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Contraloría alerta que equilibrio fiscal de Gobierno está cada vez más lejos

Fuente: CR Hoy

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Gobierno se aleja cada vez más de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Así lo concluyó en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional 2021, al analizar los escenarios presupuestarios propuestos por el Gobierno.

Además del ejercicio “poco propositivo” que hace el Gobierno al plantear el marco fiscal de mediano plazo, la Contraloría indicó que la situación es peor debido a la aparición de la pandemia del COVID-19 en momentos en que la administración apenas gateaba en la consolidación de la sostenibilidad fiscal producto de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el 2018.

Por esto, según la Contraloría, y por el entorno internacional adverso que la economía enfrentaría el año entrante, es que el marco fiscal presupuestario de mediano plazo que hace Hacienda, no puede quedarse en un mero ejercicio de diseño, advirtió la institución.

“Debe aspirar a ser instrumento que propone soluciones y métodos alternativos para tomar decisiones en el mediano plazo, considerando dentro de su contenido los posibles escenarios que permitan mitigar los riesgos fiscales y procurar el avanzar hacia la sostenibilidad fiscal en procura del mayor bienestar de la ciudadanía“, consideró la Contraloría.

El principal objetivo de Hacienda

La entidad que dirige Marta Acosta, contralora general, considera que el Ministerio de Hacienda tendrá como su principal objetivo durante los próximos años el retorno a la sostenibilidad fiscal, lo cual se dificulta bajo el nuevo panorama económico, afectado por la incertidumbre sobre la magnitud y duración de la crisis, así como los efectos de las medidas para contener el COVID-19, agente que vino a dejar en nocaut a la economía nacional.

Para la Contraloría, hay claridad en que el marco fiscal de mediano plazo debe ser un instrumento que debe servir como herramienta útil para extender el horizonte de la planificación fiscal del Gobierno.

Hacienda plantea un marco fiscal de mediano plazo con un resultado primario (como porcentaje del producto interno bruto) de un -3% en el 2021; un -0,9% en el 2022; un superávit de un 0, 3% en el 2023; uno de 1,3% en el 2024 y uno de 2,3% en el 2025.

El resultado alternativo para esa proyección es de -3,2% para el año entrante, -1,5% en el 2022; -0,4% en el 2023, -0,5% en el 2024 y un superávit de 1,4% en el 2025.

Entre las fuentes de riesgo fiscal que la Contraloría detecta en el entorno y que cita en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional para el 2021 están:

  • Las demandas contra el Gobierno.
  • Exposición del presupuesto a la deuda del Gobierno.
  • Situación financiera de las municipalidades y empresas públicas.
  • Desastres por eventos climáticos
  • Situación financiera de los proyectos en asociaciones público privadas.
  • Situación de los regímenes de pensiones.
  • Y las demandas contra el Gobierno.

“Ante la situación actual, con las repercusiones de la pandemia en la economía costarricense y la agravada situación fiscal que se acrecienta, se requiere de una disciplina fiscal de largo plazo, que impida el acelerado deterioro de las finanzas públicas. Esta situación pone en perspectiva la necesidad de generar mayores acuerdos sociales y a nivel político para materializar decisiones concretar orientadas hacia una mejora integral de la problemática”, recomendó la Contraloría.

Urge un nuevo pacto social

La entidad también considera que el consenso social será clave para enfrentar los riesgos fiscales presentes y alcanzar los resultados proyectados, algo que, en su criterio, Hacienda ha hecho a medias al no elaborar acciones que permitan gestionarlos y desarrollar un análisis cuantitativo con las previsiones necesarias que mitiguen los posibles impactos en el corto y mediano plazo.

El órgano contralor concluyó que Hacienda debe alinear los presupuestos del Gobierno y las decisiones legislativas hacia el bienestar colectivo, donde se cumplan las disposiciones constitucionales y legales, pero también apunten hacia cambios que generen bienestar para la población.

Para el próximo año, el Gobierno planteó un Presupuesto Nacional de ¢11,4 billones, de los cuales un 55% se financia con más endeudamiento.

Este año la deuda del Gobierno Central cerraría en una cifra cercana a un 70% del PIB, mientras que el año entrante, debido a las crecientes necesidades de financiamiento producto de la caída en la recaudación de impuestos, ese indicador se acercaría a un 80% del PIB.

Para este 2020, la Contraloría estima que el déficit fiscal cerraría en un histórico 11,7% del PIB, una cifra nunca antes vista en la historia reciente del país, mientras que los pronósticos más optimistas ubican ese indicador en un 9,9% del PIB para el año entrante.

Int’l España ignora a Europa e insiste en la subida de impuestos pese a ser la que más cae

Fuente: El Economista España

El Gobierno de España insiste en subir impuestos en respuesta a la crisis del coronavirus pese a tener la economía del entorno más afectada por la pandemia. Moncloa ignora así las recomendaciones y las actuaciones de los países del entorno, que optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión.

El plan presupuestario que el Ejecutivo envió a Bruselas la semana pasada recoge un fuerte alza de 1.509 millones de euros en impuestos indirectos. Sin embargo, el Gobierno solo ha adelantado una subida en el IVA a las bebidas azucaradas. Con esta medida, Hacienda prevé recaudar 340 millones de euros. Pero a esos 340 millones, se añadirán otros 1.509 millones está a la espera de aprobar el presupuesto. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a elEconomista que “hay que esperar a que concluyan las negociaciones con los Presupuestos para ver cómo queda este asunto”. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación de las Cuentas destacan que los planes estudian una reforma del IVA, centrada en la modificación y limitación de los tipos reducidos, y un alza en la fiscalidad verde, sobre todo en los impuestos sobre hidrocarburos, y en los impuestos especiales.

Previsiones de Moncloa

El plan enviado a la Unión Europea reconoce los problemas de recaudación. A su juicio, la previsión de ingresos de 2021 se puede explicar por la combinación de dos efectos. “En primer lugar, el efecto rebote sobre los ingresos de compararse con un año 2020 afectado por el confinamiento estricto al menos durante un trimestre y en segundo lugar por la adopción de un conjunto de medidas tributarias que, aparte de sus fines redistributivos, medioambientales y de eficiencia energética, generan ingresos adicionales con su entrada en vigor”, destaca el documento.

Las grandes potencias europeas -salvo España- centran en la bajada de impuestos y la prolongación de los Ertes sus estrategias para evitar una recaída económica en la crisis del coronavirus. Alemania baja impuestos e Italia sigue las recomendaciones de Berlín de impulsar un estímulo fiscal.

La rebaja de impuestos de Alemania alcanza los 42.000 millones de euros, el 1,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), tras el nuevo plan de apoyo fiscal que prepara el Gobierno alemán para pymes y familias, que beneficiará también a las rentas altas al reducir el número de contribuyentes que tributan al tipo máximo en el IRPF tras subir el límite de ingresos. El nuevo estímulo se sumará a los 34.100 millones de euros de rebaja de impuestos que ya había aprobado Berlín, como refleja su programa de estabilidad de este año enviado a Bruselas.

Italia sigue los pasos de Berlín y estudia también varias rebajas fiscales -entre ellas, una rebaja sustancial de los tipos del IVA- en su plan de recuperación, que aún se negocia en Roma. Sin embargo, el país ha aprobado ya un estímulo fiscal por valor de 17.100 millones de euros, entre exenciones, subvenciones y créditos fiscales.

“Un ascenso largo, desigual e incierto”. Así define la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, la recuperación ya en curso para buena parte del planeta. Un regreso que también será duro para la economía española que según la última edición de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) se contraerá este año un 12,8%. Sin cambios desde el pasado junio pero 4,8 puntos porcentuales más de lo previsto en el mes de abril.

Arias urge al Gobierno plan para reducir déficit fiscal

Fuente: CR Hoy

El expresidente Óscar Arias urgió este domingo al Gobierno a presentar una nueva propuesta para reducir el alarmante crecimiento del déficit fiscal.

Háganlo ya. Mañana es tarde“, escribió el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Arias -dos veces Presidente- también pidió al Poder Ejecutivo que consiga cuanto antes los 38 votos necesarios en la Asamblea Legislativa para la aprobación de la nueva propuesta que haga.

“Escuchemos e incorporemos todo los que nos aportarán las mesas de diálogo, pero no olvidemos que es nuestro Parlamento el que dice la última palabra”, manifestó.

Recordó que cuando fue diputado, en la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), fue “testigo del camino hacia el cataclismo que significó el no tomar medidas para evitarlo”.

¿Qué estuvo mal de la propuesta ante el FMI y qué debería quedar?

“No quiero que la devaluación de nuestra moneda se repita. Fue como diputado que dije que ‘se requiere más valor para coincidir que para discrepar’”, añadió.

El Gobierno convocó a un proceso de diálogo nacional para buscar soluciones a la deteriorada situación fiscal del país, después de que retiró su propuesta inicial que negociaría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de $1.750 millones. Esa propuesta se basaba en un 80% en más impuestos.

Esto le espera a Costa Rica si elige el camino del FMI

Fuente: CR Hoy

Sea cual sea el mecanismo que se suscriba para buscar una salida a la crisis, el país está contra el tiempo debido a la apremiante situación fiscal que nos espera para el próximo año.

Las mesas de diálogo convocadas por el gobierno fracasaron. En las últimas ha ganado terreno otras mesas de negociación promovidas por el Banco Popular, en donde acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) también es una de las opciones.

Con o sin el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI) Costa Rica tiene unas necesidades de dinero para 2021 muy altas y lo que genera en ingresos no alcanza para financiarlas.

El 15% del Producto Interno Bruto (PIB) que se estima necesario no puede ser asumido en su totalidad por la deuda interna y menos aún por la recaudación de impuestos, por eso la clave es buscar un acuerdo con el FMI que no solo otorgue los $1.750 millones, sino que permita abrir la llave a más préstamos extranjeros y eventuales colocaciones de bonos de deuda externa.

Pero ¿qué espera al país el próximo año si se sigue por la senda del acuerdo con el FMI?.

Incluso aunque la decisión que se tome sea esta, la incertidumbre se mantendrá por lo que se vaticina como un convulso 2021.

El primer elemento a considerar es que aún con el FMI el país debe buscar muchos recursos para financiarse, según reseñó el economista José Luis Arce de FCS Análisis en la presentación de las Perspectivas Económicas y Políticas correspondiente a octubre

“Nos parece improbable que se juegue con la posibilidad de no tener un acuerdo con el Fondo, no va a ser fácil y va a demorar más de lo que creíamos. Ahora pensamos en un proceso más largo ya no para diciembre sino con una eventual aprobación en enero, una aprobación legislativa que puede ir hasta marzo o abril y que va a depender del diálogo y la relación con las bancadas legislativas,… significa más tiempo y además un camino mucho menos suave, más lleno de baches que va a generar incertidumbre en especial si vemos un estancamiento en las negociaciones o posibles dudas en el legislativo”, adelantó Arce.|

Así, en el posible cronograma de negociaciones y tomando un escenario optimista en donde se dan los acuerdos en menos de un mes, la eventual negociación con el staff del FMI quedaría posiblemente para diciembre, de modo que el directorio de esa organización lo estaría discutiendo en enero.

Suponiendo que el Directorio lo avala y no lo considera insuficiente, se abriría una nueva etapa en donde el acuerdo debe volver al país para que la Asamblea Legislativa lo discuta. En el mejor de los escenarios y si es que hay consenso, es un trámite que puede durar no menos de tres meses.

De acuerdo con Arce, dependiendo de la forma en cómo se estructure el acuerdo la aprobación definitiva puede llevar hasta seis meses, con lo cual medidas para corregir el problema de fondo en el país las veremos si acaso en 2022.

En ese mismo escenario, si bien el primer desembolso del crédito con el Fondo puede llegar a eso de mitad del año, la agenda de implementación de los proyectos puede llevarse unos meses más, y si es que el plan incluye ingresos por nuevos impuestos, éstos el país los irá viendo hacia finales de 2021 y con mayor seguridad para 2022.

 

 

“Se ve sencillo, pero la volatilidad e incertidumbre del cronograma es lo que nos va a meter ruido en el acceso al financiamiento, en la tasa de interés y en el tipo de cambio. Es un ruido que no debería ser excesivo, no debería ser caótico pero si al final que genera incertidumbre en esas variables”, agregó el analista.

Economistas, políticos y autoridades de gobierno coinciden en señalar que el crédito con el FMI no es importante por el monto de los recursos que le prestarían al país sino más bien por lo que representa para los mercados financieros.

Sin un acuerdo con esta organización, entidades que tradicionalmente nos prestan como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estarían menos dispuestas a financiar al Estado costarricense. Además Costa Rica pretende retomar la emisión de $4.500 millones en Eurobonos, que los inversionistas estarían poco dispuestos a adquirir si las condiciones financieras del país no recuperan su ruta a la estabilidad.

El acuerdo con el Fondo es una especie de garantía para esas entidades e inversionistas.

En la Asamblea Legislativa son conscientes de que están contra las cuerdas y cuestionan al gobierno por lo que consideran un alargamiento de las discusiones y de la incertidumbre.

“Este alargamiento a la crisis sólo puede significar dos cosas: una, que las cifras que nos ha dado Hacienda son mentiras y que la crisis no es tan grave como pasó con Luis Guillermo y su cadena o como el caso de los Eurobonos que según Hacienda casi quebrábamos y todavía los están utilizando; o lo que es peor, el gobierno va a presionar para que se dé  la quiebra del país”, dijo el diputado de Nueva República Jonathan Prendas.

 

FB LIVE: CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CABYS)

Actualidad Tributaria le invita a nuestro FACEBOOK LIVE el lunes 19 de octubre a las 3:00 p.m. con el tema:

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CABYS) por nuestros especialistas, MAF. Iliana Navarrete y Lic. Mauricio Berrocal.

¡Le esperamos!

Mucho ojo al calcular los aguinaldos de su personal suspendido


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Se acerca la época de cálculos y pago de aguinaldos para las empresas de toda índole, pero en medio de un año tan complicado para los contratos laborales vale recordar que el cálculo de aguinaldo también tendrá que considerar el tipo de jornada laboral que ha tenido el trabajador. 

Ana Isabel Borbón, especialista en derecho laboral de Actualidad Tributaria, repasa los dos cambios más importantes: 

“Este año muchos contratos laborales sufrieron reducciones, recortes o hasta suspensiones. Dependiendo de la afectación, así deberá considerarse el cálculo del aguinaldo, si corresponde”, comenta Borbón.

Si los contratos fueron suspendidos, entonces el cálculo del aguinaldo se realizará sólo con la suma de los meses laborados, dividido entre 12. Si la persona laboró, por ejemplo, de diciembre de 2019 hasta abril de 2020, se toma el salario total de esos 5 meses y se divide entre 12. El resultado de esta operación sería el monto de aguinaldo a recibir este año por este trabajador. Sin embargo, podría ser que durante la suspensión, el patrono haya hecho activación temporal de las labores, en cuyo caso deberán sumarse también las sumas recibidas mensualmente por el trabajador, en esos lapsos temporales.

Con los contratos reducidos hay que tener algunas consideraciones, según Borbón.  “Los contratos que redujeron su proporción de tiempo laborado, y por ende el monto del pago total, tienen que considerar esta reducción, sumando los salarios realmente percibidos por el trabajador de diciembre 2019 a noviembre 2020 y dividiéndolo entre 12. Es decir, no pueden calcular el aguinaldo con salarios completos, porque el trabajador no recibió ese pago, si no una fracción del mismo”.

Para la especialista es vital que los empleadores hagan cálculos correctos para evitarse futuros desacuerdos con sus colaboradores, en momentos donde la economía personal y general está deprimida. También advierte sobre dejar de pagar.

“No tenemos ninguna ley o reforma que posibilite a los patronos a no pagar el aguinaldo o pagarlo en tractos. Por el momento esto no se contempló, por lo que no pagar el aguinaldo o pagarlo en tractos podría acarrear problemas judiciales. Hay que recordar, que en caso de liquidación por despido del trabajador con responsabilidad patronal, las prestaciones si deben hacerse sobre la base del salario anterior a la reducción.”, sentenció Borbón.

Uccaep y 8 sectores más descarrilan la mesa de diálogo fiscal

Fuente: La Nación

Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación, anunció a las 3:30 p. m. de este jueves que la mesa de diálogo multisectorial, para buscar una solución a la crisis fiscal, no pudo ser conformada, por lo que no será efectuada.

Así lo expuso luego de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se negara a participar en el diálogo, al igual que otros ocho sectores, algunos de los cuales ni siquiera respondieron o pidieron más tiempo para decidir.

Vargas Cullel argumentó que “la regla era clara: o todos los sectores aceptaban participar en el diálogo multisectorial o esta instancia no se conformaba”.

“Al final, hubo problemas que no logramos resolver”, dijo.

De los 25 asientos que estaban dispuestos para que los sectores convocados dialogaran con el Gobierno, 12 estaban confirmados, mientras 13 no pudieron llenarse.

Para siete de esos campos, los sectores encargarlos de llenarlos no respondieron la invitación; para otros cuatro, no respondieron del todo y, para dos, pidieron tiempo adicional.

El plazo para responder a la invitación vencía este jueves, pues la mesa empezaría el sábado. Para llenar los 25 campos, fueron convocados 21 sectores, que en varios casos debían ponerse de acuerdo entre ellos para enviar delegados.

La meta del diálogo era encontrar una solución a la crisis fiscal del país, mediante recomendaciones que permitieran reducir el déficit primario del Gobierno Central en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), cerca de ¢887.000 millones, y la deuda pública en ocho puntos del PIB.

Los sectores que sí aceptaron participar fueron la Cámara de Comercio, Fedecámaras, Cadexco, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), el Foro de Mujeres del Inamu, la Conferencia Episcopal, la Alianza Nacional Evangélica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Red Nacional de Agentes de Desarrollo Económico Local (Rednasol), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Confederación de Estudiantes Universitarios, una confederación sindical y la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol).

Los que rechazaron participar son Uccaep y Alianza Nacional Agropecuaria.

Pidieron más tiempo los gremios magisteriales y sindicales, entre ellos la Asociación Nacional de Educadores (Ande) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

No respondieron la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Con el silencio de la Asamblea de Trabajadores del BP, no fue posible llenar cinco campos, que estaban previstos de la siguiente forma: dos para cooperativas, uno para sindicatos, uno para solidaristas y uno para organizaciones comunales.

Los cuatro campos del sector empresarial debían ser llenados, mediante acuerdo, por la UCCAEP, la Cámara de Comercio, Cadexco, Fedecámaras y el CPC. No obstante, la Uccaep declinó participar.

Tres sillas adicionales de los sindicatos las debían llenar, por negociación interno, las confederaciones sindicales, las organizaciones sindicales del Magisterio y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco). No obstante, solo una confederación aceptó el llamado.

Una silla más para cooperativistas la debían escoger entre el Conacoop y el Cenecoop, pero solo el primero aceptó participar.

La Alianza Nacional Agropecuaria, que tenía otros dos campos, rechazó participar.

En el caso de los solidaristas, Concasol aceptó y la Escuela Social Juan XIII declinó.

‘Ustedes tienen la responsabilidad política e histórica’

Vargas Cullel les agradeció al presidente Carlos Alvarado y al jerarca del Congreso, Eduardo Cruickshank, el haberle solicitado al Estado de la Nación funcionar como mediador del diálogo.

No obstante, les sugirió mantener abierta la convocatoria a un diálogo urgente.

“El país necesita resolver la emergencia fiscal, ustedes tienen la responsabilidad política e histórica de liderar, de evitar que una crisis fiscal golpee los logros en desarrollo humano de nuestra sociedad”, afirmó.

El intento fallido no cancela la iniciativa. Por tanto, les recomendó evaluar la conveniencia de convocar a todos los sectores mediante un diálogo franco y explorar una nueva fórmula.

Añadió que es importante evitar plataformas de diálogo alternativas, que compitan entre sí.

“Es su responsabilidad diseñarnos la ruta. Urge actuar. El país no está para seguir danzando alrededor de una compleja situación. El diálogo es más necesario que nunca, busquen la fórmula adecuada a fin de remover los obstáculos que no logramos levantar y el Estado de la Nación siempre procurará un espíritu y una acción colaborativa”, les dijo Vargas Cullel a Alvarado y a Cruickshank, al insistir en la gravedad de la situación fiscal que el país deberá afrontar.

“Los sectores quieren diálogo; el problema es que no hemos encontrado una sombrilla o fórmula común (...). Los sectores que declinaron lo hicieron porque prefieren otro espacio. No hay que anular la convocatoria”.

Pese a que el intento se cayó, el director del Estado de la Nación rescató que al menos se instaló en el país la claridad sobre la necesidad urgente del diálogo sobre la emergencia fiscal, al tiempo que se quitó protagonismo a los “actores que, por medios no institucionales, han procurado polarizar”.

 

Uccaep y 8 sectores más descarrilan la mesa de diálogo fiscal

Fuente: La Nación

Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación, anunció a las 3:30 p. m. de este jueves que la mesa de diálogo multisectorial, para buscar una solución a la crisis fiscal, no pudo ser conformada, por lo que no será efectuada.

Así lo expuso luego de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se negara a participar en el diálogo, al igual que otros ocho sectores, algunos de los cuales ni siquiera respondieron o pidieron más tiempo para decidir.

Vargas Cullel argumentó que “la regla era clara: o todos los sectores aceptaban participar en el diálogo multisectorial o esta instancia no se conformaba”.

“Al final, hubo problemas que no logramos resolver”, dijo.

De los 25 asientos que estaban dispuestos para que los sectores convocados dialogaran con el Gobierno, 12 estaban confirmados, mientras 13 no pudieron llenarse.

Para siete de esos campos, los sectores encargarlos de llenarlos no respondieron la invitación; para otros cuatro, no respondieron del todo y, para dos, pidieron tiempo adicional.

El plazo para responder a la invitación vencía este jueves, pues la mesa empezaría el sábado. Para llenar los 25 campos, fueron convocados 21 sectores, que en varios casos debían ponerse de acuerdo entre ellos para enviar delegados.

La meta del diálogo era encontrar una solución a la crisis fiscal del país, mediante recomendaciones que permitieran reducir el déficit primario del Gobierno Central en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), cerca de ¢887.000 millones, y la deuda pública en ocho puntos del PIB.

Los sectores que sí aceptaron participar fueron la Cámara de Comercio, Fedecámaras, Cadexco, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), el Foro de Mujeres del Inamu, la Conferencia Episcopal, la Alianza Nacional Evangélica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Red Nacional de Agentes de Desarrollo Económico Local (Rednasol), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Confederación de Estudiantes Universitarios, una confederación sindical y la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol).

Los que rechazaron participar son Uccaep y Alianza Nacional Agropecuaria.

Pidieron más tiempo los gremios magisteriales y sindicales, entre ellos la Asociación Nacional de Educadores (Ande) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

No respondieron la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Con el silencio de la Asamblea de Trabajadores del BP, no fue posible llenar cinco campos, que estaban previstos de la siguiente forma: dos para cooperativas, uno para sindicatos, uno para solidaristas y uno para organizaciones comunales.

Los cuatro campos del sector empresarial debían ser llenados, mediante acuerdo, por la UCCAEP, la Cámara de Comercio, Cadexco, Fedecámaras y el CPC. No obstante, la Uccaep declinó participar.

Tres sillas adicionales de los sindicatos las debían llenar, por negociación interno, las confederaciones sindicales, las organizaciones sindicales del Magisterio y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco). No obstante, solo una confederación aceptó el llamado.

Una silla más para cooperativistas la debían escoger entre el Conacoop y el Cenecoop, pero solo el primero aceptó participar.

La Alianza Nacional Agropecuaria, que tenía otros dos campos, rechazó participar.

En el caso de los solidaristas, Concasol aceptó y la Escuela Social Juan XIII declinó.

‘Ustedes tienen la responsabilidad política e histórica’

Vargas Cullel les agradeció al presidente Carlos Alvarado y al jerarca del Congreso, Eduardo Cruickshank, el haberle solicitado al Estado de la Nación funcionar como mediador del diálogo.

No obstante, les sugirió mantener abierta la convocatoria a un diálogo urgente.

“El país necesita resolver la emergencia fiscal, ustedes tienen la responsabilidad política e histórica de liderar, de evitar que una crisis fiscal golpee los logros en desarrollo humano de nuestra sociedad”, afirmó.

El intento fallido no cancela la iniciativa. Por tanto, les recomendó evaluar la conveniencia de convocar a todos los sectores mediante un diálogo franco y explorar una nueva fórmula.

Añadió que es importante evitar plataformas de diálogo alternativas, que compitan entre sí.

“Es su responsabilidad diseñarnos la ruta. Urge actuar. El país no está para seguir danzando alrededor de una compleja situación. El diálogo es más necesario que nunca, busquen la fórmula adecuada a fin de remover los obstáculos que no logramos levantar y el Estado de la Nación siempre procurará un espíritu y una acción colaborativa”, les dijo Vargas Cullel a Alvarado y a Cruickshank, al insistir en la gravedad de la situación fiscal que el país deberá afrontar.

“Los sectores quieren diálogo; el problema es que no hemos encontrado una sombrilla o fórmula común (...). Los sectores que declinaron lo hicieron porque prefieren otro espacio. No hay que anular la convocatoria”.

Pese a que el intento se cayó, el director del Estado de la Nación rescató que al menos se instaló en el país la claridad sobre la necesidad urgente del diálogo sobre la emergencia fiscal, al tiempo que se quitó protagonismo a los “actores que, por medios no institucionales, han procurado polarizar”.

 

Amplían plazo a proyecto para bajar impuesto único al diésel

Fuente: CR Hoy

Por mayoría, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa acordó extender el plazo a un proyecto de ley que busca disminuir el impuesto único al diésel.

Los legisladores decidieron otorgarle 60 días más a la iniciativa, que se tramita bajo el expediente 21.823, para su conocimiento, discusión y votación en ese foro legislativo.

La propuesta -presentada por el congresista Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)- consiste en la adición de un artículo a la ley de simplificación y eficiencia tributarias, con el propósito de bajar ese tributo para ayudar a los sectores agrícola, industrial, así como al transporte público y de carga.

Según el proyecto de ley, el monto del impuesto nunca excederá el 25% del valor internacional del producto, calculado con base en los precios internacionales de los 15 días naturales anteriores a la fecha de corte de realización del estudio por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El socialcristiano sostiene que con la reducción del impuesto único al diésel se lograría una recuperación de tributos vía Impuesto al Valor Agregado (IVA) superior al 52% de la recaudación propuesta.

El porcentaje restante sería cubierto con la mejoría en la recaudación de otros impuestos, producto del aumento en la actividad económica causada por la disminución en el impuesto único al diésel, una reducción del crecimiento de los gastos del sector público y una baja de los subsidios cruzados.

 

Hacienda apoya propuesta que beneficia apróximadamente al 80% de propietarios de vehículos

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó hoy que comprende y comparte la preocupación de los señores diputados por garantizar que el beneficio considerado en el proyecto de disminución en el pago del impuesto a la propiedad, no incluya a los vehículos que se encuentran en el tramo superior de la escala con base en la cual se determina el impuesto, y cuyo valor fiscal para el año 2021 asciende a ¢ 4.210.000.

La Ley prevé que los propietarios de vehículos con valores superiores a este monto paguen un 3,5% sobre el exceso de dicho valor, de manera que quien más posibilidades económicas tiene, pague más. 

Esto permitiría la exoneración de un porcentaje del impuesto, solo a los propietarios de vehículos con valores fiscales por debajo del monto mencionado, propuesta que para el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sería un punto medio que vendría a aliviar el bolsillo de un importante número de familias costarricenses, sin generar un gran impacto fiscal.  Adicionalmente, desde la perspectiva tributaria es progresiva, en la medida que no exonerará a quienes tienen vehículos con un valor fiscal superior al indicado. 

De acuerdo con los registros de Hacienda, los vehículos que tienen un valor fiscal por debajo del monto referido constituyen aproximadamente el 80% de la flotilla nacional, lo que se traduce en una reducción de ¢ 25 mil millones en la recaudación del impuesto. 

El FMI recomienda focalizar la ayuda y aumentar los impuestos a los más ricos

Fuente: CR Hoy

El FMI llamó además a dejar de proteger los “empleos antiguos” e impulsar la inversión pública en infraestructura y energía verde, aprovechando este momento “para tomar distancia del modelo de crecimiento anterior a la crisis y acelerar la transición hacia una economía digital y con bajas emisiones de carbono”.

El gasto debe estar más focalizado en favor de los empleos del futuro, señaló el prestamista mundial en su último informe “Monitor Fiscal”, publicado en el marco de sus reuniones anuales que se realizan esta semana en forma virtual.

Los gobiernos han inyectado 12 billones de dólares en la economía mundial desde el inicio de la pandemia, pero ahora “muchos países tendrán que hacer más con menos, debido a las limitaciones cada vez mayores de sus presupuestos”, dijo Vitor Gaspar, jefe del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.

Las economías de mercados emergentes, con mayores limitaciones de financiamiento, deberán reordenar las prioridades del gasto y mejorar su eficiencia. “Algunas posiblemente necesiten apoyo financiero oficial y alivio de la deuda”, indicó en un blog que acompaña al informe.

Los responsables políticos “deben ser más selectivos” abandonando “gradualmente” el apoyo a los puestos de trabajo en los sectores antiguos para destinar fondos a la formación que permitan a los desempleados acceder a los trabajos del mañana, señaló.

Además, “los gobiernos deben (…) evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”, apuntó Gaspar, quien firmó el texto con su adjunto Paulo Medas y dos economistas del FMI, John Ralyea y Elif Ture.

Este ingreso adicional ayudaría a pagar servicios esenciales, dijeron, entre ellos las redes de salud y de protección social “durante una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”.

Los gobiernos “deben avanzar de manera decisiva para que las economías sean más inclusivas y resilientes, y frenar el calentamiento mundial con medidas verdes que también impulsen el crecimiento y el empleo”, concluyeron.

 

Marchamo 2021: Valor fiscal de automóviles se actualizará cuando salga decreto en ‘La Gaceta’

Fuente: La Nación

El director general de Tributación, Carlos Vargas, explicó que los valores fiscales de los autos que están publicados actualmente en la plataforma Autogestión no son todavía los que regirán para el marchamo 2021.

“La actualización de estos valores en la página del Ministerio de Hacienda se realiza una vez publicado el decreto correspondiente en La Gaceta, el cual está en trámite en este momento, por lo cual, no es correcto, o no es prudente realizar esa revisión en el sistema de Autogestión, porque los valores que van a aparecer ahí no son los valores actualizados”, manifestó Vargas.

El valor fiscal de los autos se actualiza todos los años y forma parte de la información que se traslada al Instituto Nacional de Seguros (INS) para el cobro del marchamo.

El artículo 36 del decreto 39.303-MOPT-H, Reglamento de Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores, establece: “El Ministerio de Hacienda y cualquiera de las instituciones destinatarias por ley, de las sumas de dinero de los tributos recaudados por las entidades aseguradoras, deberán suministrar a dichas entidades, a más tardar, el quinto día hábil del mes de octubre del año en curso, toda la información actualizada de cada uno de los rubros que forman parte del derecho de circulación y que deban recaudar las entidades aseguradoras”.

Vargas explicó que ese suministro de información ya se efectuó, pero todavía no se han actualizado los valores en la plataforma Autogestión.

  “...una buena cantidad de vehículos, de acuerdo con los términos de la ley, van a ver modificada a la baja la base imponible de este impuesto”. Carlos Vargas, director general de Tributación.

Valores para mayoría deberían bajar

Vargas detalló que para realizar la actualización de los valores fiscales se consideran las curvas de depreciación de los vehículos y el índice de valuación.

Este índice considera: la variación en la carga tributaria, la inflación y un 10% de depreciación. Este año el índice dio un resultado de -10,07% que se aplicó a los vehículos.

“Lo cual significa que en una buena cantidad de vehículos, de acuerdo con los términos de la ley, van a ver modificada a la baja la base imponible de este impuesto”, informó Vargas.

Este año se unió un elemento adicional a este cobro y es que el lunes 5 de octubre la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que reduciría en 50% el impuesto a la propiedad para los vehículos con un valor menor a ¢20 millones, y para los de carga pesada, buses, busetas, taxis, transporte público y turismo.

El diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció en sus redes sociales, el domingo 11 de octubre que el Ministerio de Hacienda actualizó el valor de los vehículos el 6 de octubre, un día después de ser dictaminado el proyecto que propone la rebaja del marchamo.

Vargas respondió que lo que se realizó fue el suministro de información y no hubo una actualización el 6 de octubre.

“En la plataforma Autogestión, que es una consulta por placa del vehículo para el valor fiscal e impuesto del periodo 2020, no ha aparecido en ningún momento la fecha de avalúo del 06 de octubre”, respondió Vargas.

¿Por qué algunas personas que consultaron la plataforma encontraron un valor más alto esta semana?

La Dirección de Valoraciones de la Dirección General de Tributación reiteró que en este momento, quien accede a Autogestión, verá los valores del vehículo al 2020.

“Lo que sucede cuanto encuentra alguna diferencia con respecto al monto que le aparece en el recibo emitido al hacer el pago, es porque, posiblemente, la persona presentó algún reclamo sobre el valor fiscal del vehículo y se le corrigió el monto en el recibo. La actualización de ese monto en el sistema se dará una vez que se publique el decreto”, respondió Vargas.

¿Cómo reclamar?

Si una vez publicados los nuevos valores fiscales para el 2021, el dueño del automotor no está de acuerdo con el valor publicado puede apelar. Para hacerlo debe ingresar a Autogestión: https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/ .

En esa dirección revisa el valor del vehículo y ahí mismo está el formulario de solicitud de revisión, pero la aplicación solo se abre durante el periodo de cobro y reclamación del impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones.

Por ahora, cualquier consulta debe dirigirse a la oficina de Valoraciones Tributarias de la Administración Tributaria San José Oeste.

Según detalla el Ministerio de Hacienda, en su página web, de acuerdo con el artículo 145 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el plazo para recurrir ante la Administración Tributaria los valores de los vehículos, aeronaves y embarcaciones, con base a lo especificado en el artículo 6 del Decreto N° 39974-H, es de 30 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se canceló el impuesto.

En caso de que el contribuyente efectúe el pago fuera del plazo que la Ley dispone, o cuando no paga el impuesto, el plazo para apelar corre a partir del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo para el pago de este impuesto (31 de diciembre del año).

Los documentos que debe adjuntar son: la solicitud por el propietario o representante donde se pide la revisión del valor (debe indicarse número de teléfono y correo electrónico), si no es el propietario el que realiza el trámite, debe ser autorizado por el dueño en ese mismo documento.

Además, debe adjuntar pruebas de valor de auto, como mínimo tres pruebas, puede ser de páginas web, agencias distribuidoras, periódicos de circulación nacional, y fotografías del vehículo donde se observen los emblemas, transmisión, tipo de carrocería, en especial si el vehículo es un modelo no conocido o no es popular.

 

Contribuyentes morosos contrarreloj para llegar a acuerdos de pago

Fuente: La República

En caso de que usted o su empresa se hayan acogido a la ley de alivio fiscal y aún no tengan los recursos para pagar sus responsabilidades tributarias, tendrá hasta el 15 de octubre para llegar a un acuerdo de pago.

Se trata de una moratoria para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, el pago del IVA y de los impuestos para nacionalizar mercadería.

La medida tuvo gran recepción en meses anteriores, ya que, por ejemplo, la moratoria aplicada en IVA superó lo equivalente a ¢82 mil millones.

Para no tener que pagar la totalidad en diciembre, puede buscar un acuerdo de pago con Hacienda.

Para lograrlo, debe presentar la solicitud por medio de correo electrónico a la dirección de la administración tributaria que corresponda según su domicilio; eso sí, debe acompañarse de la firma digital o un documento escaneado con la firma del contribuyente.

Por otra parte, debe estar al día en todos los demás deberes formales y materiales ante la Administración Tributaria, al momento de presentar su solicitud, o tener previamente aprobada una facilidad de pago si existen otras deudas tributarias pendientes de cancelar.

También debe aportar una declaración jurada donde manifieste que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico-financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, y que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.

Asimismo, debe haber cancelado una prima inicial constituida por el 20% del monto total adeudado, de previo a la presentación de la solicitud.

La Administración Tributaria determinará, en cada caso, la cantidad de cuotas de pago, que será igual a los meses concedidos en la facilidad de pago (no podrán ser más de seis).

Las cuotas serán mensuales y por montos iguales, salvo la última que podrá ser por un monto menor.

Por ejemplo, si adeuda ¢525 mil, la Administración Tributaria puede optar por que se pague en seis cuotas mensuales, las primeras cinco de ¢100 mil , y la última con los ¢25 mil restantes.

Por actividades

Los montos acogidos en moratoria de IVA, selectivo de consumo, entre otros, por actividad económica (datos en millones de colones con corte al 31 de julio, no incluye moratorias en aduanas).

Buscarán que actualización del valor de vehículos no afecte rebaja del marchamo

Fuente: CR Hoy

El diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propondrá que la reciente actualización del valor fiscal de los vehículos, que hizo el Ministerio de Hacienda, no afecte la rebaja propuesta en el marchamo 2021.

El legislador anunció este lunes que presentará una moción al proyecto de ley para que la disminución en el costo del marchamo, avalada por la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, se haga con base en el valor fiscal de los vehículos utilizada el año pasado.

“Habrá que hacer un esfuerzo para que el proyecto de ley utilice los valores del año pasado. Esa revalorización (la que hizo Hacienda) no tiene ningún sentido, solo en el cerebro de alguna gente puede ser que un vehículo en este momento aumente de valor, y eso es sorprendente“, manifestó.

Añadió que “lo importante será concretar algo en el proyecto de ley que estamos tramitando”.

El congresista Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, por su parte, dijo que pedirá explicaciones a Hacienda por la actualización del valor fiscal de los vehículos que hizo un día después de que, por mayoría, ese foro legislativo aprobó la rebaja en el costo del marchamo 2021.

