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Nadie se salvaría del impuesto a las transacciones bancarias

Fuente: La Repúbica

Sin importar si usted tiene una empresa o es asalariado, el impuesto a las transferencias financieras propuesto por el gobierno como parte del acuerdo con el FMI, tendrá efecto en sus finanzas.

Conocido también como Impuesto Tobin o Impuesto de Débito Bancario, su aplicación implica el cobro de una carga a todo retiro o transferencia bancaria.

Y es que por ser masivo, de fácil recaudación, –al no necesitar de una declaración– y de fácil identificación del evasor, es que el FMI suele recomendarlo.

La propuesta establece su aplicación de forma temporal por un periodo de cuatro años. Durante los dos primeros, se cobrará ¢30 por cada ¢10 mil de transacción y en los siguientes dos años, ¢20 por cada ¢10 mil.

Además, se aplicaría a todos los movimientos que haga de sus cuentas bancarias. Por ejemplo, si con su salario paga luz, agua, teléfono, realiza compras a través del mismo servicio bancario, le cobrarían por cada pago que realice.

También impactará al sector empresarial, pues deberá sumar este tributo al pago de proveedores, depósito del salario y demás transacciones bancarias.

Un restaurante lo pagará si cancela el arroz, los frijoles, la carne, las verduras por transferencia, lo que afectaría al consumidor final pues el aumento en los costos de operación lo trasladaría al precio de los alimentos que vende.

“Causa preocupación y provocaría exclusión financiera”, advierte Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos.

Venezuela, México, Colombia y Brasil son algunos países que lo tienen implementado de forma fija, con un cargo entre un 0,25% y un 3%, aunque en un principio se habían aprobado temporalmente en algunos casos.

“Hay casos de que los bancos cargan spreads de tasas de interés más alta para recuperar la rentabilidad esto desestimula la inversión y el ahorro. Algunos estudios informales señalan que crean un efecto inflacionario del 2% al 3%”, mencionó Marco Vargas, contador de Vargas, Vargas & Asociados.

A su vez, se advierte que el impuesto va en contra de las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a que el uso de tarjetas de crédito o débito, reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50% y se convierte en un mecanismo que facilita la inclusión financiera.

En esa misma línea, la Cepal sugiere que, en caso de aprobarse, debe ser a una tasa baja para no desincentivar al consumo, aplicarse solo a los retiros no a los depósitos, tener claro cuál será el fin de esos recursos y establecer un grupo de excepciones a ciertas transacciones.

Contraproducente

Estas serían las consecuencias negativas del tributo, según la Asociación Bancaria Costarricense:

  Desincentiva el ahorro y la bancarización al motivar a las personas a usar dinero efectivo
  Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto
  El aumento del efectivo circulante pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes
  Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore)
  Fomenta el sector informal, lo que perjudicará también a la Caja
  Podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y precios al consumidor final

¿Pagará IVA lo que se compra por Internet a partir del 1 de octubre?

Fuente: La República

¿Es usted de las personas que gustan de comprar artículos electrónicos, ropa o juguetes desde Internet y se pregunta si pagará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de octubre?

La respuesta es no, porque estos artículos ya pagan desde hace tiempo este impuesto al momento de ser traídos y nacionalizados en Costa Rica por la aduana correspondiente.

Así lo han comenzado a aclarar diversas empresas de “courier” o casilleros en Miami a sus clientes, debido a la preocupación que esto le genera a mucho usuarios.

“Las compras en internet pagan impuestos a la hora de nacionalizarlos en la aduana, por lo que tampoco sufrirán cargos sobre ese tipo de consumo. Específicamente el impuesto es para los servicios de consumo online que se cobran y se prestan desde otros países para consumo en suelo nacional como Netflix, Disney+ y otros”, explicó Xpress Box, mediante un correo electrónico.

Comunicaciones similares han sido enviadas por otras empresas de entregas que operan en suelo nacional como receptoras de las compras realizadas por los costarricenses en “casilleros” en Miami, Florida y que se encargan de su entrega en suelo nacional.

Ahora bien, si la compra que usted realiza es un servicio digital, como un juego para descargar en su consola o computadora, monedas o tokens para mejorar sus jugadores, o tarjetas virtuales de Netflix, PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo, si tendrá que desembolsar el 13% por concepto de servicio digital transfronterizo.

Y es que Netflix, Facebook y otros servicios, además de entidades financieras como el Banco Nacional ya informaron a sus clientes que iniciarán con el cobro de este impuesto a partir octubre.

Son ejemplos de servicios digitales transfronterizos plataformas de streaming como Netflix, Spotify y de alquiler de bienes y servicios como Airbnb, Uber, entre una lista de 109 prestatarios.

Su cobro obedece al marco regulatorio que dicta la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas aprobada en el 2018.

“En los impuestos indirectos como el IVA, el criterio aplicable es el de territorialidad, en razón que es un impuesto esencialmente real y no personal que debe alcanzar, jurídicamente, a las operaciones realizadas en el territorio costarricense y, en consecuencia, desgravar lo consumido en el extranjero”, explicó Adolfo Sanabria, abogado asociado del área tributaria de Consortium Legal.

Ingresos tributarios del Gobierno bajaron casi 12% en primeros ocho meses

Fuente: La Nación

El impacto de la pandemia se refleja en los ingresos tributarios del Gobierno, los cuales cayeron casi 12% (11,54%), en el acumulado de enero a agosto, respecto a igual periodo del 2019, informó este viernes el Ministerio de Hacienda al presentar las cifras fiscales.

Dicho resultado significa que se dejaron de percibir ¢342.963 millones en los primeros ocho meses del año, en comparación con la recaudación acumulada a agosto del año pasado.

Mientras tanto, el gasto total del Gobierno Central, incluyendo intereses, creció en 2,60%, informó Hacienda en un comunicado. Resaltó que ese crecimiento es menor al registrado en el 2019, cuando se ubicó en un 12,06%.

Pese a ese menor crecimiento del gasto total, la combinación con la caída en la recaudación deriva en un incremento del déficit financiero (diferencia entre ingresos y gastos totales) del Gobierno (incluidos los intereses de la deuda).

Ese indicador se elevó a 5,82% del producto interno bruto (PIB), en comparación con el 4,10% registrado a agosto del año pasado, detalló el informe. El faltante fue de ¢2 billones (¢2.007.063 millones), es decir, el gasto total del Gobierno superó en esa suma a los ingresos, en los primeros ocho meses.

El déficit primario (si incluir los intereses) estaba hasta agosto en ¢870.207 millones, lo cual equivale al 2,52% del PIB. El año pasado, en ocho meses, esta cifra representaba el 1,56% del PIB.

El peso del pago de intereses de la deuda sigue impactando cada vez más a las finanzas públicas. Este año representó 56,64% del déficit financiero, pues alcanzó los ¢1.136.857 millones (3,30% del PIB).

El ministerio encargado de las finanzas recordó que, a julio pasado, la deuda ascendió a casi ¢22,7 billones (¢22.671.543 millones o 65,77% del PIB), equivalentes a $38.452 millones.

Según Hacienda, en los primeros ocho meses del año se presentó una merma en el impuesto sobre la renta del 8,94%, respecto a lo captado en el 2019. Esto significa en números absolutos ¢100.118 millones (0,29% del PIB) menos en este 2020.

También se presentó un descenso en la recaudación por el impuesto al valor agregado (IVA) del 5,21%, respecto al acumulado de enero a agosto del 2019. En este caso, la reducción es de ¢53.030 millones (0,15% del PIB), debido a un duro impacto en el ingreso de este impuesto en aduanas (-22,83%).

Hacienda reportó, además, una fuerte caída en lo captado mediante el impuesto único a los combustibles; en este caso fue de 17,73%, lo cual corresponde a ¢64.460 millones (0,19% del PIB).

Agregó que la recaudación por los impuestos selectivo de consumo, a las importaciones y derechos de salida también presentan importantes reducciones.

Evítese dolores de cabeza al implementar el teletrabajo en su empresa


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

La nueva normalidad ha dejado a muchas empresas con la inquietud de implementar el teletrabajo en sus organizaciones, sin embargo, aun quedan muchos detalles por afinar a nivel legal y administrativo que podrían darle dolores de cabeza a los patronos. 

Para Ana Isabel Borbón, especialista en derecho laboral de Actualidad Tributaria, la clave es tener un reglamento que arroje luces ante cualquier duda relacionada con lo que, tanto patronos como empleados, puedan hacer en la modalidad de trabajo a distancia.

“Primero lo primero. El teletrabajo es una modalidad que el patrono decide si escoger o no. No es un derecho. Segundo, hay que tener un reglamento. Lo que no se reglamenta queda en la zona gris de lo que podría ser y nos puede complicar la relación de poder que hay entre un patrono y un empleado. Tomarse el tiempo para reglamentar nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y hasta procesos legales futuros”, comenta Borbón.

Pero ¿qué debería incluir este reglamento?

Borbón señala que los puntos mínimos a considerar serían los siguientes:

- Horario y lugar de teletrabajo: Aunque el horario no vaya a cambiar, es importante que quede establecido cuál es. Así mismo el lugar. La mayoría de los esquemas de teletrabajo están configurados para que se realicen desde la vivienda del empleado, pero algunas empresas dan cierta libertad en ese sentido.
- Mobiliario y otros recursos: el reglamento debe establecer los requerimientos mínimos para que el colaborador pueda realizar su trabajo, particularmente si el empleador no le va a ofrecer estos recursos. Sin embargo, la ley establece qué es lo que el patrono debe proveer al empleado.
- Formas de control y medición: muchas empresas ya cuentan con programas de administración de proyectos, que los colaboradores deben usar para llevar el control de los objetivos logrados. En el reglamento debe establecerse claramente cómo será esta forma de medición.
- Vestimenta y presentación personal: En algunos puestos la vestimenta y la presentación personal se mantienen como en la oficina porque el colaborador debe atender llamadas y videollamadas. “Hay algunos puestos que requieren que el colaborador utilice cierta vestimenta aun cuando realice teletrabajo, eso debe quedar claro”.
- Seguros: Borbón señala que el seguro de riesgos del trabjo del INS cubre las labores realizadas fuera del recinto laboral, pero el patrono debe informarlo. Con respecto a seguros privados, se debería revisar la letra pequeña de los contratos.

“Todo lo que sea necesario poner por escrito debe ir en el reglamento. Sin embargo, si no se comunica dicho documento, el colaborador puede alegar desconocimiento ante un juez, en caso de un proceso legal. Elaborar y comunicar, he ahí el secreto”, explica Borbón. 

La experta recomienda incluir en el reglamento todo lo que el patrono necesite, con tal de que las partes involucradas tengan claridad de lo que pueden y no pueden hacer. Así mismo, si un patrono considera que necesita asesorarse para este proceso, lo mejor es acudir a los especialistas en derecho laboral.

Sindicatos y otros sectores rechazan anuncio de nuevos impuestos

Fuente: Teletica

El Gobierno de la República anunció, este jueves, nuevos impuestos como parte de su propuesta para negociar con Fondo Monetario Internacional (FMI); de inmediato, las reacciones de sindicatos y otros sectores no se hicieron esperar.

Para la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), este acuerdo solamente logrará empobrecer más a la clase media costarricense y, además, mencionan que la medida “apenas si roza a los más ricos”.

“El grueso de la propuesta recae duramente sobre las espaldas de la clase media, que perdería aceleradamente su capacidad de consumo lo largo de los próximos años.

“Además de empobrecer a la clase media y alcahuetear a los empresarios y evasores fiscales, el acuerdo con el FMI sería un portillo para el desmantelamiento del Estado. Ya que según anunció el Gobierno, insistirá con la venta de instituciones como el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Así mismo, se habla de vender propiedades, terrenos, cerrar y fusionar instituciones”, expresó el sindicato en un comunicado.

ANDE aseguró que su prioridad será la defensa de la soberanía costarricense y la protección de los derechos de los trabajadores, por lo que desde ya anuncian “una férrea batalla contra el ‘espurio’ acuerdo con el FMI”.

Por su parte, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comparten el rechazo a la propuesta y aseguran que no es necesaria porque existen otras alternativas.

“Costa Rica no ocupa un acuerdo con el FMI, hay alternativas, pero el Gobierno, nuevamente, hace más crónica la situación social de las clases trabajadoras, la clase media. Insiste en agredir a los empleados públicos, la actividad productiva sufre cuando debería haber anunciado al menos un ABC de cómo va a controlar la gigantesca evasión fiscal, la gigantesca defraudación que es de $3.800 millones al año.

“Nosotros rechazamos el impuesto a las transacciones financiero-bancarias que el Gobierno está proponiendo porque eso no es tasa TOBIN, están manipulando el concepto real de tasa TOBIN y hay que desenmascarar eso en los próximos días”, destacó Albino Vargas, secretario de la ANEP.

El sindicato también entregó a las autoridades siete alternativas al convenio, entre ellas:

- Sacar $1.000 millones de las reservas internacionales que el país tiene en el Banco Central.

- Hacer una auditoría ciudadana de la deuda, para verificar cómo se reestructura, quiénes son nuestros acreedores, si se puede revisar el “obsceno” pago de intereses o hasta moratoria de los mismos.

- Establecer un impuesto especial a las transacciones financiero bancarias a partir de cierto monto, lo que se conoce como tasa TOBIN que en otros países ya se hace y que, según ANEP, permitiría controlar las gigantescas cantidades de dinero sucio del narcotráfico que se mueven en el sistema financiero.

- Establecer un impuesto solidario a las megariquezas, las megafortunas, los megacapitales, como lo pide el Banco Mundial y el FMI.

- Urge la transformación tributaria estructural, la base ya está definida, está en el informe legislativo que se conoce como los Papeles de Panamá. “Ahí se empieza a corregir el gigantesco robo de impuestos de $3.800 millones al año”.

- Flexibilizar las regulaciones financieras de la Banca de Desarrollo para que cientos de pequeños y medianos emprendimientos, que hoy están a punto de extinguirse, puedan tener esos recursos. Esta medida permitiría reactivación económica y generación de empleo.

Otras reacciones

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reconoció que el país está pasando por una crisis financiera y que es momento de tomar medidas severas: todos los sectores deben contribuir con el objetivo de garantizar la estabilidad económica y social, por el bien de todos los habitantes del país.

Sin embargo, rechazan que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, ya que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social.

“No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos”, expresaron.

También ven necesario que se incorpore, como parte de la solución, un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

“No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos”, concluyeron.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) también alzó la voz e indicó que estos nuevos impuestos serán un golpe negativo para el país.

“Es un impuesto cruel para los consumidores. Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.

Consideran que la propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población.

“Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo, además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores”, concluyeron.

En la Cámara de Comercio de Costa Rica muestran su desacuerdo con la iniciativa y consideran que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, aseguran que se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, indicó Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio.

Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el rechazo a más impuestos también es unánime y hacen un llamado al Gobierno a que primero ponga en orden las finanzas públicas antes de pensar cualquier otra medida.

“Las medidas impositivas van en contra de la reactivación económica y oprimen a la empresa privada en la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Costa Rica no debe ni puede permitirse más impuestos. Si bien es cierto la deuda pública nacional alcanzó el 58,5 % del PIB en el 2019 y, a finales del 2021, llegará al 80,5 % según el proyecto de presupuesto nacional, la alternativa para reducir el déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos.

“Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central esta tarde van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye”, expresaron.

UCCAEP concluye diciendo que la reactivación económica debe ser equitativa y que ya el sector empresarial realizó su aporte significativo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que, aseguran, ahora le toca al Gobierno poner de su parte.

“La reactivación económica debe ser inmediata y lo anunciado hoy por el Gobierno no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, ni a la atracción de inversiones nacionales y foráneas”, destacaron.

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Empresarios exigen recortes “agresivos” en gasto y rechazan impuestos incluidos en propuesta al FMI

Fuente: AmeliaRueda.com

Las cámaras empresariales exigieron recortes “concretos y profundos” en el gasto público y rechazaron la imposición de nuevos tributos, luego de conocer la agenda de estabilidad financiera con la que el Gobierno de la República negociará un crédito por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), José Álvaro Jenkins, la propuesta del Ejecutivo y el Banco Central va en dirección contraria a la reactivación económica y la generación de empleo, en el tanto que las sobretasas temporales a las transacciones bancarias, los salarios mayores de ¢840.000 y las ganancias de las compañías desincentivan el consumo y la inversión en el país, tanto local como externa.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, manifestó por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Julio Castilla.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) indicó en una nota de prensa que “resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social”.

“No podemos atentar contra la paz social del país poniendo al sector privado productivo en riesgo, el cual es motor de generación de empleo y estabilidad en estos momentos críticos”, externó Jenkins.

En lugar de nuevos gravámenes, el sector privado pidió al Ejecutivo mayores esfuerzos hacia la reducción del gasto público.

“Consideramos que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones”, señaló Castilla.

Por su lado, Jenkins solicitó al Gobierno cumplir con los compromisos adquiridos en 2018, durante la discusión y aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. “Asumimos nuestra responsabilidad y aceptamos nuevos impuestos, pero con el compromiso de que el gasto público iba igualmente a ser controlado y reducido con acciones concretas y de alto impacto, lo cual no ha sucedido. La carga debe ser compartida y ahora corresponde al Gobierno cumplir con su palabra y hacer los recortes que corresponden”, mencionó el empresario.

La Cámara de la Construcción destacó en su comunicado la necesidad “de un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.

Entre las iniciativas de recorte al gasto, anunciadas por el Ejecutivo, destaca un programa de movilidad laboral voluntario para 7.000 trabajadores del sector público, con un impacto del 0,38% del producto interno bruto (PIB) en el segundo año de aplicación.

También se redoblarán esfuerzos en el impulso de la reforma al empleo público y su escala salarial única; la suspensión del pago de anualidades en el sector público por al menos cuatro años; y la continuidad en los procesos de venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Asimismo, el Ejecutivo renovó su compromiso de continuar con la política de recorte al gasto público vía presupuestaria, al revisarse las potestades legales de los órganos desconcentrados (y por ende sus gastos) y renegociarse contratos de alquileres del Estado y compras de equipo electrónico.

Sumado a lo anterior, la propuestas impulsadas por el Gobierno incluyen una reducción en las cargas sociales pagadas por los patronos del sector privado, que no tendrían que pagar su aporte del 5% sobre cada salario que pagan para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Gobierno anuncia plan para superar el impacto fiscal de la pandemia

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Gobierno anunció el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de $1750 millones.

Al igual que en otros países, en Costa Rica se ha producido una contracción y una caída de la actividad económica debido a la pandemia. El fuerte impacto en la producción nacional, la disminución de los ingresos del Estado y el aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria no solo frenan el mejoramiento de las finanzas públicas en que se trabajaba, sino que también agrava el desequilibrio fiscal.

Ante este panorama, la propuesta detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años.  Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo. Además no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.

Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.

Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.

También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.

“Costa Rica a través de su historia ha sido ejemplo de diversos logros, especialmente los asociados a programas de salud, educación, el ambiente sano para las inversiones y las pensiones y seguros solidarios. Sin embargo, los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable, que incluye la disminución significativa del gasto y el aumento de los ingresos, que nos permita hacer un ajuste para beneficio de la familias y que garantice la continuidad de un Estado al servicio de la población costarricense”, aseguró Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, afirmó: “La pandemia por el COVID-19 ha impactado fuertemente la economía costarricense en los últimos meses. También ha golpeado con severidad las finanzas públicas, y es preciso por ello emprender una consolidación fiscal adicional a la de diciembre del 2018. El país enfrenta un momento histórico y tenemos la responsabilidad de impulsar ese ajuste fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica y promover la reactivación y el bienestar de las familias costarricenses. Hacer ese ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI por tres años es nuestra mejor opción, pues daría acceso a recursos en mejores condiciones y proveería un sello de confianza en las políticas económicas del país”.

Medidas fiscales permanentes y temporales

El tributo a las transacciones electrónicas y cheques es parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.

Con esto se cobrará durante cuatro años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.

Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.

En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica? Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades. En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo.  A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta.  Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.

Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.

Reducción de gastos

Todas estas medidas van acompañadas de las diversas iniciativas y esfuerzos realizados por el Gobierno para reducir los gastos.

Algunas de las propuestas en este ámbito son el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades, la reducción de la deuda política en 50%, el proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos y venta de activos como FANAL y BICSA.

“El acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica, para habilitar el crecimiento potencial, la generación de empleo y el bienestar de las familias. Los sacrificios en materia de gasto serán fundamentales, tales como se plantean en la reforma del empleo público, el rediseño institucional, el recorte de gasto en estricto apego a la regla fiscal, la apertura de un programa de movilidad voluntaria, la suspensión de anualidades y de los aumentos salariales y la venta de activos”, explicó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo.

Incluir impuesto a transacciones bancarias y renta mundial en acuerdo con el FMI sería un error

Fuente: La República

Si el Gobierno de Carlos Alvarado incluye un impuesto a las transacciones bancarias y el cobro de la renta mundial en el préstamo ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $2.250 millones, estaría cometiendo un grave error, según políticos, empresarios y economistas consultados por LA REPÚBLICA.

Por un lado se corre el riesgo de que la gente prefiera hacer sus transacciones con efectivo, lo que implicaría que los bancos tendrían menos dinero para prestar, dijo Daniel Suchar, economista independiente, para referirse al posible tributo a las transacciones bancarias.

Mientras tanto, la renta mundial ahuyentaría la inversión extranjera, lo cual, es mucho más grave en momentos en que el país tiene un desempleo por encima de 24,4%, agregó María Inés Solís, diputada de la Unidad.

Recortar el gasto público a través de la eliminación de plazas y cierre, fusión y venta de activos estatales -más allá del Bicsa y Fanal – ayudarían al Estado a eliminar la duplicidad que hoy genera poca efectividad y altos costos, consideran empresarios como Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

Hoy se daría a conocer el acuerdo del Gobierno con el FMI.

De momento, lo único confirmado es que el préstamo no incluirá aumentos en el IVA, no afectará a personas con salarios menores a ¢800 mil, no implicará despidos masivos y no se afectará a las zonas francas, según el presidente Carlos Alvarado.

Ayer trascendió que el gobierno cobraría tributos a las cooperativas y nuevos tramos para la renta al salario.

Expectativa

Economistas, empresarios y diputados advierten al Gobierno de los peligros de incluir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aspectos como la renta mundial o impuestos a las transacciones bancarias.

Gerardo Corrales
Economista
Economía Hoy

Debería anunciarse un compromiso estricto de regresar a la regla fiscal sin excepciones.
Se debe establecer un salario único para mismas funciones y cerrar y fusionar instituciones en busca de eficiencia.
Lamentablemente el gobierno pensaría en un impuesto de fácil recaudación y amplia cobertura, como el impuesto a las transacciones financieras, a las propiedades, y la renta al salario para trabajadores y a pensionados por encima de ¢800 mil.

Natalia Díaz
Presidenta
Unidos Podemos

El aumento de impuestos no va a mejorar la situación de las familias y del país.
Hay que entender que aquí hay un juego peligroso y es que le van a exigir a los costarricenses más cargas, con el fin de obtener dinero y que sea el próximo gobierno el que tenga que tomar las medidas drásticas e impopulares.
En resumen, el gobierno busca la forma menos traumática de finalizar su periodo, que se enfoca en obtener dinero para el mismo Estado.

Enrique Egloff
Presidente
Cámara de Industrias

Deben sentarse las bases para un Estado eficiente, que use los recursos que recibe para el bien común y no para pagar excesos y beneficios odiosos.
Dentro de esto, o se abren los monopolios del Estado en electricidad y combustibles, o se incluyen reglas claras para que dichos monopolios sean eficientes y trabajen para dar los mejores precios posibles a los consumidores.

Álvaro Ramos
Economista
Director Académico de LEAD University

Parece casi inevitable que hayan más impuestos dada la magnitud de la crisis fiscal.
Una opción es que sean temporales algunos de ellos; en otros casos, puede ser una oportunidad para rediseñar un sistema impositivo que no es conducente a una cancha pareja para todos, por ejemplo cuando pensamos en el impuesto de renta corporativa.
Y sin duda, la renta personal se debe contemplar un rediseño hacia renta global.

Édgar Robles
Economista
Ecoanálisis

No tengo muchas esperanzas de que el gobierno se vaya a comprometer con una agenda de control de gasto público y me temo que que no se tocará el empleo público.
Aumentar los impuestos sería la mayoría de las medidas.
Se ha hablado de que van a tratar de impulsar un impuesto sobre las transacciones financieras, lo cual iría contra las tendencias mundiales que buscan la bancarización de la población; además, creo que aumentarán impuestos de renta a los asalariados y a las cooperativas.

Xiomara Rodríguez
Jefa de fracción
Restauración Nacional

Tenemos una cierta tranquilidad con lo que ya ha dicho el presidente, pero todavía estamos a la espera de conocer el documento completo.
Queremos evitar que el Gobierno se aproveche de la coyuntura para meter una carga excesiva de impuestos.
Tenemos que tener cuidado con lo que el Gobierno desea impulsar.

María Inés Solís
Diputada
PUSC

La renta mundial que se anunciaría me parece una propuesta irresponsable, se siguen presentando iniciativas meramente ideológicas que aunque se venden como una solución a los problemas del país, no es más que populismo y tienen como consecuencia final la disminución de la competitividad y por ende un empobrecimiento para los costarricenses.
Debemos de tener claro que Costa Rica es un “importador de inversiones” no un “exportador de inversiones” y en este sentido esta es una propuesta peligrosísima.

Daniel Suchar
Economista
Independiente

Esperamos que se anuncie la venta de Bicsa y Fanal y algunos ajustes en el impuesto a la renta al salario por encima de ¢800 mil.
Otro tema que se ha dicho sería un impuesto para grandes contribuyentes, la renta mundial y global.
Pienso que hay espacio para un aporte solidario a salarios por encima de ¢1,5 millones.
Si se incluye un impuesto a las transacciones bancarias, sería un grave error, porque la gente pagaría en efectivo y eso aumentaría tasas de interés.

