Es una lástima que se descaren a pedir más impuestos en un entorno marcado por protestas sociales. Me parece que no tienen lógica y no reflejan liderazgo para llevar al país a su recuperación económica y paz social. De mi parte, estoy en contra de la aprobación de más impuestos”, sostuvo.

Hablar en estos momentos de elevar el IVA a la canasta básica y a los servicios de salud y educación privados son sencillamente ocurrencias.

Así lo resumió el legislador Carlos Avendaño, del PRN, quien insistió en que el Gobierno sigue equivocando la vía que requiere Costa Rica.

“Lo que el país necesita son acciones de reactivación económica y generación de empleo“, manifestó.

Reiteró que su bancada no apoyará nuevos impuestos que afecten a los más vulnerables.

“Estamos en medio de una pandemia y el Gobierno quiere meterle impuestos a la comida, la salud y a la educación. Un rotundo no“, concluyó.

Es hora que el Presidente y su equipo dejen de hacer tanto ruido, que no le hace bien al país, que deje las ocurrencias de lado, se concentre en planteamientos serios y no siga confundiendo más a los costarricenses, coincidieron los congresistas.

Control tributario en tiempos de Covid-19 es “insuficiente”, según Contraloría

Fuente: La República

Las deficiencias en el cobro de impuestos en tiempos del Covid-19, quedaron al descubierto en un informe de la Contraloría.

Calificando como “insuficiente” el control tributario, el órgano fiscalizador del Estado hizo hincapié en la alta morosidad de los deudores al término de septiembre.

Y es que en el cobro a contribuyentes con deudas tributarias incluían 76 mil gestiones programadas, sin embargo, solo se realizaron el 43% de ellas.

Asimismo, en las actuaciones de fiscalización, hay rezago, puesto que se esperaban 540 y se hicieron únicamente 228.

Esta no es la primera vez que la Contraloría hace un llamado de atención.

El informe se da a conocer en momentos en que el Gobierno de Carlos Alvarado pide más impuestos a los ciudadanos y a las empresas.

Hoy día existe carencia de un registro integrado de contribuyentes y dispersión de las herramientas tecnológicas, agregó la Contraloría.

Esto ha permitido que más de 19 mil personas fallecidas estén registradas como contribuyentes y que además se detectaran importadores no inscritos ante Hacienda que suman más de ¢370 mil millones en actividades para el período 2017-2019, dijo la Contraloría en septiembre.

Asimismo, se detectaron morosos con Hacienda que gozan de exoneraciones en períodos consecutivos y más de 9 mil registros inconsistentes en el pago de la renta.

Las debilidades en el Ministerio de Hacienda permitirían una mayor evasión y elusión fiscal.

Aunque el órgano fiscalizador del Estado no señala el monto de la posible evasión en el país, se estima en más de $1 mil millones al año, según lo dicho por Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda.

Los problemas de evasión esperan solucionarse con el plan de hacienda digital, el cual, permitirá integrar la información obtenida de los requerimientos o convenios con otras instituciones, para verificar empresas o personas con actividad lucrativa no inscritos ante la administración tributaria.

Esto ya que la Contraloría logró conocer 527 casos de posibles obligados tributarios (casos ocultos) producto de un cruce de información con los patronos inscritos ante la Caja, y se programó realizar 64 actuaciones (12% de los casos).

“Resulta relevante un mayor control tributario para aminorar la caída de la recaudación como resultado de la disminución de la productividad por la pandemia y generar mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes”, dijo Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría.

En estos momentos el Ministerio de Hacienda cuenta con 59 sistemas informáticos que no cruzan información entre sí.

Con el objetivo de reducir la evasión, los diputados aprobaron a inicios de mes un préstamo por $156 millones.

El dinero se utilizará para actualizar los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda y así hacer más eficiente el control de información.

El sistema permitiría bajar la evasión en 2,75% del PIB al cabo de tres años, según Elián Villegas, ministro de Hacienda.

El proyecto es financiado por el Banco Mundial.

“Esta ley se establece como el arma fundamental para enfrentar la evasión fiscal, facilitando la recaudación y mejorando la fiscalización tributaria y aduanal. Al mismo tiempo que nos permite enfrentar el rezago tecnológico que limita el margen de acción del Ministerio de Hacienda”, dijo Laura Guido, diputada del PAC.

La solución

El proyecto de hacienda digital permitirá luchar contra la evasión. Esto es lo que hace:

  -Compra de licencias, servicios en la nube y monitoreo de seguridad forman parte del cartel de licitación para modernizar unos 59 procesos del ministerio de Hacienda
  -Permitirá a 59 sistemas informáticos cruzar información entre sí
  -Se podrá integrar la información obtenida de los requerimientos o convenios con otras instituciones y así verificar empresas o personas con actividad lucrativa no inscrita ante la administración tributaria
  -Actualización de solución de correo electrónico, herramientas colaborativas y el software Microsoft Teams, para modalidad de teletrabajo

Sociedades inactivas deben presentar declaración de renta a partir del periodo fiscal 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación (DGT) le recuerda a los contribuyentes que de acuerdo con la reforma introducida en la Ley de Impuesto sobre la Renta mediante Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N0.9635) , todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y como tales, tienen la obligación de presentar la declaración de este impuesto, a más tardar el 15 de marzo de 2021.

Este tipo de medidas, incorporadas a la Ley 9635, constituyen herramientas fundamentales que promueven la transparencia y son base fundamental en la lucha contra el fraude fiscal y el lavado de activos.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, se ha dispuesto que aquellas personas jurídicas que no desarrollen actividades lucrativas, deberán completar únicamente la información correspondiente a activos, pasivos y capital, en el formulario D.101 (Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta).

En caso de no estar inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) deben registrarse con el código de actividad 960113 (Persona jurídica legalmente constituida). Esta gestión se realiza por medio de la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV), disponible en www.hacienda.go.cr, de conformidad con la resolución DGT-R-38-2020.

Al referirse a esta obligación, Carlos Vargas, director general de Tributación, aclaró que el impuesto a las utilidades de las empresas y personas con actividad lucrativa grava la utilidad que resulta de una actividad económica, y que es incorrecto afirmar que si el valor del capital social no coincide con el del patrimonio, este último se va a gravar, como erróneamente se ha indicado en mensajes que circulan en algunas redes sociales. El funcionario aclaró también, que en Costa Rica no existe el impuesto al patrimonio, sino a las utilidades.

En relación con la cláusula sobre el incremento injustificado de patrimonio, dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Vargas indicó que esta norma aplica en el contexto de un proceso de fiscalización cuando no hay consistencia entre el valor de los activos que se poseen y la actividad económica que se tiene.  En el caso particular de las personas jurídicas que no desarrollan actividad lucrativa y muestran un incremento injustificado de patrimonio, el contribuyente tiene la posibilidad de demostrar que los recursos con los que se adquirió el bien ya pagaron impuesto sobre la renta o no están sujetos a este.

Un ejemplo sería una persona que solo percibe rentas salariales y con sus ahorros adquiere un vehículo que registró a nombre de una sociedad constituida únicamente para estos efectos. En este caso, se trata de recursos que ya pagaron el impuesto sobre la renta, lo que justifica esta compra.

El funcionario aseguró que los dueños de bienes que estén registrados en sociedades que no realizan actividades lucrativas, no tienen de qué preocuparse si cuentan con la documentación que respalda el pago de los impuestos correspondientes, o si los ingresos no están sujetos al impuesto sobre la renta. 

La DGT recuerda a los representantes legales de estas personas jurídicas, que la omisión de la presentación de esta declaración es un hecho sancionable de conformidad con el artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

IVA debe cobrarse sin excepción

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación advirtió a los responsables de cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) por los bienes y servicios gravados con este impuesto, que deben hacerlo, sin excepción.

Incumplir con esta obligación no exime al responsable de trasladar el impuesto correspondiente al Fisco.

Así lo aseveró Carlos Vargas, director general de Tributación, ante denuncias ciudadanas recibidas y anuncios publicados durante los últimos días en redes sociales, como parte de las promociones realizadas por algunos negocios.

“Ninguna persona puede dejar de cobrar este tributo, como parte de su estrategia comercial para aumentar sus ventas, independientemente de la forma en que se realice el pago” reafirmó el funcionario.

Hacienda Digital definirá un nuevo rumbo en control de evasión y de gasto público

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con la aprobación este martes en segundo debate del proyecto “Hacienda Digital” por parte de la Asamblea Legislativa, se marca el camino hacia la transformación, modernización y digitalización de la gestión que se realiza en el país para facilitar el pago de impuestos, contar con mejores herramientas para luchar contra la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y la gestión de la deuda, así como para brindar un mejor servicio orientado al ciudadano.

Por primera vez en su historia, el Ministerio de Hacienda contará con los recursos requeridos para su transformación y para garantizar al Costa Rica mejores controles contra la evasión y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“Este es un importante avance para el país, agradecemos la confianza de las y los señores diputados, quienes con la aprobación de este proyecto nos permitirán acceder a tecnología de punta y a las mejores prácticas a nivel internacional, tanto para transformar nuestros sistemas informáticos, como para preparar a nuestro personal para tratar a los ciudadanos como clientes. Hacienda Digital nos da la posibilidad de ser más eficientes, eficaces y oportunos en la recaudación de los impuestos y en la distribución de los recursos públicos”, expresó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El Jerarca aseguró que la ejecución del proyecto se realizará de manera transparente y estará acompañada de un proceso de desarrollo conjunto con los diferentes sectores y usuarios, con el objetivo de atender sus requerimientos.

Una vez publicado en La Gaceta, Hacienda se abocará a cumplir con las condiciones previas para el primer desembolso de los recursos e iniciar los procesos de licitación.

Hasta el momento, la institución ha avanzado en el diseño de la arquitectura empresarial y los términos de referencia, como parte de la primera fase del proyecto.  De acuerdo con el plan general, se tiene previsto realizar los procesos de licitación entre enero y octubre de 2021, posteriormente se efectuará la parametrización y adaptación de los sistemas y su implementación, en forma modular, iniciará en enero 2023.

Uso de códigos transitorios CAByS

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el propósito de que los comercializadores puedan vender aquellos productos alimenticios y de primera necesidad que fueron combinados para ofrecer mejores precios al consumidor final, que están registrados en sus inventarios como uno solo antes de ser codificados de manera individual según los requerimientos de CAByS y que ya están en la cadena de comercialización, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica crearon tres códigos transitorios para que los contribuyentes puedan vender estos productos y para no impactar el proceso de implementación de CABys a partir del 01 de diciembre 2020. 

La utilización de estos códigos supone el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Los productos deben encontrarse en existencias dentro del inventario del contribuyente
2. Se tiene que contar con una codificación interna previamente definida, que permita identificar los productos que la componen (Este código interno debe indicarse en el comprobante electrónico).
3. Se debe garantizar la trazabilidad de los productos que conformen el paquete.

En razón de lo anterior, hasta el 30 de abril del 2021 se autoriza el uso temporal y transitorio de los siguientes códigos CAByS:

El empleo inadecuado de estos códigos será objeto de verificación por parte de la Administración Tributaria.  Su uso será deshabilitado a partir del 01 de mayo de 2021, por lo que después de esta fecha utilizarlos implicará  el rechazo del comprobante electrónico

Brasil aumenta aranceles a productos de Costa Rica en represalia por salvaguardia al azúcar

Fuente: La Nación

Brasil comunicó, el lunes 16 de noviembre, su decisión de elevar los aranceles o impuestos de entrada a cuatro categorías de productos, en compensación porque Costa Rica incrementó los tributos de ingreso al azúcar, mediante una salvaguardia.

La comunicación de Brasil a la Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que los impuestos de entrada a esas categorías de productos se elevarán en proporción al aumento que hizo Costa Rica con el azúcar. Los brasileños habían anunciado esa posibilidad en dicha organización desde el 22 de octubre.

La medida de Brasil se anuncia mientras Canadá tambien avisó, el lunes 16 de noviembre, de su previsión para elevar impuestos a productos de Costa Rica, igualmente en compensacón por los aranceles al azúcar.

Mediante una decisión del despacho de la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, Costa Rica elevó los impuestos de entrada al azúcar del original 45% a 72,68%, es decir, agregó 27,68 puntos porcentuales.

La medida se aplicó desde el 18 de agosto pasado, en atención a una denuncia de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), que pidió la aplicación de una salvaguardia o aumento temporal de impuestos.

Por otra parte, los principales productos de exportación de Costa Rica al mercado brasileño son caucho, equipo de precisión y médico, metalmecánica y material de transporte, según el portal estadístico de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

Las exportaciones de café, té y especias no registran cifras en el 2019, mientras que las de la industria de alimentos fueron por $850.000 de los $21,2 millones que en total se colocaron el año pasado en Brasil.

Miguel Miranda, gerente general de la compañía Mondaisa, dijo que Brasil es un mercado difícil para colocar té y sus esencias, por lo cual prácticamente no se exporta.

El ministro en ejercicio de Comex, Duayner Salas, explicó que en el caso de Brasil, lo que ocurrió es que notificó el lunes a la OMC una lista preliminar de productos a los que les aplicará a partir de este martes, martes 17 de noviembre, una evelación de aranceles equivalente a la salvaguardia aplicada por Costa Rica (27,68 puntos porcentuales).

“Sorpresivamente, ahora Brasil, en lugar de seguir en la mesa de negociación con Costa Rica, comunica a la OMC que va a imponer un arancel a otros productos nacionales. La OMC está informando sobre esta decisión unilateral que adoptó Brasil”, declaró Édgar Herrera, director Ejecutivo y de Comercialización de Laica.

“Nosotros, en un proceso ordenado y apegados a los mecanismos legítimos de defensa comercial de la OMC, presentamos un caso de solicitud de salvaguardia al Gobierno. Luego de más de un año de estudio, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), determinó que había fundamento para aplicar una medida de salvaguardia al azúcar blanco importado, por un periodo de tres años”, enfatizó Herrera.

Municipios de Alajuela se oponen a impuestos en zonas francas

Fuente: La República

Los once alcaldes de Alajuela adscritos a la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), consideran inoportuna la idea de cobrarle impuestos a las zonas francas.

La propuesta fue hecha por los legisladores del PAC Welmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo, ante la complicada situación fiscal que vive el país.

“Los once municipios adheridos a Fedoma hemos hecho los últimos años un gran esfuerzo en materia de atracción de inversiones y generación de empleos, y la idea de gravar a las zonas francas, atenta contra nuestra visión de desarrollo que hemos trabajado y que tiene frutos concretos con empresas que ya están instaladas en nuestra zona”, dijo Nixon Ureña , Presidente de Fedoma y Alcalde de San Ramón.

Las Zonas Francas constituyen un cuerpo productivo de 380 empresas, representando con su producción un 8% del PIB nacional. Adicionalmente generan más de 210 mil empleos directos e indirectos.

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Diputado propone exonerar de impuestos a las inversiones fílmicas en el país

Fuente: CR Hoy

El diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso una ley para estimular la atracción de inversiones fílmicas al país.

El legislador presentó un proyecto de ley -que se tramita bajo el expediente 22.304- con el propósito de promover la inversión y el desarrollo de producciones y actividades fílmicas de carácter internacional en Costa Rica, como fuente de generación económica, encadenamientos productivos locales, creación de emprendimientos y contratación de talento humano costarricense.

Para ello, plantea que el Estado otorgue los siguientes incentivos a la industria:

  • Exoneración total del impuesto sobre la renta y de cualquier otro tributo a las ganancias.
  • Devolución de todo impuesto que recaiga sobre la importación permanente de bienes al territorio nacional para la realización de las actividades fílmicas.
  • Exoneración de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación temporal que recaiga sobre equipos, útiles, repuestos, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico que se requieran para la realización del proyecto. Asimismo, a las personas encargadas de ingresar materiales, equipo o vestuario del proyecto se les facilitará el ingreso del equipaje correspondiente, sin pago de tributos ni otras cargas.
  • Cuando se trate de proyectos que realicen en el país compras de bienes y servicios nacionales que superen un monto de $500.000.00, se les otorgará la devolución del 100% de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que hubieran pagado sobre las mismas.

Según la propuesta, el Poder Ejecutivo establecerá una oficina especializada y una ventanilla única para la tramitación de los proyectos y la consecución de los beneficios y exoneraciones correspondientes.

Las actividades fílmicas que se beneficiarán son aquellas propias de la industria del entretenimiento, como las siguientes:

  • Películas de corto, mediano y largo metraje.
    • Documentales.
    • Series, novelas, programas de telerrealidad y eventos especiales.
    • Piezas de mercadeo audiovisual, comerciales, video clips, programas y/o capítulos de los mismos
    servicios de post producción, así como dibujo y animación digital.

Ley obligaría a revisar exoneraciones de impuestos de renta e IVA cada cinco años

Fuente: La Nación

La pertinencia del gasto tributario del Gobierno, como se le conoce a las reducciones de algunos impuestos como el de renta o el IVA, serían revisados cada cinco años por el Ministerio de Hacienda.

Así lo establecería un proyecto de ley dictaminado afirmativamente, por unanimidad, el 11 de noviembre, en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

El plan, propuesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el periodo legislativo anterior, contiene mayores controles y aplicaría sanciones económicas por el mal uso de esos beneficios.

En el artículo 43, el proyecto propone revisar cada cinco años los regímenes existentes de exenciones fiscales que, al 2018, previo a la aprobación de la reforma fiscal, significaban ¢1,9 billones.

El monto equivalía al 5,57% del producto interno bruto (PIB) de ese año, según registros de Hacienda, pero la cifra pudo sufrir leves ajustes tras la entrada en vigencia de la reforma fiscal.

El artículo dice que la Dirección General de Hacienda evaluará la “eficacia, pertinencia y validez de las exoneraciones otorgadas en cada régimen vigente, debiendo analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar parcial o totalmente, la exoneración correspondiente”.

Ese análisis se haría cada cinco años con base en estudios técnicos y deberán ser publicados en el sitio web de Hacienda, de la Contraloría General de la República (CGR), del sector sobre el cual recae el estudio y de la Asamblea Legislativa.

Un transitorio del proyecto estipula que el primer estudio se realizaría a los dos años de haber entrado en vigor la norma y, luego, periódicamente cada quinquenio.

Ellos son los liberacionistas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales; los socialcristianos María Inés Solís y Oscar Cascante; y Laura Guido y Nielsen Pérez, de la bancada de gobierno, así como los restauracionistas Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, el republicano Otto Roberto Vargas; y el fabricista Harllan Hoepelman.

“Se podrán revisar a través de una evaluación costo-beneficio con datos, no con temas de conveniencia política ni posturas ideológicas”, expuso la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios.

En la actualidad, algunos regímenes especiales como los de zonas francas o cooperativas gozan de exoneración del pago del impuesto de renta. Lo mismo ocurre con el salario escolar de los empleados públicos.

Sin embargo, también existen numerosas exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), como las de la canasta básica (cuyos productos pagan un 1%), la educación privada y las compras de bienes y servicios de las universidades públicas.

En medio de una crisis fiscal acelerada por los efectos económicos de la pandemia, se reabrió la discusión nacional sobre la conveniencia de sostener algunos de esos regímenes.

“Muchas veces es necesaria en algunos países y Costa Rica ha abrazado el tema de exenciones o exoneraciones para dinamizar una actividad económica, cuyo beneficio está por encima de ese gasto tributario. Pero es importante el análisis de ese gasto y eso es lo que permitiría este mecanismo por ahora”, agregó.

Viales agregó que esos incentivos no pueden otorgarse de forma indefinidos. “El país debe darse oportunidad de revisar su alcance, si un sector que lo recibió creció para, luego, dar beneficio a otro y no hacer un trato diferenciado”, subrayó.

“Esta discusión nos lleva directamente al debate sobre el gasto tributario, sobre la pertinencia de las exenciones presentes y de contar con una herramienta que permita la revisión de la vigencia. Tanto la necesidad que formuló en un principio que existieran esas exenciones como su vigencia en el tiempo”, dijo.

Delgado cree que las exoneraciones fiscales, tras la reforma tributaria del 2018 que amplió la base impositiva y cambió el impuesto de ventas por el de valor agregado, habrían disminuido en 2,3% del PIB.

“Asimismo, la primera declaración del impuesto sobre la renta con la nueva ley es para el periodo 2020 y, con el cambio de periodo fiscal, se presenta en marzo 2021”, explicó el funcionario.

Luego le siguieron las asociaciones con ¢37.433 millones (0,11 del PIB), personas jurídicas creadas por leyes con ¢36.801 (0,11% del PIB) y las cooperativas con ¢21.746 millones (0,6% del PIB).

Recaudación de impuestos acumuló caída de ₡460 mil millones en octubre

Fuente: CR Hoy

La recaudación tributaria acumuló en octubre una caída de ₡460.080 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esto equivale a una reducción del 1,32% del Producto Interno Bruto (PIB); o lo que es lo mismo un 11,99% menos que el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el reporte de ingresos y gastos emitido por el Ministerio de Hacienda este viernes, la caída que reportan los ingresos tributarios a octubre del 2020 es la más grande de los últimos 13 años, y supera la registrada a octubre del 2009, la cual alcanzó un decrecimiento de 8,14%.

Por impuestos esta fue el comportamiento:

IVA

La recaudación cayó un 6,08% equivalente a ¢80.700 millones o  un 0,23% del PIB.

Se achaca especialmente la caída en el impuesto en aduanas de un -19,27% y un menor crecimiento de la recaudación del IVA interno, la cual se incrementó en apenas un 3,54%.

Impuesto sobre la renta

Decreció un 8,79%; es decir ¢128.934 millones menos. Dentro de este impuesto se contabiliza el  impuesto a las  personas físicas que creció un 9,54%, (¢41.189 millones) , pero hubo un menor aporte de las personas jurídicas (-6,42%) y de remesas al exterior (-10,78%).

Impuesto a los combustibles

Debido en especial a las reducciones en el consumo de combustibles, la recaudación cayó en un 22,27%, lo que significó ¢102.898 millones menos para el fisco.

De acuerdo con los resultados del último mes el déficit financiero acumulado a octubre es de ¢2.498.666 millones o lo que es un 7,17% del PIB.

Este monto es un 1,67 puntos porcentuales mayor al registrado en el mismo periodo de 2019.

 

Canadá eleva queja contra Costa Rica ante la OMC por elevado arancel del azúcar

Fuente: CR Hoy

El gobierno canadiense elevó una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Costa Rica, debido a que el país elevó el arancel del azúcar, en una medida proteccionista que tomó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La queja consiste en solicitar el derecho de suspensión. Esta es una medida que pueden tomar los países que se sienten afectados por un arancel alto para – de la misma forma- elevar los impuestos de importación a otros productos que reciba de ese país.

En este caso, Canadá recibe de Costa Rica productos como café, piña, dispositivos médicos, papaya, yuca y azúcar.

La notificación fue comunicada ante el Consejo de Comercio de Mercancías el pasado viernes 13 de noviembre.

Este es el segundo país que toma esta decisión. Antes lo había hecho Brasil el pasado 16 de octubre.

Victoria Hernández, ministra de Economía, tomó la decisión este año de mantener elevado el arancel del azúcar en un 76,35%. Según denunció Maquila Lama, principal importadora del producto en el país, se hizo apartándose de los criterios del equipo técnico que hizo la investigación, supuestamente sin que existieran razones para incrementar el arancel.

No es la primera vez que la Ministra asume medidas sumamente proteccionistas. Este año también lo hizo con el mercado del arroz, cuando decidió firmar un acuerdo con este gremio para mantener sus privilegios, a pesar de que la ministra de Planificación Pilar Garrido venía hablando de una liberalización de precios.

 En el caso del azúcar, la solicitud de reducción del arancel había sido solicitada por Maquila Lama.

“Hoy estamos enfrentando esta situación porque una funcionaria tomó una decisión apartándose de todo criterio técnico de ahí que insistimos en que los montos fijados resultan altos y desproporcionados2, dijo el gerente general de La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval.

 

Gobierno propone agilizar cobros administrativos y judiciales a contribuyentes morosos

Fuente: La Nación

El Gobierno les pedirá a los diputados acortar los procedimientos de cobro administrativo y judicial que emprende el Ministerio de Hacienda contra los deudores de impuestos.

Para hacerlo, la Asamblea Legislativa tendría que modificar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y eliminar la repetición de dos etapas del proceso cobratorio, la cual causa que dichos trámites se extiendan.

Según Hacienda, actualmente, el proceso de cobro inicia cuando la Dirección General de Tributación notifica la deuda e inicia una serie de gestiones. Si el obligado sigue sin pagar, el caso se remite a la Dirección General de Hacienda, la cual ejecuta una etapa similar.

Es hasta después de esta segunda ronda de trámites que Hacienda puede acudir a los Tribunales de Justicia para demandar al deudor.

Esta mecánica, según el mismo Gobierno, es redundante.

“Se requiere un proyecto de ley que simplifique el procedimiento para evitar duplicidades en etapas que no agregan valor y que demoran la recuperación de las deudas”, es la conclusión del Ejecutivo.

La cita está en el documento público que el Gobierno sometió a consideración de los integrantes del diálogo multisectorial, como parte de las posibles medidas para solventar la crítica situación de las finanzas públicas.

El planteamiento es uno de los que se discutirán en la sesión del diálogo de este viernes, la cual se dedicará a buscar soluciones a la evasión, la elusión, el fraude fiscal y la eficiencia tributaria. Para ese tema, los sectores presentaron un total de 274 propuestas.

En su propuesta, el Ejecutivo afirma que la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios es uno de los tres elementos que requiere para “ejercer una acción cobratoria efectiva en la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda”.

Los otros dos, dice, son “mejoras inmediatas en los procedimientos” y una optimización de sus sistemas de información.

La Asamblea Legislativa ya atendió este último requerimiento, con la aprobación en primer debate del préstamo de $156 millones con el Banco Mundial que le permitirá a Hacienda mejorar sus sistemas tributarios, aduaneros y de pagos, con el fin de combatir la evasión de impuestos.

El documento del Gobierno no especifica cuánto dinero adicional podría recaudar con esta estrategia. Sí estima que la implementación sería gradual y tomaría tres años.

Otra de las propuestas del Ejecutivo consiste en presentar varios proyectos de ley para mejorar los procesos de control tributario que fiscalizan si las declaraciones de los contribuyentes son veraces.

En tanto que las medidas sugeridas por los sectores incluyen el levantamiento del secreto bancario, endurecer los castigos para los evasores y mejorar los controles en aduanas.

Plantean subir IVA y quitar exoneraciones en canasta básica para atender crisis fiscal

Fuente: CR Hoy

En una carta abierta dirigida al mandatario Carlos Alvarado y al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales lanzó una nueva propuesta para atender la crisis fiscal.

La propuesta consta de varios apartados en los cuales se incluyen nuevos impuestos temporales, pero se deja en claro que cualquier decisión debe estar acompañada estrictamente de una lucha por la disminución del gasto.

El plan propone, entre otras cosas, elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en al menos dos puntos porcentuales, así como eliminar la exoneración de este impuesto que existe sobre los productos de la canasta básica.

En compensación, se establecen algunas reducciones para favorecer a trabajadores independientes y patronos mediante reducciones en las cargas sociales, así como establecer plazos y moratorias para que se puedan regularizar las deudas existentes con la Caja Costarricense del Seguro Social.

“Una de las acciones necesarias y pertinentes, para incentivar la formalidad lo es reducir los costos de formalidad, entre los que se encuentra las altas cargas sociales patronales y a los trabajadores independientes. Por ello, múltiples estudios han señalado, entre los que destacan los de la OCDE, que es necesario reducir las cargas sociales patronales al menos en los componentes que no corresponden a la Caja Costarricense de la Seguridad Social… Asimismo, se requiere un tratamiento de los trabajadores independientes igualitario en relación con los asalariados, sin que sea legítimo cobrarles una contribución patronal encubierta. También se requiere que se detengan los cobros retroactivos de muchos años hacia atrás que ha venido practicando la CCSS con fundamento legal indebido, apropiándose sin base legal de las reglas del impuesto sobre la renta, con base en una tarifa que duplica la de los asalariados y en violación del principio de confianza legítima”, indica la nota, firmada por Adrián Torrealba, presidente del Instituto y Gabriela González secretaria interina de la organización.

Este es el resumen de su planteamiento:

Disminución del gasto

  • Reducción sustancial de gastos en el presupuesto que no sean imprescindibles para el
    funcionamiento de las instituciones.
  • Fusión de instituciones públicas con duplicidad de funciones.
  • Aplicación estricta de la regla fiscal y sin excepciones.
  • Implementación obligatoria del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en todas las
    instituciones del Estado.
  • Ley de Empleo Público aplicable a los trabajadores actuales.
  • Modificación del Régimen de Pensiones, para considerar la totalidad de los años de cotización de los empleados y no sólo los últimos 5 años.
  • Renegociación de la deuda interna en poder de instituciones públicas y fondos de pensión.
  • Convertir empresas públicas rentables como el INS y el BCR en sociedades anónimas para
    implementar un canje de deuda pública por acciones en dichas instituciones.

Reactivación económica

  • Diminución de las altas cargas contributivas para trabajadores independientes: abrir un plazo para regularizar deudas de la seguridad social a una tarifa igual a la de los trabajadores asalariados.
  • En el caso de las cuotas patronales, eliminar las cargas correspondientes a instituciones.
    distintas de la CCSS y permitir amnistía que excluya cobro de intereses y multas y excluyente estas últimas cargas.
  • Reducir el 8% de cargas patronales que no está dirigido a financiar al sistema de seguridad social.
  • Instrumentos de capitalización de empresas: las aseguradoras, las operadoras de pensiones y el Sistema de Banca para el Desarrollo tomen la decisión de promover herramientas de inversión patrimonial.
  • No incremento de tarifas de Impuesto sobre la Renta a personas físicas o jurídicas.

Lucha contra la evasión fiscal

  • Reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios Código Tributario para introducir un catálogo de responsabilidades solidarias y subsidiarias a la luz del Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
  • Proyecto de Hacienda Digital.
  • Modelo de Agencia Tributaria con mayor nivel de autonomía, con régimen de contratación y
    movilidad del personal basado en exámenes que midan conocimiento en materia tributaria y
    programas de capacitación permanente.
  • Revisar el Título VI del Código de Normas y Procedimientos Tributarios a la luz de la Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario.
  • Introducir mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje como medios de resolver alternativamente el conflicto tributario.
  • Establecer, en la Defensoría de los Habitantes, la figura del Defensor del Contribuyente.

Propuestas de Impuestos

  • Debe avanzarse hacia una diferenciación entre el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas.
  • Revisar la exención del Impuesto sobre la Renta a las Cooperativas.
  • Eliminación de la exención del Impuesto sobre la Renta en beneficio de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional.
  • Incrementar la tarifa del IVA en el porcentaje necesario para atender las obligaciones de pago del Estado (2 puntos porcentuales, por ejemplo), en forma temporal.
  • Eliminar exenciones incluyendo las de la canasta básica.
  • Subir tarifas reducidas en educación y salud (6%, por ejemplo).
  • Impuesto a las transacciones financieras también conocido como Tasa Tobin o Tobin Tax:  seguir las últimas tendencias de gravar no todas las transacciones financieras, sino solo algunas selectivamente escogidas.
  • Alternativamente, gravar las transacciones en general, pero exonerando rubros tales como pagos en tarjetas débito y crédito, pago de impuestos, pagos de planilla, transacciones entre cuentas del mismo titular.

Avance de proyecto de ley que ordena, controla y regula exoneraciones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró hoy que el dictamen de manera positiva y por unanimidad emitido este miércoles por la Comisión de Asuntos Hacendarios, sobre el Proyecto de Ley de Regímenes y Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos (Expediente N°19.531), es un paso fundamental en el esfuerzo que realiza el Gobierno por ordenar, controlar y regular estos beneficios fiscales. 

“En medio del contexto fiscal que enfrentamos, el apoyo de los señores y las señoras diputadas para dotar al Ministerio de Hacienda de un régimen sancionatorio en materia de exoneraciones, que permita reforzar los controles para el uso adecuado de este gasto tributario, resulta muy importante en el esfuerzo por mejorar la recaudación de impuestos y el control del gasto público.  Esperamos que, de igual manera, este proyecto cuente con el respaldo requerido en el Plenario Legislativo, lo que nos permitirá contar, esperaríamos que muy pronto, con esta nueva ley tan necesaria para el país”, destacó el Jerarca.

Además de ordenar las exoneraciones haciéndolas más transparentes y temporales, este proyecto dictaminado hoy, tras cinco años de haber ingresado a la corriente legislativa, establece sanciones especificas por mal uso y destino, por omisión en la presentación de informes y por falta de pago en la liquidación de tributos.

También, define responsabilidades directas para quienes participan en los diferentes procesos de su otorgamiento, con lo cual se busca la transparencia necesaria para garantizar que este beneficio llegue únicamente a quien establece la ley.

Otra de las disposiciones de esta iniciativa es fortalecer los procedimientos internos del Ministerio de Hacienda sobre los procesos de revisión para liberar y liquidar los bienes exonerados, lo que implica un seguimiento exhaustivo de toda iniciativa de ley que proponga la creación o modificación de exoneraciones, una medición de su impacto sobre los ingresos públicos y la revisión de las fuentes de los recursos que se utilizarán para cubrir cualquier nuevo gasto tributario.

Hacienda Digital aprobado en primer debate

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Asamblea Legislativa aprobó ayer, en primer debate, el proyecto “Hacienda Digital para el Bicentenario”, que transformará, modernizará, y digitalizará la gestión de la institución, para facilitar el pago de impuestos, contar con mejores herramientas para identificar la evasión fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público, la gestión de la deuda y brindar un mejorar servicio orientado al contribuyente.

“Agradecemos a las y los legisladores que con su voto afirmativo nos dan la oportunidad de transformar nuestros sistemas y servicios para beneficio de la ciudadanía y del país. Con Hacienda Digital caminamos hacia la ruta del fortalecimiento institucional, dentro del cual contar con herramientas tecnológicas significa mejorar nuestras acciones de inteligencia en la lucha contra la evasión y los controles sobre el presupuesto nacional y el gasto público”, expresó Elian Villegas, ministro de Hacienda

Para el desarrollo de este proyecto, el Ministerio cuenta con el apoyo económico del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que autorizó un crédito por US$156.640.000 (ciento cincuenta y seis millones, seiscientos cuarenta mil dólares) (equivalente al 0.25% del PIB), con una tasa de retorno de 142%, por mejoras en la eficiencia y en los ingresos adicionales. 

Con el objetivo de avanzar hacia la transformación digital y de gestión, incluye el diseño de todos los servicios bajo un modelo centrado en las personas, digitalizado, inclusivo, seguro, transparente, enfocado en la experiencia del usuario y la protección de sus datos.

Mediante su implementación la institución tiene previsto:

• Implementar un sistema de administración financiera integral que permita mejorar la eficiencia del gasto público y las prácticas de sostenibilidad fiscal, mediante la alineación de políticas y la implementación de soluciones informáticas robustas.

• Incrementar el cumplimiento tributario mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que permitan automatizar los procesos tributarios centrales, combatir la defraudación, optimizar la eficiencia operativa y la efectividad de la administración tributaria, que se deriven en mejoras de los servicios a los contribuyentes.

• Automatizar los controles aduaneros y procedimientos de despacho de mercancías para propiciar la facilitación del comercio y mejorar el entorno empresarial, sin comprometer la recaudación de ingresos.


• Fortalecer el entorno institucional y operativo del Ministerio de Hacienda, promoviendo su interoperabilidad, la adopción de mejores prácticas y renovando sus esquemas de conectividad y seguridad.