“No quisiera pensar que esto es una acción del Ministerio de Hacienda para afectar el eventual rebajo en el pago de los marchamos, de acuerdo con el proyecto de ley dictaminado. Sin embargo, sí llama mucho la atención que el proyecto fuera dictaminado el 5 de octubre, y el 6 de octubre aparecieran actualizaciones en el valor de los vehículos. Vamos a solicitar toda la información al Ministerio de Hacienda para corroborar de qué se trata y en qué condiciones se dio“, comentó.

El liberacionista explicó, además, que, según las directrices vigentes, esa actualización debe hacerse en enero de cada año y no en octubre.

De acuerdo con el proyecto de ley, la disminución en el impuesto a la propiedad de vehículos -el principal componente del marchamo- aplicaría de la siguiente forma:

  • Un 50% a los vehículos con un valor fiscal inferior a los ¢20 millones.
  • Un 25% a los vehículos con un valor fiscal superior a los ¢20 millones.
  • Un 5% a los vehículos con un valor fiscal superior a los ¢50 millones.

Desde que la iniciativa de ley se tramitó en la Comisión de Asuntos Económicos, el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) ha hecho maniobras para bloquear su avance.

El proyecto llegará pronto al Plenario Legislativo para su discusión y votación final. En ese espacio, los legisladores, como Abarca, podrán plantear nuevas mociones al texto.

El cobro del marchamo del próximo año comenzará el 1º de noviembre.

 

 

Implementación en la factura electrónica del Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS)


A partir del 1ero de diciembre será obligatoria la implementación en la factura electrónica del Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS).

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Aclaración del MH sobre actualización del valor fiscal para el impuesto al traspaso de propiedades

Fuente: Ministerio de Hacienda

1. El Ministerio de Hacienda no está realizando ninguna actualización del impuesto sobre bienes inmuebles que administran las municipalidades.

2.  Esta actualización aplica para el cobro del impuesto al traspaso de propiedades (escrituras de traspaso, compraventa, gravámenes hipotecarios, rectificaciones de cabida y segregaciones) que administra el Ministerio de Hacienda y para el cobro de timbres registrales por parte del Registro Nacional.

3. Desde el año 2017 la Dirección General de Tributación realizó una alianza con el Registro Nacional, para integrar en sus sistemas el valor fiscal de las propiedades declarado por los contribuyentes en las municipalidades.

4. No toda actualización conlleva un aumento en el valor fiscal de la propiedad:

- Según las bases de datos correspondientes a 2017: De 1.952.842 de fincas inscritas en el Registro Nacional, el 22% (428.595) aumentó su valor fiscal.*

- Según las bases de datos correspondientes a 2018: De 1.932.542 de fincas inscritas en el Registro Nacional, solamente el 9,7% (188.773) aumentó su valor fiscal.*

5. No se debe confundir los términos plataformas de valores con actualización automática del valor fiscal. Las primeras son utilizadas por las municipalidades al realizar sus avalúos y por los contribuyentes cuando hacen sus declaraciones.

6. Esta labor es realizada por los técnicos de la Dirección General de Tributación y del Registro Nacional, en cumplimiento a la legislación vigente: “Ley de Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles” (N° 6999), “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (N°7509)y la “Ley de Aranceles del Registro Nacional” (N°4564).

*Fuente: Registro Nacional

Tributación rastreará 20.000 bienes y servicios para atacar la evasión

Fuente: La Nación

El 92% de los contribuyentes inscritos en el Ministerio de Hacienda están obligados a incorporar en sus facturas electrónicas, a partir del próximo 1. ° de diciembre, un código de 13 dígitos en cada uno de los 20.291 bienes y servicios comercializados.

El nuevo sistema conocido como Catálogo de bienes y servicios (Cabys) permitirá a la Dirección General de Tributación rastrear cada una de las ventas que se efectúen en el territorio nacional para combatir la evasión fiscal, elevar la recaudación de impuestos y fiscalizar la tramitación de exoneraciones fiscales.

Además, el fisco podrá conocer la actividad económica de los 550.000 contribuyentes, que hoy presentan factura electrónica, y la tarifa del impuestos sobre el valor agregado (IVA) cobrada a sus clientes.

De la medida quedan exentos los contribuyentes que están bajo el régimen simplificado.

“Nos sirve para saber qué vende una persona, para saber si es una producto de canasta básica o no, o un servicio que tiene tarifa reducida (del IVA); y para ver si hay una correspondencia adecuada en el producto que se vende y la tarifa cobrada”, explicó Carlos Vargas, director de Tributación.

El funcionario enfatizó que la implementación del Cabys permitirá al fisco elevar las herramientas de fiscalización de las personas y empresas; y de sus obligaciones tributarias.

“El Cabys nos ayudará a mejorar la gestión y la recaudación de impuestos”, reconoció Vargas.

El Ministerio de Hacienda también tendrá la facultad de revisar los incentivos fiscales de los contribuyentes que actualmente gozan de exoneraciones tributarias, pues también deben cumplir con el catálogo Cabys.

“A la Administración se le facilitará muchísimo el control y seguimiento de lo adquirido por la empresa solicitante de la exoneración y ver si realmente es el beneficio que debe disfrutar”, dijo el Director de Tributación.

Vargas agregó que no solo habrá control, pues el sistema permite a Tributación guiar de una manera más adecuada al contribuyente si en su registro impositivo hubo algún error.

Origen de medida

La implementación del catálogo Cabys en los comprobantes electrónicos se habilitó en julio del 2019.

Sin embargo, fue en mayo pasado que Tributación informó a todos los contribuyentes la obligación de incorporar su respectivo código según el bien o servicios vendido.

El número de 13 dígitos debe incluirse en la factura electrónica entre contribuyentes, de exportación, de compra, en el tiquete de compra del consumidor final y en las notas de crédito y débito.

El Ministerio de Hacienda no validará la factura emitida por una persona o empresa, a partir del 1. ° de diciembre, si carece del respectivo código.

Además, el contribuyente se expone a una sanción de hasta ¢893.000 por incumplir la orden de Tributación.

El sistema Cabys también será utilizado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el cálculo, análisis y creación de estadísticas nacionales.
Más tiempo

En setiembre pasado, la Cámara de Comercio envió una carta a Elian Villegas, ministro de Hacienda, y solicitó posponer por un plazo de seis meses la aplicación de los códigos Cabys.

La organización fundamentó su petición en que la situación generada por la pandemia sanitaria obliga a las empresas a efectuar cambios en sus sistemas de facturación, lo cual genera gastos adicionales y destinar personal.

Pero la realidad de muchas compañías es que trabajan con la mitad del personal o redujeron la jornada a muchas personas, dijo Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

“La empresas más grandes podrán cumplir con el Cabys; pero el problema será con las compañías pequeñas y medianas debido a la complejidad que implica. Lo que se pretende es muy importante, pero implica mucho trabajo para empresas que no tienen capacidad hoy por la situación económica”, afirmó Elizondo.

El vocero destacó que para diciembre muchísimas empresas no estarán preparadas para la incorporación del Cabys en las facturas electrónicas.

“Es una plataforma que no es amigable para el usuario. No está pensada para el usuario. Es un sistema más rígido y genera mucho trabajo y una demanda alta de tiempo”. Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Por su parte, Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), confirmó que algunas empresas han reportado problemas al momento de utilizar el catálogo Cabys.

“En la industria alimentaria hay mil cantidad de productos diferentes, mil variaciones distintas de una misma categoría de una materia prima. Cuando los descriptores técnicos del sector no coinciden con los de Hacienda, hay dificultad para usar la plataforma” explicó Montero.

Otro de los riesgos, afirmó el vocero, es que las empresas cataloguen sus insumos y productos en categorías que no corresponden y terminen pagando más impuestos de la cuenta o menos, por un error involuntario, y luego tengan problemas en el futuro.

El vocero de Cacia añadió que Hacienda tampoco responde con celeridad las consultas enviadas por muchos contribuyentes.

El Director de Tributación reconoció que la petición hecha por el sector empresarial está aún en análisis. Por lo cual la entrada en vigencia de los códigos Cabys se mantiene para diciembre próximo.

Vargas destacó que el tiempo para incorporar los códigos en las facturas ha sido amplio, para que los contribuyentes se ajuste a la transformación implementada.

 

 

Zonas francas critican proyecto que busca gravarlas con impuestos en plena crisis

Fuente: AmPrensa

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) cuestiona que en momentos en los que Costa Rica está urgido por continuar generando empleo y reactivar la economía para enfrentar el impacto provocado por el COVID-19, el diputado Eduardo Cruickshank proponga gravar a las empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas.

La Asociación señala que dicha iniciativa pone en riesgo la atracción de inversión extranjera y los más de 175.000 empleos directos e indirectos que generan actualmente estas empresas.

Para Carlos Wong, presidente de AZOFRAS, cambiar abruptamente las reglas del juego a las empresas que conforman este sector, pone en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica que garantizan inversión y empleo en el país.

“De la seguridad jurídica depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo y desarrollo. No podemos ponerla en riesgo; por el contrario, debemos fortalecerla y consolidarla, para seguir generando nuevas fuentes de empleo y reactivación económica. La atención de necesidades de corto plazo no puede primar sobre la visión estratégica a mediano y largo plazo del país.”, explicó Wong.

El Régimen de Zonas Francas, desde que inició la pandemia por COVID-19, ha anunciado más de 6.000 plazas nuevas en trasnacionales y, actualmente desarrolla importantes proyectos de inversión para nuevas zonas francas que generarán empleo fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

El miércoles 20 de mayo y posteriormente el lunes 28 de setiembre, AZOFRAS solicitó al Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Cruickshank, un espacio en su agenda con el fin de conversar sobre los aportes del Régimen de Zonas Francas al país, así como los retos que enfrenta Costa Rica y, no han recibido respuesta.

Proyección de déficit financiero se mantiene en el 9,3% del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda aclaró que no ha modificado la proyección de déficit fiscal para el cierre del 2020, la cual se mantiene en 9,3% del PIB, según lo anunciado en agosto anterior.  Así lo reiteró Isaac Castro, ministro de Hacienda a.i. este jueves, tras las afirmaciones surgidas en torno a la discusión del III Presupuesto Extraordinario.

“Es relevante que la población conozca que el déficit fiscal no ha variado, para evitar que esta apreciación equivocada lo induzca a tomar decisiones no deseadas y así evitar falsas apreciaciones que podrían generar confusión” comentó Castro.

El déficit fiscal se define como la diferencia entre los gastos e ingresos totales del Gobierno, por esta razón, es uno de los principales indicadores del desempeño de las finanzas públicas, ya que permite determinar la capacidad financiera del Gobierno para llevar a cabo sus compromisos y obligaciones.

Castro explicó que un aspecto que la ciudadanía debe conocer es la diferencia entre déficit presupuestario y déficit financiero proyectado. El primero hace referencia a la diferencia entre ingresos y gastos presupuestados y supone que el presupuesto se ejecuta al 100% en cada una de las partidas, sin embargo, no es posible ejecutar la totalidad de los recursos, por lo que históricamente existen niveles de subejecución.  El déficit financiero proyectado es la mejor estimación que tiene la autoridad fiscal, ya que considera las subejecuciones, respecto a la evolución de los ingresos y gastos en la ejecución del presupuesto de la República.

También es importante aclarar, que los únicos gastos nuevos que se incorporan en el presupuesto son para atender gastos asociados a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia Covid-19 y realizar transferencias a la CCSS.

“Este Ministerio hace vehemente su compromiso por mantener unas finanzas públicas sanas, disminuir el déficit fiscal y continuar con los esfuerzos para contener y reducir el gasto, a la vez que se mejora e incrementa la recaudación de impuestos” aseguró Castro.

Int’l Batalla sobre los impuestos de Trump puede regresar a la Corte Suprema de EE. UU.

Fuente: La Nación

El presidente estadounidense Donald Trump perdió este miércoles una nueva batalla judicial con el fiscal de Nueva York que intenta obtener sus declaraciones de impuestos, un caso que puede terminar por segunda vez en la Corte Suprema.

Los tres jueces de la corte de apelaciones de Manhattan desestimaron el pedido del presidente para impedir que el bufete contable Mazars, que se ocupa de sus impuestos, entregue sus declaraciones impositivas del 2011 al 2018, como exige el fiscal.

El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, reclama los documentos en el marco de una investigación sobre los negocios de Trump, porque sospecha de fraude fiscal, estafa de aseguradoras y manipulaciones contables.

El exmagnate inmobiliario siempre se ha negado a difundir sus declaraciones de impuestos, aunque en la campaña del 2016 prometió que lo haría. Es el primer presidente desde Richard Nixon que se niega a difundirlas.

Trump ya recurrió a la justicia para evitar que Mazars sea conminado a entregar sus declaraciones de impuestos al fiscal, argumentando que tenía inmunidad presidencial hasta el fin de su mandato.

Sin embargo, su pedido fue desestimado varias veces por la justicia.

En julio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de inmunidad y dictaminó que las declaraciones de impuestos deben ser entregadas al fiscal.

Pese a ese fallo Trump volvió a llevar el caso ante una corte de distrito neoyorquina, presentando otras objeciones: que el reclamo de Vance era de “mala fe” y “demasiado amplio”.

La corte dio la razón al fiscal, Trump apeló y ahora la corte de apelaciones ratificó el fallo de primera instancia, tras indicar que no había pruebas de esa supuesta “mala fe”.

Trump puede recurrir ahora nuevamente a la Corte Suprema para intentar impedir la entrega de los documentos.

Como la investigación de Vance parte de una decisión adoptada por un gran jurado cuyas deliberaciones son secretas, nadie sabe exactamente lo que busca el fiscal en esos documentos impositivos que pide al bufete Mazars.

Consultados por la AFP sobre si volverán a apelar, los abogados de Trump no respondieron.

El diario The New York Times publicó a fines de setiembre una gran investigación que señala que Trump solo pagó $750 de impuestos federales en el 2016, y lo mismo en el 2017.

También informó que el presidente no pagó ningún impuesto federal en 10 de los 15 años anteriores, y que descontó 70.000 dólares de impuestos en tratamientos para el cabello en los años que condujo el programa de telerrealidad “El aprendiz”, algo que los expertos consideran ilegal.

IVA sobre canasta básica financiaría 3.500 pensiones para adultos mayores en pobreza

Fuente: La Nación

Por unanimidad, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron un proyecto de ley que permitiría otorgar 3.500 nuevas pensiones, por año, a adultos mayores pobres.

Se trata del expediente 21.403, cuya propuesta es destinar al financiamiento de esas jubilaciones una parte de la recaudación del 1% del impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra a los bienes de la canasta básica.

La iniciativa de ley, impulsada por el liberacionista Gustavo Viales, girará esos recursos al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que otorga pensiones de ¢82.000 mensuales a adultos mayores en pobreza y en pobreza extrema.

Con ese dictamen, el proyecto avanzará al Plenario Legislativo para su aprobación.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, recibió la acción de los legisladores con gran entusiasmo.

“Es una gran noticia, porque todos los recursos que se puedan asignar el Régimen No Contributivo tienen el claro propósito de mejorar la cobertura del régimen, pues los recursos actuales no nos permiten llevar adelante el programa hacia todos los adultos mayores que están en condición de pobreza o pobreza extrema”, expresó Carrillo.

Según el jerarca, por año, el presupuesto que recibe el RNC permite otorgar 5.000 nuevas pensiones a adultos mayores necesitados.

Sin embargo, para llegar a los 40.000 adultos mayores en pobreza o pobreza extrema que hoy no tienen una pensión en Costa Rica, es necesario aumentar la cobertura a 10.000 nuevas pensiones al año.

De aprobarse el expediente 21.403, sería posible aumentar la cobertura a 8.500 nuevas jubilaciones, pero todavía haría falta financiar otras 1.500.

Cada uno de esos estipendios le cuesta al Estado, anualmente, alrededor de ¢1 millón.

Para otorgar los 3.500 nuevos subsidios que propone el proyecto de ley, la transferencia anual del Ministerio de Hacienda a la CCSS deberá ser de, al menos, ¢3.500 millones.

“Esta propuesta permite abatir el estado de pobreza extrema en que se encuentran nuestros adultos mayores, que son la gente más vulnerable entre la más vulnerable. Este proyecto tiene un altísimo interés social que no debe ser postergado, para lo cual deben destinarse los recursos que sean necesarios para atacar este flagelo con urgencia, pues la situación se ha agravado con la pandemia”, comentó el diputado Viales.

Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que es un reto para los diputados idear “mecanismos de devolución” para los estratos más bajos con el dinero que se recaude en impuestos; por ejemplo, esta iniciativa de dar ayuda social a adultos mayores pobres.

La también liberacionista Silvia Hernández destacó el logro de los diputados, al consensuar que una parte del 1% del IVA sobre la canasta básica —instaurado por la ley 9635 o reforma fiscal— se destine a una población vulnerable.

“Si hay un espacio de política pública con enfoque social, es el Régimen No Contributivo porque, además, es uno de los espacios de menor filtración; prácticamente, nula la filtración, y ahí nos estamos asegurando que recursos asignados están llegando a personas que genuinamente tienen una necesidad”, afirmó Hernández.

Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN) manifestó que, a pesar de la lucha que dio su fracción para que no se gravara la canasta básica, “están totalmente de acuerdo con el proyecto del diputado Viales, ya que devuelve esos recursos a las personas más necesitadas”.


Régimen urgido de recursos

Por año, el área de Gestión de Pensiones de la CCSS maneja un promedio de 20.000 casos pendientes, o sea, personas que sí califican, pero que para obtener su pensión, tienen que esperar a que el RNC reciba recursos frescos.

Actualmente, 126.300 personas reciben una pensión del RNC. De ellas, 122.000 (90%) son adultos mayores pobres. A ellos se les otorga un estipendio de ¢82.000 al mes.

El otro 10%, 4.300 beneficiarios, recibe ¢300.000 mensuales. Se trata de personas con discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral profunda y autismo, entre otros padecimientos, así como viudas y huérfanos en pobreza.

Hoy, de las 545.000 personas mayores de 65 años que hay en Costa Rica, el 45% no tiene pensión de ningún tipo; ni contributiva, ni no contributiva.

De hecho, la cobertura en pensiones para adultos mayores es del 64%, tomando en cuenta regímenes contributivos y no contributivos. “Un porcentaje que está entre regular y bueno”, considera el director de Pensiones de la Caja.

Tribunales condenan con 10 años de cárcel a seis personas por defraudación a la hacienda pública

Fuente: Ministerio de Hacienda

Por primera vez en Costa Rica, los Tribunales de Justicia condenaron a seis personas con una sentencia de 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, cinco años por cada delito cometido.

Esta sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que defraudó al Fisco por un monto superior a los ¢349 millones, cuya denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación (DGT) en el 2004. Luego de un proceso judicial de 16 años, la sentencia quedó en firme en junio anterior.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

Así lo informó Carlos Vargas, director general de Tributación, quien indicó que durante estos 16 años el contribuyente utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.

“Esta sentencia de los Tribunales de Justicia sienta un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al Fisco. Es la primera vez en la historia del país en que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso supervisores y contador. Este largo proceso permitió demostrar la fundamentación técnica de la investigación que iniciamos hace de 16 años ante una maniobra fraudulenta por las que se estaban dejando de pagar importantes sumas al Fisco”, destacó Vargas.

La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los ¢149,7 millones para el año 2001 y los ¢230,8 millones para el año 2002.

Resumen de la maniobra

En el año 2004, la DGT interpone la denuncia ante el Ministerio Público, por indicios de delito tributario, en relación con el impuesto sobre las utilidades de los periodos fiscales 2001 y 2002 producto de una serie de irregularidades, detectadas durante el procedimiento de inspección tributaria seguido contra una serie de personas físicas y jurídicas que conformaban una cadena de tiendas a nivel nacional.  Este proceso implicó una compleja investigación por parte de Hacienda, que incluyó la revisión a 156 personas involucradas. 

Dicho grupo -en total 53 personas jurídicas y 103 personas físicas- se dedicaba a la importación y comercialización de ropa y zapatos, a través de establecimientos comerciales ubicados en diferentes zonas del país, los cuales se encontraban inscritos ante la Administración Tributaria, de manera independiente y bajo el Régimen de Tributación Simplificada.

No obstante, durante la investigación realizada, se logró confirmar que se trataba de un grupo de interés económico familiar, conformado por una persona de apellidos Soto Mora, su esposa de apellidos Navarro Blanco y sus tres hijos de apellidos Soto Navarro, quienes participaban como miembros de las juntas directivas de las personas jurídicas implicadas y socios de las mismas. 

Bajo el esquema de la planificación, existía una clara distribución de funciones, las cuales eran llevadas a cabo por los acusados para la materialización del fin ilícito propuesto.

Además de ostentar la representación legal y la mayor participación accionaria de las sociedades involucradas, el señor Soto Mora era el principal desarrollador de la actividad comercial. Por otra parte, sus hijas eran las encargadas de ejecutar y controlar la venta de mercaderías, así como los ingresos percibidos por ello.

Los hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona, eran los encargados, entre otras diligencias, de recibir el dinero en efectivo generado y efectuar depósitos bancarios producto de las ventas. Por su parte, el contador era quien le daba sostenibilidad al esquema del ilícito. 

Como parte de las acciones ejecutadas durante la investigación, se realizó el levantamiento del secreto bancario y se determinó que los ingresos producto de la actividad económica desarrollada por el grupo de referencia, eran depositados en cuentas bancarias del señor Soto Mora, de sus dos hijas, así como en cuentas bancarias de los dos sujetos Murillo Hernández.

Producto del análisis y depuración de la información financiera, obtenida tras el levantamiento del secreto bancario, se evidenció que parte de los ingresos gravables obtenidos de la actividad comercial, no fueron declarados al Fisco. 

A la fecha, existen 21 casos pendientes de resolución por parte del Poder Judicial, por un monto estimado de más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar.

Foro: Optimizar el IVA

Fuente: Foro La Nación

Por: MDT. Raymundo Volio

Cuando en julio del 2019 la base de contribuyentes del impuesto sobre las ventas cambió al impuesto sobre el valor agregado (IVA), la expectativa del incremento en los ingresos eran enormes.

Por ejemplo, se estimó una subida del 3 % del PIB, y en el presupuesto del 2020 se calculó un significativo aumento del 6,3 %. En millones percibidos significaría pasar de ¢1.500 millones recaudados en el 2019 a aproximadamente ¢1.700 millones.

Varias eran las razones para preverlo, pero la principal fue la ampliación de la base de contribuyentes, de 70.000 a 400.000. También debe considerarse la incorporación de nuevos servicios a la base imponible.

Si comparamos la recaudación del 2018-2019 hasta antes de entrada en vigor del IVA, el Gobierno obtuvo ingresos promedio de ¢125.718 millones al mes. Este mismo periodo, pero del 2019 al 2020, es decir, en pleno cobro del IVA, los ingresos anuales descendieron a un promedio de recaudación de ¢108.462 millones mensuales.

Aunque sería fácil culpar a la pandemia de la caída, lo cierto es que el verdadero impacto debió sentirse de marzo a junio del 2020, meses considerados en la ley de alivio fiscal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?

Ineficiencia. Los ciudadanos no podemos aceptar que tras el cambio al IVA recaudemos menos que con el impuesto sobre las ventas. Es simplemente inadmisible. La Dirección General de Tributación es seriamente responsable del manejo y gestión de este tributo y debe ser interpelada sobre el trabajo realizado.

El modelo tiene muchos errores de diseño al incorporar tantas tarifas diferenciadas (13 %, 4 %, 2 %, 1 % y 0 %) ¿Cual es el impacto de estas en el universo de recaudación? Lo desconocemos.

¿Y el peso de las exenciones? Aunque la ley que originó el IVA eliminó varias exenciones, las que se conservaron e incorporaron deberían compararse para determinar su eficiencia fiscal.

De la misma manera que tantas tarifas diferenciadas hacen raro nuestro modelo de IVA, la forma de calcular la proporcionalidad no se queda atrás y genera miles de dolores de cabeza a los contribuyentes en la cuantificación.

Camino corto. Entonces cabe preguntarnos si la cuantificación del crédito fiscal está presentando un crédito en exceso que hace que el neto de contribución reduzca el verdadero pago de los tributos.

Aprobar nuevos impuestos para aliviar el déficit fiscal significa un proceso largo y complejo, y los recursos los necesitamos hoy.

Está claro que no existe otro impuesto que genere más fácilmente recursos al Estado que el IVA, por excelencia el modelo fiscal más eficiente para proporcionar recursos rápidos y abundantes al fisco.

Los diputados deberían estar buscando la forma de optimizar el IVA, pues no ha carburado ni dado los frutos previstos.

Diputados exonerarían 50% de impuesto en marchamo a vehículos de menos de ¢20 millones

Fuente: La Nación

Cuatro diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos dictaminaron de forma afirmativa un proyecto de ley que reduciría el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos para el año 2021, el cual es el principal componente del marchamo.

Sin embargo, incluyeron algunos cambios a la redacción, con tal de que la reducción del tributo se haga de forma gradual, otorgando mayores beneficios a los vehículos con un valor fiscal inferior a los ¢20 millones.

Según el texto dictaminado, se exoneraría el 50% del impuesto a los vehículos valorados en menos de ¢20 millones.

Así, por ejemplo, el dueño de un vehículo valorado en ¢1,6 millones, que pagaba ¢85.500 de marchamo, pasará a pagar ¢63.000. Ese es el efecto porque la reducción es sobre el impuesto, no sobre todos los componentes del marchamo. En ese caso, el tributo era de ¢45.000, que se reduce a ¢22.500.

Los demás elementos, como el seguro obligatorio, no varían.

En el caso de un auto valorado en ¢11,5 millones, la reducción será de ¢178.000. El marchamo total bajará de ¢387.600 a poco menos de ¢210.000.

En cuanto a los automotores que cuesten entre ¢20 millones y ¢50 millones, la reducción del tributo sería de un 25%.

Y, para los que cuesten más de ¢50 millones, la rebaja sería de un 5%.

Los legisladores también dictaminaron exonerar a los motocicletas del pago del impuesto al valor agregado en el pago del marchamo 2021 y la reducción del 30% del pago del canon al Consejo de Transporte Público (CTP) para transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, rutas regulares o servicios especiales (turismo, estudiantes, ocasionales).

Votaron a favor del dictamen afirmativo el socialcristiano Pablo Abarca y los liberacionistas Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate.

En contra votó Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien de forma airada reprochó a sus colegas que se esté beneficiando con las reducciones a sectores con alto poder adquisitivo, según reiteró.

En cuanto a la reducción del 50% del pago del impuesto a la propiedad de los vehículos, se incluyen las categorías de carga liviana y pesada, busetas, autobuses, de turismo y servicio público.

Los mismos diputados definieron que las naves, buques y aeronaves sí deberán cancelar el 100% de ese tributo durante el 2021.

En un principio, los legisladores pretendían exonerar el 50% del pago del impuesto de la propiedad a todos los vehículos.

Pero Hacienda advirtió que si no se encontraba una fuente de ingresos adicional, se generaría un hueco a las finanzas públicas. Por ese tributo, el Gobierno recaudaría unos ¢170.000 millones este año.

El proyecto aún carece de fuente alterna de recursos o de recorte al gasto.

Los cambios fueron propuestos por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). En total, se aprobaron tres mociones de fondo al texto que posteriormente se dictaminó.

Asimismo, Abarca, Thompson, Niño y Ulate rechazaron más de 40 mociones provenientes, principalmente, del PAC.

La bancada oficialista buscaba reducir el beneficio a los dueños de vehículos con menor valor fiscal. También pretendía que los propietarios demostraran ante Hacienda una afectación sustancial en sus ingresos producto de la pandemia.

Por ejemplo, Paola Vega, diputada rojiamarilla, presentó 13 mociones. Ella proponía que ese beneficio solo lo puedan obtener los propietarios de vehículos con un valor fiscal menor a ¢3 millones o ¢2,5 millones o ¢2 millones.

La comisión también descartó una moción de fondo de Vega que pedía excluir a vehículos de funcionarios con altos cargos en el Estado como diputados, magistrados, alcaldes y vicealcaldes, presidentes ejecutivos y miembros de juntas directivas, entre otros.

Nielsen Pérez, también legisladora del PAC, intentó que se excluyera del beneficio a marcas de vehículos de alta gama como Aston Martin, Tesla, Rolls Royce, Porsche, Maserati, McLaren, Lexus, Lamborghini, Jaguar, Hummer, Ferrari, Bentley, así como las motocicletas Ducati y Harley Davidson.

Todas esas mociones de fondo fueron descartadas.

Previo a la votación por el fondo del proyecto, el diputado Carranza señaló, de forma airada, que los cambios aprobados “degeneran” aún más el texto, al incluir la exoneración del IVA en el pago del marchamo de motocicletas.

Acusó a sus compañeros de legislar en beneficio propio por no excluir a los diputados o magistrados de la iniciativa.

“Están exonerando el pago del marchamo a los diputados y eso hay que decírselo al pueblo de Costa Rica. Por eso me he opuesto a semejante barbaridad”, aseveró Carranza.

Llamó a tener responsabilidad con el Estado, debido que al disminuir ese tributo se afectaría, afirmó, proyectos de infraestructura vial. Afirmó que la clase media, a la que se pretende beneficiar, tiene vehículos de ¢5 millones o menos.

“Aquí hay vehículos de mucho valor de diputados, aquí hay vehículos que no es de gente pobre. Este proyecto exonera de impuesto a las clases más poderosas de este país”, subrayó el rojiamarillo, al tiempo que dijo sentir vergüenza por la iniciativa de ley.

El socialcristiano Abarca le aclaró que, precisamente, uno de los cambios del texto establecería una gradualidad en la reducción en el pago de ese impuesto, en el que los vehículos de mayo valor obtienen menos rebaja.

“Datos de Hacienda dicen que solo hay 22.000 vehículos con valor superior a los ¢20 millones. Cerca de dos millones son con valores inferiores a los ¢20 millones”, respondió el socialcristiano.

En todo caso, indicó Abarca, los efectos económicos de la pandemia la han sufrido todos los costarricenses y lo que se pretende con este proyecto es llevarles un poco de alivio fiscal, principalmente a las clases bajas y media.

“Hay gente de muchos recursos, claro, pero la mayoría son gente que la pulsea, que tiene emprendimientos, que ha perdido el empleo, ha sufrido reducción de jornada o suspensión de contrato. Es gente que ha sufrido disminución de ingresos”, añadió.

Tanto Abarca, como Thompson y Niño se mostraron dispuestos a hacer los cambios pertinentes al proyecto de ley, con tal de establecer filtros como la exclusión de diputados.

El verdiblanco manifestó la urgencia, según su criterio, de aprobar el texto durante el mes de octubre. Esto con el fin de darle sentido dado que el cobro del marchamo 2021 se inicia desde el 1° de noviembre próximo.

“Este proyecto tiene el propósito de equilibrar las cargas en un año muy complejo para una norme cantidad de gente. Muchas empresas que han tenido que cerrar, miles de personas han perdido sus empleos y sus ingresos. Quiero dejar claro mi compromiso para votar cualquier moción que excluya los vehículos de los diputados”, finalizó Thompson.

Bajar IVA al 9%, fusionar instituciones duplicadas y aplicar regla fiscal, serían nuevas propuestas

Fuente: La República

Establecer un salario único para todos los empleados públicos con iguales responsabilidades, fusionar, cerrar o vender instituciones que ya no se requieren o están duplicadas, recortar el gasto superfluo y luchar contra la evasión fiscal, son algunas de las ideas que ya se comentan para incluir en el acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aplicar la regla fiscal con mayor severidad e incluso bajar el IVA al 9%, son otras de las propuestas que han lanzado en las últimas semanas diputados y empresarios.

En cuanto a rebajar el IVA, implicaría darle un empujón a la economía para que se reactive, genere empleo y consumo, y con ello, el Estado pueda cobrar más impuestos, dijo Jonathan Prendas, legislador de Nueva República.

La posibilidad de aumentar los impuestos existentes, o bien, aprobar nuevos tributos es prácticamente descartada por todos los sectores, salvo un grupo de economistas de la Universidad Nacional, quienes han promovido un gravamen para las bebidas alcohólicas y una contribución solidaria de las zonas francas, entre otras ideas.

Este domingo, el presidente Carlos Alvarado en cadena de televisión, anunció el freno a la propuesta de ajuste estructural con el FMI.

En su lugar, el mandatario informó que abrirá un proceso de diálogo con sectores; sin embargo, este proceso no puede ser muy extenso, ya que los problemas fiscales del país demandan acciones inmediatas.

El Presidente informó que él mismo estará liderando las conversaciones, y al mismo tiempo, pidió a los manifestantes, que depongan los movimientos y se sumen al diálogo.

A finales de septiembre, Alvarado propuso un nuevo paquete de impuestos, que simplemente no tuvo aceptación, generando el rechazo generalizado de sectores y manifestaciones en la última semana.

En ese sentido, todos los sectores pidieron a los manifestantes detener los bloqueos.

Algunas ideas

Estas son algunas de las ideas que ya se comentan para reactivar la economía o incluir en el acuerdo de ajuste estructural con el FMI.

  Atacar la evasión fiscal
  Aplicar la regla fiscal verdaderamente
  Apoyar a los emprendedores y trabajadores independientes
  Aumentar el gasto en infraestructura
  Bajar costo de servicios públicos como gasolina y electricidad
  Bajar el impuesto del IVA del 13% al 9%
  Contribución solidaria de las zonas francas
  Otorgar beneficios fiscales al turismo
  Dar acceso a crédito barato para PYMES
  Disminuir las cargas sociales
  Eliminar los gastos superfluos del Estado, incluyendo gastos en publicidad y viajes
  Establecer una contribución solidaria sobre mejores salarios, o bien, ampliar el porcentaje que hoy se cobra sobre impuesto de renta al salario
  Fusionar, cerrar o vender instituciones que no se requieran
  Hacer un nuevo proyecto de ley de empleo público
  Impuesto sobre bebidas alcohólicas
  Renegociación de la deuda, sobre todo la deuda interna que representa un 77% de la deuda local
  Reducir los alquileres del Estado a la baja
  Rebajar gasto en pensiones de lujo


Nueva oportunidad

Diputados y empresarios aplauden la decisión del gobierno de abrir una mesa de diálogo.

Julio Castilla
Presidente
Cámara de Comercio

Trabajamos en nuestra propuesta de lo que debería plantearse al FMI.
La gente tiene derecho a manifestarse, pero que no afecten en un momento crítico para sacar al país adelante

José Álvaro Jenkins
Presidente
UCCAEP

El diálogo es urgente, debe ser sincero, serio y efectivo. Para ello, también, se debe contar con interlocutores válidos y facilitadores imparciales que lo garanticen. El mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta balanceada y crear las bases para la estabilidad económica.

Xiomara Rodríguez
Jefa de fracción
Restauración

Hay mucho que se puede hacer, hay varias opciones, como un verdadero recorte gasto y controlar la evasión y elusión fiscal.
Lo mejor que pudo hacer el presidente fue abrir un proceso de diálogo.

Paola Vega
Diputada
PAC

Nuestro Presidente Carlos Alvarado anuncia el retiro de la propuesta inicial ante el FMI y un proceso de diálogo para llegar a acuerdos nacionales al respecto. Hora de que sectores democráticos y bancadas políticas construyamos sin egoísmos. Hora también de que cese la violencia.

Protestas ponen pausa a combo de impuestos

Fuente: Diario Extra

Las protestas de los últimos cinco días surtieron efecto y el gobierno anunció que valorará la propuesta inicial de impulsar un nuevo paquete de impuestos en medio de la emergencia nacional por el Covid-19 para poder acceder a un crédito con el FMI.

El anuncio lo realizó anoche el presidente Carlos Alvarado durante los 4 minutos y 22 segundos que duró la Cadena Nacional.

El Poder Ejecutivo tuvo que ceder a la presión luego de que la huelga indefinida que empezó el 30 de setiembre se tornó en casi insostenible en donde el pueblo arremetió contra el silencio presidencial.

El descontento social llegó en uno de los momentos más convulsos en la historia reciente del país, con un desempleo del 24,4%, 

MOLESTIA

La molestia ciudadana se empezó a tejer desde el 17 de setiembre, día en que el gobierno de la República presentó su hoja de ruta para negociar la ampliación de un préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicha propuesta contenía una serie de impuestos que tenían como finalidad el equilibrio de las finanzas públicas, sin embargo, entre los cuestionamientos realizados destacan que el contenido tenía un 80% de tributos y solamente un 20% por contención en el gasto.
Entre las propuestas que había planteado el Ejecutivo destacaban impuestos a las transacciones financieras, gravamen a los premios de la lotería, un tributo temporal al salario y las pensiones, el incremento del 0,25% y 0,75% a los bienes inmuebles y el gravamen a las cooperativas que se califiquen como grandes territoriales o nacionales.
La iniciativa contaba con la posibilidad de que los ingresos de todas las personas físicas y jurídicas se meterán en un mismo saco y se cobrará una única tasa de impuesto.

DIÁLOGO NACIONAL

El mandatario de la República argumentó que se acogió el llamado a los sectores, de los partidos políticos, de las cooperativas, sindicatos, empresarios, agropecuarios y sectores religiosos para arrancar con un proceso de diálogo nacional.
Alvarado manifestó que se involucrará personalmente entendiendo el sentimiento y la necesidad de tomar acciones.
El mandatario argumentó que no es de recibo que si se quiere negociar se tenga que recurrir a los hechos violentos y vandálicos, como él los citó durante su discurso ante la opinión pública.
Indicó que aún hay propuestas que se deben discutir sobre el tema y que hay tiempo para ello, pero reconoció que este se acorta.