Bancos alertan sobre impuesto que afectará a todos los clientes

Fuente: CR Hoy

La intención del Gobierno de aplicar un impuesto a las transacciones financieras, como parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional, para la estabilización económica, es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del Sistema Financiero Nacional.

Así lo alertó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) este jueves, que señaló que dicho impuesto tiene implicaciones negativas.

“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la COVID-19 y la situación fiscal del país”, indicó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.

Se trata de un impuesto que gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera y que implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional, lo cual podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.

En caso de que el impuesto sea de un 0,3%, representaría 3 mil colones por cada millón.

Acá algunos ejemplos:

  • Si un cliente saca 10.000 colones de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará 30 colones. 
  • Si va al supermercado y paga 200.000 colones, el impuesto será de 600 colones. 
  • Si una familia o empresa pide un préstamo de 60 millones de colones, se le tendrá que cobrar un impuesto de 60.000 colones. 

Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto hacia atrás tendrán que pagarlo:

  • El dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos.
  • Distribuidores que llevaron los productos a la soda.
  • Las empresas que empacaron los frijoles.
  • Los industriales del arroz.
  • Los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.

En conclusión, el casado a usted compre le saldrá más caro porque antes de que llegará a su mesa el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo. Es decir, el impuesto usted lo paga cuando hace sus pagos, pero también los productores lo pagarán y se lo cobrarán como consumidor final en los precios.

En el caso de los productores, industriales y comerciantes tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, también cuando compren insumos o materias primas, es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa del proceso productivo. 

La aplicación de este impuesto es una fuente de ingresos inmediata y continua para el Gobierno, ya que los tributos son recaudados a partir de transacciones en tiempo real, responsabilidad que recae sobre los bancos, de acuerdo con el experto.

Gómez enumeró otros aspectos negativos que traería consigo la medida:

  1. Desincentiva el ahorro y motiva a las personas a usar dinero en efectivo, es decir, favorece la desbancarización.
  2. Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto.
  3. El uso de más efectivo pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes. Esto es caldo de cultivo para el crimen y el lavado de dinero.
  4. Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore).
  5. Conduce a un crecimiento en el sector informal, lo que termina por perjudicar también a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Hacienda.
  6. Dependiendo de cómo se plantee el impuesto podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y los precios al consumidor final.
  7. El Banco Mundial ha establecido en diversos estudios que el uso de tarjetas de crédito o débito, no solo reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50%, sino que además se convierten en mecanismos que facilitan la inclusión financiera, por lo que un proyecto de esta naturaleza indudablemente va en contra de estas recomendaciones.

“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, concluyó el asesor legal.

 

Beneficiarios de la moratoria en IVA tienen hasta el 15 de octubre para solicitar arreglos de pago

Fuente: La Nación

Los contribuyentes que se acogieron a la moratoria en el pago del impuesto al valor agregado (IVA) en marzo, abril y mayo del 2020, y que estiman que no podrán cancelar lo adeudado este año, tienen tiempo hasta el 15 de octubre del 2020 para solicitar un arreglo de pago a la Dirección General de Tributación para saldar la deuda en el primer semestre del 2021.

La Ley de Alivio Fiscal ante el Covid-19, vigente desde el 20 de marzo del 2020, permitió a los contribuyentes del IVA no pagar el impuesto de los periodos de marzo, abril y mayo, aunque sí debieron presentar las declaraciones del tributo en abril, mayo y junio.

Según la misma ley hay dos posibilidades para saldar los montos adeudados: a más tardar el 31 de diciembre del 2020 o realizar un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el cargo de intereses ni multas para cancelar en el primer semestre del 2021.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, explicó que quienes opten por realizar el pago a más tardar el 31 de diciembre tienen a su vez dos opciones: pueden pagar todo el monto moroso el 31 de diciembre o lo pueden hacer a pagos.

“La moratoria no requería ningún trámite adicional, usted simplemente lo que hacía era que declaraba y no pagaba, entonces eso es importante, la gente tuvo que haber declarado”, detalló Piedra.

“Los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de este reglamento podrán efectuar pagos a cuenta del impuesto respectivo, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con su planificación financiera, por el monto que ellos mismos determinen, de forma tal que no se vean obligados a cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en un único pago acumulado”, especifica el Reglamento.

Añade que los contribuyentes podrán efectuar los pagos a cuenta sin necesidad de acudir a la Administración Tributaria. Lo que deben hacer es imprimir un recibo por medio de la aplicación del programa de ayuda EDDI-7 y presentarlo ante cualquier ente recaudador autorizado para su cancelación.

Si estima que no va a poder pagar este año y va a hacer un arreglo de pago para el próximo, entonces debe presentar la solicitud antes del 15 de octubre, comentó Piedra.

“El arreglo de pago debe ser presentado por cada contribuyente, mediante la presentación de los formularios de aplazamiento o fraccionamiento dispuestos en la página de Hacienda; en caso de ser aprobada la petición de arreglo de pago, este será concedido hasta por un máximo de seis meses”, añadió Eduardo Acevedo, asesor fiscal de ICS Abogados.

Este profesional añadió que aplazamiento es cuando se establece una fecha para pagar y fraccionamiento cuando el pago se hace en tractos.

Un requisito importante para el arreglo de pago, que citó Piedra, es que el contribuyente debe cancelar antes el 20% del monto adeudado y el 80% lo podrá pagar en un plazo de seis meses a partir de enero del 2020.

Por ejemplo, los contribuyentes deben estar al día en todos los demás deberes formales y materiales ante la Administración Tributaria, aportar declaración jurada donde manifieste que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico y financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.

Una vez cumplidos los requisitos de la solicitud, la Administración Tributaria competente resolverá y notificará al obligado tributario su aprobación o denegatoria dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación.

¿Cuánto costará al año pagar IVA en las plataformas de streaming?

Fuente: La República

Si usted es de las personas que paga por acceder a servicios de streaming en Internet y está preocupado por el aumento en su costo a partir del 1º de octubre, le ayudamos a darse una idea básica de cuánto tendrá que pagar de más.

Para ello calculamos el costo mensual de las cuentas básicas de las plataformas más populares en el línea, a saber: Netflix, Spotify, PS Plus y Amazon Prime.

Si bien es cierto el ministerio de Hacienda determinó a 109 servicios digitales transfronterizos gravados con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el sobreprecio por acceder a los cuatro más populares será de apenas $44 anuales o que es lo mismo, casi $4 mensuales de más.

Algunas entidades financieras como el Banco Nacional ya notificaron a sus clientes acerca del cobro de este impuesto, así como algunas plataformas, entre ellas Netflix, porque a pesar de que el cobro tuvo que prorrogarse –debido entrar a regir en agosto– todo hace indicar que ahora si entrará a regir.

El cobro obedece al marco regulatorio que dicta la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas aprobada en el 2018 y al igual que todos los entes emisores de tarjetas, debe aplicar el impuesto.

Costa Rica es el quinto país de Latinoamérica que cobra menos IVA, junto a Bolivia y El Salvador, con un 13% a los bienes y servicios.

El país que cobra menos Valor Agregado en el subcontinente es Panamá, con un 7%, mientras que Uruguay, en el otro extremo del ranking, grava los bienes y servicios con un 22%.

Welmer Ramos: Estoy en contra de aumentar los impuestos a las personas

Fuente: El Mundo CR

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos aseguró estar en contra de aumentar los impuestos a las personas.

Para Ramos, el país se encuentra actualmente en una recesión económica, la cual «se caracteriza por la caída en la producción, en el empleo, en los ingresos del Estado, por el aumento de la pobreza, entre otras desgracias».

Por ende, afirmó estar en contra de «aumentar los impuestos a las personas, en contra de aumentar los impuestos indirectos».

De igual forma, manifestó que «el Estado tiene que ser solidario con quienes perdieron el empleo y con las pequeñas empresas que no facturan nada, pero para eso se necesitan recursos».

Por tanto, aseguró en que se deben «cerrar portillos, para que algunos bribones se quiten de pagar lo que les corresponde».

Además enfatizó estar favor de «exigir un aporte extraordinario a los sectores económicamente fuertes, para apoyar a los hogares que hoy están en calamidad».

Esto debido a que según el legislador existen «empresas mañosas que aparentan que se ganan la plata en el extranjero, cuando en realidad se la ganan aquí».

Asimismo, apuntó  que esto se daría con la aprobación del proyecto 22.166 conocido como Ley de Renta Mundial, con el cual se recaudarían ₡700 mil millones de colones en impuestos.

«Ya basta de abusar de los más afectados y permitir que los que están sacando rédito de esta pandemia no aporten como corresponde», concluyó.

Alzas en impuestos nunca han logrado garantizar equilibrio fiscal del país

Fuente: CR Hoy

Entre 1994 y 1995 y como uno de los componentes que conformaron el entonces controvertido “pacto Figueres-Calderón”, Costa Rica enfrentó una de las principales reformas tributarias de la historia reciente (a excepción de la de 2018).

Uno de los acuerdos fue aumentar el impuesto de ventas de un 10% a un 15%, aunque cerca de año y medio después cerró finalmente en un 13%. Ese cambio le generó al país un aumento del 65% en la recaudación de ese impuesto para 1996, al pasar de los ₡79 mil millones a los ₡131 mil millones. También en ese periodo se le impuso un nuevo impuesto al capital.

Por algunos años el país vivió de esa bonanza tributaria con incrementos en la recaudación que cada año superaban el 18%. Pero nunca, en esos primeros años, Costa Rica logró alcanzar superávit fiscal.

La historia se repitió hacia finales de la administración Rodríguez Echeverría, cuando fue necesario pensar en una nueva reforma fiscal que finalmente nunca se logró. En cambio, sí se aprobó la creación de impuesto único de los combustibles que para 2002 ya lograba recaudar ₡115 mil millones, según cifras del Ministerio de Hacienda.

El nuevo impuesto dio -nuevamente- un respiro al país, pero no logró lo importante: estabilizar la situación fiscal.

Un análisis elaborado por CRHoy a partir de los datos de recaudación del Ministerio de Hacienda a partir de 1994, el déficit fiscal histórico y los estudios “Reformas Fiscales Recientes, caso de Costa Rica” y “Las Reformas Fiscales de Costa Rica 1990-2014”, demuestran que ninguno de los ajustes en materia tributaria realizados desde la administración Figueres en adelante logró traer un equilibrio fiscal duradero en el país.

Por el contrario, las cifras del déficit se han mantenido constantes y a excepción del periodo 2007-2008 en el que sí hubo superávit, en todo el periodo estudiado las finanzas del país han terminado en números rojos.

A partir de la segunda década del milenio, las cifras de aumento anual en la recaudación se volvieron más modestas que al inicio, con incrementos del 11% hacia abajo, lo que llevó en el periodo a algunos ajustes tributarios menores y a la aprobación en 2018 de la Ley de Fortalecimiento Fiscal.

¿Qué hace que ninguna de las reformas o aumentos en los impuestos hayan surtido efecto? El común denominador es la ausencia de un verdadero ajuste estructural del Estado.

Lejos de reducir el aparato estatal y el gasto público, los gobiernos más bien aprovecharon la nueva holgura para crecer, no solo en cantidad de instituciones, sino también en planillas y gasto.

Durante la mayor parte del periodo analizado, la partida de sueldos y salarios, que incluye pluses y anualidades, mostró crecimientos positivos de al menos dos dígitos (es decir, de más de un 10%) yendo incluso más allá de las cifras de inflación anuales.

El rubro del gasto corriente, que incorpora como unos de sus componentes los salarios, mostró un crecimiento muy similar.

No es sino hasta los años más recientes cuando los crecimientos de un año en relación al anterior se volvieron más bajos dada la poca holgura fiscal de la actualidad. Aún así se han seguido manteniendo por encima de la inflación, la cual desde 2014 no supera el 3%.

“Estamos nuevamente al borde del precipicio y esto requiere sacrificio de todos, pero estos sacrificios deben diseñarse inteligentemente para no estar en la misma situación dentro de tres o cuatro años. Se puede demostrar que cuando ha habido un incremento en los ingresos lo han despilfarrado, por ejemplo en el caso de Figures que hubo una reforma fiscal y el IVA pasó temporalmente al 15%, se pagó un impuesto al capital y nuevamente caímos en lo mismo, se pagó un nuevo impuesto al combustible y al cabo de dos años estábamos con al misma situación fiscal… si vamos solo a aumentar impuestos vamos a terminar en lo mismo en pocos años”, cuestionó el economista Eli Feinzaig.

La discusión de nuevos impuestos es algo que muchos ven como un hecho de cara a la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro de Hacienda Elian Villegas confesó que esa discusión tratará de impuestos “progresivos”, pero el reclamo de distintos sectores es que la receta no sea únicamente tributaria, pues se caería en el mismo problema.

Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, habló de un acuerdo que debe incluir varios componentes que no podrán funcionar si no están todos en su conjunto: impuestos, recorte en gastos y eventual venta de activos, así como lucha contra la evasión y elusión.

“El FMI es como una agencia de contadores públicos que prestan plata… lo que va a suceder, creo, es que nos van a pegar un garrotazo y en tres, cuatro o siete años, vamos a estar en la misma situación, porque cada vez que aumentamos gastos sin reestructurar, se dispara el gasto público, y entonces de nada sirvieron los impuestos”, puntualizó Feinzaig.

 

Gobierno planteará nuevos impuestos progresivos en propuesta al FMI

Fuente: La Nación

El Gobierno planteará nuevos impuestos progresivos en la propuesta de ajuste económico que empezará a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en tres o cuatro semanas y que dará a conocer el 17 de setiembre.

Así lo confirmó esta tarde el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien será uno de los negociadores del país para obtener un plan de financiamiento de tres años con el organismo, a cambio de que el país se comprometa a realizar ajuste económico que ayude a salir de la crisis fiscal.

“Sí, de hecho eso ya lo hemos anunciado tanto el señor presidente de la República (Carlos Alvarado) como el suscrito. Lo hemos señalado en distintas oportunidades que hay que considerar eso como una alternativa”.

“Progresivos (los impuestos), la idea es que afecten más a quien tenga más capital, a quien tenga una posición mejor, y menos a quien esté en una posición de desventaja”, dijo esta tarde Villegas en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el jerarca declinó ampliar detalles. “Bueno, es que ya para decirle cómo sería tendría que decirle cuál es y cómo funcionaría”, añadió, al tiempo que recordó que la Presidencia hará público su plan el próximo 17 de setiembre.

Añadió que otros temas que “perfectamente” podrían incluirse en esa propuesta son la eliminación de exoneraciones tributarias de que hoy gozan algunos sectores; así como la venta de activos del Estado como el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

La venta de Bicsa y Fanal la había planteado desde el mes de febrero, en el Congreso, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, como una de las medidas acordadas por el Gobierno para aumentar los ingresos y reducir el déficit fiscal.

“Hay temas que probablemente van a tener que ver con el recorte al gasto. Es uno de los temas importantes”, añadió Villegas sobre el reto de temas de la agenda que sería discutida con el FMI a partir de la semana que empieza el 28 de setiembre o en la del 5 de octubre.

Sobre la posible implementación de un impuesto de renta mundial, dijo: “Es parte de todos los temas que están sobre la mesa, podríamos decir que sobre la mesa puede ser mantener la renta como está, renta global, renta mundial. Son temas que hay que valorar o que se han valorado”.

La renta mundial consiste en cobrar impuesto sobre la renta no solo a las ganancias que obtengan las personas (físicas y jurídicas) dentro del país, sino también a las que generen en el extranjero. Esto obligaría a los residentes fiscales en Costa Rica a declarar las ganancias que obtengan mediante actividades comerciales en otros países.

“Creo que tiene que ver mucho con el tema de justicia tributaria y tiene que ver con la reducción del gasto tributario. Las exoneraciones consumen una parte muy importante de nuestros impuestos y hay que darle una revisada. En eso estamos y claro que será parte importante del esfuerzo que se haga en el futuro”, finalizó.

Cacia teme que nuevos impuestos afecten consumo alimentario

Fuente: CR Hoy

Lejos de ver señales que promuevan la reactivación económica del país y una mejora en el consumo de los ciudadanos, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) más bien teme que se implementen nuevos impuestos que afecten aún más al sector.

De acuerdo con Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la organización, existen señales en la Asamblea Legislativa para imponer tributos a la industria, lo cual desincentivará todavía más el consumo de los costarricenses.

“Vemos proyectos de ley que propician nuevos impuestos específicos hacia los productos, que sólo vendrán a encarecerlos y a disminuir el poder adquisitivo de la población. Vemos proyectos de ley cargados de nuevas regulaciones, trámites y requisitos para sectores productivos como los nuestros, que son de los pocos que están sosteniendo la máquina del empleo que aún le queda el país. En lugar de eso, deberíamos estar hablando de aquellos proyectos que impulsen la reactivación económica, por ejemplo: ¿cómo facilitamos el clima de negocios, cómo facilitamos las formas de crear empresas o nuevos emprendimientos, cómo reducimos los costos de transacción, cómo hacemos más eficiente el aparato estatal, y cómo hacemos una reingeniería o una reconstrucción eficiente del Estado costarricense?”, dijo Montero.

El representante empresarial se mostró preocupado por el elevado nivel de desempleo en el país, que según Estadística y Censos alcanza ya a 557 mil personas.

“Esa  tasa de desocupación explica la preocupante caída en el consumo, así como una baja sensible en inversión de nuevos emprendimientos, situaciones que posiblemente empeorarán para el resto del año, si la tendencia sigue”, manifestaron en la Cámara.

 

Hacienda anuncia mega canje de títulos de deuda interna

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda anunció que del 15 al 17 de setiembre realizará el primer mega canje del año de títulos de deuda interna en colones y dólares, con el fin de alargar el perfil de vencimiento de la deuda del Gobierno.

Los canjes de deuda son instrumentos financieros recomendados como parte de las mejores prácticas internacionales para una gestión eficiente de la deuda, y se realizan por medio de las bolsas de valores a precios de referencia conforme las condiciones del mercado.

Al referirse a esta gestión, el Jerarca de Hacienda, Elian Villegas, destacó que debido a que en los últimos meses han tenido una muy buena respuesta del mercado en las subastas de valores y en los eventos de canje, lo que demuestra la confianza del mercado financiero en las acciones del Ministerio de Hacienda; esperan una alta participación en este mega canje, lo cual permitirá mejorar el perfil de vencimientos de los próximos tres años.

Los días 15 y 16 de setiembre se realizará el canje de títulos de deuda interna en colones con vencimiento en 2020, 2021 y 2022. Dentro de los valores a intercambiar se encuentran Títulos de Propiedad Cero Cupón en Colones, Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones, Título de Propiedad Tasa Real Ajustable Soberano en Colones, el Título de Propiedad Tasa Básica y el Título de Propiedad Tasa Fija en Unidades de Desarrollo.

El Ministerio de Hacienda intercambiará los títulos de deuda mencionados por series con vencimiento a 2024, 2026, 2028, 2029, 2031, 2036, 2040 y 2051.

En el caso de los títulos en dólares, el canje se realizará miércoles 16 y jueves 17 de setiembre, en esta ocasión se pondrán a disposición en el mercado financiero Títulos de Propiedad Tasa Fija en Dólares.  Los valores de estas emisiones serán intercambiados por los títulos con vencimiento en 2025, 2027, 2030 y 2036.

En este megacanje, la Tesorería Nacional utilizará un mecanismo que consta de dos procesos: compra (venta para los participantes) y posteriormente la gestión de venta (compra para los participantes). Ambos canjes fueron convocados por medio SIOPEL de la Bolsa Nacional de Valores.
Para los títulos en colones la liquidación de efectivo a favor del Ministerio de Hacienda se realizará en forma neta el jueves 17 de setiembre, con base en los resultados del proceso de compra y venta, mientras que la liquidación de los títulos en dólares se realizará el viernes 18 de setiembre.

La comunicación sobre los precios de las series que participan en el proceso de venta, tanto en colones como en dólares, se realizará este jueves 10 de setiembre.

Impuestos progresivos serán punta de lanza en negociación con el FMI

Fuente: La República

De tocarse el apartado de impuestos por la negociación con el FMI, estos serán de tipo progresivo, aceptó Elián Villegas, ministro de Hacienda en un foro virtual con la Cámara de Fondos de Inversión.

Con esto se quiere decir que existe la posibilidad de que se agreguen impuestos en el que quienes tengan mayor nivel de renta, paguen mayor porcentaje.

“Me parece que definitivamente el gobierno tendrá que poner en la mesa de discusión, y la línea de acción debe ser pensar en impuestos directos; progresivos y ojalá de carácter transitorio”, dijo Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Quizás el antecedente más cercano de impuestos progresivos fue la opción planteada por Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, de tener un impuesto solidario temporal a salarios por encima de los ₡1,2 millones, que, no obstante, no avanzó.

Exoneraciones tributarias serán otro punto que será analizado, aceptó Villegas coincidiendo con el mencionado Chaves, quien manifestó en días anteriores que deberían revisarse.

No obstante, no se otorgaron mayores detalles argumentando que estos se darán hasta el 17 de septiembre.

“Pretendemos ofrecerle al costarricense un programa que tenga mucho equilibrio, que nos permita mejorar tanto en la disminución de gasto como mejorar ingresos en el corto plazo”, dijo el Ministro de Hacienda.

Lo que sí adelantó es que ya tiene conocimiento de que la nota de calificación de riesgo de parte Fitch no cambiará, pero el resto de calificadoras quizás esperan los resultados de las negociaciones entre Costa Rica y el FMI.

Usuarios de telefonía celular e Internet financiarán a la Cruz Roja

Fuente: La República

Los usuarios de los servicios de telefonía celular e Internet comenzarán a financiar a la Cruz Roja mediante un nuevo impuesto en sus facturas mensuales a partir del próximo mes.

Se trata del 1% sobre el monto total, un canon que sólo afectaba a los clientes de telefonía fija, sin embargo, que debido a su caída en los últimos años producto de la masificación de las líneas móviles y llamadas por Internet, ya no alcanzan para sostener a la institución.

Esta iniciativa viene a incrementar la contribución sobre telecomunicaciones en unos ¢3.500 millones anuales que serán utilizados en la atención prehospitalaria y la atención de emergencias, contratación de personal para ambulancias y unos 317 nuevos socorristas en todas las regiones del país donde se cuenta con una sede de la Cruz Roja.

La firma se llevó a cabo el lunes en Casa Presidencial, con la asistencia del mandatario Carlos Alvarado, de la diputada, Karinne Niño, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexánder Solís y el presidente de la Cruz Roja Costarricense, Glauco Ulises Quesada.

Al respecto, Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de InfoCom señaló entender el rol de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, pese a que sobre la industria y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ya recaen múltiples obligaciones de carácter fiscal, nos mostramos anuentes a colaborar; en momentos en los que la Cruz Roja y el país lo necesitan.

“No obstante, esperamos que, en un corto o mediano plazo, no haya más impuestos o tasas adicionales que recaigan sobre los servicios de telecomunicaciones y en los usuarios finales, pues la conectividad es fundamental en el contexto que vive el país, y lo será aún más en la etapa post pandemia en la reactivación económica”, agregó Castro.

Durante el año pasado la Cruz Roja Costarricense atendió 496.780 llamados emergencia y realizó 7.921 traslados de pacientes en condición delicada a clínicas y centros hospitalarios.

¿Qué es?

Los servicios de telefonía celular y de Internet pagarán un impuesto adicional para financiar las operaciones de la Cruz Roja Costarricense

Monto 1% de la mensualidad
Servicios gravados Telefonía móvil (prepago y postpago), Internet
Recaudación anual estimada ¢3.500 millones
Beneficiaria Cruz Roja Costarricense
Inversión Atención prehospitalaria, contratación de personal para ambulancias y nuevos socorristas

Ministro de Hacienda: Presupuesto debe verse como un instrumento más para la consolidación fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministro de Hacienda, Elian Villegas compareció esta tarde ante la Comisión de Asuntos Hacendaros para referirse al proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2021 y al presupuesto de su Cartera para este mismo año.

Durante su participación, el Jerarca se refirió ampliamente a la situación actual de las finanzas públicas y a las razones por las cuales es preciso tomar una serie de medidas a corto plazo, que permitan retomar el camino hacia la estabilización de las finanzas públicas.

Para Villegas, logros importantes encaminados a fortalecer las finanzas públicas , como la Ley 9635 y medidas administrativas para ordenar el gasto público, son insuficientes para alcanzar la estabilización de las finanzas públicas, por lo que estos esfuerzos deben acompañarse de nuevas acciones y leyes, como la reforma al empleo público presentada ante la Asamblea Legislativa; la posibilidad de contar con créditos externos de apoyo presupuestario; la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una eventual colocación de eurobonos.

Al referirse al proyecto de presupuesto nacional para el próximo año, el Ministro destacó que este debe verse como un instrumento de política clave para controlar el gasto público y limitar el crecimiento del gasto corriente, así como un instrumento más para la consolidación fiscal que contribuya a la sostenibilidad económica, a mantener el bienestar social, reducir el impacto tanto por el COVID-19 como sobre nuestro tejido productivo.

Es por ello que el proyecto de presupuesto para el 2021 incluye una disminución histórica de ¢368,6 miles de millones (-5,3%) en el gasto primario, es decir sin incluir intereses y amortización, al pasar de ¢6 959,1 miles de millones en el presupuesto actual 2020, a ¢6 590,5 miles de millones para 2021. Esto cumpliendo con el compromiso de proteger la situación fiscal del país con responsabilidad y de brindar a la población los bienes y servicios públicos indispensables.