• Permitir mejoras sustantivas en la gestión de presupuesto, de la deuda y contabilidad; lo que garantizará una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos, fortalecer los controles y la gestión de riesgo, entre otros beneficios. 

“Hacienda Digital conlleva la total transformación de la gestión y la eficiencia institucional a través de los sistemas informáticos, su implementación generará un impacto positivo en la recaudación y distribución de los tributos, así como en la competitividad del país, producto de sistemas de administración financiera pública más eficientes”, aseguró el Jerarca. 

Mesa de diálogo inicia debate para resolver deuda pública, evasión y eficacia tributaria

Fuente: La República

Con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas de la deuda pública, evasión y eficacia tributaria, este miércoles arrancará el debate en la mesa de diálogo que organiza el presidente Carlos Alvarado.

El viernes se analizarán los temas referentes a la evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria y para finalizar la semana, el sábado se estudiará la cuestión de los activos del Estado.

La mesa de diálogo multisectorial – que reúne a más de 50 sectores - debate en en el Centro de Convenciones de 9 a.m a 4 p.m.

“Esta semana nos proponemos retomar estas propuestas de los sectores que tienen potencial de alto consenso y de rápido acuerdo, pero sumando tres temas de mucha relevancia a efectos de atender la problemática de las finanzas públicas: deuda pública; evasión, elusión y fraude fiscal y la gestión de los activos del Estado”, dijo Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano.

La idea es avanzar con el análisis y la construcción de acuerdos sobre las propuestas para superar la crisis económica que vive el país.

“Para resolver los problemas que tenemos como país en materia macroeconómica, derivados por la pandemia de la Covid-19, pero yendo también más allá a resolver problemas como el desempleo o problemas como la pobreza y la reactivación económica, se debe construir un diálogo”, dijo el presidente Carlos Alvarado.

La toma de decisiones para aliviar el peso de la deuda es urgente, ya que cada minuto que pasa, el país tiene que pagar ¢4,3 millones en intereses, según Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Las principales bancadas en el Congreso declinaron a participar del diálogo multisectorial.

Se trata de Liberación Nacional, la Unidad, Nueva República y Restauración Nacional, quienes prefieren esperar los resultados de los conversatorios, para materializar los acuerdos en eventuales leyes.

“Al Poder Ejecutivo le corresponde la responsabilidad de liderar el proceso de diálogo; a los diputados nos incumbe darle seguimiento a este proceso, ser observadores y recoger todas las propuestas que surjan de este importante esfuerzo, para su discusión y aprobación legislativa, con el sentido de urgencia que el país requiere”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN.

Acuerdos

La mesa de diálogo ya generó 24 acuerdos. Estos son algunos de ellos:

  Promover mejoras tecnológicas
  Fortalecer sistema integrado de compras públicas
  Combatir evasión fiscal
  Mejorar la gestión de riesgo en materia de cánones y derechos de licencia
  Solicitar a la Asamblea Legislativa priorizar la reducción de la deuda política en al menos un 40%

Desaparece obligación de declaración para sociedades inactivas

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Una nueva resolución de la Dirección General de Tributación, la DGT-R-038-2020, publicada esta semana en la Gaceta, aclara que las sociedades inactivas deberán de presentar declaración de renta a partir de este año.

“Se establece que, al tener que presentar el formulario D-101, las sociedades inactivas no tienen por qué presentar una declaración adicional, por lo que finalmente desaparece este sin sentido que duplicaba esfuerzos. Eso sí, se tendrá que completar correctamente el balance de situación incluido en el formulario D-101 respecto de los activos y pasivos de las sociedades inactivas que se tratarían como declarantes y no contribuyentes”, comentó el MDT. Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Además de esta modificación, la resolución DGT-R-038-2020 ha establecido un par de cambios adicionales muy importantes que tendrán que tener presentes los representantes de las sociedades inactivas.

El primero de ellos se refiere a la imposibilidad de estas sociedades de emitir comprobantes electrónicos. Esto es una obligación única de las sociedades que sí tienen actividades que impliquen dicha emisión. De manera que si una sociedad es inactiva y desea facturar tendrá que cambiar su condición tributaria y convertirse en contribuyente formal.

Adicionalmente, la resolución estipula que dichas sociedades no podrán obtener patentes de funcionamiento, lo que el experto considera un absurdo jurídico.

“La administración tributaria no tiene potestad para definir a qué sociedad se le otorga una patente y a cuál no, esto es una postestad de los gobiernos locales”, comentó Volio.

Actualidad Tributaria realizará un seminario dirigido a contadores públicos y privados, para capacitarlos en el tema de sociedades inactivas. El mismo se llevará a cabo el 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Para más detalles los interesados pueden ingresar a www.seminariosdeactualidad.com.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 27 años de experiencia en el tema.

Hacienda logra exitosa colocación de títulos por monto superior a los ¢132 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda colocó este lunes 9 de noviembre, en el mercado primario, ¢132.272 millones, en monto nominal, por medio de una subasta competitiva de valores de deuda interna. En el evento de este lunes, los inversionistas ofrecieron un monto total de ¢137.268 millones.

Con esta asignación Hacienda alcanzó el 80.6% del monto máximo de colocación por ¢1,8 billones, anunciado el pasado 25 de agosto, durante la presentación del plan de endeudamiento para el segundo semestre del año.

“Esta subasta confirma la confianza del sector financiero sobre el manejo de las finanzas públicas y viene a demostrar la resiliencia del mercado de deuda pública interna para cerrar la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central. El compromiso de alcanzar una cifra menor de déficit financiero proyectado se mantiene vigente y estamos abocados por alcanzar una cifra menor para finales del año” expresó Isaac Castro, viceministro de Egresos.

Por medio de la gestión realizada este lunes, se colocaron títulos de propiedad deuda interna tasa fija en colones, con vencimiento en 2024, 2026 y 2031. El rendimiento máximo asignado para la serie con vencimiento en el 2024 fue del 6,32%, para la serie que vence en 2026 del 8,00% y del 9,34% para la serie que vence en el 2031.
 
La colocación de títulos según su año de vencimiento fue la siguiente: 

De acuerdo con la Tesorería Nacional, a la fecha Hacienda ha logrado colocar títulos en colones en el mercado primario, por un monto de ¢1.450.860 millones durante el segundo semestre, esto ha permitido satisfacer las necesidades del financiamiento, sin presionar al alza las tasas de interés, con el consecuente beneficio para el mercado local. 

CABYS será de uso obligatorio para contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos

Fuente: Ministerio de Hacienda

A partir del 1 de diciembre del 2020, todos los contribuyentes del impuesto al valor agregado que emitan comprobantes electrónicos, deberán utilizar obligatoriamente el Catálogo de Bienes y Servicios (CAByS) que pusieron a disposición el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica, desde mayo del presente año.

CAByS es un listado oficial de códigos de bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, agrupado por categorías y cuenta con la tarifa referencial del IVA, de conformidad con la legislación vigente.

Los bienes y servicios del catálogo se identifican con un código único de 13 dígitos, lo que permite su individualización. Parte de 10 categorías generales hasta ampliarse a más de 20 mil productos.

CAbyS también estará integrado al Sistema Exonet, por lo que en los próximos días se realizarán una serie de cambios en el formulario “Solicitud de Exención de Impuestos Locales Genérica”, los cuales entrarán en vigencia el 01 de diciembre. 

Al referirse a los beneficios de este catálogo para los contribuyentes, Carlos Vargas, director general de Tributación aseguró que al ser una nueva herramienta automatizada les facilitará el cumplimiento voluntario, identificará los bienes y servicios con una tarifa IVA de referencia, agrupará los bienes y servicios en categorías, y les facilitará el control de inventarios y de las transacciones.

Para Hacienda, la entrada en operación de este catálogo mejorará los controles y la lucha contra la evasión, al unificar la información declarada por los contribuyentes y facilitar la trazabilidad.

Como parte del proceso de preparación a los contribuyentes, desde junio la Administración Tributaria ha venido desarrollando una campaña informativa por medio de charlas virtuales abiertas al público, avisos en redes sociales y participación en medios de comunicación y en Facebook Live. También, puso a disposición el correo electrónico cabys@hacienda.go.cr para la atención de consultas.

Toda la información sobre este Catálogo está disponible en la página web del BCCR (www.bccr.fi.cr), sección “Indicadores Económicos” (https://www.bccr.fi.cr/seccion-indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios#DeltaPlaceHolderMain) y en el sitio web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr), botón destacado “CAByS”, ubicado sobre el banner de avisos.

Malas noticias: espacio fiscal del Gobierno se agota cada vez más

Fuente: CR Hoy

Las malas noticias fiscales no cesan para el Gobierno. La Contraloría General de la República (CGR) publicó su análisis sobre la situación financiera al 30 de setiembre pasado, concluyendo que el espacio fiscal se agota cada vez más temprano en el año. 

Al cierre de setiembre pasado el Gobierno cerró con un déficit financiero de ¢2,3 billones lo que confirmó el acelerado detrimento de las variables fiscales durante el 2020, un pésimo año para la economía costarricense y para las finanzas estatales.

Las cifras del tercer trimestre del 2020 son elocuentes en ese sentido al compararlas con las que experimentó el Gobierno durante el mismo periodo del 2019.

El déficit financiero (diferencia entre los ingresos sin financiamiento y los egresos sin amortización) era de ¢1,7 billones en setiembre del año pasado. El incremento para el mismo periodo del 2020 fue, entonces, equivalente a 0,9 puntos del producto interno bruto. 

La compleja situación que ha tenido que enfrentar el Gobierno durante los últimos meses con la caída de sus ingresos y el aumento de sus gastos en el contexto de la pandemia del COVID-19, y la reducción en el pago de los impuestos debido a la desactivación de la producción en múltiples sectores, vinieron a profundizar las debilidades que ya existían en la recaudación de impuestos y en la rígida estructura de gastos del Gobierno, determinó la Contraloría en su informe sobre los resultados financieros al tercer trimestre.

“Ese poco espacio de flexibilización del presupuesto se refleja en la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes que alcanza ¢2,1 billones al mes de setiembre 2020, monto que supera ya en ¢258.436 millones al déficit de cuenta corriente presentado al 31 diciembre 2019.

“Este desequilibrio se observa desde el presupuesto inicial, de modo que para 2020 los ingresos corrientes solo cubrían el 51,9% del gasto total presupuestado; porcentaje que fue disminuyendo a lo largo del año por las diversas modificaciones presupuestarias efectuadas. Es decir, desde la misma formulación del presupuesto, los ingresos corrientes y de capital solo eran suficientes para financiar las operaciones del Gobierno Central hasta poco después de la mitad del ejercicio económico -si se ejecuta el total del presupuesto-“, confirmó la Contraloría.

Las luces de alarma se encienden pues el funcionamiento del Gobierno en la mitad del periodo depende de su capacidad de acceder a fuentes de financiamiento externas e internas, aumentando su ya de por sí altos niveles de endeudamiento, que ha subido en 9,9 puntos del PIB en solo 9 meses, desde finales de setiembre del 2019 hasta setiembre del 2020.

Sobre la recaudación de impuestos, la Contraloría indicó que esta ha sido decreciente desde el mes de abril pasado, aunque las tasas de variación de la recaudación acumulada en los meses de agosto y setiembre pasados, al compararlas con las de los mismos meses del 2019, sugieren que se está estabilizando el ritmo de la caída.

“Uno de los principales tributos, el impuesto al valor agregado (IVA), muestra un deterioro respecto a la recaudación acumulada al mes anterior, al pasar de caer un 5,2% en agosto del 2020, a un 5,8% a setiembre de este mismo año“, indicó la Contraloría.

 

Déficit del Gobierno creció 2 puntos del PIB en un año

Fuente: CR Hoy

El déficit financiero del Gobierno creció en dos puntos del producto interno bruto (PIB) en el transcurso de un año, reveló la Contraloría General de la República (CGR) en su monitoreo sobre la situación fiscal del Gobierno al 30 de setiembre.

La institución contralora determinó que mientras en esa fecha del 2019 el déficit financiero fue de un -4,7% del PIB, mientras que al cerrar setiembre del 2020 este fue de un -6,7%; cada punto porcentual del PIB equivale a más de ¢380.000 millones.

En el tercer trimestre del 2020, según la entidad, el deterioro de las finanzas públicas fue “significativo”. Mientras en el mismo periodo del 2019 el indicador cerró en un faltante de ¢1,7 billones en las arcas del Estado, este año la brecha se ensanchó hasta llegar a ¢2,3 billones, creciendo un 0,9% del PIB.

Aunque la Contraloría estimó que la situación empeoró por los efectos de la emergencias sanitaria del COVID-19 en la economía, también destacó que el mal estado de las finanzas públicas tiene su origen en las debilidades ya existentes de previo a la emergencia en la recaudación de impuestos y por la rigidez de las estructuras de gasto del Gobierno.

 

“Ese poco espacio de flexibilización del presupuesto se refleja en la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes que alcanza ¢2,1 billones al mes de setiembre del 2020, monto que supera ya en ¢258.436 millones al déficit de cuenta corriente presentado al 31 de diciembre del 2019”, explicó la Contraloría.

En este contexto de rápido deterioro fiscal, el Gobierno intenta generar acuerdos con diversos sectores de la población para aumentar sus ingresos vía recaudación de impuestos y recorte del gasto público.

Sin embargo, la oposición legislativa, por ejemplo, ha señalado que el Poder Ejecutivo no ha hecho esa última tarea con la profundidad que requieren las peligrosas circunstancias actuales.

 

Hacienda declara desierta subasta inversa de bonos donde pretendía comprarlos antes del vencimiento

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda decidió, este miércoles 4 de noviembre, declarar desierta una subasta inversa para pagar, de forma anticipada, bonos de deuda interna. La razón fue que los inversionistas exigieron más dinero del que se dará cuando venzan, el próximo 18 de noviembre.

Mauricio Arroyo, subtesorero Nacional, confirmó que la oferta recibida en la subasta inversa no fue satisfactoria para la institución y, por esa razón, no asignaron ningún monto.

“La subasta inversa pretendía adelantar parte el vencimiento que tenemos para proveer liquidez en moneda extranjera al mercado, en general. Pero dadas las condiciones de precio que se ofrecieron no fueron del interés del Ministerio de Hacienda, debido a las condiciones vigentes en el mercado”, explicó Arroyo.

Hacienda convocó a los tenedores de los títulos para realizar el pago anticipado de $223 millones, pero solo recibieron ofertas por $74,6 millones; a un precio entre el 0,10% y el 0,19% mayor al que se pagará en dos semanas, se detalla en el hecho relevante que informó sobre el cierre de la subasta.

La subasta inversa corresponde a una compra por medio de oferta pública, de valores en circulación. Esto le permite a la Tesorería Nacional pagar anticipadamente parte de la deuda que está pronta a vencer y disminuir la presión sobre el flujo de caja.

“Los inversionistas, en promedio, ofertaron vender a Hacienda a 0,13%, en promedio, pero el Ministerio no quiso pagar el adicional, pues se tiene que pagar el valor al 100% en unos días, más los intereses. Entonces no hacía sentido reconocer un sobreprecio”, explicó Freddy Quesada, gerente de INS Valores.

Para el economista Vidal Villalobos la decisión de Hacienda fue la correcta, pues no se justificaba pagar un premio por vencimientos a punto de cancelarse.

Abuso en utilización de sociedades instrumentales pone en la mira a contribuyentes


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Un aumento en las auditorías por incrementos injustificados de patrimonio han sido identificados por parte del equipo de Actualidad Tributaria, que podría explicarse por el abuso que se ha dado en la utilización de las llamadas sociedades instrumentales para la inscripción de bienes muebles como vehículos o inmuebles, a veces de muy alto valor fiscal.

“Para nada es ilegal utilizar las sociedades instrumentales para inscribir bienes, es una práctica común. El problema ha sido el abuso de este recurso, y un abuso que además se ha realizado por recomendaciones de dudosa valía, que hacen parezca un incremento injustificado del patrimonio, en lugar de una simple inscripción”, comentó el MDT. Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

La preocupación de muchos clientes de Volio podría venir del aumento en las auditorías que la Dirección General de Tributación ejecuta en esta línea, permitidas por la ley pues para la Administración, a veces el uso de estas sociedades instrumentales podría indicar incrementos injustificados de patrimonio, una primera alerta de atención a la hora de escoger a qué contribuyente someter a una auditoría.

“Hay personas, empresarios, de todos los tamaños,  profesionales y similares que, mal asesorados, van e inscriben un bien en una sociedad instrumental, pero resulta que dicha sociedad nunca declaró renta, entonces la Administración lo podría ver como un capital de dudosa procedencia y ahí es cuando se corre el riesgo de ser señalados de evasores”, comentó Volio.

El experto recomienda que, ante la constante profesionalización y fortalecimiento de la Administración, el contribuyente debe hacer lo correcto a la hora de inscribir sus bienes y atender su patrimonio.

Aconseja llevar un correcto registro de los ingresos y egresos, así como acudir a una asesoría seria a la hora de adquirir y registrar un bien.

“La administración siempre estará atenta de aquellos que parezcan o den la impresión de querer evadir, es su función, más en tiempos como estos. Entonces, los contribuyentes debemos comportarnos siempre de manera que no demos esa impresión y eso se logra teniendo todo en orden”, sentenció Volio.

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 27 años de experiencia en el tema.

Exministro advierte que hay un hueco de $2 mil millones para cerrar 2020

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, advirtió que hay un “hueco” o faltante de recursos para este año que alcanza casi los $2 mil millones, los cuales el gobierno todavía no ha dicho cómo va a llenar.

De acuerdo con Chaves, se trata de recursos no solo para el pago de títulos o vencimientos de deuda sino también de flujo de caja; es decir, para poder completar el pago de salarios y aguinaldos.

Esto a pesar de que el ministro de Hacienda Elian Villegas afirmó el viernes anterior que el país no está en riesgo de default y le hará frente a todos los pagos.

“Un default es es una situación en la que el Estado no puede cumplir sus obligaciones con sus empleados, con sus proveedores, con los inversionistas, y la causa es que falta recursos, falta de voluntad… a nosotros las calificadoras nos declararían el default si no alcanza la plata para pagarle a los empleados públicos”, advirtió Chaves.

Según dijo el exfuncionario – invitado este martes en el programa Enfoques- el país enfrenta el problema de que alrededor de $1.300 millones propuestos en el plan de financiamiento de este año se encuentran todavía pendientes de aprobar con los préstamos internacionales congelados en la Asamblea Legislativa.

Además, los mercados locales están mostrando signos de incertidumbre, en donde los títulos en dólares han tenido que ser declarados desiertos y Hacienda ha tenido que recurrir a subastas extraordinarias para poder completar las captaciones en colones.

La semana anterior Hacienda salió a anunciar que ya tenía $233 millones para pagar un bono internacional con vencimiento en este noviembre, pero no habló sobre el resto de necesidades de financiamiento. Solo en títulos noviembre y diciembre representan más de ₡900 mil millones.

“Faltan $2 mil millones, el gobierno no ha dicho de dónde van a salir y lo que dijo el Ministro (Villegas) es que tenían $233 millones para un bono internacional, pero ¿y los otros $1.800?... no entiendo qué es lo que el gobierno pretende hacer para cerrar el año”, señaló.

De acuerdo con Chaves el gobierno peca de no hablar de manera clara y transparente sobre la situación financiera del país. No solo por lo que pueda ocurrir de aquí al 31 de diciembre, sino también el próximo año cuando las necesidades de recursos se eleven por encima de los $11 mil millones.

Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) solo permitiría adquirir unos $700 millones ese primer año lo cuál abriría la puerta a financiamiento de otros organismos internacionales y eventuales colocaciones de eurobonos, pero sin el acuerdo con el FMI, estas puertas prácticamente se cerrarían.

Pese a ello el mensaje del gobierno sobre el FMI se ha vuelto difuso y ya ni siquiera se habla de acudir al FMI a como se hablaba con tanta seguridad antes del 17 de setiembre.

Respecto a varias propuestas que han surgido en los últimos días de buscar la sostenibilidad fiscal sin necesidad de nuevos impuestos, el exfuncionario mostró dudas sobre las cifras y cuestionó que sea sostenible a largo plazo, ya que no se estarían planteando reformas estructurales que arreglen el problema que lo ocasionó, como por ejemplo las costosas transferencias a algunas instituciones estatales.

 

Subir impuestos y permitir capital mixto en empresas como el ICE recomiendan abogados y economistas

Fuente: La República

Elevar la carga impositiva y permitir capital mixto en empresas como el ICE, INS, y Banco de Costa Rica, son algunas de las recomendaciones que hicieron ayer el Colegio de Abogados y el Colegio de Ciencias Económicas.

Mitigar el impacto del déficit fiscal y disminuir el peso de la deuda, para así impulsar la economía y generar nuevos empleos, son los objetivos de los gremios profesionales.

En cuanto a materia tributaria, se recomienda aprobar la renta global para el 2023, así como el impuesto a las rentas de capital, que gravan con el 15% las ganancias de capital dado que no aplicaba sobre los títulos ya negociados a cierta fecha.

Asimismo, debe validarse la renta mundial y como medida de emergencia “transitoria”, se podría utilizar la autorización existente con que cuenta el Poder Ejecutivo para subir las tarifas de los impuestos de consumo hasta un máximo de 20 puntos porcentuales.

“Sabemos que los impuestos son materia impopular, el recorte de gastos también genera oposición de quienes se beneficiaban. Por ello, presentamos una propuesta balanceada entre ingresos y gastos, menos recargada en impuestos que la presentada por el Gobierno, pero también incluimos elementos para la reactivación económica y medidas para reducir la evasión”, explicó Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas.

Otras de las propuestas incluyen rebajar el costo de la energía y las tarifas que se cobran en los puertos de Moín, además de una amnistía de cargas sociales para mipymes y trabajadores independientes en la Caja del Seguro Social.

La aplicación de la regla fiscal, el establecimiento de un sistema único de compras, la reducción del Estado y la reprogramación de la deuda pública, son otras propuestas.

“Es competencia del Colegio velar por que haya una justicia tributaria. Además vamos a verificar la legalidad de las decisiones para que no tengan roces constitucionales y, que, si eventualmente hubiera que hacer modificaciones legislativas, estas sean acordes al ordenamiento jurídico”, agregó Álvaro Sánchez, Presidente Colegio de Abogados y Abogadas.

Para los gremios profesionales, es de vital importancia que se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por eso hay que presentar en el periodo de sesiones extraordinarias que arranca en diciembre, una hoja de ruta clara.

Las propuestas

Estas son algunas de las recomendaciones

  Convertir a empresas públicas tales como Kölbi, Banco de Costa Rica y el INS, en sociedades de capital mixto bajo derecho privado
  Reducir tarifas del ICE y APM Terminals
  Aprobar amnistía para mipymes y trabajadores independientes en la Caja
  Utilizar un solo sistema de compras públicas
  Aplicar regla fiscal
  Aprobar ley de empleo público
  Recortar gasto superfluo
  Reprogramación de la deuda interna para extender los vencimientos y lograr una reducción en las tasas de interés
  Rebajar deuda política
  Controlar evasión
  Aprobar la renta global para el 2023 y la renta mundial
  Permitir subir las tarifas de los impuestos de consumo hasta un máximo de 20 puntos porcentuales

Magisterio pagaría cuatro veces más por impuesto a pensiones de lujo en 2021

Fuente: Semanario Universidad

La recaudación de impuestos a las llamadas “pensiones de lujo” al presupuesto nacional podría crecer hasta en un 60% con respecto a años anteriores, producto de las reformas de 2016 y 2018 a las contribuciones obligatorias de los regímenes especiales de pensiones y a los cambios realizados en 2020 a los impuestos solidarios del Magisterio Nacional.

Las pensiones de lujo, de acuerdo con la legislación nacional, son aquellas superiores a la suma de ocho salarios base del escaño más bajo de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, es decir, que supere los ₡2.351.000.

Durante el 2019, la suma de las contribuciones obligatoria, especial, solidaria y redistributiva tanto del Magisterio Nacional como del resto de regímenes especiales de pensiones ascendió a ₡17.739 millones.

En comparación con solo los últimos tres meses del 2020, se han recaudado más de ₡7.109 millones, debido al efecto de la más reciente reforma. Así, en solo un trimestre se alcanzó una contribución al Estado, que supera el 40% de la del año anterior.

A raíz de estos datos, usando una proyección simplificada podría estimarse que para el 2021 los aportes de estos regímenes crecerán en un 60%. No obstante, debe contemplarse que algunas pensiones dejarán de existir en el período, a otras se les aplicarán topes y no deberán contribuir y, además, algunos cobros podrían tener que ajustarse.

Efecto de topes y gravámenes

La Sala Constitucional resolvió, el pasado 8 de octubre, una serie de recursos de amparo que objetaban los topes y gravámenes aprobados en años previos. El tribunal concluyó que el Estado puede fijar topes y establecer impuestos solidarios, y consideró las reformas razonables, especialmente, considerando la situación económica que atraviesa el país.

Solamente encontró que gravar pensiones con más del 50% constituía una violación y ordenó el reajuste de ese tope, que antes estaba en 55%.

Priscilla Gutiérrez, Directora Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que la Sala aún no ha notificado oficialmente a esta dirección, por lo que no han entrado en vigencia los ajustes ordenados.

El Tribunal no suspendió el acto administrativo por lo que, durante el trámite de los recursos, se siguieron aplicando los topes y recaudando las contribuciones hasta el 55% en las pensiones más altas.

Gutiérrez comentó que, en los meses que siguieron a la reforma, se aplicaron topes a varias pensiones, que superan el límite fijado y a otras se les rebajaron las contribuciones correspondientes, que van desde un 20% hasta un 55%.

Las recientes reformas provocaron que el promedio mensual de la recaudación, por concepto de “Contribución Especial, Solidaria y Redistributiva” de las pensiones de lujo, se triplicara al pasar de ₡446 millones mensuales en el primer trimestre, a ₡1.369 millones en el tercer trimestre.

Aportes del Magisterio crecen 332%

En el caso del Magisterio el salto en el incremento fue de un 332%, por encima de la media del trimestre anterior. Entre abril y junio del 2020 se recaudó un promedio mensual de ₡253 millones, pero de julio a setiembre este número alcanzó ₡1.095 millones mensuales en promedio.

Mientras tanto, en el caso de los regímenes especiales, exceptuando al Magisterio, el aumento fue de un 42% en la media mensual. Durante el segundo trimestre se recaudaron en promedio ₡193 millones, mientras que en el tercer trimestre, tras la reforma, este ascendió a ₡274 millones.

Cabe destacar que los aportes de este grupo venían decreciendo, pasando de ₡4.301 millones anuales en el 2017 a ₡2.847 millones en el 2019 (ver gráfico: Contribución de regímenes de pensiones).

Gracias a estos cambios, del total de dinero que se obtiene de los impuestos especiales a las pensiones de lujo, el porcentaje que aporta el Magisterio pasó de ser de un 49,7% a un 70,5%, incluso sin contemplar los últimos meses del año, que aumentarán aún más esa proporción (ver gráficos Distribución de la recaudación por régimen 2019 y 2020).

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, mediante su departamento de prensa, explicó que el Magisterio tiene dos regímenes de pensiones: el Régimen Transitorio de Reparto (cerrado desde 1992 y gravado con impuestos que van de un 25% a un 75%) y el Régimen de Capitalización Colectiva, que es administrado por la Jupema y que no posee pensiones altas.

Priscilla Gutiérrez de la Dirección Nacional de Pensiones explicó que esas consideradas “pensiones de lujo” en el Magisterio, generalmente, no corresponden a docentes de primaria o secundaria, sino que pertenecen a personas catedráticas o antiguas autoridades de universidades públicas.

La jerarca informó que previamente los aportes del Magisterio eran muy limitados pues las pensiones de las personas afiliadas a la institución estaban excluidas del alcance de la Ley 7302 sobre Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, que establecía las contribuciones obligatorias.

Con las nuevas reformas, dijo la abogada, este grupo pasa a aportar “lo justo” para poder financiar otros regímenes destinados a atender las necesidades de poblaciones con bajos ingresos.

Vender acciones de empresas públicas y no aumentar IVA, recomiendan abogados y economistas

Fuente: La República

Que se les dé amnistía en cargas sociales a pymes e independientes por el lado de reactivación, renegociar deuda interna para reducir gasto y aprobar la renta mundial para inversiones pasivas en materia de ingresos, son algunas de las recomendaciones a Carlos Alvarado de parte Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

En su carta, piden no aumentar cargas de impuestos existentes, y de hacerlo, que sea medida temporal por una emergencia nacional.

Asimismo, ponen en la mesa, que la mayoría de acciones de algunas empresas estatales sigan en manos del Estado, pero no todas.

Reactivación

  •La conformación de una mesa multisectorial para la reactivación con el fin de diseñar un plan de acción concreto, con fechas, responsables y rendición de cuentas, a fin de implementar medidas que estimulen la producción.
  •Desembolso a los créditos de las Operaciones Diferidas a Plazo del Banco Central y del Fondo Nacional de Avales para oxigenar los flujos de caja de las empresas y obtener verdaderas reestructuraciones de crédito a largo plazo.
  • La reducción de las tarifas eléctricas del ICE.
  •La renegociación de tarifas de la Terminal de Moín con APM Terminals.
  •Una amnistía de cargas sociales para mipymes y trabajadores independientes en la Caja del Seguro Social.
  •Considerar un crédito fiscal futuro por el pago de cargas sociales de las empresas afectadas por el Covid-19 y que mantienen planillas.
  •Vía rápida para trámites y permisos que permitan incrementar la inversión.
  •Establecer un programa de vivienda popular y para la clase media.
  •La titularización del canon de Japdeva para estimular las inversiones en la región Atlántica.

Reducción del gasto público

  •Uso del SICOP en todo el Sector Público. Con ella, se podría lograr un ahorro anual del 1.55% del PIB.
  •Aplicación de la Regla Fiscal.
  •Medidas administrativas. Emitir directrices que ordenen la sub-ejecución inmediata de gastos superfluos: vehículos, equipos, reparación o construcción de edificios, consultorías, viajes, viáticos, contrataciones, etc.
  •Derogación de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, № 9371 de 2016.
  •Derogación de los destinos específicos con la excepción de aquellos definidos por la Constitución Política.
  •Aprobación de la Ley de Empleo Público que aplicaría para todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo con un esquema de salario único.
  •Reprogramación de la deuda interna para extender los vencimientos y lograr una reducción en las tasas de interés.
  •Reducción de la deuda política en un 50%.
  •Control de la evasión y elusión fiscal.

Reforma y reorganización del Estado que traería una meta de ahorros de 2% del PIB

  •Implementarse a la brevedad el Gobierno Digital y una redefinición de procesos a la luz de la transformación digital. De acuerdo con el Ministerio de Planificación existen 320 mil funcionarios públicos distribuidos en cerca de 350 entidades.
  •Una propuesta lógica de consolidación, eficientización y “downsizing” del aparato estatal con expertos en ingeniería industrial y reorganización de procesos y entidades.

Impuestos

  •No al impuesto a las transacciones financieras por sus distorsiones en la intermediación financiera, y por fomentar la informalidad y el uso del efectivo. Tampoco se considera un aumento de la tasa impositiva del IVA, ni sobretasas a los salarios y utilidades de las empresas, ni aumentos en la tasa de bienes inmuebles.
  •Aprobar la renta global para el 2023. Se trata de consolidar todos los ingresos personales y empresariales, ya sea por salarios, intereses, alquileres, dividendos, etc. Es un impuesto progresivo, es decir recae sobre las personas de mayores ingresos, lo cual incide positivamente en una mejor distribución del ingreso.
  •Aprobar el impuesto a las rentas de capital, que gravan con el 15% las ganancias de capital dado que no aplicaba sobre los títulos ya negociados a cierta fecha. También es un impuesto progresivo.
  •Aprobar la renta mundial para inversiones pasivas con excepciones a residentes extranjeros que se desplazan a vivir a Costa Rica.
  •Como medida de emergencia transitoria se podría utilizar la autorización existente con que cuenta el Poder Ejecutivo para subir las tarifas de los impuestos de consumo hasta un máximo de 20 puntos porcentuales. Solo en un caso de emergencia nacional.

Democracia económica y venta de activos estatales

  •Convertir empresas públicas tales como Kolbi, Banco de Costa Rica y el INS, en sociedades de capital mixto bajo derecho privado, pero sin salir del control público en cuanto a la mayoría de las acciones quede en manos del Estado y, por lo tanto, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.
  •Propiedades y otros activos estatales no utilizados que podrían venderse. En particular, existe un sinnúmero de fincas bien localizadas que bien podrían ser la base para los programas de vivienda.

Hacienda rechaza pedido de comerciantes de retrasar implementación del Cabys

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda declinó retrasar, por un plazo de seis meses, la entrada en vigencia del Catálogo de bienes y servicios (Cabys), con lo cual el uso obligatorio de la codificación en las facturas electrónicas se mantiene para el próximo 1. ° de diciembre.

La entidad pública argumentó que dio un periodo suficiente para la implementación del Cabys, según consta en el oficio DVMI-0436-2020, del pasado 26 de octubre, dirigido a la Cámara de Comercio.

“Se ha otorgado el plazo razonable para realizar los cambios de esta magnitud en los sistemas, motivo por la cual, y en aras de avanzar con implementación del Catálogo de Bienes y Servicios les agradecemos los esfuerzos que realicen en la línea definida en mayo del 2020”, se detalla en la misiva firmada por Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos, de la cual tiene copia La Nación.

La funcionaria destacó que Hacienda y Tributación se abocaron, en los últimos meses, a generar espacios de divulgación, capacitación y atención de dudas a los contribuyentes.


Hernández señaló que efectuaron charlas virtuales, conservatorios con grandes contribuyentes, capacitación con colegios profesionales y atendido consultas sobre el Cabys tanto Hacienda, como el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El Cabys es un listado oficial de 20.303 productos y servicios que será de uso obligatorio en las facturas electrónicas que 550.000 contribuyentes remiten a Tributación cada vez que efectúan una venta en el país.

La Cámara de Comercio solicitó, el pasado 10 de setiembre, brindar una prórroga de seis meses para que las empresas pudieran ponerse al día y cumplir cabalmente con la aplicación del catálogo.

La organización comercial fundamentó su petición en que cumplir con la orden implica cambios a nivel de sistema de facturación y significa gastos económicos y de personal.

La Cámara afirmó, en su solicitud, que muchas empresas operan con la mitad del personal o tiene a sus trabajadores con jornadas reducidas, con lo cual enfrentan dificultades para incorporar la codificación en sus facturas electrónicas.

Facilidades

La Viceministra de Ingresos destacó que la institución ha tomado medida para facilitar la implementación del catálogo.

Por ejemplo, interfaz automatizada para consulta del Cabys, un ambiente de prueba para que los desarrolladores de facturas electrónicas practiquen con el sistema; y aplicar cambios en el facturador gratuito para los contribuyentes que carecen de un proveedor del servicio.

“Todas las actuaciones administrativas que se realizan tienen una especial orientación a cumplir con el mandato de realizar una gestión tributaria eficiente que beneficie de manera progresiva a la sociedad en general”, subrayó Hernández en su misiva.

El Cabys permitirá a Tributación facilitar el control de cobro de impuestos, incrementar la recaudación fiscal y combatir la evasión tributaria.

Estos objetivos se logran porque el fisco sabrá cuál es el producto o servicio que se comercializa en cada uno de los comprobantes electrónicos.

El fisco conocerá el contribuyente que hizo la venta, dónde la hizo y si en la compra el consumidor pagó un impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13%, 4%, 2%, 1% o si estaba exento del tributo.

La información permitirá al Ministerio de Hacienda efectuar cruces de información y corroborar, al final del año fiscal, la declaración de impuestos de la persona u empresa.