FRASES DE LA CADENA NACIONAL

• “He escuchado, he leído y también he visto el sentimiento en el país. Sé que hay gran preocupación por el empleo, frustración por la difícil situación económica, angustia por el Covid-19, molestia e incertidumbre por la situación que vivimos”.
• “Acojo con humildad el llamado de los sectores democráticos de la sociedad atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos”.
• “Abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente”.
• “El gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial, esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación”.
• “Hay opciones y propuestas, y aún hay tiempo para hacerlo, pero ese tiempo no es ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee como la ocurrida hace 40 años”.
• “El gobierno no ha planteado la venta del ICE, del INS o de los bancos públicos”.
• “Con dolor he visto los focos de violencia y vandalismo desatado en los últimos días. Violencia y vandalismo que categóricamente condenamos porque nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia”.
• “Hago un llamado a quienes se han manifestado de buena fe a que levanten los bloqueos”.
• “Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos, pero no usando la vía del bloqueo o de la violencia”.
• “No se debe dañar la actividad económica incipiente. Estamos tratando de impulsar con el modelo Costa Rica trabaja y se cuida con miras a recuperar el empleo en todas las regiones”.
• “El año 2020 es uno de los años más difíciles en décadas, pero saldremos adelante”.
• “Es momento de que las diferentes voces que creen en esta democracia y que amen este país se manifiesten por y para la democracia, para la paz y para la ruta de los acuerdos.

Hacienda y MEIC revisan nueva lista de productos de la canasta básica tributaria

Fuente: La Nación

Los ministerios de Hacienda y Economía preparan una nueva lista de los bienes de la canasta básica tributaria, la cual contiene los productos que tienen un impuesto al valor agregado (IVA) del 1%.

“Se realizó una revisión en función de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (Enigh) y en la determinación de cuáles productos ingresan y salen; de acuerdo con los criterios establecidos en la ley. Esta propuesta se encuentra en revisión en el Ministerio de Hacienda”, informó el Ministerio de Economía.

“El próximo martes tenemos una reunión con el MEIC para definiciones sobre este tema, por lo que la publicación será hasta que todos esos temas estén bien acordados”, informó Villegas.

La canasta básica tributaria está compuesta actualmente por 195 tipos de mercancías, que se desagregan en una gran variedad de productos por partida arancelaria o código producto.

Las autoridades habían anunciado en enero pasado que esperaban tener la nueva canasta antes del 1° de julio de este año cuando entraba a regir el tributo, pero se atrasó.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que para definir cuáles productos se incluyen en dicha canasta se debe considerar el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos (el 20% de hogares con menos recursos), de acuerdo con los estudios efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Al cambiar la lista los productos que salgan pasarán de tener un IVA del 1% a uno del 13%, por el contario los que ingresen pasarán de un IVA del 13% a uno del 1% y los que permanezcan se mantienen con el 1%.

Todavía está pendiente el tratamiento que tendrá el pescado. Cuando se hizo la canasta básica tributaria, tras la aprobación de la Ley, algunos pescados quedaron excluidos lo cual generó el reclamo de los pescadores.

Se trata de los pescados frescos, enteros y en filete de las especies atún, dorado, vela, marlín, espada, bonito, bolillo, pargo y corvina, siempre que no tengan preparación, o sean congelados sazonados, marinados, adobados, condimentados, o empanizados.

Además, se otorgó un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al de Economía para que hicieron un estudio para saber si la gente más pobre consume esas especies.

No obstante, otro decreto, (el número 42322-H-MAG-MEIC) del 23 de abril del 2020 se amplió el plazo para el estudio nueve meses a partir de la vigencia de este decreto. Por lo tanto, el plazo vence el 23 de diciembre del 2020. Y todavía podría prorrogarse tres meses más.

“En este momento el estudio llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, está en procesos de análisis por parte de las autoridades de las instituciones señaladas”, informó el Ministerio de Economía.

Productores de caña se oponen a más impuestos

Fuente: El Mundo CR

El sector cañero costarricense señaló que se oponen a la aprobación de más impuestos y a cualquier propuesta que venga a encarecer los costos de producción y a deteriorar, aún más, la ya difícil situación que afrontan los productores de caña.

Christian Ocampo, director ejecutivo de Fedecaña expresó que «lejos de proponer la creación de más impuestos, que afectan directamente la competitividad de los agricultores que representamos, las autoridades de Gobierno y demás actores políticos, deben formular iniciativas para reactivar la economía, incentivando y estimulando al sector productivo nacional».

Para Heiner Bonilla, presidente de Fedecaña «empobrecer más al pueblo no es el camino correcto. Los productores de caña no soportamos más impuestos y mucho menos la intención de aumentar el impuesto sobre bienes inmuebles».

«Si se aprueban más impuestos vamos a desaparecer. Esto no lo vamos a aceptar», aseveró Bonilla.

El sector cañero hace un llamado al Gobierno para que en las negociones con el Fondo Monetario Internacional, se priorice la reducción del gasto público, así como la mejora del aparato tributario, con miras a facilitar la recaudación de los impuestos que ya existen, reducir la informalidad, la evasión y la elusión fiscal.

Asimismo, aseveran que «la alternativa no es aumentar la carga impositiva de Costa Rica, una de las más altas del mundo».

Para Fedecaña, la creación de nuevos impuestos no es la ruta para salir de la crisis, al poner en riesgo al sector agro productivo, que es uno de los mayores empleadores del país. La propuesta debe ir enfocada al estímulo de la producción, según lo han venido haciendo otras economías que realmente quieren tener un renacer socioeconómico.

Por su parte, Fedecaña afirmó que «respaldamos agotar, en todo momento, las vías del diálogo, entre los diferentes actores sociales, políticos, empresariales y organizaciones del sector productivo, para evitar la necesidad de manifestaciones que lamentablemente puedan afectar el libre tránsito y el comercio de bienes y servicios».

En Costa Rica se cultivan aproximadamente 62 mil hectáreas con caña de azúcar, distribuidas en 25 cantones y 114 distritos. El sector lo componen 7.078 productores independientes (más del 90% son pequeños, con unidades productivas que no superan las 7 hectáreas) y 11 ingenios, 2 de ellos cooperativas, generando, aproximadamente, 60 mil empleos, entre directos e indirectos, principalmente en zona rural.

Hacienda deja de recaudar ¢50.000 millones por creciente informalidad

Fuente: CR Hoy

Hay una enorme fuente de posibles ingresos tributarios en la que el Gobierno no mete la mano. Si lo hiciera, también ayudaría a mejorar las condiciones laborales para un millón de personas.

Esa veta es el sector informal de la economía, en el que día a día se desenvolvían, antes del golpe del COVID-19, más de un 45% de los trabajadores de acuerdo con el último Estudio Económico Costa Rica 2020, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esa porción podría aumentar en tamaño y complejidad a raíz de la pandemia y los destrozos que deja en la economía costarricense.

De acuerdo con el estudio “Informalidad en la economía costarricense y su impacto en los ingresos fiscales”, que elaboró el Ministerio de Hacienda a finales del 2019, el Gobierno deja ir un 0,15% del producto interno bruto (PIB) en recaudación de impuestos debido a la existencia de un enorme sector informal en el que interviene muy poco para achicarlo.

Ese porcentaje, en el 2018, equivalió a ¢50.667 millones en impuestos no recaudados. El monto se desglosa en ¢43.870 millones en el sector informal no agrícola y en ¢6.796 millones en el empleo informal, de acuerdo con el análisis de Hacienda.

Hay empleo informal y empresas instaladas en la informalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los trabajadores informales son aquellos que carecen de seguridad social financiada por su empleador, quienes solo reciben pago en especie o por una única vez, o quienes incluso no son remunerados.

También están en la informalidad aquellas personas que trabajan por cuenta por propia o que tienen empresas y contrata personal sin estar constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica. Tampoco declaran ante Hacienda, ni pagan cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para Hacienda, además, el sector informal se compone del empleo informal que existe dentro del sector formal. En esas condiciones el Ministerio logró contabilizar a 96.011 personas quienes no estaban aseguradas por su patrono. El estudio de esa cartera determinó que en total hay 600.576 ocupados que se encuentran dentro de la informalidad, la cifra representa a un 31,8% del total de ocupados del país.

El caso de los asalariados informales

Lo que hizo la cartera que dirige Elian Villegas fue tomar los criterios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para obtener las bases de los sectores que conforman la informalidad y a partir de ahí estimó los ingresos que el Estado dejó de percibir.

Hacienda tomó como dato inicial para estimar el monto de los eventuales ingresos que el Gobierno no recauda la población ocupada no agrícola del sector informal y lo cruzó con la información disponible para cada una de las categorías ocupacionales.

Así, logró determinar que los asalariados privados de la población ocupada no agrícola del sector informal dejan de pagar por el impuesto sobre la renta alrededor de ¢12,724 millones. Este grupo de la informalidad corresponde a un 99,4% del total de trabajadores en condición irregular.

Al ver el dato desde los rangos del impuesto sobre la renta, el grueso de los recursos que Hacienda no recauda a causa de la informalidad, unos ¢10.485 millones anuales, se encuentra en la porción sobre el exceso de ¢1.199.000, por el que los asalariados formales pagan una tasa de un 15%.

El resto de los impuestos que no ingresan al erario están en el tramo sobre el exceso de ¢799.000 y hasta ¢1.199.000, al que se lo cobra una tarifa de un 10% de renta. El monto que deja de percibir Hacienda por la informalidad de los trabajadores en ese rango es de ¢2.239 millones anuales.

Patronos en informalidad dejan de pagar millones

Contrario a lo que ocurre en el sector formal de la economía, en el que los patronos tienen que soportar una pesada carga de impuestos sobre sus hombros, en la informalidad los empleadores se ahorran muchos millones de colones en tributos.

El estudio de Hacienda determinó que la cifra que deja de recaudar el impuesto sobre la renta en este cúmulo asciende a casi ¢5.000 millones anuales al no gravar a 9.700 emprendedores.

Las ganancias para el sector patronal están exentas hasta los ¢3.549.000 millones. El Ministerio estima que sobre el exceso de ese monto y hasta los ¢5.299.000 deja de percibir ¢102 millones anuales en impuestos (tarifa de un 10%), en el tramo que va hasta los ¢8.840.000 (15%) la suma asciende a los ¢997 millones.

En el siguiente escalón del impuesto sobre la renta, hasta los ¢17.716.000 (tasa del 20%) el Estado deja de cobrar ¢1.105 millones anuales y en el último, que grava el exceso sobre los ¢17,7 millones con una tasa de un 25%, el monto anual que no ingresa al Gobierno es de ¢2.703 millones al año, a causa de la informalidad en la operación de empresas.

Pero la cifra se dispara cuando se trata de estimar el monto que dejan de pagar por el impuesto sobre la renta los trabajadores por cuenta propia. Para el periodo 2018 Hacienda determinó que la cifra llegó a los ¢26.164 millones.

Hacienda concluyó que, al disponerse de estimaciones acerca de la magnitud del empleo informal y las condiciones de estos patrones de empleo, se pueden crear programas con cierto grado de especificidad que generen un funcionamiento del mercado.

“Se exponen estos datos con la finalidad de que las autoridades correspondientes y en este caso las de la Administración Tributaria, busquen las mejores vías para mitigar el impacto negativo y sobre todo fiscal que genera el sector informal y en general de la economía informal”, se justificó en el informe.

El gobierno del presidente Carlos Alvarado presentó hace dos semanas una propuesta para negociar un servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones. La propuesta para obtener el financiamiento adicional para sus gastos durante los próximos años se basa en un fuerte aumento de la carga tributaria para el sector formal de la economía. Sin embargo, adolece de una omisión total sobre la posibilidad de obtener ingresos formalizando a los trabajadores y empresas que operan al margen de la legalidad.

Llamado desoído por Gobierno

La informalidad es un virus complejo con las características de una epidemia en la economía costarricense y su origen yace en múltiples fuentes.

El diagnóstico está claro, no así el remedio. El origen del mal de la informalidad está en problemas estructurales como el exceso de regulaciones y trámites que dificultan que los pequeños y medianos emprendimientos decidan dar el salto hacia el sector formal; el engorroso camino que hay que seguir para tramitar licencias y permisos para que las pymes se formalicen; y los elevados costos en materia de seguridad social son, entre otros, parte de la problemática que enfrenta el país para aumentar el porcentaje de trabajadores y empresas formales.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ha hecho llamados al Gobierno para que refuerce los controles sobre el sector informal de la economía.

Hasta ahora, esos llamados no han provocado cambios de relevancia y los empresarios formalizados le siguen reclamando a Hacienda por enfocarse en la fiscalización de negocios que contribuyen al fisco, en lugar de volver los ojos hacia los que están fuera de sus controles.

Uccaep define a ese sector como el “verdadero enemigo de la hacienda pública y el mayor competidor del sector formal”.

Por su parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) expresó en el contexto del debate del proyecto de ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas alcohólicas que las regulaciones del Estado deberían de enfocarse en atacar al sector informal y no a la industria establecida, que ya de por sí es muy vulnerable a la competencia desleal.

En su Estudio Económico Costa Rica 2020, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que las probabilidades de que el sector informal crezca en el país son muy altas, debido al impacto de la pandemia en la economía.

El grupo de 37 países reseñó que la informalidad afecta con particular énfasis a las mujeres y trabajadores poco calificados, así como a los migrantes, las personas con discapacidad y la población indígena.

“No hay una solución mágica para reducir la informalidad. Se requiere una estrategia integral, como se recomienda en Estudios Económicos anteriores de la OCDE (2016 y 2018). Dicha estrategia debería cubrir diferentes áreas de política, incluyendo las regulaciones laborales y comerciales, los impuestos o las habilidades”, subrayó la Organización.

En el análisis sobre el estado de la economía costarricense la OCDE destacó la decisión del Gobierno de reducir las tasas de contribución en una medida temporal (4 años) para las pequeñas empresas que emplean entre 1 y 5 trabajadores. La experiencia, según el ente multilateral no financiero, ha resultado en otras naciones de Latinoamérica, como Colombia.

La Organización recomienda además establecer una estrategia integral para reducir la informalidad, que incluya trasladar parte de la carga tributaria de las contribuciones de la seguridad social a los impuestos a la propiedad y fortalecer los mecanismos para garantizar su observancia.

 

Caída en recaudación de tributos impacta ingresos para financiar programas sociales

Fuente: La Nación

El descenso de la recaudación tributaria del Gobierno, a raíz de la pandemia sanitaria, impactó los ingresos para financiar los programas sociales destinados a la atención de personas en situación de pobreza.

Las transferencias del Ministerio de Hacienda con ese fin, entre enero y agosto de este año, ascendieron a ¢131.704 millones, una caída del 16%, o ¢24.427 millones, comparados con los ¢1.704 millones en el mismo periodo del 2019.

Pese a la fuerte reducción en el traslado de recursos desde el Poder Ejecutivo, los ingresos totales del Fondo cayeron 4%, pues la contribución empresarial sobre la planilla de sus trabajadores y el uso del superávit acumulado el año pasado, evitaron una mayor profundización del faltante de recursos.

En los primeros ocho meses del 2020, Fodesaf recibió un total de ¢427.289 millones, lo cual significó ¢16.986 menos, respecto a los ¢444.275 millones al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, Greivin Hernández, director de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) órgano administrador del Fondo, confirmó que dicho panorama empieza a presentar deterioro.

Por ejemplo, los ingresos mensuales provenientes del recargo del 5% sobre las planillas de las empresas, comenzó a reducirse a partir de junio anterior y se prevé empeore para el último periodo de este año.

“Esperamos que no haya impacto en programas sociales (este año), lo que sí es difícil de determinar es si las personas tienen necesidades adicionales. Por ejemplo, todos los años se trasladan recursos adicionales al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad porque lo dictado en la ley no es suficiente. Pero este año no se ha podido por la caída de los ingresos”, afirmó Hernández.

El funcionario explicó que, para atender las necesidades más urgentes, hicieron modificaciones presupuestarias, para pasar recursos de un programa a otro, y utilizar ¢25.000 millones del superávit del 2019.

Sin embargo, el cumplimiento de la previsión, para el cierre del año, depende de que se mantenga la proyección de ingresos y que el Gobierno, vía Presupuesto Extraordinario de la República, pueda asignarle nuevos recursos para el gasto social.

“Suponemos que se resuelva (la falta de transferencias) con el Presupuesto Extraordinario. Se resolvió parcialmente con el segundo presupuesto extraordinario. Al Fondo, lo que se iba a transferir vía impuestos, se transfirió vía deuda”, dijo Hernández.

El jerarca reconoció que, para el 2021, la atención de personas en pobreza se verá más impactado porque el presupuesto del Fondo se reducirá en ¢22.000 millones, desde los ¢650.000 millones proyectados para este año.

Fodesaf fue creado en 1974 y brinda recursos para los programas sociales del país como pensiones para personas pobres, comedores escolares, ayudas económicas para familias de ingresos bajos, bonos de vivienda, entre otros.

En el 2019, el Fondo se financió principalmente del aporte de los patronos sobre las planillas de sus trabajadores, pues dicha suma representó el 60% del total de ingresos. En tanto que las transferencias de Hacienda fueron el 39% y el restante 1%, salió del superávit y del cobro a empresas morosas.

Los ingresos tributarios del Gobierno reportan una caída del 11% durante este año. Entre enero y agosto pasado, el pago de impuestos fue de ¢2,62 billones, es decir, ¢343.000 millones menos, respecto a los ¢2,97 billones del 2019, según Hacienda.

La reducción afectó, principalmente, las transferencias al sector público, pues en los primeros ocho meses del año fueron de ¢1,14 billones, es decir, 11% menos, a los ¢1,28 billones del 2019.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó que, durante este año, mediante recortes hechos al Presupuesto Nacional, han podido hacer traslados de recursos a Fodesaf, como ocurrió con las pensiones del Régimen No Contributivo.

“Dada la situación de la pandemia, el gasto social sí ha sido necesario atenderlo, pues cuando hay caídas de ingresos hay que reforzar los programas sociales”, destacó Villegas.

Pero en los meses de junio a agosto es cuando el traslado empieza a reducirse de manera más significativa, y llegan hasta el 20% de contracción en agosto, muestran los datos de la entidad pública.

De hecho, en agosto pasado, la Caja trasladó de más ¢2.931 millones y el monto se ajustará en setiembre, según informó Fodesaf a la Contraloría General de la República.

Sin embargo, el Director de Desaf explicó que el traslado hecho por la Caja va con atraso de dos meses, es decir, el dinero depositado en agosto, corresponde al aporte patronal de junio.

Por tal razón, Hernández prevé que hacia final del año el golpe a las finanzas de Fodesaf sea mucho mayor, cuando se refleje con más exactitud la afectación en el mercado laboral costarricense.

Sin embargo, con la creación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) se eliminó dicho destino específico y se estableció que al Fondo se debía otorgar una suma no menor a la asignada en el Presupuesto del 2019.

Impuestos a Netflix y Facebook: Todo lo que tiene que saber

Fuente: CR Hoy

Este jueves entra a regir el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios transfronterizos, que son aquellos que brindan empresas extranjeras en nuestro país  por medio de plataformas digitales.

Este impuesto, contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, grava con un 13% el costo del servicio, sea una suscripción mensual o un servicio adquirido en determinado momento (una película, música, una aplicación) y, aunque quedó dispuesto desde la aprobación de la ley que entró en vigor en julio del 2019, no se había aplicado debido a que no se contaba con el sistema para que los prestatarios de los servicios o los intermediarios lo aplicaran.

¿Qué servicios se gravan?

El director de Tributación Directa, Carlos Vargas, explicó que la primera lista a la que se le aplicará el cobro es la que muestra los servicios que son más consumidos en nuestro país, según información de las entidades financieras. Esta lista se compone por 18 empresas y fue publicada oficialmente el pasado 22 de setiembre en el diario oficial La Gaceta.

La lista es la siguiente: AirBnB, Apple +, Apple Music, Dropbox, Facebook, Google, HBO, iTunes, Linkedin, Microsoft, Netflix, Nintendo, Norton, Play Station, Riotgames, Sky, Spotify y SteamGames.

Después de este 1 de octubre, cualquier transacción que usted haga con estas compañías será gravada con el 13% del IVA. Esta lista puede ser ampliada en cualquier momento y Hacienda solo debe avisar a las entidades financieras, que tendrán 3 días hábiles para ajustar sus sistemas.

¿Cómo se va a cobrar?

Vargas agregó que en esta primera fase se incluyeron las empresas con las que se podía tramitar el cobro solo por medio de tarjetas de crédito o débito, de manera que sean las entidades financieras las que apliquen el impuesto y lo trasladen a Hacienda.

De esta forma, usted podrá encontrar el cobro de ese 13% del IVA en la respectiva factura que le brinde la compañía por la transacción.

El Colegio de Contadores Públicos elaboró un ejemplo de cómo aplicaría el cobro a estos servicios. Por ejemplo, si usted paga el paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene un costo de $12.99, a partir del 1 de octubre verá en su estado de cuenta un cargo adicional de $1.69 más por concepto de IVA.

Si paga el paquete plus de Dropbox que tiene un costo de $9.99, a partir del 1 de octubre se le adiciona $1.30 de más por mes, por el concepto del IVA.

¿Qué servicios no se incluyen y por qué?

La primera lista planteada para el cobro incluía cerca de 100 empresas, entre las que se encontraban desde Tinder, hasta compañías como Uber, DiDi, Amazon y otros que no solo venden servicios, sino también bienes. El jerarca explicó que esta lista fue depurada debido a que están en negociaciones con varias de estas compañías para que se inscriban directamente a Hacienda y hagan el respectivo cobro del IVA.

“Algunos no se incluyeron (en la lista de cobros que rige a partir de hoy), porque se trata de empresas con las que la administración ha venido conversando para que ellos realicen el proceso de registro y hagan ellos el cobro a sus clientes y no con el pago de tarjetas de crédito o débito (…) La lista está limitada a plataformas que solo brindan servicios, no bienes. Con las empresas que realicen transacciones con bienes y servicios lo que esperamos es que ellos mismos hagan el cobro”, indicó Vargas.

A estas compañías se les va a dar un plazo de 10 días hábiles para que realicen el procedimiento, si no lo hacen, se incluirán en la lista y se aplicará el cobro por medio de las entidades financieras.

Este era uno de los últimos cobros del IVA que faltaba por aplicarse desde la aprobación de la ley.

A agosto 2020: Tributación recuperó más de ¢35 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

• Se gestionaron acciones para la recuperación de un monto cercano a los ¢79 mil millones originados por incumplimientos históricos tributarios.
• Al mes de agosto 2020, la Administración Tributaria ha realizado acciones de control sobre 14.782 contribuyentes que mostraron irregularidades en sus obligaciones.

Más de 35 mil millones de colones, recuperó la Dirección General de Tributación (DGT), como parte de sus acciones de cobro de 5.446 deudas pendientes de contribuyentes que presentaron anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estos recursos ya ingresaron a la caja única del Estado para la atención de programas prioritarios. 

En lo que va del año, la DGT ha realizado acciones de control sobre 14.782 contribuyentes que han mostrado irregularidades. Entre estas medidas se incluye la revisión de omisos, inconsistencias en las declaraciones y de morosidad; también cruces de información por facturación electrónica, información de terceros y movimientos patrimoniales; entre otros, que han dado lugar a nuevas investigaciones y auditorías.

En consecuencia, de las acciones de control, la Administración está gestionando la recuperación de un monto cercano a los ¢79 mil millones generado por incumplimientos históricos tributarios.

Se han investigado 242 casos por maniobras fiscales y como producto de las actuaciones fiscalizadoras se han remitido casos a la vía penal por ¢1.800 millones, relacionados con la simulación de deducciones utilizando proveedores falsos nacionales e internacionales, así como por inversiones sin ganancias justificadas.  Además, se realizan actuaciones administrativas que han dado lugar a la identificación de ¢17.540 millones de colones dejados de pagar.

Adicionalmente, se concluyó en primera instancia a favor de la Administración 431 actos que habían sido impugnados por los interesados, por presuntas diferencias de impuestos dejados de pagar, por un monto de ¢54 mil millones.

“Las áreas de inteligencia de la DGT se encuentran enfocadas en analizar e identificar el comportamiento fiscal de los ciudadanos basándose en análisis se riesgo, eso nos permite tomar acciones en cada una de las áreas de la DGT con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y la corrección de las irregularidades detectadas”, expuso Carlos Vargas, director general de Tributación. 

Ministerio de Hacienda y EE. UU EE. UU establecen alianza para fortalecer control y fiscalización

Fuente: Ministerio de Hacienda

• La alianza está orientada a luchar contra la evasión y el fraude tributario, a aumentar la recaudación y la efectividad en las auditorías.
• Este acuerdo es una muestra de confianza en el país y en el trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, suscribieron un acuerdo de cooperación que permitirá, a través del Programa de Asistencia Técnica Internacional (Office of Technical Assistance -OTA-, por sus siglas en inglés), apoyar a la Administración Tributaria en el fortalecimiento de controles y desarrollo de acciones complementarias para mejorar el cumplimiento tributario y la lucha contra la evasión y el fraude.

“Necesitamos trabajar de forma conjunta en la consolidación fiscal, implementando las mejores prácticas. Nuestra administración tributaria debe salvaguardar los ingresos impositivos para proteger la financiación de las necesidades del país. Lograr una mayor integridad de la Administración Tributaria es una meta de esta Administración”, externó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos y responsable de dar seguimiento a este aporte.

Esta asistencia técnica resultará fundamental para mejorar los índices en materia de control tributario, lucha contra la evasión y recaudación de impuestos, en un momento trascendental para las finanzas públicas del país. La colaboración permitirá adoptar otras acciones que implementen las medidas legales y administrativas de control, fortalecimiento de auditorías y la identificación oportuna de casos de evasión y fraude.

“Agradecemos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, su respaldo y confianza en el país, al resolver favorablemente nuestra solicitud de apoyo y poner a disposición del Ministerio de Hacienda este programa de asesoramiento”, recalcó el ministro de esta Cartera, Elian Villegas.

Rebajo del marchamo 2021 afectaría déficit fiscal y calidad de carreteras

Fuente: La República

A mes y medio de que se empiece a cobrar el marchamo 2021, el Gobierno de Carlos Alvarado trata por todos los medios de evitar que los diputados rebajen a la mitad el derecho de circulación.

Y es que si prospera el proyecto de ley -que se estudia en la Comisión de Asuntos Económicos – el Poder Ejecutivo tendría un hueco fiscal de ¢80 mil millones.

Un aumento en el déficit -que se estima en más del 8% del PIB al término del año -, así como un deterioro en la calidad de las carreteras, serían las consecuencias inmediatas de la medida, así como un desfinanciamiento de programas sociales, de educación y vivienda.

Mientras tanto, los diputados opositores insisten en que el alto desempleo y las restricciones al libre tránsito que se han puesto en vigencia por culpa de la pandemia del Covid-19, hacen imposible que se cobre el monto habitual del marchamo.

Rebajar a la mitad el derecho de circulación, establecer montos de rebajo según la antigüedad de los vehículos y exonerar a los dueños de vehículos que demuestren que perdieron ingresos o el empleo por la culpa de la pandemia, son algunas de las propuestas que se manejan en comisión.

La disminución se aplicaría a carros con un valor inferior a ¢20 millones. mientras que las motocicletas con cilindraje de 500 centímetros cúbicos y los yates y helicópteros no tendían ningún beneficio.

“Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, por lo que injusto sería una tributación que se calcule igual que los años anteriores”, dijo Franngi Nicolás, diputada de Liberación.

Este martes, la Comisión de Hacendarios volverá a reunirse para conversar sobre el tema.

Sin embargo, para que el rebajo aplique para el marchamo 2021, los diputados deben apurarse, ya que el cobro del derecho de circulación saldrá a mediados de noviembre.

El Gobierno se encuentra con el agua al cuello producto de la mala administración histórica de la hacienda pública y por el efecto de la Covid-19, que desaceleró la economía y generaría una reducción de ingresos este año de más de ¢1,2 billones, agravando el problema del déficit y la deuda.

“Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual”, dijo Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Por otra parte, el 50 % de los recursos provenientes del impuesto a la propiedad de los vehículos se destina al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para la atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas, por lo que rebajar el monto tendría una serie de consecuencias.

Enfrentados

Los diputados de oposición y el Gobierno de Carlos Alvarado están en medio de un pulso por rebajar el marchamo del 2021.

A favor

Pablo Abarca
Diputado
Unidad

Es una injusticia que en este año se le cobre la totalidad del marchamo a los miles de costarricenses, que se han visto afectados por la pandemia.
Hay que pensar en el bolsillo y las finanzas de los hogares, que en muchos casos ni tan siquiera van a tener aguinaldo, o recursos para hacerle frente a este pago.

Franggi Nicolás
Diputada
Liberación

Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, esto debido a las diversas restricciones, dando como resultado una afectación en sectores sensibles de servicios, transporte y comercio, así como en las familias que utilizan su vehículo para trabajar, por lo que injusto sería una tributación que se calcule igual que los años anteriores.

En contra

Rodolfo Méndez
Ministro
Obras Públicas y Transportes

Reducir ese impuesto condenaría al Conavi a un cierre técnico.
Los recursos del MOPT y del Conavi ya resultaban insuficientes para atender los 8 mil kilómetros de carreteras antes de la pandemia.
Ante este panorama, el ahorro que ficticiamente lograrían los usuarios sería mucho menor del costo adicional que tendrían por los problemas de congestión vial y de deterioro de las vías que sufrirían.

Elián Villegas
Ministro
Hacienda

Según estimaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional, por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos, este año la recaudación de este impuesto generaría aproximadamente ¢160 mil millones; reducirlo en 50% equivaldría a recaudar únicamente ¢80 mil millones.
Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente.

Hacienda avanza en mejorar sistemas y programas de control tributario

Fuente: Ministerio de Hacienda

En relación con el “Informe de auditoría de carácter especial sobre las acciones ejecutadas por la DGT, la DGA y la DGH del Ministerio de Hacienda para la integración del control tributario” (DFOE-SAF-if-00017-2020), emitido por la Contraloría General de la República, este Ministerio emite las siguientes consideraciones:

1. La auditoría del ente contralor se refiere al periodo 2017 -2019, abarcó la revisión de las acciones ejecutadas por las Direcciones Generales de Hacienda (DGH), de Tributación (DGT) y de Aduanas (DGA) en dichos años. El mismo informe incluye las acciones que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda para mejorar sus sistemas y programas de control en el Área de Ingresos.

2. Hacienda cuenta con herramientas informáticas de carácter transitorio desarrolladas con fines específicos, algunas funciones han sido absorbidas por otros sistemas, lo que minimiza su uso.  Las bitácoras de registro y seguimiento se implementaron en el año 2019.

3. El Sistema EXONET no permite otorgar exoneraciones a empresas que se encuentren morosas en el pago de sus cargas tributarias. Este sistema incluye una validación automática de la morosidad reflejada en la plataforma ATV (Administración Tributaria Virtual). Esto significa que, de manera automática, no se pueden otorgar exoneraciones a quien incumpla los requisitos. La DGH realiza programas de fiscalización, para verificar el uso y destino de exoneraciones y la morosidad.  Actualmente, dentro de las 60 mil exoneraciones que se autorizan por año, esta Dependencia revisa el detalle de las 60 personas identificadas en el período 2017-2019, a las que hace referencia el documento de la CGR.

4. Desde mediados del año 2019 se implementó en EXONET una validación automática con el Tribunal Supremo de Elecciones para alertas sobre los datos del estatus de las personas que se registran. El período 2017- 2019 estudiado por la CGR, incluye datos previos a la validación de EXONET con el TSE.

5. Desde el año 2015, con la entrada en vigencia de la plataforma ATV no se permite el acceso ni registro utilizando una identificación de una persona fallecida, porque el sistema está enlazado con la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones.  Desde abril 2020 la DGT y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación trabajan en la revisión de las bases de datos y ya se han eliminado cinco mil registros de contribuyentes fallecidos. Este tipo de inconsistencia se genera en bases de datos migradas de los sistemas anteriores como TD@ y del SIIAT, que no incorporaban estos controles.

6. A las personas fallecidas o empresas extintas, no se les puede asignar obligación tributaria. En relación con los 9.282 contribuyentes inscritos en renta, pero no en el impuesto al valor Agregado (IVA) que se menciona en el informe de la CGR , tal y como se consigna en la Nota 21 del mismo documento, de este total: 3.857 se encontraban en condición de fallecidos y 4.746 eran sociedades extintas, por lo que no se les podía asignar obligación tributaria en el IVA. La DGT realiza una revisión sobre los 679 restantes. Además, en el periodo de análisis, previo a la entrada de vigencia del IVA, no era un requisito que los contribuyentes de renta estuvieran inscritos en IVA.

7. Desde el 2019 se trabaja en un proceso que permite integrar en uno solo, los sistemas informáticos que no se comunican entre sí.

8. Avanzamos hacia una solución integral. Trabajamos en el levantamiento de requerimientos técnicos del proyecto Hacienda Digital, los que estarán listos en diciembre 2020.  Una vez que se cuente con la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, de manera inmediata, se procederá con la publicación de las licitaciones para las respectivas contrataciones.

9. Hacienda Digital permitirá integrar sistemas y mejorar controles. Consciente de las falencias de tiene los sistemas informáticos, el Ministerio de Hacienda impulsa el proyecto Hacienda Digital que, entre muchas otras ventajas, permitirá integrar los sistemas que actualmente no se comunican entre sí.

10. Hacienda Digital generará verificaciones de monitoreos mientras la exoneración se encuentre vigente. Las exoneraciones que se otorgan pueden tener una vigencia de hasta seis meses en caso de ser genéricas, o por una única vez en caso de ser concretas. En virtud de estos periodos, el procedimiento actual en los sistemas no incorpora validaciones de monitoreo del estatus tributario de los beneficiarios activos de las exoneraciones.

¿Por qué un impuesto a zonas francas empeoraría la crisis?

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Costa Rica vive un frenesí tributario desde que el Gobierno presentó una propuesta de ajustes internos sesgados hacia el aumento de la carta de impuestos para obtener un crédito adicional de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiarse a raíz de la caída en sus ingresos por el impacto del COVID-19.

Si bien el Gobierno anunció que no pretende cargar a las empresas de zonas francas con impuestos para convencer al organismo financiero internacional, algunos sectores políticos tienen en la mira a las transnacionales que exportan desde Costa Rica para que paguen impuestos sobre sus ganancias, por el dinamismo que conservan pese al impacto de la pandemia.

Pero, en caso de irse por esa ruta, el país más bien perdería, de acuerdo con el criterio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Eric Sharf, presidente de la Junta Directiva de la Coalición enumeró múltiples razones, fundamentadas en criterios técnicos y en cifras, por las que Costa Rica debería abandonar cualquier intención de poner a tributar a las empresas transnacionales.

La primera es que el país no percibiría ni un colón de impuestos en caso de poner a las firmas de zonas francas a tributar.

Sharf explicó que cada empresa instalada bajo ese régimen firmó un contrato con el Gobierno para obtener beneficios fiscales a cambio de ciertos resultados, por lo que ese pacto no podrían modificarlo unilateralmente ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, a no ser de que el país esté dispuesto a pagarles a las empresas daños y perjuicios por el incumplimiento de lo acordado.

“Si hoy la Asamblea Legislativa aprobara gravar al régimen de zonas francas con cualquier impuesto, pequeñito, grande, temporal, gradual, lo que sea, estaríamos incumpliendo los contratos que firmamos y, por lo tanto, las empresas de zonas francas que están hoy en día con estos beneficios no van a pagar impuestos y no vamos a generar un ingreso fiscal por esa vía a corto plazo”, razonó Sharf.

Y si el país decidiera modificar las reglas del juego para las zonas francas a futuro, Cinde tampoco ve ningún beneficio en materia de recaudación de impuestos.

Al contrario, la Coalición cree que en ese escenario Costa Rica dilapidaría el buen nombre que ha construido entre los inversionistas gracias a su decisión de resguardar la seguridad jurídica y, consecuentemente, espantaría a las firmas transnacionales que tienen al territorio nacional en su lista de posibles destinos.

Los incentivos fiscales son un mecanismo que el país utiliza para compensar las carencias que tiene en otros ámbitos que lo hacen menos competitivo en la lucha mundial por la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Al no ser Costa Rica un país barato, ni atractivo en materia de costos de producción, por el elevado precio de la electricidad y del gasto en tiempo y dinero que genera la amplia tramitología, entre otros aspectos negativos a la hora de hacer negocios, estaría sacrificando mucho en caso de empezar a cobrar tributos a las firmas multinacionales.

Hay países que son más baratos que nosotros. Entonces, si ya hoy en día no somos competitivos a nivel de costos, imagínese lo que sucedería con impuestos. Nuestro mayor atractivo para la atracción de IED sin duda sigue siendo nuestro gran talento humano. La IED viene al país por lo codiciado que es ese factor, no porque somos un país barato”, recalcó el presidente de Cinde.

Según un estudio que publicó en el 2018 el Ministerio de Hacienda, del total de los ¢474.486 millones de exenciones que el país aplicó en el pago del impuesto sobre las utilidades a las personas jurídicas, las mayores beneficiadas fueron las que estaban en el régimen de zonas francas, con más de ¢349.000 millones de ese total, el equivalente a más de un 1% del producto interno bruto (PIB).

Un golpe al empleo

Eric Sharf también echó por tierra el mito de que hay que gravar a las transnacionales porque, de por sí, ya muchas de ellas pagan impuestos en sus países de origen que trabajan bajo el esquema tributario de renta mundial.

Quienes opinan así, según el abogado, desconocen la realidad de las empresas que trabajan en las zonas francas del país pues muchas de ellas son centros de costos, es decir, que sus operaciones acá no generan utilidades a sus casas matrices y, por lo tanto, no pagan renta en sus países de origen.

Pero tampoco habría un beneficio en caso de cobrarles renta a las transnacionales que sí generan utilidades en el país porque, típicamente, esas empresas reinvierten sus ganancias aquí mismo para crecer, con lo cual generan más empleo.

El 7o% de la IED que recibe Costa rica es por reinversiones. Es decir, son empresas de zonas francas que ya están establecidas aquí, sí generan utilidades y están tan contentas de operar en Costa Rica que lo que hacen con esas utilidades es reinvertirlas acá, no enviarlas afuera para que los socios se repartan dividendos.