Una disminución importante del gasto para el 2021 se refleja en la aplicación estricta de la regla fiscal, que establece un límite al crecimiento de los gastos corrientes (salarios, alquileres, viajes, servicios, materiales de oficina; entre otros), pero permite el crecimiento del gasto de capital; todo ello con el objetivo de disminuir el déficit fiscal a lo largo del tiempo. Según esta regla, para el 2021 este gasto podría crecer hasta 4,13%, no obstante, el límite de crecimiento se fijó en 0,77 %, si se compara el gasto corriente en el proyecto versus el gasto corriente del presupuesto inicial 2020.

Para el 2021 se contempla una reducción neta de 251 plazas en ministerios y órganos desconcentrados, no se consideran incrementos salariales, ni acumulación en el pago de anualidades y hay una mejora en los déficit presupuestarios de 1,7 puntos porcentuales del PIB.

Por primera vez, este proyecto incluye 50 órganos desconcentrados de la Administración Central, en cumplimiento a la Ley 9524 (“Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”). Esto disminuirá la fragmentación del Estado, mejorará los controles del gasto público, así como la coordinación, planificación y ejecución en las instituciones en este y los siguientes años.

No obstante, los esfuerzos por reducir gasto, la atención de la deuda pública que el país acumuló por años, sigue presionado el Presupuesto Nacional, que para el próximo año asciende a ¢11,4 billones (31,9% del PIB). Amortizaciones e intereses representan 42% del Presupuesto Ordinario 2021, un incremento del 22% respecto al Presupuesto 2020.

“Es preciso balancear el “costo” de la deuda interna versus el de deuda externa. El principal reto es racionalizar el costo de la deuda interna, sustituir los altos intereses que genera, con financiamiento externo a tasas más favorables. Al revisar el comportamiento de esos intereses en la deuda pública actual, mientras los internos muestran un incremento del 0,3% del PIB, los externos aumentan 0,1% del PIB a pesar de incremento del saldo de esa deuda”, explicó el Ministro Villegas.

El Jerarca destacó entre las acciones que mantendrá Hacienda para mejorar el comportamiento de las finanzas públicas se encuentran el presupuesto por resultados, seguir implementando la Ley 9635, maximizar acciones de combate a la evasión, mejorar la eficiencia del sistema de compras públicas, nuevas propuestas a leyes necesarias para fortalecer el proceso de consolidación de las finanzas públicas, mantener una gestión responsable para estabilizar deuda pública, atender las necesidades de financiamiento y firmar el acuerdo con FMI.

Presupuesto de Hacienda para el 2021

El presupuesto del Ministerio de Hacienda para el 2021 presenta una caída del 6,12% (¢7.136 millones) con respecto a la Ley de presupuesto 2020.

Para lograrlo se ajustaron las estructuras programáticas institucionales, mediante una revisión exhaustiva de programas, subprogramas, actividades, productos e indicadores; una mejor identificación de los bienes y servicios; la identificación detallada de los procesos productivos y una intensificación en términos de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas.

Con respecto al 2020, Hacienda tendrá una reducción de 8,4% de la planilla, eliminará 161 plazas vacantes, las remuneraciones tendrán una caída del 7,59% (¢5.550 millones), también bajará un 30% de comisiones que se pagan a algunas entidades recaudadoras por servicios financieros; la partida de servicios se reducirá en 14,74% (¢5.288 millones) y el gasto operativo bajará en 2,26% (632 millones).

Hacienda logra exitosa colocación de títulos por monto cercano a los ¢152 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda colocó este lunes 7 de setiembre, en el mercado primario, ¢151.996 millones por medio de una subasta de títulos valores de deuda interna.  En el evento los inversionistas ofrecieron un monto total de ¢183.117 millones.

Con esta asignación Hacienda alcanzó el 42,5% del monto máximo de colocación por ¢1,8 billones, anunciado el pasado 25 de agosto, durante la presentación del plan para el segundo semestre del año.

“Los resultados de esta exitosa subasta demuestran la confianza que el sector financiero tiene en el manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno.  Prueba de ello es que el monto asignado en esta ocasión constituye la cifra más alta asignada en una subasta del presente semestre”, externó Elian Villegas, ministro de esta Cartera.

Por medio de la gestión realizada hoy, se colocaron títulos de propiedad deuda interna cero cupón en colones y títulos de propiedad deuda interna tasa fija en colones, con vencimiento en 2021, 2026, 2028 y 2031. El rendimiento máximo asignado para el cero cupón es del 3.00%, para la serie con vencimiento en el 2026 del 8,17%, del 8,89% para la serie que vence en el 2028 y del 9.25% para la del 2031.
 
La colocación de títulos según su año de vencimiento fue la siguiente: 

De acuerdo con la Tesorería Nacional, a la fecha Hacienda ha logrado colocar títulos en colones en el mercado primario, por un monto de ¢765 mil millones, esto ha permitido satisfacer las necesidades del financiamiento, sin presionar al alza las tasas de interés

Tributación incrementa acciones de control para quienes presentan declaraciones con inconsistencias

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el objetivo de que contribuyentes que han reportado inconsistencias en sus declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA) y general sobre las ventas (periodos anteriores) regularicen su situación, la Dirección General de Tributación ejecuta planes de control y actuaciones a personas físicas y jurídicas de todo el país.

Desde el mes de julio, la DGT realiza un plan dirigido a quienes vienen incluyendo en sus declaraciones, sin ningún respaldo o de forma errónea, montos importantes en ventas exentas, por actividades económicas registradas con un gravamen del 100% de impuesto en los sistemas de la Administración Tributaria, lo que genera un pago menor.

Dentro de las actuaciones que se realizan está el envío de mensajes al buzón electrónico de ATV (Administración Tributaria Virtual), mediante los cuales se reportan las inconsistencias encontradas y se insta a su corrección.  De forma simultánea, se están iniciando actuaciones de control personalizas (liquidaciones previas o definitivas) a contribuyentes que no han respondido al llamado de la DGT.

“Estamos asignando actuaciones de control personalizadas para aquellos casos en los que, a pesar de nuestra comunicación, los responsables no han corregido estos errores de manera voluntaria. De confirmase las diferencias de impuesto, estas personas tendrán que pagar esas diferencias con los intereses correspondientes, además de enfrentar una sanción que va desde un 50% hasta un 150% del monto de impuesto dejado de declarar”, informó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Durante el año 2019, actuaciones de control personalizadas llevadas a cabo por Tributación ante comportamientos similares, permitieron gestionar una recuperación cercana a los ¢ 1.329 millones, (impuesto ¢ 881 millones, sanción ¢ 330 millones e intereses ¢ 118 millones).

Int’l Reino Unido valora subir impuestos para financiar gastos gubernamentales

Fuente: El Financiero

Una subida de impuestos para financiar los miles de millones de libras de ayuda gubernamental gastados en combatir el impacto del coronavirus amenaza al Reino Unido, pero los economistas señalan que no debe hacerse demasiado pronto dada la fragilidad de la economía.

La prensa británica afirmó recientemente, citando fuentes anónimas, que el ministro de Finanzas está considerando subidas que podrían alcanzar 20.000 a 30.000 millones de libras ($22.500-$33.600 millones), entre impuestos sobre el combustible, introducción de un gravamen a las ventas en línea, armonización de los impuestos a las ganancias de capital y el aumento del impuesto de sociedades.

El miércoles, el propio ministro Rishi Sunak advirtió ante los diputados británicos que el gobierno tendrá que “hacer cosas difíciles”, pero trató de tranquilizarlos prometiendo que no vivirán “una película de terror con interminables subidas de impuestos”.

A finales de julio, la deuda pública británica superó el umbral de los 2 billones de libras, un récord histórico que simboliza el impacto brutal de la pandemia, y la ayuda inyectada en particular para preservar los empleos.

Esta contracción sin precedentes redujo considerablemente los ingresos fiscales, a lo que se suman las reducciones de impuestos temporales hechas a sectores debilitados como la hostelería y la restauración.

Además de aumentar los tres impuestos principales (sobre la renta, las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre el valor añadido), también se pueden considerar los impuestos específicos relacionados con la contaminación, afirman.

“O se pueden centrar, por ejemplo, en los ingresos más altos y en la fortuna”, aunque “la mejor opción sería no aumentar los impuestos sino reformarlos”, como el impuesto de sociedades, señala el IFS.

Impuesto a bancos por cobros judiciales pierde fuerza en el Congreso

Fuente: CR Hoy

La intención de crear un impuesto a los bancos por presentar demandas de cobro judicial se debilita en la Asamblea Legislativa.

La fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) -la más numerosa del Congreso- anunció que no apoyará la iniciativa cuando entre a discusión y votación en el Plenario Legislativo.

No vamos a apoyar esa iniciativa, menos ahora que el país está en una situación tan grave y lo que menos ocupa son más impuestos“, declaró el jefe de la bancada verdiblanca, Luis Fernando Chacón.

El legislador sostuvo que el PLN respaldará la posición de sus compañeros de bancada Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, quienes votaron en contra de la iniciativa cuando fue avalada por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

No es de recibo mayores cargas y menos para ese tipo de trámites”, agregó.

El proyecto de ley -propuesto por el congresista Rodolfo Peña, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)- fue dictaminado afirmativamente por 8 de los 11 diputados de Hacendarios el pasado 25 de agosto.

En ese momento fue apoyado por diputados del PUSC, Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Restauración Nacional (PRN), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el bloque independiente Nueva República.

Sin embargo, las dudas crecieron después de que la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que el texto atenta contra varios artículos de la Constitución Política.

“Es criterio de la Procuraduría General de la República que el proyecto de ley propuesto atenta contra lo dispuesto en el artículo 41, 33 y 185 de la Constitución Política”, concluyó la entidad al resolver una consulta que le formuló la congresista Laura Guido, del PAC.

“No tiene ni pies ni cabeza”

El diputado independiente Erick Rodríguez sostuvo que la iniciativa “no tiene ni pies ni cabeza”, y que tampoco tendrá su respaldo.

“Es un proyecto que atenta contra el acceso a la justicia. No se puede culpar a alguien por acudir a la justicia para hacer un cobro judicial”, manifestó.

Rodríguez criticó las intenciones de estar fijando impuestos para resolver todos los problemas del país.

“Me parece que es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y, obviamente que con mi apoyo no va  a contar“, agregó.

En una línea similar, se pronunció la también independiente Zoila Volio.

“Por principio, yo no estoy de acuerdo con aprobar ningún impuesto más (…) Esto atentaría contra el principio de Caja Única del Estado porque estaríamos creando nuevamente los destinos específicos. Así que, por ningún lado, yo voy a apoyar este proyecto”, respondió.

Volio expresó que “en este país se cree que la solución, la pomada canaria a todo, son los impuestos, y yo no estoy de acuerdo con esta posición”, afirmó.

La legisladora más bien hizo un llamado a los tribunales de justicia para que sean más eficientes y mejoren su gestión cobratoria.

Reservas

En el oficialismo, también han existido dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, que pretende crear una tasa entre el 2% y el 7% aplicada al valor de la estimación de la demanda o proceso judicial.

Esas reservas fueron las que motivó a la diputada Guido, del oficialista PAC, a solicitar la opinión de la Procuraduría General de la República.

“Yo manifesté preocupaciones con aspectos de constitucionalidad“, dijo la legisladora en el momento en que se acogió un texto sustitutivo al proyecto de ley.

No obstante, señaló que la iniciativa pretende resolver el serio problema de saturación del Poder Judicial y dar respuesta oportuna a todos los casos.

“Pero hay que buscar rutas que solventen las preocupaciones de constitucionalidad que han sido manifestadas”, reiteró.

En ese sentido, recordó que existe la posibilidad de hacer enmiendas en el Plenario Legislativo y hasta enviar el texto a consulta de la Sala Constitucional, si se logra aprobar en primer debate.

La bancada legislativa del PRN analizará el tema este lunes, según comunicó el congresista Carlos Avendaño, a través de su periodista Jacqueline Solano.

Lo mismo hará el bloque independiente Nueva República, según el legislador Jonathan Prendas.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) advirtió el 15 de julio anterior que los rangos en los cuales se pretende fijar el tributo son excesivos.

Sostuvo que, si se aprueba el proyecto de ley, los costos tendrían que ser asumidos por los bancos y se reflejarían en las tasas de interés que deben pagar todos los deudores.

Defiende propuesta

A pesar de los criterios en contra y las dudas expresadas, el diputado Peña defendió su propuesta.

“El informe de la Procuraduría no es muy específico en cuáles son los roces del proyecto y, por lo tanto, es escueto“, dijo.

El socialcristiano pidió a los diputados hacer las reformas necesarias al texto, aprobarlo en primer debate y enviarlo a consulta a la Sala Constitucional.

“Si la Sala decide que es inconstitucional, y no se puede subsanar, seré el primero en votarlo en contra“, añadió.

El impuesto que propone Peña se aplicaría a los procesos monitorios dinerarios, ejecuciones hipotecarias, prendarias, de garantías mobiliarias, reposesión de garantías mobiliarias, embargos preventivos y procesos sumarios de cobro judicial.

El pago de la tasa sería responsabilidad exclusiva del acreedor y no podría ser trasladado, cobrado o reclamado al deudor.

El tributo se pagaría con la presentación de la demanda o gestión inicial en el Poder Judicial.

Netflix confirma a usuarios ticos cobro del IVA a partir del 1º. octubre

Fuente: La Nación

Netflix, principal empresa distribuidora de contenido de entretenimiento por Internet, anunció este jueves a sus usuarios en Costa Rica una facturación adicional a partir del 1.º octubre para honrar el pago del impuesto al valor agregado (IVA).

El pasado 15 de julio, el Ministerio de Hacienda acordó congelar dos meses la aplicación del IVA a ese servicio transfronterizo y similares, con lo cual el nuevo tributo por el uso de plataformas como Netflix, Hulu o Spotify quedó para el 1.° de octubre.

“Está programado que se aplique un impuesto al valor agregado (IVA) del 13% a su suscripción de Netflix el 1.° de octubre de 2020. Cuando este cambio entre en vigencia, verá el aumento en su próximo periodo de facturación como un cargo separado en su crédito o tarjeta de débito”.

De esta forma, suscriptores con un contrato de Netflix por $15,99 verán mensualmente un cargo adicional equivalente a $2 por IVA. Aquellos con un plan de $13,99 o $8,99 pagarán por el tributo un adicional de $1,8 y $1,1 respectivamente.

El cronograma inicial era que el tributo del 13% comenzara cobrarse en agosto, pero la entidad pública decidió atrasar la implementación debido a una solicitud efectuada por 14 bancos, públicos y privados, con operación en Costa Rica, confirmó Elian Villegas, jerarca de Hacienda.

“Los bancos nos solicitaron tiempo para efectuar un ajuste de sistemas. Nos pidieron un plazo mayor, pero finalmente llegamos al acuerdo de que fuera la entrada del tributo al 1.° de octubre”, explicó Villegas.

El 2 de diciembre del año pasado, la Dirección General de Tributación puso en consulta pública una resolución en la cual se detalló una lista de casi 200 servicios transfronterizos que pagarían el IVA, entre los cuales también se incluyeron Deezer, Tidal Music, iTunes y Nintendo, entre decenas y decenas de otros.

Empresas deberán cumplir estas condiciones para deducir pérdidas por COVID


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

La nueva normalidad empresarial ha dejado a miles de empresas con pérdidas en sus operaciones, la buena noticia es que gracias a la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 (Reforma Fiscal) los empresarios y profesionales podrán reportar a la Administración su situación de este año.

Anteriormente la ley limitaba esta acción a empresas industriales y agrícolas, sin embargo, a partir del 1º de julio del año anterior cualquier tipo de empresa inscrita debidamente podrá realizarla.

“En tiempos como este, en el que la pandemia y las restricciones han golpeado tan fuerte a muchas actividades económicas como turismo, entretenimiento, construcción, comercio, servicios y otras, este cambio en la ley viene a significar un respiro para los empresarios”, comentó Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Eso sí, la norma fiscal es clara en las condiciones para realizar la deducción de las pérdidas, ya que no será para todos los casos. Según la ley, las condiciones son las siguientes:

1. Registro contable y compensación: la empresa deberá registrar, en una cuenta dedicada a este apartado, las pérdidas a reportar como pérdidas diferidas. Así mismo, en la declaración de Renta (D-101), en la casilla 44 llamada “Otros costos, gastos, deducciones permitidos por la ley”, es donde se deberá registrar el monto. 
2. Plazo: según la actividad empresarial así será el plazo, por ejemplo, el sector industrial y comercial tendrá un lapso de tres años para acreditar la pérdida, mientras que el sector agrícola tendrá un lapso de hasta cinco años.
3. Monto: El reglamento de la LISR, en su inciso i) del artículo 12 estipula que la pérdida a compensar no podrá exceder el 100% de la pérdida a la que se tenga derecho.

“Recordemos, además, que este año el periodo fiscal termina el 31 de diciembre, por lo que la declaración de renta se podrá presentar hasta el 31 de marzo de 2021. Además la declaración deberá incluir los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019”, anotó Volio.

El experto recomienda que los encargados de la contabilidad en las empresas revisen muy bien el tema de pérdidas para cumplir los requisitos estipulados por la Administración, particularmente si la actividad a la que pertenece la empresa se vio afectada por el COVID-19 y los cierres decretados por el Gobierno.

Impuesto a renta mundial recaudaría 700 mil millones de colones, señala Welmer Ramos

Fuente: El Mundo CR.

El diputado Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana afirmó que el impuesto de renta mundial recaudaría un aproximado de 700 mil millones de colones.

Mediante una entrevista a Costa Rica Noticias, Ramos aseveró que es falso que esta iniciativa «desincentive la inversión en el país».

Asimismo, el legislador aseguró que «los inversionistas vienen al país no por su baja carga tributaria, sino, por la disponibilidad de trabajadores con un alto nivel de educación, por la infraestructura adecuada y por la posibilidad de contar con electricidad de buena calidad, entre otros factores».

Ramos fue enfático en que «la renta mundial busca evitar la simulación de ganancias fuera del país para trasladar las que sí se generan en Costa Rica, a otros países con menor tributación para no pagar los impuestos acá».

No obstante, es importante destacar que dicha propuesta ha desatado polémica y ha recibido fuertes críticas.

Ante esto, el diputado manifestó que «desde luego que las grandes trasformaciones que implican cambios estructurales va a tener toda la negativa y la oposición de los sectores que ven esto como una amenaza desde la perspectiva de que se elimina ese mecanismo para eludir el pago de impuestos».

País arrastrará impacto en recaudación de algunos impuestos hasta 2025

Fuente: CR Hoy

En un escenario en donde las condiciones económicas no empeoran y se cumplen los vaticinios del gobierno en materia financiera, Costa Rica no recuperará el nivel de ingresos tributarios que tenía antes de la pandemia, al menos hasta en 2002 y 2023.

Pero aún así, habrá algunos casos en donde ese impacto en la recaudación lo arrastrará por más años, al menos hasta 2025.

Este es el caso específico de los impuestos al consumo y el relacionado con las importaciones, según reseña el documento “Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo” elaborado por el Ministerio de Hacienda y que acompañó el martes la presentación del presupuesto ordinario de la República para 2021.

Los ingresos por impuesto al consumo representaron en 2019 ₡197 mil millones, para este año terminarán retrocediendo un 17% y para 2021 se espera que caiga un 7,6% más.

Por su parte, los ingresos por impuesto a las importaciones, que representaron ₡164 mil millones el año pasado, bajarían un estrepitoso 28% este 2020, lo cual implicará que tengan que pasar también cinco años para volver a alcanzar un nivel similar al de la etapa prepandemia.

Esta recuperación más lenta que en el resto de tributos es muestra del rezago que podría enfrentar la economía costarricense en recuperarse y en retomar la confianza sobre el consumo interno. La última encuesta de percepción de confianza, elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, ubicó ese indicador en el nivel más bajo de los últimos 17 años, con expectativas de alta incertidumbre a corto y mediano plazo.

La recaudación en otros impuestos tardaría menos en recuperar los niveles de 2019. El impuesto único a los combustibles cruzaría esa línea en 2023 de la misma forma que el impuesto de renta y utilidades, mientras que el impuesto a la propiedad lo haría en 2022.

La excepción en la tendencia de la recaudación tributaria lo representa el impuesto al valor agregado (IVA), conocido antes de la reforma fiscal de 2018 como impuesto de ventas.

Este 2020 se espera que retroceda apenas un 0,5% en relación con 2019, pero después mantendrá su tendencia creciente año con año, lo que lo convierte en uno de los tributos más rentables para el Estado.

De hecho, si las proyecciones se cumplen con este escenario base, a partir de este mismo año pasará a ser el más importante en recaudación, por encima incluso del impuesto sobre los ingresos y utilidades.

Si se toma en cuenta toda la canasta de impuestos, compuesta por al menos 28 obligaciones distintas, el Estado lograría superar la línea de lo recaudado en 2019 hasta 2023.

Esta proyecciones están realizadas sobre el escenario base; es decir, con las condiciones actuales del país sin tomar en cuenta, por ejemplo, si se aprueba y se tiene éxito, en el programa Hacienda Digital para modernizar los sistemas de recaudación de impuestos, que podrían aumentar los ingresos.

Si esto ocurriera es previsible que los niveles de recaudación se recuperen antes. Sin embargo, tampoco toma en cuenta escenarios más pesimistas, como por ejemplo que se produzca una contracción económica más fuerte de lo esperado que lleve a menores niveles de gasto y consumo, o incluso que sean necesarias nuevas moratorias o se produzca un incremento en la mora por problemas de pago de los contribuyentes.

Por ello, el analista financiero Daniel Suchar opina que las proyecciones de Hacienda son más bien optimistas.

“La perspectiva de que ya para 2022 se comience a equiparar con 2019 es bastante positiva, pero va a depender mucho del dinamismo del sector externo, de volver al consumo de cómo estén nuestros socios comerciales y si van a estar más graves de lo que están ahorita… la recuperación económica no se va a dar de la noche a la mañana y dos o tres años no van a ser suficientes para que se dé por arte de magia”, dijo Suchar.

 

Diputados desistirán de impuesto para fomentar la lectura

Fuente: CR Hoy

Diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación desistirán de la intención de crear un impuesto a las bebidas carbonatadas para financiar al Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

Así lo confirmó este martes el legislador Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de esa comisión, tras una conversación que sostuvo con el congresista Mario Castillo, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), quien propuso la iniciativa.

“Vamos a buscar, de manera más reposada, una fuente de financiamiento que no implique más impuestos a los costarricenses”, declaró Jiménez, quien conversó este martes con Castillo.

La conversación entre ambos se produjo en momentos en que la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) advirtió de la pretensión de crear un nuevo impuesto que afectaría al sector.

La propuesta del nuevo tributo está incluida en una enmienda de fondo al proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente 21.534, en el segundo informe de mociones.

El impuesto

Según la iniciativa de Castillo, se reformaría el artículo 6 de la ley que creó el timbre agrario y el impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas.

El texto diría lo siguiente: “fíjese un impuesto específico por unidad de consumo para las bebidas carbonatadas de marcas nacionales y extranjeras, producidas en el país o importadas, de ¢5,725 a favor del lnder y  ¢0,25 para el financiamiento del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y la Bibliotecas“.

Los recursos transferidos anualmente al Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas estarían a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud.

Se utilizarían para financiar, parcial o totalmente, investigaciones sobre las prácticas de lectura, la producción y circulación del libro y las bibliotecas, así como sobre el impacto de la lectura y el libro en la cultura y la economía, y sobre el efecto de las políticas de promoción del libro.

Además, para proyectos de fomento de la lectura y la escritura, participación de editores en coediciones nacionales e internacionales que incluyan la creación nacional, realización y participación en congresos, foros, talleres y otros eventos de promoción de la lectura, las bibliotecas y la producción y circulación del libro, creación de obras de autores nacionales para su publicación en cualquier formato y traducción de obras de autores nacionales a otras lenguas.

No va

Jiménez explicó que la moción propuesta por Castillo será puesta a discusión y votación este jueves en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

El propósito es que los congresistas la rechacen y enviar el expediente al Plenario Legislativo para que autorice la devolución del texto a la comisión dictaminadora, con el fin de buscar otra fuente de financiamiento para el Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

El diputado reconoció que es consciente de la importancia de fomentar la lectura y del alto costo de los libros, pero también manifestó que el país atraviesa una crisis financiera sin precedentes, como para hablar de nuevos impuestos.

El proyecto de ley ya había sido dictaminado afirmativamente por la comisión y se encuentra en el trámite de discusión y votación de mociones de fondo.

Inicialmente, establec& iacute;a un impuesto de $1 por cada kilogramo a la venta masiva de ropa usada.

Sin embargo, esta propuesta fue descartada y en su lugar se propuso el tributo a las bebidas carbonatadas.

Según una nota que Mario Montero, vicepresidente de Cacia, envió este martes a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, la propuesta es injusta, populista e irrazonable porque carga el problema del recorte del presupuesto del sector cultura sobre un grupo empresarial para beneficiar a otro.

Ajustes al presupuesto son insuficientes para mejorar imagen financiera del país

Fuente: CR Hoy

Aunque se trata de un presupuesto que según el gobierno se ajusta a la regla fiscal y representa un recorte de ₡342 mil millones en el gasto primario, las señales para que el país mejore su imagen de cara a las calificadoras internacionales aún son débiles.

Según el plan presupuestario para 2021, los gastos corrientes no crecerán más allá de un 0,77%, con lo cual se cumple con no sobrepasar el límite establecido por la regla fiscal de un crecimiento máximo del 4,13%.

“Es una almohada que nos queda”, dijo el viceministro Isaac Castro, vaticinando que durante el próximo año sea necesario enviar nuevos presupuestos extraordinarios ante posibles gastos de emergencia por la pandemia.

Sin embargo, queda aún lejana para poder cumplir con las ordenanzas de las calificadoras internacionales.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, confesó: para que Costa Rica recupere su buena imagen, deberán ocurrir una serie de situaciones y cambios en el país, que hacen todavía verse lejano ese posible cambio.

“No creo que un solo acto per se vaya a servir para que una calificadora de riesgo valide su criterio y varíe la calificación… es más bien con la atención de varios actos que nos va a llevar allá”, afirmó.