 

Recaudación del marchamo será de ¢212.000 millones, 21% menos por reducciones en impuesto y póliza

Fuente: La Nación

La recaudación del derecho de circulación para el próximo año bajará 21% debido a la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos y del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

El Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Ministerio de Hacienda informaron, este lunes 2 de noviembre, de que el monto total a cobrar del marchamo 2021, para 1,56 millones de vehículos, será de ¢211.679 millones, lo cual equivale a una reducción de casi ¢57.000 millones, respecto a los ¢268.518 millones recaudados este año.

La página web del INS, para consulta del monto del marchamo, tuvo contratiempos en los primeros minutos después de su habilitación debido a la saturación de usuarios.

  Un Porsche, modelo 2019, pagará el marchamo 2021 más caro por un monto de ¢8,4 millones, según el INS.

La aseguradora estatal puso a disposición de los propietarios de vehículos 2.212 puntos de pago en todo el país.

Para realizar la cancelación del derecho de circulación se requiere la presentación de la cédula, la placa del vehículo y contar con la revisión técnica al día.
Ajuste en monto

La baja principal en la recaudación se fundamenta en la implementación de la Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021, aprobada en el Congreso el pasado 29 de octubre; y la actualización del valor fiscal de los vehículos.

La legislación avalada por los diputados estableció una reducción de entre el 15% y el 50% en el impuesto a la propiedad en el caso de automóviles que no superen los ¢15 millones.

Adicionalmente, la tarifa del SOA se redujo en 6,1% como consecuencia de la menor siniestralidad en carretera, a raíz de las medidas de restricción aplicadas por la pandemia sanitaria de la covid-19.

Con los cambios, un carro particular con un valor fiscal de ¢5,4 millones, pagará de derecho de circulación ¢116.533; respecto de los ¢205.216 del año anterior, es decir, 43% menos, según la información brindada por el Instituto.

  Un Ford, modelo 1989, pagará el marchamo 2021 más barato por un monto de ¢55.858, según el INS.

“Más allá de poner al cobro el marchamo, nuestro objetivo era lograr este inicio, mostrando la reducción en las tarifas que fueron fijadas por ley, y que las personas afectadas por la pandemia puedan desde hoy cancelar los montos correctos con el rebajo correspondiente”, aseguró el gerente general del INS, Luis Fernando Campos.

La ley aprobada por los legisladores también creó la exoneración del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará a las motocicletas de menos de ¢1 millón.

Con las modificaciones legales, el impuesto a la propiedad de vehículos representa, en promedio, 56% del pago del marchamo para el próximo año; cuando lo usual era que representara el 70%.

El resto de componentes del derecho de circulación son la póliza obligatoria y tasas especiales, municipales e infracciones de tránsito.

La reducción del marchamo 2021 no se aplicará para altos jerarcas del sector público y sus cónyuges, pues así lo determinaron los diputados.

Para este grupo de personas, Hacienda estableció un procedimiento especial de pago en el sitio de autogestión del Ministerio.

Una vez en la web, la persona ingresa el número de placa, completa un formulación sobre la eliminación de la reducción del tributo, finalizada la gestión se enviará un correo con el monto correcto.

Elian Villegas, jerarca de Hacienda, explicó que la medida se implementó porque el sistema de la entidad no permite excluir a las personas exentas de la baja en el impuesto sobre la propiedad de vehículos.

“Deben realizar el proceso, pues si no lo hacen la persona pagará 50 en vez de 100, y sería ilegal”, recalcó Villegas.

Entre los funcionarios excluidos por la ley están el Presidente, los vicepresidentes, ministros y viceministros; diputados, magistrados de la Corte; magistrados del TSE; contralora y subcontralora; presidentes ejecutivos, superintendentes; miembros de juntas directivas de entidades públicas; y alcaldes y vicealcaldes.
Pago digital

Este año, a consecuencia de la pandemia sanitaria, las entidades recaudadoras del marchamo fortalecen el pago en línea del derecho de circulación y el envío mediante Correos de Costa Rica a cualquier parte del territorio nacional.

Un grupo de 11 entidades financieras firmaron un convenio con la empresa pública en el cual se entrega el derecho de circulación en un plazo de entre un día y tres, en el Gran Área Metropolitana; y de cinco días en el resto del país.

La entrega a domicilio tiene un costo que oscila entre los ¢1.980 y ¢2.400, informó Correos en un comunicado.

“Las personas pueden ahorrarse el invertir tiempo y esfuerzo en trasladarse hasta un centro autorizado para pagar su marchamo (…) Este proceso es ahora más sencillo, ya que los clientes pueden realizar el pago en forma remota y recibir el documento en su casa u oficina”, expresó Oscar Calderón Cortés, gerente comercial de Correos.

La entidad pública tiene convenio de envió con el INS, Coopealianza, Promérica, BAC Credomatic, BCR, Grupo Gente, CoopeAnde, Banco Nacional, Mucap, Credit y Coopejudicial.

Marchamo 2021 se pondrá al cobro a partir del mediodía de este lunes 2 de noviembre

Fuente: La Nación

Los propietarios de más de 2,5 millones de vehículos podrán consultar, a partir de este lunes 2 de noviembre al mediodía, el monto a pagar del marchamo 2021.

El Instituto Nacional de Seguros (INS), confirmó que el cobro del derecho de circulación estará habilitado a partir de las 12 p. m., pues el sistema ya incorpora la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos, de entre el 15% y el 50% en autos que no superen los ¢15 millones.

El Ministerio de Hacienda efectuó, durante este fin de semana, los cambios en sus bases de datos para aplicar la baja en el tributo, tal como se estableció en la reciente Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021, aprobada en el Congreso, este jueves 29 de octubre, en segundo debate.

Además, se refleja la exoneración del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará a las motocicletas de menos de ¢1 millón.

El impuesto a la propiedad de vehículos representa, en promedio, el 70% del pago del marchamo. El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) el 20%; el restante 10% se distribuye entre tasas especiales, municipales e infracciones de tránsito.

La deducción aprobada por los diputados implicará que el Gobierno recaude ¢60.000 millones menos de los ¢170.000 millones previsto por Hacienda. El faltante deberá ser cubierto con otras fuentes de financiamiento como la deuda interna.

Las reducciones

La ley aprobada por los diputados implicará una baja del 50% del tributo a los vehículos particulares con valor fiscal menor a lo ¢7 millones, los de carga liviana con valor de hasta ¢15 millones, además de los de carga pesada, busetas, buses, transporte público y renta car.

La baja del 25% se aplicará para vehículos particulares con valor fiscal entre ¢7 millones y ¢10 millones. En tanto que del 15% para aquellos valor fiscal de entre ¢10 millones y ¢15 millones.

Adicionalmente, las motocicletas que tengan un valor fiscal inferior a ¢1 millón se les exonera el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el pago del marchamo 2021.

Los buques, naves y aeronaves deberán pagar el 100% del impuesto a la propiedad del 2021.

La Ley estableció que las reducciones no se aplicarán a jerarcas del Estado como presidentes de los supremos poderes, ministros, presidentes ejecutivos, superintendentes, miembros de juntas directivas, entre otros.

Los legisladores también acordaron una disminución en el canon al Consejo de Transporte Público (CTP). Para los operadores regulares de rutas de buses concesionadas el recorte es de 16,79%

En el transporte en busetas de servicios especiales, turismo y escolares la baja es de 16,63%. Mientras que los taxis y los servicios especiales estables de taxi el recorte se estableció en 21,59%.

También se redujo el monto del pago del canon a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que hacen los propietarios de vehículos de transporte público, que será del 50% sobre el monto estimado para el 2021.

Tiendas libres de impuestos del IMAS vuelven a operar en un 100%

Fuente: El País

Las tiendas Duty Free (libres de impuestos), operadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), vuelven a operar en un 100%, luego de 8 meses de decretado el cierre de fronteras a causa de la emergencia provocada por la COVID-19.

Ante la apertura total de las fronteras y la reactivación de la actividad comercial en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, más de 50 personas que laboran en los Duty Free retornarán a su jornada completa, la cual fue reducida a partir de julio en un 75%.

La reducción de la jornada se aplicó luego de agotar las posibilidades de acumulación de horas bajo la modalidad de permuta, establecida en el artículo 11 de la Ley N° 9832, Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional.

Con las restricciones en las fronteras, las ventas han sufrido una disminución inédita, afectando la generación de utilidades que se destinan a la inversión social. El personal de las empresas no ha estado exento de esta situación, con quienes desde el inicio se ha trabajado de cerca para tomar las decisiones que representen una menor afectación ante las circunstancias.

“Nos ilusiona ofrecer nuevamente la gama de productos de alta calidad y buen precio con los que contamos en las tiendas Duty Free de los aeropuertos, un medio de generar ingresos para las familias más vulnerables del país”, afirmó Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS.

“También nos regocija el regreso de todas las personas colaboradoras a la totalidad de su jornada. Junto a ellos y a sus familias hemos pasado por momentos y decisiones difíciles a causa de la pandemia, pero hoy vemos el fruto de la Estrategia Costa Rica Trabaja y se Cuida”, agregó.

Las únicas Tiendas Libres de Impuestos en los aeropuertos internacionales del país son operadas por el IMAS, de conformidad con la Ley 4760 (Ley de Creación del IMAS), que otorga a la institución la explotación exclusiva de puestos libres de derechos en los puertos, fronteras y aeropuertos internacionales.

El programa de Empresas Comerciales de la institución tiene como objetivo contribuir con la sostenibilidad financiera de los programas de inversión social mediante la generación de recursos económicos en las tiendas libres de impuestos.

Exministros de Hacienda: Diputados empeoran déficit fiscal al rebajar marchamo

Fuente: La Nación

Dos exministros de Hacienda consideran que los diputados empeorarán el déficit fiscal al reducir el marchamo sin definir cómo cubrir el hueco de más de ¢50.000 millones que abrirían en las finanzas públicas, afirmaron dos exministros de Hacienda.

El martes pasado, con 43 votos a favor y ninguno en contra, el plenario aprobó en primer debate un proyecto de ley que reduciría el impuesto sobre la propiedad de vehículos del 2021, principal componente del marchamo, para aquellos vehículos con un valor fiscal menor a ¢15 millones.

El texto fue aprobado en segundo debate este jueves con la misma cantidad de votos, pues el marchamo saldrá a cobro en noviembre.

El proyecto le dejaría al Gobierno un faltante cercano al 0,15% del producto interno bruto (PIB) justo cuando debe cubrir sus gastos de fin de año, en un 2020 en que el déficit fiscal podría cerrar en un histórico 11% del PIB.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda entre mayo del 2018 y octubre del 2019, aseveró que le parece “totalmente fuera de lugar” quitarle a Hacienda los pocos ingresos que tiene en tiempos de crisis.

Por su parte, Fernando Herrero, ministro de Hacienda en dos periodos (1994-1996 y 2010-2012), calificó la rebaja del marchamo como un “grave error” de los diputados.

“Imagínese que esta reducción de ingresos del Gobierno ocurre cuando el déficit fiscal está llegando a un 10% o un 11%, cuando costó montones hacer una reducción de ¢150.000 millones, que es una reducción pequeña en el contexto del presupuesto, y de un solo con esta decisión la Asamblea Legislativa le quita entre ¢50.000 y ¢70.000 millones de ingreso al Gobierno”, indicó Herrero.

El exjerarca añadió: “Se ha estado insistiendo en que, cuando la Asamblea Legislativa apruebe órdenes de gastar, tiene además que decir de dónde vienen los ingresos; igual debería ser ahora, si bajan los ingresos tienen que decir cuáles son los gastos que se van a recortar”.

Herrero también alertó que estas decisiones envían una pésima señal a los mercados internacionales, mientras a Costa Rica le urge financiarse con deuda externa para cumplir con sus obligaciones presupuestarias.

“Le estamos diciendo a los inversionistas que nos prestan sus recursos que no nos importa tener un déficit de esa magnitud y seguimos bajando impuestos, cuando los mercados internacionales esperan que subamos los ingresos para cumplir con la deuda”, explicó.

Manifestó que el presidente Carlos Alvarado debería vetar la ley, sin embargo, no cree que eso suceda.

“Me imagino que no lo hará porque (el proyecto) es muy popular, es la misma razón por la que la Asamblea lo aprobó, porque a todos nos parece bien pagar menos marchamo aunque estemos afectando las finanzas públicas”.

El actual jerarca de Hacienda, Elian Villegas, afirmó que ayudarían a cerrar el hueco el proyecto Pagar y el de Hacienda Digital.

El primero consiste en tomar unos ¢85.000 millones de superávits de entidades para pagar deuda pública.

El segundo es un préstamo de $156 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para modernizar los sistemas de cobro de Hacienda.

En cuanto a Hacienda Digital, el ministro dijo que esta “es la principal arma que tendrá la Administración Tributaria para disminuir toda la plata que se nos va por la evasión fiscal. Va a ser la herramienta más importante para el país, para mejorar la recaudación tributaria”.

No obstante, Rocío Aguilar se mostró escéptica ante esas afirmaciones, al señalar que “el préstamo de Hacienda Digital no le va a dar dinero inmediato a Hacienda”.

“Urge que se apruebe ese proyecto por otras razones, como modernizar todo el tema tecnológico con el propósito de contribuir a lo que es fundamentalmente una medida de mitigación del problema fiscal. Estamos teniendo otros créditos de apoyo presupuestario, son para solventar una situación que ya es problemática, y eso lo que hace es profundizarla”, agregó.

Carlos Alvarado firma ley que rebaja el marchamo

Fuente: La República

Para ayudar a las empresas y a los dueños de vehículos particulares a reducir los gastos de final de año, el presidente Carlos Alvarado sancionó esta mañana la ley que rebaja el marchamo.

En horas de la tarde se publicará en La Gaceta y con ello, la disminución se hará efectiva para el derecho de circulación 2021.

La otra semana saldrá al cobro por parte INS marchamo.

Las reducciones del 50%, 25% y 15% en la parte correspondiente al impuesto a la propiedad de vehículos, dependerán del valor fiscal de estos.

“Esta ley arribó ayer en horas de la tarde y la he firmado de inmediato para que dé tiempo de que entre en vigencia antes de que inicie el cobro de los marchamos 2021 y pueda así dar un alivio efectivo a los bolsillos de cientos de miles de personas”, señaló Alvarado.

Los carros particulares con un valor inferior a ¢7 millones pagarán menos dinero por el marchamo 2021.

Se trata de una disminución del 50% sobre el impuesto al valor del vehículo, el cual, representa el 63% del derecho de circulación.

El plan también cubre a los carros de carga liviana y carga pesada cuyo valor ascienda a menos de ¢15 millones y que se utilicen para fines productivos, como podría ser el caso de busetas y buses de turismo, maquinaria agrícola, transporte público y rent a car.

sí las cosas, el dueño de un carro particular que el año pasado pagó unos ¢170 mil de marchamo, cancelaría para el 2021 unos ¢117 mil aproximadamente.

Por otra parte, en el caso de que usted tenga un vehículo que cueste entre ¢7 millones y ¢10 millones, se beneficiaría con una disminución de un 25%, mientras que si su carro vale entre ¢10 millones y ¢15 millones, tendrá un recorte de un 15% sobre el impuesto del vehículo.

Los carros considerados de lujo, es decir, todos aquellos cuyo valor fiscal superen el último umbral señalado, tendrán que pagar la totalidad del marchamo.

En cuanto a los motociclistas se les exonerará del pago del IVA.

Hacienda toca puertas a grandes tenedores de deuda para negociar financiamiento

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda se sentará en la mesa de negociación con los principales compradores de sus bonos de deuda interna para lograr el financiamiento requerido por el Gobierno.

Elian Villegas, jerarca de Hacienda, confirmó que tendrán reuniones con los “participantes más pesados” del mercado de valores costarricense, para ofrecerles productos que se adapten a sus necesidades de inversión y a los requerimientos del Gobierno sin generar distorsiones en el país.

Villegas enfatizó en que las acciones se efectuarán con los instrumentos del mercado y descartó la renegociación de condiciones de las emisiones en poder de estos tenedores de deuda.

“Es un proceso que no podemos pensar como extraordinario fuera del mercado, sino que se hará en el mercado. Estaremos conversando con los participantes más relevantes del mercado, con los más pesados del mercado, para llegar a acuerdos que podamos implementar”, confirmó el jerarca.

Desde comienzos de este mes de octubre, el jerarca descartó imponer condiciones a los tenedores de bonos, pues significaría caer en un default selectivo, situación que reafirmó.

El impago selectivo es cuando se decide reestructurar solo una parte de la deuda del país, y se afecta una porción de los tenedores de bonos.

Los requerimientos de financiamiento del Gobierno son muy fuertes para los próximos dos años, pues este enfrenta vencimientos de deuda interna, en colones y dólares, equivalentes al 21,8% del producto interno bruto (PIB), según datos de Hacienda.

Para José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, constantemente hay disputas entre Hacienda, como emisor de valores, y los inversionistas por las condiciones de la deuda. Sin embargo, la incertidumbre actual implica mayores retos.

“Hacienda trata de obtener financiamiento para enfrentar el problema fiscal y la posibilidad de un default revela el riesgo de las inversiones para sus tenedores. Por esto, para muchos inversionistas institucionales, participar en los canjes que ofrece el Ministerio es una forma de colaborar y reducir la presión de corto plazo del Gobierno”, destacó Brenes.

A setiembre pasado, el saldo de deuda interna del Gobierno ascendió a ¢18,1 billones. De dicho monto, el 77% está en colones y el 23% restante, en dólares.

Pesos pesados

Los fondos de pensiones son los primeros en la lista con los cuales el gobierno deberá reunirse, pues poseen el 54% del saldo de la deuda interna colocada por Hacienda.

Las operadoras de pensiones complementarias (OPC), el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) serán los principales actores en el proceso.

Los administradores de los recursos y pensiones de más de 2,7 millones de personas confirmaron a La Nación que están anuentes al diálogo. Pero dejan claro que su objetivo será la búsqueda del mejor rendimiento del régimen.

“El objetivo es maximizar los rendimientos de los recursos de los trabajadores afiliados, que les permita tener una mejor pensión complementaria”, destacó Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, operadora que tiene invertidos en títulos de Hacienda ¢1,6 billones.

El gerente reconoció que la crisis fiscal actual genera un escenario de estrés adicional, pero no significa la imposibilidad de llegar a un punto de acuerdo.

Porras sí dejó claro que una renegociación de deuda no daría seguridad al mercado y podría generarse un círculo vicioso. Además, destacó, no obligaría a Hacienda a efectuar la gestión de disminuir gastos y elevar ingresos en busca de un equilibrio en las finanzas públicas.

En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administrador del IVM, confirmaron que por el momento no se ha dado un acercamiento oficial con el Gobierno, afirmó Christian Hernández, jerarca de la Dirección de Inversiones de la institución.

“La ley establece que las inversiones deberán realizarse para el provecho de los afiliados, en procura del equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad y liquidez (…); debemos ser vigilantes de lograr el mayor beneficio para los afiliados a los seguros sociales”, destacó Hernández.

La entidad autónoma reportó, hasta julio pasado, un saldo de ¢2,3 billones invertidos en títulos de Gobierno.

Jupema informó de que las inversiones del Régimen de Capitalización Colectiva deben buscar rendimientos que cumplan con la tasa de interés necesaria para equilibrar los fondos administrados.

“Hacienda siempre ha mantenido comunicados sobre la situación de la deuda con los diferentes participantes del sistema financiero. Más que un pulso, debe ser un equilibrio que se ajuste a las necesidades de las partes”, destacó por escrito la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

El ministro de Hacienda recalcó que la negociación con los tenedores e inversionistas es un tema de madurez del mercado.

“Hacienda es el principal emisor, conversando con sus inversionistas, diciendo cuál es su situación, sus necesidades, y los inversionistas comprendiendo en este momento. Es importante llevar adelante este tipo de diálogos y acuerdos”, recalcó Villegas.
Definir rumbo

El economista Javier Cascante, quien fue tesorero nacional entre 1999 y el 2002, cree que corregir el problema estructural del financiamiento debe responder no solo a un elemento de costo de la deuda, sino a una estrategia adecuada de programación de los flujos de caja para atender en el futuro.

“Un perfil de deuda mal definido hace errática la política de financiamiento y eso se refleja en la curva soberana de un país”, explicó Cascante.

Añadió que cuando un país está sumergido en un problema de financiamiento de corto plazo, la única forma de cortar ese círculo vicioso es construir una estrategia de gestión de deuda pública por tipo de instrumentos y sus características.

“No es lo mismo las preferencias de un fondo de pensiones que las de un banco; un fondo de inversión a corto plazo o un inversionista individual”, destacó Cascante.

En tanto, Jorge Martínez, gerente de Servicios Técnicos de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que el rendimiento, el plazo y el tipo de tasa es la forma en que Hacienda puede hacer atractiva su deuda a los inversionistas.

“Argentina, por ejemplo, ha utilizado intercambios (canjes de títulos con características similares), pero también sustituciones de deuda que incorporan cambio de moneda y hasta bonos locales por internacionales”, destacó Martínez.

El ministro de Hacienda destacó que trabajan en “pensar y repensar” los títulos de deuda por emitir para que resulten más atractivos.

Rebaja del marchamo se compensaría con superávits de instituciones

Fuente: La República

La rebaja del marchamo 2021 que aprobaron los diputados la noche de este martes, le generaría un hueco fiscal al gobierno de Carlos Alvarado de ¢50 mil millones, según Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Sin embargo, el impacto sería nulo si los diputados aprueban en los próximos días el proyecto de ley conocido como “Pagar”; el cual, permitiría al Estado acceder a más de ¢80 mil millones.

Se trata del superávit de diversas instituciones públicas; los cuales, serían analizados por los legisladores.

“El impacto en las finanzas públicas es un poco más de ¢50 mil millones, pero estamos convencidos de que los diputados van a aprobar en los próximos días el proyecto de ley pagar, con lo cual, estarán ingresando a las arcas públicas más de ¢80 mil millones y con ello, compensamos la baja en la recaudación que se está dando en estos momentos. Bajo esa premisa, el efecto sería neutro para las finanzas públicas”, dijo Villegas a Noticias Monumental.

Los carros con un valor inferior a ¢7 millones pagarán menos del marchamo para el 2021, gracias a que los diputados aprobaron una rebaja este martes por la noche.

Se trata de una disminución del 50% sobre el impuesto al valor del vehículo, el cual, representa el 63% del derecho de circulación.

Así las cosas, el dueño de un carro particular que el año pasado pagó unos ¢170 mil de marchamo, cancelaría para el 2021 unos ¢117 mil aproximadamente.

El proyecto tiene que aprobarse todavía este jueves en segundo debate y el presidente Carlos Alvarado debe sancionar y mandar a publicar la nueva ley el viernes, para que el plan sea una realidad, de lo contrario, no habrá rebaja.

La iniciativa también cubre a los carros de carga liviana y carga pesada cuyo valor ascienda a menos de ¢15 millones y que se utilicen para fines productivos, como podría ser el caso de busetas y buses de turismo, maquinaria agrícola, transporte público y rent a car.

Por otra parte, en el caso de que usted tenga un vehículo que cueste entre ¢7 millones y ¢10 millones, se beneficiaría con una disminución de un 25%, mientras que si su carro vale entre ¢10 millones y ¢15 millones, tendrá un recorte de un 15% sobre el impuesto del vehículo.

“El rebajo del marchamo es una medida justa. Nuestro deber también es, a través de iniciativas como esta, ayudar a las personas a enfrentar este difícil momento por el que están atravesando”, dijo Franggi Nicolás, diputada del PLN.

Tributación actualiza catálogo Cabys para incorporar nuevos bienes y servicios

Fuente: La Nación

La Dirección General de Tributación realizó una actualización al Catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) para incorporar nuevos códigos y nuevas descripciones al sistema que permitirá rastrear cada una de las ventas efectuadas en el territorio nacional.

En la versión actualizada, del pasado 15 de octubre, se detalla que el listado ahora está compuesto por 20.303 códigos de productos clasificados en 10 distintas categorías.

El catálogo incorporó 12 nuevos ítems respecto del original. Sin embargo, sí modificó la descripción de 186 bienes y servicios. En algunos casos creó un nuevo código para incluir una nueva subdivisión ya sea de un producto o una actividad.

Carlos Vargas, director de Tributación, explicó que la codificación Cabys no es un catálogo cerrado, sino que puede cambiar porque así lo hace la economía.

“Surgen nuevos productos o especificaciones de otros que es necesario considerar. Es el resultado del proceso donde el catálogo evolucionará con el paso de los días”, afirmó Vargas.

El funcionario enfatizó en que las modificaciones no implicarán un cambio en el código para el contribuyente, en caso de haber encontrado el correspondiente para su bien o servicio.

  “Surgen nuevos productos o especificaciones de otros que es necesario considerar. Es el resultado del proceso donde el catálogo evolucionará con el paso de los días”. Carlos Vargas, director de Tributación.

Desde que el catálogo se puso a disposición de los contribuyentes, en mayo pasado, se han efectuado un total de 384 modificaciones, incluidos los cambios de mediados de este mes.

El Cabys permitirá al Ministerio de Hacienda combatir la evasión fiscal, elevar la recaudación de impuestos y fiscalizar la tramitación de exoneraciones fiscales.

El fisco conocerá el contribuyente que hizo la venta, dónde la hizo y si en la compra, el consumidor pagó un impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13%, 4%, 2%, 1% o si estaba exento del tributo.

La medida es obligatoria para los 550.000 contribuyentes, que hoy presentan factura electrónica, y comenzará a regir a partir del próximo 1. ° de diciembre. De la medida quedan exentos 50.000 contribuyentes que están bajo el régimen simplificado.

El catálogo incluye la codificación de 13 dígitos, para los más de 20.000 bienes y servicios, que debe incluirse en la factura electrónica entre contribuyentes, de exportación, de compra, en el tiquete de compra del consumidor final y en las notas de crédito y débito.

Para Bryan Mora, gerente de Impuestos de Deloitte, las decisiones y mensajes dados por Tributación no son claros y generan confusión entre los contribuyentes.

“Se han agregado nuevos códigos. Por ejemplo, al inicio era uno general y luego se separó en dos específicos. No hay un procedimiento adecuado para la actualización de la lista. Simplemente se actualiza y listo”, destacó Mora.

Eduardo Acevedo, contador público de ICS Abogados, coincidió en que el cambio se realizó, pero nunca se informó a los contribuyentes.

Sin embargo, el Director de Tributación refutó a ambos especialistas.

“Se han hecho Facebook Live, sesiones virtuales; se han hecho actividades con cámaras, empresas y grandes contribuyentes; y eventos de hasta 3.000 personas conectadas. Sí ha habido explicación amplia”, destacó Vargas.
Aclaraciones al contribuyente

La entidad pública sí informó a los contribuyentes de que la tarifa del IVA que aparece en el catálogo son de referencia.

Vargas explicó que el contribuyente es quien sabe con exactitud cuál es el porcentaje de impuesto correcto para su actividad.

En cada factura electrónica, dijo el jerarca de Tributación, le corresponderá a la empresa o persona incorporar el monto adecuado del servicio ofrecido o el producto.

“La realidad de la transacciones económica del contribuyente solo él la conoce. Si está frente a un agricultor o si le vende a una institución educativa o la Caja. No podemos prever todas esas condiciones, por eso es referencial, debe prevalecer lo que establece la legislación”, afirmó Vargas.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se creó el IVA, estableció tarifas reducidas para ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, los que conforman la canasta básica están grabados con el 1%, del 2%, para servicios de educación y seguros; y del 4%, para pasajes aéreos y servicios de salud privada.

Sin embargo, Mora afirmó que hay confusión entre los contribuyentes.

“Se han presentado muchas dudas porque en el catálogo establece una tarifa del 13% (del IVA), pero si una persona brinda un servicio a una universidad estatal la tarifa es del 2%”, aseguró el especialista de Deloitte.

El Director de Tributación aseguró que la comunicación publicada en redes y el sitio de Hacienda se hizo para adelantarse a las dudas de las personas.

 

Carros con un valor inferior a ¢7 millones pagarán menos de marchamo

Fuente: La República

Los carros con un valor inferior a ¢7 millones pagarán menos del marchamo para el 2021, gracias a que los diputados aprobaron ayer una rebaja.

Se trata de una disminución del 50% sobre el impuesto al valor del vehículo, el cual, representa el 63% del derecho de circulación.

Así las cosas, el dueño de un carro particular que el año pasado pagó unos ¢170 mil de marchamo, cancelaría para el 2021 unos ¢117 mil aproximadamente.

El proyecto tiene que aprobarse todavía este jueves en segundo debate y el presidente Carlos Alvarado debe sancionar y mandar a publicar la nueva ley el viernes, para que el plan sea una realidad, de lo contrario, no habrá rebaja.

El plan también cubre a los carros de carga liviana y carga pesada cuyo valor ascienda a menos de ¢15 millones y que se utilicen para fines productivos, como podría ser el caso de busetas y buses de turismo, maquinaria agrícola, transporte público y rent a car.

Por otra parte, en el caso de que usted tenga un vehículo que cueste entre ¢7 millones y ¢10 millones, se beneficiaría con una disminución de un 25%, mientras que si su carro vale entre ¢10 millones y ¢15 millones, tendrá un recorte de un 15% sobre el impuesto del vehículo.

Los motociclistas estarán exonerados del pago del IVA.

“Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, por lo que injusto sería una tributación que se calcule igual que los años anteriores”, dijo Franngi Nicolás, diputada de Liberación.

La propuesta fue motivo de una fuerte polémica entre el gobierno y los diputados de oposición; sin embargo, este martes se llegó a un acuerdo político que permitió la aprobación del proyecto en cuestión.

En ese sentido, la rebaja en la recaudación no sería tan grande como temía Elián Villegas, ministro de Hacienda, ya que no se están exonerando los vehículos de lujo, a la vez que se está ayudando al 80% de los dueños de automotores.

La rebaja será de vital importancia para miles de pequeñas empresas que en estos momentos están tratando de sobrevivir a la crisis sanitaria que ha generado la pandemia de la Covid-19, agregó Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC.

Por otra parte, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) aprobó ayer las tarifas del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), correspondientes al período 2021.

La tarifa promedio baja en un 6,1% con respecto al año anterior.

“Sin lugar a duda es un año muy particular que no puede compararse con otros. El modelo de estimación incorpora supuestos de restricción vehicular sanitaria que reflejan un impacto en el monto de las primas”, dijo Tomás Soley, superintendente de Seguros.

La siniestralidad del SOA a setiembre del 2020, corresponde a un total de 17 mil accidentes reclamados, mientras que para el mismo corte del año anterior, la cifra fue de 24 mil, es decir, casi un 30% menos. De igual forma, para el mismo periodo se reportaron 125 muertos en el 2020, en contraste con los 190 del 2019.


BCR y Nacional apoyan opción de eliminar cargas parafiscales y pagar un dividendo único al Gobierno

Fuente: La Nación

El Banco de Costa Rica (BCR) y Nacional ven con buenos ojos la idea de eliminar las cargas parafiscales del Estado y transformarlas en un dividendo único (un monto de sus utilidades que le darían a su dueño).

La idea la propusieron los gerentes de las mismas entidades en enero de este año y quedó incorporada dentro del plan al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno retiró.

Las cargas parafiscales son porcentajes de sus utilidades que las entidades deben dar a distintas entidades.

Por ejemplo, a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), todos los bancos le aportan el 5% de sus utilidades.

En el caso de los bancos estatales, el de Costa Rica y el Nacional, deben aportar, además, 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 10% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), 5% al Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide) y 15% al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

“En el Banco de Costa Rica, hemos tenido reuniones tanto con autoridades del Gobierno como con los señores Diputados, donde hemos propuesto la eliminación de las cargas parafiscales, a cambio de un pago de dividendos único anual para el Gobierno, y que sea el Estado quien decida cómo distribuir esos dineros de acuerdo con las necesidades que imperan en ese momento, hoy, por ejemplo, se puede dedicar al pago de la deuda interna”, dijo Douglas Soto, gerente del BCR.

“Asimismo, tiene la ventaja que eliminaría contingencias fiscales y judiciales, que generan en los bancos provisiones importantes que limitan los recursos para el crédito”, añadió Soto.

Las contingencias se refiere a interpretaciones de la ley que las instituciones hacen, y al no estar de acuerdo se dirimen en los tribunales.

Por su parte, Reinaldo Herrera, director de Finanzas del Banco Nacional, consideró que, independiente de la propuesta con el FMI, ven positiva esta iniciativa.

“En lo que concierne al tema de las cargas parafiscales, el Banco Nacional observa positivamente que se centralicen en un pago unificado al Ministerio de Hacienda (…). De esta manera, el Gobierno podría determinar sobre sus prioridades, cuáles deben ser los destinos de esos recursos, según la realidad del país en su momento”, indicó Herrera.

En la propuesta al FMI, el Ministerio de Hacienda explica que la intención del Gobierno es una reforma legal para cambiar la manera cómo se distribuyen las utilidades de los bancos comerciales del Estado, para que éste, como corresponde en su rol de propietario único de estos, sea el beneficiario directo de las ganancias obtenidas, en lugar de entregarlas a otras entidades por medio de los destinos específicos.

Añade que la eventual modificación tiene la ventaja de generar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los bancos comerciales; ya que se determinará la forma de cálculo de estas cargas parafiscales, pues en algunos casos los aportes se pagan antes de impuestos, pero en otros, se calculan luego de pagar impuestos.

“No se pretende la eliminación total de estos aportes parafiscales, sino su transformación en un único pago que sería entregado al Gobierno Central, el monto sería menor que el pagado actualmente, con lo cual ambas partes se ven beneficiadas: el Gobierno porque recibe recursos frescos adicionales al impuesto sobre la renta que pagan los bancos del Estado y los bancos pues pueden fortalecer su capital aumentando su capacidad de incrementar el crédito y bajando el margen de intermediación”, añade el documento.

Se consultó al ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre el monto que recibirían las entidades pues sería menor y prefirió no emitir opinión sobre los temas de esta propuesta. En ella, las cargas parafiscales destinadas al IVM se conservarían como están en la actualidad.

Según este documento, los pagos realizados en parafiscales por los dos bancos del Estado en los últimos cinco años alcanzan los ¢112.458 millones; cerca de ¢22.500 millones por año.
Conape e Infocoop, en contra

Conape e Infocoop, dos de las entidades consultadas sobre la propuesta de eliminar las cargas parafiscales manifestaron su rechazo a esta iniciativa porque temen que los recursos no les lleguen como hasta ahora.

“Tal y como estaba planteado el asunto en la propuesta retirada (del FMI), los recursos que recibiría en primera instancia el Gobierno, no garantizarían del todo el traslado de los mismos a la institución, dado que la redacción del apartado referido a este tema, hace presumir hasta la posibilidad de no recibir recursos, dependiendo de la situación fiscal que esté atravesando el país”, comentó Efraín Miranda, secretario ejecutivo de Conape.

“La posición de nosotros es negativa en torno a que nos dejen de seguir dando el 10% de las utilidades y esto radica en varias razones”, dijo, por su parte, Alejandro Ortega, director ejecutivo de Infocoop. Citó como la primera, que los recursos se prestan directamente a cooperativas que no tienen acceso al sistema bancario y la segunda que al pasar los dineros por la caja única del Estado, en lugar del traslado directo, habría más costos y se podrían desaprovechar parte de los recursos.

 

Rebajo de marchamo no aplicaría para carros con valor mayor a ₡15 millones

Fuente: El Mundo CR

Este lunes los diputados de oposición lograron un acuerdo con los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), concretando que la rebaja en el marchamo sería únicamente para vehículos cuyo valor sea menor a ¢15 millones y sería de manera escalonada.