Las reinversiones generan un 82% del empleo del régimen de zonas francas ¿Qué pasaría si graváramos esas utilidades? Que esa reinversión se perdería”, recalcó Sharf.

A la luz de los números Cinde considera que este, por apremiante que sea económicamente para el país, no es el momento para gravar al régimen de zonas francas.

Datos de Cinde indican que por cada $1 que el país le exonera a las empresas del régimen de zonas francas tiene un retorno de $2,5. Los aportes totales al país de las firmas que gozan de esos beneficios ascendieron a un 7,9% del PIB en el 2019.

¿Qué hace la competencia?

La Coalición le ha dado seguimiento a los caminos que han elegido los países con los que Costa Rica compite por la atracción de inversión extranjera, aún más escasa en medio de la pandemia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), la disminución en la IED este año y el próximo estaría entre un -30% y un -40%, sobre todo en los países a los que el coronavirus impacte con mayor fuerza.

Eric Sharf comentó que Panamá, por ejemplo, decidió moverse rápido y en abril de este año decidió aprobar una nueva ley con mayores incentivos fiscales para intentar atraer mayor inversión en el sector de manufactura. Lo mismo han hecho Chile, Colombia y otros países del vecindario.

Más allá, en el círculo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al que Costa Rica está próxima a ingresar, este año, de sus 37 miembros, 21 tienen exoneraciones temporales de impuestos para las empresas transnacionales.

En el ámbito de lo que Costa Rica no debe hacer también hay ejemplos cercanos. Sharf destacó que hace algunos años Puerto Rico decidió eliminar sus exenciones fiscales para las multinacionales.

El golpe inmediato que sufrió esa economía fue la pérdida de un 40% de los empleos que producía el sector de manufactura.

A Guatemala le sucedió algo más drástico todavía: “Cambió su régimen de exoneraciones en el 2016 para eliminar de la lista a ciertas industrias y el efecto de esa decisión fue que 125 empresas se fueron del país“, comentó el jerarca de la Directiva de Cinde.

Un caso de éxito de un país que decidió poner a tributar a las multinacionales sin que estas se le escaparan es Irlanda. Sin embargo, Sharf subrayó que el ejemplo de esa nación europea no le serviría a Costa Rica.

La isla impuso un tributo flat sobre la renta de las empresas transnacionales. No obstante, lo compensó con la creación de fondos multimillonarios que se destinaron a la capacitación de talento humano, para Investigación y Desarrollo (I+D) y en una serie de beneficios que compensaron los impuestos.

“Eso sin mencionar los beneficios que ya la Unión Europea como tal también le confiere a las multinacionales que invierten en el continente. Costa Rica no podría hacer eso porque carece de los recursos para compensar al mismo nivel de Irlanda“, concluyó Sharf.

No rotundo de cámaras empresariales

Para Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), está claro que habría más perjuicios que beneficios para el país en caso de decantarse por un gravamen sobre las empresas de zonas francas para que el Gobierno Central aumente sus ingresos.

La empresaria también citó entre sus argumentos para oponerse a la idea de cobrar impuestos a las multinacionales la agresiva estrategia de los países vecinos que compiten por la IED.

“Lejos de gravar a nuestras zonas francas y correr el riesgo de que se vayan las empresas a otros países, debemos ser todavía más cuidadosos con esa inversión, y ser mucho más competitivos para retener esas empresas y ojalá atraer nuevas que generen más empleo y más transferencia de conocimiento.

“Los proponentes de gravar las zonas francas no se dan cuenta de que estas empresas tienen utilidades muy bajas, pues la mayoría trabajan para sus casas matrices, teniendo márgenes locales mínimos”, consideró.

Bonilla recordó que existen empresas agroexportadoras instaladas en zonas francas que son motores generadores de empleo en las zonas rurales de Costa Rica, donde el empleo escasea.

“Eliminar esas exoneraciones implicaría que los productos agrícolas costarricenses serán más caros en un mercado internacional que compite por centavos”, zanjó.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) consideró como contraproducente presionar con la amenaza de impuestos a las empresas instaladas en zonas francas.

“La evolución de las empresas en zona franca ha sido muy relevante para Costa Rica pues ahora generan mucho valor agregado y diversificación en las exportaciones. Otro factor es que son compañías más inclusivas ya que el 42% del empleo directo que generan es en mujeres, que es el sector más golpeado por el desempleo hoy debido a la pandemia”, afirmó José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep.

 

Impuesto a transferencias se perfila como el tercer tributo más importante en recaudación

Fuente: La Nación

El impuesto a las transacciones financieras, incluido en la propuesta inicial del Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), pasaría a ser el tercer impuesto más importante en recaudación.

Según la estimación de las autoridades, el tributo, cuya tasa propuesta es de 0,3% (¢3 por cada ¢1.000) generaría un monto equivalente al 3% de la producción interna en un año.

Eso representa cerca de la cuarta parte de la recaudación total de impuestos que estimó la Contraloría General de la República para el 2021, de 12,7% de la producción.

Solo hay dos tributos que recaudan más que eso: el impuesto al valor agregado (IVA) cuya recaudación, estimó la Contraloría, representará un 4,7% de la producción en el 2021 y el de renta con una estimación esperada para ese mismo año equivalente al 4,5% de la producción.

Solo este impuesto generaría más recursos que los ingresos esperados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018 y la cual hizo importantes modificaciones a los impuestos del IVA y renta. Para el 2023, por ejemplo, se esperaba que dicha Ley, generara ingresos tributarios equivalentes al 1,61% de la producción, más ahorros en gasto equivalentes al 2,30% de la producción, eso era en un escenario sin pandemia.

“Porque el número de transacciones es muy alto, ¿cuántas transacciones genera uno todos los días o las personas en general?, son millones de transacciones, esa es la gran ventaja, a pesar de que la tasa sea muy baja, el número de transacciones es muy alto”, respondió el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Este es un impuesto tipo cascada que puede terminar gravando varias veces una misma base. Por ejemplo, si una persona le transfiere a otra y esa a otra y así sucesivamente el mismo dinero se grava varias veces.

El Banco Central, entidad que realizó la estimación de la recaudación del impuesto, consideró una base imponible promedio del 2015 al 2019 (el monto de transferencias estimadas) de ¢413 millones de millones, lo cual es una cifra mucho más alta que el producto interno bruto promedio para esos mismos años, cerca de ¢32 millones de millones.

Eso obedece a que se considera el valor bruto de todas las transacciones y no el neto como lo incluye la medición del PIB (producto interno bruto).

Con esa base imponible se espera una recaudación de ¢413.000 millones por cada 0,1% de impuesto, lo cual representa un 1,25% del PIB; no obstante, la estimación conservadora es de 1% del PIB. Como el tributo propuesto es de 0,3 entonces se estimó una recaudación total anual del 3% del PIB para los primeros dos años. Luego la tasa bajaría a 0,2% los siguientes dos años y después se eliminaría.

Según el documento: Hechos Estilizados de los Impuestos a las Transacciones Financieras en América Latina: 1990 al 2012 del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Argentina con una tasa de 0,6% para débitos y créditos (paga el que manda y el que recibe) alcanzó una recaudación promedio de 2% del PIB y Colombia con una tasa de 0,4% llegó a 0,83% del PIB.

Una característica del impuesto en esos países es que tienen excepciones. En Costa Rica, Villegas, informó que analizan algunas.

¿Qué tipo de exenciones? “Es lo que habría que ver, algunas de las cosas que la gente ha dicho es exonerar las planillas cuando se depositan, dejar un monto libre de transacciones, dejar libres las transacciones en cajeros automáticos, etc”, respondió el ministro.

Germán Morales, socio director de la empresa Grant Thornton, comentó que todavía no hay claridad completa sobre la aplicación del impuesto por lo que resulta difícil evaluar la base imponible.

Por ejemplo, es claro que el retiro de dinero del cajero automático tiene el tributo, pero no es claro si el retiro del dinero de la ventanilla de un banco tiene o no el tributo, el texto solo menciona que están incluidas en la base imponible las “operaciones cambiarias en ventanilla”; es decir, cambiar dólares en la ventanilla de un banco, pero no dice qué sucede si una persona va y saca el dinero de la ventanilla de un banco, en lugar de usar un cajero.

En el Banco Central se intentó obtener más detalle sobre la estructura de la base imponible; es decir, qué tipo de transferencias la conforman, pero no fue posible obtener la información al cierre de esta información.

“Matemáticamente es creíble, porque me imagino que tomaron el 100% de todas las transacciones, y sobre todo si en las transacciones se incorpora todo el mercado de dinero, ahí es el mismo dinero moviéndose todas las veces”, opinó Aguilar.

“Lo segundo es acerca de la viabilidad, que es otro tema, porque cuando se estudia en detalle cómo incide este impuesto, todo lo que es el mercado de dinero, el mercado bursátil, etc, sobre todo operaciones de muy corto posiblemente no vaya a ser viable su aplicación”, añadió.

Por ejemplo, en el Mercado Integrado de Liquidez las entidades financieras negocian diariamente grandes montos según sus necesidades y pagar 0,3% diariamente sobre cada transacción se transforma en un monto muy alto al año. Solo este año se han negociado en ese mercado ¢143 millones de millones en operaciones en colones y $4.136 millones (¢2,4 millones de millones) en transacciones en dólares.

En el mercado bursátil, José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que para las operaciones bursátiles representa un doble o triple impuesto, por una parte, está el impuesto a la operación base y por otra, los impuestos producto de las transferencias iniciales de inversión y las transferencias finales de liquidación.

“Dado que es un impuesto flat (tasa constante), genera un mayor impacto en las operaciones entre menor sea el plazo, esto resta atractivo a las operaciones de compras ventas con títulos que tengan plazos de vencimiento menor a un año y reduce totalmente las posibilidades para las operaciones del mercado de liquidez MEDI e incrementaría el costo del apalancamiento en recompras entre 4 y 5 veces”, indicó Brenes.

Las recompras son préstamos que se hacen sobre los bonos o acciones, por ejemplo, alguien tiene un título entonces lo vende por un periodo, obtiene el dinero para un negocio y en el futuro lo vuelve a comprar. El apalancamiento es endeudamiento para financiar operaciones.

“Este impuesto destruye los mercados de liquidez y de recompras, generando una reducción del tamaño del mercado y un faltante de liquidez que en definitiva se trasladaría a los costos, como un aumento generalizado de las tasas de interés”, dijo Brenes.

“Ahí habrá que tener algunas salvedades, algunas regulaciones particulares, las cuales se estarán negociando y conversando con el sector bursátil oportunamente, sí es un tema debidamente contemplado todo lo que tiene que ver con estos mercados”, dijo Villegas.

Renta global obligaría a trabajadores asalariados a presentar declaración de impuestos

Fuente: La Nación

El objetivo de establecer en el país el sistema de renta global, mediante una reforma legal, obligaría a los trabajadores asalariados a presentar una declaración tributaria cada año.

La propuesta está incorporada en el marco de la futura negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Villegas explicó que el cambio legal está prácticamente listo, pues es un tema discutido en los diferentes procesos de reforma fiscal durante los últimos 18 años. El ajuste se presentará al Congreso con el paquete de proyectos que se negocie con el FMI.

El punto más relevante por definir es cuántos de los 1,2 millones de trabajadores asalariados –70% son del sector privado y 30% de instituciones públicas– deberían efectuar la declaración del impuesto sobre la renta.

La forma de establecerlo será mediante la creación de un salario mínimo vital. Sin embargo, el monto aún está por concretarse, explicaron ambos jerarcas.

En el país hay 1,2 millones de trabajadores asalariados, de los cuales el 70% son del sector privado. Hacienda prevé que, a partir del 2023, una porción deba efectuar declaración de impuestos.

En caso de tener otros ingresos, por ejemplo inversiones o un alquiler, se tributa de manera individual, pues en el actual sistema de renta cedular se grava cada uno de manera individual, explicó el titular de Hacienda.

“El proceso para los asalariados va a cambiar, pero cuando esté por ingresar (en el 2023) debe estar listo Hacienda Digital. Entonces, el sistema le enviará al contribuyente una declaración prellenada donde se reportan los ingresos de la persona por salario, inversiones o servicios profesionales; las retenciones de ‘tanto’, debería pagar un monto determinado (al fisco), y debe ‘equis’ cantidad de dinero”, explicó Villegas.

Hacienda Digital es un plan de optimización de procesos y modernización de sus 59 sistemas informáticos, cuya inversión asciende a $157 millones, los cuales se financian con un préstamo del Banco Mundial.

El ministro reconoció que si al momento del cambio no se han modernizado los sistemas informáticos de la institución, se evaluaría el momento de iniciar con la medida.

Entre enero y agosto pasado, el impuesto de renta sobre los salarios generó una recaudación de ¢380.673 millones, lo cual significó un incremento del 15% frente a los ¢329.203 millones al mismo periodo del 2019, según datos de Hacienda.

El director de Tributación enfatizó en que la modificación para los asalariados es relevante porque, en renta global, el centro del sistema gira en torno a la persona, en vez de la forma actual, en la que se ven los ingresos del contribuyente por separado.

“Hoy es una tributación fraccionada. Tributo con mi cara de actividad lucrativa, después con mi cara de rentas de capital y con mi cara de asalariado. En renta global, cada una de las cédulas se liquidan, se suben y se tributa sobre el ingreso total. La persona podrá hacer deducciones y se restan las retenciones efectuadas”, destacó Vargas.

Para German Morales, socio director de la firma Grant Thornton, especializada en temas tributarios, la posibilidad de poner a los asalariados a presentar declaración de impuestos busca, en parte, que el fisco pueda determinar los vínculos de estos trabajadores con otros contribuyentes.

“La intención de Hacienda puede ser incluir a un porcentaje relevante de asalariados porque tienen gastos médicos, de contadores u otros servicios que contrata, y busque hacer presión sobre estos profesionales”, dijo Morales.

Por su parte, Adrián Torrealba, exdirector de Tributación, consideró el cambio a renta global implicaría que los asalariados entren a una olla común y equiparar el tramo de pago de renta con los trabajadores independientes.

Carlos Vargas, director de Tributación, afirmó que al pasar al modelo de renta global cambia la forma de pagar impuestos del trabajador asalariado y se introduce la declaración tributaria para este grupo de contribuyentes.

– El migrar a un esquema de renta global va a significar que gente que hoy no declara asuma la obligación de declarar (impuestos). Si bien es cierto al contribuyente se le pueden hacer retenciones por sus ingresos como asalariado, como pago a cuenta, evidentemente va a tener que declarar cuáles fueron sus otras fuentes de ingresos, tanto por actividades lucrativas, rentas de capital e incluso ganancias de capital.

“Como debe sumarse todo esto (los ingresos), la única forma es que la persona lo declare, pues es la que conoce su situación patrimonial completa. Esto significa, evidentemente, que la persona asalariada empiece a declarar“.

“Ahora, en el caso de los asalariados, se prevé un salario mínimo vital que garantice un monto a la persona para vivir. Para arriba de se monto empieza la tributación y aplican las deducciones. Lo que se plantea en estos casos es que las personas con salarios inferiores a ese mínimo vital no declaren, porque no se les aplican retenciones (de renta)”.

– Evidentemente, el tema de la transformación digital del Ministerio es muy importante y contribuye a facilitar el cumplimiento. Para migrar a un esquema de estos, se requiere hacer un prellenado de las declaraciones de las personas y presentarles una propuesta.

“El mismo esquema de retenciones facilita que se pueda presentar la propuesta, pues se calcula la base sobre la que se aplicaron. Tengo la información de los ingresos de la persona, y con factura electrónica se determina que tiene ‘equis’ gastos. Entonces, esta podría ser su declaración, ¿está de acuerdo o no?”.

Diputados no quieren impuestos, ¿qué proponen para resolver déficit?

Fuente: La República

Cerrar, fusionar o vender instituciones públicas que ya cumplieron su ciclo o realizan funciones similares y reducir el IVA del 13% al 9% para incentivar al sector privado, son algunas de las propuestas de los diputados a Carlos Alvarado para mitigar el déficit fiscal.

Ante la negativa de aprobar nuevos impuestos como propone el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un plan de ajuste estructural, los legisladores insisten en que lo más importante ahora es el recorte del gasto.

La propuesta que hiciera Alvarado “es desbalanceada con un enfoque de más impuestos”, según Liberación, la Unidad, Nueva República y Restauración Nacional.

“El país necesita reactivar la economía. Nueva República propone reducir el IVA del 13% al 9% y crear un verdadero gobierno digital que permita simplificar los trámites para abrir un negocio”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

En el apartado de recorte del gasto, es fundamental renegociar el costo de los alquileres y eliminar el gasto en viáticos y viajes al exterior, agrega Xiomara Rodríguez, diputada de Restauración Nacional.

Y es que aprobar más impuestos en momentos en que el 24,4% de la población no tiene trabajo, implicaría un aumento de ese índice, consideran los diputados, quienes claman por una verdadera reactivación económica.

“La propuesta presentada por el Gobierno esta claramente recargada en los impuestos. No conduce a una reducción sistemática del gasto público ni propone acciones para reactivación de la economía”, dijo Ana Lucía Delgado, legisladora de Liberación.

A finales de la semana pasada, Alvarado solicitó un incremento temporal en la renta que pagan las empresas que iría del 30% a 36%.

Asimismo, propuso gravar todas las transacciones bancarias con un 0,3% en el 2021 y el 2022, para después bajar ese monto a un 0,2% para los siguientes dos años.

Un aumento en la renta al salario a partir de los ¢840 mil, un alza en el tributo a los bienes inmuebles y la venta de Fanal y Bicsa son otras de las medidas del gobierno.

Las propuestas

Estas son algunas de las propuestas que hacen los legisladores al Gobierno en vez de nuevos impuestos:

  Atacar la evasión fiscal
  Aplicar la regla fiscal verdaderamente
  Apoyar a los emprendedores y trabajadores independientes
  Aumentar el gasto en infraestructura
  Bajar costo de servicios públicos
  Bajar el impuesto del IVA del 13% al 9%
  Otorgar beneficios fiscales al turismo
  Dar acceso a crédito para PYMES barato
  Disminuir las cargas sociales
  Eliminar los gastos superfluos del Estado, incluyendo gastos en publicidad y viajes
  Fusionar, cerrar o vender instituciones que no se requieran
  Hacer un nuevo proyecto de ley de empleo público serio
  Renegociación de la deuda, sobre todo la deuda interna que representa un 77% de la deuda local
  Reducir los alquileres del Estado a la baja

¿Cuáles nuevos impuestos quiere el Gobierno?

Una serie de medidas para generar nuevos ingresos, fueron anunciadas por el Gobierno de Carlos Alvarado, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

  Se gravaría con un 25% los premios de lotería
  Se establecería un impuesto al salario escolar
  Impuesto de renta a las cooperativas, cuando califican como grandes contribuyentes
  Se incorporará la renta global a partir del 2023
  Alza en el impuesto a bienes inmuebles, pasando de 0,25% a 0,75%
  Renta corporativa pasaría de 30% a 36%
  El impuesto de renta al salario subirá en el primer tracto de 10% a 12,5%, el segundo tracto de 15% a 20%, el tercer tracto de 20% a 25% y el cuarto de 25% a 35%.
  Remesas pagarán un 5% adicional
  Impuesto a todas las transacciones financieras de 0,3% para los primeros dos años (2021 y 2022) y de 0,2% para 2023 y 2024


Nuevos impuestos sin apoyo

Aprobar nuevos impuestos no cuenta con el respaldo de los legisladores de diferentes partidos.

Ana Lucía Delgado
Diputada
Liberación

La propuesta presentada por el Gobierno esta claramente recargada en los impuestos.
No conduce a una reducción sistemática del gasto público ni propone acciones para reactivación de la economía.

Pedro Muñoz
Diputado
Unidad

Asumamos la responsabilidad, no entreguemos el país, no vamos a salir adelante si seguimos pagando la tarjeta de crédito del gobierno, y entregándole una nueva para que gaste y gaste todos los meses.

Jonathan Prendas
Diputado
Nueva República

El país necesita reactivar la economía. Como medidas inmediatas, Nueva República propone reducir el IVA del 13% al 9% y crear un verdadero gobierno digital que permita simplificar los trámites para abrir un negocio.

Xiomara Rodríguez
Jefa de Fracción
Nueva República

Es responsabilidad del gobierno promover un verdadero plan de reactivación económica que genere empleo y riqueza.
La gente necesita trabajo no más impuestos.
Hay que reducir el gasto, promover una reactivación económica, generar empleo y desistir de cargar más al pueblo.

Magnitud del déficit fiscal enfrenta a Elián Villegas y Rodrigo Chaves

Fuente: La República

Que el déficit acabe en 11,5% del PIB en lugar de un 9,3% como proyecta Hacienda, fue la gota que derramó el vaso y ocasionó que quedaran en evidencia las fricciones de Elián Villegas, cabeza de la cartera, con su antecesor Rodrigo Chaves.

“No es probable que el déficit de 2020 vaya a ser de 9,3% como dice Hacienda y que más bien podría llegar arriba del 11,5%. Me gustaría estar equivocado porque queremos mucho a Costa Rica, ojalá que el gobierno pueda clarificar”, fue la declaración de Chaves en redes sociales que ocasionó finalmente una respuesta de Villegas.

Y es que anteriormente, a frases como que el futuro del país está hipotecado o a las advertencias de default, Villegas guardó silencio; no obstante, ya declaraciones como la anterior perjudican y desestabilizan el trabajo que hace el Ministerio, considera.

“Cuando decimos cosas sobre la economía, de esa forma, frente a un micrófono, afectamos a gente que no conocemos; se puede tener su opinión y expresarla, pero estamos evitando que Hacienda capte recursos a mejores tasas si vamos a hablar de esa forma…hacemos un daño, eso no es serio”, dijo el actual ministro de Hacienda en un Facebook Live con Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Chaves cuenta con sus argumentos para contradecir lo proyectado por el Gobierno, puesto que agrega en gastos los ¢180 mil millones del fideicomiso de fondo de avales, y toma como base lo que prevé Contraloría en ingresos tributarios, que es una recaudación de ¢357 mil millones menos de que lo que espera Hacienda.

Lo cierto del caso es que, en un momento crítico para las finanzas del país, ahora también se está observando una especie de separación de bandos.

La muestra es que, a pesar de que el Gobierno cuenta con una imagen debilitada tras poner sobre la mesa una propuesta al FMI cargada de impuestos, se defienden de que esta es la vía adecuada, y hasta quienes parecen estar en contra, proponen también cambios en tributos.

Aumentar el IVA al 15% es una sugerencia realizada por Chaves, que el jerarca vigente de Hacienda se encargó de desmeritar.

Y es que desde el Gobierno se plantea una tasa de ¢3 por cada ¢1000 con el impuesto a las transacciones financieras, lo que para un salario de un millón de colones, en una persona que transfiere todo su salario para pagos, el impuesto es de ¢4.500 mientras que con un IVA al 15%, esa persona gastaría ¢20 mil por tan solo tener que pagar ese 2% más.

“Cuando hemos tenido posiciones como la que yo ostento en estos momentos, de tanta responsabilidad, y quienes son formadores de opinión, deben tener claridad en la consecuencia de sus palabras”, puntualizó Villegas.

Hacienda solicita a diputados considerar reducir en 50% impuesto a propiedad de vehículos

Fuente: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, envió este miércoles 23 de setiembre, una carta a los miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en la que señala las implicaciones de la aprobación del “Proyecto de Ley para el Alivio en el Pago del Marchamo 2021” (No.22085) para la Hacienda Pública y para el país.

Este proyecto pretende reducir en un 50% el costo del pago del marchamo 2021, y por consecuencia del impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.

El Jerarca explicó que esta iniciativa de ley no establece una fuente alterna de recursos que permitan cubrir el faltante que implicaría esta reducción. Según estimaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional, por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos, este año la recaudación de este impuesto generaría aproximadamente ¢160.000 millones; reducirlo en 50% equivaldría a recaudar únicamente ¢80.000 millones.

“Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual”, indicó el Jerarca en la nota a los diputados.

El 50 % de los recursos provenientes de este impuesto se destinan al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la atención de la red vial nacional, y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas

“El impuesto a la propiedad de los vehículos tiene efectos progresivos, ya que el monto final a pagar está en relación directa con el valor de mercado del vehículo. Es un impuesto directo al patrimonio, no es un impuesto que se paga por la circulación del vehículo” expuso el Ministro.

Gobierno revisará impuesto de bienes inmuebles y a transferencias incluidos en propuesta al FMI

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró este martes que el Gobierno revisará las propuestas para aumentar el impuesto de bienes inmuebles y crear un tributo a las transferencias financieras que pretende incluir en la negocación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Bienes inmuebles, creo que hay que hacer una revisión, y en la parte del impuesto a las transacciones hay que revisar un poquito, no el impuesto en sí, sino qué rangos de exoneración se puedan llegar a generar de forma que afecte un poquito menos, sobre todo los procesos productivos”, indicó Villegas.

El ministro se refirió a este tema en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, en el cual también señaló que el Poder Ejecutivo está dispuesto a revisar también el tema del equilibrio entre ingreso y gasto en la propuesta, y la reforma del Estado.

El plan, divulgado el jueves 17 de setiembre, propone elevar de 0,25% a 0,75% el impuesto sobre los bienes inmuebles para que el Gobierno pueda captar la recaudación adicional y crear un tributo a las transferencias financieras de 0,3% en el 2021 y 2022, y de 0,2% en el 2023 y 2024.

El ministro anunció, además, que el 5 de octubre ya no será la fecha de inicio de las negociaciones con el FMI, debido a que el organismo solicitó más tiempo para analizar la incorporación de los órganos desconcentrados al proyecto de Presupuesto Nacional del año 2021.

Indicó que el aplazamiento dará más tiempo para conversar con los sectores del país sobre el contenido definitivo de la propuesta que se planteará al Fondo. Por el momento, no hay una fecha exacta para realizar ese proceso de diálogo.

“La realidad política nos obliga a conversar, a revisar, y a buscar una propuesta que tenga un consenso mucho más amplio, que tenga unas mayorías mucho más amplias porque al final de cuentas esto no es algo que simplemente el Poder Ejecutivo apruebe, sino que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa.

“De ahí que ocupamos voluntades amplias de las señoras y señores diputados, y eso hay que trabajarlo”, aseguró el ministro durante el programa radiofónico.

“Todavía sobre el fondo de las propuestas no nos sentaremos a hablar hasta que ya tengamos unas propuestas definitivas”, sostuvo Villegas.

Indicó que ahora viene una etapa en la que será importante aclarar mucho, porque consideró que hay mucho ruido y hay que esperar que se ruido se disipe para empezar a conversar y aclarar cosas.

El ministro añadió que lo se mantiene es la fecha de aprobación en el directorio en el Fondo para diciembre y luego los proyectos de ley irían a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, señaló que si la enmienda es tal que se desvirtúa el proyecto, habría que conversar con el Fondo para ver los alcances de lo que se apruebe en la Asamblea Legislativa.

Estas son las razones de la reducción de 108 a 19 de la lista de cobro del IVA a servicios

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda redujo de 108 a 19 los servicios transfronterizos gravados con el 13% del impuesto sobre el valor agregado (IVA) que comenzará a cobrarse a partir del próximo 1 . ° de octubre.

La Dirección General de Tributación publicó, este martes 22 de setiembre, la nueva lista donde hay una reducción significativa con la primera anunciada en diciembre del 2019.

En los servicios en listados corresponde a los emisores de tarjetas de crédito y débito efectuar la retención del 13% del IVA, cuando se cobra al usuario.

Una de las situaciones que sobresale es la ausencia de Uber y Didi, plataformas especializadas en brindar transporte de personas. Sin embargo, no significa que quedan fuera de la aplicación del IVA.

“Las (empresas) que no se han incorporado, en este momento, algunas de ellas están conversando para ver si se puede materializar su registro para que ellos cobren en impuesto”, detalló Vargas al consultársele en específico sobre esta dos compañías.

“La resolución prevé que en cualquier momento se puede incorporar nuevas plataformas en la lista. Para que proceda el cobro por medio del pago con tarjeta solo basta que se comunique la inclusión contando solo con tres días para que inicie el cobro por medio del pago con tarjeta”, explicó Vargas.

Los servicios digitales transfronterizos son los que brinda un proveedor que no está establecido o domiciliado dentro del país, por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, y que los clientes consumen en el territorio nacional.

Esto aplica, por ejemplo, para la publicidad en redes sociales, como Facebook, que una empresa paga para llegar a audiencias dentro de Costa Rica. También, para servicios de videojuegos que serán utilizados en el país como PlayStation y Nintendo.

German Morales, especialista en temas tributarios, explicó que el Ministerio de Hacienda enlistó, en un inicio, todas las plataformas o aplicaciones de venta de servicios.

“Muchas de las empresas incluidas al inicio efectúan ventas de mercancías, por ejemplo, Amazon. Cuando se compra una camisa o tenis, eso pasa por aduanas y paga impuestos”, explicó Morales, socio director de Grant Thornton.

Para optar por esta modalidad, las compañías deben cumplir con un proceso de registro ante la Tributación para inscribirse como contribuyentes y seguir el procedimiento establecido por el fisco.

Nadie se salvaría del impuesto a las transacciones bancarias

Fuente: La Repúbica

Sin importar si usted tiene una empresa o es asalariado, el impuesto a las transferencias financieras propuesto por el gobierno como parte del acuerdo con el FMI, tendrá efecto en sus finanzas.

Conocido también como Impuesto Tobin o Impuesto de Débito Bancario, su aplicación implica el cobro de una carga a todo retiro o transferencia bancaria.

Y es que por ser masivo, de fácil recaudación, –al no necesitar de una declaración– y de fácil identificación del evasor, es que el FMI suele recomendarlo.

La propuesta establece su aplicación de forma temporal por un periodo de cuatro años. Durante los dos primeros, se cobrará ¢30 por cada ¢10 mil de transacción y en los siguientes dos años, ¢20 por cada ¢10 mil.

Además, se aplicaría a todos los movimientos que haga de sus cuentas bancarias. Por ejemplo, si con su salario paga luz, agua, teléfono, realiza compras a través del mismo servicio bancario, le cobrarían por cada pago que realice.

También impactará al sector empresarial, pues deberá sumar este tributo al pago de proveedores, depósito del salario y demás transacciones bancarias.

Un restaurante lo pagará si cancela el arroz, los frijoles, la carne, las verduras por transferencia, lo que afectaría al consumidor final pues el aumento en los costos de operación lo trasladaría al precio de los alimentos que vende.

“Causa preocupación y provocaría exclusión financiera”, advierte Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos.

Venezuela, México, Colombia y Brasil son algunos países que lo tienen implementado de forma fija, con un cargo entre un 0,25% y un 3%, aunque en un principio se habían aprobado temporalmente en algunos casos.

“Hay casos de que los bancos cargan spreads de tasas de interés más alta para recuperar la rentabilidad esto desestimula la inversión y el ahorro. Algunos estudios informales señalan que crean un efecto inflacionario del 2% al 3%”, mencionó Marco Vargas, contador de Vargas, Vargas & Asociados.

A su vez, se advierte que el impuesto va en contra de las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a que el uso de tarjetas de crédito o débito, reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50% y se convierte en un mecanismo que facilita la inclusión financiera.

En esa misma línea, la Cepal sugiere que, en caso de aprobarse, debe ser a una tasa baja para no desincentivar al consumo, aplicarse solo a los retiros no a los depósitos, tener claro cuál será el fin de esos recursos y establecer un grupo de excepciones a ciertas transacciones.

Contraproducente

Estas serían las consecuencias negativas del tributo, según la Asociación Bancaria Costarricense:

  Desincentiva el ahorro y la bancarización al motivar a las personas a usar dinero efectivo
  Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto
  El aumento del efectivo circulante pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes
  Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore)
  Fomenta el sector informal, lo que perjudicará también a la Caja
  Podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y precios al consumidor final

¿Pagará IVA lo que se compra por Internet a partir del 1 de octubre?

Fuente: La República

¿Es usted de las personas que gustan de comprar artículos electrónicos, ropa o juguetes desde Internet y se pregunta si pagará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de octubre?

La respuesta es no, porque estos artículos ya pagan desde hace tiempo este impuesto al momento de ser traídos y nacionalizados en Costa Rica por la aduana correspondiente.

Así lo han comenzado a aclarar diversas empresas de “courier” o casilleros en Miami a sus clientes, debido a la preocupación que esto le genera a mucho usuarios.

“Las compras en internet pagan impuestos a la hora de nacionalizarlos en la aduana, por lo que tampoco sufrirán cargos sobre ese tipo de consumo. Específicamente el impuesto es para los servicios de consumo online que se cobran y se prestan desde otros países para consumo en suelo nacional como Netflix, Disney+ y otros”, explicó Xpress Box, mediante un correo electrónico.

Comunicaciones similares han sido enviadas por otras empresas de entregas que operan en suelo nacional como receptoras de las compras realizadas por los costarricenses en “casilleros” en Miami, Florida y que se encargan de su entrega en suelo nacional.

Ahora bien, si la compra que usted realiza es un servicio digital, como un juego para descargar en su consola o computadora, monedas o tokens para mejorar sus jugadores, o tarjetas virtuales de Netflix, PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo, si tendrá que desembolsar el 13% por concepto de servicio digital transfronterizo.

Y es que Netflix, Facebook y otros servicios, además de entidades financieras como el Banco Nacional ya informaron a sus clientes que iniciarán con el cobro de este impuesto a partir octubre.

Son ejemplos de servicios digitales transfronterizos plataformas de streaming como Netflix, Spotify y de alquiler de bienes y servicios como Airbnb, Uber, entre una lista de 109 prestatarios.

Su cobro obedece al marco regulatorio que dicta la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas aprobada en el 2018.

“En los impuestos indirectos como el IVA, el criterio aplicable es el de territorialidad, en razón que es un impuesto esencialmente real y no personal que debe alcanzar, jurídicamente, a las operaciones realizadas en el territorio costarricense y, en consecuencia, desgravar lo consumido en el extranjero”, explicó Adolfo Sanabria, abogado asociado del área tributaria de Consortium Legal.

Ingresos tributarios del Gobierno bajaron casi 12% en primeros ocho meses

Fuente: La Nación

El impacto de la pandemia se refleja en los ingresos tributarios del Gobierno, los cuales cayeron casi 12% (11,54%), en el acumulado de enero a agosto, respecto a igual periodo del 2019, informó este viernes el Ministerio de Hacienda al presentar las cifras fiscales.

Dicho resultado significa que se dejaron de percibir ¢342.963 millones en los primeros ocho meses del año, en comparación con la recaudación acumulada a agosto del año pasado.

Mientras tanto, el gasto total del Gobierno Central, incluyendo intereses, creció en 2,60%, informó Hacienda en un comunicado. Resaltó que ese crecimiento es menor al registrado en el 2019, cuando se ubicó en un 12,06%.

Pese a ese menor crecimiento del gasto total, la combinación con la caída en la recaudación deriva en un incremento del déficit financiero (diferencia entre ingresos y gastos totales) del Gobierno (incluidos los intereses de la deuda).

Ese indicador se elevó a 5,82% del producto interno bruto (PIB), en comparación con el 4,10% registrado a agosto del año pasado, detalló el informe. El faltante fue de ¢2 billones (¢2.007.063 millones), es decir, el gasto total del Gobierno superó en esa suma a los ingresos, en los primeros ocho meses.

El déficit primario (si incluir los intereses) estaba hasta agosto en ¢870.207 millones, lo cual equivale al 2,52% del PIB. El año pasado, en ocho meses, esta cifra representaba el 1,56% del PIB.

El peso del pago de intereses de la deuda sigue impactando cada vez más a las finanzas públicas. Este año representó 56,64% del déficit financiero, pues alcanzó los ¢1.136.857 millones (3,30% del PIB).

El ministerio encargado de las finanzas recordó que, a julio pasado, la deuda ascendió a casi ¢22,7 billones (¢22.671.543 millones o 65,77% del PIB), equivalentes a $38.452 millones.

Según Hacienda, en los primeros ocho meses del año se presentó una merma en el impuesto sobre la renta del 8,94%, respecto a lo captado en el 2019. Esto significa en números absolutos ¢100.118 millones (0,29% del PIB) menos en este 2020.

También se presentó un descenso en la recaudación por el impuesto al valor agregado (IVA) del 5,21%, respecto al acumulado de enero a agosto del 2019. En este caso, la reducción es de ¢53.030 millones (0,15% del PIB), debido a un duro impacto en el ingreso de este impuesto en aduanas (-22,83%).

Hacienda reportó, además, una fuerte caída en lo captado mediante el impuesto único a los combustibles; en este caso fue de 17,73%, lo cual corresponde a ¢64.460 millones (0,19% del PIB).

Agregó que la recaudación por los impuestos selectivo de consumo, a las importaciones y derechos de salida también presentan importantes reducciones.

Evítese dolores de cabeza al implementar el teletrabajo en su empresa


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

La nueva normalidad ha dejado a muchas empresas con la inquietud de implementar el teletrabajo en sus organizaciones, sin embargo, aun quedan muchos detalles por afinar a nivel legal y administrativo que podrían darle dolores de cabeza a los patronos. 

Para Ana Isabel Borbón, especialista en derecho laboral de Actualidad Tributaria, la clave es tener un reglamento que arroje luces ante cualquier duda relacionada con lo que, tanto patronos como empleados, puedan hacer en la modalidad de trabajo a distancia.

“Primero lo primero. El teletrabajo es una modalidad que el patrono decide si escoger o no. No es un derecho. Segundo, hay que tener un reglamento. Lo que no se reglamenta queda en la zona gris de lo que podría ser y nos puede complicar la relación de poder que hay entre un patrono y un empleado. Tomarse el tiempo para reglamentar nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y hasta procesos legales futuros”, comenta Borbón.

Pero ¿qué debería incluir este reglamento?