Esos actos se resumirían especialmente en el acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que a su vez se convertirá en un compromiso por parte del país para recuperar el equilibrio fiscal y reducir la deuda, y que posiblemente pasará por la venta de activos y reformas a nivel tributario.

Desde el año 2014, cuando la calificadora de riesgos Moody’s eliminó para Costa Rica el grado de inversión, Costa Rica ha mostrado una tendencia a la baja en su calificación crediticia.

De acuerdo con Hacienda, las constantes llamadas de atención de las calificadoras sobre el deterioro de la finanzas públicas, la poca diversificación de las fuentes de financiamiento, la dificultad para llegar a acuerdos políticos y la tardía entrada de la Ley de Fortalecimiento ocasionaron una continua caída de la calificación crediticia hasta la fecha, “generando no solo una percepción de riesgo mayor ante el inversionista sino también un aumento en nuestras tasas de interés”.

Según las calificadoras de riesgo, las notas del país podrían mejorar si el Gobierno implementa ajustes estructurales que alivien los riesgos de financiamiento y reduzcan el déficit fiscal.

En la actualidad estas calificaciones dejan al país con una diferencia en su margen de rentabilidad de hasta 200 puntos base respecto a los demás países latinoamericanos. Es decir, Costa Rica se ve obligado a pagar esa diferencia en los intereses que ofrece, debido al riesgo, a la hora de emitir bonos.

Y es que a partir de 2021 la opinión de estas calificadoras se volverá trascendental para el país.

En la agenda se encuentra la eventual solicitud a la Asamblea Legislativa para volver a acudir al mercado extranjero y colocar unos $4.500 millones en eurobonos.

“Los eurobonos los vemos precisamente después de alcanzar la negociación con el Fondo, como un instrumento a aspirar en los próximos años, paralelamente a negociación con el Fondo y los desembolsos del Fondo… siempre habrá que acudir a otras fuentes de financiamiento”, añadió Villegas.

Para el período 2021, se estima que las necesidades de financiamiento sean cubiertas especialmente con el mercado doméstico, lo cual Hacienda confiesa que sugiere una alta competencia entre el gobierno y el sector privado por los recursos locales, lo que podría conllevar a un incremento en las tasas de interés.

Por ello, cualquier negociación o acuerdo que logre con los organismos internacionales será preferible para el Ejecutivo, con el fin de incorporarla en lugar de tener que acudir al mercado local.

“En caso de que se lograra finalmente la autorización al Poder Ejecutivo para emitir deuda en el exterior, y que pudieran constituirse como prefondeo de recursos para el año siguiente, se deberá llevar a cabo, de ser necesario, el correspondiente traslado de la partida de intereses deuda interna a intereses deuda externa, y como es usual, se reducirían de la autorización de emisiones de títulos valores deuda interna, lo correspondiente a deuda externa”, afirma Hacienda en su documento de presentación del Presupuesto 2021.

Según ese documento, el plan de gastos, no considera la posible operación con el FMI “dado lo incipiente en el proceso de negociación”. Sin embargo, El Ejecutivo irá adelante con esta iniciativa para tratar de no presionar más el mercado local.

 

Nueva República critica que el Gobierno esté pensando en nuevos impuestos

Fuente: AmPrensa

El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, criticó el hecho de que el Gobierno esté hablando nuevamente de más impuestos. 

«Es muy lamentable que al cabo de dos años, el tiempo nos vuelva a dar la razón,  en aquel momento dijimos en redes sociales que más impuestos, sin recorte de gasto y sin portarse bien en el manejo de las finanzas públicas solamente provocaría más impuestos y eso es lo que nos viene a decir ahora el ministro de Hacienda, Elían Villegas y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero», destacó.

Además, aseguró que aún no existe claridad sobre las nuevas disposiciones con el FMI.

«El Ejecutivo todavía no dice a qué se comprometió, pero ya sabemos que hipotecará al país y traerá más hambre y desolación al pueblo, que su ruta sigue siendo aumentar el peso sobre los cansados hombros de los costarricenses y el sector privado», agregó.

El ministro de Hacienda, Elían Villegas, manifestó esta mañana en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental que la propuesta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hará pública antes de ir a la negociación oficial y la idea es poder presentarla a varios sectores en un diálogo nacional, que incluye a los diputados de la Asamblea Legislativa.

Industria alimentaria advierte que diputados tramitan nuevos impuestos

Fuente: CR Hoy

Como una táctica perversa

Así catalogan los industriales de alimentos y bebidas las pretensiones de diputados de la Comisión de Tecnología y Educación, que podrían aprobar un nuevo impuesto a través del mecanismo de mociones 137 en su segundo y último día de trámite, en la iniciativa de Ley 21.534, Ley del Libro para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas.

Este martes 1 de setiembre, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) enviará una nota a la Asamblea Legislativa, donde alertará a los congresistas sobre la pretensión de crear impuestos utilizando el recurso de mociones de fondo, que prevé el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pues según los empresarios esta forma de aprobar tributos quebranta el principio democrático y los derechos de enmienda y deliberación que poseen el resto de diputados.

“Cargar con más impuestos a subsectores industriales particulares, como lo es la industria de bebidas, nunca fue objeto de consulta y análisis en la Comisión de Tecnología y Educación, lo que revela ánimo de esquivar procedimientos necesarios dentro de la dinámica parlamentaria, convirtiéndose en una táctica perversa que pretende influir en el procedimiento ordinario, para evitar la discusión y romper la unidad de las etapas del proceso de formación de la ley”, señaló Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de Cacia.

Según Montero, el derecho de enmienda “se ve seriamente degradado, al intentar crear una carga tributaria lejos de un necesario clima de análisis, publicidad y transparencia”.

En la nota que Cacia entregará este martes señalan que el proyecto 21.534 es injusto, populista e irrazonable, pues carga el problema de recorte del presupuesto que posee el sector cultura sobre un grupo empresarial, para beneficiar a otro.

Los empresarios señalan además que la industria nacional de bebidas realiza aportes multimillonarios extraordinarios a instituciones como el Inder, motivo por el cual, cargar de más impuestos a este sector se convierte en un factor destructor de capacidades para la creación de empleos, especialmente en momentos que el país atraviesa una de las peores recesiones económicas de su historia.

“Nuestra industria hace el mismo llamado realizado con anterioridad por el órgano Contralor, que ha realizado señalamientos relativos a la necesidad de simplificar y uniformizar tributos, buscando bases amplias, tasas bajas y neutralidad, lo cual implica reducir la mala práctica de inventar más impuestos específicos para solventar problemas estructurales o voluntades políticas espurias”, añadió Montero.

 

Carlos Avendaño: “El PAC quiere convertir a Costa Rica en un infierno fiscal”

Fuente: La República

La posibilidad de cobrar un impuesto de renta mundial como impulsa el PAC, es una ocurrencia que afectaría aún más a la economía en momentos en que se requiere reactivación, según Carlos Avendaño, diputado de Restauración.

Lo peor de todo, es que el PAC quiere hacer de Costa Rica un infierno fiscal, cobrando tributos para todo, según el legislador.

El diputado Welmer Ramos y otros legisladores han propuesto aprobar la renta mundial en Costa Rica, ¿qué opina?

La consecuencia inmediata de aprobar un impuesto de esa naturaleza es la fuga de capital.

Hay que entender que los inversionistas traen su dinero y no lo guardan debajo del colchón, sino que lo inyectan a la economía a través de nuevas inversiones, ahorros en los bancos o consumo.

El país ya ha perdido mucho atractivo para atraer recursos y si le sumamos un nuevo costo, todavía será peor. Esto hará que muchos prefieran llevarse su dinero a países como Panamá o incluso Nicaragua que están siendo más amigables con el inversionista y sin ese dinero, se perderá mucho capital necesario para invertir en negocios y será más difícil la reactivación económica.

No es el momento de poner más impuestos ni de ahuyentar al capital; por el contrario, nos urge atraerlos para recuperar la economía.

¿Cómo aumentar los ingresos fiscales en el país?

La mejor forma de aumentar los ingresos fiscales es dinamizando la economía, es dando oportunidades para que se generen nuevas empresas que crean empleo y le pagan un salario a las personas para que estas puedan satisfacer sus necesidades de consumo.

Para ello lo primero que necesitamos es reducir la incertidumbre: con más impuestos nadie va a querer invertir, empezar un negocio o comprar bienes o servicios.

El PAC ha venido insistiendo, desde hace años, en más impuestos a todo: impuestos a la comida, impuestos al aguinaldo, impuestos a las zonas francas, impuestos a los ahorros, impuestos a los hospedajes no tradicionales, etc.

Están convirtiendo a Costa Rica en un infierno fiscal en el que nadie va a querer invertir y más bien los pocos que tienen dinero van a preferir irse a otros lugares.

¿Cuál debería ser la alternativa?

La alternativa está en generar un ambiente amigable para que los grandes, medianos y pequeños inversionistas, extranjeros o nacionales, quieran inyectar su dinero a la economía, para que puedan comprar bienes y servicios, para que puedan montar negocios que generen empleo.

Eso pasa por simplificar el sistema tributario, para hacerlo más claro y amigable, por reducir el gasto público que genera un alto déficit fiscal, por simplificar trámites para facilitar el inicio de emprendimientos, por reducir regulaciones que solo encarecen la producción, por generar competencia en el servicio eléctrico a fin de que los precios sean menores para los negocios, en flexibilizar las cargas para hacerlas acordes a la realidad económica del país y sobre todo para motivar a los emprendedores a formalizarse.

Opinión: Nuevas consideraciones acerca de la suspensión temporal de contratos


Por: Licda. Ana Isabel Borbón, especialista en Derecho Laboral/
Actualidad Tributaria

La “nueva normalidad” ha tocado los contratos laborales desde marzo, cuando se anunciaron las medidas de cierre en la mayoría de industrias no esenciales de país. Muchas de las medidas no eran posibles en la legislación laboral costarricense antes de la pandemia, pero se han dado por fuerza mayor.

La suspención temporal de contratos es una de esas medidas, herramienta que la administración ha puesto a la orden de los patronos con el fin de evitar despidos masivos debido al cierre de operaciones.

Recientemente las autoridades hicieron una nueva modificación al Reglamento para el Procedimiento de Suspensión Temporal de Contratos de Trabajo, casos relacionados con los incisos a y b del artículo 74 del Código de Trabajo, dicho reglamento establece el procedimiento para suspender, de manera temporal, los contratos de sus trabajadores, cuando su actividad comercial se vea directamente afectada por las medidas oficiales de atención de la pandemia.

A estos cambios se sumó la adición de los artículos 2 Bis y 5 Bis y la creación del artículo 5 TER; el primero permite al patrono mediante un formulario electrónico solicitar la suspensión temporal cuando las medidas sanitarias le impiden por completo realizar su actividad económica. El segundo, autoriza al patrono a reanudar o levantar temporalmente la suspensión de los contratos aún y cuando no haya sido aprobada dicha suspensión, si de forma temporal o por períodos cortos puede reanudar su actividad económica ya sea por días o semanas continuas, si las medidas sanitarias así lo permiten; y el tercer artículo finalmente establece el procedimiento para tramitar la reanudación temporal. Importante es que cualquiera de las anteriores, se gestiona en línea y que necesariamente requieren la comunicación al Ministerio de Trabajo, para su conocimiento.

Pero gracias a estos cambios, también han surgido muchas consultas acerca de su ejecución, como lo relativo a los trabajadores suspendidos y su posibilidad de optar por actividades remuneradas temporales, mientras se establece la normalidad.

Entendamos que mientras el patrono no haya rescindido el contrato, el empleado sigue ligado a la empresa, esto con los derechos y deberes que conlleva. Así las cosas, podríamos decir que el empleado está en la obligación de informar a su patrono, cualquier

modificación a su actividad para que éste sepa si va estar o no disponible para retomar el contrato de manera temporal por los días que la actividad comercial sea permitida por las autoridades.

El patrono entonces debería poder informar con una antelación de al menos 48 horas según indica la reforma, si se va a necesitar que el trabajador se encuentre disponible para alguna fecha en particular, esto sin que implique que el puesto del trabajador corra riesgo.

Con todos estos cambios los patronos y trabajadores deben estar atentos a la forma en que se apliquen o puedan aplicarse, ya que surjen muchísimas dudas conforme pasa el tiempo y se ejecutan las medidas. Lo mejor es, ante la duda, preguntar a un especialista

Cobrar renta mundial sería un obstáculo enorme para la inversión, según empresarios

Fuente: La República

Si los diputados aprueban el cobro de la renta mundial, le estarían dando una zancadilla a los esfuerzos para reactivar la economía y atraer nueva inversión extranjera, según varios líderes empresariales consultados por LA REPÚBLICA.

Por otra parte, el deficiente sistema tecnológico de la administración tributaria haría casi imposible dar seguimiento a las ganancias de costarricenses en el extranjero.

Lo peor de todo, es que está comprobado que la renta mundial no produce una alta recaudación de impuestos, a pesar del alto costo de oportunidad que genera, según Gisela Sánchez, presidenta de la Cámara Costarricense - Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham).

La renta universal o mundial es aquella en la que se gravaría a los contribuyentes con residencia en nuestro país, es decir, sean nacionales o no, sin importar si esa renta, riqueza o utilidades las generaron dentro del territorio nacional o afuera.

De esta forma, un costarricense en cualquier parte del mundo, como es el caso del futbolista Keylor Navas, tendría que pagar un tributo en Costa Rica, por lo que gana en Francia como portero del Paris Saint-Germain.

Para aprobar cualquier impuesto, el gobierno de Carlos Alvarado debería contar con el respaldo de al menos 38 legisladores, lo cual, no sería capaz de alcanzar sin la ayuda de Liberación, la Unidad y Nueva República, ya que juntos suman más de 30 votos de los 57 disponible.

La propuesta es impulsada por el PAC y además por el presidente Alvarado.

“La introducción de la renta mundial implicaría por una parte el desestímulo tanto de la inversión extranjera directa como la reducción del atractivo del país para que rentistas y pensionados de otros países vengan”, dijo Pedro Morales, asesor en el área económica para la Cámara de Industrias.

Opuestos

El sector productivo cuestiona la propuesta de nuevos tributos.

Pedro Morales
Asesor Económico
Cámara de Industrias

La introducción de la renta mundial implicaría por una parte el desestímulo tanto de la inversión extranjera directa como la reducción del atractivo del país para que rentistas y pensionados de otros países vengan a radicar e invertir en el país y por otra parte, un escaso aumento de la recaudación tributaria.
Está demostrado en los países que se ha implementado que no produce una alta recaudación de impuestos.
Los ingresos tributarios se aumentan modernizando tecnológicamente al Ministerio de Hacienda.

Gisela Sánchez
Presidenta
AmCham

El pasar de un sistema de renta territorial a uno de renta mundial, generaría un obstáculo más a la reactivación económica del país y desincentivaría la inversión.
La OCDE también ha señalado de forma clara que Costa Rica no debe pasar de un sistema territorial en el Impuesto sobre las Utilidades a uno puramente mundial, que grave todos los tipos de ingresos empresariales de origen extranjero, tanto pasivos como activos.
La aplicación de otro sistema generaría incertidumbre en el país y frenaría el flujo de inversiones extranjeras.
Además, los mecanismos para gravar a utilidades fuera de las fronteras costarricenses, encarecería los costos de la Administración Tributaria.
El país no tiene la estructura administrativa para la atención de un impuesto tan complejo.

Hacienda amplía servicios de atención a contribuyentes: Pone a disposición nueva plataforma virtual

Fuente: Ministerio de Hacienda

Para brindar una mejor atención al contribuyente y facilitar la realización de trámites tributarios, a partir de este 28 de agosto, el Ministerio de Hacienda pondrá a disposición la plataforma Trámite Virtual (TRAVI). 

Esta plataforma contempla aproximadamente 40 trámites de control extensivo, recaudación, de valoraciones y de fiscalización; funciona como instrumento de acompañamiento para los contribuyentes que requieren estar al día con las normas tributarias. Al ser una plataforma en línea, se puede acceder desde cualquier dispositivo con internet, tanto dentro como fuera del país, no necesita la instalación de ningún programa o software, ni actualización de versiones.

Se incorpora un ChatBot que, en una primera etapa atenderá consultas relacionadas con la guía del llenado del formulario de TRAVI, autogestión de las claves de ATV, asistencia en el llenado de comprobantes electrónicos del facturador gratuito del MH y sus accesorios:  llave criptográfica, el usuario y contraseña para el facturador.  En caso de que el usuario requiera más detalles, el mismo ChatBot le referirá con un asistente de servicio. 

“Esta plataforma de acompañamiento y facilitación de herramientas de gestión para el contribuyente es un hito de trabajo que se enmarca dentro de las principales aristas de consolidación tributaria, en las que nos venimos abocando desde el Ministerio. La actualización de los sistemas tecnológicos es fundamental y obedece a una necesidad real tanto de los contribuyentes como de la Administración” indicó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos.

Trámite Virtual estará disponible en la página web www.hacienda.go.cr, botón destacado sobre banner de avisos. Para registrarse el interesado solo debe crear un usuario y clave, digitar sus datos personales, nombre, número de identificación e indicar si es contribuyente, representante legal o tercero autorizado. La dirección electrónica debe coincidir con la que está inscrita en el Registro Único Tributario.

A partir de la implementación de esta plataforma, ya no será necesario que los usuarios dirijan sus solicitudes por medio de la cuenta de correo infoyasistencia@hacienda.go.cr, salvo que se presente alguna situación especial que la deje fuera de servicio.

“El propósito de habilitar nuevas opciones de servicio es brindar una atención más oportuna a los contribuyentes y evitar su desplazamiento a las administraciones tributarias. La plataforma Trámite Virtual se suma al sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) mediante el cual se realizan declaraciones de impuestos, inscripción, desinscripción y modificación de datos, entre otras gestiones, lo que facilita la gestión y el cumplimiento tributario, indicó Carlos Vargas, director general de Tributación.

En caso de que la persona no cuente con una computadora o teléfono móvil con acceso a internet para cumplir sus obligaciones, podrán gestionar su cita, de 8: 00 a.m. a 4: 00 p.m., para la atención en las plataformas de servicio de las administraciones tributarias, por medio de la línea de WhatsApp 8849-9771.



Como poco viable, califican especialistas propuesta de impuesto de renta mundial

Fuente: La República

Poco factible y hasta poco sensata, así se califica la iniciativa de renta universal o mundial de parte de expertos en el tema.

El proyecto que tiene como abanderado principal a Welmer Ramos, busca atacar la evasión, cerrando portillos para que residentes de nuestro país no reporten ingresos comentando que fueron generados en el exterior.

Mayor notoriedad ha tomado el tema ante el ejemplo de Keylor Navas, que otorgó Otto Guevara.

“El gobierno francés que además es voraz en tema de impuestos, le quita ingresos a Keylor y con este proyecto pretende meterle mano al bolsillo de Keylor Navas por la plata que se gana en Francia, vean la aberración de esta disposición, qué tiene que ver el gobierno metiéndole la mano con lo que se gana con el París”, dijo Guevara en un Facebook Live en su cuenta de Facebook.

Además, en contra le juega la complejidad de incorporar la propuesta a la legislación nacional; por ejemplo, la renta mundial implicaría negociar gran cantidad de tratados para evitar la doble imposición del impuesto sobre la renta.

Opiniones

Silvia González
Socia de Impuestos
Grant Thornton

De acuerdo con el proyecto presentado, no sería una opción viable. El cambio conllevaría una reforma integral del régimen actual, es decir, no podría ser tan solo agregar o modificar la ley existente

Otto Guevara
Presidente
Unión Liberal

Ya hace mucho las personas que impulsan más paquetes de impuestos, siempre han querido ver la manera de meterle la mano a los dineros que los costarricenses ganan brindando servicios fuera del país, en diferentes momentos los hemos detenido.

Mario Gutiérrez
Socio director de Impuestos
RSM Costa Rica Audit Tax and Consulting Services

Con total estupor me entero que se pretende poner a discusión nuevamente el establecer en Costa Rica un sistema tributario basado en la renta mundial.

No podemos manejar un sistema de renta territorial ni establecer un adecuado sistema de impuesto al valor agregado, y ahora se pretende implementar la renta mundial.

Regla fiscal se aplicará con excepciones en el presupuesto del 2021

Fuente: La Nación

El presupuesto ordinario del Gobierno Central para el 2021, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa el próximo 1.° de octubre, aplicará la regla fiscal, pero también utilizará las cláusulas de escape que contiene la ley para las entidades que están atendiendo la pandemia.

“La idea es que de la regla fiscal solamente salen aquellas (entidades) que expresamente lo requieran como consecuencia de la pandemia y por gastos específicos directamente relacionados con esta.

Este será el segundo presupuesto que aplicará la regla fiscal, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto, determinado por dos variables: la relación de la deuda total del Gobierno Central con respecto al producto interno bruto (PIB) nominal del ejercicio anterior al año de formulación del presupuesto, y el crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores al de formulación del plan de gastos nacional (del 2016 al 2019 para el presupuesto del 2021).

Para el 2021, se aplica el escenario c), que establece: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB nominal”.

Sin embargo, el ministro Villegas explicó que, aunque originalmente las instituciones trabajaron con ese margen, luego les pidieron que hicieran una rebaja sobre eso.

“Incrementar el presupuesto en un 4,13% nos pareció alto y, por tanto, solicitamos que rebajaran la propuesta originalmente presentada”, indicó el jerarca.

En ese escenario todavía no se limita el gasto de capital (para obras), solo el corriente (incluye remuneraciones, transferencias corrientes e intereses).

Villegas comentó que el presupuesto total oscilará entre ¢10 millones de millones y ¢11 millones de millones, y la Contraloría General de la República estimó que por ingresos corrientes, que incluyen principalmente la recaudación de impuestos, el Gobierno obtendrá en el 2021 ¢5,1 millones de millones; el resto deberá obtenerlo vía deuda.

El Ministerio de Hacienda estima que para el 2021 requerirá endeudarse en ¢5,3 millones de millones, lo cual equivale a un 15% de la producción interna estimada para ese año.

Dicho monto es necesario poder atender un déficit financiero (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) de ¢2,9 millones de millones (equivalente al 8,1% de la producción) y pagar deudas de años anteriores por cerca de ¢2,4 millones de millones (6,9% del PIB), según la información que presentó la entidad en el plan de endeudamiento del segundo semestre.

“El entorno de pandemia y la recesión económica hacen muy complicado que el financiamiento se pueda obtener en el mercado local, por lo que el Gobierno tendrá que recurrir a más préstamos y hasta considerar la posibilidad de emitir deuda externa”, opinó Brenes.

Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, consideró que conseguir financiamiento para el 2021 será retador, pero hay dos puntos a favor: la liquidez que hay, tanto en los mercados locales como internacionales; los bajos niveles de tasas de interés que habrá todavía en 2021, y la baja inflación.

Hacienda recurre a deuda interna ante caída de ingresos

Fuente: La República

Canjes y subastas de títulos de deuda interna seguirán en el horizonte del Ministerio de Hacienda en el futuro cercano, como fuentes de financiamiento ante la caída de sus ingresos.

Solo este lunes se colocaron ¢116 mil millones en subasta de títulos de deuda interna, en su mayoría con vencimiento al 2027.

Mediante esta figura Hacienda capta recursos por medio de estas colocaciones para atender las necesidades de financiamiento, los compromisos y gastos del gobierno.

Y los interesados pueden adquirir las emisiones subastadas a través de los puestos de bolsa autorizados por la Bolsa Nacional de Valores y, en algunos casos, por medio de la ventanilla electrónica.

“Este es un elemento positivo que nos viene a dar tranquilidad, porque entendemos que los inversionistas, sobre todo institucionales, son conscientes de que el Estado está comprometido con el pago de su deuda y que se puede confiar e invertir a largo plazo”, comentó Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Además, el gobierno le apostará a un megacanje de bonos de deuda, planificado para septiembre.

La semana anterior se procuró un canje histórico de ¢1,8 billones, aunque solo alcanzaron los ¢80 mil millones.

El propósito era cambiarles a inversionistas sus títulos que vencen este y el próximo año, por otros que vencen entre 2024 y 2025.

A ello se suma el canje realizado a finales de julio por ¢88 mil millones, de bonos que vencían entre 2020 y el 2021.

De esta manera se genera un alivio, al cambiar la deuda más antigua próxima a vencer por nueva pues aumenta la liquidez.

Además, permite atenuar el riesgo en la cartera de deuda y disminuir su costo, lo que reduce las presiones próximas sobre el flujo de caja del Estado.

Básicamente, de esta manera se busca no pagar esos vencimientos al corto plazo, sino a futuro.

Al cierre de edición, no había trascendido el plan de gasto para atender los compromisos del segundo semestre, pero existe una alta posibilidad de que se recurra a más deuda.

Y es que la caída en casi ¢1,2 billones de ingresos y el recorte en el gasto que tiene el reciente presupuesto extraordinario, empujan a buscar compensarlo con deuda.

Se estima necesario aumentar en ¢664 mil millones la emisión de deuda interna, debido a que ese es el faltante por cerrar, según respondió Elián Villegas, ministro de Hacienda a consulta de la legisladora María Inés Solís a mediados de julio.

En esa intervención en la Asamblea, se adelantó la colocación de deuda interna dividida en ¢100 mil millones a corto plazo y en ¢564 mil millones a largo plazo.

Específicamente, para este nuevo presupuesto extraordinario se llegaría al 67% de deuda para cubrir el gasto.

Costa Rica enfrentaría estos riesgos si migrara a renta mundial

Fuente: CR Hoy

El Partido Acción Ciudadana (PAC) vuelve a poner sobre la mesa la propuesta de cobrar renta mundial en Costa Rica. Su diputado Welmer Ramos, tiene listo el proyecto de Ley para Inclusión d Renta Mundial en el Sistema Tributario Costarricense.