Los diputados acordaron que de aprobarse el proyecto el rebajo se aplicaría de la siguiente manera:

  50% a los vehículos con valor menor a ¢7 millones.
  25% a los vehículos con valor de entre ¢7 millones y ¢10 millones.
  15% a los vehículos con valor de entre ¢10 millones y ¢15 millones.

La diputada liberacionista Franggi Nicolás indicó que «bajo este acuerdo preliminar podría darse muchísima más viabilidad del proyecto el día de mañana para poder llevar a cabo el primer debate y posteriormente hacer el segundo debate antes de el primero noviembre, que es la fecha de cobro del marchamo y que era una fecha importante para efectos de que nosotros pudiéramos dejar aprobado este proyecto antes de que se efectuará el cobro».

Además, el diputado Ramón Carranza del PAC afirmó a AmeliaRueda.com, que este acuerdo se da como una medida más justa debido a que «no se vale que en medio de la situación fiscal que vive el país se genere un hueco en las finanzas públicas ayudando a gente que puede contribuir con las finanzas públicas pagando el marchamo».

El proyecto Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021 fue presentado por el diputado independiente, Dragos Dolanescu, como medida de ayuda a los costarricenses ante la crisis socioeconómica que afecta al país por la pandemia de COVID-19 y pretende que el Ministerio de Hacienda reduzca el monto a cancelar por concepto de impuesto de la propiedad de los vehículos automotores correspondiente al año 2021.

Desconfianza de sectores complicaría firmar acuerdo con el FMI este año

Fuente: La República

Llegar a un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año parece una misión imposible para el presidente Carlos Alvarado, según analistas consultados por LA REPÚBLICA.

Esto, sin importar que es de las pocas opciones que tiene el país debido al elevado déficit fiscal que se estima en más de un 10% para este año.

La desconfianza de actores políticos, empresariales, sindicales y otros sectores, ha hecho que de momento el mandatario no vuelva a mencionar al FMI.

En su lugar, ha apostado por un diálogo multisectorial que tampoco tiene garantía de éxito, ya que no está claro cuáles propuestas se impulsarían.

Tras el fracaso de su propuesta inicial para recortar el gasto y generar nuevos impuestos, Alvarado ha evitado volver a mencionar al FMI.

En ese sentido, el acuerdo con el FMI parece más lejano que nunca en estos momentos, según especialistas como Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda o la compañía financiera Barclays.

Otros, como Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, dicen que, si se desea que se cierre este año, debe haber una propuesta ya en noviembre, algo que no será sencillo, tomando en consideración todos los actores involucrados y la complejidad en la Asamblea Legislativa.

“Los plazos no me preocupan tanto porque la intención con el FMI siempre fue más de mostrar voluntad de cambio, de reforma, pero claramente el gobierno quiere quitarle la etiqueta FMI al proceso”, dijo Álvaro Ramos, economista Director Académico de LEAD University.

El reto es el mismo desde hace tiempo: encontrar un punto medio, puesto que, desde el gobierno se ha pregonado que nuevos impuestos deben llegar sí o sí.

l proceso de “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, lanzado en agosto y que tuvo varios foros en septiembre, tenía exactamente el mismo fin: dar a espacio a que múltiples sectores dieran sus recomendaciones en temas fiscales, reactivación económica, acuerdo con el FMI, etc.

“Ese proceso se parecía más a una consulta pública que a un diálogo; sentí que carecía de ese tipo de moderador neutro que resumiese lo acordado”, añadió Ramos.

Por lo que señales de necesidad de diálogo real existían, ya que, por ejemplo, antes de ese 17 de septiembre (fecha de anuncio de medidas que se propondrían), se conocía de la posibilidad de un impuesto a transacciones bancarias, y el mismo sector financiero alertaba de que sería una medida impopular.

“Causa preocupación y provocaría exclusión financiera”, fue la advertencia de Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos.

Medidas originales

Esta fue la serie de medidas para recortar el gasto y generar nuevos ingresos que se iban a proponer al FMI, la duda será ahora cuáles se mantendrán, cuáles cambiarán y cuáles se desecharán.

Gasto

  Movilidad laboral
  Reducción de la deuda política de 0,19% del PIB a 0,10% del PIB para generar un ahorro de ¢30 mil
  Congelar las anualidades por cuatro años
  Aplicación de la regla fiscal
  Ley de empleo público
  Cierre y fusión de órganos desconcentrados
  Congelamiento de aumentos salariales
  Reducción en gasto de alquileres

Ingresos

  Se gravaría con un 25% los premios de lotería cuando lo ganado exceda un 50% del salario base
  Se establecería un impuesto al salario escolar
  Impuesto de renta a las cooperativas, cuando califican como grandes contribuyentes o grandes contribuyentes territoriales (unas 20 cooperativas en total)
  Se incorporará la renta global a partir del 2023, mientras que se descarta la renta mundial
  Alza en el impuesto a bienes inmuebles, pasando de 0,25% a 0,75 en beneficio del Estado
  Renta corporativa pasaría de 30% a 36%
  El impuesto de renta al salario subirá en el primer tracto de 10% a 12,5%, el segundo tracto de 15% a 20%, el tercer tracto de 20% a 25% y el cuarto de 25% a 35%. El tributo se cobrará a partir de ¢840 mil
  Remesas pagarán un 5% adicional
  Impuesto a todas las transacciones financieras de 0,3% para los primeros dos años (2021 y 2022) y de 0,2% para 2023 y 2024

Hacienda se unió a red internacional de transparencia fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Como parte de sus acciones para fomentar la transparencia y acceso de la ciudadanía a la información presupuestaria, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se unió desde julio de este año a los Consejeros Generales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés).

GIFT es una red global que facilita el diálogo entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones financieras internacionales y otros actores interesados en encontrar y compartir soluciones a los desafíos relacionados con la transparencia fiscal y la participación pública.

Esta red conformada por 45 instituciones, en ella participan la International Budget Partnership (Asociación Internacional de Presupuesto), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Presupuesto y Administración de Filipinas, la Federación Internacional de Contadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil, entre otros.

En cuando a la adhesión del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, dos acciones que contribuyeron de manera significativa para ello fueron la implementación del proyecto denominado “Escuela de Presupuesto Abierto”, el cual se realizó en coordinación con el Laboratorio de Innovación de Administración Pública (INNOVAAP) de la Universidad de Costa Rica y la adopción del estándar Open Fiscal Data Package, mediante el cual se publica información del Presupuesto Nacional en la plataforma Open Spending, en formato de datos abiertos.

Como parte de sus compromisos con la red GIFT, Hacienda reforzará sus acciones para fortalecer la transparencia, mediante la publicación de documentos presupuestarios que incorporen las mejores prácticas internacionales. Asimismo, continuará con el proceso de alfabetización presupuestaria de la ciudadanía, para que las personas participen y formen parte de las discusiones relacionadas con el presupuesto nacional. Estas acciones fueron presentadas formalmente ante la Red, en la reunión anual efectuada entre el 24 y 28 de agosto del 2020.

“Esta alianza es de suma importancia para el Ministerio, ya que es una muestra más de la labor que ha venido ejecutando la Institución en el tema de transparencia. Para su efectividad se continuará trabajando con INNOVAAP, así como con otros organismos que robustecen la transparencia y participación ciudadana a nivel nacional”, indicó José Luis Araya, director a.i. de Presupuesto Nacional.

Dólar se acerca a precios de crisis tras hueco fiscal ¿hay que asustarse?

Fuente: CR Hoy

La emergencia que atravesó el país a finales de 2018 por la falta de liquidez tuvo en ese momento una repercusión directa en el precio del tipo de cambio.

Tan pronto como el gobierno de Luis Guillermo Solís salió a decir que no tenía dinero suficiente ni para pagar los aguinaldos, que ningún inversionista local quería comprar bonos de deuda interna y que no había de donde sacar recursos, de inmediato la incertidumbre se apoderó de los mercados y el tipo de cambio pegó un salto: de agosto a noviembre el precio del dólar había aumentado en casi ₡50.

Costa Rica logró cerrar el año gracias a la emisión de las Letras del Tesoro y comenzó un 2019 volviendo poco a poco a mayor tranquilidad. Aún así, el tipo de cambio se mantuvo por encima de la barrera de los ₡600 hasta inicios de abril, para luego retomar una tendencia a la baja.

La incertidumbre que se atraviesa actualmente, sumada a la ausencia de dólares en el mercado producto del mal momento económico que atraviesa el turismo, están empujando de nuevo el tipo de cambio al alza.

Este 2020, el indicador retomó una carrera alcista a partir de mayo, que en los últimos meses se ha acentuado. De nuevo, tanto la compra como la venta se ubican por encima de la barrera de los ₡600, acercándose a niveles poshueco fiscal. ¿Es tiempo de asustarse?

Lo primero que dicen los economistas y analistas sobre el tema es que se trata de dos escenarios – dos crisis- totalmente distintas.

En el primer caso, el hueco fiscal ocasionado por el expresidente Luis Guillermo Solís y su ministro de Hacienda Helio Fallas dejó -literalmente- vacías las arcas del Estado.

En la economía existían los dólares que ingresaban por concepto de turismo y de inversión extranjera, pero no había plata ni para hacerle frente a las obligaciones del Estado.

En esta ocasión, la llave de los dólares por turismo e inversión está cerrada pero la volatilidad se expresa más por un aspecto psicológico: las expectativas negativas que existen sobre la situación actual y la incertidumbre que genera el que a estas alturas no haya un plan de sostenibilidad fiscal.

Esta incertidumbre empuja a la gente a agarrarse de lo único “estable” o relativamente fuerte: el dólar. Se despierta entonces un apetito por la moneda extranjera, lo cual automáticamente, empuja su precio hacia arriba.

“La volatilidad que estamos viendo en el mercado cambiario está directamente relacionada con la incertidumbre causada por la falta de definición del Gobierno de un plan para resolver el problema fiscal que aqueja al país. En efecto mientras no se vea un plan de acción claro por parte del Gobierno de cara a la solución del déficit el tipo de cambio va a seguir recibiendo presiones y podría seguir subiendo”, señaló la experta en finanzas Hazel Valverde, Gerente de Operaciones, Administración y Finanzas de Mercado de Valores y docente en LEAD University.

Para intentar que el tipo de cambio no se dispare, el Banco Central viene inyectando recursos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Al 22 de octubre, el monto invertido ya había superado los $75,9 millones de 2019.

Sin embargo, los montos se encuentran muy lejos de los dos años previos, cuando las intervenciones fueron realmente grandes, producto de la herencia del hueco fiscal.

Se puede ver además la estacionalidad si se comparan las intervenciones diarias. El gráfico siguiente permite ver que este año las mayores intervenciones han sido a partir de la segunda mitad del año.

Solo este jueves se invirtieron $8,8 millones.

¿Es momento de asustarse? La respuesta finalmente está del lado de las autoridades de gobierno y lo que puedan hacer para reducir las presiones.

Este jueves el propio ministro de Turismo Gustavo Segura, habló del tema, en la tradicional aparición de la 1 de la tarde.

“Recordemos que estas medidas (sanitarias) ayudan a recuperar el empleo que es tan necesario en todo el país, muy especialmente en las regiones turísticas en la costa y en el campo de Costa Rica. Estos dólares que deberían empezar a regresar de vuelta mediante la industria turística son urgentes para ayudar en la estabilidad del tipo de cambio del dólar frente al colón”, señaló Segura.

Sin embargo, la entrada de esas divisas o incluso del dinero proveniente de préstamos extranjeros no son vistas como medidas suficientes por los analistas. Son necesarias esas señales claras sobre el orden de las finanzas para sosegar la incertidumbre que empuja su precio al alza.

“No es suficiente la entrada de los recursos relacionados con préstamos del exterior pues la volatilidad del tipo de cambio no está asociada con un problema de flujo de dólares sino más bien con la preocupación que tienen los diferentes actores económicos con respecto al futuro del país, lo cual no va a cambiar hasta que exista un mapa de ruta claro para el control de la deuda pública”, dijo Valverde.

“Es cosa de incertidumbre, del acuerdo con el Fondo, de qué va a pasar… entre más nos acerquemos a diciembre, entre más nos acerquemos a 2021 y no resolvamos el problema vamos a estar frente a mayores intervenciones del Banco Central, vamos a tener mayor desorden en las finanzas”, puntualizó por su parte el analista financiero Daniel Suchar.

Panamá logra crédito al 2,2%; a Costa Rica le exigen rendimiento de 8,3%

Fuente: La Nación

El gobierno de Panamá consiguió que inversionistas extranjeros le prestaran $1.250 millones, en setiembre a una tasa de 2,25%, para una emisión de deuda con vencimiento al 2032.

A este jueves 22 de octubre, le pedían 2,02% por los mismos bonos.

En contraste, a Costa Rica el mercado internacional le exige un rendimiento de 8,34% por los eurobonos con vencimiento al 2031.

Ese 8,34% sería el costo actual para el Gobierno costarricense, en caso de acudir otra vez al extranjero por dinero para pagar sus gastos, pese a que cuando se hizo la emisión, en noviembre del año pasado, la tasa reclamada fue de 6,25% por $1.200 millones.

En los bonos con un mayor plazo la de vencimiento, el porcentaje pedido al país es aún mayor.

Por ejemplo, al 2045 el rendimiento demandado a los bonos ticos fue de 9,15%, frente a un 3,07% para un título panameño al 2047, según la información de BN Valores y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

Ahora, ¿por qué el mercado internacional ve la deuda panameña con unos ojos y la costarricense con otros? Esto pese a que ambos naciones tendrán este año una caída en su producto interno bruto (PIB). Aquí se estima del 5% y en la nación vecina del 13%.

Igual será con el déficit fiscal, pues el panameño se prevé en un equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) y el tico del 9,3%, como consecuencia de la pandemia sanitaria, según la proyección de los gobiernos de ambos países.

La razón se fundamenta, principalmente, en las calificaciones de riesgo otorgadas por las agencias Moody’s, Fitch Ratigns y S&P, confirmaron economistas consultados por La Nación.

  “Las calificaciones otorgadas a Panamá la ubican dentro de la categoría grado de inversión. Por su parte, Costa Rica está ubicada dos categorías abajo en la escala media, concretamente en el rango de altamente especulativo”. José Rafael Brenes, director general Bolsa Nacional de Valores.

Panamá cuenta con notas soberanas superiores a las de Costa Rica en las tres agencias, dijo José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores.

“Las calificaciones otorgadas a Panamá la ubican dentro de la categoría grado de inversión. Por su parte, Costa Rica está ubicada dos categorías abajo en la escala media, concretamente en el rango de altamente especulativo”, explicó Brenes.

Este año, las tres calificadoras estadounidenses degradaron la nota del país como consecuencia de los reiterados aumentos de la deuda pública, que se estima llegue al 70% de la producción al cierre del año, y la caída en los ingresos tributarios generados por la pandemia global.

En las tres, la calificación es B, lo cual los inversionistas entienden como altamente especulativo: “Están sujetos a especulaciones y ‘alto riesgo crediticio’. No reúnen las cualidaddes deseables para un instrumento de inversión”, dice Moody’s.

En febrero, Moody’s pasó la calificación de B1 negativa a B2. En junio, pasó la perspectiva a negativa.

En mayo, Fitch Ratings la bajó de B+ a B con perspectiva negativa. Por último en junio, S&P degradó la nota del país a B, desde B+.

A más riesgo, más se pide

Melvin Garita, gerente de BN Valores, comentó que el retiro del gobierno de la propuesta al FMI, las protestas y bloqueos callejeros y la falta de diálogo ponen ahora en tela de duda la capacidad del país de resolver el desequilibrio de las finanzas públicas, pese a la urgencia existente.

“Cuando se percibe más riesgo por prestarle a alguien, tengo que pedirle más a cambio. El alza del rendimiento significa que el costo de la deuda aumenta al pedirle prestado a los inversionistas”, afirmó Garita.

Diferente ocurre en el caso panameño. Moody’s destacó, este martes 20 de octubre, que ese país tiene fortalezas como tendencia de crecimiento de su economía por encima del 4%, en los últimos años, pese a que puso su calificación en perspectiva negativa por el deterioro fiscal. Pero sin modificar su grado de inversión.

También señaló la fortaleza del país por su centro de bancario y la generada por el Canal de Panamá.

“La capacidad de Panamá para acceder a financiamiento externo a costos relativamente bajos mantiene contenidos los riesgos de refinanciamiento y liquidez del gobierno”, destacó la agencia.

¿Qué hacer? Enviar señales

Los especialistas consultados fueron concisos en que Costa Rica requiere enviar una señal rápida y contundente de una intención de ordenar la crisis fiscal.

“Es urgente que Costa Rica envié un claro mensaje sobre su compromiso a ajustar el gasto público, el tamaño del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública”, recalcó el economista Vidal Villalobos.

El analista añadió que se deben sentar las bases de un programa de reactivación económica para demostrar credibilidad en los mercados internacionales, si el país quiere volver a pedir dinero prestado.

  “Es urgente que Costa Rica envié un claro mensaje sobre su compromiso a ajustar el gasto público, el tamaño del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública”. Vidal Villalobos, economista.

Para Freddy Quesada, gerente de INS Valores, de cara a los inversionistas internacionales lo que priva es la calificación de riesgo.

El especialista destacó que obtener el apoyo del FMI daría las señales correctas.

“Lograr un acceso con el Fondo Monetario Internacional, además de tener acceso a recursos, es el mensaje que se da al mercado, a los inversionistas, a las calificadoras de la voluntad del país de llevar por un buen camino el manejo futuro de sus finanzas. A mediano plazo daría mejoras en la nota de riesgo”, afirmó Quesada.

El director general de la Bolsa Nacional, José Rafael Brenes, destacó que la implementación de medidas firmes es la única vía para el país.

“Al igual que un ciudadano que busca crédito bancario, si el nivel de ingresos es bajo y tiene muchas deudas, muy pocos bancos estarían dispuestos a ofrecerle un préstamo. De la misma forma, los inversionistas internacionales, revisan la capacidad de pago de un país”, afirmó Brenes.

Costa Rica actualmente tiene colocados en el extranjero bonos de deuda por un saldo de $5.500 millones.

Si el país quisiera volver a emitir eurobonos, primero requiere de la aprobación del Congreso.

Sin embargo, la advertencia de los economistas consultados es no salir sin lograr un acuerdo para corregir la crisis fiscal.

 

 

Hacienda anuente a disminuir pago del impuesto a propiedad de vehículos al 80% de la flotilla

Fuente: Ministerio de Hacienda

Mediante un criterio técnico remitido a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda reiteró su aceptación para disminuir el pago del impuesto a la propiedad a aquellos vehículos cuyo valor fiscal para el año 2021 sea menor a ¢ 4.210.000, los que representan un 80% de la totalidad de la flotilla, con lo que se otorgaría un auxilio económico a la mayoría de las personas y sectores que se han visto afectados por la pandemia.

Dicha iniciativa sería un punto medio que vendría a aliviar el bolsillo de un importante número de familias costarricenses y desde la perspectiva tributaria, es progresiva, en la medida que no exonerará a quienes tienen vehículos con un valor fiscal superior al indicado.

En este mismo criterio, emitido mediante oficio DM-1255-2020, el Ministerioseñala que el Proyecto 22085 (“Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021”) que pretende rebajar en un 50% el impuesto a la propiedad de vehículos a todas las unidades (excepto naves, buques y aeronaves) y exonerar del impuesto al valor agregado (IVA) a las motocicletas,  es inconveniente para la Hacienda Pública,  en razón de que la reducción planteada en dicho proyecto de ley implica una pérdida de ingresos fiscales estimada en ¢93.931.0 millones (0.27% del PIB).

Para Hacienda, al plantear el mismo beneficio para todas las personas y empresas, el proyecto 22085   conlleva un sesgo a favor quienes no requieren el beneficio, lo que hace a este proyecto altamente regresivo. Además, agravaría el faltante fiscal que enfrenta el país, porque los ingresos que se dejen de percibir deben ser cubiertos con otra fuente nueva, como la deuda interna, para hacer frente a las obligaciones de ley, tal es el caso del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para mejoramiento de la red vial nacional.

Desplome en impuestos ya supera al de la crisis de 2009

Fuente: CR Hoy

¿’Cuánto ha perdido el país en recaudación de impuestos este año? Para dimensionar el tamaño de la cifra, lo mejor es ponerlo en contexto.

A setiembre de este año, la recaudación total de impuestos cayó en un 11,5% en relación al mismo mes del año pasado. Se trata de unos ₡392.224 millones menos que el año pasado.

Para comprenderlo, es necesario compararlo. Sería poco más del doble que los ₡150 mil millones que el gobierno se está comprometiendo a recortar en el presupuesto del próximo año, o bien, un “poco” más que el presupuesto de todo el Ministerio de Salud que asciende a ₡364 mil millones.

También, es lo mismo que decir que la caída en impuestos representa aproximadamente 7,8 veces más que lo que toda la Asamblea Legislativa planea gastar el próximo año, incluyendo salarios, extras, gastos operativos y pagos por el nuevo edificio.

La recaudación tributaria del país se sigue desangrando, y a pesar de que ya existen algunos indicios de recuperación en comparación con las pérdidas de marzo, abril y mayo, lo cierto es que en el monto global la recaudación tributaria perdió al menos cuatro años; es decir, se devolvió a 2016.

Aún peor, Hacienda tiene otra forma de compararlo: Antes de la caída actual del 11,5% la peor había ocurrido en la crisis de 2009, cuando esa reducción había llegado a un 8,38%. Estamos, entonces ante la peor caída tributaria de los últimos años.

“La caída que reportan los ingresos tributarios a setiembre del 2020 es la más grande de los últimos 13 años, y supera la registrada a setiembre del 2009, la cual alcanzó un decrecimiento de 8,38%, producto de la gran crisis financiera de dicho periodo. La pandemia por el COVID-19 ha generado un retroceso de casi cuatro años en materia de recaudación. A setiembre del 2016 los ingresos alcanzaron los ¢2.942.222 millones, mientras que a setiembre del 2020 se lograron ¢3.030.143 millones”, indicó el Ministerio de Hacienda en su informe mensual sobre la situación financiera del país, dado a conocer el martes pasado.

Uno por uno

En términos porcentuales el principal golpe se observa en los impuestos relacionados con los derechos de salida. El cierre de fronteras ocasionó una caída acumulada en relación con el mismo mes del año pasado equivalente al -62%, al pasar de unos ₡42 mil millones a ₡15 mil millones.

uno de los impuestos más importantes por su peso en el monto es el de los combustibles. Las medidas de restricción han llevado a una contracción en este rubro del 17,5%. En dinero eso son poco más de ₡70 mil millones menos. Esto es 8 veces lo que el Ministerio de Cultura tiene proyectado para el programa de Patrimonio y Desarrollo Cultural el próximo año.

Hacienda maneja una canasta en donde pocos impuestos generan cerca del 90% de los ingresos totales, por lo tanto se convierten en los principales carburantes económicos. Uno de ellos es el de los combustibles, los otros son el de ventas (ahora IVA), renta (ingresos y utilidades), consumo y luego le siguen importaciones, a la propiedad y exportaciones.

Prácticamente en todos hay un decrecimiento. En los dos principales debido a su volumen – renta y ventas- la caída es más que notoria en relación al mismo mes del año pasado.

La caída en ingresos y utilidades es de aproximadamente ₡118.696 millones, mientras que en IVA acumula unos ₡67 mil millones menos. Juntas, esta caída en ambos impuestos equivale a tres veces y medio todas las remuneraciones presupuestadas para el Ministerio de Obras Publicas (MOPT).

Las autoridades hacendarias no estiman una recuperación tributaria en el corto plazo y se proyecta que el nivel de ingresos de antes de la pandemia se podrá estabilizar hacia el próximo año y especialmente en 2022.

Los impuestos al consumo y las importaciones son otros dos que representan un fiel reflejo de la crisis que se vive en el país y de que los costarricenses están cuidando cada céntimo que les llega.

Solo en consumo la pérdida equivale a ₡52 mil millones, casi el doble que los ₡28 mil millones que se le habrían pagado de más a los educadores y que ahora el gobierno renunció a cobrar en la convención colectiva recién firmada.

Crecex cuestiona al gobierno por pedir más impuestos sin aplicar recortes

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) cuestionó al gobierno por lo que considera es un mensaje confuso que envía a la población, pues por un lado promueve la creación de más impuestos pero por otro no hay un compromiso real de reducir el gasto.

Los eventuales recortes en el presupuesto del 2021 fueron motivo de una tensa discusión la tarde y noche de este martes en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en donde los diputados decidieron finalmente rechazar el plan de gastos debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo en torno a la reducción de ₡150 mil millones para el próximo año.

“Tratar de evitar a toda costa el recorte de gasto para el próximo año envía un mensaje confuso a la población, pues por un lado el Ejecutivo habla de aumentar drásticamente la carga tributaria ante la crisis, pero por otro se aferraban a mantener el mismo nivel de gasto en el sector público a pesar de que no hay dinero con qué hacerle frente”, dijo Rodrigo Segura, primer vicepresidente de la Cámara.

Según el representante empresarial es cuestionable la campaña contra los recortes que aplicó el gobierno en todas sus instituciones durante los últimos días, mientras por otro lado firmaban una nueva convención colectiva con el Ministerio de Educación.

Segura cuestionó que hasta el momento, ni siquiera haya un verdadero plan de reactivación económica.

“Si bien es cierto las consecuencias de esta pandemia son inéditas, también es inédita la ausencia de un verdadero programa de reactivación económica por parte del Gobierno, así como la falta de una estrategia contundente para atacar el desempleo y la pobreza que azotan al país”, agregó.

La Cámara terminó haciendo un llamado al presidente Carlos Alvarado para que asuma “con humildad y sin cálculos políticos, la toma de decisiones de fondo que eviten que el país se vaya al abismo”.

 

Hacienda: déficit financiero avanza según lo proyectado, alcanzó un 6,75% a setiembre

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda dio a conocer, la mañana de este martes 20 de octubre, el resultado fiscal de setiembre y destacó que en los primeros nueve meses del año el déficit financiero del Gobierno (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) alcanzó un monto equivalente al 6,75% de la producción, lo cual les hace estimar que cumplirán con la proyección del 9,3% de la producción.

La contralora general, Martha Acosta, en una exposición ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el jueves 8 de octubre, indicó que el déficit del Gobierno Central podría llegar a 11,7% de la producción al cierre del 2020 si se aprobaba el tercer presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno, el martes 6 de octubre.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, también ha cuestionado el 9,3% y ha considerado que el déficit puede terminar el 2020 más alto. Se le consultó para esta información, pero prefirió revisar con mayor detalle el resultado de setiembre, el cual todavía no estaba publicado en su totalidad al momento de la consulta.

La empresa Cefsa estima un déficit financiero del Gobierno Central equivalente al 10,7% del PIB para el 2020 y la empresa Ecoanálisis uno de 10,1% y aún no la ha revisado.

“Con las cifras fiscales de cierre de setiembre del 2020, que sitúan el déficit financiero en 6,75% del PIB, este Ministerio visualiza que el logro de la proyección financiera de un déficit del 9,3% del PIB, al final del presente año, es factible; e incluso nos alienta a tomar acciones para cerrar en una cifra menor a la proyectada”, dijo el Ministerio de Hacienda, Elian Villegas.

El 9,3% es una cifra históricamente alta. En una serie proporcionada por el Banco Central desde 1970 no hay un cifra de esa magnitud. La última más alta había sido un 7,2% en 1980.

El problema del alto déficit de este año es que la deuda crece fuertemente y según el economista de Cefsa, Fernando Naranjo, no habrá un financiamiento tan amplio en el mercado externo para el 2021.

“La posibilidad es el mercado interno pero financiarse allí conducirá a un aumento en tasas de interés”, dijo Naranjo.
Gasto sin intereses se contrae

Para alcanzar el resultado a setiembre hubo una desaceleración del gasto sin intereses.

El gasto total (incluye el gasto corriente y el de capital) sin intereses decreció 0,64% en los primeros nueve meses del 2020 respecto a igual periodo del 2019. Este rubro es importante porque es el que el Gobierno puede controlar.

Hacienda destacó en el comunicado, que el gasto corriente sin intereses (incluye principalmente remuneraciones, transferencias corrientes e intereses) creció 2,41% en los primeros nueve meses del 2020 respecto al mismo periodo del 2019, la menor tasa registrada en los últimos 13 años, lo cual se aplica por un menor crecimiento en los rubros de sueldos y salarios y transferencias corrientes.

“Los sueldos y salarios en este periodo del 2020 crecen menos si se comparan con el mismo periodo 2019 (1,93% y 2,94%, respectivamente), con lo cual se registra la menor tasa de crecimiento de los últimos 13 años, consecuencia de una desaceleración de los rubros sueldos de cargo fijo e incentivos salariales”, informó el Ministerio.

Las transferencias corrientes, por su parte, que son recursos que se giran a otras instituciones principalmente para el pago de salarios, crecieron en 2,45%, la menor tasa registrada en los últimos 13 años, explicado por las transferencias al sector público que se redujeron en 9,74%, indicó Hacienda.

Estos esfuerzos se ven minados por el pago de intereses que creció18,22%, aunque menos en comparación con igual periodo del 2019 (32,89%).

El gasto de capital, por su parte, está sufriendo grandes recortes. En los primeros nueve meses del 2020 la caída fue de 24,76% respecto al mismo periodo del año anterior.

Recaudación de impuestos sigue cayendo

“Las medidas adoptadas para contener el contagio de la covid-19 y la aplicación de medidas fiscales, como la Ley 9830, Ley de alivio fiscal, generaron un decrecimiento de 11,46% en los ingresos tributarios, a setiembre 2020, respecto al mismo periodo del 2019”, informó el Ministerio de Hacienda.

Según Hacienda, la caída que reportan los ingresos tributarios a setiembre del 2020 es la más grande de los últimos 13 años, y supera la registrada a setiembre del 2009, la cual alcanzó un decrecimiento de 8,38%, producto de la gran crisis financiera de dicho periodo.

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 5,76% influido por la caída en la recaudación de este impuesto en aduanas (reducción de 20,70% en los primeros nueve meses del 2020 respecto a igual periodo del 2019) y un menor crecimiento de la recaudación del IVA interno (aumentó 5,25%).

Mientras, la recaudación del impuesto sobre las utilidades bajó 8,93% en los primeros nueve meses del 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. La baja se explica por la caída en la recaudación de renta de las empresas y las remesas al exterior. La recaudación del impuesto a personas físicas creció 12,06% en el mismo periodo.

 

Contraloría alerta que equilibrio fiscal de Gobierno está cada vez más lejos

Fuente: CR Hoy

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Gobierno se aleja cada vez más de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Así lo concluyó en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional 2021, al analizar los escenarios presupuestarios propuestos por el Gobierno.

Además del ejercicio “poco propositivo” que hace el Gobierno al plantear el marco fiscal de mediano plazo, la Contraloría indicó que la situación es peor debido a la aparición de la pandemia del COVID-19 en momentos en que la administración apenas gateaba en la consolidación de la sostenibilidad fiscal producto de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el 2018.

Por esto, según la Contraloría, y por el entorno internacional adverso que la economía enfrentaría el año entrante, es que el marco fiscal presupuestario de mediano plazo que hace Hacienda, no puede quedarse en un mero ejercicio de diseño, advirtió la institución.

“Debe aspirar a ser instrumento que propone soluciones y métodos alternativos para tomar decisiones en el mediano plazo, considerando dentro de su contenido los posibles escenarios que permitan mitigar los riesgos fiscales y procurar el avanzar hacia la sostenibilidad fiscal en procura del mayor bienestar de la ciudadanía“, consideró la Contraloría.

El principal objetivo de Hacienda

La entidad que dirige Marta Acosta, contralora general, considera que el Ministerio de Hacienda tendrá como su principal objetivo durante los próximos años el retorno a la sostenibilidad fiscal, lo cual se dificulta bajo el nuevo panorama económico, afectado por la incertidumbre sobre la magnitud y duración de la crisis, así como los efectos de las medidas para contener el COVID-19, agente que vino a dejar en nocaut a la economía nacional.

Para la Contraloría, hay claridad en que el marco fiscal de mediano plazo debe ser un instrumento que debe servir como herramienta útil para extender el horizonte de la planificación fiscal del Gobierno.

Hacienda plantea un marco fiscal de mediano plazo con un resultado primario (como porcentaje del producto interno bruto) de un -3% en el 2021; un -0,9% en el 2022; un superávit de un 0, 3% en el 2023; uno de 1,3% en el 2024 y uno de 2,3% en el 2025.

El resultado alternativo para esa proyección es de -3,2% para el año entrante, -1,5% en el 2022; -0,4% en el 2023, -0,5% en el 2024 y un superávit de 1,4% en el 2025.

Entre las fuentes de riesgo fiscal que la Contraloría detecta en el entorno y que cita en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional para el 2021 están:

  • Las demandas contra el Gobierno.
  • Exposición del presupuesto a la deuda del Gobierno.
  • Situación financiera de las municipalidades y empresas públicas.
  • Desastres por eventos climáticos
  • Situación financiera de los proyectos en asociaciones público privadas.
  • Situación de los regímenes de pensiones.
  • Y las demandas contra el Gobierno.

“Ante la situación actual, con las repercusiones de la pandemia en la economía costarricense y la agravada situación fiscal que se acrecienta, se requiere de una disciplina fiscal de largo plazo, que impida el acelerado deterioro de las finanzas públicas. Esta situación pone en perspectiva la necesidad de generar mayores acuerdos sociales y a nivel político para materializar decisiones concretar orientadas hacia una mejora integral de la problemática”, recomendó la Contraloría.

Urge un nuevo pacto social

La entidad también considera que el consenso social será clave para enfrentar los riesgos fiscales presentes y alcanzar los resultados proyectados, algo que, en su criterio, Hacienda ha hecho a medias al no elaborar acciones que permitan gestionarlos y desarrollar un análisis cuantitativo con las previsiones necesarias que mitiguen los posibles impactos en el corto y mediano plazo.

El órgano contralor concluyó que Hacienda debe alinear los presupuestos del Gobierno y las decisiones legislativas hacia el bienestar colectivo, donde se cumplan las disposiciones constitucionales y legales, pero también apunten hacia cambios que generen bienestar para la población.

Para el próximo año, el Gobierno planteó un Presupuesto Nacional de ¢11,4 billones, de los cuales un 55% se financia con más endeudamiento.

Este año la deuda del Gobierno Central cerraría en una cifra cercana a un 70% del PIB, mientras que el año entrante, debido a las crecientes necesidades de financiamiento producto de la caída en la recaudación de impuestos, ese indicador se acercaría a un 80% del PIB.

Para este 2020, la Contraloría estima que el déficit fiscal cerraría en un histórico 11,7% del PIB, una cifra nunca antes vista en la historia reciente del país, mientras que los pronósticos más optimistas ubican ese indicador en un 9,9% del PIB para el año entrante.

Int’l España ignora a Europa e insiste en la subida de impuestos pese a ser la que más cae

Fuente: El Economista España

El Gobierno de España insiste en subir impuestos en respuesta a la crisis del coronavirus pese a tener la economía del entorno más afectada por la pandemia. Moncloa ignora así las recomendaciones y las actuaciones de los países del entorno, que optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión.