Borbón señala que los puntos mínimos a considerar serían los siguientes:

- Horario y lugar de teletrabajo: Aunque el horario no vaya a cambiar, es importante que quede establecido cuál es. Así mismo el lugar. La mayoría de los esquemas de teletrabajo están configurados para que se realicen desde la vivienda del empleado, pero algunas empresas dan cierta libertad en ese sentido.
- Mobiliario y otros recursos: el reglamento debe establecer los requerimientos mínimos para que el colaborador pueda realizar su trabajo, particularmente si el empleador no le va a ofrecer estos recursos. Sin embargo, la ley establece qué es lo que el patrono debe proveer al empleado.
- Formas de control y medición: muchas empresas ya cuentan con programas de administración de proyectos, que los colaboradores deben usar para llevar el control de los objetivos logrados. En el reglamento debe establecerse claramente cómo será esta forma de medición.
- Vestimenta y presentación personal: En algunos puestos la vestimenta y la presentación personal se mantienen como en la oficina porque el colaborador debe atender llamadas y videollamadas. “Hay algunos puestos que requieren que el colaborador utilice cierta vestimenta aun cuando realice teletrabajo, eso debe quedar claro”.
- Seguros: Borbón señala que el seguro de riesgos del trabjo del INS cubre las labores realizadas fuera del recinto laboral, pero el patrono debe informarlo. Con respecto a seguros privados, se debería revisar la letra pequeña de los contratos.

“Todo lo que sea necesario poner por escrito debe ir en el reglamento. Sin embargo, si no se comunica dicho documento, el colaborador puede alegar desconocimiento ante un juez, en caso de un proceso legal. Elaborar y comunicar, he ahí el secreto”, explica Borbón. 

La experta recomienda incluir en el reglamento todo lo que el patrono necesite, con tal de que las partes involucradas tengan claridad de lo que pueden y no pueden hacer. Así mismo, si un patrono considera que necesita asesorarse para este proceso, lo mejor es acudir a los especialistas en derecho laboral.

Sindicatos y otros sectores rechazan anuncio de nuevos impuestos

Fuente: Teletica

El Gobierno de la República anunció, este jueves, nuevos impuestos como parte de su propuesta para negociar con Fondo Monetario Internacional (FMI); de inmediato, las reacciones de sindicatos y otros sectores no se hicieron esperar.

Para la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), este acuerdo solamente logrará empobrecer más a la clase media costarricense y, además, mencionan que la medida “apenas si roza a los más ricos”.

“El grueso de la propuesta recae duramente sobre las espaldas de la clase media, que perdería aceleradamente su capacidad de consumo lo largo de los próximos años.

“Además de empobrecer a la clase media y alcahuetear a los empresarios y evasores fiscales, el acuerdo con el FMI sería un portillo para el desmantelamiento del Estado. Ya que según anunció el Gobierno, insistirá con la venta de instituciones como el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Así mismo, se habla de vender propiedades, terrenos, cerrar y fusionar instituciones”, expresó el sindicato en un comunicado.

ANDE aseguró que su prioridad será la defensa de la soberanía costarricense y la protección de los derechos de los trabajadores, por lo que desde ya anuncian “una férrea batalla contra el ‘espurio’ acuerdo con el FMI”.

Por su parte, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comparten el rechazo a la propuesta y aseguran que no es necesaria porque existen otras alternativas.

“Costa Rica no ocupa un acuerdo con el FMI, hay alternativas, pero el Gobierno, nuevamente, hace más crónica la situación social de las clases trabajadoras, la clase media. Insiste en agredir a los empleados públicos, la actividad productiva sufre cuando debería haber anunciado al menos un ABC de cómo va a controlar la gigantesca evasión fiscal, la gigantesca defraudación que es de $3.800 millones al año.

“Nosotros rechazamos el impuesto a las transacciones financiero-bancarias que el Gobierno está proponiendo porque eso no es tasa TOBIN, están manipulando el concepto real de tasa TOBIN y hay que desenmascarar eso en los próximos días”, destacó Albino Vargas, secretario de la ANEP.

El sindicato también entregó a las autoridades siete alternativas al convenio, entre ellas:

- Sacar $1.000 millones de las reservas internacionales que el país tiene en el Banco Central.

- Hacer una auditoría ciudadana de la deuda, para verificar cómo se reestructura, quiénes son nuestros acreedores, si se puede revisar el “obsceno” pago de intereses o hasta moratoria de los mismos.

- Establecer un impuesto especial a las transacciones financiero bancarias a partir de cierto monto, lo que se conoce como tasa TOBIN que en otros países ya se hace y que, según ANEP, permitiría controlar las gigantescas cantidades de dinero sucio del narcotráfico que se mueven en el sistema financiero.

- Establecer un impuesto solidario a las megariquezas, las megafortunas, los megacapitales, como lo pide el Banco Mundial y el FMI.

- Urge la transformación tributaria estructural, la base ya está definida, está en el informe legislativo que se conoce como los Papeles de Panamá. “Ahí se empieza a corregir el gigantesco robo de impuestos de $3.800 millones al año”.

- Flexibilizar las regulaciones financieras de la Banca de Desarrollo para que cientos de pequeños y medianos emprendimientos, que hoy están a punto de extinguirse, puedan tener esos recursos. Esta medida permitiría reactivación económica y generación de empleo.

Otras reacciones

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reconoció que el país está pasando por una crisis financiera y que es momento de tomar medidas severas: todos los sectores deben contribuir con el objetivo de garantizar la estabilidad económica y social, por el bien de todos los habitantes del país.

Sin embargo, rechazan que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, ya que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social.

“No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos”, expresaron.

También ven necesario que se incorpore, como parte de la solución, un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

“No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos”, concluyeron.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) también alzó la voz e indicó que estos nuevos impuestos serán un golpe negativo para el país.

“Es un impuesto cruel para los consumidores. Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.

Consideran que la propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población.

“Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo, además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores”, concluyeron.

En la Cámara de Comercio de Costa Rica muestran su desacuerdo con la iniciativa y consideran que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, aseguran que se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, indicó Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio.

Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el rechazo a más impuestos también es unánime y hacen un llamado al Gobierno a que primero ponga en orden las finanzas públicas antes de pensar cualquier otra medida.

“Las medidas impositivas van en contra de la reactivación económica y oprimen a la empresa privada en la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Costa Rica no debe ni puede permitirse más impuestos. Si bien es cierto la deuda pública nacional alcanzó el 58,5 % del PIB en el 2019 y, a finales del 2021, llegará al 80,5 % según el proyecto de presupuesto nacional, la alternativa para reducir el déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos.

“Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central esta tarde van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye”, expresaron.

UCCAEP concluye diciendo que la reactivación económica debe ser equitativa y que ya el sector empresarial realizó su aporte significativo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que, aseguran, ahora le toca al Gobierno poner de su parte.

“La reactivación económica debe ser inmediata y lo anunciado hoy por el Gobierno no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, ni a la atracción de inversiones nacionales y foráneas”, destacaron.

Empresarios exigen recortes “agresivos” en gasto y rechazan impuestos incluidos en propuesta al FMI

Fuente: AmeliaRueda.com

Las cámaras empresariales exigieron recortes “concretos y profundos” en el gasto público y rechazaron la imposición de nuevos tributos, luego de conocer la agenda de estabilidad financiera con la que el Gobierno de la República negociará un crédito por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), José Álvaro Jenkins, la propuesta del Ejecutivo y el Banco Central va en dirección contraria a la reactivación económica y la generación de empleo, en el tanto que las sobretasas temporales a las transacciones bancarias, los salarios mayores de ¢840.000 y las ganancias de las compañías desincentivan el consumo y la inversión en el país, tanto local como externa.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, manifestó por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Julio Castilla.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) indicó en una nota de prensa que “resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social”.

“No podemos atentar contra la paz social del país poniendo al sector privado productivo en riesgo, el cual es motor de generación de empleo y estabilidad en estos momentos críticos”, externó Jenkins.

En lugar de nuevos gravámenes, el sector privado pidió al Ejecutivo mayores esfuerzos hacia la reducción del gasto público.

“Consideramos que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones”, señaló Castilla.

Por su lado, Jenkins solicitó al Gobierno cumplir con los compromisos adquiridos en 2018, durante la discusión y aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. “Asumimos nuestra responsabilidad y aceptamos nuevos impuestos, pero con el compromiso de que el gasto público iba igualmente a ser controlado y reducido con acciones concretas y de alto impacto, lo cual no ha sucedido. La carga debe ser compartida y ahora corresponde al Gobierno cumplir con su palabra y hacer los recortes que corresponden”, mencionó el empresario.

La Cámara de la Construcción destacó en su comunicado la necesidad “de un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.

Entre las iniciativas de recorte al gasto, anunciadas por el Ejecutivo, destaca un programa de movilidad laboral voluntario para 7.000 trabajadores del sector público, con un impacto del 0,38% del producto interno bruto (PIB) en el segundo año de aplicación.

También se redoblarán esfuerzos en el impulso de la reforma al empleo público y su escala salarial única; la suspensión del pago de anualidades en el sector público por al menos cuatro años; y la continuidad en los procesos de venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Asimismo, el Ejecutivo renovó su compromiso de continuar con la política de recorte al gasto público vía presupuestaria, al revisarse las potestades legales de los órganos desconcentrados (y por ende sus gastos) y renegociarse contratos de alquileres del Estado y compras de equipo electrónico.

Sumado a lo anterior, la propuestas impulsadas por el Gobierno incluyen una reducción en las cargas sociales pagadas por los patronos del sector privado, que no tendrían que pagar su aporte del 5% sobre cada salario que pagan para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Gobierno anuncia plan para superar el impacto fiscal de la pandemia

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Gobierno anunció el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de $1750 millones.

Al igual que en otros países, en Costa Rica se ha producido una contracción y una caída de la actividad económica debido a la pandemia. El fuerte impacto en la producción nacional, la disminución de los ingresos del Estado y el aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria no solo frenan el mejoramiento de las finanzas públicas en que se trabajaba, sino que también agrava el desequilibrio fiscal.

Ante este panorama, la propuesta detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años.  Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo. Además no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.

Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.

Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.

También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.

“Costa Rica a través de su historia ha sido ejemplo de diversos logros, especialmente los asociados a programas de salud, educación, el ambiente sano para las inversiones y las pensiones y seguros solidarios. Sin embargo, los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable, que incluye la disminución significativa del gasto y el aumento de los ingresos, que nos permita hacer un ajuste para beneficio de la familias y que garantice la continuidad de un Estado al servicio de la población costarricense”, aseguró Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, afirmó: “La pandemia por el COVID-19 ha impactado fuertemente la economía costarricense en los últimos meses. También ha golpeado con severidad las finanzas públicas, y es preciso por ello emprender una consolidación fiscal adicional a la de diciembre del 2018. El país enfrenta un momento histórico y tenemos la responsabilidad de impulsar ese ajuste fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica y promover la reactivación y el bienestar de las familias costarricenses. Hacer ese ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI por tres años es nuestra mejor opción, pues daría acceso a recursos en mejores condiciones y proveería un sello de confianza en las políticas económicas del país”.

Medidas fiscales permanentes y temporales

El tributo a las transacciones electrónicas y cheques es parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.

Con esto se cobrará durante cuatro años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.

Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.

En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica? Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades. En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo.  A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta.  Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.

Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.

Reducción de gastos

Todas estas medidas van acompañadas de las diversas iniciativas y esfuerzos realizados por el Gobierno para reducir los gastos.

Algunas de las propuestas en este ámbito son el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades, la reducción de la deuda política en 50%, el proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos y venta de activos como FANAL y BICSA.

“El acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica, para habilitar el crecimiento potencial, la generación de empleo y el bienestar de las familias. Los sacrificios en materia de gasto serán fundamentales, tales como se plantean en la reforma del empleo público, el rediseño institucional, el recorte de gasto en estricto apego a la regla fiscal, la apertura de un programa de movilidad voluntaria, la suspensión de anualidades y de los aumentos salariales y la venta de activos”, explicó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo.

Incluir impuesto a transacciones bancarias y renta mundial en acuerdo con el FMI sería un error

Fuente: La República

Si el Gobierno de Carlos Alvarado incluye un impuesto a las transacciones bancarias y el cobro de la renta mundial en el préstamo ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $2.250 millones, estaría cometiendo un grave error, según políticos, empresarios y economistas consultados por LA REPÚBLICA.

Por un lado se corre el riesgo de que la gente prefiera hacer sus transacciones con efectivo, lo que implicaría que los bancos tendrían menos dinero para prestar, dijo Daniel Suchar, economista independiente, para referirse al posible tributo a las transacciones bancarias.

Mientras tanto, la renta mundial ahuyentaría la inversión extranjera, lo cual, es mucho más grave en momentos en que el país tiene un desempleo por encima de 24,4%, agregó María Inés Solís, diputada de la Unidad.

Recortar el gasto público a través de la eliminación de plazas y cierre, fusión y venta de activos estatales -más allá del Bicsa y Fanal – ayudarían al Estado a eliminar la duplicidad que hoy genera poca efectividad y altos costos, consideran empresarios como Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

Hoy se daría a conocer el acuerdo del Gobierno con el FMI.

De momento, lo único confirmado es que el préstamo no incluirá aumentos en el IVA, no afectará a personas con salarios menores a ¢800 mil, no implicará despidos masivos y no se afectará a las zonas francas, según el presidente Carlos Alvarado.

Ayer trascendió que el gobierno cobraría tributos a las cooperativas y nuevos tramos para la renta al salario.

Expectativa

Economistas, empresarios y diputados advierten al Gobierno de los peligros de incluir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aspectos como la renta mundial o impuestos a las transacciones bancarias.

Gerardo Corrales
Economista
Economía Hoy

Debería anunciarse un compromiso estricto de regresar a la regla fiscal sin excepciones.
Se debe establecer un salario único para mismas funciones y cerrar y fusionar instituciones en busca de eficiencia.
Lamentablemente el gobierno pensaría en un impuesto de fácil recaudación y amplia cobertura, como el impuesto a las transacciones financieras, a las propiedades, y la renta al salario para trabajadores y a pensionados por encima de ¢800 mil.

Natalia Díaz
Presidenta
Unidos Podemos

El aumento de impuestos no va a mejorar la situación de las familias y del país.
Hay que entender que aquí hay un juego peligroso y es que le van a exigir a los costarricenses más cargas, con el fin de obtener dinero y que sea el próximo gobierno el que tenga que tomar las medidas drásticas e impopulares.
En resumen, el gobierno busca la forma menos traumática de finalizar su periodo, que se enfoca en obtener dinero para el mismo Estado.

Enrique Egloff
Presidente
Cámara de Industrias

Deben sentarse las bases para un Estado eficiente, que use los recursos que recibe para el bien común y no para pagar excesos y beneficios odiosos.
Dentro de esto, o se abren los monopolios del Estado en electricidad y combustibles, o se incluyen reglas claras para que dichos monopolios sean eficientes y trabajen para dar los mejores precios posibles a los consumidores.

Álvaro Ramos
Economista
Director Académico de LEAD University

Parece casi inevitable que hayan más impuestos dada la magnitud de la crisis fiscal.
Una opción es que sean temporales algunos de ellos; en otros casos, puede ser una oportunidad para rediseñar un sistema impositivo que no es conducente a una cancha pareja para todos, por ejemplo cuando pensamos en el impuesto de renta corporativa.
Y sin duda, la renta personal se debe contemplar un rediseño hacia renta global.

Édgar Robles
Economista
Ecoanálisis

No tengo muchas esperanzas de que el gobierno se vaya a comprometer con una agenda de control de gasto público y me temo que que no se tocará el empleo público.
Aumentar los impuestos sería la mayoría de las medidas.
Se ha hablado de que van a tratar de impulsar un impuesto sobre las transacciones financieras, lo cual iría contra las tendencias mundiales que buscan la bancarización de la población; además, creo que aumentarán impuestos de renta a los asalariados y a las cooperativas.

Xiomara Rodríguez
Jefa de fracción
Restauración Nacional

Tenemos una cierta tranquilidad con lo que ya ha dicho el presidente, pero todavía estamos a la espera de conocer el documento completo.
Queremos evitar que el Gobierno se aproveche de la coyuntura para meter una carga excesiva de impuestos.
Tenemos que tener cuidado con lo que el Gobierno desea impulsar.

María Inés Solís
Diputada
PUSC

La renta mundial que se anunciaría me parece una propuesta irresponsable, se siguen presentando iniciativas meramente ideológicas que aunque se venden como una solución a los problemas del país, no es más que populismo y tienen como consecuencia final la disminución de la competitividad y por ende un empobrecimiento para los costarricenses.
Debemos de tener claro que Costa Rica es un “importador de inversiones” no un “exportador de inversiones” y en este sentido esta es una propuesta peligrosísima.

Daniel Suchar
Economista
Independiente

Esperamos que se anuncie la venta de Bicsa y Fanal y algunos ajustes en el impuesto a la renta al salario por encima de ¢800 mil.
Otro tema que se ha dicho sería un impuesto para grandes contribuyentes, la renta mundial y global.
Pienso que hay espacio para un aporte solidario a salarios por encima de ¢1,5 millones.
Si se incluye un impuesto a las transacciones bancarias, sería un grave error, porque la gente pagaría en efectivo y eso aumentaría tasas de interés.

Bancos alertan sobre impuesto que afectará a todos los clientes

Fuente: CR Hoy

La intención del Gobierno de aplicar un impuesto a las transacciones financieras, como parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional, para la estabilización económica, es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del Sistema Financiero Nacional.

Así lo alertó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) este jueves, que señaló que dicho impuesto tiene implicaciones negativas.

“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la COVID-19 y la situación fiscal del país”, indicó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.

Se trata de un impuesto que gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera y que implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional, lo cual podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.

En caso de que el impuesto sea de un 0,3%, representaría 3 mil colones por cada millón.

Acá algunos ejemplos:

  • Si un cliente saca 10.000 colones de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará 30 colones. 
  • Si va al supermercado y paga 200.000 colones, el impuesto será de 600 colones. 
  • Si una familia o empresa pide un préstamo de 60 millones de colones, se le tendrá que cobrar un impuesto de 60.000 colones. 

Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto hacia atrás tendrán que pagarlo:

  • El dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos.
  • Distribuidores que llevaron los productos a la soda.
  • Las empresas que empacaron los frijoles.
  • Los industriales del arroz.
  • Los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.

En conclusión, el casado a usted compre le saldrá más caro porque antes de que llegará a su mesa el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo. Es decir, el impuesto usted lo paga cuando hace sus pagos, pero también los productores lo pagarán y se lo cobrarán como consumidor final en los precios.

En el caso de los productores, industriales y comerciantes tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, también cuando compren insumos o materias primas, es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa del proceso productivo. 

La aplicación de este impuesto es una fuente de ingresos inmediata y continua para el Gobierno, ya que los tributos son recaudados a partir de transacciones en tiempo real, responsabilidad que recae sobre los bancos, de acuerdo con el experto.

Gómez enumeró otros aspectos negativos que traería consigo la medida:

  1. Desincentiva el ahorro y motiva a las personas a usar dinero en efectivo, es decir, favorece la desbancarización.
  2. Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto.
  3. El uso de más efectivo pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes. Esto es caldo de cultivo para el crimen y el lavado de dinero.
  4. Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore).
  5. Conduce a un crecimiento en el sector informal, lo que termina por perjudicar también a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Hacienda.
  6. Dependiendo de cómo se plantee el impuesto podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y los precios al consumidor final.
  7. El Banco Mundial ha establecido en diversos estudios que el uso de tarjetas de crédito o débito, no solo reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50%, sino que además se convierten en mecanismos que facilitan la inclusión financiera, por lo que un proyecto de esta naturaleza indudablemente va en contra de estas recomendaciones.

“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, concluyó el asesor legal.

 

Beneficiarios de la moratoria en IVA tienen hasta el 15 de octubre para solicitar arreglos de pago

Fuente: La Nación

Los contribuyentes que se acogieron a la moratoria en el pago del impuesto al valor agregado (IVA) en marzo, abril y mayo del 2020, y que estiman que no podrán cancelar lo adeudado este año, tienen tiempo hasta el 15 de octubre del 2020 para solicitar un arreglo de pago a la Dirección General de Tributación para saldar la deuda en el primer semestre del 2021.

La Ley de Alivio Fiscal ante el Covid-19, vigente desde el 20 de marzo del 2020, permitió a los contribuyentes del IVA no pagar el impuesto de los periodos de marzo, abril y mayo, aunque sí debieron presentar las declaraciones del tributo en abril, mayo y junio.

Según la misma ley hay dos posibilidades para saldar los montos adeudados: a más tardar el 31 de diciembre del 2020 o realizar un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el cargo de intereses ni multas para cancelar en el primer semestre del 2021.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, explicó que quienes opten por realizar el pago a más tardar el 31 de diciembre tienen a su vez dos opciones: pueden pagar todo el monto moroso el 31 de diciembre o lo pueden hacer a pagos.

“La moratoria no requería ningún trámite adicional, usted simplemente lo que hacía era que declaraba y no pagaba, entonces eso es importante, la gente tuvo que haber declarado”, detalló Piedra.

“Los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de este reglamento podrán efectuar pagos a cuenta del impuesto respectivo, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con su planificación financiera, por el monto que ellos mismos determinen, de forma tal que no se vean obligados a cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en un único pago acumulado”, especifica el Reglamento.

Añade que los contribuyentes podrán efectuar los pagos a cuenta sin necesidad de acudir a la Administración Tributaria. Lo que deben hacer es imprimir un recibo por medio de la aplicación del programa de ayuda EDDI-7 y presentarlo ante cualquier ente recaudador autorizado para su cancelación.

Si estima que no va a poder pagar este año y va a hacer un arreglo de pago para el próximo, entonces debe presentar la solicitud antes del 15 de octubre, comentó Piedra.

“El arreglo de pago debe ser presentado por cada contribuyente, mediante la presentación de los formularios de aplazamiento o fraccionamiento dispuestos en la página de Hacienda; en caso de ser aprobada la petición de arreglo de pago, este será concedido hasta por un máximo de seis meses”, añadió Eduardo Acevedo, asesor fiscal de ICS Abogados.

Este profesional añadió que aplazamiento es cuando se establece una fecha para pagar y fraccionamiento cuando el pago se hace en tractos.

Un requisito importante para el arreglo de pago, que citó Piedra, es que el contribuyente debe cancelar antes el 20% del monto adeudado y el 80% lo podrá pagar en un plazo de seis meses a partir de enero del 2020.

Por ejemplo, los contribuyentes deben estar al día en todos los demás deberes formales y materiales ante la Administración Tributaria, aportar declaración jurada donde manifieste que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico y financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.

Una vez cumplidos los requisitos de la solicitud, la Administración Tributaria competente resolverá y notificará al obligado tributario su aprobación o denegatoria dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación.

¿Cuánto costará al año pagar IVA en las plataformas de streaming?

Fuente: La República

Si usted es de las personas que paga por acceder a servicios de streaming en Internet y está preocupado por el aumento en su costo a partir del 1º de octubre, le ayudamos a darse una idea básica de cuánto tendrá que pagar de más.

Para ello calculamos el costo mensual de las cuentas básicas de las plataformas más populares en el línea, a saber: Netflix, Spotify, PS Plus y Amazon Prime.

Si bien es cierto el ministerio de Hacienda determinó a 109 servicios digitales transfronterizos gravados con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el sobreprecio por acceder a los cuatro más populares será de apenas $44 anuales o que es lo mismo, casi $4 mensuales de más.

Algunas entidades financieras como el Banco Nacional ya notificaron a sus clientes acerca del cobro de este impuesto, así como algunas plataformas, entre ellas Netflix, porque a pesar de que el cobro tuvo que prorrogarse –debido entrar a regir en agosto– todo hace indicar que ahora si entrará a regir.

El cobro obedece al marco regulatorio que dicta la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas aprobada en el 2018 y al igual que todos los entes emisores de tarjetas, debe aplicar el impuesto.

Costa Rica es el quinto país de Latinoamérica que cobra menos IVA, junto a Bolivia y El Salvador, con un 13% a los bienes y servicios.

El país que cobra menos Valor Agregado en el subcontinente es Panamá, con un 7%, mientras que Uruguay, en el otro extremo del ranking, grava los bienes y servicios con un 22%.

Welmer Ramos: Estoy en contra de aumentar los impuestos a las personas

Fuente: El Mundo CR

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos aseguró estar en contra de aumentar los impuestos a las personas.

Para Ramos, el país se encuentra actualmente en una recesión económica, la cual «se caracteriza por la caída en la producción, en el empleo, en los ingresos del Estado, por el aumento de la pobreza, entre otras desgracias».

Por ende, afirmó estar en contra de «aumentar los impuestos a las personas, en contra de aumentar los impuestos indirectos».

De igual forma, manifestó que «el Estado tiene que ser solidario con quienes perdieron el empleo y con las pequeñas empresas que no facturan nada, pero para eso se necesitan recursos».

Por tanto, aseguró en que se deben «cerrar portillos, para que algunos bribones se quiten de pagar lo que les corresponde».

Además enfatizó estar favor de «exigir un aporte extraordinario a los sectores económicamente fuertes, para apoyar a los hogares que hoy están en calamidad».

Esto debido a que según el legislador existen «empresas mañosas que aparentan que se ganan la plata en el extranjero, cuando en realidad se la ganan aquí».

Asimismo, apuntó  que esto se daría con la aprobación del proyecto 22.166 conocido como Ley de Renta Mundial, con el cual se recaudarían ₡700 mil millones de colones en impuestos.

«Ya basta de abusar de los más afectados y permitir que los que están sacando rédito de esta pandemia no aporten como corresponde», concluyó.

Alzas en impuestos nunca han logrado garantizar equilibrio fiscal del país

Fuente: CR Hoy

Entre 1994 y 1995 y como uno de los componentes que conformaron el entonces controvertido “pacto Figueres-Calderón”, Costa Rica enfrentó una de las principales reformas tributarias de la historia reciente (a excepción de la de 2018).

Uno de los acuerdos fue aumentar el impuesto de ventas de un 10% a un 15%, aunque cerca de año y medio después cerró finalmente en un 13%. Ese cambio le generó al país un aumento del 65% en la recaudación de ese impuesto para 1996, al pasar de los ₡79 mil millones a los ₡131 mil millones. También en ese periodo se le impuso un nuevo impuesto al capital.

Por algunos años el país vivió de esa bonanza tributaria con incrementos en la recaudación que cada año superaban el 18%. Pero nunca, en esos primeros años, Costa Rica logró alcanzar superávit fiscal.

La historia se repitió hacia finales de la administración Rodríguez Echeverría, cuando fue necesario pensar en una nueva reforma fiscal que finalmente nunca se logró. En cambio, sí se aprobó la creación de impuesto único de los combustibles que para 2002 ya lograba recaudar ₡115 mil millones, según cifras del Ministerio de Hacienda.

El nuevo impuesto dio -nuevamente- un respiro al país, pero no logró lo importante: estabilizar la situación fiscal.

Un análisis elaborado por CRHoy a partir de los datos de recaudación del Ministerio de Hacienda a partir de 1994, el déficit fiscal histórico y los estudios “Reformas Fiscales Recientes, caso de Costa Rica” y “Las Reformas Fiscales de Costa Rica 1990-2014”, demuestran que ninguno de los ajustes en materia tributaria realizados desde la administración Figueres en adelante logró traer un equilibrio fiscal duradero en el país.

Por el contrario, las cifras del déficit se han mantenido constantes y a excepción del periodo 2007-2008 en el que sí hubo superávit, en todo el periodo estudiado las finanzas del país han terminado en números rojos.

A partir de la segunda década del milenio, las cifras de aumento anual en la recaudación se volvieron más modestas que al inicio, con incrementos del 11% hacia abajo, lo que llevó en el periodo a algunos ajustes tributarios menores y a la aprobación en 2018 de la Ley de Fortalecimiento Fiscal.

¿Qué hace que ninguna de las reformas o aumentos en los impuestos hayan surtido efecto? El común denominador es la ausencia de un verdadero ajuste estructural del Estado.

Lejos de reducir el aparato estatal y el gasto público, los gobiernos más bien aprovecharon la nueva holgura para crecer, no solo en cantidad de instituciones, sino también en planillas y gasto.

Durante la mayor parte del periodo analizado, la partida de sueldos y salarios, que incluye pluses y anualidades, mostró crecimientos positivos de al menos dos dígitos (es decir, de más de un 10%) yendo incluso más allá de las cifras de inflación anuales.

El rubro del gasto corriente, que incorpora como unos de sus componentes los salarios, mostró un crecimiento muy similar.

No es sino hasta los años más recientes cuando los crecimientos de un año en relación al anterior se volvieron más bajos dada la poca holgura fiscal de la actualidad. Aún así se han seguido manteniendo por encima de la inflación, la cual desde 2014 no supera el 3%.

“Estamos nuevamente al borde del precipicio y esto requiere sacrificio de todos, pero estos sacrificios deben diseñarse inteligentemente para no estar en la misma situación dentro de tres o cuatro años. Se puede demostrar que cuando ha habido un incremento en los ingresos lo han despilfarrado, por ejemplo en el caso de Figures que hubo una reforma fiscal y el IVA pasó temporalmente al 15%, se pagó un impuesto al capital y nuevamente caímos en lo mismo, se pagó un nuevo impuesto al combustible y al cabo de dos años estábamos con al misma situación fiscal… si vamos solo a aumentar impuestos vamos a terminar en lo mismo en pocos años”, cuestionó el economista Eli Feinzaig.

La discusión de nuevos impuestos es algo que muchos ven como un hecho de cara a la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro de Hacienda Elian Villegas confesó que esa discusión tratará de impuestos “progresivos”, pero el reclamo de distintos sectores es que la receta no sea únicamente tributaria, pues se caería en el mismo problema.

Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, habló de un acuerdo que debe incluir varios componentes que no podrán funcionar si no están todos en su conjunto: impuestos, recorte en gastos y eventual venta de activos, así como lucha contra la evasión y elusión.

“El FMI es como una agencia de contadores públicos que prestan plata… lo que va a suceder, creo, es que nos van a pegar un garrotazo y en tres, cuatro o siete años, vamos a estar en la misma situación, porque cada vez que aumentamos gastos sin reestructurar, se dispara el gasto público, y entonces de nada sirvieron los impuestos”, puntualizó Feinzaig.

 

Gobierno planteará nuevos impuestos progresivos en propuesta al FMI

Fuente: La Nación

El Gobierno planteará nuevos impuestos progresivos en la propuesta de ajuste económico que empezará a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en tres o cuatro semanas y que dará a conocer el 17 de setiembre.

Así lo confirmó esta tarde el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien será uno de los negociadores del país para obtener un plan de financiamiento de tres años con el organismo, a cambio de que el país se comprometa a realizar ajuste económico que ayude a salir de la crisis fiscal.

“Sí, de hecho eso ya lo hemos anunciado tanto el señor presidente de la República (Carlos Alvarado) como el suscrito. Lo hemos señalado en distintas oportunidades que hay que considerar eso como una alternativa”.

“Progresivos (los impuestos), la idea es que afecten más a quien tenga más capital, a quien tenga una posición mejor, y menos a quien esté en una posición de desventaja”, dijo esta tarde Villegas en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el jerarca declinó ampliar detalles. “Bueno, es que ya para decirle cómo sería tendría que decirle cuál es y cómo funcionaría”, añadió, al tiempo que recordó que la Presidencia hará público su plan el próximo 17 de setiembre.

Añadió que otros temas que “perfectamente” podrían incluirse en esa propuesta son la eliminación de exoneraciones tributarias de que hoy gozan algunos sectores; así como la venta de activos del Estado como el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

La venta de Bicsa y Fanal la había planteado desde el mes de febrero, en el Congreso, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, como una de las medidas acordadas por el Gobierno para aumentar los ingresos y reducir el déficit fiscal.

“Hay temas que probablemente van a tener que ver con el recorte al gasto. Es uno de los temas importantes”, añadió Villegas sobre el reto de temas de la agenda que sería discutida con el FMI a partir de la semana que empieza el 28 de setiembre o en la del 5 de octubre.

Sobre la posible implementación de un impuesto de renta mundial, dijo: “Es parte de todos los temas que están sobre la mesa, podríamos decir que sobre la mesa puede ser mantener la renta como está, renta global, renta mundial. Son temas que hay que valorar o que se han valorado”.

La renta mundial consiste en cobrar impuesto sobre la renta no solo a las ganancias que obtengan las personas (físicas y jurídicas) dentro del país, sino también a las que generen en el extranjero. Esto obligaría a los residentes fiscales en Costa Rica a declarar las ganancias que obtengan mediante actividades comerciales en otros países.

“Creo que tiene que ver mucho con el tema de justicia tributaria y tiene que ver con la reducción del gasto tributario. Las exoneraciones consumen una parte muy importante de nuestros impuestos y hay que darle una revisada. En eso estamos y claro que será parte importante del esfuerzo que se haga en el futuro”, finalizó.

Cacia teme que nuevos impuestos afecten consumo alimentario

Fuente: CR Hoy

Lejos de ver señales que promuevan la reactivación económica del país y una mejora en el consumo de los ciudadanos, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) más bien teme que se implementen nuevos impuestos que afecten aún más al sector.

De acuerdo con Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la organización, existen señales en la Asamblea Legislativa para imponer tributos a la industria, lo cual desincentivará todavía más el consumo de los costarricenses.

“Vemos proyectos de ley que propician nuevos impuestos específicos hacia los productos, que sólo vendrán a encarecerlos y a disminuir el poder adquisitivo de la población. Vemos proyectos de ley cargados de nuevas regulaciones, trámites y requisitos para sectores productivos como los nuestros, que son de los pocos que están sosteniendo la máquina del empleo que aún le queda el país. En lugar de eso, deberíamos estar hablando de aquellos proyectos que impulsen la reactivación económica, por ejemplo: ¿cómo facilitamos el clima de negocios, cómo facilitamos las formas de crear empresas o nuevos emprendimientos, cómo reducimos los costos de transacción, cómo hacemos más eficiente el aparato estatal, y cómo hacemos una reingeniería o una reconstrucción eficiente del Estado costarricense?”, dijo Montero.

El representante empresarial se mostró preocupado por el elevado nivel de desempleo en el país, que según Estadística y Censos alcanza ya a 557 mil personas.

“Esa  tasa de desocupación explica la preocupante caída en el consumo, así como una baja sensible en inversión de nuevos emprendimientos, situaciones que posiblemente empeorarán para el resto del año, si la tendencia sigue”, manifestaron en la Cámara.

 

Hacienda anuncia mega canje de títulos de deuda interna

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda anunció que del 15 al 17 de setiembre realizará el primer mega canje del año de títulos de deuda interna en colones y dólares, con el fin de alargar el perfil de vencimiento de la deuda del Gobierno.

Los canjes de deuda son instrumentos financieros recomendados como parte de las mejores prácticas internacionales para una gestión eficiente de la deuda, y se realizan por medio de las bolsas de valores a precios de referencia conforme las condiciones del mercado.

Al referirse a esta gestión, el Jerarca de Hacienda, Elian Villegas, destacó que debido a que en los últimos meses han tenido una muy buena respuesta del mercado en las subastas de valores y en los eventos de canje, lo que demuestra la confianza del mercado financiero en las acciones del Ministerio de Hacienda; esperan una alta participación en este mega canje, lo cual permitirá mejorar el perfil de vencimientos de los próximos tres años.

Los días 15 y 16 de setiembre se realizará el canje de títulos de deuda interna en colones con vencimiento en 2020, 2021 y 2022. Dentro de los valores a intercambiar se encuentran Títulos de Propiedad Cero Cupón en Colones, Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones, Título de Propiedad Tasa Real Ajustable Soberano en Colones, el Título de Propiedad Tasa Básica y el Título de Propiedad Tasa Fija en Unidades de Desarrollo.

El Ministerio de Hacienda intercambiará los títulos de deuda mencionados por series con vencimiento a 2024, 2026, 2028, 2029, 2031, 2036, 2040 y 2051.

En el caso de los títulos en dólares, el canje se realizará miércoles 16 y jueves 17 de setiembre, en esta ocasión se pondrán a disposición en el mercado financiero Títulos de Propiedad Tasa Fija en Dólares.  Los valores de estas emisiones serán intercambiados por los títulos con vencimiento en 2025, 2027, 2030 y 2036.

En este megacanje, la Tesorería Nacional utilizará un mecanismo que consta de dos procesos: compra (venta para los participantes) y posteriormente la gestión de venta (compra para los participantes). Ambos canjes fueron convocados por medio SIOPEL de la Bolsa Nacional de Valores.
Para los títulos en colones la liquidación de efectivo a favor del Ministerio de Hacienda se realizará en forma neta el jueves 17 de setiembre, con base en los resultados del proceso de compra y venta, mientras que la liquidación de los títulos en dólares se realizará el viernes 18 de setiembre.

La comunicación sobre los precios de las series que participan en el proceso de venta, tanto en colones como en dólares, se realizará este jueves 10 de setiembre.

Impuestos progresivos serán punta de lanza en negociación con el FMI

Fuente: La República

De tocarse el apartado de impuestos por la negociación con el FMI, estos serán de tipo progresivo, aceptó Elián Villegas, ministro de Hacienda en un foro virtual con la Cámara de Fondos de Inversión.

Con esto se quiere decir que existe la posibilidad de que se agreguen impuestos en el que quienes tengan mayor nivel de renta, paguen mayor porcentaje.

“Me parece que definitivamente el gobierno tendrá que poner en la mesa de discusión, y la línea de acción debe ser pensar en impuestos directos; progresivos y ojalá de carácter transitorio”, dijo Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Quizás el antecedente más cercano de impuestos progresivos fue la opción planteada por Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, de tener un impuesto solidario temporal a salarios por encima de los ₡1,2 millones, que, no obstante, no avanzó.

Exoneraciones tributarias serán otro punto que será analizado, aceptó Villegas coincidiendo con el mencionado Chaves, quien manifestó en días anteriores que deberían revisarse.