El objetivo de la iniciativa es reformar tres artículos de la Ley sobre Impuesto sobre la Renta que, en resumen, tiene la intención de obligar a los ciudadanos costarricenses y residentes a pagar ese impuesto por sus ganancias, sin importar en qué parte del mundo se hayan generado.

Actualmente, el Ministerio de Hacienda cobra el impuesto de renta según el esquema territorial, es decir, que aplica la tasa del tributo sobre los bienes ubicados, los servicios prestados, o los capitales invertidos dentro de la jurisdicción costarricense.

Varios expertos consultados por CRHoy.com ven una serie de riesgos para el país en la propuesta de ley que ya circula en el Parlamento.

Lo primero que señalan es que es innecesario pasar de un esquema de renta territorial a renta mundial, pues Costa Rica no es un “exportador” de capitales al exterior, sino que, al contrario, compite a nivel global por atraer inversiones a su territorio.

Felipe Guevara, abogado tributario de la firma Consortium Legal, explicó que el concepto de renta mundial nació en los países desarrollados cuando sus empresas más grandes y poderosas empezaron a “fugarse” para instalar sus operaciones fuera de sus fronteras dando paso al fenómeno de erosión de la base imponible, lo cual llevó a esas naciones a obligar a las empresas a pagar impuestos sobre las rentas que se generaban fuera de sus fronteras y así impedir que las firmas manipularan los montos sobre los que debían tributar.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de la firma consultora Deloitte, explicó que la situación de Costa Rica es muy distinta, pues es “receptor” de inversión en lugar de exportarla, por lo que históricamente ha optado por cobrar renta sobre lo que se produce en su territorio, pues son pocos los casos de grandes capitales nacionales que estén produciendo ganancias en el exterior.

Piedra dijo que países como Costa Rica además han optado por el esquema de renta territorial para no perder esas fuentes de inversión.

“Lo primero que uno tiene que valorar cuando uno está ante una situación como esta, que es una decisión de política fiscal, es que no puede separarse de la realidad económica del país y del modelo de desarrollo económico que nosotros tenemos. Lo primero que debe plantearse uno es si Costa Rica está generando, en realidad, riqueza que está saliendo de nuestras fronteras. Si hay empresas que están saliendo a producir en el exterior o si las personas están invirtiendo en el exterior”, consideró.

Felipe Guevara concluyó que al ser Costa Rica un país que más bien necesita y busca la atracción de inversionistas y de empresas que generen más empleos,  lo lógico, entonces, sería mantenerse en el criterio de renta territorial.

Doble imposición

En entrevistas separadas, ambos especialistas en tributos contestaron que otro de los riesgos a los que Costa Rica se expondría al eventualmente aplicar la renta mundial sería la doble imposición del impuesto, es decir, que el contribuyente deba pagar dos veces el tributo, tanto en el país donde está su casa matriz o su fuente de ingresos, como en el nuestro, por tener acá una subsidiaria.

Guevara explicó que para minimizar ese riesgo, los Estados firmaron una red de convenios para evitar la doble imposición en materia tributaria. Esos acuerdos consisten en que un país no le cobrará renta a la empresa de la nación con la que firmó el tratado y viceversa.

Una característica de los países que aplican la renta mundial es que han firmado múltiples convenios de ese tipo. En el caso costarricense, solo ha firmado tres acuerdos de ese tipo en los más de 20 años que el mundo tiene en discusión ese tipo de acuerdos. Se trata de pactos para impedir la doble imposición con España, México y Alemania.

Para el abogado, optar por un esquema tributario de renta mundial con apenas tres convenios firmados para evitar la doble imposición es desconocer la realidad de la economía y del sistema tributario costarricense.

Pricilla Piedra comentó al respecto que México tiene más de 20 convenios para evitar la doble imposición y que, en general, los países que tienen renta mundial tienen también muchísimos de esos tratados en vigencia.

“Indudablemente tienen años en esta carrera, y uno debería, al menos, valorar esa situación para verificar, si esa es la decisión de política fiscal que el país va a tomar, lo vayamos a hacer de la manera correcta”, resumió.

Guevara definió la propuesta de Welmer Ramos como desordenada pues consideró que el proyecto desconoce cómo operan los sistemas tributarios que, afirmó, no son adaptables a cualquier país, sino que cada uno responde a sus particularidades.

Administración de la renta mundial

Piedra y Guevara también opinaron que pasar a Costa Rica a un esquema de renta mundial implicaría un reto para la Dirección General de Tributación (DGT) a la hora de administrar el impuesto, por la carencia de recursos de todo tipo que sufre esa dependencia del Ministerio de Hacienda.

La abogada señaló que las autoridades tributarias deberían de embarcarse en la revisión de sus sistemas informáticos para determinar si le van a permitir verificar cómo se están realizando las inversiones fuera del país.

“Yo no voy a decir que sea imposible (aplicar renta mundial en Costa Rica) pero una decisión que no tome basada o adaptada a la realidad de lo que tenemos podría terminar generando que en lugar de ganar una mayor recaudación de impuestos, que es indudablemente lo que se pretende con este proyecto, más bien, perdamos recaudación”, advirtió.

Guevara, por su parte, cree que antes de que el Gobierno realice una inversión importante para administrar la renta global, debería de enfocarse en fortalecer los sistemas para controlar el cobro de impuestos sobre lo que se produce dentro de sus fronteras.

“La renta mundial no tiene nada que ver con la evasión fiscal, como lo dijo don Welmer Ramos. Si Costa Rica no logra controlar ni lo que se produce acá y la administración tributaria no logra verificarlo ¿cómo va a poder verificar un esquema de renta mundial? Eso es no poder cumplir con lo menos y querer cumplir con lo más. Si queremos reducir la evasión deberíamos de plantear un proyecto de ley que fortalezca a la administración tributaria y que le dé más personal. Ahí está el tema”, advirtió.

Espantar la inversión extranjera

Desde que optó por abrir su economía al mundo como modelo de desarrollo económico, Costa Rica echó a andar una agresiva campaña de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) que le he permitido virar su económica de una agrícola, a una de servicios.

Según el último Estudio Económico Costa Rica 2020 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el país ha sido exitoso en este ámbito, con indicadores que se acercan mucho a los de los países de la Organización, en su mayoría muy competitivos.

Actualmente, en medio de la crisis sanitaria y económica que ha generado la pandemia del COVID-19, múltiples sectores, en cuenta el mismo gobierno del presidente Carlos Alvarado, cifran esperanzas en que el país siga siendo suficientemente atractivo para la IED, ahora más que nunca, como instrumento para lograr una reactivación de la economía.

Juan Carlos Hidalgo, quien tiene una Maestría en Políticas Públicas y Comercio Internacional y militante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que el país se enfrentaría al riesgo de perder ese atractivo para el inversionista extranjero en caso de que se apruebe la renta mundial, pues estos usualmente preferirán llevar sus capitales a naciones que apliquen el esquema de renta territorial.

El experto dijo que, sin duda, Costa Rica ahuyentaría a la inversión y los capitales con un viraje tributario de ese tipo.

“Más bien deberíamos de estar viendo cómo hacemos para traer más capitales al país. Esta es una ocurrencia peligrosa. Costa Rica es un importador de capital, no un exportador. Esto minaría la competitividad y ahuyentaría la inversión a otros países, todo por puro dogmatismo ideológico”, afirmó.

Hidalgo, señaló que el plan de Welmer Ramos va en la ruta opuesta a la que trazó el Gobierno para coquetear con más inversionistas de todo tipo, como pensionados rentistas e inversionistas, una de las aristas del plan de reactivación económica que presentó Casa Presidencial el 8 de mayo pasado.

“La primera pregunta que deberíamos hacernos es cuánto dinero esperaría recaudar el país con este impuesto. Esta es una pregunta que los proponentes deberían de contestar. La respuesta no la podemos dar con certeza, pero sería un monto ínfimo para el efecto que tendría este impuesto en cuanto a la imagen y reputación del país y en la disuasión de capitales para que vengan a Costa Rica”, consideró.

Felipe Guevara coincide con el efecto peligroso que un cambio en el esquema tributario tendría efectos muy peligrosos para la IED.

“Sin duda estaríamos alejando a inversionistas que vienen a tributar a Costa Rica porque, aparte de que tendrían un problema en sus países, tendrían un problema acá porque se verían obligados a tributar dos veces al casi no tener Costa Rica convenios para evitar la doble imposición. Sería más sencillo entonces, que el inversionista se vaya a Panamá o Guatemala que aplican el esquema de renta territorial“, concluyó.

Priscilla Piedra dijo que si se optara por una posición extremista en el cambio de esquema podría darse una fuga de inversiones.

“Ese es un tema que se debería de contemplar en la Ley y, desgraciadamente, este proyecto de ley consiste en la reforma de tres artículos y así no se pasa de un sistema de renta territorial a uno de renta mundial. Todas esas reglas, como cuándo se paga, qué pago en un lugar y qué pago en otro, qué porcentaje voy a pagar, si voy a aplicar créditos fiscales, todas esas reglas se tiene que valorar e incluir en la Ley”, opinó.

Piedra agregó que el proyecto de Welmer Ramos es muy sencillo y técnicamente carece de una gran cantidad de elementos que podrían derivar en que, de aprobarse, no sea aplicable en la práctica.

 

Hacienda logra colocación de títulos de deuda interna

Fuente: CR Hoy

El poco apetito que se había mantenido en los últimos meses por las inversiones a mediano y largo plazo, ocasionado por la crisis actual, se logró romper en una nueva colocación de títulos realizada este lunes por el Ministerio de Hacienda.

La cartera logró subastar ¢115.881 millones en títulos de deuda interna, de los cuales ¢74.798 millones fueron colocados a un plazo de siete años, con una tasa de 8,75%.

También se colocaron títulos con vencimiento al 2024 por un total de ¢41.083 millones a una tasa de 7,17%.

La colocación se completó con una captación de $395.000 en series de 2023, a una tasa de 5,04%.

Desde el inicio de la pandemia los mercados habían tenido una elevada preferencia por el corto plazo, dado el interés de los inversionistas de tener los recursos más a la vista y de reducir a lo mínimo posible el riesgo.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, celebró la colocación, al calificarla como una muestra de que los inversionistas están confiando en la política económica del Estado.

La semana anterior Hacienda intentó sin éxito un megacanje por ¢1,8 billones. Se espera que este martes se dé a conocer el plan a seguir con estas inversiones y el endeudamiento para 2021.

Costa Rica y Estados Unidos suscriben acuerdo complementario de FATCA

Fuente: Ministerio de Hacienda

Este lunes 24 de agosto, los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, suscribieron un acuerdo complementario de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con el fin de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por ambas partes en el 2013.

Por medio de este acuerdo la Dirección General de Tributación, en Costa Rica y el Servicio de Rentas Internas, en Estados Unidos, comparten información financiera con el fin de garantizar la transparencia en las transacciones bancarias que ciudadanos estadounidenses realizan en Costa Rica.

Este Acuerdo complementario fue suscrito por el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda y la señora Sharon Day, embajadora de Estados Unidos en nuestro país y tiene como objetivo actualizar el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA, con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre.

A través de la Ley FATCA, Estados Unidos estableció la obligación para las entidades financieras de suministrar, mediante intercambio automático, información relacionada con ciertas cuentas y productos financieros de cuentahabientes estadounidenses y que resultara de interés para efectos tributarios.

Las entidades financieras que no cumplan con este reporte estarán sujetas a un impuesto de retención del 30%, aplicable sobre diversos pagos provenientes de EE.UU. y destinados a sus clientes.

La firma del Acuerdo FATCA busca mantener el estándar actual de transparencia fiscal establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con respecto al intercambio de información para efectos fiscales y asistencia mutua.

¿Más impuestos? Cepal lo sugiere para enfrentar la crisis

Fuente: La República

Ampliar la cantidad de impuestos y hasta la tasa de estos, es sugerido por la Cepal si se quiere salir adelante en el ámbito fiscal por la crisis.

Aunque no se comentó un ejemplo de un porcentaje ideal, el impuesto sobre la renta debe fortalecerse, de acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

“Se debe consolidar el impuesto sobre la renta personal, es la principal brecha en términos de recaudación entre América Latina y la OCDE. Se requerirá de estructuras tributarias progresivas y eficientes para financiar el desarrollo sostenible”, dijo Bárcena.

Extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, gravar la economía digital y considerar impuestos verdes (por utilizar algún material o similar que dañe el medioambiente), son sugerencias.

Pero el que más destaca dentro de las recomendaciones es el de colocar una tasa impositiva fija las empresas multinacionales.

Sin embargo, no todo es tributos nuevos, sino que las autoridades centroamericanas deben atender la evasión y reorientar los gastos tributarios existentes.

Impuesto a combustibles recaudaría ¢100.000 millones menos este año por baja en ventas

Fuente: La Nación

Por la caída en ventas debido a la covid-19, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) prevé cerrar el 2020 con al menos ¢100.000 millones menos en la recaudación del impuesto único a los combustibles que traslada al Ministerio de Hacienda.

En el precio de cada litro de gasolina súper, un 46% corresponde a impuesto actualmente. Hoy, ese litro cuesta ¢572, de los cuales ¢263 se los deja Hacienda.

Con este tributo, se financia, por ejemplo, la reparación de carreteras nacionales y cantonales, así como la fiscalización de la calidad de las vías. También, de aquí se destinan recursos para conservar bosques mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y para ayudar a la Cruz Roja Costarricense.

Los estados financieros de Recope revelan que, en los primeros cinco meses del año, la venta de combustible se redujo por el confinamiento, la restricción vehicular, el auge del teletrabajo y el cierre de fronteras a vuelos internacionales.

Recope preveía este año ingresos de ¢1,02 billones por ventas de combustibles, de los cuales ¢496.619 millones correspondían a factura petrolera, ¢393.480 millones a impuesto único y un saldo en caja de ¢33.872 millones.

La caída en ventas también impacta al Gobierno debido al menor aporte económico que Recope puede hacer ahora para brindar auxilio a la población en medio de la pandemia.

El 13 de julio anterior, Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, le envió una carta a Alejandro Muñoz, jerarca de Recope, donde le informó que era necesario que la Refinadora transfiriera recursos al Fondo Nacional de Emergencia según disposición del artículo 47 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, “para lo cual es indispensable que lleve a cabo un recorte de al menos diez mil millones de colones en partidas que estime convenientes y que no pongan en riesgo la operación sustantiva de su institución. Dicho traslado deberá hacerse efectivo a más tardar el 25 de julio de 2020″.

“Tomando en cuenta el efecto que en nuestras finanzas representaría un aporte por el monto solicitado, se concluye que Recope está en la disponibilidad de efectuar el aporte por un monto de ¢5.000 millones”, respondió Muñoz.

Según él, ese monto no afectaría tanto la operación sustantiva de Recope y corresponde a una disminución de gastos que efectuó la empresa para mitigar los efectos de la pandemia y que fueron depositados el 24 de julio al Fondo Nacional de Emergencia.

Radiografía fiscal regional muestra a Costa Rica como la economía más enferma

Fuente: La República

La radiografía para conocer la condición fiscal de Centroamérica coloca a Costa Rica como la economía más enferma.

De acuerdo con el diagnóstico, es la más amenazada con respecto al aumento de la deuda y de los intereses, junto a El Salvador, advirtió Moody’s.

La calificadora consideró como atípico el caso de Costa Rica, al proyectar que la factura de intereses aumentará este año a casi el 5% del PIB –desde un ya elevado 4,2%– y a un 5,4% el próximo año.

“Esta alta carga de intereses es un desafío central para el perfil crediticio de Costa Rica, que lo distingue del resto de la región”, considera Gabriel Torres, analista de Moody’s.

Esto se suma al grave déficit fiscal que los especialistas consideran que llegaría al 9,7% este año y a que Costa Rica experimentará contracciones del PIB real de 4% o más, junto a El Salvador y Nicaragua.

Por su parte, en el contexto de crisis por el Covid-19, el diagnóstico espera que la región aumente en casi diez puntos porcentuales la deuda como porcentaje del PIB y en tres puntos los intereses como porcentaje de ingresos, en el periodo comprendido entre el 2019 y 2021.

Esto coloca a Costa Rica en una posición más vulnerable, considerando que antes de la pandemia era la economía que tenía los índices más negativos.

Justamente el año pasado la carga de la deuda de Costa Rica se situó en el 58% del PIB y los intereses alcanzaron 28% de los ingresos, la más grave de la región y la séptima más alta entre todos los países que califica Moody’s.

Al mismo tiempo, los márgenes de maniobra son escasos pues calculan que con un 21% del PIB en 2019, el ingreso medio de la región fue uno de los más bajos del mundo. Incluso tres países estuvieron por debajo de ese promedio: Guatemala (11,3%), Costa Rica (14,8%) y Panamá (18,4%).

En la contención del gasto también se vislumbra un escenario difícil para Costa Rica, pues se estima que la reducción sería de apenas un 0,5% del PIB para 2021, contra un 3,5% de El Salvador, solo por poner un ejemplo.

“Se debe realizar el ejercicio de señalar al gobierno las necesidades de hablar con transparencia y de escuchar a diversos sectores y así entender por qué se le considera un gobierno gastón”, advirtió Silvia Hernández, diputada liberacionista cuyo argumento se ve respaldado por el análisis de Moody’s.

Tampoco deben descuidarse las necesidades de financiamiento, que, en bruto, serían del 14,7% del PIB, solo superados en la región por El Salvador.

Ejecutivo presenta veto para corregir error que afectaría proyectos de construcción

Fuente: Ministerio de Hacienda

Considerando que en la ruta de la reactivación económica, la actividad de construcción es una de las áreas fundamentales de desarrollo dentro de la sociedad costarricense, y que el Expediente Legislativo 21.637( Adición de un transitorio V Bis a la Ley N.º 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, para el Impulso de la Reactivación Económica) desfavorece a más de 130 mil proyectos de construcción que tendrían un sobrecosto por la forma en que está redactado, el Poder Ejecutivo vetó dicho proyecto, con el fin de garantizar que este sector contará con las condiciones tributarias adecuadas para poder salir adelante.

Este veto se interpone junto con una propuesta de redacción que fue preparada por la Administración Tributaria, la cual considera la posibilidad de que todos los proyectos queden debidamente incorporados, con las ventajas tributarias que la Asamblea Legislativa ha querido definir para ellos.

La nueva redacción del Transitorio V bis y un ajuste en el Transitorio Único de la Ley, referido al plazo para su reglamentación, que busca una aplicación general para todos , propone que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, independientemente de la fecha de registro y visado, estarán sujetos a los siguientes beneficios tributarios del impuesto sobre el valor agregado:

A partir del 1 de setiembre de 2023, estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto sobre el Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982.

Al referirse a esta decisión del Ejecutivo la viceministra de Ingresos de Hacienda, Alejandra Hernández, enfatizó que “este veto tiene como único objetivo procurar una mayor estabilidad en un sector vital para el país en materia de empleo y producción, de tal forma que logre una correcta aplicación del IVA en servicios suministrados a proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia entre todos los contribuyentes de este sector”.

Gobierno deberá canjear $3.400 millones en bonos y asumir nueva deuda para cubrir sus gastos

Fuente: CR Hoy

Para poder financiar los gastos del próximo año, el gobierno se verá obligado a protagonizar una enérgica estrategia de canje de deuda interna por al menos $3.400 millones, pero además, deberá emitir nuevos bonos de deuda interna por más de $2.500 millones.

Estas son parte de las necesidades de gastos que enfrenta el Estado para 2021 y que meten en una olla de presión al gobierno.

Las cifras parten de la premisa de que el país podrá acceder a por lo menos $1.600 millones en nuevos créditos extranjeros – incluido el acuerdo con el fondo Monetario Internacional (FMI) y que tenga éxito en la colocación de por lo menos $1.500 millones en eurobonos.

Si algo de esto falla, o se cumple a medias, la presión sobre el endeudamiento interno sería todavía mayor.

En la revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central revelado hace un par de semanas cuantificaron las necesidades de financiamiento del país en un equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, una cifra que se aproxima a los $10 mil millones.

De acuerdo con la firma FCS Análisis, esas necesidades de financiamiento se dividen de la siguiente manera: unos $5.762 millones del déficit financiero, $3.408 millones que el gobierno necesita pagar por vencimientos de deuda interna, y $99 millones en vencimientos de deuda interna.

Para financiar esas necesidades el gobierno se verá obligado a patear la bola hacia adelante con los vencimientos de deuda interna; es decir, negociar con todos sus tenedores para no pagarles el próximo año, sino más bien canjear esos recursos por nuevos títulos que se venzan más adelante.

Pero incluso aunque logre canejar el 100% de esos vencimientos y que se logren los acuerdos multilaterales y la colocación de eurobonos, al gobierno le estarían haciendo falta más de $2.500 millones en títulos de deuda interna que se vería obligado a colocar. FCS Análisis calcula ese faltante en $2.754 millones.

Luis Mesalles, analista de Ecoanálisis, coincidió con el cálculo al señalar que faltarían al menos $2.500 millones por cubrir con nueva deuda, lo cual inyecta mayor presión al gobierno.

Esto por cuanto tendrá que salir a buscar esos recursos en el mercado interno en momentos en que el país atraviesa una economía deprimida.

Datos del Ministerio de Hacienda señalan que los principales vencimientos del próximo año se concentrarán en noviembre, diciembre y marzo.

Ante consulta de CRHoy, la cartera señaló que el trabajo por negociar esos canjes ya comenzó.

“En lo que llevamos del año mediante los procedimientos de canjes de deuda se han logrado trasladar vencimientos del 2021 por un monto cercado a los ₡183 mil millones (incluyendo valores en colones y dólares), lo cual representa cerca del 0,5% del PIB y cerca de un 1% del total de la deuda. Para el II semestre de este año se continuará con las acciones de canje de deuda que se han venido realizando en lo que va del año”, indicó Hacienda.

En la operación que realice el gobierno para tratar de sufragar sus necesidades de financiamiento del próximo año, toda negociación con organismos externos representará menos presión por acudir a renegociaciones o emisiones en el mercado interno.

Según Hacienda aún no se tiene un monto total definido, aún y cuando el Banco Central señaló en su Programa Macroeconómico que se trataría de al menos un 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que incluye Eurobonos y el acuerdo con el FMI.

“Los créditos externos que podrían estarse negociando para el 2021 son el SBA con el FMI y esto podría habilitar la negociación de nuevas operaciones presupuestarias con el BID y el Banco Mundial. Aún no se tiene un monto definido para estas operaciones. Adicionalmente, como se adelantó en la comparecencia que hiciera el Ministro (Elian Villegas) en la Asamblea Legislativa, existe la posibilidad de iniciar un proceso con el objetivo de lograr la autorización para emitir nuevamente valores en el mercado internacional en el 2021″, agregó Hacienda.

¿Hay espacio para renegociar?

En un escenario de normalidad, las renegociaciones para canjear deuda interna no supondrían mayores contratiempos para el gobierno, pero en un ambiente de alta incertidumbre como el actual algunos analistas mantienen dudas sobre si el gobierno podrá cumplir la meta de canjear todos los vencimientos del próximo año.

En primer lugar es importante entender quién tiene en sus manos esos bonos.

Según los datos más recientes del Ministerio de Hacienda, con corte a mayo, la mayor parte de bonos están en las operadoras de pensiones, seguido de entidades del sector público no financiero, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

También hay una buena parte en tenedores privados, bancos públicos, aseguradoras (especialmente el Instituto Nacional de Seguros (INS), entre otros.

Algunas de estas entidades tenedoras de bonos como la CCSS llevan gran peso sobre la espalda de la crisis sanitaria, ocasionando que aumente la necesidad de tener el dinero en la mano y no en bonos a futuro.

La alternativa, de acuerdo con Mesalles, es que en caso de que alguna entidad tenedora no quisiera renegociar que el gobierno las “obligue” de alguna manera, lo cual desde el punto de vista financiero y de análisis de riesgo, podría ser visto desde el extranjero como un “default técnico”.

Mientras se empieza a caminar en el proceso de negociación de canjes para el próximo año, el gobierno está a la espera de finalizar el periodo de “diálogo” que promulgó en materia económica para protagonizar las negociaciones con el FMI para un acuerdo, posiblemente el próximo mes.

De este acuerdo dependerán eventuales negociaciones con otras entidades financieras y de que exista un mejor ambiente para pedir permiso de realizar una nueva colcoación de eurobonos.

 

PUSC y PLN critican plan de renta mundial de Welmer Ramos

Fuente: CR Hoy

Los diputados Pablo Heriberto Abarca y Silvia Hernández, de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), cuestionan la conveniencia de que el país incluya dentro del sistema tributario el impuesto de renta mundial, una propuesta que pondrá sobre la mesa el diputado oficialista, Welmer Ramos y otros legisladores.

El plan busca que todas las rentas de los ciudadanos, nacionales o residentes, sean gravadas, sin importar donde se hayan generado, es decir, tiene la intención de gravar la riqueza generada por las personas físicas o jurídicas residentes fiscales en Costa Rica, dentro o fuera del territorio nacional. Para el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca la propuesta atentaría con la imperiosa necesidad de atraer más inversiones al país para que se generen puestos de trabajo.

“El tema de impuestos no debería ser la prioridad y deberíamos más bien de estar buscando quitar trabas y acomodar las cosas para que más gente pueda venir aquí al país para invertir y producir. Hay otros países que lo están haciendo y les está yendo bien, pero si lo que queremos es espantar la inversión, pongamos impuestos, hay que quitar trabas y habilitar las cosas”, dijo Abarca.

Silvia Hernández, quien preside la comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso dijo que esta propuesta debería discutirse en el marco de una reforma integral y cuestionó, como dice Ramos, que sea “un estándar” contemplado dentro de los requisitos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exija a sus países miembros.

Hernández también cuestionó que la propuesta no ofrezca estimaciones y consideraciones sobre lo que esto implica para los contribuyentes y para la Administración Tributaria.