El plan presupuestario que el Ejecutivo envió a Bruselas la semana pasada recoge un fuerte alza de 1.509 millones de euros en impuestos indirectos. Sin embargo, el Gobierno solo ha adelantado una subida en el IVA a las bebidas azucaradas. Con esta medida, Hacienda prevé recaudar 340 millones de euros. Pero a esos 340 millones, se añadirán otros 1.509 millones está a la espera de aprobar el presupuesto. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a elEconomista que “hay que esperar a que concluyan las negociaciones con los Presupuestos para ver cómo queda este asunto”. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación de las Cuentas destacan que los planes estudian una reforma del IVA, centrada en la modificación y limitación de los tipos reducidos, y un alza en la fiscalidad verde, sobre todo en los impuestos sobre hidrocarburos, y en los impuestos especiales.

Previsiones de Moncloa

El plan enviado a la Unión Europea reconoce los problemas de recaudación. A su juicio, la previsión de ingresos de 2021 se puede explicar por la combinación de dos efectos. “En primer lugar, el efecto rebote sobre los ingresos de compararse con un año 2020 afectado por el confinamiento estricto al menos durante un trimestre y en segundo lugar por la adopción de un conjunto de medidas tributarias que, aparte de sus fines redistributivos, medioambientales y de eficiencia energética, generan ingresos adicionales con su entrada en vigor”, destaca el documento.

Las grandes potencias europeas -salvo España- centran en la bajada de impuestos y la prolongación de los Ertes sus estrategias para evitar una recaída económica en la crisis del coronavirus. Alemania baja impuestos e Italia sigue las recomendaciones de Berlín de impulsar un estímulo fiscal.

La rebaja de impuestos de Alemania alcanza los 42.000 millones de euros, el 1,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), tras el nuevo plan de apoyo fiscal que prepara el Gobierno alemán para pymes y familias, que beneficiará también a las rentas altas al reducir el número de contribuyentes que tributan al tipo máximo en el IRPF tras subir el límite de ingresos. El nuevo estímulo se sumará a los 34.100 millones de euros de rebaja de impuestos que ya había aprobado Berlín, como refleja su programa de estabilidad de este año enviado a Bruselas.

Italia sigue los pasos de Berlín y estudia también varias rebajas fiscales -entre ellas, una rebaja sustancial de los tipos del IVA- en su plan de recuperación, que aún se negocia en Roma. Sin embargo, el país ha aprobado ya un estímulo fiscal por valor de 17.100 millones de euros, entre exenciones, subvenciones y créditos fiscales.

“Un ascenso largo, desigual e incierto”. Así define la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, la recuperación ya en curso para buena parte del planeta. Un regreso que también será duro para la economía española que según la última edición de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) se contraerá este año un 12,8%. Sin cambios desde el pasado junio pero 4,8 puntos porcentuales más de lo previsto en el mes de abril.

Arias urge al Gobierno plan para reducir déficit fiscal

Fuente: CR Hoy

El expresidente Óscar Arias urgió este domingo al Gobierno a presentar una nueva propuesta para reducir el alarmante crecimiento del déficit fiscal.

Háganlo ya. Mañana es tarde“, escribió el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Arias -dos veces Presidente- también pidió al Poder Ejecutivo que consiga cuanto antes los 38 votos necesarios en la Asamblea Legislativa para la aprobación de la nueva propuesta que haga.

“Escuchemos e incorporemos todo los que nos aportarán las mesas de diálogo, pero no olvidemos que es nuestro Parlamento el que dice la última palabra”, manifestó.

Recordó que cuando fue diputado, en la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), fue “testigo del camino hacia el cataclismo que significó el no tomar medidas para evitarlo”.

¿Qué estuvo mal de la propuesta ante el FMI y qué debería quedar?

“No quiero que la devaluación de nuestra moneda se repita. Fue como diputado que dije que ‘se requiere más valor para coincidir que para discrepar’”, añadió.

El Gobierno convocó a un proceso de diálogo nacional para buscar soluciones a la deteriorada situación fiscal del país, después de que retiró su propuesta inicial que negociaría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de $1.750 millones. Esa propuesta se basaba en un 80% en más impuestos.

Esto le espera a Costa Rica si elige el camino del FMI

Fuente: CR Hoy

Sea cual sea el mecanismo que se suscriba para buscar una salida a la crisis, el país está contra el tiempo debido a la apremiante situación fiscal que nos espera para el próximo año.

Las mesas de diálogo convocadas por el gobierno fracasaron. En las últimas ha ganado terreno otras mesas de negociación promovidas por el Banco Popular, en donde acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) también es una de las opciones.

Con o sin el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) Costa Rica tiene unas necesidades de dinero para 2021 muy altas y lo que genera en ingresos no alcanza para financiarlas.

El 15% del Producto Interno Bruto (PIB) que se estima necesario no puede ser asumido en su totalidad por la deuda interna y menos aún por la recaudación de impuestos, por eso la clave es buscar un acuerdo con el FMI que no solo otorgue los $1.750 millones, sino que permita abrir la llave a más préstamos extranjeros y eventuales colocaciones de bonos de deuda externa.

Pero ¿qué espera al país el próximo año si se sigue por la senda del acuerdo con el FMI?.

Incluso aunque la decisión que se tome sea esta, la incertidumbre se mantendrá por lo que se vaticina como un convulso 2021.

El primer elemento a considerar es que aún con el FMI el país debe buscar muchos recursos para financiarse, según reseñó el economista José Luis Arce de FCS Análisis en la presentación de las Perspectivas Económicas y Políticas correspondiente a octubre

“Nos parece improbable que se juegue con la posibilidad de no tener un acuerdo con el Fondo, no va a ser fácil y va a demorar más de lo que creíamos. Ahora pensamos en un proceso más largo ya no para diciembre sino con una eventual aprobación en enero, una aprobación legislativa que puede ir hasta marzo o abril y que va a depender del diálogo y la relación con las bancadas legislativas,… significa más tiempo y además un camino mucho menos suave, más lleno de baches que va a generar incertidumbre en especial si vemos un estancamiento en las negociaciones o posibles dudas en el legislativo”, adelantó Arce.|

Así, en el posible cronograma de negociaciones y tomando un escenario optimista en donde se dan los acuerdos en menos de un mes, la eventual negociación con el staff del FMI quedaría posiblemente para diciembre, de modo que el directorio de esa organización lo estaría discutiendo en enero.

Suponiendo que el Directorio lo avala y no lo considera insuficiente, se abriría una nueva etapa en donde el acuerdo debe volver al país para que la Asamblea Legislativa lo discuta. En el mejor de los escenarios y si es que hay consenso, es un trámite que puede durar no menos de tres meses.

De acuerdo con Arce, dependiendo de la forma en cómo se estructure el acuerdo la aprobación definitiva puede llevar hasta seis meses, con lo cual medidas para corregir el problema de fondo en el país las veremos si acaso en 2022.

En ese mismo escenario, si bien el primer desembolso del crédito con el Fondo puede llegar a eso de mitad del año, la agenda de implementación de los proyectos puede llevarse unos meses más, y si es que el plan incluye ingresos por nuevos impuestos, éstos el país los irá viendo hacia finales de 2021 y con mayor seguridad para 2022.

 

 

“Se ve sencillo, pero la volatilidad e incertidumbre del cronograma es lo que nos va a meter ruido en el acceso al financiamiento, en la tasa de interés y en el tipo de cambio. Es un ruido que no debería ser excesivo, no debería ser caótico pero si al final que genera incertidumbre en esas variables”, agregó el analista.

Economistas, políticos y autoridades de gobierno coinciden en señalar que el crédito con el FMI no es importante por el monto de los recursos que le prestarían al país sino más bien por lo que representa para los mercados financieros.

Sin un acuerdo con esta organización, entidades que tradicionalmente nos prestan como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estarían menos dispuestas a financiar al Estado costarricense. Además Costa Rica pretende retomar la emisión de $4.500 millones en Eurobonos, que los inversionistas estarían poco dispuestos a adquirir si las condiciones financieras del país no recuperan su ruta a la estabilidad.

El acuerdo con el Fondo es una especie de garantía para esas entidades e inversionistas.

En la Asamblea Legislativa son conscientes de que están contra las cuerdas y cuestionan al gobierno por lo que consideran un alargamiento de las discusiones y de la incertidumbre.

“Este alargamiento a la crisis sólo puede significar dos cosas: una, que las cifras que nos ha dado Hacienda son mentiras y que la crisis no es tan grave como pasó con Luis Guillermo y su cadena o como el caso de los Eurobonos que según Hacienda casi quebrábamos y todavía los están utilizando; o lo que es peor, el gobierno va a presionar para que se dé  la quiebra del país”, dijo el diputado de Nueva República Jonathan Prendas.

 

Mucho ojo al calcular los aguinaldos de su personal suspendido


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Se acerca la época de cálculos y pago de aguinaldos para las empresas de toda índole, pero en medio de un año tan complicado para los contratos laborales vale recordar que el cálculo de aguinaldo también tendrá que considerar el tipo de jornada laboral que ha tenido el trabajador. 

Ana Isabel Borbón, especialista en derecho laboral de Actualidad Tributaria, repasa los dos cambios más importantes: 

“Este año muchos contratos laborales sufrieron reducciones, recortes o hasta suspensiones. Dependiendo de la afectación, así deberá considerarse el cálculo del aguinaldo, si corresponde”, comenta Borbón.

Si los contratos fueron suspendidos, entonces el cálculo del aguinaldo se realizará sólo con la suma de los meses laborados, dividido entre 12. Si la persona laboró, por ejemplo, de diciembre de 2019 hasta abril de 2020, se toma el salario total de esos 5 meses y se divide entre 12. El resultado de esta operación sería el monto de aguinaldo a recibir este año por este trabajador. Sin embargo, podría ser que durante la suspensión, el patrono haya hecho activación temporal de las labores, en cuyo caso deberán sumarse también las sumas recibidas mensualmente por el trabajador, en esos lapsos temporales.

Con los contratos reducidos hay que tener algunas consideraciones, según Borbón.  “Los contratos que redujeron su proporción de tiempo laborado, y por ende el monto del pago total, tienen que considerar esta reducción, sumando los salarios realmente percibidos por el trabajador de diciembre 2019 a noviembre 2020 y dividiéndolo entre 12. Es decir, no pueden calcular el aguinaldo con salarios completos, porque el trabajador no recibió ese pago, si no una fracción del mismo”.

Para la especialista es vital que los empleadores hagan cálculos correctos para evitarse futuros desacuerdos con sus colaboradores, en momentos donde la economía personal y general está deprimida. También advierte sobre dejar de pagar.

“No tenemos ninguna ley o reforma que posibilite a los patronos a no pagar el aguinaldo o pagarlo en tractos. Por el momento esto no se contempló, por lo que no pagar el aguinaldo o pagarlo en tractos podría acarrear problemas judiciales. Hay que recordar, que en caso de liquidación por despido del trabajador con responsabilidad patronal, las prestaciones si deben hacerse sobre la base del salario anterior a la reducción.”, sentenció Borbón.

Uccaep y 8 sectores más descarrilan la mesa de diálogo fiscal

Fuente: La Nación

Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación, anunció a las 3:30 p. m. de este jueves que la mesa de diálogo multisectorial, para buscar una solución a la crisis fiscal, no pudo ser conformada, por lo que no será efectuada.

Así lo expuso luego de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se negara a participar en el diálogo, al igual que otros ocho sectores, algunos de los cuales ni siquiera respondieron o pidieron más tiempo para decidir.

Vargas Cullel argumentó que “la regla era clara: o todos los sectores aceptaban participar en el diálogo multisectorial o esta instancia no se conformaba”.

“Al final, hubo problemas que no logramos resolver”, dijo.

De los 25 asientos que estaban dispuestos para que los sectores convocados dialogaran con el Gobierno, 12 estaban confirmados, mientras 13 no pudieron llenarse.

Para siete de esos campos, los sectores encargarlos de llenarlos no respondieron la invitación; para otros cuatro, no respondieron del todo y, para dos, pidieron tiempo adicional.

El plazo para responder a la invitación vencía este jueves, pues la mesa empezaría el sábado. Para llenar los 25 campos, fueron convocados 21 sectores, que en varios casos debían ponerse de acuerdo entre ellos para enviar delegados.

La meta del diálogo era encontrar una solución a la crisis fiscal del país, mediante recomendaciones que permitieran reducir el déficit primario del Gobierno Central en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), cerca de ¢887.000 millones, y la deuda pública en ocho puntos del PIB.

Los sectores que sí aceptaron participar fueron la Cámara de Comercio, Fedecámaras, Cadexco, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), el Foro de Mujeres del Inamu, la Conferencia Episcopal, la Alianza Nacional Evangélica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Red Nacional de Agentes de Desarrollo Económico Local (Rednasol), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Confederación de Estudiantes Universitarios, una confederación sindical y la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol).

Los que rechazaron participar son Uccaep y Alianza Nacional Agropecuaria.

Pidieron más tiempo los gremios magisteriales y sindicales, entre ellos la Asociación Nacional de Educadores (Ande) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

No respondieron la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Con el silencio de la Asamblea de Trabajadores del BP, no fue posible llenar cinco campos, que estaban previstos de la siguiente forma: dos para cooperativas, uno para sindicatos, uno para solidaristas y uno para organizaciones comunales.

Los cuatro campos del sector empresarial debían ser llenados, mediante acuerdo, por la UCCAEP, la Cámara de Comercio, Cadexco, Fedecámaras y el CPC. No obstante, la Uccaep declinó participar.

Tres sillas adicionales de los sindicatos las debían llenar, por negociación interno, las confederaciones sindicales, las organizaciones sindicales del Magisterio y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco). No obstante, solo una confederación aceptó el llamado.

Una silla más para cooperativistas la debían escoger entre el Conacoop y el Cenecoop, pero solo el primero aceptó participar.

La Alianza Nacional Agropecuaria, que tenía otros dos campos, rechazó participar.

En el caso de los solidaristas, Concasol aceptó y la Escuela Social Juan XIII declinó.

‘Ustedes tienen la responsabilidad política e histórica’

Vargas Cullel les agradeció al presidente Carlos Alvarado y al jerarca del Congreso, Eduardo Cruickshank, el haberle solicitado al Estado de la Nación funcionar como mediador del diálogo.

No obstante, les sugirió mantener abierta la convocatoria a un diálogo urgente.

“El país necesita resolver la emergencia fiscal, ustedes tienen la responsabilidad política e histórica de liderar, de evitar que una crisis fiscal golpee los logros en desarrollo humano de nuestra sociedad”, afirmó.

El intento fallido no cancela la iniciativa. Por tanto, les recomendó evaluar la conveniencia de convocar a todos los sectores mediante un diálogo franco y explorar una nueva fórmula.

Añadió que es importante evitar plataformas de diálogo alternativas, que compitan entre sí.

“Es su responsabilidad diseñarnos la ruta. Urge actuar. El país no está para seguir danzando alrededor de una compleja situación. El diálogo es más necesario que nunca, busquen la fórmula adecuada a fin de remover los obstáculos que no logramos levantar y el Estado de la Nación siempre procurará un espíritu y una acción colaborativa”, les dijo Vargas Cullel a Alvarado y a Cruickshank, al insistir en la gravedad de la situación fiscal que el país deberá afrontar.

“Los sectores quieren diálogo; el problema es que no hemos encontrado una sombrilla o fórmula común (...). Los sectores que declinaron lo hicieron porque prefieren otro espacio. No hay que anular la convocatoria”.

Pese a que el intento se cayó, el director del Estado de la Nación rescató que al menos se instaló en el país la claridad sobre la necesidad urgente del diálogo sobre la emergencia fiscal, al tiempo que se quitó protagonismo a los “actores que, por medios no institucionales, han procurado polarizar”.

 

Uccaep y 8 sectores más descarrilan la mesa de diálogo fiscal

Fuente: La Nación

Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación, anunció a las 3:30 p. m. de este jueves que la mesa de diálogo multisectorial, para buscar una solución a la crisis fiscal, no pudo ser conformada, por lo que no será efectuada.

Así lo expuso luego de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se negara a participar en el diálogo, al igual que otros ocho sectores, algunos de los cuales ni siquiera respondieron o pidieron más tiempo para decidir.

Vargas Cullel argumentó que “la regla era clara: o todos los sectores aceptaban participar en el diálogo multisectorial o esta instancia no se conformaba”.

“Al final, hubo problemas que no logramos resolver”, dijo.

De los 25 asientos que estaban dispuestos para que los sectores convocados dialogaran con el Gobierno, 12 estaban confirmados, mientras 13 no pudieron llenarse.

Para siete de esos campos, los sectores encargarlos de llenarlos no respondieron la invitación; para otros cuatro, no respondieron del todo y, para dos, pidieron tiempo adicional.

El plazo para responder a la invitación vencía este jueves, pues la mesa empezaría el sábado. Para llenar los 25 campos, fueron convocados 21 sectores, que en varios casos debían ponerse de acuerdo entre ellos para enviar delegados.

La meta del diálogo era encontrar una solución a la crisis fiscal del país, mediante recomendaciones que permitieran reducir el déficit primario del Gobierno Central en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), cerca de ¢887.000 millones, y la deuda pública en ocho puntos del PIB.

Los sectores que sí aceptaron participar fueron la Cámara de Comercio, Fedecámaras, Cadexco, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), el Foro de Mujeres del Inamu, la Conferencia Episcopal, la Alianza Nacional Evangélica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Red Nacional de Agentes de Desarrollo Económico Local (Rednasol), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Confederación de Estudiantes Universitarios, una confederación sindical y la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol).

Los que rechazaron participar son Uccaep y Alianza Nacional Agropecuaria.

Pidieron más tiempo los gremios magisteriales y sindicales, entre ellos la Asociación Nacional de Educadores (Ande) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

No respondieron la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Con el silencio de la Asamblea de Trabajadores del BP, no fue posible llenar cinco campos, que estaban previstos de la siguiente forma: dos para cooperativas, uno para sindicatos, uno para solidaristas y uno para organizaciones comunales.

Los cuatro campos del sector empresarial debían ser llenados, mediante acuerdo, por la UCCAEP, la Cámara de Comercio, Cadexco, Fedecámaras y el CPC. No obstante, la Uccaep declinó participar.

Tres sillas adicionales de los sindicatos las debían llenar, por negociación interno, las confederaciones sindicales, las organizaciones sindicales del Magisterio y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco). No obstante, solo una confederación aceptó el llamado.

Una silla más para cooperativistas la debían escoger entre el Conacoop y el Cenecoop, pero solo el primero aceptó participar.

La Alianza Nacional Agropecuaria, que tenía otros dos campos, rechazó participar.

En el caso de los solidaristas, Concasol aceptó y la Escuela Social Juan XIII declinó.

‘Ustedes tienen la responsabilidad política e histórica’

Vargas Cullel les agradeció al presidente Carlos Alvarado y al jerarca del Congreso, Eduardo Cruickshank, el haberle solicitado al Estado de la Nación funcionar como mediador del diálogo.

No obstante, les sugirió mantener abierta la convocatoria a un diálogo urgente.

“El país necesita resolver la emergencia fiscal, ustedes tienen la responsabilidad política e histórica de liderar, de evitar que una crisis fiscal golpee los logros en desarrollo humano de nuestra sociedad”, afirmó.

El intento fallido no cancela la iniciativa. Por tanto, les recomendó evaluar la conveniencia de convocar a todos los sectores mediante un diálogo franco y explorar una nueva fórmula.

Añadió que es importante evitar plataformas de diálogo alternativas, que compitan entre sí.

“Es su responsabilidad diseñarnos la ruta. Urge actuar. El país no está para seguir danzando alrededor de una compleja situación. El diálogo es más necesario que nunca, busquen la fórmula adecuada a fin de remover los obstáculos que no logramos levantar y el Estado de la Nación siempre procurará un espíritu y una acción colaborativa”, les dijo Vargas Cullel a Alvarado y a Cruickshank, al insistir en la gravedad de la situación fiscal que el país deberá afrontar.

“Los sectores quieren diálogo; el problema es que no hemos encontrado una sombrilla o fórmula común (...). Los sectores que declinaron lo hicieron porque prefieren otro espacio. No hay que anular la convocatoria”.

Pese a que el intento se cayó, el director del Estado de la Nación rescató que al menos se instaló en el país la claridad sobre la necesidad urgente del diálogo sobre la emergencia fiscal, al tiempo que se quitó protagonismo a los “actores que, por medios no institucionales, han procurado polarizar”.

 

Amplían plazo a proyecto para bajar impuesto único al diésel

Fuente: CR Hoy

Por mayoría, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa acordó extender el plazo a un proyecto de ley que busca disminuir el impuesto único al diésel.

Los legisladores decidieron otorgarle 60 días más a la iniciativa, que se tramita bajo el expediente 21.823, para su conocimiento, discusión y votación en ese foro legislativo.

La propuesta -presentada por el congresista Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)- consiste en la adición de un artículo a la ley de simplificación y eficiencia tributarias, con el propósito de bajar ese tributo para ayudar a los sectores agrícola, industrial, así como al transporte público y de carga.

Según el proyecto de ley, el monto del impuesto nunca excederá el 25% del valor internacional del producto, calculado con base en los precios internacionales de los 15 días naturales anteriores a la fecha de corte de realización del estudio por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El socialcristiano sostiene que con la reducción del impuesto único al diésel se lograría una recuperación de tributos vía Impuesto al Valor Agregado (IVA) superior al 52% de la recaudación propuesta.

El porcentaje restante sería cubierto con la mejoría en la recaudación de otros impuestos, producto del aumento en la actividad económica causada por la disminución en el impuesto único al diésel, una reducción del crecimiento de los gastos del sector público y una baja de los subsidios cruzados.

 

Hacienda apoya propuesta que beneficia apróximadamente al 80% de propietarios de vehículos

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó hoy que comprende y comparte la preocupación de los señores diputados por garantizar que el beneficio considerado en el proyecto de disminución en el pago del impuesto a la propiedad, no incluya a los vehículos que se encuentran en el tramo superior de la escala con base en la cual se determina el impuesto, y cuyo valor fiscal para el año 2021 asciende a ¢ 4.210.000.

La Ley prevé que los propietarios de vehículos con valores superiores a este monto paguen un 3,5% sobre el exceso de dicho valor, de manera que quien más posibilidades económicas tiene, pague más. 

Esto permitiría la exoneración de un porcentaje del impuesto, solo a los propietarios de vehículos con valores fiscales por debajo del monto mencionado, propuesta que para el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sería un punto medio que vendría a aliviar el bolsillo de un importante número de familias costarricenses, sin generar un gran impacto fiscal.  Adicionalmente, desde la perspectiva tributaria es progresiva, en la medida que no exonerará a quienes tienen vehículos con un valor fiscal superior al indicado. 

De acuerdo con los registros de Hacienda, los vehículos que tienen un valor fiscal por debajo del monto referido constituyen aproximadamente el 80% de la flotilla nacional, lo que se traduce en una reducción de ¢ 25 mil millones en la recaudación del impuesto. 

El FMI recomienda focalizar la ayuda y aumentar los impuestos a los más ricos

Fuente: CR Hoy

El FMI llamó además a dejar de proteger los “empleos antiguos” e impulsar la inversión pública en infraestructura y energía verde, aprovechando este momento “para tomar distancia del modelo de crecimiento anterior a la crisis y acelerar la transición hacia una economía digital y con bajas emisiones de carbono”.

El gasto debe estar más focalizado en favor de los empleos del futuro, señaló el prestamista mundial en su último informe “Monitor Fiscal”, publicado en el marco de sus reuniones anuales que se realizan esta semana en forma virtual.

Los gobiernos han inyectado 12 billones de dólares en la economía mundial desde el inicio de la pandemia, pero ahora “muchos países tendrán que hacer más con menos, debido a las limitaciones cada vez mayores de sus presupuestos”, dijo Vitor Gaspar, jefe del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.

Las economías de mercados emergentes, con mayores limitaciones de financiamiento, deberán reordenar las prioridades del gasto y mejorar su eficiencia. “Algunas posiblemente necesiten apoyo financiero oficial y alivio de la deuda”, indicó en un blog que acompaña al informe.

Los responsables políticos “deben ser más selectivos” abandonando “gradualmente” el apoyo a los puestos de trabajo en los sectores antiguos para destinar fondos a la formación que permitan a los desempleados acceder a los trabajos del mañana, señaló.

Además, “los gobiernos deben (…) evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”, apuntó Gaspar, quien firmó el texto con su adjunto Paulo Medas y dos economistas del FMI, John Ralyea y Elif Ture.

Este ingreso adicional ayudaría a pagar servicios esenciales, dijeron, entre ellos las redes de salud y de protección social “durante una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”.

Los gobiernos “deben avanzar de manera decisiva para que las economías sean más inclusivas y resilientes, y frenar el calentamiento mundial con medidas verdes que también impulsen el crecimiento y el empleo”, concluyeron.

 

Marchamo 2021: Valor fiscal de automóviles se actualizará cuando salga decreto en ‘La Gaceta’

Fuente: La Nación

El director general de Tributación, Carlos Vargas, explicó que los valores fiscales de los autos que están publicados actualmente en la plataforma Autogestión no son todavía los que regirán para el marchamo 2021.

“La actualización de estos valores en la página del Ministerio de Hacienda se realiza una vez publicado el decreto correspondiente en La Gaceta, el cual está en trámite en este momento, por lo cual, no es correcto, o no es prudente realizar esa revisión en el sistema de Autogestión, porque los valores que van a aparecer ahí no son los valores actualizados”, manifestó Vargas.

El valor fiscal de los autos se actualiza todos los años y forma parte de la información que se traslada al Instituto Nacional de Seguros (INS) para el cobro del marchamo.

El artículo 36 del decreto 39.303-MOPT-H, Reglamento de Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores, establece: “El Ministerio de Hacienda y cualquiera de las instituciones destinatarias por ley, de las sumas de dinero de los tributos recaudados por las entidades aseguradoras, deberán suministrar a dichas entidades, a más tardar, el quinto día hábil del mes de octubre del año en curso, toda la información actualizada de cada uno de los rubros que forman parte del derecho de circulación y que deban recaudar las entidades aseguradoras”.

Vargas explicó que ese suministro de información ya se efectuó, pero todavía no se han actualizado los valores en la plataforma Autogestión.

  “...una buena cantidad de vehículos, de acuerdo con los términos de la ley, van a ver modificada a la baja la base imponible de este impuesto”. Carlos Vargas, director general de Tributación.

Valores para mayoría deberían bajar

Vargas detalló que para realizar la actualización de los valores fiscales se consideran las curvas de depreciación de los vehículos y el índice de valuación.

Este índice considera: la variación en la carga tributaria, la inflación y un 10% de depreciación. Este año el índice dio un resultado de -10,07% que se aplicó a los vehículos.

“Lo cual significa que en una buena cantidad de vehículos, de acuerdo con los términos de la ley, van a ver modificada a la baja la base imponible de este impuesto”, informó Vargas.

Este año se unió un elemento adicional a este cobro y es que el lunes 5 de octubre la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que reduciría en 50% el impuesto a la propiedad para los vehículos con un valor menor a ¢20 millones, y para los de carga pesada, buses, busetas, taxis, transporte público y turismo.

El diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció en sus redes sociales, el domingo 11 de octubre que el Ministerio de Hacienda actualizó el valor de los vehículos el 6 de octubre, un día después de ser dictaminado el proyecto que propone la rebaja del marchamo.

Vargas respondió que lo que se realizó fue el suministro de información y no hubo una actualización el 6 de octubre.

“En la plataforma Autogestión, que es una consulta por placa del vehículo para el valor fiscal e impuesto del periodo 2020, no ha aparecido en ningún momento la fecha de avalúo del 06 de octubre”, respondió Vargas.

¿Por qué algunas personas que consultaron la plataforma encontraron un valor más alto esta semana?

La Dirección de Valoraciones de la Dirección General de Tributación reiteró que en este momento, quien accede a Autogestión, verá los valores del vehículo al 2020.

“Lo que sucede cuanto encuentra alguna diferencia con respecto al monto que le aparece en el recibo emitido al hacer el pago, es porque, posiblemente, la persona presentó algún reclamo sobre el valor fiscal del vehículo y se le corrigió el monto en el recibo. La actualización de ese monto en el sistema se dará una vez que se publique el decreto”, respondió Vargas.

¿Cómo reclamar?

Si una vez publicados los nuevos valores fiscales para el 2021, el dueño del automotor no está de acuerdo con el valor publicado puede apelar. Para hacerlo debe ingresar a Autogestión: https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/ .

En esa dirección revisa el valor del vehículo y ahí mismo está el formulario de solicitud de revisión, pero la aplicación solo se abre durante el periodo de cobro y reclamación del impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones.

Por ahora, cualquier consulta debe dirigirse a la oficina de Valoraciones Tributarias de la Administración Tributaria San José Oeste.

Según detalla el Ministerio de Hacienda, en su página web, de acuerdo con el artículo 145 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el plazo para recurrir ante la Administración Tributaria los valores de los vehículos, aeronaves y embarcaciones, con base a lo especificado en el artículo 6 del Decreto N° 39974-H, es de 30 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se canceló el impuesto.

En caso de que el contribuyente efectúe el pago fuera del plazo que la Ley dispone, o cuando no paga el impuesto, el plazo para apelar corre a partir del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo para el pago de este impuesto (31 de diciembre del año).

Los documentos que debe adjuntar son: la solicitud por el propietario o representante donde se pide la revisión del valor (debe indicarse número de teléfono y correo electrónico), si no es el propietario el que realiza el trámite, debe ser autorizado por el dueño en ese mismo documento.

Además, debe adjuntar pruebas de valor de auto, como mínimo tres pruebas, puede ser de páginas web, agencias distribuidoras, periódicos de circulación nacional, y fotografías del vehículo donde se observen los emblemas, transmisión, tipo de carrocería, en especial si el vehículo es un modelo no conocido o no es popular.

 

Contribuyentes morosos contrarreloj para llegar a acuerdos de pago

Fuente: La República

En caso de que usted o su empresa se hayan acogido a la ley de alivio fiscal y aún no tengan los recursos para pagar sus responsabilidades tributarias, tendrá hasta el 15 de octubre para llegar a un acuerdo de pago.

Se trata de una moratoria para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, el pago del IVA y de los impuestos para nacionalizar mercadería.

La medida tuvo gran recepción en meses anteriores, ya que, por ejemplo, la moratoria aplicada en IVA superó lo equivalente a ¢82 mil millones.

Para no tener que pagar la totalidad en diciembre, puede buscar un acuerdo de pago con Hacienda.

Para lograrlo, debe presentar la solicitud por medio de correo electrónico a la dirección de la administración tributaria que corresponda según su domicilio; eso sí, debe acompañarse de la firma digital o un documento escaneado con la firma del contribuyente.

Por otra parte, debe estar al día en todos los demás deberes formales y materiales ante la Administración Tributaria, al momento de presentar su solicitud, o tener previamente aprobada una facilidad de pago si existen otras deudas tributarias pendientes de cancelar.

También debe aportar una declaración jurada donde manifieste que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico-financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, y que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.

Asimismo, debe haber cancelado una prima inicial constituida por el 20% del monto total adeudado, de previo a la presentación de la solicitud.

La Administración Tributaria determinará, en cada caso, la cantidad de cuotas de pago, que será igual a los meses concedidos en la facilidad de pago (no podrán ser más de seis).

Las cuotas serán mensuales y por montos iguales, salvo la última que podrá ser por un monto menor.

Por ejemplo, si adeuda ¢525 mil, la Administración Tributaria puede optar por que se pague en seis cuotas mensuales, las primeras cinco de ¢100 mil , y la última con los ¢25 mil restantes.

Por actividades

Los montos acogidos en moratoria de IVA, selectivo de consumo, entre otros, por actividad económica (datos en millones de colones con corte al 31 de julio, no incluye moratorias en aduanas).

Buscarán que actualización del valor de vehículos no afecte rebaja del marchamo

Fuente: CR Hoy

El diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propondrá que la reciente actualización del valor fiscal de los vehículos, que hizo el Ministerio de Hacienda, no afecte la rebaja propuesta en el marchamo 2021.

El legislador anunció este lunes que presentará una moción al proyecto de ley para que la disminución en el costo del marchamo, avalada por la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, se haga con base en el valor fiscal de los vehículos utilizada el año pasado.

“Habrá que hacer un esfuerzo para que el proyecto de ley utilice los valores del año pasado. Esa revalorización (la que hizo Hacienda) no tiene ningún sentido, solo en el cerebro de alguna gente puede ser que un vehículo en este momento aumente de valor, y eso es sorprendente“, manifestó.

Añadió que “lo importante será concretar algo en el proyecto de ley que estamos tramitando”.

El congresista Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, por su parte, dijo que pedirá explicaciones a Hacienda por la actualización del valor fiscal de los vehículos que hizo un día después de que, por mayoría, ese foro legislativo aprobó la rebaja en el costo del marchamo 2021.

“No quisiera pensar que esto es una acción del Ministerio de Hacienda para afectar el eventual rebajo en el pago de los marchamos, de acuerdo con el proyecto de ley dictaminado. Sin embargo, sí llama mucho la atención que el proyecto fuera dictaminado el 5 de octubre, y el 6 de octubre aparecieran actualizaciones en el valor de los vehículos. Vamos a solicitar toda la información al Ministerio de Hacienda para corroborar de qué se trata y en qué condiciones se dio“, comentó.

El liberacionista explicó, además, que, según las directrices vigentes, esa actualización debe hacerse en enero de cada año y no en octubre.

De acuerdo con el proyecto de ley, la disminución en el impuesto a la propiedad de vehículos -el principal componente del marchamo- aplicaría de la siguiente forma:

  • Un 50% a los vehículos con un valor fiscal inferior a los ¢20 millones.
  • Un 25% a los vehículos con un valor fiscal superior a los ¢20 millones.
  • Un 5% a los vehículos con un valor fiscal superior a los ¢50 millones.

Desde que la iniciativa de ley se tramitó en la Comisión de Asuntos Económicos, el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) ha hecho maniobras para bloquear su avance.

El proyecto llegará pronto al Plenario Legislativo para su discusión y votación final. En ese espacio, los legisladores, como Abarca, podrán plantear nuevas mociones al texto.

El cobro del marchamo del próximo año comenzará el 1º de noviembre.

 

 

Implementación en la factura electrónica del Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS)


A partir del 1ero de diciembre será obligatoria la implementación en la factura electrónica del Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS).

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Aclaración del MH sobre actualización del valor fiscal para el impuesto al traspaso de propiedades

Fuente: Ministerio de Hacienda

1. El Ministerio de Hacienda no está realizando ninguna actualización del impuesto sobre bienes inmuebles que administran las municipalidades.

2.  Esta actualización aplica para el cobro del impuesto al traspaso de propiedades (escrituras de traspaso, compraventa, gravámenes hipotecarios, rectificaciones de cabida y segregaciones) que administra el Ministerio de Hacienda y para el cobro de timbres registrales por parte del Registro Nacional.

3. Desde el año 2017 la Dirección General de Tributación realizó una alianza con el Registro Nacional, para integrar en sus sistemas el valor fiscal de las propiedades declarado por los contribuyentes en las municipalidades.

4. No toda actualización conlleva un aumento en el valor fiscal de la propiedad:

- Según las bases de datos correspondientes a 2017: De 1.952.842 de fincas inscritas en el Registro Nacional, el 22% (428.595) aumentó su valor fiscal.*

- Según las bases de datos correspondientes a 2018: De 1.932.542 de fincas inscritas en el Registro Nacional, solamente el 9,7% (188.773) aumentó su valor fiscal.*

5. No se debe confundir los términos plataformas de valores con actualización automática del valor fiscal. Las primeras son utilizadas por las municipalidades al realizar sus avalúos y por los contribuyentes cuando hacen sus declaraciones.

6. Esta labor es realizada por los técnicos de la Dirección General de Tributación y del Registro Nacional, en cumplimiento a la legislación vigente: “Ley de Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles” (N° 6999), “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (N°7509)y la “Ley de Aranceles del Registro Nacional” (N°4564).