No obstante, no se otorgaron mayores detalles argumentando que estos se darán hasta el 17 de septiembre.

“Pretendemos ofrecerle al costarricense un programa que tenga mucho equilibrio, que nos permita mejorar tanto en la disminución de gasto como mejorar ingresos en el corto plazo”, dijo el Ministro de Hacienda.

Lo que sí adelantó es que ya tiene conocimiento de que la nota de calificación de riesgo de parte Fitch no cambiará, pero el resto de calificadoras quizás esperan los resultados de las negociaciones entre Costa Rica y el FMI.

Usuarios de telefonía celular e Internet financiarán a la Cruz Roja

Fuente: La República

Los usuarios de los servicios de telefonía celular e Internet comenzarán a financiar a la Cruz Roja mediante un nuevo impuesto en sus facturas mensuales a partir del próximo mes.

Se trata del 1% sobre el monto total, un canon que sólo afectaba a los clientes de telefonía fija, sin embargo, que debido a su caída en los últimos años producto de la masificación de las líneas móviles y llamadas por Internet, ya no alcanzan para sostener a la institución.

Esta iniciativa viene a incrementar la contribución sobre telecomunicaciones en unos ¢3.500 millones anuales que serán utilizados en la atención prehospitalaria y la atención de emergencias, contratación de personal para ambulancias y unos 317 nuevos socorristas en todas las regiones del país donde se cuenta con una sede de la Cruz Roja.

La firma se llevó a cabo el lunes en Casa Presidencial, con la asistencia del mandatario Carlos Alvarado, de la diputada, Karinne Niño, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexánder Solís y el presidente de la Cruz Roja Costarricense, Glauco Ulises Quesada.

Al respecto, Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de InfoCom señaló entender el rol de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, pese a que sobre la industria y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ya recaen múltiples obligaciones de carácter fiscal, nos mostramos anuentes a colaborar; en momentos en los que la Cruz Roja y el país lo necesitan.

“No obstante, esperamos que, en un corto o mediano plazo, no haya más impuestos o tasas adicionales que recaigan sobre los servicios de telecomunicaciones y en los usuarios finales, pues la conectividad es fundamental en el contexto que vive el país, y lo será aún más en la etapa post pandemia en la reactivación económica”, agregó Castro.

Durante el año pasado la Cruz Roja Costarricense atendió 496.780 llamados emergencia y realizó 7.921 traslados de pacientes en condición delicada a clínicas y centros hospitalarios.

¿Qué es?

Los servicios de telefonía celular y de Internet pagarán un impuesto adicional para financiar las operaciones de la Cruz Roja Costarricense

Monto 1% de la mensualidad
Servicios gravados Telefonía móvil (prepago y postpago), Internet
Recaudación anual estimada ¢3.500 millones
Beneficiaria Cruz Roja Costarricense
Inversión Atención prehospitalaria, contratación de personal para ambulancias y nuevos socorristas

Ministro de Hacienda: Presupuesto debe verse como un instrumento más para la consolidación fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministro de Hacienda, Elian Villegas compareció esta tarde ante la Comisión de Asuntos Hacendaros para referirse al proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2021 y al presupuesto de su Cartera para este mismo año.

Durante su participación, el Jerarca se refirió ampliamente a la situación actual de las finanzas públicas y a las razones por las cuales es preciso tomar una serie de medidas a corto plazo, que permitan retomar el camino hacia la estabilización de las finanzas públicas.

Para Villegas, logros importantes encaminados a fortalecer las finanzas públicas , como la Ley 9635 y medidas administrativas para ordenar el gasto público, son insuficientes para alcanzar la estabilización de las finanzas públicas, por lo que estos esfuerzos deben acompañarse de nuevas acciones y leyes, como la reforma al empleo público presentada ante la Asamblea Legislativa; la posibilidad de contar con créditos externos de apoyo presupuestario; la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una eventual colocación de eurobonos.

Al referirse al proyecto de presupuesto nacional para el próximo año, el Ministro destacó que este debe verse como un instrumento de política clave para controlar el gasto público y limitar el crecimiento del gasto corriente, así como un instrumento más para la consolidación fiscal que contribuya a la sostenibilidad económica, a mantener el bienestar social, reducir el impacto tanto por el COVID-19 como sobre nuestro tejido productivo.

Es por ello que el proyecto de presupuesto para el 2021 incluye una disminución histórica de ¢368,6 miles de millones (-5,3%) en el gasto primario, es decir sin incluir intereses y amortización, al pasar de ¢6 959,1 miles de millones en el presupuesto actual 2020, a ¢6 590,5 miles de millones para 2021. Esto cumpliendo con el compromiso de proteger la situación fiscal del país con responsabilidad y de brindar a la población los bienes y servicios públicos indispensables.

Una disminución importante del gasto para el 2021 se refleja en la aplicación estricta de la regla fiscal, que establece un límite al crecimiento de los gastos corrientes (salarios, alquileres, viajes, servicios, materiales de oficina; entre otros), pero permite el crecimiento del gasto de capital; todo ello con el objetivo de disminuir el déficit fiscal a lo largo del tiempo. Según esta regla, para el 2021 este gasto podría crecer hasta 4,13%, no obstante, el límite de crecimiento se fijó en 0,77 %, si se compara el gasto corriente en el proyecto versus el gasto corriente del presupuesto inicial 2020.

Para el 2021 se contempla una reducción neta de 251 plazas en ministerios y órganos desconcentrados, no se consideran incrementos salariales, ni acumulación en el pago de anualidades y hay una mejora en los déficit presupuestarios de 1,7 puntos porcentuales del PIB.

Por primera vez, este proyecto incluye 50 órganos desconcentrados de la Administración Central, en cumplimiento a la Ley 9524 (“Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”). Esto disminuirá la fragmentación del Estado, mejorará los controles del gasto público, así como la coordinación, planificación y ejecución en las instituciones en este y los siguientes años.

No obstante, los esfuerzos por reducir gasto, la atención de la deuda pública que el país acumuló por años, sigue presionado el Presupuesto Nacional, que para el próximo año asciende a ¢11,4 billones (31,9% del PIB). Amortizaciones e intereses representan 42% del Presupuesto Ordinario 2021, un incremento del 22% respecto al Presupuesto 2020.

“Es preciso balancear el “costo” de la deuda interna versus el de deuda externa. El principal reto es racionalizar el costo de la deuda interna, sustituir los altos intereses que genera, con financiamiento externo a tasas más favorables. Al revisar el comportamiento de esos intereses en la deuda pública actual, mientras los internos muestran un incremento del 0,3% del PIB, los externos aumentan 0,1% del PIB a pesar de incremento del saldo de esa deuda”, explicó el Ministro Villegas.

El Jerarca destacó entre las acciones que mantendrá Hacienda para mejorar el comportamiento de las finanzas públicas se encuentran el presupuesto por resultados, seguir implementando la Ley 9635, maximizar acciones de combate a la evasión, mejorar la eficiencia del sistema de compras públicas, nuevas propuestas a leyes necesarias para fortalecer el proceso de consolidación de las finanzas públicas, mantener una gestión responsable para estabilizar deuda pública, atender las necesidades de financiamiento y firmar el acuerdo con FMI.

Presupuesto de Hacienda para el 2021

El presupuesto del Ministerio de Hacienda para el 2021 presenta una caída del 6,12% (¢7.136 millones) con respecto a la Ley de presupuesto 2020.

Para lograrlo se ajustaron las estructuras programáticas institucionales, mediante una revisión exhaustiva de programas, subprogramas, actividades, productos e indicadores; una mejor identificación de los bienes y servicios; la identificación detallada de los procesos productivos y una intensificación en términos de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas.

Con respecto al 2020, Hacienda tendrá una reducción de 8,4% de la planilla, eliminará 161 plazas vacantes, las remuneraciones tendrán una caída del 7,59% (¢5.550 millones), también bajará un 30% de comisiones que se pagan a algunas entidades recaudadoras por servicios financieros; la partida de servicios se reducirá en 14,74% (¢5.288 millones) y el gasto operativo bajará en 2,26% (632 millones).

Hacienda logra exitosa colocación de títulos por monto cercano a los ¢152 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda colocó este lunes 7 de setiembre, en el mercado primario, ¢151.996 millones por medio de una subasta de títulos valores de deuda interna.  En el evento los inversionistas ofrecieron un monto total de ¢183.117 millones.

Con esta asignación Hacienda alcanzó el 42,5% del monto máximo de colocación por ¢1,8 billones, anunciado el pasado 25 de agosto, durante la presentación del plan para el segundo semestre del año.

“Los resultados de esta exitosa subasta demuestran la confianza que el sector financiero tiene en el manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno.  Prueba de ello es que el monto asignado en esta ocasión constituye la cifra más alta asignada en una subasta del presente semestre”, externó Elian Villegas, ministro de esta Cartera.

Por medio de la gestión realizada hoy, se colocaron títulos de propiedad deuda interna cero cupón en colones y títulos de propiedad deuda interna tasa fija en colones, con vencimiento en 2021, 2026, 2028 y 2031. El rendimiento máximo asignado para el cero cupón es del 3.00%, para la serie con vencimiento en el 2026 del 8,17%, del 8,89% para la serie que vence en el 2028 y del 9.25% para la del 2031.
 
La colocación de títulos según su año de vencimiento fue la siguiente: 

De acuerdo con la Tesorería Nacional, a la fecha Hacienda ha logrado colocar títulos en colones en el mercado primario, por un monto de ¢765 mil millones, esto ha permitido satisfacer las necesidades del financiamiento, sin presionar al alza las tasas de interés

Tributación incrementa acciones de control para quienes presentan declaraciones con inconsistencias

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el objetivo de que contribuyentes que han reportado inconsistencias en sus declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA) y general sobre las ventas (periodos anteriores) regularicen su situación, la Dirección General de Tributación ejecuta planes de control y actuaciones a personas físicas y jurídicas de todo el país.

Desde el mes de julio, la DGT realiza un plan dirigido a quienes vienen incluyendo en sus declaraciones, sin ningún respaldo o de forma errónea, montos importantes en ventas exentas, por actividades económicas registradas con un gravamen del 100% de impuesto en los sistemas de la Administración Tributaria, lo que genera un pago menor.

Dentro de las actuaciones que se realizan está el envío de mensajes al buzón electrónico de ATV (Administración Tributaria Virtual), mediante los cuales se reportan las inconsistencias encontradas y se insta a su corrección.  De forma simultánea, se están iniciando actuaciones de control personalizas (liquidaciones previas o definitivas) a contribuyentes que no han respondido al llamado de la DGT.

“Estamos asignando actuaciones de control personalizadas para aquellos casos en los que, a pesar de nuestra comunicación, los responsables no han corregido estos errores de manera voluntaria. De confirmase las diferencias de impuesto, estas personas tendrán que pagar esas diferencias con los intereses correspondientes, además de enfrentar una sanción que va desde un 50% hasta un 150% del monto de impuesto dejado de declarar”, informó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Durante el año 2019, actuaciones de control personalizadas llevadas a cabo por Tributación ante comportamientos similares, permitieron gestionar una recuperación cercana a los ¢ 1.329 millones, (impuesto ¢ 881 millones, sanción ¢ 330 millones e intereses ¢ 118 millones).

Int’l Reino Unido valora subir impuestos para financiar gastos gubernamentales

Fuente: El Financiero

Una subida de impuestos para financiar los miles de millones de libras de ayuda gubernamental gastados en combatir el impacto del coronavirus amenaza al Reino Unido, pero los economistas señalan que no debe hacerse demasiado pronto dada la fragilidad de la economía.

La prensa británica afirmó recientemente, citando fuentes anónimas, que el ministro de Finanzas está considerando subidas que podrían alcanzar 20.000 a 30.000 millones de libras ($22.500-$33.600 millones), entre impuestos sobre el combustible, introducción de un gravamen a las ventas en línea, armonización de los impuestos a las ganancias de capital y el aumento del impuesto de sociedades.

El miércoles, el propio ministro Rishi Sunak advirtió ante los diputados británicos que el gobierno tendrá que “hacer cosas difíciles”, pero trató de tranquilizarlos prometiendo que no vivirán “una película de terror con interminables subidas de impuestos”.

A finales de julio, la deuda pública británica superó el umbral de los 2 billones de libras, un récord histórico que simboliza el impacto brutal de la pandemia, y la ayuda inyectada en particular para preservar los empleos.

Esta contracción sin precedentes redujo considerablemente los ingresos fiscales, a lo que se suman las reducciones de impuestos temporales hechas a sectores debilitados como la hostelería y la restauración.

Además de aumentar los tres impuestos principales (sobre la renta, las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre el valor añadido), también se pueden considerar los impuestos específicos relacionados con la contaminación, afirman.

“O se pueden centrar, por ejemplo, en los ingresos más altos y en la fortuna”, aunque “la mejor opción sería no aumentar los impuestos sino reformarlos”, como el impuesto de sociedades, señala el IFS.

Impuesto a bancos por cobros judiciales pierde fuerza en el Congreso

Fuente: CR Hoy

La intención de crear un impuesto a los bancos por presentar demandas de cobro judicial se debilita en la Asamblea Legislativa.

La fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) -la más numerosa del Congreso- anunció que no apoyará la iniciativa cuando entre a discusión y votación en el Plenario Legislativo.

No vamos a apoyar esa iniciativa, menos ahora que el país está en una situación tan grave y lo que menos ocupa son más impuestos“, declaró el jefe de la bancada verdiblanca, Luis Fernando Chacón.

El legislador sostuvo que el PLN respaldará la posición de sus compañeros de bancada Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, quienes votaron en contra de la iniciativa cuando fue avalada por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

No es de recibo mayores cargas y menos para ese tipo de trámites”, agregó.

El proyecto de ley -propuesto por el congresista Rodolfo Peña, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)- fue dictaminado afirmativamente por 8 de los 11 diputados de Hacendarios el pasado 25 de agosto.

En ese momento fue apoyado por diputados del PUSC, Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Restauración Nacional (PRN), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el bloque independiente Nueva República.

Sin embargo, las dudas crecieron después de que la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que el texto atenta contra varios artículos de la Constitución Política.

“Es criterio de la Procuraduría General de la República que el proyecto de ley propuesto atenta contra lo dispuesto en el artículo 41, 33 y 185 de la Constitución Política”, concluyó la entidad al resolver una consulta que le formuló la congresista Laura Guido, del PAC.

“No tiene ni pies ni cabeza”

El diputado independiente Erick Rodríguez sostuvo que la iniciativa “no tiene ni pies ni cabeza”, y que tampoco tendrá su respaldo.

“Es un proyecto que atenta contra el acceso a la justicia. No se puede culpar a alguien por acudir a la justicia para hacer un cobro judicial”, manifestó.

Rodríguez criticó las intenciones de estar fijando impuestos para resolver todos los problemas del país.

“Me parece que es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y, obviamente que con mi apoyo no va  a contar“, agregó.

En una línea similar, se pronunció la también independiente Zoila Volio.

“Por principio, yo no estoy de acuerdo con aprobar ningún impuesto más (…) Esto atentaría contra el principio de Caja Única del Estado porque estaríamos creando nuevamente los destinos específicos. Así que, por ningún lado, yo voy a apoyar este proyecto”, respondió.

Volio expresó que “en este país se cree que la solución, la pomada canaria a todo, son los impuestos, y yo no estoy de acuerdo con esta posición”, afirmó.

La legisladora más bien hizo un llamado a los tribunales de justicia para que sean más eficientes y mejoren su gestión cobratoria.

Reservas

En el oficialismo, también han existido dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, que pretende crear una tasa entre el 2% y el 7% aplicada al valor de la estimación de la demanda o proceso judicial.

Esas reservas fueron las que motivó a la diputada Guido, del oficialista PAC, a solicitar la opinión de la Procuraduría General de la República.

“Yo manifesté preocupaciones con aspectos de constitucionalidad“, dijo la legisladora en el momento en que se acogió un texto sustitutivo al proyecto de ley.

No obstante, señaló que la iniciativa pretende resolver el serio problema de saturación del Poder Judicial y dar respuesta oportuna a todos los casos.

“Pero hay que buscar rutas que solventen las preocupaciones de constitucionalidad que han sido manifestadas”, reiteró.

En ese sentido, recordó que existe la posibilidad de hacer enmiendas en el Plenario Legislativo y hasta enviar el texto a consulta de la Sala Constitucional, si se logra aprobar en primer debate.

La bancada legislativa del PRN analizará el tema este lunes, según comunicó el congresista Carlos Avendaño, a través de su periodista Jacqueline Solano.

Lo mismo hará el bloque independiente Nueva República, según el legislador Jonathan Prendas.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) advirtió el 15 de julio anterior que los rangos en los cuales se pretende fijar el tributo son excesivos.

Sostuvo que, si se aprueba el proyecto de ley, los costos tendrían que ser asumidos por los bancos y se reflejarían en las tasas de interés que deben pagar todos los deudores.

Defiende propuesta

A pesar de los criterios en contra y las dudas expresadas, el diputado Peña defendió su propuesta.

“El informe de la Procuraduría no es muy específico en cuáles son los roces del proyecto y, por lo tanto, es escueto“, dijo.

El socialcristiano pidió a los diputados hacer las reformas necesarias al texto, aprobarlo en primer debate y enviarlo a consulta a la Sala Constitucional.

“Si la Sala decide que es inconstitucional, y no se puede subsanar, seré el primero en votarlo en contra“, añadió.

El impuesto que propone Peña se aplicaría a los procesos monitorios dinerarios, ejecuciones hipotecarias, prendarias, de garantías mobiliarias, reposesión de garantías mobiliarias, embargos preventivos y procesos sumarios de cobro judicial.

El pago de la tasa sería responsabilidad exclusiva del acreedor y no podría ser trasladado, cobrado o reclamado al deudor.

El tributo se pagaría con la presentación de la demanda o gestión inicial en el Poder Judicial.

Netflix confirma a usuarios ticos cobro del IVA a partir del 1º. octubre

Fuente: La Nación

Netflix, principal empresa distribuidora de contenido de entretenimiento por Internet, anunció este jueves a sus usuarios en Costa Rica una facturación adicional a partir del 1.º octubre para honrar el pago del impuesto al valor agregado (IVA).

El pasado 15 de julio, el Ministerio de Hacienda acordó congelar dos meses la aplicación del IVA a ese servicio transfronterizo y similares, con lo cual el nuevo tributo por el uso de plataformas como Netflix, Hulu o Spotify quedó para el 1.° de octubre.

“Está programado que se aplique un impuesto al valor agregado (IVA) del 13% a su suscripción de Netflix el 1.° de octubre de 2020. Cuando este cambio entre en vigencia, verá el aumento en su próximo periodo de facturación como un cargo separado en su crédito o tarjeta de débito”.

De esta forma, suscriptores con un contrato de Netflix por $15,99 verán mensualmente un cargo adicional equivalente a $2 por IVA. Aquellos con un plan de $13,99 o $8,99 pagarán por el tributo un adicional de $1,8 y $1,1 respectivamente.

El cronograma inicial era que el tributo del 13% comenzara cobrarse en agosto, pero la entidad pública decidió atrasar la implementación debido a una solicitud efectuada por 14 bancos, públicos y privados, con operación en Costa Rica, confirmó Elian Villegas, jerarca de Hacienda.

“Los bancos nos solicitaron tiempo para efectuar un ajuste de sistemas. Nos pidieron un plazo mayor, pero finalmente llegamos al acuerdo de que fuera la entrada del tributo al 1.° de octubre”, explicó Villegas.

El 2 de diciembre del año pasado, la Dirección General de Tributación puso en consulta pública una resolución en la cual se detalló una lista de casi 200 servicios transfronterizos que pagarían el IVA, entre los cuales también se incluyeron Deezer, Tidal Music, iTunes y Nintendo, entre decenas y decenas de otros.

Empresas deberán cumplir estas condiciones para deducir pérdidas por COVID


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

La nueva normalidad empresarial ha dejado a miles de empresas con pérdidas en sus operaciones, la buena noticia es que gracias a la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 (Reforma Fiscal) los empresarios y profesionales podrán reportar a la Administración su situación de este año.

Anteriormente la ley limitaba esta acción a empresas industriales y agrícolas, sin embargo, a partir del 1º de julio del año anterior cualquier tipo de empresa inscrita debidamente podrá realizarla.

“En tiempos como este, en el que la pandemia y las restricciones han golpeado tan fuerte a muchas actividades económicas como turismo, entretenimiento, construcción, comercio, servicios y otras, este cambio en la ley viene a significar un respiro para los empresarios”, comentó Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Eso sí, la norma fiscal es clara en las condiciones para realizar la deducción de las pérdidas, ya que no será para todos los casos. Según la ley, las condiciones son las siguientes:

1. Registro contable y compensación: la empresa deberá registrar, en una cuenta dedicada a este apartado, las pérdidas a reportar como pérdidas diferidas. Así mismo, en la declaración de Renta (D-101), en la casilla 44 llamada “Otros costos, gastos, deducciones permitidos por la ley”, es donde se deberá registrar el monto. 
2. Plazo: según la actividad empresarial así será el plazo, por ejemplo, el sector industrial y comercial tendrá un lapso de tres años para acreditar la pérdida, mientras que el sector agrícola tendrá un lapso de hasta cinco años.
3. Monto: El reglamento de la LISR, en su inciso i) del artículo 12 estipula que la pérdida a compensar no podrá exceder el 100% de la pérdida a la que se tenga derecho.

“Recordemos, además, que este año el periodo fiscal termina el 31 de diciembre, por lo que la declaración de renta se podrá presentar hasta el 31 de marzo de 2021. Además la declaración deberá incluir los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019”, anotó Volio.

El experto recomienda que los encargados de la contabilidad en las empresas revisen muy bien el tema de pérdidas para cumplir los requisitos estipulados por la Administración, particularmente si la actividad a la que pertenece la empresa se vio afectada por el COVID-19 y los cierres decretados por el Gobierno.

Impuesto a renta mundial recaudaría 700 mil millones de colones, señala Welmer Ramos

Fuente: El Mundo CR.

El diputado Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana afirmó que el impuesto de renta mundial recaudaría un aproximado de 700 mil millones de colones.

Mediante una entrevista a Costa Rica Noticias, Ramos aseveró que es falso que esta iniciativa «desincentive la inversión en el país».

Asimismo, el legislador aseguró que «los inversionistas vienen al país no por su baja carga tributaria, sino, por la disponibilidad de trabajadores con un alto nivel de educación, por la infraestructura adecuada y por la posibilidad de contar con electricidad de buena calidad, entre otros factores».

Ramos fue enfático en que «la renta mundial busca evitar la simulación de ganancias fuera del país para trasladar las que sí se generan en Costa Rica, a otros países con menor tributación para no pagar los impuestos acá».

No obstante, es importante destacar que dicha propuesta ha desatado polémica y ha recibido fuertes críticas.

Ante esto, el diputado manifestó que «desde luego que las grandes trasformaciones que implican cambios estructurales va a tener toda la negativa y la oposición de los sectores que ven esto como una amenaza desde la perspectiva de que se elimina ese mecanismo para eludir el pago de impuestos».

País arrastrará impacto en recaudación de algunos impuestos hasta 2025

Fuente: CR Hoy

En un escenario en donde las condiciones económicas no empeoran y se cumplen los vaticinios del gobierno en materia financiera, Costa Rica no recuperará el nivel de ingresos tributarios que tenía antes de la pandemia, al menos hasta en 2002 y 2023.

Pero aún así, habrá algunos casos en donde ese impacto en la recaudación lo arrastrará por más años, al menos hasta 2025.

Este es el caso específico de los impuestos al consumo y el relacionado con las importaciones, según reseña el documento “Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo” elaborado por el Ministerio de Hacienda y que acompañó el martes la presentación del presupuesto ordinario de la República para 2021.

Los ingresos por impuesto al consumo representaron en 2019 ₡197 mil millones, para este año terminarán retrocediendo un 17% y para 2021 se espera que caiga un 7,6% más.

Por su parte, los ingresos por impuesto a las importaciones, que representaron ₡164 mil millones el año pasado, bajarían un estrepitoso 28% este 2020, lo cual implicará que tengan que pasar también cinco años para volver a alcanzar un nivel similar al de la etapa prepandemia.

Esta recuperación más lenta que en el resto de tributos es muestra del rezago que podría enfrentar la economía costarricense en recuperarse y en retomar la confianza sobre el consumo interno. La última encuesta de percepción de confianza, elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, ubicó ese indicador en el nivel más bajo de los últimos 17 años, con expectativas de alta incertidumbre a corto y mediano plazo.

La recaudación en otros impuestos tardaría menos en recuperar los niveles de 2019. El impuesto único a los combustibles cruzaría esa línea en 2023 de la misma forma que el impuesto de renta y utilidades, mientras que el impuesto a la propiedad lo haría en 2022.

La excepción en la tendencia de la recaudación tributaria lo representa el impuesto al valor agregado (IVA), conocido antes de la reforma fiscal de 2018 como impuesto de ventas.

Este 2020 se espera que retroceda apenas un 0,5% en relación con 2019, pero después mantendrá su tendencia creciente año con año, lo que lo convierte en uno de los tributos más rentables para el Estado.

De hecho, si las proyecciones se cumplen con este escenario base, a partir de este mismo año pasará a ser el más importante en recaudación, por encima incluso del impuesto sobre los ingresos y utilidades.

Si se toma en cuenta toda la canasta de impuestos, compuesta por al menos 28 obligaciones distintas, el Estado lograría superar la línea de lo recaudado en 2019 hasta 2023.

Esta proyecciones están realizadas sobre el escenario base; es decir, con las condiciones actuales del país sin tomar en cuenta, por ejemplo, si se aprueba y se tiene éxito, en el programa Hacienda Digital para modernizar los sistemas de recaudación de impuestos, que podrían aumentar los ingresos.

Si esto ocurriera es previsible que los niveles de recaudación se recuperen antes. Sin embargo, tampoco toma en cuenta escenarios más pesimistas, como por ejemplo que se produzca una contracción económica más fuerte de lo esperado que lleve a menores niveles de gasto y consumo, o incluso que sean necesarias nuevas moratorias o se produzca un incremento en la mora por problemas de pago de los contribuyentes.

Por ello, el analista financiero Daniel Suchar opina que las proyecciones de Hacienda son más bien optimistas.

“La perspectiva de que ya para 2022 se comience a equiparar con 2019 es bastante positiva, pero va a depender mucho del dinamismo del sector externo, de volver al consumo de cómo estén nuestros socios comerciales y si van a estar más graves de lo que están ahorita… la recuperación económica no se va a dar de la noche a la mañana y dos o tres años no van a ser suficientes para que se dé por arte de magia”, dijo Suchar.

 

Diputados desistirán de impuesto para fomentar la lectura

Fuente: CR Hoy

Diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación desistirán de la intención de crear un impuesto a las bebidas carbonatadas para financiar al Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

Así lo confirmó este martes el legislador Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de esa comisión, tras una conversación que sostuvo con el congresista Mario Castillo, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), quien propuso la iniciativa.

“Vamos a buscar, de manera más reposada, una fuente de financiamiento que no implique más impuestos a los costarricenses”, declaró Jiménez, quien conversó este martes con Castillo.

La conversación entre ambos se produjo en momentos en que la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) advirtió de la pretensión de crear un nuevo impuesto que afectaría al sector.

La propuesta del nuevo tributo está incluida en una enmienda de fondo al proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente 21.534, en el segundo informe de mociones.

El impuesto

Según la iniciativa de Castillo, se reformaría el artículo 6 de la ley que creó el timbre agrario y el impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas.

El texto diría lo siguiente: “fíjese un impuesto específico por unidad de consumo para las bebidas carbonatadas de marcas nacionales y extranjeras, producidas en el país o importadas, de ¢5,725 a favor del lnder y  ¢0,25 para el financiamiento del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y la Bibliotecas“.

Los recursos transferidos anualmente al Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas estarían a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud.

Se utilizarían para financiar, parcial o totalmente, investigaciones sobre las prácticas de lectura, la producción y circulación del libro y las bibliotecas, así como sobre el impacto de la lectura y el libro en la cultura y la economía, y sobre el efecto de las políticas de promoción del libro.

Además, para proyectos de fomento de la lectura y la escritura, participación de editores en coediciones nacionales e internacionales que incluyan la creación nacional, realización y participación en congresos, foros, talleres y otros eventos de promoción de la lectura, las bibliotecas y la producción y circulación del libro, creación de obras de autores nacionales para su publicación en cualquier formato y traducción de obras de autores nacionales a otras lenguas.

No va

Jiménez explicó que la moción propuesta por Castillo será puesta a discusión y votación este jueves en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

El propósito es que los congresistas la rechacen y enviar el expediente al Plenario Legislativo para que autorice la devolución del texto a la comisión dictaminadora, con el fin de buscar otra fuente de financiamiento para el Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

El diputado reconoció que es consciente de la importancia de fomentar la lectura y del alto costo de los libros, pero también manifestó que el país atraviesa una crisis financiera sin precedentes, como para hablar de nuevos impuestos.

El proyecto de ley ya había sido dictaminado afirmativamente por la comisión y se encuentra en el trámite de discusión y votación de mociones de fondo.

Inicialmente, establec& iacute;a un impuesto de $1 por cada kilogramo a la venta masiva de ropa usada.

Sin embargo, esta propuesta fue descartada y en su lugar se propuso el tributo a las bebidas carbonatadas.

Según una nota que Mario Montero, vicepresidente de Cacia, envió este martes a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, la propuesta es injusta, populista e irrazonable porque carga el problema del recorte del presupuesto del sector cultura sobre un grupo empresarial para beneficiar a otro.

Ajustes al presupuesto son insuficientes para mejorar imagen financiera del país

Fuente: CR Hoy

Aunque se trata de un presupuesto que según el gobierno se ajusta a la regla fiscal y representa un recorte de ₡342 mil millones en el gasto primario, las señales para que el país mejore su imagen de cara a las calificadoras internacionales aún son débiles.

Según el plan presupuestario para 2021, los gastos corrientes no crecerán más allá de un 0,77%, con lo cual se cumple con no sobrepasar el límite establecido por la regla fiscal de un crecimiento máximo del 4,13%.

“Es una almohada que nos queda”, dijo el viceministro Isaac Castro, vaticinando que durante el próximo año sea necesario enviar nuevos presupuestos extraordinarios ante posibles gastos de emergencia por la pandemia.

Sin embargo, queda aún lejana para poder cumplir con las ordenanzas de las calificadoras internacionales.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, confesó: para que Costa Rica recupere su buena imagen, deberán ocurrir una serie de situaciones y cambios en el país, que hacen todavía verse lejano ese posible cambio.

“No creo que un solo acto per se vaya a servir para que una calificadora de riesgo valide su criterio y varíe la calificación… es más bien con la atención de varios actos que nos va a llevar allá”, afirmó.

Esos actos se resumirían especialmente en el acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que a su vez se convertirá en un compromiso por parte del país para recuperar el equilibrio fiscal y reducir la deuda, y que posiblemente pasará por la venta de activos y reformas a nivel tributario.

Desde el año 2014, cuando la calificadora de riesgos Moody’s eliminó para Costa Rica el grado de inversión, Costa Rica ha mostrado una tendencia a la baja en su calificación crediticia.

De acuerdo con Hacienda, las constantes llamadas de atención de las calificadoras sobre el deterioro de la finanzas públicas, la poca diversificación de las fuentes de financiamiento, la dificultad para llegar a acuerdos políticos y la tardía entrada de la Ley de Fortalecimiento ocasionaron una continua caída de la calificación crediticia hasta la fecha, “generando no solo una percepción de riesgo mayor ante el inversionista sino también un aumento en nuestras tasas de interés”.

Según las calificadoras de riesgo, las notas del país podrían mejorar si el Gobierno implementa ajustes estructurales que alivien los riesgos de financiamiento y reduzcan el déficit fiscal.

En la actualidad estas calificaciones dejan al país con una diferencia en su margen de rentabilidad de hasta 200 puntos base respecto a los demás países latinoamericanos. Es decir, Costa Rica se ve obligado a pagar esa diferencia en los intereses que ofrece, debido al riesgo, a la hora de emitir bonos.

Y es que a partir de 2021 la opinión de estas calificadoras se volverá trascendental para el país.

En la agenda se encuentra la eventual solicitud a la Asamblea Legislativa para volver a acudir al mercado extranjero y colocar unos $4.500 millones en eurobonos.

“Los eurobonos los vemos precisamente después de alcanzar la negociación con el Fondo, como un instrumento a aspirar en los próximos años, paralelamente a negociación con el Fondo y los desembolsos del Fondo… siempre habrá que acudir a otras fuentes de financiamiento”, añadió Villegas.

Para el período 2021, se estima que las necesidades de financiamiento sean cubiertas especialmente con el mercado doméstico, lo cual Hacienda confiesa que sugiere una alta competencia entre el gobierno y el sector privado por los recursos locales, lo que podría conllevar a un incremento en las tasas de interés.

Por ello, cualquier negociación o acuerdo que logre con los organismos internacionales será preferible para el Ejecutivo, con el fin de incorporarla en lugar de tener que acudir al mercado local.

“En caso de que se lograra finalmente la autorización al Poder Ejecutivo para emitir deuda en el exterior, y que pudieran constituirse como prefondeo de recursos para el año siguiente, se deberá llevar a cabo, de ser necesario, el correspondiente traslado de la partida de intereses deuda interna a intereses deuda externa, y como es usual, se reducirían de la autorización de emisiones de títulos valores deuda interna, lo correspondiente a deuda externa”, afirma Hacienda en su documento de presentación del Presupuesto 2021.

Según ese documento, el plan de gastos, no considera la posible operación con el FMI “dado lo incipiente en el proceso de negociación”. Sin embargo, El Ejecutivo irá adelante con esta iniciativa para tratar de no presionar más el mercado local.

 

Nueva República critica que el Gobierno esté pensando en nuevos impuestos

Fuente: AmPrensa

El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, criticó el hecho de que el Gobierno esté hablando nuevamente de más impuestos. 

«Es muy lamentable que al cabo de dos años, el tiempo nos vuelva a dar la razón,  en aquel momento dijimos en redes sociales que más impuestos, sin recorte de gasto y sin portarse bien en el manejo de las finanzas públicas solamente provocaría más impuestos y eso es lo que nos viene a decir ahora el ministro de Hacienda, Elían Villegas y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero», destacó.

Además, aseguró que aún no existe claridad sobre las nuevas disposiciones con el FMI.

«El Ejecutivo todavía no dice a qué se comprometió, pero ya sabemos que hipotecará al país y traerá más hambre y desolación al pueblo, que su ruta sigue siendo aumentar el peso sobre los cansados hombros de los costarricenses y el sector privado», agregó.

El ministro de Hacienda, Elían Villegas, manifestó esta mañana en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental que la propuesta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hará pública antes de ir a la negociación oficial y la idea es poder presentarla a varios sectores en un diálogo nacional, que incluye a los diputados de la Asamblea Legislativa.

Industria alimentaria advierte que diputados tramitan nuevos impuestos

Fuente: CR Hoy

Como una táctica perversa

Así catalogan los industriales de alimentos y bebidas las pretensiones de diputados de la Comisión de Tecnología y Educación, que podrían aprobar un nuevo impuesto a través del mecanismo de mociones 137 en su segundo y último día de trámite, en la iniciativa de Ley 21.534, Ley del Libro para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas.

Este martes 1 de setiembre, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) enviará una nota a la Asamblea Legislativa, donde alertará a los congresistas sobre la pretensión de crear impuestos utilizando el recurso de mociones de fondo, que prevé el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pues según los empresarios esta forma de aprobar tributos quebranta el principio democrático y los derechos de enmienda y deliberación que poseen el resto de diputados.

“Cargar con más impuestos a subsectores industriales particulares, como lo es la industria de bebidas, nunca fue objeto de consulta y análisis en la Comisión de Tecnología y Educación, lo que revela ánimo de esquivar procedimientos necesarios dentro de la dinámica parlamentaria, convirtiéndose en una táctica perversa que pretende influir en el procedimiento ordinario, para evitar la discusión y romper la unidad de las etapas del proceso de formación de la ley”, señaló Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de Cacia.

Según Montero, el derecho de enmienda “se ve seriamente degradado, al intentar crear una carga tributaria lejos de un necesario clima de análisis, publicidad y transparencia”.

En la nota que Cacia entregará este martes señalan que el proyecto 21.534 es injusto, populista e irrazonable, pues carga el problema de recorte del presupuesto que posee el sector cultura sobre un grupo empresarial, para beneficiar a otro.

Los empresarios señalan además que la industria nacional de bebidas realiza aportes multimillonarios extraordinarios a instituciones como el Inder, motivo por el cual, cargar de más impuestos a este sector se convierte en un factor destructor de capacidades para la creación de empleos, especialmente en momentos que el país atraviesa una de las peores recesiones económicas de su historia.

“Nuestra industria hace el mismo llamado realizado con anterioridad por el órgano Contralor, que ha realizado señalamientos relativos a la necesidad de simplificar y uniformizar tributos, buscando bases amplias, tasas bajas y neutralidad, lo cual implica reducir la mala práctica de inventar más impuestos específicos para solventar problemas estructurales o voluntades políticas espurias”, añadió Montero.

 

Carlos Avendaño: “El PAC quiere convertir a Costa Rica en un infierno fiscal”

Fuente: La República

La posibilidad de cobrar un impuesto de renta mundial como impulsa el PAC, es una ocurrencia que afectaría aún más a la economía en momentos en que se requiere reactivación, según Carlos Avendaño, diputado de Restauración.

Lo peor de todo, es que el PAC quiere hacer de Costa Rica un infierno fiscal, cobrando tributos para todo, según el legislador.

El diputado Welmer Ramos y otros legisladores han propuesto aprobar la renta mundial en Costa Rica, ¿qué opina?

La consecuencia inmediata de aprobar un impuesto de esa naturaleza es la fuga de capital.

Hay que entender que los inversionistas traen su dinero y no lo guardan debajo del colchón, sino que lo inyectan a la economía a través de nuevas inversiones, ahorros en los bancos o consumo.