“El problema de fondo que tiene esta iniciativa es que pretende incluir el criterio de renta mundial en el actual sistema de imposición sobre la renta, como si así se redujera la elusión. Estas discusiones deberían darse en el marco de una reforma integral al sistema de imposición sobre la renta costarricense, que está claramente obsoleto. Sin embargo, se presenta como un retoque y sobretodo sin estimaciones y consideraciones sobre lo que esto implica para los contribuyentes y para la Administración Tributaria. El criterio de renta mundial no es un estándar de la OCDE como dice Welmer Ramos, es un criterio de sujeción que permite a los Estados gravar a sus residentes según sea su capacidad económica total. Me parece inaudito que este proyecto de ley así como está tenga la bendición del Director General de Tributación, como lo señalan algunos compañeros”, dijo la liberacionista.

En días recientes el diputado de Nueva República y presidente de la comisión dictaminadora de los proyectos de la OCDE, Jonathan Prendas también cuestionó al plan en el marco de la búsqueda de una ruta de reactivación del empleo. Prendas dijo que antes de pensar en este proyecto, se debe exigir al gobierno a mejorar su recaudación y a luchar de manera más eficiente contra la evasión y la elusión fiscal y el contrabando.

“Costa Rica lo que ocupa es facilidad, inversión y ser de puertas abiertas para la inversión. No podemos restringir y poner amenazas de más impuestos a quienes quieren venir a invertir y contratar personal”, dijo Prendas.


El proyecto lo impulsa el legislador oficialista Welmer Ramos, las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladares y la socialcristiana, María Vita Monge.

El diputado dijo que el tema lo ha conversado desde hace semanas atrás con autoridades del Ministerio de Hacienda. Aseguró que esta legislación es necesaria, sobre todo después que la investigación de los Panamá Papers demostrara que el país es “un coladero para que paguen impuestos unos pocos”.

IICE plantea reducir el IVA al 11% y aumentar tramos del Impuesto a la Renta

Fuente: Semanario Universidad

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, enviará una propuesta al Poder Ejecutivo para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 13% al 11% y ampliar los tramos del Impuesto sobre la Renta, una fórmula que contribuiría, a la vez, a aumentar la recaudación tributaria de cara a la emergencia sanitaria por la Covid-19 y a distribuir de un modo más justo las cargas económicas de la crisis.

José Antonio Cordero, director del IICE, explicó que se busca “progresividad en el pago de impuestos, con un menor impacto en grupos de hogares de menores ingresos, a la vez que incrementamos la recaudación tributaria y mantenemos la demanda agregada, el gasto agregado en la economía”, durante el “Foro Alternativas Tributarias Post-Pandemia”, organizado por la Oficina de Divulgación de la UCR.

Cordero resaltó, además, que la propuesta del IICE genera la mitad de los ingresos que produciría la iniciativa de reducir las jornadas del sector público y “bajaría el pago del IVA a toda la población, pero especialmente a quienes más dificultades tienen”.

Por su parte, Rudolf Lücke, investigador de la entidad, explicó que la propuesta consiste, por el lado del IVA, en bajar la tasa del 13% al 11% y simultáneamente reducir la cantidad de productos de la Canasta Básica Tributaria (CBT), quitando de ella –y, por tanto, gravando con la nueva tarifa del IVA- aquellos que hoy día sí forman parte de esta, pero que no son consumidos por los hogares de menores ingresos.

Explicó que, en el IICE, se plantearon cómo reducir el impuesto a los hogares de menores ingresos -los ubicados en los deciles o grupos 1, 2 y 3, si se dividen todos los hogares del país según el monto de sus ingresos- y a la vez aumentar recaudación, de modo que el Ministerio de Hacienda pudiera contar con mayores recursos para enfrentar la crisis.

Encontraron que el ingreso disponible de los hogares del decil 1 –los más pobres- mejora si se reduce en más de la mitad la cantidad de productos exonerados de la CBT eliminando de ella los que no son consumidos por los tres primeros deciles y si, al mismo tiempo, se exoneran del IVA -incluyéndolos en esta canasta- tres servicios que actualmente sí pagan impuestos y a los cuales los hogares de menores recursos destinan una gran parte de su gasto: Internet, celular postpago y prepago; los servicios de doble play; y los servicios de corte de cabello.

“Estos tres rubros representan un gasto importantísimo de los hogares de menores ingresos. Al estar gravados hoy, generan un efecto muy negativo sobre los ingresos de estos sectores. Por eso, incluirlos dentro de la CBT y retirar los otros productos que son consumidos por los hogares de mayores ingresos, mejoraría bastante el ahorro o ingreso disponible para los hogares de menores ingresos”, enfatizó.

Para lograr todos los efectos de modo simultáneo, la rebaja del IVA a un 11% tendría que ir acompañada también de que la educación privada y los boletos aéreos sí paguen ese nuevo monto del IVA.

Bajar la tasa de este impuesto al 11% generaría un incremento sustancial en la recaudación sin afectar a quienes reciben menores ingresos, pues la reducción del déficit sería de 0,17% del Producto Interno Bruto (PIB), porque se recaudarían entre ¢52 mil millones y ¢58 mil millones adicionales.

“No es un monto despreciable. Es la mitad de lo que se espera con el proyecto de reducir la jornada laboral del sector público”, dijo Lücke.

En cuanto al Impuesto a la Renta, el investigador explicó que si se gravan con una tasa entre 30% y 35% los salarios que superan los ¢5 millones 500 mil, se generaría una recaudación adicional del 0,25% del PIB.

Actualmente, incluso con las reformas que introdujo la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –conocida como “reforma fiscal”- a partir de un ingreso de ¢3 millones 244 mil, la tasa del Impuesto sobre la Renta se mantiene en 25%, independientemente de que la persona física gane ¢30 millones o ¢40 millones, agregó.

Si se ampliaran los tramos de cobro del Impuesto sobre la Renta como lo propone el IICE, la recaudación aumentaría en ¢19. 500 millones y la reducción del déficit fiscal “superaría el 0,20% del PIB”, agregó.

Por su parte, Juan Robalino, subdirector del IICE, explicó que las modelaciones las realizaron con insumos como el indicador de movilidad de Google, que permite saber el comportamiento actual de la población. Esto es, compararon cuánto sale ahora hacia lugares de consumo y cuánto lo hacía previamente a la pandemia y combinaron esta información con la matriz insumo-producto.

Encontraron que, en la semana del 20 de junio, cuando los casos de contagios con el COVID-19 subieron a entre 300 y 500 diarios, “comenzó a verse la tendencia de la gente a reducir su movilidad, a quedarse en casa”.

“No se puede hablar de reactivación económica sin resolver el problema sanitario. La gente se está quedando en la casa”, resaltó.

Si el IICE proyectó en mayo que la contracción económica sería de entre 4% y 5,5% del PIB y la subieron a cerca del 5,9% del PIB a finales de julio y principios de agosto, “podríamos esperar una caída de entre 6% y 7% del PIB”, dijo.

Además, a partir de la última Encuesta Continua de Empleo, del INEC, divulgada hace dos semanas, entre las personas desempleadas y las subempleadas hay 600 mil personas trabajadoras afectadas en sus ingresos.

“Cuando modelamos la pobreza con el escenario de Google, la pobreza llegaría al 22%, si además tomamos en cuenta el aumento en el subempleo, eso puede crecer. Sin embargo, no tomamos en cuenta el Bono Proteger que, bien focalizado, puede tener un efecto de bajar la pobreza en 3 puntos porcentuales (p.p.) o en 4 p. p. Esperamos que cuando INEC saque la próxima Encuesta de Hogares, la pobreza sea de entre 26% o 27%. Si esto ocurre, son niveles que no vemos desde principios de los años 80. Esto generará problemas en todos los sectores”, dijo.

“Tenemos que ser inteligentes y tratar de afectar la economía de la menor manera y que los efectos sean progresivos. Poner impuestos en mercados que ya están muy cargados, no es lo mejor. Hay que ponerlos donde las tasas impositivas no son tan grandes”, añadió.

Finalmente, Cordero llamó a actuar dado el agravamiento de la situación fiscal.

“Antes de la pandemia se pronosticaba un déficit fiscal de 6%, en abril, el Ministerio Hacienda dijo que el déficit alcanzaría más del 8% para fines del 2020 y, en junio, anunció que el 2020 cerraría en 8,61% del PIB. Y la relación deuda a PIB va aumentando y ya supera el 70%, según Hacienda”, concluyó.

Por otro lado, el deterioro de la situación económica y fiscal para hacerle frente a la pandemia fue conocido la semana pasada al darse a conocer tanto el Índice Mensual de la Actividad Económica como las nuevas cifras fiscales, por el Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda, respectivamente.

También el IICE informó, la semana pasada, los nuevos resultados de su “Encuesta de Expectativas Empresariales” para el III Trimestre del presente año (julio, agosto y setiembre), según los cuales el mayor deterioro se da en los sectores de servicios, manufactura y comercio, mientras que el sector agropecuario es el que menor deterioro muestra.

La Encuesta reveló que, en términos generales, el optimismo del empresariado continúa en deterioro, ya que disminuye en 5 p.p. respecto del trimestre anterior.

El estudio que tomó la opinión de 389 empresas que respondieron preguntas en relación con sus expectativas de empleo, ventas, utilidades, inversión y tipo de cambio, se llevó a cabo entre el 18 de mayo y el 12 de junio pasados y es realizada periódicamente por el IICE.

A propósito, consultamos algunos aspectos de estos resultados a la estadística Gabriela González, coordinadora de la encuesta y al economista independiente, Carlos Solórzano, sobre el comportamiento del dólar en el contexto del deterioro de las finanzas públicas.

Gabriela González, investigadora del IICE
“Es un contexto muy dinámico y cambiante”
Gabriela González, coordinadora de la encuesta.

¿Cuáles son las diferencias más destacadas entre los resultados del II y del III trimestre de la Encuesta?

—A nivel global por sector económico, los resultados muestran que los sectores manufactura y comercio pasaron del terreno optimista al pesimista en tres meses.

En cuanto a la expectativa en empleo, son muy similares al trimestre anterior, solamente entre un 5% y un 11% de los empresarios espera aumentar su contratación de trabajadores en el tercer trimestre del 2020 y el segundo trimestre las posibilidades de contratación de nuevos empleados se ubicaron entre 6% y 17% en los distintos sectores.

En cuanto a las expectativas en producción, utilidades y competitividad, se ven debilitadas en todos los sectores si se compara el periodo de abril a junio.

¿Qué explica que el sector agropecuario no sea de los más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia?

—En el caso de las empresas dedicadas a las actividades agropecuarias, desde el IV trimestre del año 2018 presentan expectativas menos optimistas, ya que se colocan en un nivel inferior a los 50 puntos porcentuales (terreno pesimista). Sin embargo, al comparar con tres meses atrás, es el sector que menos disminuye. Los empresarios de este sector indican que han mantenido su cartera de clientes por años, tanto a nivel local como externo, por lo que las cosechas serán vendidas durante este periodo.

Hay que tener presente que los resultados del índice reflejan las expectativas para este tercer trimestre y toman en cuenta varios factores; por lo tanto, no se está midiendo la afectación por COVID-19 solamente.

¿Puede estimar cuáles serían los sectores económicos que se reactivarán más rápidamente con una mejor calibración de las medidas de apertura y cierre en la contención del contagio por parte del Ministerio de Salud y, en perspectiva, tras la superación de la pandemia de COVID-19?

—Esto aún no es posible medirlo con la encuesta del tercer trimestre, las empresas están desarrollando sus actividades bajo un contexto muy dinámico y cambiante. Conforme se tengan más mediciones de las expectativas empresariales en los próximos trimestres, quizás se pueda tener más claridad de cuáles serán los sectores económicos que se van reactivando.

¿Cuáles son los factores de incertidumbre empresarial que existían antes de la pandemia de COVID-19 y que, por tanto, podrían persistir una vez superada la pandemia?

—Los resultados de la encuesta deben interpretarse bajo el contexto de un entorno pesimista que se ha venido presentando en los últimos cuatro trimestres debido a factores como el desempleo, la pérdida en la capacidad de compra de las personas, la incertidumbre ante el panorama económico, lo que ha impedido a los empresarios realizar nuevas inversiones.

Ahora se suman los efectos de la pandemia del coronavirus, la cual originó una crisis de salud mundial que afectó y continúa afectando también la economía del país.

Todos estos factores podrían persistir una vez que se supere la pandemia, con el inconveniente de que se tendrá un contexto global con mayores dificultades.

Carlos Solórzano, economista independiente
“Si no hubiese acuerdo con el FMI, no entrará dinero externo”
Carlos Solórzano, economista independiente. (Foto: Katya Alvarado).

¿Por qué está subiendo el tipo de cambio y cuál es la perspectiva?

—Los ingresos por turismo son nulos, no hay inversión extranjera y el ingreso de dólares de colores está muy bajo. No hay casi exportaciones. La gente prevé que el tipo de cambio debe subir y se está adelantando a la profecía. Si no se firma y aprueba el acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esto va a ser un verdadero caos.

¿Cómo se daría esa crisis?

—Si no hubiese acuerdo con el FMI, no entrará dinero externo, las fuentes multilaterales se cerrarían y las fuentes privadas se dedicarían a cobrar tasas argentinas.

Al no haber ingresos de inversión ni de turismo, el tipo de cambio se dispararía y el país quedaría imposibilitado de hacer frente a su deuda externa por lo que se vería obligado a entrar en default.

El déficit fiscal se dispararía también por los altos costos de la deuda.

Moody‘s: Costa Rica y El Salvador tienen las mayores debilidades fiscales en la región

Fuente: La Nación

Costa Rica y El Salvador serán los dos países del Istmo que sufrirán los mayores golpes fiscales como consecuencia del efecto de la pandemia de la covid-19 en sus economías.

Para la agencia Moody’s, ambas naciones son las que tienen la menor flexibilidad en sus finanzas públicas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia.

“El espacio fiscal disminuyó para todos los soberanos centroamericanos; Costa Rica y El Salvador en las posiciones más débiles. Evaluamos el espacio fiscal observando la evolución de la deuda pública y la carga de intereses a largo plazo”, se detalla en el análisis, dirigido principalmente a inversionistas.

Para la calificadora de riesgo, las finanzas costarricenses y salvadoreñas tendrán los mayores desequilibrios entre ingresos y gastos lo cual elevará, el próximo año, la deuda pública tica hasta el 74,6% del producto interno bruto (PIB).

“Costa Rica se destaca porque reportó la mayor reducción en el espacio fiscal antes de la pandemia. Entre 2015 y 2019, la deuda como porcentaje del PIB y los intereses aumentaron en 18 y nueve puntos porcentuales, respectivamente”, recalcó Moody’s.

La agencia resaltó que la revisión de la nota de riesgo de Costa Rica (B2 negativa) y de El Salvador (B3 positiva) ha sido limitada, pues se ubican en la parte inferior de su escala de calificación.

“Esperaríamos que las presiones en la calificación se intensificarán si la magnitud del choque (de la pandemia) se profundiza y si las presiones de liquidez suben”, destacó Moody’s.

El análisis de la agencia estadounidense muestra que los países de la región también tendrán un incremento de su deuda pública. Sin embargo, cuentan con mayor espacio fiscal comparado con Costa Rica y El Salvador.

Por ejemplo, proyecta que en Panamá su deuda llegará hasta el 55,7% del PIB para el próximo año. En Nicaragua sería del 48,6%, en Honduras del 44,4% y, en Guatemala del 33,8% de su producción.

“En 2021, esperamos que los gastos disminuyan a medida que cede la pandemia, aunque se mantendrá por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria”, destacó Moody’s. En promedio, se prevé que los egresos se reduzcan en 1,5 puntos porcentuales (p. p.) el próximo año en los países centroamericanos.

Moody’s también destacó que el costo de financiamiento externo para los gobiernos de la región ha aumentado en general, aunque se ha reducido respecto a los niveles reportados algunos meses atrás.

Los costos llegaron a incrementarse 404 puntos base, en promedio, cuando los mercados financieros globales experimentaron un periodo de volatilidad hacia finales de abril, se destaca en el documento.

“El turismo representa el 20% de las exportaciones totales, aporta el 12% del PIB y ha sido un importante motor de crecimiento en la última década”, destacó la calificadora sobre la relevancia de la industria.

Para el caso panameño, se señala que la mayor amenaza es la disminución del comercio mundial, lo cual impactará el transporte de mercancías a través del Canal de Panamá.

Las transferencias del Canal representan el 21% de los ingresos del Gobierno Central.

Hasta hoy hay tiempo para cancelar el Impuesto del Valor Agregado de julio

Fuente: La República

Hasta hoy martes 18 de agosto hay tiempo para cancelar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes de julio.

Guillermo Smitn, presidente del Colegio, señaló que es importante hacer este recordatorio, ya que la Ley de Alivio Fiscal, que se aprobó para marzo, abril y mayo; con presentación de formularios en abril, mayo, y junio ya no aplicaría para julio.

“Los que se acogieron a la Ley de Alivio Fiscal mantienen los impuestos adeudados correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo de 2020, que se debieron declarar en su respectivo formulario en abril, mayo y junio de 2020, sin incurrir en el pago de intereses, y la fecha límite de pago es el 31 de diciembre 2020”, explicó Smith.

La facilidad de pago en estas condiciones podrá cubrir la totalidad del monto adeudado por concepto del IVA de impuestos selectivos de consumo de los meses mencionados, o el saldo pendiente de dichos impuestos sin intereses.

También existe la posibilidad de realizar pagos a cuenta, o pagos parciales, en cualquier momento desde abril y hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Los contribuyentes podrán efectuar pagos a cuenta del impuesto respectivo en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con su planificación financiera, por el monto que ellos mismos determinen. El objetivo es que no se vean obligados a cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por abril, mayo y junio de 2020 en un único pago acumulado”, agregó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Diputados pondrán sobre la mesa impuesto de renta mundial

Fuente: CR Hoy

Diputados de Acción Ciudadana (PAC),  Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana desempolvarán una discusión que se había engavetado en el Congreso, un plan para establecer el impuesto de renta mundial, según el cual todas las rentas de los ciudadanos, nacionales o residentes, serían gravadas, sin importar donde se hayan generado.

El proyecto lo impulsa el legislador oficialista Welmer Ramos, las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladares y la socialcristiana, María Vita Monge.

El proyecto tiene la intención de gravar la riqueza generada por las personas físicas o jurídicas residentes fiscales en Costa Rica, dentro o fuera del territorio nacional.

En países donde se ha adoptado este modelo tributario, se menciona que la medida ayuda a mejorar la recaudación y frenar la evasión.

El diputado Ramos dijo que el tema lo ha conversado desde hace semanas atrás con autoridades del Ministerio de Hacienda. Aseguró que esta legislación es necesaria, sobre todo después que la investigación de los Panamá Papers demostrara que el país es “un coladero para que paguen impuestos unos poco”.

Además defendió que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que se necesitan normas en este sentido.

El borrador del proyecto puede verlo en este enlace Proyecto Renta mundial v2 20-07-2020

El proyecto, según Ramos se presentaría este martes. “Cualquier residente tributario en Costa Rica debe declarar lo que se ganó acá y en el mundo, sino es así muchísimos van a simular que ganaron sus rentas fuera del país para no pagar impuestos, esto es una simulación”, dijo Ramos.

La liberacionista Franggi Nicolás confirmó que trabaja con Ramos la presentación de este proyecto.

La legisladora dijo que anualmente el país deja percibir $3.500 millones por no cobrar de manera adecuada los impuestos y que este plan podría aportar a la reducción de esta cifra.

Nicolás apeló a que una vez presentado el Poder Ejecutivo lo respalde. “Esperaría que el presidente se sume en esta lucha, sin tan interesado está en que el país mejore sus finanzas y también esperamos que los sectores económicos grandes se sumen sin mezquindad”, dijo la liberacionista.

CRHoy.com intentó conversar con las diputadas María Vita Monge y Paola Valladares, sin embargo no fue posible localizarla a través de sus teléfonos celulares.

Nueva República: “Es un proyecto inoportuno”

Desde Nueva República el proyecto no es respaldado, según dijo el legislador de ese bloque independiente, Jonathan Prendas.

Prendas dijo que antes de pensar en este proyecto, se debe exigir al gobierno a mejorar su recaudación y a luchar de manera más eficiente contra la evasión y la elusión fiscal y el contrabando.

El diputado, presidente de la comisión que dictaminó los proyectos para el ingreso a la OCDE, refutó a Ramos acerca de que la OCDE obligue a sus países miembros este tipo de legislación.

“Costa Rica lo que ocupa es facilidad, inversión y ser de puertas abiertas para la inversión. No podemos restringir y poner amenazas de más impuestos a quienes quieren venir a invertir y contratar personal”, dijo Prendas.

CRHoy intentó localizar vía telefónica al ministro de Hacienda,  Marcelo Prieto para saber la posición del Poder Ejecutivo sobre esta propuesta, sin embargo no se logró contactar.

 

Herramientas tecnológicas de Hacienda dificultan gestiones a contribuyentes

Fuente: La República

Ya sea por el cierre de oficinas o por el temor de contagio del Covid-19, cada vez más contribuyentes emplean los canales digitales de comunicación para aclarar sus dudas tributarias.

Sin embargo, algunas veces esa gestión se convierte en un dolor de cabeza pues, a pesar de los ajustes realizados, las herramientas tecnológicas ofrecidas por Hacienda siguen mostrando falencias.

LA REPÚBLICA puso a prueba algunos de los servicios de comunicación y en el ejercicio se comprobó que, por ahora, la mejor manera para solucionar situaciones de impuestos es de forma presencial.

La herramienta más sencilla está en el apartado Consulta Situación Tributaria de la página del ATV, en donde sí se muestran las obligaciones tributarias, la morosidad, entre otros servicios.

Pero si se necesita gestionar alguna irregularidad, no cuenta con un espacio para explicar las inquietudes.

Ante esta situación se realizó la consulta por al correo SituaciontributariaATSJE@hacienda.go.cr, uno de los habilitados según la Administración Tributaria, pero la respuesta automática redireccionó al primer sitio web consultado.

Además se intentó mediante el número de WhatsApp habilitado 8849-9771;sin embargo, este funciona solo para sacar citas presenciales para aquellos sin acceso a Internet.

Al escribirles, en su respuesta automática aclaran que, si no se escribe con el fin de coordinar una cita, se deberán de usar los canales de comunicación ya existentes.

Poca solvencia

Las falencias se han exacerbado durante la pandemia, según especialistas.

Carlos Camacho
Socio Director
Grupo Camacho Internacional

Solamente se está agravando un problema que existía previo al Covid-19, y que ahora se hacen todavía más lentos los procesos cuando el contribuyente tiene urgencias. No hay eficiencia.

Silvia González

Socia de Impuestos & Legal
Grant Thornton

Existen distintos medios de recepción, y no necesariamente se obtiene una respuesta inmediata o acuse de recibido que le dé certeza al contribuyente sobre el trámite que está realizando.

Mario Gutiérrez
Socio de Impuestos, Auditoría y Consultoría
RSM Costa Rica

Es necesario que la Administración Tributaria habilite opciones más ágiles, quizás mediante chats en línea, actualización de preguntas frecuentes y direcciones de correo electrónico específicas para los asuntos o dudas más comunes o por categorías.

Rafael Luna
Socio de Impuestos
Consortium Legal

Son sistemas poco flexibles, no son para nada amigables y constantemente tienen problemas de que los sistemas colapsan.
Ciertamente Tributación ha tratado de implementar mejoras, pero el problema está en que el tipo de respuestas no son suficientemente buenas, y en la práctica esos sistemas son de poca ayuda.

Priscilla Sánchez Conejo
Socia de Impuestos
Clare Facio Legal

La coyuntura reforma fiscal - pandemia resultó ser una tormenta perfecta para el contribuyente. No todas las personas tienen acceso a un medio electrónico, lo que limita al contribuyente al momento de buscar la forma de cumplir con las obligaciones tributarias de la nueva ley. ¿La verdad incómoda? Toda esta falta de acceso se traduce en inseguridad jurídica que siempre irá en perjuicio del contribuyente.

Declaración del registro de accionistas del 2019 valdrá para el 2020

Fuente: La Nación

Las sociedades que presentaron la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del 2019 no tendrán que entregarla este 2020, en setiembre próximo, como estaba previsto, sino que se valdrá la vigente y se cargará en forma automática.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es un sistema creado y administrado por el Banco Central en el cual las sociedades y otras personas jurídicas deben detallar quién son sus accionistas y beneficiarios finales. El registro se creó en la Ley Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, vigente desde el 2016.

Tributación y el ICD consideraron que dada la afectación que ha generado la covid-19, que apenas hace cinco meses concluyó el plazo de la presentación de la última declaración y en procura de simplificar trámites, decidieron que se mantenga la del 2019 de forma automática para el 2020.

“Se procede a reformar la resolución DGT-ICD-R-06-2020, para que se tenga lo declarado en el 2019 de forma automática como declaración 2020, sin que los obligados deban gestionarla en el sistema, así como el traslado de las próximas declaraciones ordinarias según se indica en esta resolución”, dice el texto de la nueva resolución.

Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton, explicó las que no declararon en el 2019 y que ya recibieron la multa, pueden declarar en cualquier momento y tienen tiempo hasta setiembre del 2020.

“Las personas jurídicas que se les asigne un número de cédula en el Registro Nacional, ya sea por inscripción o por solicitud de asignación, entre el 1°. de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021, no deberán presentar su primera declaración dentro de los 20 días hábiles siguientes y en su lugar, por esta única vez, la presentarán en el mes de abril de 2021”, detalló Grant Thornton en un comunicado.

Por su parte, los fideicomisos, administradores de recursos de terceros y las organizaciones sin fines de lucro, que todavía no están obligados a presentar la declaración, deberán mantener la información y entregarla a la Administración Tributaria cuando esta así lo requiera.