*Fuente: Registro Nacional

Tributación rastreará 20.000 bienes y servicios para atacar la evasión

Fuente: La Nación

El 92% de los contribuyentes inscritos en el Ministerio de Hacienda están obligados a incorporar en sus facturas electrónicas, a partir del próximo 1. ° de diciembre, un código de 13 dígitos en cada uno de los 20.291 bienes y servicios comercializados.

El nuevo sistema conocido como Catálogo de bienes y servicios (Cabys) permitirá a la Dirección General de Tributación rastrear cada una de las ventas que se efectúen en el territorio nacional para combatir la evasión fiscal, elevar la recaudación de impuestos y fiscalizar la tramitación de exoneraciones fiscales.

Además, el fisco podrá conocer la actividad económica de los 550.000 contribuyentes, que hoy presentan factura electrónica, y la tarifa del impuestos sobre el valor agregado (IVA) cobrada a sus clientes.

De la medida quedan exentos los contribuyentes que están bajo el régimen simplificado.

“Nos sirve para saber qué vende una persona, para saber si es una producto de canasta básica o no, o un servicio que tiene tarifa reducida (del IVA); y para ver si hay una correspondencia adecuada en el producto que se vende y la tarifa cobrada”, explicó Carlos Vargas, director de Tributación.

El funcionario enfatizó que la implementación del Cabys permitirá al fisco elevar las herramientas de fiscalización de las personas y empresas; y de sus obligaciones tributarias.

“El Cabys nos ayudará a mejorar la gestión y la recaudación de impuestos”, reconoció Vargas.

El Ministerio de Hacienda también tendrá la facultad de revisar los incentivos fiscales de los contribuyentes que actualmente gozan de exoneraciones tributarias, pues también deben cumplir con el catálogo Cabys.

“A la Administración se le facilitará muchísimo el control y seguimiento de lo adquirido por la empresa solicitante de la exoneración y ver si realmente es el beneficio que debe disfrutar”, dijo el Director de Tributación.

Vargas agregó que no solo habrá control, pues el sistema permite a Tributación guiar de una manera más adecuada al contribuyente si en su registro impositivo hubo algún error.

Origen de medida

La implementación del catálogo Cabys en los comprobantes electrónicos se habilitó en julio del 2019.

Sin embargo, fue en mayo pasado que Tributación informó a todos los contribuyentes la obligación de incorporar su respectivo código según el bien o servicios vendido.

El número de 13 dígitos debe incluirse en la factura electrónica entre contribuyentes, de exportación, de compra, en el tiquete de compra del consumidor final y en las notas de crédito y débito.

El Ministerio de Hacienda no validará la factura emitida por una persona o empresa, a partir del 1. ° de diciembre, si carece del respectivo código.

Además, el contribuyente se expone a una sanción de hasta ¢893.000 por incumplir la orden de Tributación.

El sistema Cabys también será utilizado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el cálculo, análisis y creación de estadísticas nacionales.
Más tiempo

En setiembre pasado, la Cámara de Comercio envió una carta a Elian Villegas, ministro de Hacienda, y solicitó posponer por un plazo de seis meses la aplicación de los códigos Cabys.

La organización fundamentó su petición en que la situación generada por la pandemia sanitaria obliga a las empresas a efectuar cambios en sus sistemas de facturación, lo cual genera gastos adicionales y destinar personal.

Pero la realidad de muchas compañías es que trabajan con la mitad del personal o redujeron la jornada a muchas personas, dijo Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

“La empresas más grandes podrán cumplir con el Cabys; pero el problema será con las compañías pequeñas y medianas debido a la complejidad que implica. Lo que se pretende es muy importante, pero implica mucho trabajo para empresas que no tienen capacidad hoy por la situación económica”, afirmó Elizondo.

El vocero destacó que para diciembre muchísimas empresas no estarán preparadas para la incorporación del Cabys en las facturas electrónicas.

“Es una plataforma que no es amigable para el usuario. No está pensada para el usuario. Es un sistema más rígido y genera mucho trabajo y una demanda alta de tiempo”. Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Por su parte, Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), confirmó que algunas empresas han reportado problemas al momento de utilizar el catálogo Cabys.

“En la industria alimentaria hay mil cantidad de productos diferentes, mil variaciones distintas de una misma categoría de una materia prima. Cuando los descriptores técnicos del sector no coinciden con los de Hacienda, hay dificultad para usar la plataforma” explicó Montero.

Otro de los riesgos, afirmó el vocero, es que las empresas cataloguen sus insumos y productos en categorías que no corresponden y terminen pagando más impuestos de la cuenta o menos, por un error involuntario, y luego tengan problemas en el futuro.

El vocero de Cacia añadió que Hacienda tampoco responde con celeridad las consultas enviadas por muchos contribuyentes.

El Director de Tributación reconoció que la petición hecha por el sector empresarial está aún en análisis. Por lo cual la entrada en vigencia de los códigos Cabys se mantiene para diciembre próximo.

Vargas destacó que el tiempo para incorporar los códigos en las facturas ha sido amplio, para que los contribuyentes se ajuste a la transformación implementada.

 

 

Zonas francas critican proyecto que busca gravarlas con impuestos en plena crisis

Fuente: AmPrensa

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) cuestiona que en momentos en los que Costa Rica está urgido por continuar generando empleo y reactivar la economía para enfrentar el impacto provocado por el COVID-19, el diputado Eduardo Cruickshank proponga gravar a las empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas.

La Asociación señala que dicha iniciativa pone en riesgo la atracción de inversión extranjera y los más de 175.000 empleos directos e indirectos que generan actualmente estas empresas.

Para Carlos Wong, presidente de AZOFRAS, cambiar abruptamente las reglas del juego a las empresas que conforman este sector, pone en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica que garantizan inversión y empleo en el país.

“De la seguridad jurídica depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo y desarrollo. No podemos ponerla en riesgo; por el contrario, debemos fortalecerla y consolidarla, para seguir generando nuevas fuentes de empleo y reactivación económica. La atención de necesidades de corto plazo no puede primar sobre la visión estratégica a mediano y largo plazo del país.”, explicó Wong.

El Régimen de Zonas Francas, desde que inició la pandemia por COVID-19, ha anunciado más de 6.000 plazas nuevas en trasnacionales y, actualmente desarrolla importantes proyectos de inversión para nuevas zonas francas que generarán empleo fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

El miércoles 20 de mayo y posteriormente el lunes 28 de setiembre, AZOFRAS solicitó al Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Cruickshank, un espacio en su agenda con el fin de conversar sobre los aportes del Régimen de Zonas Francas al país, así como los retos que enfrenta Costa Rica y, no han recibido respuesta.

Proyección de déficit financiero se mantiene en el 9,3% del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda aclaró que no ha modificado la proyección de déficit fiscal para el cierre del 2020, la cual se mantiene en 9,3% del PIB, según lo anunciado en agosto anterior.  Así lo reiteró Isaac Castro, ministro de Hacienda a.i. este jueves, tras las afirmaciones surgidas en torno a la discusión del III Presupuesto Extraordinario.

“Es relevante que la población conozca que el déficit fiscal no ha variado, para evitar que esta apreciación equivocada lo induzca a tomar decisiones no deseadas y así evitar falsas apreciaciones que podrían generar confusión” comentó Castro.

El déficit fiscal se define como la diferencia entre los gastos e ingresos totales del Gobierno, por esta razón, es uno de los principales indicadores del desempeño de las finanzas públicas, ya que permite determinar la capacidad financiera del Gobierno para llevar a cabo sus compromisos y obligaciones.

Castro explicó que un aspecto que la ciudadanía debe conocer es la diferencia entre déficit presupuestario y déficit financiero proyectado. El primero hace referencia a la diferencia entre ingresos y gastos presupuestados y supone que el presupuesto se ejecuta al 100% en cada una de las partidas, sin embargo, no es posible ejecutar la totalidad de los recursos, por lo que históricamente existen niveles de subejecución.  El déficit financiero proyectado es la mejor estimación que tiene la autoridad fiscal, ya que considera las subejecuciones, respecto a la evolución de los ingresos y gastos en la ejecución del presupuesto de la República.

También es importante aclarar, que los únicos gastos nuevos que se incorporan en el presupuesto son para atender gastos asociados a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia Covid-19 y realizar transferencias a la CCSS.

“Este Ministerio hace vehemente su compromiso por mantener unas finanzas públicas sanas, disminuir el déficit fiscal y continuar con los esfuerzos para contener y reducir el gasto, a la vez que se mejora e incrementa la recaudación de impuestos” aseguró Castro.

Int’l Batalla sobre los impuestos de Trump puede regresar a la Corte Suprema de EE. UU.

Fuente: La Nación

El presidente estadounidense Donald Trump perdió este miércoles una nueva batalla judicial con el fiscal de Nueva York que intenta obtener sus declaraciones de impuestos, un caso que puede terminar por segunda vez en la Corte Suprema.

Los tres jueces de la corte de apelaciones de Manhattan desestimaron el pedido del presidente para impedir que el bufete contable Mazars, que se ocupa de sus impuestos, entregue sus declaraciones impositivas del 2011 al 2018, como exige el fiscal.

El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, reclama los documentos en el marco de una investigación sobre los negocios de Trump, porque sospecha de fraude fiscal, estafa de aseguradoras y manipulaciones contables.

El exmagnate inmobiliario siempre se ha negado a difundir sus declaraciones de impuestos, aunque en la campaña del 2016 prometió que lo haría. Es el primer presidente desde Richard Nixon que se niega a difundirlas.

Trump ya recurrió a la justicia para evitar que Mazars sea conminado a entregar sus declaraciones de impuestos al fiscal, argumentando que tenía inmunidad presidencial hasta el fin de su mandato.

Sin embargo, su pedido fue desestimado varias veces por la justicia.

En julio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de inmunidad y dictaminó que las declaraciones de impuestos deben ser entregadas al fiscal.

Pese a ese fallo Trump volvió a llevar el caso ante una corte de distrito neoyorquina, presentando otras objeciones: que el reclamo de Vance era de “mala fe” y “demasiado amplio”.

La corte dio la razón al fiscal, Trump apeló y ahora la corte de apelaciones ratificó el fallo de primera instancia, tras indicar que no había pruebas de esa supuesta “mala fe”.

Trump puede recurrir ahora nuevamente a la Corte Suprema para intentar impedir la entrega de los documentos.

Como la investigación de Vance parte de una decisión adoptada por un gran jurado cuyas deliberaciones son secretas, nadie sabe exactamente lo que busca el fiscal en esos documentos impositivos que pide al bufete Mazars.

Consultados por la AFP sobre si volverán a apelar, los abogados de Trump no respondieron.

El diario The New York Times publicó a fines de setiembre una gran investigación que señala que Trump solo pagó $750 de impuestos federales en el 2016, y lo mismo en el 2017.

También informó que el presidente no pagó ningún impuesto federal en 10 de los 15 años anteriores, y que descontó 70.000 dólares de impuestos en tratamientos para el cabello en los años que condujo el programa de telerrealidad “El aprendiz”, algo que los expertos consideran ilegal.

IVA sobre canasta básica financiaría 3.500 pensiones para adultos mayores en pobreza

Fuente: La Nación

Por unanimidad, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron un proyecto de ley que permitiría otorgar 3.500 nuevas pensiones, por año, a adultos mayores pobres.

Se trata del expediente 21.403, cuya propuesta es destinar al financiamiento de esas jubilaciones una parte de la recaudación del 1% del impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra a los bienes de la canasta básica.

La iniciativa de ley, impulsada por el liberacionista Gustavo Viales, girará esos recursos al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que otorga pensiones de ¢82.000 mensuales a adultos mayores en pobreza y en pobreza extrema.

Con ese dictamen, el proyecto avanzará al Plenario Legislativo para su aprobación.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, recibió la acción de los legisladores con gran entusiasmo.

“Es una gran noticia, porque todos los recursos que se puedan asignar el Régimen No Contributivo tienen el claro propósito de mejorar la cobertura del régimen, pues los recursos actuales no nos permiten llevar adelante el programa hacia todos los adultos mayores que están en condición de pobreza o pobreza extrema”, expresó Carrillo.

Según el jerarca, por año, el presupuesto que recibe el RNC permite otorgar 5.000 nuevas pensiones a adultos mayores necesitados.

Sin embargo, para llegar a los 40.000 adultos mayores en pobreza o pobreza extrema que hoy no tienen una pensión en Costa Rica, es necesario aumentar la cobertura a 10.000 nuevas pensiones al año.

De aprobarse el expediente 21.403, sería posible aumentar la cobertura a 8.500 nuevas jubilaciones, pero todavía haría falta financiar otras 1.500.

Cada uno de esos estipendios le cuesta al Estado, anualmente, alrededor de ¢1 millón.

Para otorgar los 3.500 nuevos subsidios que propone el proyecto de ley, la transferencia anual del Ministerio de Hacienda a la CCSS deberá ser de, al menos, ¢3.500 millones.

“Esta propuesta permite abatir el estado de pobreza extrema en que se encuentran nuestros adultos mayores, que son la gente más vulnerable entre la más vulnerable. Este proyecto tiene un altísimo interés social que no debe ser postergado, para lo cual deben destinarse los recursos que sean necesarios para atacar este flagelo con urgencia, pues la situación se ha agravado con la pandemia”, comentó el diputado Viales.

Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que es un reto para los diputados idear “mecanismos de devolución” para los estratos más bajos con el dinero que se recaude en impuestos; por ejemplo, esta iniciativa de dar ayuda social a adultos mayores pobres.

La también liberacionista Silvia Hernández destacó el logro de los diputados, al consensuar que una parte del 1% del IVA sobre la canasta básica —instaurado por la ley 9635 o reforma fiscal— se destine a una población vulnerable.

“Si hay un espacio de política pública con enfoque social, es el Régimen No Contributivo porque, además, es uno de los espacios de menor filtración; prácticamente, nula la filtración, y ahí nos estamos asegurando que recursos asignados están llegando a personas que genuinamente tienen una necesidad”, afirmó Hernández.

Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN) manifestó que, a pesar de la lucha que dio su fracción para que no se gravara la canasta básica, “están totalmente de acuerdo con el proyecto del diputado Viales, ya que devuelve esos recursos a las personas más necesitadas”.


Régimen urgido de recursos

Por año, el área de Gestión de Pensiones de la CCSS maneja un promedio de 20.000 casos pendientes, o sea, personas que sí califican, pero que para obtener su pensión, tienen que esperar a que el RNC reciba recursos frescos.

Actualmente, 126.300 personas reciben una pensión del RNC. De ellas, 122.000 (90%) son adultos mayores pobres. A ellos se les otorga un estipendio de ¢82.000 al mes.

El otro 10%, 4.300 beneficiarios, recibe ¢300.000 mensuales. Se trata de personas con discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral profunda y autismo, entre otros padecimientos, así como viudas y huérfanos en pobreza.

Hoy, de las 545.000 personas mayores de 65 años que hay en Costa Rica, el 45% no tiene pensión de ningún tipo; ni contributiva, ni no contributiva.

De hecho, la cobertura en pensiones para adultos mayores es del 64%, tomando en cuenta regímenes contributivos y no contributivos. “Un porcentaje que está entre regular y bueno”, considera el director de Pensiones de la Caja.

Tribunales condenan con 10 años de cárcel a seis personas por defraudación a la hacienda pública

Fuente: Ministerio de Hacienda

Por primera vez en Costa Rica, los Tribunales de Justicia condenaron a seis personas con una sentencia de 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, cinco años por cada delito cometido.

Esta sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que defraudó al Fisco por un monto superior a los ¢349 millones, cuya denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación (DGT) en el 2004. Luego de un proceso judicial de 16 años, la sentencia quedó en firme en junio anterior.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

Así lo informó Carlos Vargas, director general de Tributación, quien indicó que durante estos 16 años el contribuyente utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.

“Esta sentencia de los Tribunales de Justicia sienta un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al Fisco. Es la primera vez en la historia del país en que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso supervisores y contador. Este largo proceso permitió demostrar la fundamentación técnica de la investigación que iniciamos hace de 16 años ante una maniobra fraudulenta por las que se estaban dejando de pagar importantes sumas al Fisco”, destacó Vargas.

La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los ¢149,7 millones para el año 2001 y los ¢230,8 millones para el año 2002.

Resumen de la maniobra

En el año 2004, la DGT interpone la denuncia ante el Ministerio Público, por indicios de delito tributario, en relación con el impuesto sobre las utilidades de los periodos fiscales 2001 y 2002 producto de una serie de irregularidades, detectadas durante el procedimiento de inspección tributaria seguido contra una serie de personas físicas y jurídicas que conformaban una cadena de tiendas a nivel nacional.  Este proceso implicó una compleja investigación por parte de Hacienda, que incluyó la revisión a 156 personas involucradas. 

Dicho grupo -en total 53 personas jurídicas y 103 personas físicas- se dedicaba a la importación y comercialización de ropa y zapatos, a través de establecimientos comerciales ubicados en diferentes zonas del país, los cuales se encontraban inscritos ante la Administración Tributaria, de manera independiente y bajo el Régimen de Tributación Simplificada.

No obstante, durante la investigación realizada, se logró confirmar que se trataba de un grupo de interés económico familiar, conformado por una persona de apellidos Soto Mora, su esposa de apellidos Navarro Blanco y sus tres hijos de apellidos Soto Navarro, quienes participaban como miembros de las juntas directivas de las personas jurídicas implicadas y socios de las mismas. 

Bajo el esquema de la planificación, existía una clara distribución de funciones, las cuales eran llevadas a cabo por los acusados para la materialización del fin ilícito propuesto.

Además de ostentar la representación legal y la mayor participación accionaria de las sociedades involucradas, el señor Soto Mora era el principal desarrollador de la actividad comercial. Por otra parte, sus hijas eran las encargadas de ejecutar y controlar la venta de mercaderías, así como los ingresos percibidos por ello.

Los hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona, eran los encargados, entre otras diligencias, de recibir el dinero en efectivo generado y efectuar depósitos bancarios producto de las ventas. Por su parte, el contador era quien le daba sostenibilidad al esquema del ilícito. 

Como parte de las acciones ejecutadas durante la investigación, se realizó el levantamiento del secreto bancario y se determinó que los ingresos producto de la actividad económica desarrollada por el grupo de referencia, eran depositados en cuentas bancarias del señor Soto Mora, de sus dos hijas, así como en cuentas bancarias de los dos sujetos Murillo Hernández.

Producto del análisis y depuración de la información financiera, obtenida tras el levantamiento del secreto bancario, se evidenció que parte de los ingresos gravables obtenidos de la actividad comercial, no fueron declarados al Fisco. 

A la fecha, existen 21 casos pendientes de resolución por parte del Poder Judicial, por un monto estimado de más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar.

Foro: Optimizar el IVA

Fuente: Foro La Nación

Por: MDT. Raymundo Volio

Cuando en julio del 2019 la base de contribuyentes del impuesto sobre las ventas cambió al impuesto sobre el valor agregado (IVA), la expectativa del incremento en los ingresos eran enormes.

Por ejemplo, se estimó una subida del 3 % del PIB, y en el presupuesto del 2020 se calculó un significativo aumento del 6,3 %. En millones percibidos significaría pasar de ¢1.500 millones recaudados en el 2019 a aproximadamente ¢1.700 millones.

Varias eran las razones para preverlo, pero la principal fue la ampliación de la base de contribuyentes, de 70.000 a 400.000. También debe considerarse la incorporación de nuevos servicios a la base imponible.

Si comparamos la recaudación del 2018-2019 hasta antes de entrada en vigor del IVA, el Gobierno obtuvo ingresos promedio de ¢125.718 millones al mes. Este mismo periodo, pero del 2019 al 2020, es decir, en pleno cobro del IVA, los ingresos anuales descendieron a un promedio de recaudación de ¢108.462 millones mensuales.

Aunque sería fácil culpar a la pandemia de la caída, lo cierto es que el verdadero impacto debió sentirse de marzo a junio del 2020, meses considerados en la ley de alivio fiscal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?

Ineficiencia. Los ciudadanos no podemos aceptar que tras el cambio al IVA recaudemos menos que con el impuesto sobre las ventas. Es simplemente inadmisible. La Dirección General de Tributación es seriamente responsable del manejo y gestión de este tributo y debe ser interpelada sobre el trabajo realizado.

El modelo tiene muchos errores de diseño al incorporar tantas tarifas diferenciadas (13 %, 4 %, 2 %, 1 % y 0 %) ¿Cual es el impacto de estas en el universo de recaudación? Lo desconocemos.

¿Y el peso de las exenciones? Aunque la ley que originó el IVA eliminó varias exenciones, las que se conservaron e incorporaron deberían compararse para determinar su eficiencia fiscal.

De la misma manera que tantas tarifas diferenciadas hacen raro nuestro modelo de IVA, la forma de calcular la proporcionalidad no se queda atrás y genera miles de dolores de cabeza a los contribuyentes en la cuantificación.

Camino corto. Entonces cabe preguntarnos si la cuantificación del crédito fiscal está presentando un crédito en exceso que hace que el neto de contribución reduzca el verdadero pago de los tributos.

Aprobar nuevos impuestos para aliviar el déficit fiscal significa un proceso largo y complejo, y los recursos los necesitamos hoy.

Está claro que no existe otro impuesto que genere más fácilmente recursos al Estado que el IVA, por excelencia el modelo fiscal más eficiente para proporcionar recursos rápidos y abundantes al fisco.

Los diputados deberían estar buscando la forma de optimizar el IVA, pues no ha carburado ni dado los frutos previstos.

Diputados exonerarían 50% de impuesto en marchamo a vehículos de menos de ¢20 millones

Fuente: La Nación

Cuatro diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos dictaminaron de forma afirmativa un proyecto de ley que reduciría el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos para el año 2021, el cual es el principal componente del marchamo.

Sin embargo, incluyeron algunos cambios a la redacción, con tal de que la reducción del tributo se haga de forma gradual, otorgando mayores beneficios a los vehículos con un valor fiscal inferior a los ¢20 millones.

Según el texto dictaminado, se exoneraría el 50% del impuesto a los vehículos valorados en menos de ¢20 millones.

Así, por ejemplo, el dueño de un vehículo valorado en ¢1,6 millones, que pagaba ¢85.500 de marchamo, pasará a pagar ¢63.000. Ese es el efecto porque la reducción es sobre el impuesto, no sobre todos los componentes del marchamo. En ese caso, el tributo era de ¢45.000, que se reduce a ¢22.500.

Los demás elementos, como el seguro obligatorio, no varían.

En el caso de un auto valorado en ¢11,5 millones, la reducción será de ¢178.000. El marchamo total bajará de ¢387.600 a poco menos de ¢210.000.

En cuanto a los automotores que cuesten entre ¢20 millones y ¢50 millones, la reducción del tributo sería de un 25%.

Y, para los que cuesten más de ¢50 millones, la rebaja sería de un 5%.

Los legisladores también dictaminaron exonerar a los motocicletas del pago del impuesto al valor agregado en el pago del marchamo 2021 y la reducción del 30% del pago del canon al Consejo de Transporte Público (CTP) para transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, rutas regulares o servicios especiales (turismo, estudiantes, ocasionales).

Votaron a favor del dictamen afirmativo el socialcristiano Pablo Abarca y los liberacionistas Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate.

En contra votó Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien de forma airada reprochó a sus colegas que se esté beneficiando con las reducciones a sectores con alto poder adquisitivo, según reiteró.

En cuanto a la reducción del 50% del pago del impuesto a la propiedad de los vehículos, se incluyen las categorías de carga liviana y pesada, busetas, autobuses, de turismo y servicio público.

Los mismos diputados definieron que las naves, buques y aeronaves sí deberán cancelar el 100% de ese tributo durante el 2021.

En un principio, los legisladores pretendían exonerar el 50% del pago del impuesto de la propiedad a todos los vehículos.

Pero Hacienda advirtió que si no se encontraba una fuente de ingresos adicional, se generaría un hueco a las finanzas públicas. Por ese tributo, el Gobierno recaudaría unos ¢170.000 millones este año.

El proyecto aún carece de fuente alterna de recursos o de recorte al gasto.

Los cambios fueron propuestos por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). En total, se aprobaron tres mociones de fondo al texto que posteriormente se dictaminó.

Asimismo, Abarca, Thompson, Niño y Ulate rechazaron más de 40 mociones provenientes, principalmente, del PAC.

La bancada oficialista buscaba reducir el beneficio a los dueños de vehículos con menor valor fiscal. También pretendía que los propietarios demostraran ante Hacienda una afectación sustancial en sus ingresos producto de la pandemia.

Por ejemplo, Paola Vega, diputada rojiamarilla, presentó 13 mociones. Ella proponía que ese beneficio solo lo puedan obtener los propietarios de vehículos con un valor fiscal menor a ¢3 millones o ¢2,5 millones o ¢2 millones.

La comisión también descartó una moción de fondo de Vega que pedía excluir a vehículos de funcionarios con altos cargos en el Estado como diputados, magistrados, alcaldes y vicealcaldes, presidentes ejecutivos y miembros de juntas directivas, entre otros.

Nielsen Pérez, también legisladora del PAC, intentó que se excluyera del beneficio a marcas de vehículos de alta gama como Aston Martin, Tesla, Rolls Royce, Porsche, Maserati, McLaren, Lexus, Lamborghini, Jaguar, Hummer, Ferrari, Bentley, así como las motocicletas Ducati y Harley Davidson.

Todas esas mociones de fondo fueron descartadas.

Previo a la votación por el fondo del proyecto, el diputado Carranza señaló, de forma airada, que los cambios aprobados “degeneran” aún más el texto, al incluir la exoneración del IVA en el pago del marchamo de motocicletas.

Acusó a sus compañeros de legislar en beneficio propio por no excluir a los diputados o magistrados de la iniciativa.

“Están exonerando el pago del marchamo a los diputados y eso hay que decírselo al pueblo de Costa Rica. Por eso me he opuesto a semejante barbaridad”, aseveró Carranza.

Llamó a tener responsabilidad con el Estado, debido que al disminuir ese tributo se afectaría, afirmó, proyectos de infraestructura vial. Afirmó que la clase media, a la que se pretende beneficiar, tiene vehículos de ¢5 millones o menos.

“Aquí hay vehículos de mucho valor de diputados, aquí hay vehículos que no es de gente pobre. Este proyecto exonera de impuesto a las clases más poderosas de este país”, subrayó el rojiamarillo, al tiempo que dijo sentir vergüenza por la iniciativa de ley.

El socialcristiano Abarca le aclaró que, precisamente, uno de los cambios del texto establecería una gradualidad en la reducción en el pago de ese impuesto, en el que los vehículos de mayo valor obtienen menos rebaja.

“Datos de Hacienda dicen que solo hay 22.000 vehículos con valor superior a los ¢20 millones. Cerca de dos millones son con valores inferiores a los ¢20 millones”, respondió el socialcristiano.

En todo caso, indicó Abarca, los efectos económicos de la pandemia la han sufrido todos los costarricenses y lo que se pretende con este proyecto es llevarles un poco de alivio fiscal, principalmente a las clases bajas y media.

“Hay gente de muchos recursos, claro, pero la mayoría son gente que la pulsea, que tiene emprendimientos, que ha perdido el empleo, ha sufrido reducción de jornada o suspensión de contrato. Es gente que ha sufrido disminución de ingresos”, añadió.

Tanto Abarca, como Thompson y Niño se mostraron dispuestos a hacer los cambios pertinentes al proyecto de ley, con tal de establecer filtros como la exclusión de diputados.

El verdiblanco manifestó la urgencia, según su criterio, de aprobar el texto durante el mes de octubre. Esto con el fin de darle sentido dado que el cobro del marchamo 2021 se inicia desde el 1° de noviembre próximo.

“Este proyecto tiene el propósito de equilibrar las cargas en un año muy complejo para una norme cantidad de gente. Muchas empresas que han tenido que cerrar, miles de personas han perdido sus empleos y sus ingresos. Quiero dejar claro mi compromiso para votar cualquier moción que excluya los vehículos de los diputados”, finalizó Thompson.

Bajar IVA al 9%, fusionar instituciones duplicadas y aplicar regla fiscal, serían nuevas propuestas

Fuente: La República

Establecer un salario único para todos los empleados públicos con iguales responsabilidades, fusionar, cerrar o vender instituciones que ya no se requieren o están duplicadas, recortar el gasto superfluo y luchar contra la evasión fiscal, son algunas de las ideas que ya se comentan para incluir en el acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aplicar la regla fiscal con mayor severidad e incluso bajar el IVA al 9%, son otras de las propuestas que han lanzado en las últimas semanas diputados y empresarios.

En cuanto a rebajar el IVA, implicaría darle un empujón a la economía para que se reactive, genere empleo y consumo, y con ello, el Estado pueda cobrar más impuestos, dijo Jonathan Prendas, legislador de Nueva República.

La posibilidad de aumentar los impuestos existentes, o bien, aprobar nuevos tributos es prácticamente descartada por todos los sectores, salvo un grupo de economistas de la Universidad Nacional, quienes han promovido un gravamen para las bebidas alcohólicas y una contribución solidaria de las zonas francas, entre otras ideas.

Este domingo, el presidente Carlos Alvarado en cadena de televisión, anunció el freno a la propuesta de ajuste estructural con el FMI.

En su lugar, el mandatario informó que abrirá un proceso de diálogo con sectores; sin embargo, este proceso no puede ser muy extenso, ya que los problemas fiscales del país demandan acciones inmediatas.

El Presidente informó que él mismo estará liderando las conversaciones, y al mismo tiempo, pidió a los manifestantes, que depongan los movimientos y se sumen al diálogo.

A finales de septiembre, Alvarado propuso un nuevo paquete de impuestos, que simplemente no tuvo aceptación, generando el rechazo generalizado de sectores y manifestaciones en la última semana.

En ese sentido, todos los sectores pidieron a los manifestantes detener los bloqueos.

Algunas ideas

Estas son algunas de las ideas que ya se comentan para reactivar la economía o incluir en el acuerdo de ajuste estructural con el FMI.

  Atacar la evasión fiscal
  Aplicar la regla fiscal verdaderamente
  Apoyar a los emprendedores y trabajadores independientes
  Aumentar el gasto en infraestructura
  Bajar costo de servicios públicos como gasolina y electricidad
  Bajar el impuesto del IVA del 13% al 9%
  Contribución solidaria de las zonas francas
  Otorgar beneficios fiscales al turismo
  Dar acceso a crédito barato para PYMES
  Disminuir las cargas sociales
  Eliminar los gastos superfluos del Estado, incluyendo gastos en publicidad y viajes
  Establecer una contribución solidaria sobre mejores salarios, o bien, ampliar el porcentaje que hoy se cobra sobre impuesto de renta al salario
  Fusionar, cerrar o vender instituciones que no se requieran
  Hacer un nuevo proyecto de ley de empleo público
  Impuesto sobre bebidas alcohólicas
  Renegociación de la deuda, sobre todo la deuda interna que representa un 77% de la deuda local
  Reducir los alquileres del Estado a la baja
  Rebajar gasto en pensiones de lujo


Nueva oportunidad

Diputados y empresarios aplauden la decisión del gobierno de abrir una mesa de diálogo.

Julio Castilla
Presidente
Cámara de Comercio

Trabajamos en nuestra propuesta de lo que debería plantearse al FMI.
La gente tiene derecho a manifestarse, pero que no afecten en un momento crítico para sacar al país adelante

José Álvaro Jenkins
Presidente
UCCAEP

El diálogo es urgente, debe ser sincero, serio y efectivo. Para ello, también, se debe contar con interlocutores válidos y facilitadores imparciales que lo garanticen. El mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta balanceada y crear las bases para la estabilidad económica.

Xiomara Rodríguez
Jefa de fracción
Restauración

Hay mucho que se puede hacer, hay varias opciones, como un verdadero recorte gasto y controlar la evasión y elusión fiscal.
Lo mejor que pudo hacer el presidente fue abrir un proceso de diálogo.

Paola Vega
Diputada
PAC

Nuestro Presidente Carlos Alvarado anuncia el retiro de la propuesta inicial ante el FMI y un proceso de diálogo para llegar a acuerdos nacionales al respecto. Hora de que sectores democráticos y bancadas políticas construyamos sin egoísmos. Hora también de que cese la violencia.

Protestas ponen pausa a combo de impuestos

Fuente: Diario Extra

Las protestas de los últimos cinco días surtieron efecto y el gobierno anunció que valorará la propuesta inicial de impulsar un nuevo paquete de impuestos en medio de la emergencia nacional por el Covid-19 para poder acceder a un crédito con el FMI.

El anuncio lo realizó anoche el presidente Carlos Alvarado durante los 4 minutos y 22 segundos que duró la Cadena Nacional.

El Poder Ejecutivo tuvo que ceder a la presión luego de que la huelga indefinida que empezó el 30 de setiembre se tornó en casi insostenible en donde el pueblo arremetió contra el silencio presidencial.

El descontento social llegó en uno de los momentos más convulsos en la historia reciente del país, con un desempleo del 24,4%, 

MOLESTIA

La molestia ciudadana se empezó a tejer desde el 17 de setiembre, día en que el gobierno de la República presentó su hoja de ruta para negociar la ampliación de un préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicha propuesta contenía una serie de impuestos que tenían como finalidad el equilibrio de las finanzas públicas, sin embargo, entre los cuestionamientos realizados destacan que el contenido tenía un 80% de tributos y solamente un 20% por contención en el gasto.
Entre las propuestas que había planteado el Ejecutivo destacaban impuestos a las transacciones financieras, gravamen a los premios de la lotería, un tributo temporal al salario y las pensiones, el incremento del 0,25% y 0,75% a los bienes inmuebles y el gravamen a las cooperativas que se califiquen como grandes territoriales o nacionales.
La iniciativa contaba con la posibilidad de que los ingresos de todas las personas físicas y jurídicas se meterán en un mismo saco y se cobrará una única tasa de impuesto.

DIÁLOGO NACIONAL

El mandatario de la República argumentó que se acogió el llamado a los sectores, de los partidos políticos, de las cooperativas, sindicatos, empresarios, agropecuarios y sectores religiosos para arrancar con un proceso de diálogo nacional.
Alvarado manifestó que se involucrará personalmente entendiendo el sentimiento y la necesidad de tomar acciones.
El mandatario argumentó que no es de recibo que si se quiere negociar se tenga que recurrir a los hechos violentos y vandálicos, como él los citó durante su discurso ante la opinión pública.
Indicó que aún hay propuestas que se deben discutir sobre el tema y que hay tiempo para ello, pero reconoció que este se acorta.

FRASES DE LA CADENA NACIONAL

• “He escuchado, he leído y también he visto el sentimiento en el país. Sé que hay gran preocupación por el empleo, frustración por la difícil situación económica, angustia por el Covid-19, molestia e incertidumbre por la situación que vivimos”.
• “Acojo con humildad el llamado de los sectores democráticos de la sociedad atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos”.
• “Abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente”.
• “El gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial, esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación”.
• “Hay opciones y propuestas, y aún hay tiempo para hacerlo, pero ese tiempo no es ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee como la ocurrida hace 40 años”.
• “El gobierno no ha planteado la venta del ICE, del INS o de los bancos públicos”.
• “Con dolor he visto los focos de violencia y vandalismo desatado en los últimos días. Violencia y vandalismo que categóricamente condenamos porque nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia”.
• “Hago un llamado a quienes se han manifestado de buena fe a que levanten los bloqueos”.
• “Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos, pero no usando la vía del bloqueo o de la violencia”.
• “No se debe dañar la actividad económica incipiente. Estamos tratando de impulsar con el modelo Costa Rica trabaja y se cuida con miras a recuperar el empleo en todas las regiones”.
• “El año 2020 es uno de los años más difíciles en décadas, pero saldremos adelante”.
• “Es momento de que las diferentes voces que creen en esta democracia y que amen este país se manifiesten por y para la democracia, para la paz y para la ruta de los acuerdos.