El país ya ha perdido mucho atractivo para atraer recursos y si le sumamos un nuevo costo, todavía será peor. Esto hará que muchos prefieran llevarse su dinero a países como Panamá o incluso Nicaragua que están siendo más amigables con el inversionista y sin ese dinero, se perderá mucho capital necesario para invertir en negocios y será más difícil la reactivación económica.

No es el momento de poner más impuestos ni de ahuyentar al capital; por el contrario, nos urge atraerlos para recuperar la economía.

¿Cómo aumentar los ingresos fiscales en el país?

La mejor forma de aumentar los ingresos fiscales es dinamizando la economía, es dando oportunidades para que se generen nuevas empresas que crean empleo y le pagan un salario a las personas para que estas puedan satisfacer sus necesidades de consumo.

Para ello lo primero que necesitamos es reducir la incertidumbre: con más impuestos nadie va a querer invertir, empezar un negocio o comprar bienes o servicios.

El PAC ha venido insistiendo, desde hace años, en más impuestos a todo: impuestos a la comida, impuestos al aguinaldo, impuestos a las zonas francas, impuestos a los ahorros, impuestos a los hospedajes no tradicionales, etc.

Están convirtiendo a Costa Rica en un infierno fiscal en el que nadie va a querer invertir y más bien los pocos que tienen dinero van a preferir irse a otros lugares.

¿Cuál debería ser la alternativa?

La alternativa está en generar un ambiente amigable para que los grandes, medianos y pequeños inversionistas, extranjeros o nacionales, quieran inyectar su dinero a la economía, para que puedan comprar bienes y servicios, para que puedan montar negocios que generen empleo.

Eso pasa por simplificar el sistema tributario, para hacerlo más claro y amigable, por reducir el gasto público que genera un alto déficit fiscal, por simplificar trámites para facilitar el inicio de emprendimientos, por reducir regulaciones que solo encarecen la producción, por generar competencia en el servicio eléctrico a fin de que los precios sean menores para los negocios, en flexibilizar las cargas para hacerlas acordes a la realidad económica del país y sobre todo para motivar a los emprendedores a formalizarse.

Opinión: Nuevas consideraciones acerca de la suspensión temporal de contratos


Por: Licda. Ana Isabel Borbón, especialista en Derecho Laboral/
Actualidad Tributaria

La “nueva normalidad” ha tocado los contratos laborales desde marzo, cuando se anunciaron las medidas de cierre en la mayoría de industrias no esenciales de país. Muchas de las medidas no eran posibles en la legislación laboral costarricense antes de la pandemia, pero se han dado por fuerza mayor.

La suspención temporal de contratos es una de esas medidas, herramienta que la administración ha puesto a la orden de los patronos con el fin de evitar despidos masivos debido al cierre de operaciones.

Recientemente las autoridades hicieron una nueva modificación al Reglamento para el Procedimiento de Suspensión Temporal de Contratos de Trabajo, casos relacionados con los incisos a y b del artículo 74 del Código de Trabajo, dicho reglamento establece el procedimiento para suspender, de manera temporal, los contratos de sus trabajadores, cuando su actividad comercial se vea directamente afectada por las medidas oficiales de atención de la pandemia.

A estos cambios se sumó la adición de los artículos 2 Bis y 5 Bis y la creación del artículo 5 TER; el primero permite al patrono mediante un formulario electrónico solicitar la suspensión temporal cuando las medidas sanitarias le impiden por completo realizar su actividad económica. El segundo, autoriza al patrono a reanudar o levantar temporalmente la suspensión de los contratos aún y cuando no haya sido aprobada dicha suspensión, si de forma temporal o por períodos cortos puede reanudar su actividad económica ya sea por días o semanas continuas, si las medidas sanitarias así lo permiten; y el tercer artículo finalmente establece el procedimiento para tramitar la reanudación temporal. Importante es que cualquiera de las anteriores, se gestiona en línea y que necesariamente requieren la comunicación al Ministerio de Trabajo, para su conocimiento.

Pero gracias a estos cambios, también han surgido muchas consultas acerca de su ejecución, como lo relativo a los trabajadores suspendidos y su posibilidad de optar por actividades remuneradas temporales, mientras se establece la normalidad.

Entendamos que mientras el patrono no haya rescindido el contrato, el empleado sigue ligado a la empresa, esto con los derechos y deberes que conlleva. Así las cosas, podríamos decir que el empleado está en la obligación de informar a su patrono, cualquier

modificación a su actividad para que éste sepa si va estar o no disponible para retomar el contrato de manera temporal por los días que la actividad comercial sea permitida por las autoridades.

El patrono entonces debería poder informar con una antelación de al menos 48 horas según indica la reforma, si se va a necesitar que el trabajador se encuentre disponible para alguna fecha en particular, esto sin que implique que el puesto del trabajador corra riesgo.

Con todos estos cambios los patronos y trabajadores deben estar atentos a la forma en que se apliquen o puedan aplicarse, ya que surjen muchísimas dudas conforme pasa el tiempo y se ejecutan las medidas. Lo mejor es, ante la duda, preguntar a un especialista

Cobrar renta mundial sería un obstáculo enorme para la inversión, según empresarios

Fuente: La República

Si los diputados aprueban el cobro de la renta mundial, le estarían dando una zancadilla a los esfuerzos para reactivar la economía y atraer nueva inversión extranjera, según varios líderes empresariales consultados por LA REPÚBLICA.

Por otra parte, el deficiente sistema tecnológico de la administración tributaria haría casi imposible dar seguimiento a las ganancias de costarricenses en el extranjero.

Lo peor de todo, es que está comprobado que la renta mundial no produce una alta recaudación de impuestos, a pesar del alto costo de oportunidad que genera, según Gisela Sánchez, presidenta de la Cámara Costarricense - Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham).

La renta universal o mundial es aquella en la que se gravaría a los contribuyentes con residencia en nuestro país, es decir, sean nacionales o no, sin importar si esa renta, riqueza o utilidades las generaron dentro del territorio nacional o afuera.

De esta forma, un costarricense en cualquier parte del mundo, como es el caso del futbolista Keylor Navas, tendría que pagar un tributo en Costa Rica, por lo que gana en Francia como portero del Paris Saint-Germain.

Para aprobar cualquier impuesto, el gobierno de Carlos Alvarado debería contar con el respaldo de al menos 38 legisladores, lo cual, no sería capaz de alcanzar sin la ayuda de Liberación, la Unidad y Nueva República, ya que juntos suman más de 30 votos de los 57 disponible.

La propuesta es impulsada por el PAC y además por el presidente Alvarado.

“La introducción de la renta mundial implicaría por una parte el desestímulo tanto de la inversión extranjera directa como la reducción del atractivo del país para que rentistas y pensionados de otros países vengan”, dijo Pedro Morales, asesor en el área económica para la Cámara de Industrias.

Opuestos

El sector productivo cuestiona la propuesta de nuevos tributos.

Pedro Morales
Asesor Económico
Cámara de Industrias

La introducción de la renta mundial implicaría por una parte el desestímulo tanto de la inversión extranjera directa como la reducción del atractivo del país para que rentistas y pensionados de otros países vengan a radicar e invertir en el país y por otra parte, un escaso aumento de la recaudación tributaria.
Está demostrado en los países que se ha implementado que no produce una alta recaudación de impuestos.
Los ingresos tributarios se aumentan modernizando tecnológicamente al Ministerio de Hacienda.

Gisela Sánchez
Presidenta
AmCham

El pasar de un sistema de renta territorial a uno de renta mundial, generaría un obstáculo más a la reactivación económica del país y desincentivaría la inversión.
La OCDE también ha señalado de forma clara que Costa Rica no debe pasar de un sistema territorial en el Impuesto sobre las Utilidades a uno puramente mundial, que grave todos los tipos de ingresos empresariales de origen extranjero, tanto pasivos como activos.
La aplicación de otro sistema generaría incertidumbre en el país y frenaría el flujo de inversiones extranjeras.
Además, los mecanismos para gravar a utilidades fuera de las fronteras costarricenses, encarecería los costos de la Administración Tributaria.
El país no tiene la estructura administrativa para la atención de un impuesto tan complejo.

Hacienda amplía servicios de atención a contribuyentes: Pone a disposición nueva plataforma virtual

Fuente: Ministerio de Hacienda

Para brindar una mejor atención al contribuyente y facilitar la realización de trámites tributarios, a partir de este 28 de agosto, el Ministerio de Hacienda pondrá a disposición la plataforma Trámite Virtual (TRAVI). 

Esta plataforma contempla aproximadamente 40 trámites de control extensivo, recaudación, de valoraciones y de fiscalización; funciona como instrumento de acompañamiento para los contribuyentes que requieren estar al día con las normas tributarias. Al ser una plataforma en línea, se puede acceder desde cualquier dispositivo con internet, tanto dentro como fuera del país, no necesita la instalación de ningún programa o software, ni actualización de versiones.

Se incorpora un ChatBot que, en una primera etapa atenderá consultas relacionadas con la guía del llenado del formulario de TRAVI, autogestión de las claves de ATV, asistencia en el llenado de comprobantes electrónicos del facturador gratuito del MH y sus accesorios:  llave criptográfica, el usuario y contraseña para el facturador.  En caso de que el usuario requiera más detalles, el mismo ChatBot le referirá con un asistente de servicio. 

“Esta plataforma de acompañamiento y facilitación de herramientas de gestión para el contribuyente es un hito de trabajo que se enmarca dentro de las principales aristas de consolidación tributaria, en las que nos venimos abocando desde el Ministerio. La actualización de los sistemas tecnológicos es fundamental y obedece a una necesidad real tanto de los contribuyentes como de la Administración” indicó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos.

Trámite Virtual estará disponible en la página web www.hacienda.go.cr, botón destacado sobre banner de avisos. Para registrarse el interesado solo debe crear un usuario y clave, digitar sus datos personales, nombre, número de identificación e indicar si es contribuyente, representante legal o tercero autorizado. La dirección electrónica debe coincidir con la que está inscrita en el Registro Único Tributario.

A partir de la implementación de esta plataforma, ya no será necesario que los usuarios dirijan sus solicitudes por medio de la cuenta de correo infoyasistencia@hacienda.go.cr, salvo que se presente alguna situación especial que la deje fuera de servicio.

“El propósito de habilitar nuevas opciones de servicio es brindar una atención más oportuna a los contribuyentes y evitar su desplazamiento a las administraciones tributarias. La plataforma Trámite Virtual se suma al sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) mediante el cual se realizan declaraciones de impuestos, inscripción, desinscripción y modificación de datos, entre otras gestiones, lo que facilita la gestión y el cumplimiento tributario, indicó Carlos Vargas, director general de Tributación.

En caso de que la persona no cuente con una computadora o teléfono móvil con acceso a internet para cumplir sus obligaciones, podrán gestionar su cita, de 8: 00 a.m. a 4: 00 p.m., para la atención en las plataformas de servicio de las administraciones tributarias, por medio de la línea de WhatsApp 8849-9771.



Como poco viable, califican especialistas propuesta de impuesto de renta mundial

Fuente: La República

Poco factible y hasta poco sensata, así se califica la iniciativa de renta universal o mundial de parte de expertos en el tema.

El proyecto que tiene como abanderado principal a Welmer Ramos, busca atacar la evasión, cerrando portillos para que residentes de nuestro país no reporten ingresos comentando que fueron generados en el exterior.

Mayor notoriedad ha tomado el tema ante el ejemplo de Keylor Navas, que otorgó Otto Guevara.

“El gobierno francés que además es voraz en tema de impuestos, le quita ingresos a Keylor y con este proyecto pretende meterle mano al bolsillo de Keylor Navas por la plata que se gana en Francia, vean la aberración de esta disposición, qué tiene que ver el gobierno metiéndole la mano con lo que se gana con el París”, dijo Guevara en un Facebook Live en su cuenta de Facebook.

Además, en contra le juega la complejidad de incorporar la propuesta a la legislación nacional; por ejemplo, la renta mundial implicaría negociar gran cantidad de tratados para evitar la doble imposición del impuesto sobre la renta.

Opiniones

Silvia González
Socia de Impuestos
Grant Thornton

De acuerdo con el proyecto presentado, no sería una opción viable. El cambio conllevaría una reforma integral del régimen actual, es decir, no podría ser tan solo agregar o modificar la ley existente

Otto Guevara
Presidente
Unión Liberal

Ya hace mucho las personas que impulsan más paquetes de impuestos, siempre han querido ver la manera de meterle la mano a los dineros que los costarricenses ganan brindando servicios fuera del país, en diferentes momentos los hemos detenido.

Mario Gutiérrez
Socio director de Impuestos
RSM Costa Rica Audit Tax and Consulting Services

Con total estupor me entero que se pretende poner a discusión nuevamente el establecer en Costa Rica un sistema tributario basado en la renta mundial.

No podemos manejar un sistema de renta territorial ni establecer un adecuado sistema de impuesto al valor agregado, y ahora se pretende implementar la renta mundial.

Regla fiscal se aplicará con excepciones en el presupuesto del 2021

Fuente: La Nación

El presupuesto ordinario del Gobierno Central para el 2021, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa el próximo 1.° de octubre, aplicará la regla fiscal, pero también utilizará las cláusulas de escape que contiene la ley para las entidades que están atendiendo la pandemia.

“La idea es que de la regla fiscal solamente salen aquellas (entidades) que expresamente lo requieran como consecuencia de la pandemia y por gastos específicos directamente relacionados con esta.

Este será el segundo presupuesto que aplicará la regla fiscal, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto, determinado por dos variables: la relación de la deuda total del Gobierno Central con respecto al producto interno bruto (PIB) nominal del ejercicio anterior al año de formulación del presupuesto, y el crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores al de formulación del plan de gastos nacional (del 2016 al 2019 para el presupuesto del 2021).

Para el 2021, se aplica el escenario c), que establece: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB nominal”.

Sin embargo, el ministro Villegas explicó que, aunque originalmente las instituciones trabajaron con ese margen, luego les pidieron que hicieran una rebaja sobre eso.

“Incrementar el presupuesto en un 4,13% nos pareció alto y, por tanto, solicitamos que rebajaran la propuesta originalmente presentada”, indicó el jerarca.

En ese escenario todavía no se limita el gasto de capital (para obras), solo el corriente (incluye remuneraciones, transferencias corrientes e intereses).

Villegas comentó que el presupuesto total oscilará entre ¢10 millones de millones y ¢11 millones de millones, y la Contraloría General de la República estimó que por ingresos corrientes, que incluyen principalmente la recaudación de impuestos, el Gobierno obtendrá en el 2021 ¢5,1 millones de millones; el resto deberá obtenerlo vía deuda.

El Ministerio de Hacienda estima que para el 2021 requerirá endeudarse en ¢5,3 millones de millones, lo cual equivale a un 15% de la producción interna estimada para ese año.

Dicho monto es necesario poder atender un déficit financiero (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) de ¢2,9 millones de millones (equivalente al 8,1% de la producción) y pagar deudas de años anteriores por cerca de ¢2,4 millones de millones (6,9% del PIB), según la información que presentó la entidad en el plan de endeudamiento del segundo semestre.

“El entorno de pandemia y la recesión económica hacen muy complicado que el financiamiento se pueda obtener en el mercado local, por lo que el Gobierno tendrá que recurrir a más préstamos y hasta considerar la posibilidad de emitir deuda externa”, opinó Brenes.

Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, consideró que conseguir financiamiento para el 2021 será retador, pero hay dos puntos a favor: la liquidez que hay, tanto en los mercados locales como internacionales; los bajos niveles de tasas de interés que habrá todavía en 2021, y la baja inflación.

Hacienda recurre a deuda interna ante caída de ingresos

Fuente: La República

Canjes y subastas de títulos de deuda interna seguirán en el horizonte del Ministerio de Hacienda en el futuro cercano, como fuentes de financiamiento ante la caída de sus ingresos.

Solo este lunes se colocaron ¢116 mil millones en subasta de títulos de deuda interna, en su mayoría con vencimiento al 2027.

Mediante esta figura Hacienda capta recursos por medio de estas colocaciones para atender las necesidades de financiamiento, los compromisos y gastos del gobierno.

Y los interesados pueden adquirir las emisiones subastadas a través de los puestos de bolsa autorizados por la Bolsa Nacional de Valores y, en algunos casos, por medio de la ventanilla electrónica.

“Este es un elemento positivo que nos viene a dar tranquilidad, porque entendemos que los inversionistas, sobre todo institucionales, son conscientes de que el Estado está comprometido con el pago de su deuda y que se puede confiar e invertir a largo plazo”, comentó Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Además, el gobierno le apostará a un megacanje de bonos de deuda, planificado para septiembre.

La semana anterior se procuró un canje histórico de ¢1,8 billones, aunque solo alcanzaron los ¢80 mil millones.

El propósito era cambiarles a inversionistas sus títulos que vencen este y el próximo año, por otros que vencen entre 2024 y 2025.

A ello se suma el canje realizado a finales de julio por ¢88 mil millones, de bonos que vencían entre 2020 y el 2021.

De esta manera se genera un alivio, al cambiar la deuda más antigua próxima a vencer por nueva pues aumenta la liquidez.

Además, permite atenuar el riesgo en la cartera de deuda y disminuir su costo, lo que reduce las presiones próximas sobre el flujo de caja del Estado.

Básicamente, de esta manera se busca no pagar esos vencimientos al corto plazo, sino a futuro.

Al cierre de edición, no había trascendido el plan de gasto para atender los compromisos del segundo semestre, pero existe una alta posibilidad de que se recurra a más deuda.

Y es que la caída en casi ¢1,2 billones de ingresos y el recorte en el gasto que tiene el reciente presupuesto extraordinario, empujan a buscar compensarlo con deuda.

Se estima necesario aumentar en ¢664 mil millones la emisión de deuda interna, debido a que ese es el faltante por cerrar, según respondió Elián Villegas, ministro de Hacienda a consulta de la legisladora María Inés Solís a mediados de julio.

En esa intervención en la Asamblea, se adelantó la colocación de deuda interna dividida en ¢100 mil millones a corto plazo y en ¢564 mil millones a largo plazo.

Específicamente, para este nuevo presupuesto extraordinario se llegaría al 67% de deuda para cubrir el gasto.

Costa Rica enfrentaría estos riesgos si migrara a renta mundial

Fuente: CR Hoy

El Partido Acción Ciudadana (PAC) vuelve a poner sobre la mesa la propuesta de cobrar renta mundial en Costa Rica. Su diputado Welmer Ramos, tiene listo el proyecto de Ley para Inclusión d Renta Mundial en el Sistema Tributario Costarricense.

El objetivo de la iniciativa es reformar tres artículos de la Ley sobre Impuesto sobre la Renta que, en resumen, tiene la intención de obligar a los ciudadanos costarricenses y residentes a pagar ese impuesto por sus ganancias, sin importar en qué parte del mundo se hayan generado.

Actualmente, el Ministerio de Hacienda cobra el impuesto de renta según el esquema territorial, es decir, que aplica la tasa del tributo sobre los bienes ubicados, los servicios prestados, o los capitales invertidos dentro de la jurisdicción costarricense.

Varios expertos consultados por CRHoy.com ven una serie de riesgos para el país en la propuesta de ley que ya circula en el Parlamento.

Lo primero que señalan es que es innecesario pasar de un esquema de renta territorial a renta mundial, pues Costa Rica no es un “exportador” de capitales al exterior, sino que, al contrario, compite a nivel global por atraer inversiones a su territorio.

Felipe Guevara, abogado tributario de la firma Consortium Legal, explicó que el concepto de renta mundial nació en los países desarrollados cuando sus empresas más grandes y poderosas empezaron a “fugarse” para instalar sus operaciones fuera de sus fronteras dando paso al fenómeno de erosión de la base imponible, lo cual llevó a esas naciones a obligar a las empresas a pagar impuestos sobre las rentas que se generaban fuera de sus fronteras y así impedir que las firmas manipularan los montos sobre los que debían tributar.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de la firma consultora Deloitte, explicó que la situación de Costa Rica es muy distinta, pues es “receptor” de inversión en lugar de exportarla, por lo que históricamente ha optado por cobrar renta sobre lo que se produce en su territorio, pues son pocos los casos de grandes capitales nacionales que estén produciendo ganancias en el exterior.

Piedra dijo que países como Costa Rica además han optado por el esquema de renta territorial para no perder esas fuentes de inversión.

“Lo primero que uno tiene que valorar cuando uno está ante una situación como esta, que es una decisión de política fiscal, es que no puede separarse de la realidad económica del país y del modelo de desarrollo económico que nosotros tenemos. Lo primero que debe plantearse uno es si Costa Rica está generando, en realidad, riqueza que está saliendo de nuestras fronteras. Si hay empresas que están saliendo a producir en el exterior o si las personas están invirtiendo en el exterior”, consideró.

Felipe Guevara concluyó que al ser Costa Rica un país que más bien necesita y busca la atracción de inversionistas y de empresas que generen más empleos,  lo lógico, entonces, sería mantenerse en el criterio de renta territorial.

Doble imposición

En entrevistas separadas, ambos especialistas en tributos contestaron que otro de los riesgos a los que Costa Rica se expondría al eventualmente aplicar la renta mundial sería la doble imposición del impuesto, es decir, que el contribuyente deba pagar dos veces el tributo, tanto en el país donde está su casa matriz o su fuente de ingresos, como en el nuestro, por tener acá una subsidiaria.

Guevara explicó que para minimizar ese riesgo, los Estados firmaron una red de convenios para evitar la doble imposición en materia tributaria. Esos acuerdos consisten en que un país no le cobrará renta a la empresa de la nación con la que firmó el tratado y viceversa.

Una característica de los países que aplican la renta mundial es que han firmado múltiples convenios de ese tipo. En el caso costarricense, solo ha firmado tres acuerdos de ese tipo en los más de 20 años que el mundo tiene en discusión ese tipo de acuerdos. Se trata de pactos para impedir la doble imposición con España, México y Alemania.

Para el abogado, optar por un esquema tributario de renta mundial con apenas tres convenios firmados para evitar la doble imposición es desconocer la realidad de la economía y del sistema tributario costarricense.

Pricilla Piedra comentó al respecto que México tiene más de 20 convenios para evitar la doble imposición y que, en general, los países que tienen renta mundial tienen también muchísimos de esos tratados en vigencia.

“Indudablemente tienen años en esta carrera, y uno debería, al menos, valorar esa situación para verificar, si esa es la decisión de política fiscal que el país va a tomar, lo vayamos a hacer de la manera correcta”, resumió.

Guevara definió la propuesta de Welmer Ramos como desordenada pues consideró que el proyecto desconoce cómo operan los sistemas tributarios que, afirmó, no son adaptables a cualquier país, sino que cada uno responde a sus particularidades.

Administración de la renta mundial

Piedra y Guevara también opinaron que pasar a Costa Rica a un esquema de renta mundial implicaría un reto para la Dirección General de Tributación (DGT) a la hora de administrar el impuesto, por la carencia de recursos de todo tipo que sufre esa dependencia del Ministerio de Hacienda.

La abogada señaló que las autoridades tributarias deberían de embarcarse en la revisión de sus sistemas informáticos para determinar si le van a permitir verificar cómo se están realizando las inversiones fuera del país.

“Yo no voy a decir que sea imposible (aplicar renta mundial en Costa Rica) pero una decisión que no tome basada o adaptada a la realidad de lo que tenemos podría terminar generando que en lugar de ganar una mayor recaudación de impuestos, que es indudablemente lo que se pretende con este proyecto, más bien, perdamos recaudación”, advirtió.

Guevara, por su parte, cree que antes de que el Gobierno realice una inversión importante para administrar la renta global, debería de enfocarse en fortalecer los sistemas para controlar el cobro de impuestos sobre lo que se produce dentro de sus fronteras.

“La renta mundial no tiene nada que ver con la evasión fiscal, como lo dijo don Welmer Ramos. Si Costa Rica no logra controlar ni lo que se produce acá y la administración tributaria no logra verificarlo ¿cómo va a poder verificar un esquema de renta mundial? Eso es no poder cumplir con lo menos y querer cumplir con lo más. Si queremos reducir la evasión deberíamos de plantear un proyecto de ley que fortalezca a la administración tributaria y que le dé más personal. Ahí está el tema”, advirtió.

Espantar la inversión extranjera

Desde que optó por abrir su economía al mundo como modelo de desarrollo económico, Costa Rica echó a andar una agresiva campaña de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) que le he permitido virar su económica de una agrícola, a una de servicios.

Según el último Estudio Económico Costa Rica 2020 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el país ha sido exitoso en este ámbito, con indicadores que se acercan mucho a los de los países de la Organización, en su mayoría muy competitivos.

Actualmente, en medio de la crisis sanitaria y económica que ha generado la pandemia del COVID-19, múltiples sectores, en cuenta el mismo gobierno del presidente Carlos Alvarado, cifran esperanzas en que el país siga siendo suficientemente atractivo para la IED, ahora más que nunca, como instrumento para lograr una reactivación de la economía.

Juan Carlos Hidalgo, quien tiene una Maestría en Políticas Públicas y Comercio Internacional y militante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que el país se enfrentaría al riesgo de perder ese atractivo para el inversionista extranjero en caso de que se apruebe la renta mundial, pues estos usualmente preferirán llevar sus capitales a naciones que apliquen el esquema de renta territorial.

El experto dijo que, sin duda, Costa Rica ahuyentaría a la inversión y los capitales con un viraje tributario de ese tipo.

“Más bien deberíamos de estar viendo cómo hacemos para traer más capitales al país. Esta es una ocurrencia peligrosa. Costa Rica es un importador de capital, no un exportador. Esto minaría la competitividad y ahuyentaría la inversión a otros países, todo por puro dogmatismo ideológico”, afirmó.

Hidalgo, señaló que el plan de Welmer Ramos va en la ruta opuesta a la que trazó el Gobierno para coquetear con más inversionistas de todo tipo, como pensionados rentistas e inversionistas, una de las aristas del plan de reactivación económica que presentó Casa Presidencial el 8 de mayo pasado.

“La primera pregunta que deberíamos hacernos es cuánto dinero esperaría recaudar el país con este impuesto. Esta es una pregunta que los proponentes deberían de contestar. La respuesta no la podemos dar con certeza, pero sería un monto ínfimo para el efecto que tendría este impuesto en cuanto a la imagen y reputación del país y en la disuasión de capitales para que vengan a Costa Rica”, consideró.

Felipe Guevara coincide con el efecto peligroso que un cambio en el esquema tributario tendría efectos muy peligrosos para la IED.

“Sin duda estaríamos alejando a inversionistas que vienen a tributar a Costa Rica porque, aparte de que tendrían un problema en sus países, tendrían un problema acá porque se verían obligados a tributar dos veces al casi no tener Costa Rica convenios para evitar la doble imposición. Sería más sencillo entonces, que el inversionista se vaya a Panamá o Guatemala que aplican el esquema de renta territorial“, concluyó.

Priscilla Piedra dijo que si se optara por una posición extremista en el cambio de esquema podría darse una fuga de inversiones.

“Ese es un tema que se debería de contemplar en la Ley y, desgraciadamente, este proyecto de ley consiste en la reforma de tres artículos y así no se pasa de un sistema de renta territorial a uno de renta mundial. Todas esas reglas, como cuándo se paga, qué pago en un lugar y qué pago en otro, qué porcentaje voy a pagar, si voy a aplicar créditos fiscales, todas esas reglas se tiene que valorar e incluir en la Ley”, opinó.

Piedra agregó que el proyecto de Welmer Ramos es muy sencillo y técnicamente carece de una gran cantidad de elementos que podrían derivar en que, de aprobarse, no sea aplicable en la práctica.

 

Hacienda logra colocación de títulos de deuda interna

Fuente: CR Hoy

El poco apetito que se había mantenido en los últimos meses por las inversiones a mediano y largo plazo, ocasionado por la crisis actual, se logró romper en una nueva colocación de títulos realizada este lunes por el Ministerio de Hacienda.

La cartera logró subastar ¢115.881 millones en títulos de deuda interna, de los cuales ¢74.798 millones fueron colocados a un plazo de siete años, con una tasa de 8,75%.

También se colocaron títulos con vencimiento al 2024 por un total de ¢41.083 millones a una tasa de 7,17%.

La colocación se completó con una captación de $395.000 en series de 2023, a una tasa de 5,04%.

Desde el inicio de la pandemia los mercados habían tenido una elevada preferencia por el corto plazo, dado el interés de los inversionistas de tener los recursos más a la vista y de reducir a lo mínimo posible el riesgo.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, celebró la colocación, al calificarla como una muestra de que los inversionistas están confiando en la política económica del Estado.

La semana anterior Hacienda intentó sin éxito un megacanje por ¢1,8 billones. Se espera que este martes se dé a conocer el plan a seguir con estas inversiones y el endeudamiento para 2021.

Costa Rica y Estados Unidos suscriben acuerdo complementario de FATCA

Fuente: Ministerio de Hacienda

Este lunes 24 de agosto, los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, suscribieron un acuerdo complementario de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con el fin de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por ambas partes en el 2013.

Por medio de este acuerdo la Dirección General de Tributación, en Costa Rica y el Servicio de Rentas Internas, en Estados Unidos, comparten información financiera con el fin de garantizar la transparencia en las transacciones bancarias que ciudadanos estadounidenses realizan en Costa Rica.

Este Acuerdo complementario fue suscrito por el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda y la señora Sharon Day, embajadora de Estados Unidos en nuestro país y tiene como objetivo actualizar el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA, con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre.

A través de la Ley FATCA, Estados Unidos estableció la obligación para las entidades financieras de suministrar, mediante intercambio automático, información relacionada con ciertas cuentas y productos financieros de cuentahabientes estadounidenses y que resultara de interés para efectos tributarios.

Las entidades financieras que no cumplan con este reporte estarán sujetas a un impuesto de retención del 30%, aplicable sobre diversos pagos provenientes de EE.UU. y destinados a sus clientes.

La firma del Acuerdo FATCA busca mantener el estándar actual de transparencia fiscal establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con respecto al intercambio de información para efectos fiscales y asistencia mutua.

¿Más impuestos? Cepal lo sugiere para enfrentar la crisis

Fuente: La República

Ampliar la cantidad de impuestos y hasta la tasa de estos, es sugerido por la Cepal si se quiere salir adelante en el ámbito fiscal por la crisis.

Aunque no se comentó un ejemplo de un porcentaje ideal, el impuesto sobre la renta debe fortalecerse, de acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

“Se debe consolidar el impuesto sobre la renta personal, es la principal brecha en términos de recaudación entre América Latina y la OCDE. Se requerirá de estructuras tributarias progresivas y eficientes para financiar el desarrollo sostenible”, dijo Bárcena.

Extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, gravar la economía digital y considerar impuestos verdes (por utilizar algún material o similar que dañe el medioambiente), son sugerencias.

Pero el que más destaca dentro de las recomendaciones es el de colocar una tasa impositiva fija las empresas multinacionales.

Sin embargo, no todo es tributos nuevos, sino que las autoridades centroamericanas deben atender la evasión y reorientar los gastos tributarios existentes.

Impuesto a combustibles recaudaría ¢100.000 millones menos este año por baja en ventas

Fuente: La Nación

Por la caída en ventas debido a la covid-19, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) prevé cerrar el 2020 con al menos ¢100.000 millones menos en la recaudación del impuesto único a los combustibles que traslada al Ministerio de Hacienda.

En el precio de cada litro de gasolina súper, un 46% corresponde a impuesto actualmente. Hoy, ese litro cuesta ¢572, de los cuales ¢263 se los deja Hacienda.

Con este tributo, se financia, por ejemplo, la reparación de carreteras nacionales y cantonales, así como la fiscalización de la calidad de las vías. También, de aquí se destinan recursos para conservar bosques mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y para ayudar a la Cruz Roja Costarricense.

Los estados financieros de Recope revelan que, en los primeros cinco meses del año, la venta de combustible se redujo por el confinamiento, la restricción vehicular, el auge del teletrabajo y el cierre de fronteras a vuelos internacionales.

Recope preveía este año ingresos de ¢1,02 billones por ventas de combustibles, de los cuales ¢496.619 millones correspondían a factura petrolera, ¢393.480 millones a impuesto único y un saldo en caja de ¢33.872 millones.

La caída en ventas también impacta al Gobierno debido al menor aporte económico que Recope puede hacer ahora para brindar auxilio a la población en medio de la pandemia.

El 13 de julio anterior, Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, le envió una carta a Alejandro Muñoz, jerarca de Recope, donde le informó que era necesario que la Refinadora transfiriera recursos al Fondo Nacional de Emergencia según disposición del artículo 47 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, “para lo cual es indispensable que lleve a cabo un recorte de al menos diez mil millones de colones en partidas que estime convenientes y que no pongan en riesgo la operación sustantiva de su institución. Dicho traslado deberá hacerse efectivo a más tardar el 25 de julio de 2020″.

“Tomando en cuenta el efecto que en nuestras finanzas representaría un aporte por el monto solicitado, se concluye que Recope está en la disponibilidad de efectuar el aporte por un monto de ¢5.000 millones”, respondió Muñoz.

Según él, ese monto no afectaría tanto la operación sustantiva de Recope y corresponde a una disminución de gastos que efectuó la empresa para mitigar los efectos de la pandemia y que fueron depositados el 24 de julio al Fondo Nacional de Emergencia.

Radiografía fiscal regional muestra a Costa Rica como la economía más enferma

Fuente: La República

La radiografía para conocer la condición fiscal de Centroamérica coloca a Costa Rica como la economía más enferma.

De acuerdo con el diagnóstico, es la más amenazada con respecto al aumento de la deuda y de los intereses, junto a El Salvador, advirtió Moody’s.

La calificadora consideró como atípico el caso de Costa Rica, al proyectar que la factura de intereses aumentará este año a casi el 5% del PIB –desde un ya elevado 4,2%– y a un 5,4% el próximo año.

“Esta alta carga de intereses es un desafío central para el perfil crediticio de Costa Rica, que lo distingue del resto de la región”, considera Gabriel Torres, analista de Moody’s.

Esto se suma al grave déficit fiscal que los especialistas consideran que llegaría al 9,7% este año y a que Costa Rica experimentará contracciones del PIB real de 4% o más, junto a El Salvador y Nicaragua.

Por su parte, en el contexto de crisis por el Covid-19, el diagnóstico espera que la región aumente en casi diez puntos porcentuales la deuda como porcentaje del PIB y en tres puntos los intereses como porcentaje de ingresos, en el periodo comprendido entre el 2019 y 2021.

Esto coloca a Costa Rica en una posición más vulnerable, considerando que antes de la pandemia era la economía que tenía los índices más negativos.

Justamente el año pasado la carga de la deuda de Costa Rica se situó en el 58% del PIB y los intereses alcanzaron 28% de los ingresos, la más grave de la región y la séptima más alta entre todos los países que califica Moody’s.

Al mismo tiempo, los márgenes de maniobra son escasos pues calculan que con un 21% del PIB en 2019, el ingreso medio de la región fue uno de los más bajos del mundo. Incluso tres países estuvieron por debajo de ese promedio: Guatemala (11,3%), Costa Rica (14,8%) y Panamá (18,4%).

En la contención del gasto también se vislumbra un escenario difícil para Costa Rica, pues se estima que la reducción sería de apenas un 0,5% del PIB para 2021, contra un 3,5% de El Salvador, solo por poner un ejemplo.

“Se debe realizar el ejercicio de señalar al gobierno las necesidades de hablar con transparencia y de escuchar a diversos sectores y así entender por qué se le considera un gobierno gastón”, advirtió Silvia Hernández, diputada liberacionista cuyo argumento se ve respaldado por el análisis de Moody’s.

Tampoco deben descuidarse las necesidades de financiamiento, que, en bruto, serían del 14,7% del PIB, solo superados en la región por El Salvador.

Ejecutivo presenta veto para corregir error que afectaría proyectos de construcción

Fuente: Ministerio de Hacienda

Considerando que en la ruta de la reactivación económica, la actividad de construcción es una de las áreas fundamentales de desarrollo dentro de la sociedad costarricense, y que el Expediente Legislativo 21.637( Adición de un transitorio V Bis a la Ley N.º 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, para el Impulso de la Reactivación Económica) desfavorece a más de 130 mil proyectos de construcción que tendrían un sobrecosto por la forma en que está redactado, el Poder Ejecutivo vetó dicho proyecto, con el fin de garantizar que este sector contará con las condiciones tributarias adecuadas para poder salir adelante.

Este veto se interpone junto con una propuesta de redacción que fue preparada por la Administración Tributaria, la cual considera la posibilidad de que todos los proyectos queden debidamente incorporados, con las ventajas tributarias que la Asamblea Legislativa ha querido definir para ellos.

La nueva redacción del Transitorio V bis y un ajuste en el Transitorio Único de la Ley, referido al plazo para su reglamentación, que busca una aplicación general para todos , propone que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, independientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los siguientes beneficios tributarios del impuesto sobre el valor agregado:

A partir del 1 de setiembre de 2023, estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto sobre el Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982.

Al referirse a esta decisión del Ejecutivo la viceministra de Ingresos de Hacienda, Alejandra Hernández, enfatizó que “este veto tiene como único objetivo procurar una mayor estabilidad en un sector vital para el país en materia de empleo y producción, de tal forma que logre una correcta aplicación del IVA en servicios suministrados a proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia entre todos los contribuyentes de este sector”.

Gobierno deberá canjear $3.400 millones en bonos y asumir nueva deuda para cubrir sus gastos

Fuente: CR Hoy

Para poder financiar los gastos del próximo año, el gobierno se verá obligado a protagonizar una enérgica estrategia de canje de deuda interna por al menos $3.400 millones, pero además, deberá emitir nuevos bonos de deuda interna por más de $2.500 millones.

Estas son parte de las necesidades de gastos que enfrenta el Estado para 2021 y que meten en una olla de presión al gobierno.