WEBINAR GRATUITO: Manejo empresarial en la nueva normalidad: ¡Resolvamos juntos!

Fecha: Viernes 21 de agosto
Hora: 2:30 p.m.
Inscripción Gratuita: https://bit.ly/WebinarManejoEmpresarial

Tres recomendaciones para no perder el orden administrativo en su empresa


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

- Expertos analizarán dificultades y posibles soluciones para mantener las empresas en medio de la nueva normalidad
- Actividad es gratuita y con cupos limitados.

La “nueva normalidad” no sólo aplica para las personas, las mascarillas y el distanciamiento social, sino también para empresas y empresarios, que ahora se enfrentan a una serie de retos que hace cinco meses no se tenían.

Este será el enfoque de un conversatorio gratuito que realizará el equipo de Actualidad Tributaria, liderado por el Máster en Derecho Tributario Raymundo Volio y el cual abordará los retos nuevos de las empresas a nivel administrativo. 

“La pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos como personas, pero no podemos obviar cómo nos ha cambiado a nivel empresarial. Nuevas reglas fiscales; cambios en fechas importantes de cara a las autoridades; instituciones y oficinas gubernamentales trabajando a media máquina. Realmente es un reto para pequeños, medianos y grandes el mantenerse al día y a flote en medio de un ambiente tan caótico”, comentó Volio.

El conversatorio se llama “Manejo empresarial en la nueva normalidad: Resolvamos juntos” y se realizará vía Zoom el día viernes 21 de agosto a las 2:30 p.m. Para inscribirse de manera gratuita, los interesados deben inscribirse en el link https://bit.ly/WebinarManejoEmpresarial. El cupo es limitado.

“Brindaremos un espacio de desahogo para empresarios al tiempo que ofreceremos nuestros aprendizajes de cómo sobrellevar esta nueva normalidad en términos administrativos, fiscales, laborales y contables. Nuestra intención es arrojar luces a lo que estamos enfrentando”, afirmó Volio.

Tres consejos para enfrentar la nueva normalidad

Para Volio lo más importante es tener un buen asesor.

“La ventaja de nosotros los asesores es que llevamos al dedillo los cambios que se dan para evitarle al cliente la fatiga de ser él quien busque esa información. Nosotros la compilamos, la analizamos y la desmenuzamos para que el cliente se enfoque en su negocio, que ya de por sí es toda una tarea en tiempos de pandemia”, explica Volio.

El experto pide a los empresarios informarse por los canales oficiales y recurrir a ellos si tienen dudas, pues en momentos como estos la información falsa abunda, lo que puede generar incumplimientos por parte del negocio, produciendo multas y sanciones. 

Finalmente, el tercer consejo que brinda Volio es aumentar la vigilancia con respecto a las estafas telefónicas, pues muchos clientes le han informado de aumento en llamadas con la intención de hacerse pasar por Hacienda o por bancos y finalmente extraer información para extraer dinero de cuentas bancarias. 

“Son momentos para aumentar la vigilancia y la malicia”, afirmó Volio.

Fecha: Viernes 21 de agosto
Hora: 2:30 p.m.
Inscripción Gratuita: https://bit.ly/WebinarManejoEmpresarial

Recaudación de impuestos siguió cayendo en julio

Fuente: CR HOY

La disminución de recursos para el Estado no se detiene. La recaudación de impuestos durante julio siguió su tendencia decreciente, según los datos más recientes del ministerio de Hacienda.

Al cierre del mes pasado se reportó un decrecimiento de 11,43% en los ingresos tributarios respecto al mismo periodo del 2019. Esto representa una caída en la recaudación por ₡301.221 millones, lo que equivale a un 0,87% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ejemplo, en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) este decreció un 4,55%.

La recaudación en este rubro representó ¢39.891 millones menos que en 2019. y se vio afectado principalmente por la baja del 25% en el impuesto de aduanas.

El otro componente del IVA -el IVA interno-, o bien el que pagan los ciudadanos por la compra de bienes y servicios, sí tuvo un incremento del 11,77%, el cual, sin embargo, no fue suficiente para que el indicador total cerrara mejor.

El impuesto sobre la renta cayó un 9,93%, lo que equivale a ¢102.559 millones menos que hace un año.

En cuanto al impuesto único a los combustibles, este tuvo una caída del 14,5%; es decir, ¢44.028 millones menos.

Los gastos, de acuerdo con Hacienda, el Gobierno Central logró reducirlos en un 0,35%, ¢14.846 millones.

Sin embargo, a pesar de ese decrecimiento en el gasto total, la caída en los ingresos tuvo un importante efecto en el resultado del déficit primario a julio del 2020, cuando alcanzó los ¢718.328 millones. Con ello, el déficit financiero alcanza ya un 4,73% del PIB, o unos ¢1.630.809 millones.

 

Dictaminan proyecto para exonerar del IVA a arrendamientos comerciales

Fuente: El Mundo CR

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó de forma positiva el proyecto de ley 22045 Ley de atención a los arrendatarios y arrendadores de locales comerciales.

Con él se pretende dar un respiro a quienes alquilan o arriendan locales para desarrollar sus negocios.

El diputado proponente de la iniciativa, Roberto Thompson, dijo que la crisis que enfrenta Costa Rica por la pandemia de COVID-19 ha generado que la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República tomen una serie de acciones para proteger a los trabajadores, al sector productivo, a los empresarios y a las personas que han quedado desempleadas debido a las medidas sanitarias que se han tenido que tomar para salvaguardar la vida.

Sin embargo, la ley de alivio fiscal ante la COVID-19, recién aprobada, dejó por fuera de las exoneraciones del Impuesto de Valor Agregado a los arrendamientos comerciales, por lo que la legislación propuesta pretende ampliar la base de exención para aquellos arrendatarios y arrendadores que estén inscritos en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación, en el Régimen General o el Régimen Especial Agropecuario.

La exoneración es para los meses de abril, mayo, junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020.

El proyecto fue enviado a consulta y a publicación en el diario oficial La Gaceta.

Hacienda insistirá en cobrar impuesto de renta a salario escolar y cooperativas

Fuente: Radio Monumental

El Ministerio de Hacienda insistirá en cobrar el impuesto de renta al salario escolar y a las utilidades de las cooperativas, pese al rechazo de sectores sindicales y de algunas bancadas legislativas.

En el programa Matices de Radio Monumental, el jerarca de Hacienda, Elián Villegas, explicó que la exoneración al salario escolar representa un aproximado de ¢40 mil millones.

Villegas explicó que él como Ministro buscará impulsar que se cobre ese impuesto.

Respecto a las utilidades de las cooperativas, el jerarca de Hacienda indicó que representa un aproximado de ¢30 mil millones.

Eso sí, Villegas descartó impulsar cobrar un impuesto de renta al aguinaldo, tal y como lo recomendó en su informe sobre Costa Rica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Cierres y bajos ingresos atentan contra esperanza de recuperar impuestos a fin de año

Fuente: CR Hoy

Si bien el gobierno estableció moratorias en el pago de impuestos al valor agregado (IVA) y de renta o utilidades, con la esperanza de que las empresas paguen lo adeudado en diciembre, al final los cierres comerciales, las bajas ventas y en especial las quiebras, podrían convertirse en malos resultados también para el gobierno de aquí hasta fin de año.

Desde marzo y durante tres meses el gobierno le permitió a las empresas no pagar el IVA ni renta con la salvedad de seguir haciendo las declaraciones; sin embargo especialmente a partir de abril e incluso a la fecha, las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno han generado millonarias pérdidas para el sector comercial y empresarial, que inevitablemente se transforman en menos recursos para el Estado.

Esto generó un fuerte golpe en las finanzas públicas durante el primer semestre según revelan los datos del Ministerio de Hacienda, que si bien para junio ya mostraba que la tendencia decreciente se había revertido, las cifras en recaudación de IVA y renta seguían bajas.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, recordó durante la revisión del programa macroeconómico que esta exoneración aplicada a inicio de la pandemia fue temporal, lo que significa que deben pagarse los impuestos hacia final de año.

Con esos recursos no cobrados pero sí deven gados, la situación del déficit financiero para el país sería distinta, según dijo,por lo cual las esperanzas de las autoridades económicas es poder recuperarse conforme se acerque la hora de que las empresas y comercios paguen.

Según dijo, sin moratoria el déficit financiero del primer semestre del año habría sido menor.

La pregunta es ¿qué van a poder pagar las empresas y los comercios con bajos niveles de ventas y con múltiples cierres en el camino? Esto incluso cuando no hay garantía de que todas sobrevivan hasta fin de año.

Según la Cámara de Comercio, hasta ahora las medidas sanitarias han ocasionado que se deje de pagar en impuestos alrededor de ₡82 mil millones, el despido de más de 35 mil personas y el cierre de múltiples comercios y restaurantes. Solo en el área de las franquicias se reporta la quiebra de al menos un 4% de ellas.

Para muchas empresas, las moratorias fueron un respirador artificial que las ayudó en su momento para mantenerse apenas con vida. El problema es que no todas lo lograron y algunas todavía siguen enfrentando bajos ingresos que no solo se pueden trasladar en un bajo nivel de IVA conforme se realicen las declaraciones, sino también en bajas utilidades e incluso pérdidas.

Según algunos cálculos, al menos tres cuartas partes de las compañías se encontrarían en esta situación.

Álvaro Retana, gerente de GTI contó la experiencia de uno de sus clientes: un médico que trabajaba en el sector privado con ingresos cercanos a ₡8 millones mensuales, con lo cual cubría los gastos de alquiler, servicios y todo lo relacionado con la consulta. En el peor momento de la pandemia ha llegado a facturar apenas ₡800 mil por lo que ha tenido que recurrir a ingresos propios para poder seguir pagando el alquiler; es decir, ya está incurriendo en pérdidas, que por supuesto terminan como una declaración de cero ganancias ante Tributación.

“La moratoria fue útil para algunas de las empresas porque lo que no tenían que pagar en IVA lo podían usar en fondos de capital de trabajo, pero es dinero que van a tener que devolver en diciembre. Pero hay una buena cantidad de empresas que se quedaron con cero ingresos como restaurantes que tuvieron que cerrar, de turismo o de transporte… algunas empresas sí lo han visto bien, pero el gobierno pudiera tener un problema porque algunas sociedades se fueron a la quiebra en ese momento y no van a poder cumplir con las obligaciones”, dijo Retana.

Luis Mesalles, economista de Ecoanálisis coincidió con esa preocupación, especialmente en el caso de renta.

“Lo tiene difícil (el gobierno).. lo que son ventas las empresas ya lo cobraron y tienen la obligación de pagarlo más adelante pero sí hay parte de las empresas que tuvieron la moratoria que ya desaparecieron porque quebraron, entonces va a ser difícil recuperar ese dinero”, afirmó.

Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comerciom reafirmó la situación.

“En los últimos meses el comercio no ha alcanzado las ventas conseguidas en años anteriores, por lo que el monto no cancelado en impuestos no se acercará al esperado a inicios de año. De esta forma se entiende que la recuperación de los impuestos acogidos a moratoria por parte de los comerciantes se adapta a esa realidad”, dijo Castilla.

Según el representante de los comerciantes, para muchos negocios la moratoria no fue suficiente para cubrir sus costos de operación, ante el escenario de ventas restringidas al que se han enfrentado y aún enfrentan.

“Esto implica que existirá un porcentaje de negocios que ya cerraron su operación o que no alcanzarán a seguir operando hasta diciembre, en estos casos la probabilidad de recuperación es cero, dado que la empresa habrá perecido”, afirmó.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte recordó que lo más importante es que las empresas que aún sigan en el mercado recuerden que tienen tiempo hasta el 15 de octubre para solicitar arreglos de pago sobre sus moratorias.

“Si llega 15 y no hizo la solicitud, entonces a partir del 1 de enero corren sanciones y multas”, dijo.

 

Primer IVA tras moratoria debe pagarse en una semana

Fuente: CR Hoy

A más tardar el próximo martes 18 vence el plazo para pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de julio, el primero tras la moratoria de tres meses que estuvo vigente al inicio de la pandemia.

El pago permitirá cuantificar el primer efecto real de cuánto pudieron recuperarse las empresas y comercios del país.

“Los que se acogieron a la Ley de Alivio Fiscal mantienen los impuestos adeudados correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo de 2020, que se debieron declarar en su respectivo formulario en los meses de abril, mayo y junio de 2020, sin incurrir en el pago de intereses, y la fecha límite de pago es el 31 de diciembre 2020”, recordó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores.

Según el Colegio, las empresas podrá cubrir la totalidad del monto adeudado por concepto de IVA, o bien el saldo pendiente de dichos impuestos sin intereses.

También existe la posibilidad de realizar pagos a cuenta, o pagos parciales, en cualquier momento desde abril y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las empresas tienen tiempo hasta octubre para presentar arreglos de pago sobre lo adeudado durante la moratoria, en caso de que sus flujos de caja no sean suficientes para hacerle frente a las responsabilidades.

Según el Colegio de Contadores la exoneración del IVA en los alquileres de bienes muebles, inmuebles e intangibles terminó en junio, por lo que estos servicios desde julio ya deberían estar facturando con IVA.

 

Int’l Colombia: Corte Constitucional tumba el impuesto solidario

Fuente: El País CR

Por cinco votos contra cuatro, la Corte Constitucional de Colombia tumbó uno de los decretos más controvertidos de la pandemia, el decreto 568 de 2020, que creó el impuesto solidario.

El alto tribunal aclaró que los dineros que en este tiempo se hayan pagado por cuenta de ese impuesto se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, que es el que se paga en 2021.

Para la Corte, el decreto que creó el impuesto solidario violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal. Así, consideró el alto tribunal, este impuesto no era generalizado, sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no fue válido.

Según el alto tribunal, el impuesto debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos (unos 2.658 dólares) por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, etc. Esto no sucedió, porque únicamente se les cobró a los trabajadores del Estado.

Contra la decisión que tumbó el impuesto salvaron su voto los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, quienes estaban a favor de mantener el tributo.

Este impuesto, creado por el Gobierno, gravó únicamente a funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganen más de 10 millones de pesos. El tributo ordenó que a estas personas se les descontara en mayo, junio y julio desde un 10 hasta un 20 por ciento de su salario o pensión, dinero que sirvió para alimentar con unos 287.000 millones de pesos el fondo Fome, creado para atender a la población más vulnerable en la pandemia.

Los argumentos que habían llegado a la Corte

A la Corte Constitucional llegaron más de 100 conceptos de fiscales, jueces, magistrados, profesores, funcionarios de la Procuraduría o la Contraloría, pensionados, entre otros, que le pedían al alto tribunal tumbar ese tributo afirmando que es desproporcionado, diciendo que aunque ganan más de 10 millones —que para el promedio colombiano son salarios altos—, este descuento afecta su mínimo vital pues, aseguraban, son ingresos que se gastan cada mes en créditos, comida, arrendamientos, educación de hijos, entre otros asuntos que hacen parte de su vida.

También argumentaron que es injusto solo gravarlos a ellos y no a los empleados y pensionados privados, y que según el artículo 215 de la Constitución, el Gobierno no puede en los estados de emergencia desmejorar los derechos sociales de los trabajadores a través de decretos.

Otras críticas señalaban que el decreto decía que el dinero va a la clase media vulnerable y trabajadores informales, sin dejar claro cuál es esa población, y señalaban que no se deberían gravar las pensiones porque estas son cotizaciones y ahorros de los últimos 26 años de vida de un trabajador estatal.

Por su lado, la Secretaría Jurídica de Presidencia y el Ministerio de Hacienda habían defendido ante la Corte Constitucional el impuesto solidario, y dijeron que el cobro se sustentaba en los deberes de solidaridad, el derecho a la vida y a la salud, pues el recaudo era para beneficiar a personas vulnerables. El concepto también indicó que ante la falta de recursos para enfrentar la pandemia, se necesitan fuentes adicionales como este tributo.

Sobre el trato diferencial, el Gobierno defendió que se justificaba en que, según ha dicho el Ministerio de Hacienda, mientras los puestos para los empleados del Gobierno se han mantenido durante la pandemia –incluso el Ejecutivo afirma que han crecido–,  en el sector privado la población ocupada ha disminuido y hay mayor desempleo.

Además, la Secretaría Jurídica y el Minhacienda decían que el impuesto solo se le está cobrando a un 3 por ciento del total de servidores públicos, 22.429 servidores de los 1’086.246 que tiene el Estado. Y que el impuesto no se les está cobrando a personas que perciban montos inferiores a 10 millones, “para quienes la carga tributaria podría resultar excesiva”.

Así, dijo el Gobierno, al establecer el tributo “se consideró la capacidad económica de los contribuyentes, no solo a nivel del valor de sus ingresos, sino de la estabilidad de los mismos”, por lo que a su juicio ese impuesto no es una carga desproporcionada.

Hace un par de semanas, el magistrado Carlos Bernal había presentado una ponencia que proponía avalar el impuesto, aunque con algunos cambios y condicionamientos. Sin embargo, esa ponencia fue derrotada y el caso pasó a las magistradas Gloria Ortiz y Cristina Pardo, quienes elaboraron la ponencia que fue aprobada este miércoles, en la que se tumbó el decreto.

Por otro lado, Bernal, cuya ponencia fue derrotada, se va este jueves de la Corte Constitucional, tras su renuncia para ser profesor en una universidad de Estados Unidos.

Se negaron tres impedimentos

Antes de votar sobre la contribución –que ha sido muy criticada por funcionarios, sobre todo de la rama judicial–, la Corte debía definir sobre tres impedimentos que se habían presentado.

Así, en el caso se habían declarado impedidos los magistrados Bernal, Alejandro Linares y José Fernando Reyes Cuartas, porque algunos de sus familiares trabajan en el sector público y se habían visto afectados con el descuento del tributo.

Al evaluar esos impedimentos, la Sala Plena encontró que esta no era una razón válida para apartarlos del caso y permitió que los tres magistrados participaran de la decisión.

Como base de su decisión sobre los impedimentos, la sala tuvo en cuenta el antecedente de lo que habían dicho nueve conjueces que en mayo evaluaron un impedimento general que presentaron todos los magistrados de la corporación.

En ese momento, los magistrados se habían declarado impedidos en este caso ya que por cuenta del impuesto cada mes vigente del decreto se les quitó 7’200.000 de su sueldo.

La sala de conjueces rechazó esos impedimentos hace tres meses, afirmando que, como no se trataba de un impuesto dirigido únicamente hacia los magistrados, sino sobre todos los funcionarios, entonces no había razón para evitar que votaran.

Así las cosas, si en su momento no se consideró que la disminución temporal de su salario era un motivo para apartarlos, mucho menos lo iba a ser el hecho de que se haya aplicado sobre sus familiares. Por eso ahora, ante los nuevos impedimentos, la Sala Plena estableció que como es una norma jurídica de alcance general que afecta a todos los funcionarios públicos que ganen más de 10 millones de pesos, no había razón para apartar a los magistrados.

Impuestos del plan fiscal en peligro por reclamo ante Sala IV

Fuente: La República

La Sala Constitucional dio curso esta semana a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El procedimiento legislativo utilizado para la aprobación del conocido popularmente como Plan Fiscal, fue recurrido con el fin de mantener el estado de derecho según los jueces.

Lo que se busca es declarar inconstitucional dicha ley al considerarla contraria al principio de publicidad por haber efectuado una consulta tardía al Poder Judicial.

De igual forma, se impugna el procedimiento especial que se le dió, además de la violación al principio de separación de poderes.

En la acción Acojud solicita que se declare dicha ley nula por inconstitucional, con efectos retroactivos al momento de haber sido publicada en La Gaceta.

Impuesto a zonas francas, mejora en recaudación y prórroga a alquileres y marchamo propone Albino V

Fuente: La República

El desempleo histórico que se reportó ayer de 24%, hace necesario que el presidente Carlos Alvarado tome decisiones inmediatas, según Albino Vargas, secretario de la ANEP.

Establecer un impuesto a las zonas francas aunque sea temporal, luchar contra la evasión fiscal que asciende a $3.800 millones al año, aprobar una moratoria en el pago de préstamos bancarios y exonerar a los costarricenses del pago del marchamo, son algunas de las propuestas del sindicalista.

“Para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas, tomando en cuenta las personas que ya declinaron buscar trabajo porque se cansaron de hacerlo; o las personas que tienen empleo ocasional y/o por horas. Todo ello, impulsa el crecimiento de la informalidad que podría llegar al 60%”, dijo Vargas.

Para el sindicalista el plan de quédate en casa ha fallado y por ello, se requiere cuanto antes un cambio de timón para el cierre del año.

Estas son sus propuestas:

  moratoria en el pago de los recibos de agua, luz, teléfono e internet
  Prórroga en el pago de las cuotas de los préstamos
  inyección de capital a las micro-pequeñas y medianas empresas para aliviar sus cargas municipales,de seguridad social y fiscales.
  Aprobar proyecto de cancelación de deudas del campo agropecuario
  Validar proyecto sobre prórroga en alquileres y control de precios de medicamentos
  Supresión del pago del marchamo vehicular
  Aprobación del impuesto solidario a las altísimas fortunas y capitales acumulados en los últimos diez años
  Regular el uso de las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su incidencia en el tipo de cambio
  Abandono del recortismo presupuestario irresponsable, irreflexivo e irracional
  Zonas francas deben pagar impuestos de manera temporal
  Parar el ataque a los salarios del empleo público
  Luchar contra la evasión

Hacienda digital reduce evasión, facilita el pago de impuestos, mejora la gestión de deuda pública

Fuente: Ministerio de Hacienda

• Así lo expuso este jueves el Ministro de Hacienda en la Comisión de Asuntos Hacendarios que analiza crédito del Banco Mundial para modernizar los sistemas informáticos de la Institución.

• El jerarca subrayó que el proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario disminuye el fraude aduanero, agiliza los tiempos de trámites, mejora la eficiencia del gasto y facilita la trazabilidad del ciclo presupuestario, entre otros beneficios.

• Con este proyecto, se uniformarán 59 sistemas de información actualmente desintegrados, superando el rezago tecnológico de varias décadas, mejorando la recaudación y reduciendo la evasión.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, reiteró hoy ante la Asamblea Legislativa, la urgencia de reemplazar los sistemas y procesos desactualizados con que opera el Ministerio de Hacienda, para enfrentar los retos que permitirán enrumbarse nuevamente por la ruta de la consolidación fiscal.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que discute el proyecto de crédito del Banco Mundial que permitirá  llevar adelante el proyecto “Hacienda Digital para el Bicentenario”, el Jerarca explicó que se trata de una alternativa de solución que dotará al Ministerio de las herramientas necesarias para modernizar y digitalizar los sistemas, procesos y trámites que facilitarán el pago de impuestos, reducirán la evasión fiscal, mejorarán la eficiencia del gasto, facilitarán la gestión de la deuda y transformarán la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como clientes. 

Esta propuesta se sustenta en los análisis realizados por la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de Hacienda, así como en los informes que sobre este tema han emitido organismos internacionales y la Contraloría General de la República, todos los cuales coinciden en la urgencia de implementación de cambios sustanciales, para avanzar hacia la verdadera transformación de la institución. 

Entre las mejoras que traerá Hacienda Digital, Villegas mencionó la reducción de la evasión; la maximización de las acciones de fiscalización y control a partir de mejores fuentes de información; el cierre de brechas de incumplimiento con el apoyo de análisis basados en mediciones de riesgo; la disminución del fraude aduanero al contar con mayores controles sobre los ingresos y salidas de mercancías mediante la utilización de tecnologías no intrusivas; y una mejora en la competitividad del país, por la racionalización y automatización de los procedimientos aduaneros con la consecuente reducción de tiempos.

En materia de gasto este cambio propiciará, entre otros beneficios, la trazabilidad del ciclo presupuestario, al contar con sistemas de planificación, formulación y ejecución, que generen información más precisa para el análisis de datos y toma de decisiones. 

Hacienda Digital introduce cambios para avanzar hacia la verdadera transformación digital del Ministerio, contempla el diseño de todos los servicios bajo un modelo centrado en las personas, digitalizado, inclusivo, seguro, transparente, enfocado en la experiencia del usuario y la protección de sus datos.

Rezago tecnológico

En su comparecencia, el ministro Villegas destacó que todas estas mejoras dejarían atrás los problemas que impiden una mejor gestión institucional, entre ellos: 59 sistemas de información desintegrados, con edad promedio de 19 años desde su puesta en operación; falta de integración de los procesos y actividades institucionales; carencia de herramientas tecnológicas adecuadas y de recursos para generar visión integral de los procesos, facilitar y mejorar la recaudación, disminución del gasto y atención ciudadana.

Asimismo, mencionó en el panorama actual la necesidad de cambios en la normativa que requieren ajustes en los procesos y sistemas de información; fragmentación entre las áreas de ingresos y egresos, inconvenientes para la facilitación de trámites y ausencia de sistemas financieros robustos y digitalizados, necesarios para la toma de decisiones.

El diputado Wagner Jiménez coincidió con el ministro Villegas en la urgencia del proyecto de Hacienda Digital. “La obsolescencia de los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda conduce a la evasión y al fraude fiscal. La modernización es una tarea impostergable, urgente. Este proyecto representa un bastión fundamental para superar la actual crisis, al tiempo que construimos la Costa Rica que debe surgir luego de este periodo crítico”, declaró.

Financiamiento en detalle

Para llevar adelante este proyecto, el Ministerio cuenta con el apoyo económico del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que autorizó un crédito por US$156.640.000 (ciento cincuenta y seis millones, seiscientos cuarenta mil dólares) (0.25% del PIB), con una tasa de retorno de 142%, por mejoras en la eficiencia y en los ingresos adicionales. 