Hacienda y MEIC revisan nueva lista de productos de la canasta básica tributaria

Fuente: La Nación

Los ministerios de Hacienda y Economía preparan una nueva lista de los bienes de la canasta básica tributaria, la cual contiene los productos que tienen un impuesto al valor agregado (IVA) del 1%.

“Se realizó una revisión en función de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (Enigh) y en la determinación de cuáles productos ingresan y salen; de acuerdo con los criterios establecidos en la ley. Esta propuesta se encuentra en revisión en el Ministerio de Hacienda”, informó el Ministerio de Economía.

“El próximo martes tenemos una reunión con el MEIC para definiciones sobre este tema, por lo que la publicación será hasta que todos esos temas estén bien acordados”, informó Villegas.

La canasta básica tributaria está compuesta actualmente por 195 tipos de mercancías, que se desagregan en una gran variedad de productos por partida arancelaria o código producto.

Las autoridades habían anunciado en enero pasado que esperaban tener la nueva canasta antes del 1° de julio de este año cuando entraba a regir el tributo, pero se atrasó.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que para definir cuáles productos se incluyen en dicha canasta se debe considerar el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos (el 20% de hogares con menos recursos), de acuerdo con los estudios efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Al cambiar la lista los productos que salgan pasarán de tener un IVA del 1% a uno del 13%, por el contario los que ingresen pasarán de un IVA del 13% a uno del 1% y los que permanezcan se mantienen con el 1%.

Todavía está pendiente el tratamiento que tendrá el pescado. Cuando se hizo la canasta básica tributaria, tras la aprobación de la Ley, algunos pescados quedaron excluidos lo cual generó el reclamo de los pescadores.

Se trata de los pescados frescos, enteros y en filete de las especies atún, dorado, vela, marlín, espada, bonito, bolillo, pargo y corvina, siempre que no tengan preparación, o sean congelados sazonados, marinados, adobados, condimentados, o empanizados.

Además, se otorgó un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al de Economía para que hicieron un estudio para saber si la gente más pobre consume esas especies.

No obstante, otro decreto, (el número 42322-H-MAG-MEIC) del 23 de abril del 2020 se amplió el plazo para el estudio nueve meses a partir de la vigencia de este decreto. Por lo tanto, el plazo vence el 23 de diciembre del 2020. Y todavía podría prorrogarse tres meses más.

“En este momento el estudio llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, está en procesos de análisis por parte de las autoridades de las instituciones señaladas”, informó el Ministerio de Economía.

Productores de caña se oponen a más impuestos

Fuente: El Mundo CR

El sector cañero costarricense señaló que se oponen a la aprobación de más impuestos y a cualquier propuesta que venga a encarecer los costos de producción y a deteriorar, aún más, la ya difícil situación que afrontan los productores de caña.

Christian Ocampo, director ejecutivo de Fedecaña expresó que «lejos de proponer la creación de más impuestos, que afectan directamente la competitividad de los agricultores que representamos, las autoridades de Gobierno y demás actores políticos, deben formular iniciativas para reactivar la economía, incentivando y estimulando al sector productivo nacional».

Para Heiner Bonilla, presidente de Fedecaña «empobrecer más al pueblo no es el camino correcto. Los productores de caña no soportamos más impuestos y mucho menos la intención de aumentar el impuesto sobre bienes inmuebles».

«Si se aprueban más impuestos vamos a desaparecer. Esto no lo vamos a aceptar», aseveró Bonilla.

El sector cañero hace un llamado al Gobierno para que en las negociones con el Fondo Monetario Internacional, se priorice la reducción del gasto público, así como la mejora del aparato tributario, con miras a facilitar la recaudación de los impuestos que ya existen, reducir la informalidad, la evasión y la elusión fiscal.

Asimismo, aseveran que «la alternativa no es aumentar la carga impositiva de Costa Rica, una de las más altas del mundo».

Para Fedecaña, la creación de nuevos impuestos no es la ruta para salir de la crisis, al poner en riesgo al sector agro productivo, que es uno de los mayores empleadores del país. La propuesta debe ir enfocada al estímulo de la producción, según lo han venido haciendo otras economías que realmente quieren tener un renacer socioeconómico.

Por su parte, Fedecaña afirmó que «respaldamos agotar, en todo momento, las vías del diálogo, entre los diferentes actores sociales, políticos, empresariales y organizaciones del sector productivo, para evitar la necesidad de manifestaciones que lamentablemente puedan afectar el libre tránsito y el comercio de bienes y servicios».

En Costa Rica se cultivan aproximadamente 62 mil hectáreas con caña de azúcar, distribuidas en 25 cantones y 114 distritos. El sector lo componen 7.078 productores independientes (más del 90% son pequeños, con unidades productivas que no superan las 7 hectáreas) y 11 ingenios, 2 de ellos cooperativas, generando, aproximadamente, 60 mil empleos, entre directos e indirectos, principalmente en zona rural.

Hacienda deja de recaudar ¢50.000 millones por creciente informalidad

Fuente: CR Hoy

Hay una enorme fuente de posibles ingresos tributarios en la que el Gobierno no mete la mano. Si lo hiciera, también ayudaría a mejorar las condiciones laborales para un millón de personas.

Esa veta es el sector informal de la economía, en el que día a día se desenvolvían, antes del golpe del COVID-19, más de un 45% de los trabajadores de acuerdo con el último Estudio Económico Costa Rica 2020, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esa porción podría aumentar en tamaño y complejidad a raíz de la pandemia y los destrozos que deja en la economía costarricense.

De acuerdo con el estudio “Informalidad en la economía costarricense y su impacto en los ingresos fiscales”, que elaboró el Ministerio de Hacienda a finales del 2019, el Gobierno deja ir un 0,15% del producto interno bruto (PIB) en recaudación de impuestos debido a la existencia de un enorme sector informal en el que interviene muy poco para achicarlo.

Ese porcentaje, en el 2018, equivalió a ¢50.667 millones en impuestos no recaudados. El monto se desglosa en ¢43.870 millones en el sector informal no agrícola y en ¢6.796 millones en el empleo informal, de acuerdo con el análisis de Hacienda.

Hay empleo informal y empresas instaladas en la informalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los trabajadores informales son aquellos que carecen de seguridad social financiada por su empleador, quienes solo reciben pago en especie o por una única vez, o quienes incluso no son remunerados.

También están en la informalidad aquellas personas que trabajan por cuenta por propia o que tienen empresas y contrata personal sin estar constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica. Tampoco declaran ante Hacienda, ni pagan cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para Hacienda, además, el sector informal se compone del empleo informal que existe dentro del sector formal. En esas condiciones el Ministerio logró contabilizar a 96.011 personas quienes no estaban aseguradas por su patrono. El estudio de esa cartera determinó que en total hay 600.576 ocupados que se encuentran dentro de la informalidad, la cifra representa a un 31,8% del total de ocupados del país.

El caso de los asalariados informales

Lo que hizo la cartera que dirige Elian Villegas fue tomar los criterios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para obtener las bases de los sectores que conforman la informalidad y a partir de ahí estimó los ingresos que el Estado dejó de percibir.

Hacienda tomó como dato inicial para estimar el monto de los eventuales ingresos que el Gobierno no recauda la población ocupada no agrícola del sector informal y lo cruzó con la información disponible para cada una de las categorías ocupacionales.

Así, logró determinar que los asalariados privados de la población ocupada no agrícola del sector informal dejan de pagar por el impuesto sobre la renta alrededor de ¢12,724 millones. Este grupo de la informalidad corresponde a un 99,4% del total de trabajadores en condición irregular.

Al ver el dato desde los rangos del impuesto sobre la renta, el grueso de los recursos que Hacienda no recauda a causa de la informalidad, unos ¢10.485 millones anuales, se encuentra en la porción sobre el exceso de ¢1.199.000, por el que los asalariados formales pagan una tasa de un 15%.

El resto de los impuestos que no ingresan al erario están en el tramo sobre el exceso de ¢799.000 y hasta ¢1.199.000, al que se lo cobra una tarifa de un 10% de renta. El monto que deja de percibir Hacienda por la informalidad de los trabajadores en ese rango es de ¢2.239 millones anuales.

Patronos en informalidad dejan de pagar millones

Contrario a lo que ocurre en el sector formal de la economía, en el que los patronos tienen que soportar una pesada carga de impuestos sobre sus hombros, en la informalidad los empleadores se ahorran muchos millones de colones en tributos.

El estudio de Hacienda determinó que la cifra que deja de recaudar el impuesto sobre la renta en este cúmulo asciende a casi ¢5.000 millones anuales al no gravar a 9.700 emprendedores.

Las ganancias para el sector patronal están exentas hasta los ¢3.549.000 millones. El Ministerio estima que sobre el exceso de ese monto y hasta los ¢5.299.000 deja de percibir ¢102 millones anuales en impuestos (tarifa de un 10%), en el tramo que va hasta los ¢8.840.000 (15%) la suma asciende a los ¢997 millones.

En el siguiente escalón del impuesto sobre la renta, hasta los ¢17.716.000 (tasa del 20%) el Estado deja de cobrar ¢1.105 millones anuales y en el último, que grava el exceso sobre los ¢17,7 millones con una tasa de un 25%, el monto anual que no ingresa al Gobierno es de ¢2.703 millones al año, a causa de la informalidad en la operación de empresas.

Pero la cifra se dispara cuando se trata de estimar el monto que dejan de pagar por el impuesto sobre la renta los trabajadores por cuenta propia. Para el periodo 2018 Hacienda determinó que la cifra llegó a los ¢26.164 millones.

Hacienda concluyó que, al disponerse de estimaciones acerca de la magnitud del empleo informal y las condiciones de estos patrones de empleo, se pueden crear programas con cierto grado de especificidad que generen un funcionamiento del mercado.

“Se exponen estos datos con la finalidad de que las autoridades correspondientes y en este caso las de la Administración Tributaria, busquen las mejores vías para mitigar el impacto negativo y sobre todo fiscal que genera el sector informal y en general de la economía informal”, se justificó en el informe.

El gobierno del presidente Carlos Alvarado presentó hace dos semanas una propuesta para negociar un servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones. La propuesta para obtener el financiamiento adicional para sus gastos durante los próximos años se basa en un fuerte aumento de la carga tributaria para el sector formal de la economía. Sin embargo, adolece de una omisión total sobre la posibilidad de obtener ingresos formalizando a los trabajadores y empresas que operan al margen de la legalidad.

Llamado desoído por Gobierno

La informalidad es un virus complejo con las características de una epidemia en la economía costarricense y su origen yace en múltiples fuentes.

El diagnóstico está claro, no así el remedio. El origen del mal de la informalidad está en problemas estructurales como el exceso de regulaciones y trámites que dificultan que los pequeños y medianos emprendimientos decidan dar el salto hacia el sector formal; el engorroso camino que hay que seguir para tramitar licencias y permisos para que las pymes se formalicen; y los elevados costos en materia de seguridad social son, entre otros, parte de la problemática que enfrenta el país para aumentar el porcentaje de trabajadores y empresas formales.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ha hecho llamados al Gobierno para que refuerce los controles sobre el sector informal de la economía.

Hasta ahora, esos llamados no han provocado cambios de relevancia y los empresarios formalizados le siguen reclamando a Hacienda por enfocarse en la fiscalización de negocios que contribuyen al fisco, en lugar de volver los ojos hacia los que están fuera de sus controles.

Uccaep define a ese sector como el “verdadero enemigo de la hacienda pública y el mayor competidor del sector formal”.

Por su parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) expresó en el contexto del debate del proyecto de ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas alcohólicas que las regulaciones del Estado deberían de enfocarse en atacar al sector informal y no a la industria establecida, que ya de por sí es muy vulnerable a la competencia desleal.

En su Estudio Económico Costa Rica 2020, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que las probabilidades de que el sector informal crezca en el país son muy altas, debido al impacto de la pandemia en la economía.

El grupo de 37 países reseñó que la informalidad afecta con particular énfasis a las mujeres y trabajadores poco calificados, así como a los migrantes, las personas con discapacidad y la población indígena.

“No hay una solución mágica para reducir la informalidad. Se requiere una estrategia integral, como se recomienda en Estudios Económicos anteriores de la OCDE (2016 y 2018). Dicha estrategia debería cubrir diferentes áreas de política, incluyendo las regulaciones laborales y comerciales, los impuestos o las habilidades”, subrayó la Organización.

En el análisis sobre el estado de la economía costarricense la OCDE destacó la decisión del Gobierno de reducir las tasas de contribución en una medida temporal (4 años) para las pequeñas empresas que emplean entre 1 y 5 trabajadores. La experiencia, según el ente multilateral no financiero, ha resultado en otras naciones de Latinoamérica, como Colombia.

La Organización recomienda además establecer una estrategia integral para reducir la informalidad, que incluya trasladar parte de la carga tributaria de las contribuciones de la seguridad social a los impuestos a la propiedad y fortalecer los mecanismos para garantizar su observancia.

 

Caída en recaudación de tributos impacta ingresos para financiar programas sociales

Fuente: La Nación

El descenso de la recaudación tributaria del Gobierno, a raíz de la pandemia sanitaria, impactó los ingresos para financiar los programas sociales destinados a la atención de personas en situación de pobreza.

Las transferencias del Ministerio de Hacienda con ese fin, entre enero y agosto de este año, ascendieron a ¢131.704 millones, una caída del 16%, o ¢24.427 millones, comparados con los ¢1.704 millones en el mismo periodo del 2019.

Pese a la fuerte reducción en el traslado de recursos desde el Poder Ejecutivo, los ingresos totales del Fondo cayeron 4%, pues la contribución empresarial sobre la planilla de sus trabajadores y el uso del superávit acumulado el año pasado, evitaron una mayor profundización del faltante de recursos.

En los primeros ocho meses del 2020, Fodesaf recibió un total de ¢427.289 millones, lo cual significó ¢16.986 menos, respecto a los ¢444.275 millones al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, Greivin Hernández, director de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) órgano administrador del Fondo, confirmó que dicho panorama empieza a presentar deterioro.

Por ejemplo, los ingresos mensuales provenientes del recargo del 5% sobre las planillas de las empresas, comenzó a reducirse a partir de junio anterior y se prevé empeore para el último periodo de este año.

“Esperamos que no haya impacto en programas sociales (este año), lo que sí es difícil de determinar es si las personas tienen necesidades adicionales. Por ejemplo, todos los años se trasladan recursos adicionales al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad porque lo dictado en la ley no es suficiente. Pero este año no se ha podido por la caída de los ingresos”, afirmó Hernández.

El funcionario explicó que, para atender las necesidades más urgentes, hicieron modificaciones presupuestarias, para pasar recursos de un programa a otro, y utilizar ¢25.000 millones del superávit del 2019.

Sin embargo, el cumplimiento de la previsión, para el cierre del año, depende de que se mantenga la proyección de ingresos y que el Gobierno, vía Presupuesto Extraordinario de la República, pueda asignarle nuevos recursos para el gasto social.

“Suponemos que se resuelva (la falta de transferencias) con el Presupuesto Extraordinario. Se resolvió parcialmente con el segundo presupuesto extraordinario. Al Fondo, lo que se iba a transferir vía impuestos, se transfirió vía deuda”, dijo Hernández.

El jerarca reconoció que, para el 2021, la atención de personas en pobreza se verá más impactado porque el presupuesto del Fondo se reducirá en ¢22.000 millones, desde los ¢650.000 millones proyectados para este año.

Fodesaf fue creado en 1974 y brinda recursos para los programas sociales del país como pensiones para personas pobres, comedores escolares, ayudas económicas para familias de ingresos bajos, bonos de vivienda, entre otros.

En el 2019, el Fondo se financió principalmente del aporte de los patronos sobre las planillas de sus trabajadores, pues dicha suma representó el 60% del total de ingresos. En tanto que las transferencias de Hacienda fueron el 39% y el restante 1%, salió del superávit y del cobro a empresas morosas.

Los ingresos tributarios del Gobierno reportan una caída del 11% durante este año. Entre enero y agosto pasado, el pago de impuestos fue de ¢2,62 billones, es decir, ¢343.000 millones menos, respecto a los ¢2,97 billones del 2019, según Hacienda.

La reducción afectó, principalmente, las transferencias al sector público, pues en los primeros ocho meses del año fueron de ¢1,14 billones, es decir, 11% menos, a los ¢1,28 billones del 2019.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó que, durante este año, mediante recortes hechos al Presupuesto Nacional, han podido hacer traslados de recursos a Fodesaf, como ocurrió con las pensiones del Régimen No Contributivo.

“Dada la situación de la pandemia, el gasto social sí ha sido necesario atenderlo, pues cuando hay caídas de ingresos hay que reforzar los programas sociales”, destacó Villegas.

Pero en los meses de junio a agosto es cuando el traslado empieza a reducirse de manera más significativa, y llegan hasta el 20% de contracción en agosto, muestran los datos de la entidad pública.

De hecho, en agosto pasado, la Caja trasladó de más ¢2.931 millones y el monto se ajustará en setiembre, según informó Fodesaf a la Contraloría General de la República.

Sin embargo, el Director de Desaf explicó que el traslado hecho por la Caja va con atraso de dos meses, es decir, el dinero depositado en agosto, corresponde al aporte patronal de junio.

Por tal razón, Hernández prevé que hacia final del año el golpe a las finanzas de Fodesaf sea mucho mayor, cuando se refleje con más exactitud la afectación en el mercado laboral costarricense.

Sin embargo, con la creación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) se eliminó dicho destino específico y se estableció que al Fondo se debía otorgar una suma no menor a la asignada en el Presupuesto del 2019.

Impuestos a Netflix y Facebook: Todo lo que tiene que saber

Fuente: CR Hoy

Este jueves entra a regir el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios transfronterizos, que son aquellos que brindan empresas extranjeras en nuestro país  por medio de plataformas digitales.

Este impuesto, contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, grava con un 13% el costo del servicio, sea una suscripción mensual o un servicio adquirido en determinado momento (una película, música, una aplicación) y, aunque quedó dispuesto desde la aprobación de la ley que entró en vigor en julio del 2019, no se había aplicado debido a que no se contaba con el sistema para que los prestatarios de los servicios o los intermediarios lo aplicaran.

¿Qué servicios se gravan?

El director de Tributación Directa, Carlos Vargas, explicó que la primera lista a la que se le aplicará el cobro es la que muestra los servicios que son más consumidos en nuestro país, según información de las entidades financieras. Esta lista se compone por 18 empresas y fue publicada oficialmente el pasado 22 de setiembre en el diario oficial La Gaceta.

La lista es la siguiente: AirBnB, Apple +, Apple Music, Dropbox, Facebook, Google, HBO, iTunes, Linkedin, Microsoft, Netflix, Nintendo, Norton, Play Station, Riotgames, Sky, Spotify y SteamGames.

Después de este 1 de octubre, cualquier transacción que usted haga con estas compañías será gravada con el 13% del IVA. Esta lista puede ser ampliada en cualquier momento y Hacienda solo debe avisar a las entidades financieras, que tendrán 3 días hábiles para ajustar sus sistemas.

¿Cómo se va a cobrar?

Vargas agregó que en esta primera fase se incluyeron las empresas con las que se podía tramitar el cobro solo por medio de tarjetas de crédito o débito, de manera que sean las entidades financieras las que apliquen el impuesto y lo trasladen a Hacienda.

De esta forma, usted podrá encontrar el cobro de ese 13% del IVA en la respectiva factura que le brinde la compañía por la transacción.

El Colegio de Contadores Públicos elaboró un ejemplo de cómo aplicaría el cobro a estos servicios. Por ejemplo, si usted paga el paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene un costo de $12.99, a partir del 1 de octubre verá en su estado de cuenta un cargo adicional de $1.69 más por concepto de IVA.

Si paga el paquete plus de Dropbox que tiene un costo de $9.99, a partir del 1 de octubre se le adiciona $1.30 de más por mes, por el concepto del IVA.

¿Qué servicios no se incluyen y por qué?

La primera lista planteada para el cobro incluía cerca de 100 empresas, entre las que se encontraban desde Tinder, hasta compañías como Uber, DiDi, Amazon y otros que no solo venden servicios, sino también bienes. El jerarca explicó que esta lista fue depurada debido a que están en negociaciones con varias de estas compañías para que se inscriban directamente a Hacienda y hagan el respectivo cobro del IVA.

“Algunos no se incluyeron (en la lista de cobros que rige a partir de hoy), porque se trata de empresas con las que la administración ha venido conversando para que ellos realicen el proceso de registro y hagan ellos el cobro a sus clientes y no con el pago de tarjetas de crédito o débito (…) La lista está limitada a plataformas que solo brindan servicios, no bienes. Con las empresas que realicen transacciones con bienes y servicios lo que esperamos es que ellos mismos hagan el cobro”, indicó Vargas.

A estas compañías se les va a dar un plazo de 10 días hábiles para que realicen el procedimiento, si no lo hacen, se incluirán en la lista y se aplicará el cobro por medio de las entidades financieras.

Este era uno de los últimos cobros del IVA que faltaba por aplicarse desde la aprobación de la ley.

A agosto 2020: Tributación recuperó más de ¢35 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

• Se gestionaron acciones para la recuperación de un monto cercano a los ¢79 mil millones originados por incumplimientos históricos tributarios.
• Al mes de agosto 2020, la Administración Tributaria ha realizado acciones de control sobre 14.782 contribuyentes que mostraron irregularidades en sus obligaciones.

Más de 35 mil millones de colones, recuperó la Dirección General de Tributación (DGT), como parte de sus acciones de cobro de 5.446 deudas pendientes de contribuyentes que presentaron anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estos recursos ya ingresaron a la caja única del Estado para la atención de programas prioritarios. 

En lo que va del año, la DGT ha realizado acciones de control sobre 14.782 contribuyentes que han mostrado irregularidades. Entre estas medidas se incluye la revisión de omisos, inconsistencias en las declaraciones y de morosidad; también cruces de información por facturación electrónica, información de terceros y movimientos patrimoniales; entre otros, que han dado lugar a nuevas investigaciones y auditorías.

En consecuencia, de las acciones de control, la Administración está gestionando la recuperación de un monto cercano a los ¢79 mil millones generado por incumplimientos históricos tributarios.

Se han investigado 242 casos por maniobras fiscales y como producto de las actuaciones fiscalizadoras se han remitido casos a la vía penal por ¢1.800 millones, relacionados con la simulación de deducciones utilizando proveedores falsos nacionales e internacionales, así como por inversiones sin ganancias justificadas.  Además, se realizan actuaciones administrativas que han dado lugar a la identificación de ¢17.540 millones de colones dejados de pagar.

Adicionalmente, se concluyó en primera instancia a favor de la Administración 431 actos que habían sido impugnados por los interesados, por presuntas diferencias de impuestos dejados de pagar, por un monto de ¢54 mil millones.

“Las áreas de inteligencia de la DGT se encuentran enfocadas en analizar e identificar el comportamiento fiscal de los ciudadanos basándose en análisis se riesgo, eso nos permite tomar acciones en cada una de las áreas de la DGT con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y la corrección de las irregularidades detectadas”, expuso Carlos Vargas, director general de Tributación. 

Ministerio de Hacienda y EE. UU EE. UU establecen alianza para fortalecer control y fiscalización

Fuente: Ministerio de Hacienda

• La alianza está orientada a luchar contra la evasión y el fraude tributario, a aumentar la recaudación y la efectividad en las auditorías.
• Este acuerdo es una muestra de confianza en el país y en el trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, suscribieron un acuerdo de cooperación que permitirá, a través del Programa de Asistencia Técnica Internacional (Office of Technical Assistance -OTA-, por sus siglas en inglés), apoyar a la Administración Tributaria en el fortalecimiento de controles y desarrollo de acciones complementarias para mejorar el cumplimiento tributario y la lucha contra la evasión y el fraude.

“Necesitamos trabajar de forma conjunta en la consolidación fiscal, implementando las mejores prácticas. Nuestra administración tributaria debe salvaguardar los ingresos impositivos para proteger la financiación de las necesidades del país. Lograr una mayor integridad de la Administración Tributaria es una meta de esta Administración”, externó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos y responsable de dar seguimiento a este aporte.

Esta asistencia técnica resultará fundamental para mejorar los índices en materia de control tributario, lucha contra la evasión y recaudación de impuestos, en un momento trascendental para las finanzas públicas del país. La colaboración permitirá adoptar otras acciones que implementen las medidas legales y administrativas de control, fortalecimiento de auditorías y la identificación oportuna de casos de evasión y fraude.

“Agradecemos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, su respaldo y confianza en el país, al resolver favorablemente nuestra solicitud de apoyo y poner a disposición del Ministerio de Hacienda este programa de asesoramiento”, recalcó el ministro de esta Cartera, Elian Villegas.

Rebajo del marchamo 2021 afectaría déficit fiscal y calidad de carreteras

Fuente: La República

A mes y medio de que se empiece a cobrar el marchamo 2021, el Gobierno de Carlos Alvarado trata por todos los medios de evitar que los diputados rebajen a la mitad el derecho de circulación.

Y es que si prospera el proyecto de ley -que se estudia en la Comisión de Asuntos Económicos – el Poder Ejecutivo tendría un hueco fiscal de ¢80 mil millones.

Un aumento en el déficit -que se estima en más del 8% del PIB al término del año -, así como un deterioro en la calidad de las carreteras, serían las consecuencias inmediatas de la medida, así como un desfinanciamiento de programas sociales, de educación y vivienda.

Mientras tanto, los diputados opositores insisten en que el alto desempleo y las restricciones al libre tránsito que se han puesto en vigencia por culpa de la pandemia del Covid-19, hacen imposible que se cobre el monto habitual del marchamo.

Rebajar a la mitad el derecho de circulación, establecer montos de rebajo según la antigüedad de los vehículos y exonerar a los dueños de vehículos que demuestren que perdieron ingresos o el empleo por la culpa de la pandemia, son algunas de las propuestas que se manejan en comisión.

La disminución se aplicaría a carros con un valor inferior a ¢20 millones. mientras que las motocicletas con cilindraje de 500 centímetros cúbicos y los yates y helicópteros no tendían ningún beneficio.

“Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, por lo que injusto sería una tributación que se calcule igual que los años anteriores”, dijo Franngi Nicolás, diputada de Liberación.

Este martes, la Comisión de Hacendarios volverá a reunirse para conversar sobre el tema.

Sin embargo, para que el rebajo aplique para el marchamo 2021, los diputados deben apurarse, ya que el cobro del derecho de circulación saldrá a mediados de noviembre.

El Gobierno se encuentra con el agua al cuello producto de la mala administración histórica de la hacienda pública y por el efecto de la Covid-19, que desaceleró la economía y generaría una reducción de ingresos este año de más de ¢1,2 billones, agravando el problema del déficit y la deuda.

“Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual”, dijo Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Por otra parte, el 50 % de los recursos provenientes del impuesto a la propiedad de los vehículos se destina al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para la atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas, por lo que rebajar el monto tendría una serie de consecuencias.

Enfrentados

Los diputados de oposición y el Gobierno de Carlos Alvarado están en medio de un pulso por rebajar el marchamo del 2021.

A favor

Pablo Abarca
Diputado
Unidad

Es una injusticia que en este año se le cobre la totalidad del marchamo a los miles de costarricenses, que se han visto afectados por la pandemia.
Hay que pensar en el bolsillo y las finanzas de los hogares, que en muchos casos ni tan siquiera van a tener aguinaldo, o recursos para hacerle frente a este pago.

Franggi Nicolás
Diputada
Liberación

Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, esto debido a las diversas restricciones, dando como resultado una afectación en sectores sensibles de servicios, transporte y comercio, así como en las familias que utilizan su vehículo para trabajar, por lo que injusto sería una tributación que se calcule igual que los años anteriores.

En contra

Rodolfo Méndez
Ministro
Obras Públicas y Transportes

Reducir ese impuesto condenaría al Conavi a un cierre técnico.
Los recursos del MOPT y del Conavi ya resultaban insuficientes para atender los 8 mil kilómetros de carreteras antes de la pandemia.
Ante este panorama, el ahorro que ficticiamente lograrían los usuarios sería mucho menor del costo adicional que tendrían por los problemas de congestión vial y de deterioro de las vías que sufrirían.

Elián Villegas
Ministro
Hacienda

Según estimaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional, por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos, este año la recaudación de este impuesto generaría aproximadamente ¢160 mil millones; reducirlo en 50% equivaldría a recaudar únicamente ¢80 mil millones.
Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente.

Hacienda avanza en mejorar sistemas y programas de control tributario

Fuente: Ministerio de Hacienda

En relación con el “Informe de auditoría de carácter especial sobre las acciones ejecutadas por la DGT, la DGA y la DGH del Ministerio de Hacienda para la integración del control tributario” (DFOE-SAF-if-00017-2020), emitido por la Contraloría General de la República, este Ministerio emite las siguientes consideraciones:

1. La auditoría del ente contralor se refiere al periodo 2017 -2019, abarcó la revisión de las acciones ejecutadas por las Direcciones Generales de Hacienda (DGH), de Tributación (DGT) y de Aduanas (DGA) en dichos años. El mismo informe incluye las acciones que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda para mejorar sus sistemas y programas de control en el Área de Ingresos.

2. Hacienda cuenta con herramientas informáticas de carácter transitorio desarrolladas con fines específicos, algunas funciones han sido absorbidas por otros sistemas, lo que minimiza su uso.  Las bitácoras de registro y seguimiento se implementaron en el año 2019.

3. El Sistema EXONET no permite otorgar exoneraciones a empresas que se encuentren morosas en el pago de sus cargas tributarias. Este sistema incluye una validación automática de la morosidad reflejada en la plataforma ATV (Administración Tributaria Virtual). Esto significa que, de manera automática, no se pueden otorgar exoneraciones a quien incumpla los requisitos. La DGH realiza programas de fiscalización, para verificar el uso y destino de exoneraciones y la morosidad.  Actualmente, dentro de las 60 mil exoneraciones que se autorizan por año, esta Dependencia revisa el detalle de las 60 personas identificadas en el período 2017-2019, a las que hace referencia el documento de la CGR.

4. Desde mediados del año 2019 se implementó en EXONET una validación automática con el Tribunal Supremo de Elecciones para alertas sobre los datos del estatus de las personas que se registran. El período 2017- 2019 estudiado por la CGR, incluye datos previos a la validación de EXONET con el TSE.

5. Desde el año 2015, con la entrada en vigencia de la plataforma ATV no se permite el acceso ni registro utilizando una identificación de una persona fallecida, porque el sistema está enlazado con la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones.  Desde abril 2020 la DGT y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación trabajan en la revisión de las bases de datos y ya se han eliminado cinco mil registros de contribuyentes fallecidos. Este tipo de inconsistencia se genera en bases de datos migradas de los sistemas anteriores como TD@ y del SIIAT, que no incorporaban estos controles.

6. A las personas fallecidas o empresas extintas, no se les puede asignar obligación tributaria. En relación con los 9.282 contribuyentes inscritos en renta, pero no en el impuesto al valor Agregado (IVA) que se menciona en el informe de la CGR , tal y como se consigna en la Nota 21 del mismo documento, de este total: 3.857 se encontraban en condición de fallecidos y 4.746 eran sociedades extintas, por lo que no se les podía asignar obligación tributaria en el IVA. La DGT realiza una revisión sobre los 679 restantes. Además, en el periodo de análisis, previo a la entrada de vigencia del IVA, no era un requisito que los contribuyentes de renta estuvieran inscritos en IVA.

7. Desde el 2019 se trabaja en un proceso que permite integrar en uno solo, los sistemas informáticos que no se comunican entre sí.

8. Avanzamos hacia una solución integral. Trabajamos en el levantamiento de requerimientos técnicos del proyecto Hacienda Digital, los que estarán listos en diciembre 2020.  Una vez que se cuente con la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, de manera inmediata, se procederá con la publicación de las licitaciones para las respectivas contrataciones.

9. Hacienda Digital permitirá integrar sistemas y mejorar controles. Consciente de las falencias de tiene los sistemas informáticos, el Ministerio de Hacienda impulsa el proyecto Hacienda Digital que, entre muchas otras ventajas, permitirá integrar los sistemas que actualmente no se comunican entre sí.

10. Hacienda Digital generará verificaciones de monitoreos mientras la exoneración se encuentre vigente. Las exoneraciones que se otorgan pueden tener una vigencia de hasta seis meses en caso de ser genéricas, o por una única vez en caso de ser concretas. En virtud de estos periodos, el procedimiento actual en los sistemas no incorpora validaciones de monitoreo del estatus tributario de los beneficiarios activos de las exoneraciones.

¿Por qué un impuesto a zonas francas empeoraría la crisis?

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Costa Rica vive un frenesí tributario desde que el Gobierno presentó una propuesta de ajustes internos sesgados hacia el aumento de la carta de impuestos para obtener un crédito adicional de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiarse a raíz de la caída en sus ingresos por el impacto del COVID-19.

Si bien el Gobierno anunció que no pretende cargar a las empresas de zonas francas con impuestos para convencer al organismo financiero internacional, algunos sectores políticos tienen en la mira a las transnacionales que exportan desde Costa Rica para que paguen impuestos sobre sus ganancias, por el dinamismo que conservan pese al impacto de la pandemia.

Pero, en caso de irse por esa ruta, el país más bien perdería, de acuerdo con el criterio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Eric Sharf, presidente de la Junta Directiva de la Coalición enumeró múltiples razones, fundamentadas en criterios técnicos y en cifras, por las que Costa Rica debería abandonar cualquier intención de poner a tributar a las empresas transnacionales.

La primera es que el país no percibiría ni un colón de impuestos en caso de poner a las firmas de zonas francas a tributar.

Sharf explicó que cada empresa instalada bajo ese régimen firmó un contrato con el Gobierno para obtener beneficios fiscales a cambio de ciertos resultados, por lo que ese pacto no podrían modificarlo unilateralmente ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, a no ser de que el país esté dispuesto a pagarles a las empresas daños y perjuicios por el incumplimiento de lo acordado.

“Si hoy la Asamblea Legislativa aprobara gravar al régimen de zonas francas con cualquier impuesto, pequeñito, grande, temporal, gradual, lo que sea, estaríamos incumpliendo los contratos que firmamos y, por lo tanto, las empresas de zonas francas que están hoy en día con estos beneficios no van a pagar impuestos y no vamos a generar un ingreso fiscal por esa vía a corto plazo”, razonó Sharf.

Y si el país decidiera modificar las reglas del juego para las zonas francas a futuro, Cinde tampoco ve ningún beneficio en materia de recaudación de impuestos.

Al contrario, la Coalición cree que en ese escenario Costa Rica dilapidaría el buen nombre que ha construido entre los inversionistas gracias a su decisión de resguardar la seguridad jurídica y, consecuentemente, espantaría a las firmas transnacionales que tienen al territorio nacional en su lista de posibles destinos.

Los incentivos fiscales son un mecanismo que el país utiliza para compensar las carencias que tiene en otros ámbitos que lo hacen menos competitivo en la lucha mundial por la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Al no ser Costa Rica un país barato, ni atractivo en materia de costos de producción, por el elevado precio de la electricidad y del gasto en tiempo y dinero que genera la amplia tramitología, entre otros aspectos negativos a la hora de hacer negocios, estaría sacrificando mucho en caso de empezar a cobrar tributos a las firmas multinacionales.