Las cifras parten de la premisa de que el país podrá acceder a por lo menos $1.600 millones en nuevos créditos extranjeros – incluido el acuerdo con el fondo Monetario Internacional (FMI) y que tenga éxito en la colocación de por lo menos $1.500 millones en eurobonos.

Si algo de esto falla, o se cumple a medias, la presión sobre el endeudamiento interno sería todavía mayor.

En la revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central revelado hace un par de semanas cuantificaron las necesidades de financiamiento del país en un equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, una cifra que se aproxima a los $10 mil millones.

De acuerdo con la firma FCS Análisis, esas necesidades de financiamiento se dividen de la siguiente manera: unos $5.762 millones del déficit financiero, $3.408 millones que el gobierno necesita pagar por vencimientos de deuda interna, y $99 millones en vencimientos de deuda interna.

Para financiar esas necesidades el gobierno se verá obligado a patear la bola hacia adelante con los vencimientos de deuda interna; es decir, negociar con todos sus tenedores para no pagarles el próximo año, sino más bien canjear esos recursos por nuevos títulos que se venzan más adelante.

Pero incluso aunque logre canejar el 100% de esos vencimientos y que se logren los acuerdos multilaterales y la colocación de eurobonos, al gobierno le estarían haciendo falta más de $2.500 millones en títulos de deuda interna que se vería obligado a colocar. FCS Análisis calcula ese faltante en $2.754 millones.

Luis Mesalles, analista de Ecoanálisis, coincidió con el cálculo al señalar que faltarían al menos $2.500 millones por cubrir con nueva deuda, lo cual inyecta mayor presión al gobierno.

Esto por cuanto tendrá que salir a buscar esos recursos en el mercado interno en momentos en que el país atraviesa una economía deprimida.

Datos del Ministerio de Hacienda señalan que los principales vencimientos del próximo año se concentrarán en noviembre, diciembre y marzo.

Ante consulta de CRHoy, la cartera señaló que el trabajo por negociar esos canjes ya comenzó.

“En lo que llevamos del año mediante los procedimientos de canjes de deuda se han logrado trasladar vencimientos del 2021 por un monto cercado a los ₡183 mil millones (incluyendo valores en colones y dólares), lo cual representa cerca del 0,5% del PIB y cerca de un 1% del total de la deuda. Para el II semestre de este año se continuará con las acciones de canje de deuda que se han venido realizando en lo que va del año”, indicó Hacienda.

En la operación que realice el gobierno para tratar de sufragar sus necesidades de financiamiento del próximo año, toda negociación con organismos externos representará menos presión por acudir a renegociaciones o emisiones en el mercado interno.

Según Hacienda aún no se tiene un monto total definido, aún y cuando el Banco Central señaló en su Programa Macroeconómico que se trataría de al menos un 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que incluye Eurobonos y el acuerdo con el FMI.

“Los créditos externos que podrían estarse negociando para el 2021 son el SBA con el FMI y esto podría habilitar la negociación de nuevas operaciones presupuestarias con el BID y el Banco Mundial. Aún no se tiene un monto definido para estas operaciones. Adicionalmente, como se adelantó en la comparecencia que hiciera el Ministro (Elian Villegas) en la Asamblea Legislativa, existe la posibilidad de iniciar un proceso con el objetivo de lograr la autorización para emitir nuevamente valores en el mercado internacional en el 2021″, agregó Hacienda.

¿Hay espacio para renegociar?

En un escenario de normalidad, las renegociaciones para canjear deuda interna no supondrían mayores contratiempos para el gobierno, pero en un ambiente de alta incertidumbre como el actual algunos analistas mantienen dudas sobre si el gobierno podrá cumplir la meta de canjear todos los vencimientos del próximo año.

En primer lugar es importante entender quién tiene en sus manos esos bonos.

Según los datos más recientes del Ministerio de Hacienda, con corte a mayo, la mayor parte de bonos están en las operadoras de pensiones, seguido de entidades del sector público no financiero, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

También hay una buena parte en tenedores privados, bancos públicos, aseguradoras (especialmente el Instituto Nacional de Seguros (INS), entre otros.

Algunas de estas entidades tenedoras de bonos como la CCSS llevan gran peso sobre la espalda de la crisis sanitaria, ocasionando que aumente la necesidad de tener el dinero en la mano y no en bonos a futuro.

La alternativa, de acuerdo con Mesalles, es que en caso de que alguna entidad tenedora no quisiera renegociar que el gobierno las “obligue” de alguna manera, lo cual desde el punto de vista financiero y de análisis de riesgo, podría ser visto desde el extranjero como un “default técnico”.

Mientras se empieza a caminar en el proceso de negociación de canjes para el próximo año, el gobierno está a la espera de finalizar el periodo de “diálogo” que promulgó en materia económica para protagonizar las negociaciones con el FMI para un acuerdo, posiblemente el próximo mes.

De este acuerdo dependerán eventuales negociaciones con otras entidades financieras y de que exista un mejor ambiente para pedir permiso de realizar una nueva colcoación de eurobonos.

 

PUSC y PLN critican plan de renta mundial de Welmer Ramos

Fuente: CR Hoy

Los diputados Pablo Heriberto Abarca y Silvia Hernández, de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), cuestionan la conveniencia de que el país incluya dentro del sistema tributario el impuesto de renta mundial, una propuesta que pondrá sobre la mesa el diputado oficialista, Welmer Ramos y otros legisladores.

El plan busca que todas las rentas de los ciudadanos, nacionales o residentes, sean gravadas, sin importar donde se hayan generado, es decir, tiene la intención de gravar la riqueza generada por las personas físicas o jurídicas residentes fiscales en Costa Rica, dentro o fuera del territorio nacional. Para el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca la propuesta atentaría con la imperiosa necesidad de atraer más inversiones al país para que se generen puestos de trabajo.

“El tema de impuestos no debería ser la prioridad y deberíamos más bien de estar buscando quitar trabas y acomodar las cosas para que más gente pueda venir aquí al país para invertir y producir. Hay otros países que lo están haciendo y les está yendo bien, pero si lo que queremos es espantar la inversión, pongamos impuestos, hay que quitar trabas y habilitar las cosas”, dijo Abarca.

Silvia Hernández, quien preside la comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso dijo que esta propuesta debería discutirse en el marco de una reforma integral y cuestionó, como dice Ramos, que sea “un estándar” contemplado dentro de los requisitos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exija a sus países miembros.

Hernández también cuestionó que la propuesta no ofrezca estimaciones y consideraciones sobre lo que esto implica para los contribuyentes y para la Administración Tributaria.

“El problema de fondo que tiene esta iniciativa es que pretende incluir el criterio de renta mundial en el actual sistema de imposición sobre la renta, como si así se redujera la elusión. Estas discusiones deberían darse en el marco de una reforma integral al sistema de imposición sobre la renta costarricense, que está claramente obsoleto. Sin embargo, se presenta como un retoque y sobretodo sin estimaciones y consideraciones sobre lo que esto implica para los contribuyentes y para la Administración Tributaria. El criterio de renta mundial no es un estándar de la OCDE como dice Welmer Ramos, es un criterio de sujeción que permite a los Estados gravar a sus residentes según sea su capacidad económica total. Me parece inaudito que este proyecto de ley así como está tenga la bendición del Director General de Tributación, como lo señalan algunos compañeros”, dijo la liberacionista.

En días recientes el diputado de Nueva República y presidente de la comisión dictaminadora de los proyectos de la OCDE, Jonathan Prendas también cuestionó al plan en el marco de la búsqueda de una ruta de reactivación del empleo. Prendas dijo que antes de pensar en este proyecto, se debe exigir al gobierno a mejorar su recaudación y a luchar de manera más eficiente contra la evasión y la elusión fiscal y el contrabando.

“Costa Rica lo que ocupa es facilidad, inversión y ser de puertas abiertas para la inversión. No podemos restringir y poner amenazas de más impuestos a quienes quieren venir a invertir y contratar personal”, dijo Prendas.


El proyecto lo impulsa el legislador oficialista Welmer Ramos, las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladares y la socialcristiana, María Vita Monge.

El diputado dijo que el tema lo ha conversado desde hace semanas atrás con autoridades del Ministerio de Hacienda. Aseguró que esta legislación es necesaria, sobre todo después que la investigación de los Panamá Papers demostrara que el país es “un coladero para que paguen impuestos unos pocos”.

IICE plantea reducir el IVA al 11% y aumentar tramos del Impuesto a la Renta

Fuente: Semanario Universidad

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, enviará una propuesta al Poder Ejecutivo para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 13% al 11% y ampliar los tramos del Impuesto sobre la Renta, una fórmula que contribuiría, a la vez, a aumentar la recaudación tributaria de cara a la emergencia sanitaria por la Covid-19 y a distribuir de un modo más justo las cargas económicas de la crisis.

José Antonio Cordero, director del IICE, explicó que se busca “progresividad en el pago de impuestos, con un menor impacto en grupos de hogares de menores ingresos, a la vez que incrementamos la recaudación tributaria y mantenemos la demanda agregada, el gasto agregado en la economía”, durante el “Foro Alternativas Tributarias Post-Pandemia”, organizado por la Oficina de Divulgación de la UCR.

Cordero resaltó, además, que la propuesta del IICE genera la mitad de los ingresos que produciría la iniciativa de reducir las jornadas del sector público y “bajaría el pago del IVA a toda la población, pero especialmente a quienes más dificultades tienen”.

Por su parte, Rudolf Lücke, investigador de la entidad, explicó que la propuesta consiste, por el lado del IVA, en bajar la tasa del 13% al 11% y simultáneamente reducir la cantidad de productos de la Canasta Básica Tributaria (CBT), quitando de ella –y, por tanto, gravando con la nueva tarifa del IVA- aquellos que hoy día sí forman parte de esta, pero que no son consumidos por los hogares de menores ingresos.

Explicó que, en el IICE, se plantearon cómo reducir el impuesto a los hogares de menores ingresos -los ubicados en los deciles o grupos 1, 2 y 3, si se dividen todos los hogares del país según el monto de sus ingresos- y a la vez aumentar recaudación, de modo que el Ministerio de Hacienda pudiera contar con mayores recursos para enfrentar la crisis.

Encontraron que el ingreso disponible de los hogares del decil 1 –los más pobres- mejora si se reduce en más de la mitad la cantidad de productos exonerados de la CBT eliminando de ella los que no son consumidos por los tres primeros deciles y si, al mismo tiempo, se exoneran del IVA -incluyéndolos en esta canasta- tres servicios que actualmente sí pagan impuestos y a los cuales los hogares de menores recursos destinan una gran parte de su gasto: Internet, celular postpago y prepago; los servicios de doble play; y los servicios de corte de cabello.

“Estos tres rubros representan un gasto importantísimo de los hogares de menores ingresos. Al estar gravados hoy, generan un efecto muy negativo sobre los ingresos de estos sectores. Por eso, incluirlos dentro de la CBT y retirar los otros productos que son consumidos por los hogares de mayores ingresos, mejoraría bastante el ahorro o ingreso disponible para los hogares de menores ingresos”, enfatizó.

Para lograr todos los efectos de modo simultáneo, la rebaja del IVA a un 11% tendría que ir acompañada también de que la educación privada y los boletos aéreos sí paguen ese nuevo monto del IVA.

Bajar la tasa de este impuesto al 11% generaría un incremento sustancial en la recaudación sin afectar a quienes reciben menores ingresos, pues la reducción del déficit sería de 0,17% del Producto Interno Bruto (PIB), porque se recaudarían entre ¢52 mil millones y ¢58 mil millones adicionales.

“No es un monto despreciable. Es la mitad de lo que se espera con el proyecto de reducir la jornada laboral del sector público”, dijo Lücke.

En cuanto al Impuesto a la Renta, el investigador explicó que si se gravan con una tasa entre 30% y 35% los salarios que superan los ¢5 millones 500 mil, se generaría una recaudación adicional del 0,25% del PIB.

Actualmente, incluso con las reformas que introdujo la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –conocida como “reforma fiscal”- a partir de un ingreso de ¢3 millones 244 mil, la tasa del Impuesto sobre la Renta se mantiene en 25%, independientemente de que la persona física gane ¢30 millones o ¢40 millones, agregó.

Si se ampliaran los tramos de cobro del Impuesto sobre la Renta como lo propone el IICE, la recaudación aumentaría en ¢19. 500 millones y la reducción del déficit fiscal “superaría el 0,20% del PIB”, agregó.

Por su parte, Juan Robalino, subdirector del IICE, explicó que las modelaciones las realizaron con insumos como el indicador de movilidad de Google, que permite saber el comportamiento actual de la población. Esto es, compararon cuánto sale ahora hacia lugares de consumo y cuánto lo hacía previamente a la pandemia y combinaron esta información con la matriz insumo-producto.

Encontraron que, en la semana del 20 de junio, cuando los casos de contagios con el COVID-19 subieron a entre 300 y 500 diarios, “comenzó a verse la tendencia de la gente a reducir su movilidad, a quedarse en casa”.

“No se puede hablar de reactivación económica sin resolver el problema sanitario. La gente se está quedando en la casa”, resaltó.

Si el IICE proyectó en mayo que la contracción económica sería de entre 4% y 5,5% del PIB y la subieron a cerca del 5,9% del PIB a finales de julio y principios de agosto, “podríamos esperar una caída de entre 6% y 7% del PIB”, dijo.

Además, a partir de la última Encuesta Continua de Empleo, del INEC, divulgada hace dos semanas, entre las personas desempleadas y las subempleadas hay 600 mil personas trabajadoras afectadas en sus ingresos.

“Cuando modelamos la pobreza con el escenario de Google, la pobreza llegaría al 22%, si además tomamos en cuenta el aumento en el subempleo, eso puede crecer. Sin embargo, no tomamos en cuenta el Bono Proteger que, bien focalizado, puede tener un efecto de bajar la pobreza en 3 puntos porcentuales (p.p.) o en 4 p. p. Esperamos que cuando INEC saque la próxima Encuesta de Hogares, la pobreza sea de entre 26% o 27%. Si esto ocurre, son niveles que no vemos desde principios de los años 80. Esto generará problemas en todos los sectores”, dijo.

“Tenemos que ser inteligentes y tratar de afectar la economía de la menor manera y que los efectos sean progresivos. Poner impuestos en mercados que ya están muy cargados, no es lo mejor. Hay que ponerlos donde las tasas impositivas no son tan grandes”, añadió.

Finalmente, Cordero llamó a actuar dado el agravamiento de la situación fiscal.

“Antes de la pandemia se pronosticaba un déficit fiscal de 6%, en abril, el Ministerio Hacienda dijo que el déficit alcanzaría más del 8% para fines del 2020 y, en junio, anunció que el 2020 cerraría en 8,61% del PIB. Y la relación deuda a PIB va aumentando y ya supera el 70%, según Hacienda”, concluyó.

Por otro lado, el deterioro de la situación económica y fiscal para hacerle frente a la pandemia fue conocido la semana pasada al darse a conocer tanto el Índice Mensual de la Actividad Económica como las nuevas cifras fiscales, por el Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda, respectivamente.

También el IICE informó, la semana pasada, los nuevos resultados de su “Encuesta de Expectativas Empresariales” para el III Trimestre del presente año (julio, agosto y setiembre), según los cuales el mayor deterioro se da en los sectores de servicios, manufactura y comercio, mientras que el sector agropecuario es el que menor deterioro muestra.

La Encuesta reveló que, en términos generales, el optimismo del empresariado continúa en deterioro, ya que disminuye en 5 p.p. respecto del trimestre anterior.

El estudio que tomó la opinión de 389 empresas que respondieron preguntas en relación con sus expectativas de empleo, ventas, utilidades, inversión y tipo de cambio, se llevó a cabo entre el 18 de mayo y el 12 de junio pasados y es realizada periódicamente por el IICE.

A propósito, consultamos algunos aspectos de estos resultados a la estadística Gabriela González, coordinadora de la encuesta y al economista independiente, Carlos Solórzano, sobre el comportamiento del dólar en el contexto del deterioro de las finanzas públicas.

Gabriela González, investigadora del IICE
“Es un contexto muy dinámico y cambiante”
Gabriela González, coordinadora de la encuesta.

¿Cuáles son las diferencias más destacadas entre los resultados del II y del III trimestre de la Encuesta?

—A nivel global por sector económico, los resultados muestran que los sectores manufactura y comercio pasaron del terreno optimista al pesimista en tres meses.

En cuanto a la expectativa en empleo, son muy similares al trimestre anterior, solamente entre un 5% y un 11% de los empresarios espera aumentar su contratación de trabajadores en el tercer trimestre del 2020 y el segundo trimestre las posibilidades de contratación de nuevos empleados se ubicaron entre 6% y 17% en los distintos sectores.

En cuanto a las expectativas en producción, utilidades y competitividad, se ven debilitadas en todos los sectores si se compara el periodo de abril a junio.

¿Qué explica que el sector agropecuario no sea de los más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia?

—En el caso de las empresas dedicadas a las actividades agropecuarias, desde el IV trimestre del año 2018 presentan expectativas menos optimistas, ya que se colocan en un nivel inferior a los 50 puntos porcentuales (terreno pesimista). Sin embargo, al comparar con tres meses atrás, es el sector que menos disminuye. Los empresarios de este sector indican que han mantenido su cartera de clientes por años, tanto a nivel local como externo, por lo que las cosechas serán vendidas durante este periodo.

Hay que tener presente que los resultados del índice reflejan las expectativas para este tercer trimestre y toman en cuenta varios factores; por lo tanto, no se está midiendo la afectación por COVID-19 solamente.

¿Puede estimar cuáles serían los sectores económicos que se reactivarán más rápidamente con una mejor calibración de las medidas de apertura y cierre en la contención del contagio por parte del Ministerio de Salud y, en perspectiva, tras la superación de la pandemia de COVID-19?

—Esto aún no es posible medirlo con la encuesta del tercer trimestre, las empresas están desarrollando sus actividades bajo un contexto muy dinámico y cambiante. Conforme se tengan más mediciones de las expectativas empresariales en los próximos trimestres, quizás se pueda tener más claridad de cuáles serán los sectores económicos que se van reactivando.

¿Cuáles son los factores de incertidumbre empresarial que existían antes de la pandemia de COVID-19 y que, por tanto, podrían persistir una vez superada la pandemia?

—Los resultados de la encuesta deben interpretarse bajo el contexto de un entorno pesimista que se ha venido presentando en los últimos cuatro trimestres debido a factores como el desempleo, la pérdida en la capacidad de compra de las personas, la incertidumbre ante el panorama económico, lo que ha impedido a los empresarios realizar nuevas inversiones.

Ahora se suman los efectos de la pandemia del coronavirus, la cual originó una crisis de salud mundial que afectó y continúa afectando también la economía del país.

Todos estos factores podrían persistir una vez que se supere la pandemia, con el inconveniente de que se tendrá un contexto global con mayores dificultades.

Carlos Solórzano, economista independiente
“Si no hubiese acuerdo con el FMI, no entrará dinero externo”
Carlos Solórzano, economista independiente. (Foto: Katya Alvarado).

¿Por qué está subiendo el tipo de cambio y cuál es la perspectiva?

—Los ingresos por turismo son nulos, no hay inversión extranjera y el ingreso de dólares de colores está muy bajo. No hay casi exportaciones. La gente prevé que el tipo de cambio debe subir y se está adelantando a la profecía. Si no se firma y aprueba el acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esto va a ser un verdadero caos.

¿Cómo se daría esa crisis?

—Si no hubiese acuerdo con el FMI, no entrará dinero externo, las fuentes multilaterales se cerrarían y las fuentes privadas se dedicarían a cobrar tasas argentinas.

Al no haber ingresos de inversión ni de turismo, el tipo de cambio se dispararía y el país quedaría imposibilitado de hacer frente a su deuda externa por lo que se vería obligado a entrar en default.

El déficit fiscal se dispararía también por los altos costos de la deuda.

Moody‘s: Costa Rica y El Salvador tienen las mayores debilidades fiscales en la región

Fuente: La Nación

Costa Rica y El Salvador serán los dos países del Istmo que sufrirán los mayores golpes fiscales como consecuencia del efecto de la pandemia de la covid-19 en sus economías.

Para la agencia Moody’s, ambas naciones son las que tienen la menor flexibilidad en sus finanzas públicas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia.

“El espacio fiscal disminuyó para todos los soberanos centroamericanos; Costa Rica y El Salvador en las posiciones más débiles. Evaluamos el espacio fiscal observando la evolución de la deuda pública y la carga de intereses a largo plazo”, se detalla en el análisis, dirigido principalmente a inversionistas.

Para la calificadora de riesgo, las finanzas costarricenses y salvadoreñas tendrán los mayores desequilibrios entre ingresos y gastos lo cual elevará, el próximo año, la deuda pública tica hasta el 74,6% del producto interno bruto (PIB).

“Costa Rica se destaca porque reportó la mayor reducción en el espacio fiscal antes de la pandemia. Entre 2015 y 2019, la deuda como porcentaje del PIB y los intereses aumentaron en 18 y nueve puntos porcentuales, respectivamente”, recalcó Moody’s.

La agencia resaltó que la revisión de la nota de riesgo de Costa Rica (B2 negativa) y de El Salvador (B3 positiva) ha sido limitada, pues se ubican en la parte inferior de su escala de calificación.

“Esperaríamos que las presiones en la calificación se intensificarán si la magnitud del choque (de la pandemia) se profundiza y si las presiones de liquidez suben”, destacó Moody’s.

El análisis de la agencia estadounidense muestra que los países de la región también tendrán un incremento de su deuda pública. Sin embargo, cuentan con mayor espacio fiscal comparado con Costa Rica y El Salvador.

Por ejemplo, proyecta que en Panamá su deuda llegará hasta el 55,7% del PIB para el próximo año. En Nicaragua sería del 48,6%, en Honduras del 44,4% y, en Guatemala del 33,8% de su producción.

“En 2021, esperamos que los gastos disminuyan a medida que cede la pandemia, aunque se mantendrá por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria”, destacó Moody’s. En promedio, se prevé que los egresos se reduzcan en 1,5 puntos porcentuales (p. p.) el próximo año en los países centroamericanos.

Moody’s también destacó que el costo de financiamiento externo para los gobiernos de la región ha aumentado en general, aunque se ha reducido respecto a los niveles reportados algunos meses atrás.

Los costos llegaron a incrementarse 404 puntos base, en promedio, cuando los mercados financieros globales experimentaron un periodo de volatilidad hacia finales de abril, se destaca en el documento.

“El turismo representa el 20% de las exportaciones totales, aporta el 12% del PIB y ha sido un importante motor de crecimiento en la última década”, destacó la calificadora sobre la relevancia de la industria.

Para el caso panameño, se señala que la mayor amenaza es la disminución del comercio mundial, lo cual impactará el transporte de mercancías a través del Canal de Panamá.

Las transferencias del Canal representan el 21% de los ingresos del Gobierno Central.

Hasta hoy hay tiempo para cancelar el Impuesto del Valor Agregado de julio

Fuente: La República

Hasta hoy martes 18 de agosto hay tiempo para cancelar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes de julio.

Guillermo Smitn, presidente del Colegio, señaló que es importante hacer este recordatorio, ya que la Ley de Alivio Fiscal, que se aprobó para marzo, abril y mayo; con presentación de formularios en abril, mayo, y junio ya no aplicaría para julio.

“Los que se acogieron a la Ley de Alivio Fiscal mantienen los impuestos adeudados correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo de 2020, que se debieron declarar en su respectivo formulario en abril, mayo y junio de 2020, sin incurrir en el pago de intereses, y la fecha límite de pago es el 31 de diciembre 2020”, explicó Smith.

La facilidad de pago en estas condiciones podrá cubrir la totalidad del monto adeudado por concepto del IVA de impuestos selectivos de consumo de los meses mencionados, o el saldo pendiente de dichos impuestos sin intereses.

También existe la posibilidad de realizar pagos a cuenta, o pagos parciales, en cualquier momento desde abril y hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Los contribuyentes podrán efectuar pagos a cuenta del impuesto respectivo en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con su planificación financiera, por el monto que ellos mismos determinen. El objetivo es que no se vean obligados a cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por abril, mayo y junio de 2020 en un único pago acumulado”, agregó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Diputados pondrán sobre la mesa impuesto de renta mundial

Fuente: CR Hoy

Diputados de Acción Ciudadana (PAC),  Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana desempolvarán una discusión que se había engavetado en el Congreso, un plan para establecer el impuesto de renta mundial, según el cual todas las rentas de los ciudadanos, nacionales o residentes, serían gravadas, sin importar donde se hayan generado.

El proyecto lo impulsa el legislador oficialista Welmer Ramos, las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladares y la socialcristiana, María Vita Monge.

El proyecto tiene la intención de gravar la riqueza generada por las personas físicas o jurídicas residentes fiscales en Costa Rica, dentro o fuera del territorio nacional.

En países donde se ha adoptado este modelo tributario, se menciona que la medida ayuda a mejorar la recaudación y frenar la evasión.

El diputado Ramos dijo que el tema lo ha conversado desde hace semanas atrás con autoridades del Ministerio de Hacienda. Aseguró que esta legislación es necesaria, sobre todo después que la investigación de los Panamá Papers demostrara que el país es “un coladero para que paguen impuestos unos poco”.

Además defendió que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que se necesitan normas en este sentido.

El borrador del proyecto puede verlo en este enlace Proyecto Renta mundial v2 20-07-2020

El proyecto, según Ramos se presentaría este martes. “Cualquier residente tributario en Costa Rica debe declarar lo que se ganó acá y en el mundo, sino es así muchísimos van a simular que ganaron sus rentas fuera del país para no pagar impuestos, esto es una simulación”, dijo Ramos.

La liberacionista Franggi Nicolás confirmó que trabaja con Ramos la presentación de este proyecto.

La legisladora dijo que anualmente el país deja percibir $3.500 millones por no cobrar de manera adecuada los impuestos y que este plan podría aportar a la reducción de esta cifra.

Nicolás apeló a que una vez presentado el Poder Ejecutivo lo respalde. “Esperaría que el presidente se sume en esta lucha, sin tan interesado está en que el país mejore sus finanzas y también esperamos que los sectores económicos grandes se sumen sin mezquindad”, dijo la liberacionista.

CRHoy.com intentó conversar con las diputadas María Vita Monge y Paola Valladares, sin embargo no fue posible localizarla a través de sus teléfonos celulares.

Nueva República: “Es un proyecto inoportuno”

Desde Nueva República el proyecto no es respaldado, según dijo el legislador de ese bloque independiente, Jonathan Prendas.

Prendas dijo que antes de pensar en este proyecto, se debe exigir al gobierno a mejorar su recaudación y a luchar de manera más eficiente contra la evasión y la elusión fiscal y el contrabando.

El diputado, presidente de la comisión que dictaminó los proyectos para el ingreso a la OCDE, refutó a Ramos acerca de que la OCDE obligue a sus países miembros este tipo de legislación.

“Costa Rica lo que ocupa es facilidad, inversión y ser de puertas abiertas para la inversión. No podemos restringir y poner amenazas de más impuestos a quienes quieren venir a invertir y contratar personal”, dijo Prendas.

CRHoy intentó localizar vía telefónica al ministro de Hacienda,  Marcelo Prieto para saber la posición del Poder Ejecutivo sobre esta propuesta, sin embargo no se logró contactar.

 

Herramientas tecnológicas de Hacienda dificultan gestiones a contribuyentes

Fuente: La República

Ya sea por el cierre de oficinas o por el temor de contagio del Covid-19, cada vez más contribuyentes emplean los canales digitales de comunicación para aclarar sus dudas tributarias.

Sin embargo, algunas veces esa gestión se convierte en un dolor de cabeza pues, a pesar de los ajustes realizados, las herramientas tecnológicas ofrecidas por Hacienda siguen mostrando falencias.

LA REPÚBLICA puso a prueba algunos de los servicios de comunicación y en el ejercicio se comprobó que, por ahora, la mejor manera para solucionar situaciones de impuestos es de forma presencial.

La herramienta más sencilla está en el apartado Consulta Situación Tributaria de la página del ATV, en donde sí se muestran las obligaciones tributarias, la morosidad, entre otros servicios.

Pero si se necesita gestionar alguna irregularidad, no cuenta con un espacio para explicar las inquietudes.

Ante esta situación se realizó la consulta por al correo SituaciontributariaATSJE@hacienda.go.cr, uno de los habilitados según la Administración Tributaria, pero la respuesta automática redireccionó al primer sitio web consultado.

Además se intentó mediante el número de WhatsApp habilitado 8849-9771;sin embargo, este funciona solo para sacar citas presenciales para aquellos sin acceso a Internet.

Al escribirles, en su respuesta automática aclaran que, si no se escribe con el fin de coordinar una cita, se deberán de usar los canales de comunicación ya existentes.

Poca solvencia

Las falencias se han exacerbado durante la pandemia, según especialistas.

Carlos Camacho
Socio Director
Grupo Camacho Internacional

Solamente se está agravando un problema que existía previo al Covid-19, y que ahora se hacen todavía más lentos los procesos cuando el contribuyente tiene urgencias. No hay eficiencia.

Silvia González

Socia de Impuestos & Legal
Grant Thornton

Existen distintos medios de recepción, y no necesariamente se obtiene una respuesta inmediata o acuse de recibido que le dé certeza al contribuyente sobre el trámite que está realizando.

Mario Gutiérrez
Socio de Impuestos, Auditoría y Consultoría
RSM Costa Rica

Es necesario que la Administración Tributaria habilite opciones más ágiles, quizás mediante chats en línea, actualización de preguntas frecuentes y direcciones de correo electrónico específicas para los asuntos o dudas más comunes o por categorías.

Rafael Luna
Socio de Impuestos
Consortium Legal

Son sistemas poco flexibles, no son para nada amigables y constantemente tienen problemas de que los sistemas colapsan.
Ciertamente Tributación ha tratado de implementar mejoras, pero el problema está en que el tipo de respuestas no son suficientemente buenas, y en la práctica esos sistemas son de poca ayuda.

Priscilla Sánchez Conejo
Socia de Impuestos
Clare Facio Legal

La coyuntura reforma fiscal - pandemia resultó ser una tormenta perfecta para el contribuyente. No todas las personas tienen acceso a un medio electrónico, lo que limita al contribuyente al momento de buscar la forma de cumplir con las obligaciones tributarias de la nueva ley. ¿La verdad incómoda? Toda esta falta de acceso se traduce en inseguridad jurídica que siempre irá en perjuicio del contribuyente.

Declaración del registro de accionistas del 2019 valdrá para el 2020

Fuente: La Nación

Las sociedades que presentaron la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del 2019 no tendrán que entregarla este 2020, en setiembre próximo, como estaba previsto, sino que se valdrá la vigente y se cargará en forma automática.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es un sistema creado y administrado por el Banco Central en el cual las sociedades y otras personas jurídicas deben detallar quién son sus accionistas y beneficiarios finales. El registro se creó en la Ley Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, vigente desde el 2016.

Tributación y el ICD consideraron que dada la afectación que ha generado la covid-19, que apenas hace cinco meses concluyó el plazo de la presentación de la última declaración y en procura de simplificar trámites, decidieron que se mantenga la del 2019 de forma automática para el 2020.

“Se procede a reformar la resolución DGT-ICD-R-06-2020, para que se tenga lo declarado en el 2019 de forma automática como declaración 2020, sin que los obligados deban gestionarla en el sistema, así como el traslado de las próximas declaraciones ordinarias según se indica en esta resolución”, dice el texto de la nueva resolución.

Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton, explicó las que no declararon en el 2019 y que ya recibieron la multa, pueden declarar en cualquier momento y tienen tiempo hasta setiembre del 2020.

“Las personas jurídicas que se les asigne un número de cédula en el Registro Nacional, ya sea por inscripción o por solicitud de asignación, entre el 1°. de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021, no deberán presentar su primera declaración dentro de los 20 días hábiles siguientes y en su lugar, por esta única vez, la presentarán en el mes de abril de 2021”, detalló Grant Thornton en un comunicado.

Por su parte, los fideicomisos, administradores de recursos de terceros y las organizaciones sin fines de lucro, que todavía no están obligados a presentar la declaración, deberán mantener la información y entregarla a la Administración Tributaria cuando esta así lo requiera.

WEBINAR GRATUITO: Manejo empresarial en la nueva normalidad: ¡Resolvamos juntos!

Fecha: Viernes 21 de agosto
Hora: 2:30 p.m.
Inscripción Gratuita: https://bit.ly/WebinarManejoEmpresarial

Tres recomendaciones para no perder el orden administrativo en su empresa


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

- Expertos analizarán dificultades y posibles soluciones para mantener las empresas en medio de la nueva normalidad
- Actividad es gratuita y con cupos limitados.

La “nueva normalidad” no sólo aplica para las personas, las mascarillas y el distanciamiento social, sino también para empresas y empresarios, que ahora se enfrentan a una serie de retos que hace cinco meses no se tenían.

Este será el enfoque de un conversatorio gratuito que realizará el equipo de Actualidad Tributaria, liderado por el Máster en Derecho Tributario Raymundo Volio y el cual abordará los retos nuevos de las empresas a nivel administrativo. 

“La pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos como personas, pero no podemos obviar cómo nos ha cambiado a nivel empresarial. Nuevas reglas fiscales; cambios en fechas importantes de cara a las autoridades; instituciones y oficinas gubernamentales trabajando a media máquina. Realmente es un reto para pequeños, medianos y grandes el mantenerse al día y a flote en medio de un ambiente tan caótico”, comentó Volio.

El conversatorio se llama “Manejo empresarial en la nueva normalidad: Resolvamos juntos” y se realizará vía Zoom el día viernes 21 de agosto a las 2:30 p.m. Para inscribirse de manera gratuita, los interesados deben inscribirse en el link https://bit.ly/WebinarManejoEmpresarial. El cupo es limitado.

“Brindaremos un espacio de desahogo para empresarios al tiempo que ofreceremos nuestros aprendizajes de cómo sobrellevar esta nueva normalidad en términos administrativos, fiscales, laborales y contables. Nuestra intención es arrojar luces a lo que estamos enfrentando”, afirmó Volio.

Tres consejos para enfrentar la nueva normalidad

Para Volio lo más importante es tener un buen asesor.

“La ventaja de nosotros los asesores es que llevamos al dedillo los cambios que se dan para evitarle al cliente la fatiga de ser él quien busque esa información. Nosotros la compilamos, la analizamos y la desmenuzamos para que el cliente se enfoque en su negocio, que ya de por sí es toda una tarea en tiempos de pandemia”, explica Volio.

El experto pide a los empresarios informarse por los canales oficiales y recurrir a ellos si tienen dudas, pues en momentos como estos la información falsa abunda, lo que puede generar incumplimientos por parte del negocio, produciendo multas y sanciones. 

Finalmente, el tercer consejo que brinda Volio es aumentar la vigilancia con respecto a las estafas telefónicas, pues muchos clientes le han informado de aumento en llamadas con la intención de hacerse pasar por Hacienda o por bancos y finalmente extraer información para extraer dinero de cuentas bancarias. 

“Son momentos para aumentar la vigilancia y la malicia”, afirmó Volio.

Fecha: Viernes 21 de agosto
Hora: 2:30 p.m.
Inscripción Gratuita: https://bit.ly/WebinarManejoEmpresarial

Recaudación de impuestos siguió cayendo en julio

Fuente: CR HOY

La disminución de recursos para el Estado no se detiene. La recaudación de impuestos durante julio siguió su tendencia decreciente, según los datos más recientes del ministerio de Hacienda.

Al cierre del mes pasado se reportó un decrecimiento de 11,43% en los ingresos tributarios respecto al mismo periodo del 2019. Esto representa una caída en la recaudación por ₡301.221 millones, lo que equivale a un 0,87% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ejemplo, en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) este decreció un 4,55%.

La recaudación en este rubro representó ¢39.891 millones menos que en 2019. y se vio afectado principalmente por la baja del 25% en el impuesto de aduanas.

El otro componente del IVA -el IVA interno-, o bien el que pagan los ciudadanos por la compra de bienes y servicios, sí tuvo un incremento del 11,77%, el cual, sin embargo, no fue suficiente para que el indicador total cerrara mejor.

El impuesto sobre la renta cayó un 9,93%, lo que equivale a ¢102.559 millones menos que hace un año.

En cuanto al impuesto único a los combustibles, este tuvo una caída del 14,5%; es decir, ¢44.028 millones menos.

Los gastos, de acuerdo con Hacienda, el Gobierno Central logró reducirlos en un 0,35%, ¢14.846 millones.

Sin embargo, a pesar de ese decrecimiento en el gasto total, la caída en los ingresos tuvo un importante efecto en el resultado del déficit primario a julio del 2020, cuando alcanzó los ¢718.328 millones. Con ello, el déficit financiero alcanza ya un 4,73% del PIB, o unos ¢1.630.809 millones.

 

Dictaminan proyecto para exonerar del IVA a arrendamientos comerciales

Fuente: El Mundo CR

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó de forma positiva el proyecto de ley 22045 Ley de atención a los arrendatarios y arrendadores de locales comerciales.

Con él se pretende dar un respiro a quienes alquilan o arriendan locales para desarrollar sus negocios.

El diputado proponente de la iniciativa, Roberto Thompson, dijo que la crisis que enfrenta Costa Rica por la pandemia de COVID-19 ha generado que la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República tomen una serie de acciones para proteger a los trabajadores, al sector productivo, a los empresarios y a las personas que han quedado desempleadas debido a las medidas sanitarias que se han tenido que tomar para salvaguardar la vida.

Sin embargo, la ley de alivio fiscal ante la COVID-19, recién aprobada, dejó por fuera de las exoneraciones del Impuesto de Valor Agregado a los arrendamientos comerciales, por lo que la legislación propuesta pretende ampliar la base de exención para aquellos arrendatarios y arrendadores que estén inscritos en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación, en el Régimen General o el Régimen Especial Agropecuario.

La exoneración es para los meses de abril, mayo, junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020.

El proyecto fue enviado a consulta y a publicación en el diario oficial La Gaceta.