Hay países que son más baratos que nosotros. Entonces, si ya hoy en día no somos competitivos a nivel de costos, imagínese lo que sucedería con impuestos. Nuestro mayor atractivo para la atracción de IED sin duda sigue siendo nuestro gran talento humano. La IED viene al país por lo codiciado que es ese factor, no porque somos un país barato”, recalcó el presidente de Cinde.

Según un estudio que publicó en el 2018 el Ministerio de Hacienda, del total de los ¢474.486 millones de exenciones que el país aplicó en el pago del impuesto sobre las utilidades a las personas jurídicas, las mayores beneficiadas fueron las que estaban en el régimen de zonas francas, con más de ¢349.000 millones de ese total, el equivalente a más de un 1% del producto interno bruto (PIB).

Un golpe al empleo

Eric Sharf también echó por tierra el mito de que hay que gravar a las transnacionales porque, de por sí, ya muchas de ellas pagan impuestos en sus países de origen que trabajan bajo el esquema tributario de renta mundial.

Quienes opinan así, según el abogado, desconocen la realidad de las empresas que trabajan en las zonas francas del país pues muchas de ellas son centros de costos, es decir, que sus operaciones acá no generan utilidades a sus casas matrices y, por lo tanto, no pagan renta en sus países de origen.

Pero tampoco habría un beneficio en caso de cobrarles renta a las transnacionales que sí generan utilidades en el país porque, típicamente, esas empresas reinvierten sus ganancias aquí mismo para crecer, con lo cual generan más empleo.

El 7o% de la IED que recibe Costa rica es por reinversiones. Es decir, son empresas de zonas francas que ya están establecidas aquí, sí generan utilidades y están tan contentas de operar en Costa Rica que lo que hacen con esas utilidades es reinvertirlas acá, no enviarlas afuera para que los socios se repartan dividendos.

Las reinversiones generan un 82% del empleo del régimen de zonas francas ¿Qué pasaría si graváramos esas utilidades? Que esa reinversión se perdería”, recalcó Sharf.

A la luz de los números Cinde considera que este, por apremiante que sea económicamente para el país, no es el momento para gravar al régimen de zonas francas.

Datos de Cinde indican que por cada $1 que el país le exonera a las empresas del régimen de zonas francas tiene un retorno de $2,5. Los aportes totales al país de las firmas que gozan de esos beneficios ascendieron a un 7,9% del PIB en el 2019.

¿Qué hace la competencia?

La Coalición le ha dado seguimiento a los caminos que han elegido los países con los que Costa Rica compite por la atracción de inversión extranjera, aún más escasa en medio de la pandemia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), la disminución en la IED este año y el próximo estaría entre un -30% y un -40%, sobre todo en los países a los que el coronavirus impacte con mayor fuerza.

Eric Sharf comentó que Panamá, por ejemplo, decidió moverse rápido y en abril de este año decidió aprobar una nueva ley con mayores incentivos fiscales para intentar atraer mayor inversión en el sector de manufactura. Lo mismo han hecho Chile, Colombia y otros países del vecindario.

Más allá, en el círculo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al que Costa Rica está próxima a ingresar, este año, de sus 37 miembros, 21 tienen exoneraciones temporales de impuestos para las empresas transnacionales.

En el ámbito de lo que Costa Rica no debe hacer también hay ejemplos cercanos. Sharf destacó que hace algunos años Puerto Rico decidió eliminar sus exenciones fiscales para las multinacionales.

El golpe inmediato que sufrió esa economía fue la pérdida de un 40% de los empleos que producía el sector de manufactura.

A Guatemala le sucedió algo más drástico todavía: “Cambió su régimen de exoneraciones en el 2016 para eliminar de la lista a ciertas industrias y el efecto de esa decisión fue que 125 empresas se fueron del país“, comentó el jerarca de la Directiva de Cinde.

Un caso de éxito de un país que decidió poner a tributar a las multinacionales sin que estas se le escaparan es Irlanda. Sin embargo, Sharf subrayó que el ejemplo de esa nación europea no le serviría a Costa Rica.

La isla impuso un tributo flat sobre la renta de las empresas transnacionales. No obstante, lo compensó con la creación de fondos multimillonarios que se destinaron a la capacitación de talento humano, para Investigación y Desarrollo (I+D) y en una serie de beneficios que compensaron los impuestos.

“Eso sin mencionar los beneficios que ya la Unión Europea como tal también le confiere a las multinacionales que invierten en el continente. Costa Rica no podría hacer eso porque carece de los recursos para compensar al mismo nivel de Irlanda“, concluyó Sharf.

No rotundo de cámaras empresariales

Para Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), está claro que habría más perjuicios que beneficios para el país en caso de decantarse por un gravamen sobre las empresas de zonas francas para que el Gobierno Central aumente sus ingresos.

La empresaria también citó entre sus argumentos para oponerse a la idea de cobrar impuestos a las multinacionales la agresiva estrategia de los países vecinos que compiten por la IED.

“Lejos de gravar a nuestras zonas francas y correr el riesgo de que se vayan las empresas a otros países, debemos ser todavía más cuidadosos con esa inversión, y ser mucho más competitivos para retener esas empresas y ojalá atraer nuevas que generen más empleo y más transferencia de conocimiento.

“Los proponentes de gravar las zonas francas no se dan cuenta de que estas empresas tienen utilidades muy bajas, pues la mayoría trabajan para sus casas matrices, teniendo márgenes locales mínimos”, consideró.

Bonilla recordó que existen empresas agroexportadoras instaladas en zonas francas que son motores generadores de empleo en las zonas rurales de Costa Rica, donde el empleo escasea.

“Eliminar esas exoneraciones implicaría que los productos agrícolas costarricenses serán más caros en un mercado internacional que compite por centavos”, zanjó.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) consideró como contraproducente presionar con la amenaza de impuestos a las empresas instaladas en zonas francas.

“La evolución de las empresas en zona franca ha sido muy relevante para Costa Rica pues ahora generan mucho valor agregado y diversificación en las exportaciones. Otro factor es que son compañías más inclusivas ya que el 42% del empleo directo que generan es en mujeres, que es el sector más golpeado por el desempleo hoy debido a la pandemia”, afirmó José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep.

 

Impuesto a transferencias se perfila como el tercer tributo más importante en recaudación

Fuente: La Nación

El impuesto a las transacciones financieras, incluido en la propuesta inicial del Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), pasaría a ser el tercer impuesto más importante en recaudación.

Según la estimación de las autoridades, el tributo, cuya tasa propuesta es de 0,3% (¢3 por cada ¢1.000) generaría un monto equivalente al 3% de la producción interna en un año.

Eso representa cerca de la cuarta parte de la recaudación total de impuestos que estimó la Contraloría General de la República para el 2021, de 12,7% de la producción.

Solo hay dos tributos que recaudan más que eso: el impuesto al valor agregado (IVA) cuya recaudación, estimó la Contraloría, representará un 4,7% de la producción en el 2021 y el de renta con una estimación esperada para ese mismo año equivalente al 4,5% de la producción.

Solo este impuesto generaría más recursos que los ingresos esperados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018 y la cual hizo importantes modificaciones a los impuestos del IVA y renta. Para el 2023, por ejemplo, se esperaba que dicha Ley, generara ingresos tributarios equivalentes al 1,61% de la producción, más ahorros en gasto equivalentes al 2,30% de la producción, eso era en un escenario sin pandemia.

“Porque el número de transacciones es muy alto, ¿cuántas transacciones genera uno todos los días o las personas en general?, son millones de transacciones, esa es la gran ventaja, a pesar de que la tasa sea muy baja, el número de transacciones es muy alto”, respondió el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Este es un impuesto tipo cascada que puede terminar gravando varias veces una misma base. Por ejemplo, si una persona le transfiere a otra y esa a otra y así sucesivamente el mismo dinero se grava varias veces.

El Banco Central, entidad que realizó la estimación de la recaudación del impuesto, consideró una base imponible promedio del 2015 al 2019 (el monto de transferencias estimadas) de ¢413 millones de millones, lo cual es una cifra mucho más alta que el producto interno bruto promedio para esos mismos años, cerca de ¢32 millones de millones.

Eso obedece a que se considera el valor bruto de todas las transacciones y no el neto como lo incluye la medición del PIB (producto interno bruto).

Con esa base imponible se espera una recaudación de ¢413.000 millones por cada 0,1% de impuesto, lo cual representa un 1,25% del PIB; no obstante, la estimación conservadora es de 1% del PIB. Como el tributo propuesto es de 0,3 entonces se estimó una recaudación total anual del 3% del PIB para los primeros dos años. Luego la tasa bajaría a 0,2% los siguientes dos años y después se eliminaría.

Según el documento: Hechos Estilizados de los Impuestos a las Transacciones Financieras en América Latina: 1990 al 2012 del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Argentina con una tasa de 0,6% para débitos y créditos (paga el que manda y el que recibe) alcanzó una recaudación promedio de 2% del PIB y Colombia con una tasa de 0,4% llegó a 0,83% del PIB.

Una característica del impuesto en esos países es que tienen excepciones. En Costa Rica, Villegas, informó que analizan algunas.

¿Qué tipo de exenciones? “Es lo que habría que ver, algunas de las cosas que la gente ha dicho es exonerar las planillas cuando se depositan, dejar un monto libre de transacciones, dejar libres las transacciones en cajeros automáticos, etc”, respondió el ministro.

Germán Morales, socio director de la empresa Grant Thornton, comentó que todavía no hay claridad completa sobre la aplicación del impuesto por lo que resulta difícil evaluar la base imponible.

Por ejemplo, es claro que el retiro de dinero del cajero automático tiene el tributo, pero no es claro si el retiro del dinero de la ventanilla de un banco tiene o no el tributo, el texto solo menciona que están incluidas en la base imponible las “operaciones cambiarias en ventanilla”; es decir, cambiar dólares en la ventanilla de un banco, pero no dice qué sucede si una persona va y saca el dinero de la ventanilla de un banco, en lugar de usar un cajero.

En el Banco Central se intentó obtener más detalle sobre la estructura de la base imponible; es decir, qué tipo de transferencias la conforman, pero no fue posible obtener la información al cierre de esta información.

“Matemáticamente es creíble, porque me imagino que tomaron el 100% de todas las transacciones, y sobre todo si en las transacciones se incorpora todo el mercado de dinero, ahí es el mismo dinero moviéndose todas las veces”, opinó Aguilar.

“Lo segundo es acerca de la viabilidad, que es otro tema, porque cuando se estudia en detalle cómo incide este impuesto, todo lo que es el mercado de dinero, el mercado bursátil, etc, sobre todo operaciones de muy corto posiblemente no vaya a ser viable su aplicación”, añadió.

Por ejemplo, en el Mercado Integrado de Liquidez las entidades financieras negocian diariamente grandes montos según sus necesidades y pagar 0,3% diariamente sobre cada transacción se transforma en un monto muy alto al año. Solo este año se han negociado en ese mercado ¢143 millones de millones en operaciones en colones y $4.136 millones (¢2,4 millones de millones) en transacciones en dólares.

En el mercado bursátil, José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que para las operaciones bursátiles representa un doble o triple impuesto, por una parte, está el impuesto a la operación base y por otra, los impuestos producto de las transferencias iniciales de inversión y las transferencias finales de liquidación.

“Dado que es un impuesto flat (tasa constante), genera un mayor impacto en las operaciones entre menor sea el plazo, esto resta atractivo a las operaciones de compras ventas con títulos que tengan plazos de vencimiento menor a un año y reduce totalmente las posibilidades para las operaciones del mercado de liquidez MEDI e incrementaría el costo del apalancamiento en recompras entre 4 y 5 veces”, indicó Brenes.

Las recompras son préstamos que se hacen sobre los bonos o acciones, por ejemplo, alguien tiene un título entonces lo vende por un periodo, obtiene el dinero para un negocio y en el futuro lo vuelve a comprar. El apalancamiento es endeudamiento para financiar operaciones.

“Este impuesto destruye los mercados de liquidez y de recompras, generando una reducción del tamaño del mercado y un faltante de liquidez que en definitiva se trasladaría a los costos, como un aumento generalizado de las tasas de interés”, dijo Brenes.

“Ahí habrá que tener algunas salvedades, algunas regulaciones particulares, las cuales se estarán negociando y conversando con el sector bursátil oportunamente, sí es un tema debidamente contemplado todo lo que tiene que ver con estos mercados”, dijo Villegas.

Renta global obligaría a trabajadores asalariados a presentar declaración de impuestos

Fuente: La Nación

El objetivo de establecer en el país el sistema de renta global, mediante una reforma legal, obligaría a los trabajadores asalariados a presentar una declaración tributaria cada año.

La propuesta está incorporada en el marco de la futura negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Villegas explicó que el cambio legal está prácticamente listo, pues es un tema discutido en los diferentes procesos de reforma fiscal durante los últimos 18 años. El ajuste se presentará al Congreso con el paquete de proyectos que se negocie con el FMI.

El punto más relevante por definir es cuántos de los 1,2 millones de trabajadores asalariados –70% son del sector privado y 30% de instituciones públicas– deberían efectuar la declaración del impuesto sobre la renta.

La forma de establecerlo será mediante la creación de un salario mínimo vital. Sin embargo, el monto aún está por concretarse, explicaron ambos jerarcas.

En el país hay 1,2 millones de trabajadores asalariados, de los cuales el 70% son del sector privado. Hacienda prevé que, a partir del 2023, una porción deba efectuar declaración de impuestos.

En caso de tener otros ingresos, por ejemplo inversiones o un alquiler, se tributa de manera individual, pues en el actual sistema de renta cedular se grava cada uno de manera individual, explicó el titular de Hacienda.

“El proceso para los asalariados va a cambiar, pero cuando esté por ingresar (en el 2023) debe estar listo Hacienda Digital. Entonces, el sistema le enviará al contribuyente una declaración prellenada donde se reportan los ingresos de la persona por salario, inversiones o servicios profesionales; las retenciones de ‘tanto’, debería pagar un monto determinado (al fisco), y debe ‘equis’ cantidad de dinero”, explicó Villegas.

Hacienda Digital es un plan de optimización de procesos y modernización de sus 59 sistemas informáticos, cuya inversión asciende a $157 millones, los cuales se financian con un préstamo del Banco Mundial.

El ministro reconoció que si al momento del cambio no se han modernizado los sistemas informáticos de la institución, se evaluaría el momento de iniciar con la medida.

Entre enero y agosto pasado, el impuesto de renta sobre los salarios generó una recaudación de ¢380.673 millones, lo cual significó un incremento del 15% frente a los ¢329.203 millones al mismo periodo del 2019, según datos de Hacienda.

El director de Tributación enfatizó en que la modificación para los asalariados es relevante porque, en renta global, el centro del sistema gira en torno a la persona, en vez de la forma actual, en la que se ven los ingresos del contribuyente por separado.

“Hoy es una tributación fraccionada. Tributo con mi cara de actividad lucrativa, después con mi cara de rentas de capital y con mi cara de asalariado. En renta global, cada una de las cédulas se liquidan, se suben y se tributa sobre el ingreso total. La persona podrá hacer deducciones y se restan las retenciones efectuadas”, destacó Vargas.

Para German Morales, socio director de la firma Grant Thornton, especializada en temas tributarios, la posibilidad de poner a los asalariados a presentar declaración de impuestos busca, en parte, que el fisco pueda determinar los vínculos de estos trabajadores con otros contribuyentes.

“La intención de Hacienda puede ser incluir a un porcentaje relevante de asalariados porque tienen gastos médicos, de contadores u otros servicios que contrata, y busque hacer presión sobre estos profesionales”, dijo Morales.

Por su parte, Adrián Torrealba, exdirector de Tributación, consideró el cambio a renta global implicaría que los asalariados entren a una olla común y equiparar el tramo de pago de renta con los trabajadores independientes.

Carlos Vargas, director de Tributación, afirmó que al pasar al modelo de renta global cambia la forma de pagar impuestos del trabajador asalariado y se introduce la declaración tributaria para este grupo de contribuyentes.

– El migrar a un esquema de renta global va a significar que gente que hoy no declara asuma la obligación de declarar (impuestos). Si bien es cierto al contribuyente se le pueden hacer retenciones por sus ingresos como asalariado, como pago a cuenta, evidentemente va a tener que declarar cuáles fueron sus otras fuentes de ingresos, tanto por actividades lucrativas, rentas de capital e incluso ganancias de capital.

“Como debe sumarse todo esto (los ingresos), la única forma es que la persona lo declare, pues es la que conoce su situación patrimonial completa. Esto significa, evidentemente, que la persona asalariada empiece a declarar“.

“Ahora, en el caso de los asalariados, se prevé un salario mínimo vital que garantice un monto a la persona para vivir. Para arriba de se monto empieza la tributación y aplican las deducciones. Lo que se plantea en estos casos es que las personas con salarios inferiores a ese mínimo vital no declaren, porque no se les aplican retenciones (de renta)”.

– Evidentemente, el tema de la transformación digital del Ministerio es muy importante y contribuye a facilitar el cumplimiento. Para migrar a un esquema de estos, se requiere hacer un prellenado de las declaraciones de las personas y presentarles una propuesta.

“El mismo esquema de retenciones facilita que se pueda presentar la propuesta, pues se calcula la base sobre la que se aplicaron. Tengo la información de los ingresos de la persona, y con factura electrónica se determina que tiene ‘equis’ gastos. Entonces, esta podría ser su declaración, ¿está de acuerdo o no?”.

Diputados no quieren impuestos, ¿qué proponen para resolver déficit?

Fuente: La República

Cerrar, fusionar o vender instituciones públicas que ya cumplieron su ciclo o realizan funciones similares y reducir el IVA del 13% al 9% para incentivar al sector privado, son algunas de las propuestas de los diputados a Carlos Alvarado para mitigar el déficit fiscal.

Ante la negativa de aprobar nuevos impuestos como propone el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un plan de ajuste estructural, los legisladores insisten en que lo más importante ahora es el recorte del gasto.

La propuesta que hiciera Alvarado “es desbalanceada con un enfoque de más impuestos”, según Liberación, la Unidad, Nueva República y Restauración Nacional.

“El país necesita reactivar la economía. Nueva República propone reducir el IVA del 13% al 9% y crear un verdadero gobierno digital que permita simplificar los trámites para abrir un negocio”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

En el apartado de recorte del gasto, es fundamental renegociar el costo de los alquileres y eliminar el gasto en viáticos y viajes al exterior, agrega Xiomara Rodríguez, diputada de Restauración Nacional.

Y es que aprobar más impuestos en momentos en que el 24,4% de la población no tiene trabajo, implicaría un aumento de ese índice, consideran los diputados, quienes claman por una verdadera reactivación económica.

“La propuesta presentada por el Gobierno esta claramente recargada en los impuestos. No conduce a una reducción sistemática del gasto público ni propone acciones para reactivación de la economía”, dijo Ana Lucía Delgado, legisladora de Liberación.

A finales de la semana pasada, Alvarado solicitó un incremento temporal en la renta que pagan las empresas que iría del 30% a 36%.

Asimismo, propuso gravar todas las transacciones bancarias con un 0,3% en el 2021 y el 2022, para después bajar ese monto a un 0,2% para los siguientes dos años.

Un aumento en la renta al salario a partir de los ¢840 mil, un alza en el tributo a los bienes inmuebles y la venta de Fanal y Bicsa son otras de las medidas del gobierno.

Las propuestas

Estas son algunas de las propuestas que hacen los legisladores al Gobierno en vez de nuevos impuestos:

  Atacar la evasión fiscal
  Aplicar la regla fiscal verdaderamente
  Apoyar a los emprendedores y trabajadores independientes
  Aumentar el gasto en infraestructura
  Bajar costo de servicios públicos
  Bajar el impuesto del IVA del 13% al 9%
  Otorgar beneficios fiscales al turismo
  Dar acceso a crédito para PYMES barato
  Disminuir las cargas sociales
  Eliminar los gastos superfluos del Estado, incluyendo gastos en publicidad y viajes
  Fusionar, cerrar o vender instituciones que no se requieran
  Hacer un nuevo proyecto de ley de empleo público serio
  Renegociación de la deuda, sobre todo la deuda interna que representa un 77% de la deuda local
  Reducir los alquileres del Estado a la baja

¿Cuáles nuevos impuestos quiere el Gobierno?

Una serie de medidas para generar nuevos ingresos, fueron anunciadas por el Gobierno de Carlos Alvarado, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

  Se gravaría con un 25% los premios de lotería
  Se establecería un impuesto al salario escolar
  Impuesto de renta a las cooperativas, cuando califican como grandes contribuyentes
  Se incorporará la renta global a partir del 2023
  Alza en el impuesto a bienes inmuebles, pasando de 0,25% a 0,75%
  Renta corporativa pasaría de 30% a 36%
  El impuesto de renta al salario subirá en el primer tracto de 10% a 12,5%, el segundo tracto de 15% a 20%, el tercer tracto de 20% a 25% y el cuarto de 25% a 35%.
  Remesas pagarán un 5% adicional
  Impuesto a todas las transacciones financieras de 0,3% para los primeros dos años (2021 y 2022) y de 0,2% para 2023 y 2024


Nuevos impuestos sin apoyo

Aprobar nuevos impuestos no cuenta con el respaldo de los legisladores de diferentes partidos.

Ana Lucía Delgado
Diputada
Liberación

La propuesta presentada por el Gobierno esta claramente recargada en los impuestos.
No conduce a una reducción sistemática del gasto público ni propone acciones para reactivación de la economía.

Pedro Muñoz
Diputado
Unidad

Asumamos la responsabilidad, no entreguemos el país, no vamos a salir adelante si seguimos pagando la tarjeta de crédito del gobierno, y entregándole una nueva para que gaste y gaste todos los meses.

Jonathan Prendas
Diputado
Nueva República

El país necesita reactivar la economía. Como medidas inmediatas, Nueva República propone reducir el IVA del 13% al 9% y crear un verdadero gobierno digital que permita simplificar los trámites para abrir un negocio.

Xiomara Rodríguez
Jefa de Fracción
Nueva República

Es responsabilidad del gobierno promover un verdadero plan de reactivación económica que genere empleo y riqueza.
La gente necesita trabajo no más impuestos.
Hay que reducir el gasto, promover una reactivación económica, generar empleo y desistir de cargar más al pueblo.

Magnitud del déficit fiscal enfrenta a Elián Villegas y Rodrigo Chaves

Fuente: La República

Que el déficit acabe en 11,5% del PIB en lugar de un 9,3% como proyecta Hacienda, fue la gota que derramó el vaso y ocasionó que quedaran en evidencia las fricciones de Elián Villegas, cabeza de la cartera, con su antecesor Rodrigo Chaves.

“No es probable que el déficit de 2020 vaya a ser de 9,3% como dice Hacienda y que más bien podría llegar arriba del 11,5%. Me gustaría estar equivocado porque queremos mucho a Costa Rica, ojalá que el gobierno pueda clarificar”, fue la declaración de Chaves en redes sociales que ocasionó finalmente una respuesta de Villegas.

Y es que anteriormente, a frases como que el futuro del país está hipotecado o a las advertencias de default, Villegas guardó silencio; no obstante, ya declaraciones como la anterior perjudican y desestabilizan el trabajo que hace el Ministerio, considera.

“Cuando decimos cosas sobre la economía, de esa forma, frente a un micrófono, afectamos a gente que no conocemos; se puede tener su opinión y expresarla, pero estamos evitando que Hacienda capte recursos a mejores tasas si vamos a hablar de esa forma…hacemos un daño, eso no es serio”, dijo el actual ministro de Hacienda en un Facebook Live con Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Chaves cuenta con sus argumentos para contradecir lo proyectado por el Gobierno, puesto que agrega en gastos los ¢180 mil millones del fideicomiso de fondo de avales, y toma como base lo que prevé Contraloría en ingresos tributarios, que es una recaudación de ¢357 mil millones menos de que lo que espera Hacienda.

Lo cierto del caso es que, en un momento crítico para las finanzas del país, ahora también se está observando una especie de separación de bandos.

La muestra es que, a pesar de que el Gobierno cuenta con una imagen debilitada tras poner sobre la mesa una propuesta al FMI cargada de impuestos, se defienden de que esta es la vía adecuada, y hasta quienes parecen estar en contra, proponen también cambios en tributos.

Aumentar el IVA al 15% es una sugerencia realizada por Chaves, que el jerarca vigente de Hacienda se encargó de desmeritar.

Y es que desde el Gobierno se plantea una tasa de ¢3 por cada ¢1000 con el impuesto a las transacciones financieras, lo que para un salario de un millón de colones, en una persona que transfiere todo su salario para pagos, el impuesto es de ¢4.500 mientras que con un IVA al 15%, esa persona gastaría ¢20 mil por tan solo tener que pagar ese 2% más.

“Cuando hemos tenido posiciones como la que yo ostento en estos momentos, de tanta responsabilidad, y quienes son formadores de opinión, deben tener claridad en la consecuencia de sus palabras”, puntualizó Villegas.

Hacienda solicita a diputados considerar reducir en 50% impuesto a propiedad de vehículos

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, envió este miércoles 23 de setiembre, una carta a los miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en la que señala las implicaciones de la aprobación del “Proyecto de Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021” (No.22085) para la Hacienda Pública y para el país.

Este proyecto pretende reducir en un 50% el costo del pago del marchamo 2021, y por consecuencia del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.

El Jerarca explicó que esta iniciativa de ley no establece una fuente alterna de recursos que permitan cubrir el faltante que implicaría esta reducción. Según estimaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional, por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos, este año la recaudación de este impuesto generaría aproximadamente ¢160.000 millones; reducirlo en 50% equivaldría a recaudar únicamente ¢80.000 millones.

“Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual”, indicó el Jerarca en la nota a los diputados.

El 50 % de los recursos provenientes de este impuesto se destinan al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la atención de la red vial nacional, y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas

“El impuesto a la propiedad de los vehículos tiene efectos progresivos, ya que el monto final a pagar está en relación directa con el valor de mercado del vehículo. Es un impuesto directo al patrimonio, no es un impuesto que se paga por la circulación del vehículo” expuso el Ministro.

Gobierno revisará impuesto de bienes inmuebles y a transferencias incluidos en propuesta al FMI

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró este martes que el Gobierno revisará las propuestas para aumentar el impuesto de bienes inmuebles y crear un tributo a las transferencias financieras que pretende incluir en la negocación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Bienes inmuebles, creo que hay que hacer una revisión, y en la parte del impuesto a las transacciones hay que revisar un poquito, no el impuesto en sí, sino qué rangos de exoneración se puedan llegar a generar de forma que afecte un poquito menos, sobre todo los procesos productivos”, indicó Villegas.

El ministro se refirió a este tema en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, en el cual también señaló que el Poder Ejecutivo está dispuesto a revisar también el tema del equilibrio entre ingreso y gasto en la propuesta, y la reforma del Estado.

El plan, divulgado el jueves 17 de setiembre, propone elevar de 0,25% a 0,75% el impuesto sobre los bienes inmuebles para que el Gobierno pueda captar la recaudación adicional y crear un tributo a las transferencias financieras de 0,3% en el 2021 y 2022, y de 0,2% en el 2023 y 2024.

El ministro anunció, además, que el 5 de octubre ya no será la fecha de inicio de las negociaciones con el FMI, debido a que el organismo solicitó más tiempo para analizar la incorporación de los órganos desconcentrados al proyecto de Presupuesto Nacional del año 2021.

Indicó que el aplazamiento dará más tiempo para conversar con los sectores del país sobre el contenido definitivo de la propuesta que se planteará al Fondo. Por el momento, no hay una fecha exacta para realizar ese proceso de diálogo.

“La realidad política nos obliga a conversar, a revisar, y a buscar una propuesta que tenga un consenso mucho más amplio, que tenga unas mayorías mucho más amplias porque al final de cuentas esto no es algo que simplemente el Poder Ejecutivo apruebe, sino que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa.

“De ahí que ocupamos voluntades amplias de las señoras y señores diputados, y eso hay que trabajarlo”, aseguró el ministro durante el programa radiofónico.

“Todavía sobre el fondo de las propuestas no nos sentaremos a hablar hasta que ya tengamos unas propuestas definitivas”, sostuvo Villegas.

Indicó que ahora viene una etapa en la que será importante aclarar mucho, porque consideró que hay mucho ruido y hay que esperar que se ruido se disipe para empezar a conversar y aclarar cosas.

El ministro añadió que lo se mantiene es la fecha de aprobación en el directorio en el Fondo para diciembre y luego los proyectos de ley irían a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, señaló que si la enmienda es tal que se desvirtúa el proyecto, habría que conversar con el Fondo para ver los alcances de lo que se apruebe en la Asamblea Legislativa.

Estas son las razones de la reducción de 108 a 19 de la lista de cobro del IVA a servicios

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda redujo de 108 a 19 los servicios transfronterizos gravados con el 13% del impuesto sobre el valor agregado (IVA) que comenzará a cobrarse a partir del próximo 1 . ° de octubre.

La Dirección General de Tributación publicó, este martes 22 de setiembre, la nueva lista donde hay una reducción significativa con la primera anunciada en diciembre del 2019.

En los servicios en listados corresponde a los emisores de tarjetas de crédito y débito efectuar la retención del 13% del IVA, cuando se cobra al usuario.

Una de las situaciones que sobresale es la ausencia de Uber y Didi, plataformas especializadas en brindar transporte de personas. Sin embargo, no significa que quedan fuera de la aplicación del IVA.

“Las (empresas) que no se han incorporado, en este momento, algunas de ellas están conversando para ver si se puede materializar su registro para que ellos cobren en impuesto”, detalló Vargas al consultársele en específico sobre esta dos compañías.

“La resolución prevé que en cualquier momento se puede incorporar nuevas plataformas en la lista. Para que proceda el cobro por medio del pago con tarjeta solo basta que se comunique la inclusión contando solo con tres días para que inicie el cobro por medio del pago con tarjeta”, explicó Vargas.

Los servicios digitales transfronterizos son los que brinda un proveedor que no está establecido o domiciliado dentro del país, por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, y que los clientes consumen en el territorio nacional.

Esto aplica, por ejemplo, para la publicidad en redes sociales, como Facebook, que una empresa paga para llegar a audiencias dentro de Costa Rica. También, para servicios de videojuegos que serán utilizados en el país como PlayStation y Nintendo.

German Morales, especialista en temas tributarios, explicó que el Ministerio de Hacienda enlistó, en un inicio, todas las plataformas o aplicaciones de venta de servicios.

“Muchas de las empresas incluidas al inicio efectúan ventas de mercancías, por ejemplo, Amazon. Cuando se compra una camisa o tenis, eso pasa por aduanas y paga impuestos”, explicó Morales, socio director de Grant Thornton.

Para optar por esta modalidad, las compañías deben cumplir con un proceso de registro ante la Tributación para inscribirse como contribuyentes y seguir el procedimiento establecido por el fisco.

Nadie se salvaría del impuesto a las transacciones bancarias

Fuente: La Repúbica

Sin importar si usted tiene una empresa o es asalariado, el impuesto a las transferencias financieras propuesto por el gobierno como parte del acuerdo con el FMI, tendrá efecto en sus finanzas.

Conocido también como Impuesto Tobin o Impuesto de Débito Bancario, su aplicación implica el cobro de una carga a todo retiro o transferencia bancaria.

Y es que por ser masivo, de fácil recaudación, –al no necesitar de una declaración– y de fácil identificación del evasor, es que el FMI suele recomendarlo.

La propuesta establece su aplicación de forma temporal por un periodo de cuatro años. Durante los dos primeros, se cobrará ¢30 por cada ¢10 mil de transacción y en los siguientes dos años, ¢20 por cada ¢10 mil.

Además, se aplicaría a todos los movimientos que haga de sus cuentas bancarias. Por ejemplo, si con su salario paga luz, agua, teléfono, realiza compras a través del mismo servicio bancario, le cobrarían por cada pago que realice.

También impactará al sector empresarial, pues deberá sumar este tributo al pago de proveedores, depósito del salario y demás transacciones bancarias.

Un restaurante lo pagará si cancela el arroz, los frijoles, la carne, las verduras por transferencia, lo que afectaría al consumidor final pues el aumento en los costos de operación lo trasladaría al precio de los alimentos que vende.

“Causa preocupación y provocaría exclusión financiera”, advierte Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos.

Venezuela, México, Colombia y Brasil son algunos países que lo tienen implementado de forma fija, con un cargo entre un 0,25% y un 3%, aunque en un principio se habían aprobado temporalmente en algunos casos.

“Hay casos de que los bancos cargan spreads de tasas de interés más alta para recuperar la rentabilidad esto desestimula la inversión y el ahorro. Algunos estudios informales señalan que crean un efecto inflacionario del 2% al 3%”, mencionó Marco Vargas, contador de Vargas, Vargas & Asociados.

A su vez, se advierte que el impuesto va en contra de las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a que el uso de tarjetas de crédito o débito, reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50% y se convierte en un mecanismo que facilita la inclusión financiera.

En esa misma línea, la Cepal sugiere que, en caso de aprobarse, debe ser a una tasa baja para no desincentivar al consumo, aplicarse solo a los retiros no a los depósitos, tener claro cuál será el fin de esos recursos y establecer un grupo de excepciones a ciertas transacciones.

Contraproducente

Estas serían las consecuencias negativas del tributo, según la Asociación Bancaria Costarricense:

  Desincentiva el ahorro y la bancarización al motivar a las personas a usar dinero efectivo
  Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto
  El aumento del efectivo circulante pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes
  Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore)
  Fomenta el sector informal, lo que perjudicará también a la Caja
  Podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y precios al consumidor final

¿Pagará IVA lo que se compra por Internet a partir del 1 de octubre?

Fuente: La República

¿Es usted de las personas que gustan de comprar artículos electrónicos, ropa o juguetes desde Internet y se pregunta si pagará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de octubre?

La respuesta es no, porque estos artículos ya pagan desde hace tiempo este impuesto al momento de ser traídos y nacionalizados en Costa Rica por la aduana correspondiente.

Así lo han comenzado a aclarar diversas empresas de “courier” o casilleros en Miami a sus clientes, debido a la preocupación que esto le genera a mucho usuarios.

“Las compras en internet pagan impuestos a la hora de nacionalizarlos en la aduana, por lo que tampoco sufrirán cargos sobre ese tipo de consumo. Específicamente el impuesto es para los servicios de consumo online que se cobran y se prestan desde otros países para consumo en suelo nacional como Netflix, Disney+ y otros”, explicó Xpress Box, mediante un correo electrónico.

Comunicaciones similares han sido enviadas por otras empresas de entregas que operan en suelo nacional como receptoras de las compras realizadas por los costarricenses en “casilleros” en Miami, Florida y que se encargan de su entrega en suelo nacional.

Ahora bien, si la compra que usted realiza es un servicio digital, como un juego para descargar en su consola o computadora, monedas o tokens para mejorar sus jugadores, o tarjetas virtuales de Netflix, PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo, si tendrá que desembolsar el 13% por concepto de servicio digital transfronterizo.

Y es que Netflix, Facebook y otros servicios, además de entidades financieras como el Banco Nacional ya informaron a sus clientes que iniciarán con el cobro de este impuesto a partir octubre.

Son ejemplos de servicios digitales transfronterizos plataformas de streaming como Netflix, Spotify y de alquiler de bienes y servicios como Airbnb, Uber, entre una lista de 109 prestatarios.

Su cobro obedece al marco regulatorio que dicta la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas aprobada en el 2018.

“En los impuestos indirectos como el IVA, el criterio aplicable es el de territorialidad, en razón que es un impuesto esencialmente real y no personal que debe alcanzar, jurídicamente, a las operaciones realizadas en el territorio costarricense y, en consecuencia, desgravar lo consumido en el extranjero”, explicó Adolfo Sanabria, abogado asociado del área tributaria de Consortium Legal.