Las condiciones financieras de la operación son favorables, en comparación con la alternativa de que Hacienda coloque títulos valores en el mercado local o internacional, a la vez que los recursos que ingresan del exterior reducen las presiones en el mercado interno y suavizan el impacto sobre el flujo de caja, por ende, coadyuva en el manejo de la liquidez y causa menor impacto sobre las sus finanzas públicas.

El financiamiento en detalle:
- Plazo del crédito: 33.5 años
- Plazo para el desembolso: 6 años
- Período de amortización: 27,5 años (mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
          posible iguales).
- Comisión inicial: 0,25% del monto del préstamo
- Comisión de compromiso: 0,25% anual sobre el saldo no desembolsado del préstamo
- Tasa de interés: anual
- Tasa libor a 6 meses + un margen (La tasa actual es de 2.86946% )
  Durante el 2020 el promedio de la Libor a 6 meses es de 1.06946%, por lo que actualmente el país estaría pagando por el préstamo en estudio una tasa de 2.86946% (1.06946% +1.8%).

Calificadora teme acerca de la “voluntad” del país de consolidar cuentas fiscales

Fuente: CR Hoy

Si bien existe la promesa por parte de las autoridades gubernamentales y económicas de que el país debe enrumbarse hacia una ruta de consolidación y equilibrio fiscal, a nivel externo las dudas persisten y esperan señales más claras de que esto ocurra.

En junio pasado la agencia calificadora Standard & Poor’s emitió uno de los informes más duros y directos jamás publicados contra un país, al señalar directamente con el dedo a la Administración de Carlos Alvarado de generar incertidumbre en los mercados financieros, ya que después de que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no pareció existir un compromiso claro por llevarla a su cumplimiento en su totalidad.

De hecho, el gobierno promovió y aceptó una ley para eliminar del cumplimiento de la regla fiscal a las municipalidades, y antes de ello decidió no incluir a las cooperativas en el pago de rentas, algo que después la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) reclama como necesario.

Esas dudas no se han disipado y ahora no se circunscriben únicamente al Poder Ejecutivo, sino que también se extrapolan a la Asamblea Legislativa.

Lisa Schineller, directora del departamento de Calificaciones Soberanas de Standard & Poor’s, confesó este miércoles que para ellos hay todavía una pregunta en el aire: “la voluntad de consolidar las cuentas fiscales el año que viene”.

“Sí hay señales de ese compromiso por consolidar y contener los gastos (…) pero no solo tiene que ser con el Ministerio de Finanzas (Hacienda), sino también con un ambiente público más grande… se necesita también el Congreso para aprovechar esa consolidación”, dijo.

Schineller tomó parte de un seminario organizado por la Academia de Centroamérica en donde el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, presentó a sus asociados – entre ellos el expresidente del Central Eduardo Lizano- los resultados de la revisión del Programa Macroeconómico para el resto del año. Como panelista estuvo también José Luis Arce de FCS Análisis.

El Banco Central redujo sus proyecciones de crecimiento para este año de un -3,6% a un -5%.

De acuerdo con Schineller, la agencia calificadora realizará una nueva evaluación del país en setiembre pero esta rebaja en el crecimiento económico proyectado no implicará necesariamente que el país siga perdiendo puntos en la calificación de riesgo.

En lugar de ello, la agencia tiene otras preocupaciones, entre las cuales el tema fiscal es la principal vulnerabilidad.

Señaló que por ejemplo en el caso de Costa Rica esta vulnerabilidad no es algo exclusivo del último año sino que se ha venido deteriorando a lo largo de la última década, con una deuda que ha crecido al doble y déficits recurrentes que ahora son del doble que los generados entre el 2000 y el 2010.

Acuerdo con el FMI

La analista y economista de Standard & Poor’s señaló que la negociación que pueda realizar Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería importante, pero no es lo único.

El país- señaló- requiere un acuerdo “más amplio”, si bien el acercamiento con ese organismo permitirá abrir las puertas a créditos de otras entidades.

Actualmente las calificadoras de riesgo ven al país como bastante riesgoso, lo cual dificulta las posibilidades del país de acceder a bonos en el extranjero.

Al cierre de julio pasado, el spread o diferencia en intereses en el cual se tasan los bonos costarricenses en relación con las Letras del Tesoro de Estados Unidos, era de 6,9%, por encima tan solo de países como Argentina, Ecuador y El Salvador.

Este acceso a bonos internacionales se volverá todavía más importante a partir del próximo año, cuando la oferta de créditos multilaterales empiece a reducirse y sea cada vez más necesario acudir a estos mercados para financiar las necesidades de gasto del país.

 

Impuesto al salario escolar 2021 le dejará al Estado unos ¢40 mil millones

Fuente: La República

Aplicar un impuesto al salario escolar que reciben los empleados públicos, le dejaría al Estado unos ¢40 mil millones al año, es decir, 0,12% del PIB, según proyecciones iniciales.

La propuesta de ley ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y es defendida por el gobierno y el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Y es que las recientes exoneraciones -por un año - en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios turísticos y la construcción, dejarían un hueco fiscal millonario que el Estado pretende tapar.

La prórroga en el pago de tributos para dichos sectores, tiene como objetivo impulsar la reactivación económica y el empleo, en momentos en que el país se ha visto afectado por la emergencia del Covid-19.

“Se debe tomar en cuenta que estas prórrogas y exoneraciones que se han planteado en la Asamblea Legislativa, tienen un impacto en las finanzas públicas, en un entorno complejo por la fuerte caída de la recaudación producto de la pandemia y los gastos adicionales en los que ha tenido que incurrir el Estado durante los últimos meses. Consideramos que estas decisiones, que, si bien ayudan a sectores afectados por la pandemia, deben equilibrarse con otras iniciativas. Por eso estas exoneraciones o prórrogas se acompañen de una compensación que sería eliminar la exoneración que existe de renta en el salario escolar”, dijo Laura Guido, diputada del PAC.

Sin embargo, el nuevo tributo solo cubriría a los funcionarios del sector público que actualmente pagan el impuesto sobre la renta, con salarios por encima de los ¢840 mil.

Esto implicaría que todo trabajador estatal por debajo de ese monto no tendría que pagar el tributo.

Al salario escolar se le aplican las retenciones de ley como seguridad social, embargos y pensión alimenticia, pero está exento del pago al impuesto de renta.

Ante este panorama, serán los legisladores quienes tendrán que habilitar el cobro del impuesto con al menos 38 votos.

A finales de mayo la Sala IV determinó que el salario escolar no puede ser considerado como un incentivo, sino como un aumento de salario por parte del Estado a los trabajadores, rechazando así un reclamo que había presentado Otto Guevara, presidente de Unión Liberal, contra el acuerdo del consejo de salarios que dio origen a ese pago.

En ese sentido, Guevara considera que al validarse el salario escolar como un aumento y tomar en cuenta que Elián Villegas, ministro de Hacienda, ordenó a inicios de junio congelar cualquier alza en el sector público por cuatro años, debería pagarse solo la mitad del salario escolar.

“Si tomamos en cuenta que el salario escolar es un alza salarial, en enero del año entrante correspondería pagar solo el 50% correspondiente al aumento salarial diferido de los meses de enero a junio de este año. Posteriormente, durante los siguientes años, no se debería pagar nada por ese concepto, ya que los aumentos salariales en el sector público fueron congelados por cuatro años según el decreto firmado”, dijo Guevara.

Para congelar los aumentos en el sector público, Villegas usó la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dispone que cuando el endeudamiento público supera el 60% del producto interno bruto, se deben frenar los incrementos en el sector estatal.

A debate
Un impuesto al salario escolar es parte de las discusiones que tendrán los diputados en los próximos meses.

Recaudación proyectada ¢40 mil millones
Salario escolar exonerado Por debajo de ¢840 mil
Votos para aprobar ley 38

Intención de crear impuestos progresivos sin ambiente

Fuente: La República

La intención del gobierno de crear impuestos no tiene ambiente en este momento, de acuerdo a la impresión de analistas consultados.

Más bien llaman a tomar otro tipo de acciones, como la contención del gasto público, la venta de activos y otras formas creativas para mejorar la recaudación.

Esto porque consideran que provocarían un golpe mayor a la ya golpeada economía y al histórico desempleo que sufre el país y podría generar un fuerte malestar social.

El propósito del gobierno es crear impuestos de manera progresiva, lo que implicaría que a mayor renta, mayor sería el tributo.

Así lo reconoció Elián Villegas, ministro de Hacienda, en una audiencia ante los diputados, donde destacó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) era el último apartado que tocaría.

“Lo que hay que tener cuidado es donde se aumenta y que la carga tributaria sea lo más justa posible”, reconoció Villegas, en una entrevista con LA REPÚBLICA, en días previos.

El aumento de la recaudación mediante impuestos es la solución que se valora ante la caída del 12% en los ingresos tributarios e iría entonado con lo sugerido por el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

“El Fondo dará muchas recomendaciones, como se dice popularmente impuestos parejos para todo el mundo (…), pero, por solo el hecho de decir ser solidario y demás, causará tensión en la población”, consideró Daniel Suchar, analista económico independiente.

Por su parte, Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, comentó que para cubrir el faltante es necesario una mezcla de impuestos con recorte de gasto, donde el margen que queda básicamente serían salarios, y venta de activos, que no sería algo inmediato.

Reacciones

Varios sectores mostraron su punto de vista sobre la intención del gobierno de aumentar la carga impositiva, de forma progresiva.

María Brenes
Directora de Negocios
Bolsa Nacional de Valores

Me inclinaría por la reducción del gasto corriente antes de pensar en nuevos impuestos, hay espacio para hacer más eficiente el aparato estatal, incluso vendiendo instituciones.

Gerardo Corrales
Economista
Economía Hoy

Creo que lamentablemente, por la caída en recaudación y que hay poco tiempo, será necesario; lo ideal serían las que gravan las fuentes de riqueza, no aquellos sobre el consumo, o bien, pensar un diseño tipo IVA, pero con devolución a los de menores ingresos, que sería moderno, solidario y novedoso, hay que pensar en esa opción.

Daniel Suchar
Analista Económico
Independiente

Impertinente, crearía un ambiente de anticuerpo social, porque si bien sí, recolectas más, pero no es el momento indicado, la gente no va a querer hablar de impuestos. Y que se habla de impuesto progresivo, denota un poco de populismo detrás.

Hazel Valverde
Gerente de Operaciones y Finanzas
Mercado de Valores

En la coyuntura actual es difícil determinar cuáles son los sectores que más pueden aportar al Gobierno sin deteriorar la situación económica, y me parece que el ministro apunta hacia el lado correcto.
Siempre deberían escogerse de tipo progresivo, ya que permiten una mejor distribución de la riqueza, y el aumento de la disparidad en ese apartado en nuestro país lo demuestra la misma OCDE.

Aliste el bolsillo: Diputados aprueban ampliar impuesto para apoyar Cruz Roja

Fuente: CR Hoy

Este martes con 43 votos a favor los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el proyecto de ley que busca ampliar el impuesto que se cobra a los servicios de telefonía para financiar a la Cruz Roja

La propuesta consiste en una modificación a la ley de creación de la contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, prepago, postpago o cualquier otra modalidad de telefonía destina al financiamiento de la Cruz Roja Costarricense.

El impuesto -que actualmente es de 1% sobre la facturación mensual que pagan los usuarios- también se aplicaría a los servicios de Internet y otros de telecomunicaciones.

El plan aprobado da a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) un plazo de dos meses para que implemente el mecanismo de aplicación de la base del tributo.

De la contribución parafiscal se excluirá el monto cancelado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con el texto, se exoneran del pago del tributo a las líneas pertenecientes a los centros de atención de personas con cáncer y de cuidados paliativos, de adulto con discapacidad, Cuerpo de Bomberos, Asociación Cruz Roja Costarricense, Red Nacional de Cuido y CEN-CINAI.

 

Diputados analizarían rigurosamente nuevas propuestas del Gobierno para más impuestos

Fuente: La Nación

Los diputados de diversas fracciones estarían analizando las propuestas para nuevos impuestos que realice el Ejecutivo como medida para hacer frente al déficit fiscal causado por la caída de ingresos en las arcas estatales producto de la pandemia de la covid-19.

Esto luego de que Elian Villegas, Ministro de Hacienda, anunció este lunes en su interpelación ante los diputados que, tras el impacto de la emergencia la economía, disminuiría un 5% del producto interno bruto (PIB) previsto para este año y que el déficit fiscal rondaría el 9.3% del PIB.

Ante ese panorama Villegas informó de que el Gobierno prevé presentar un nuevo plan de impuestos solidarios y progresivos, y afirmó que un aumento al valor agregado (IVA), está al final de la lista.

La jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, manifestó que han sido muy claros en que no estarían anuentes a crear más impuestos, pues asegura que los errores del gobierno los termina pagando el pueblo.

“Nuestra fracción analizaría, muy seriamente, sobre qué sería ese impuesto si se llega a dar pero, básicamente, creemos que la solución tiene que venir con un recorte serio del gasto, que no ocurrió con el presupuesto extraordinario”, aseveró Rodríguez.

Por su parte, Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del partido Liberación Nacional (PLN), anunció que verán en detalle las propuestas que haga el gobierno pero ahora tienen incertidumbre sobre cuáles serán.

“Hablar de impuestos es primero preguntarse a qué tipo de impuestos se refiere el Ejecutivo, cuáles son esos impuestos, si se van a negociar dentro de la ruta con el Fondo Monetario Internacional, que también la hemos estado solicitando información.

“Antes de hablar si vamos a estar en contra o a favor de más impuestos el Ejecutivo debe de referirse a qué impuestos hacen referencia” , explicó Chacón.

El legislador Walter Muñoz , del Partido Integración Nacional (PIN), recordó ante el plenario que cada ministro de Hacienda de este gobierno ha solicitado aprobación de más impuestos y empréstitos y que en esta ocasión se insiste en impuestos solidarios y progresivos.

“Nos vienen con la misma propuesta, pedir prestado y poner impuestos, y esta vez los impuestos son solidarios y progresivos, recordemos que estos impuestos fueron los que llevaron al cierre de negocios con la aprobación del plan fiscal”, manifestó Muñoz.

Al respecto de las propuestas de tributos, Jonathan Prendas, diputado del bloque independiente de Nueva República, le anunció al ministro de Hacienda que su agrupación no aprobará más impuestos.

Rodolfo Peña, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que en su parecer la comparecencia del titular de Hacienda fue lamentable, pues esperaban que en vez de lo anunciado se buscarán medidas fuertes hacia la reactivación.

“El Gobierno sacó el garrote, aplica un encierro casi total, a sabiendas de que eso le quita la posibilidad de recaudar tributos sanos. Entonces, nos vende que la única salida es echar mano a la billetera externa de los organismos internacionales.

“El Gobierno solo quiere que acojamos sus propuestas. Hace falta que se abra y edifiquemos juntos una salida en conjunto a esta crisis que vive el país”, culminó Peña.

Mientras tanto, Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), resaltó la necesidad de establecer un nuevo ajuste tributario más solidario y progresivo, así como la importancia de la negociación con el FMI.

“Quiero destacar que en este ajuste tributario, el Gobierno, ha hecho énfasis en que estos nuevos tributos deberán ser solidarios y progresivos (...). Se trata de repartir los pesos, las cargas de lo que implica llevar esta emergencia”, expresó Sánchez.

Director de Tributación: IVA amortiguará caída en recaudación

Fuente: CR Hoy

Carlos Vargas Durán regresó a la Dirección General de Tributación (DGT) apenas 4 meses después de que renunciara al puesto que había desempeñado durante los últimos 8 años.

Ahora, en medio de la peor crisis sanitaria y económica que el país recuerde en su historia reciente, Vargas llega a sumar fuerzas en la tarea de impedir que la debacle sea total para el Ministerio de Hacienda, que prevé una caída superior a los $2.000 millones en sus ingresos para este año.

Según el jefe de la DGT, hay amortiguadores que harían menos brusco el golpe a las finanzas públicas.

Uno de ellos es la ampliación de los bienes y servicios gravados, así como la trazabilidad que permite hacer el impuesto al valor agregado (IVA), que va tomando vigencia por etapas desde mediados del 2019. En octubre se empezará a aplicar con una tarifa del 13% a los servicios transfronterizos, en auge en esta época de confinamiento obligado para la población.

Vargas es consciente de la peligrosa coyuntura que atraviesa el país. En medio de ella, anuncia que la DGT alberga esperanzas de que la evasión y la elusión fiscal no aumentarán este año y anuncia la entrada en funcionamiento de una plataforma web que facilitaría a las personas tributar.

Lea en adelante un extracto de la entrevista que concedió a CRHoy.com uno de los principales funcionarios del Ministerio de Hacienda en materia de cobro de impuestos.

Doce millones de pagos al mes por servicios transfronterizos

-En medio de esta pandemia ustedes piensan aplicar el IVA para los servicios digitales transfronterizos. No son pocos los expertos que vaticinan un desorden importante debido a la dificultad de distinguir entre un bien y un servicio adquirido en plataformas que ofrezcan ambos por Internet ¿Podemos estar tranquilos los contribuyentes de que no tendremos que hacer largas colas frente a Hacienda para reclamar la devolución del IVA en este caso?

-La disposición contenida en el artículo 30 de la Ley del IVA considera dos situaciones: la primera es que las empresas que ofrecen servicios transfronterizos se puedan registrar ante la DGT para realizar el cobro del impuesto y entregarlo al fisco y la otra es que se haga mediante un esquema de percepción por medio de entidades financieras. Es un esquema que convive.

“El país optó por la convergencia de los dos esquemas de tributación que a nivel global se tienen pensados (…). La fecha que se plantea, del 1. de octubre (para el inicio del cobro del 13% del IVA sobre estos servicios) es para que, en adición al plazo de mes y medio que se les había dado (a los bancos) puedan tener un espacio un poco más amplio para poder hacer y ejecutar los desarrollo tecnológicos que necesitan para poder cumplir adecuadamente con la obligación (…)”.

-¿Van a depurar la lista de plataformas transfronterizas gravadas con el IVA?

-Se está revisando la lista de servicios gravables en conjunto con las entidades financieras, para tener una lista inicial más representativa de las transacciones que existen va a ser una lista corta, donde se incluirá 30, no más de 50 plataformas que estén operando en el mercado donde nosotros trataríamos de limitar la incorporación en esa lista de empresas que tenemos un alto porcentaje de certeza lo que venden son servicios.

“Las empresas que venden bienes y servicios claramente tienen la posibilidad de venir a hacer el registro que se les ha pedido y hacer la recaudación solo sobre sus ventas de servicios. Si las empresas realizan esta gestión, no habría ningún problema con el tema de eventuales cobros del impuesto que no corresponden”.

-¿Cuáles alternativas explorar para devolver el IVA al contribuyente en caso de que haya un error en el cobro del impuesto sobre un bien tangible adquirido a través de estas plataformas transfronterizas?

-Si por alguna razón se cobrara el IVA sobre la adquisición por la vía de percepción en el pago con tarjeta de un bien tangible, lo que estamos coordinando con los compañeros de la Dirección General de Aduanas, es un procedimiento para que la persona pueda acreditar el pago que ya hizo a nivel de percepción, al pago que finalmente va a tener que hacer en aduanas. Porque el pago a nivel de aduanas en la nacionalización, no necesariamente es el mismo, cuando usted compra un bien en el exterior, usted lo paga (el impuesto) sobre el precio de venta, pero cuando tiene que traerlo le tiene que incorporar el valor CIF, que incluye el costo, el seguro, el flete y a eso se le suman si el producto pagó algún derecho arancelario (DAI) se le suma, y el 1% del impuesto que se cobra en aduanas.

“Entonces, la base sobre la cual se tiene que pagar el IVA en la importación de bienes es un poquito más alta que la base sobre la cual yo estoy comprándolo originalmente, entonces el IVA no sería el mismo en uno y en otro caso, va a ser más alto, en la mayoría de los casos, en aduanas, entonces, lo que estaríamos pensando es un un procedimiento interno para que la persona lo que pueda hacer es acreditar ese pago y deducirlo del pago final que tendría que hacer en aduanas por la importación, eso como última instancia en el caso de que se incluyera alguna plataforma que tiene venta de bienes y servicios.

“Con eso estaríamos minimizando las situaciones donde las personas tengan que solicitar alguna devolución. Estamos tratando de hacer la coordinación interna necesaria para que eso no suceda (largas filas)”.

-¿Qué tanto compensaría el cobro del IVA a estos servicios la caída en los ingresos generales del Gobierno Central por recaudación de impuestos?

-Uno no podría decir que eso va a compensar la totalidad de la pérdida en la recaudación, porque es una herramienta nueva, pues sí van a ser ingresos importantes. En algunos casos, algunas de las entidades financieras (emisores de tarjetas) nos han dicho que estamos hablando de 12 millones de transacciones mensuales.

IVA: esperanza de caída menos estrepitosa

-¿Cuáles impuestos serán los más afectados por la situación que deriva de la pandemia del COVID-19?

-Cuando uno ve las cifras, los impuestos indirectos, al tratarse de impuestos cobrados a terceros por consumo, el impuesto ha venido relativamente sosteniéndose un poco, igual se ha visto afectado porque por más crisis en ocasiones anteriores, no habíamos tampoco vivido situaciones donde la economía está prácticamente paralizada. Hay una restricción bastante importante para la realización de actividades económicas y eso ha significado que en el caso del comercio, del turismo y otros sectores que son los que más se han visto afectados, la disminución en sus ventas tiene un efecto claro en la recaudación.

“Tenemos una gran ventaja en cuanto al IVA respecto del tema de servicios. La ampliación de la base a más servicios que se realizó el año anterior, y conociendo que el país, en los últimos años, como indicó la Contraloría General de la República en varios informes, se transformó en una economía de servicios que no dependen de que estén abiertos o no los negocios, el impacto es un tanto menor.  No voy a decir que no vaya a haber un impacto, pero sí es menor y eso nos ha permitido equilibrar un poquito.

Los efectos más fuertes se van a empezar a ver a partir del mes de agosto cuando ya uno empiece a comparar la base ampliada del IVA contra la base del IVA actual que es menor por lo que indiqué anteriormente”.

-¿Qué saben o conocen ustedes sobre lo que han hecho las administraciones tributarias del mundo para enfrentar el impacto de la pandemia en la recaudación?

-Básicamente son temas de facilitación del cumplimiento, algunas posibilidades de arreglos de pago, porque la administración tributaria, más que pensar en el diseño de política fiscal, pues está más abocada al cumplimiento de la norma. Ciertamente contribuimos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y planteamos algunas cosas. En este momento lo que se ha venido trabajando es en tema de facilitación de la atención y del servicio a las personas.

-¿Qué planean hacer para facilitar a las personas el pago de impuestos en esta coyuntura?

-En los próximo días saldrá una noticia fresca sobre una aplicación, una plataforma de gestión de solicitudes con la cual estaríamos migrando del correo electrónico que tiende a saturarse y no tiene un seguimiento y control muy fácil. Lanzando esta plataforma, las personas podrán indicar por ejemplo a cuál administración están adscritas, cuál es el tipo de solicitud que están presentando, para que lo que plantea el usuario llegue de manera más oportuna a los compañeros que tienen la responsabilidad de atender eso y lo puedan recibir de manera inmediata y puedan abocarse a atenderlo en el menor plazo posible. Dichosamente ya habíamos digitalizado la presentación de las declaraciones, la digitalización del registro tributario y la digitalización de todos los sistemas de pago. Esto ha contribuido a que la pueda hacer las gestiones sin tener que trasladarse.

“También visibilizamos acortar un paso más en el trámite de pago para implementar el débito en tiempo real, de manera que la persona pueda presentar su declaración en la página del Ministerio de Hacienda y también pagar”.

-El COVID-19 pone en una encrucijada al Gobierno. Por un lado caen sus ingresos, lo cual uno pensaría que llevaría a la administración a pensar en incrementar las tasas de algunos impuestos. Pero, a la vez, una decisión de ese tipo desincentivaría el pago de tributos por el aumento en la carga ¿Qué han pensado al respecto? ¿Se debe exonerar más o se debe gravar más?

-Yo no pensaría en exonerar más, porque si la situación de los ingresos es difícil pues con más exoneraciones se torna más complicada aún. Incluso cuando se nos ha consultado respecto de algún proyecto para incorporar alguna exoneración o prorrogar alguna de las existentes la posición del Ministerio ha sido consistente en pedir que la decisión política vaya acompañada de la medida para compensar esa exoneración.

“Lo contrario, significaría presionar un poco más las finanzas públicas y contribuir al desequilibrio. Yo creo que esto se trata de una combinación de varias medidas. Hay que hacer un paralelo con lo que está tratando de hacer el Ministerio de Salud zocando un poco la faja y aflojarla. Debe haber un equilibrio entre los incentivos por la vía de los beneficios fiscales para algún sector y la compensación con el incremento en alguna tarifa o en el establecimiento de algún impuesto transitorio que pueda compensar ese beneficio fiscal transitorio. Este tipo de medidas deberían ser consistentes con la situación en el sentido de que deben de ser transitorias”.

-¿Pasa lo mismo con el impuesto sobre la renta?

-Como país debemos asumir la tarea, que aún tenemos pendiente, de discutir a fondo si se requiere o no una reforma estructural del impuesto sobre la renta, que eso nos puede llevar a plantear algunos esquemas interesantes donde se piense en la persona como eje del sistema en el sentido de que la tributación se concentre en la persona física y en algún esquema tributario donde se pueda fomentar la inversión empresarial. Es un equilibrio donde el incentivo a la empresa se compensa con el impuesto o la tributación de la persona de manera integral.

-Uno de los sectores que aún flota en medio de esta tormenta, aunque no sin complicaciones, es el de las empresas instaladas en el régimen de zonas francas, dedicadas a la producción para venderla en el exterior ¿Debería el país pensar en gravar con alguna tasa de renta a esas empresas para llenar el vacío en la recaudación por la crisis sanitaria?

-Como se lo planteaba en el caso del impuesto sobre la renta, uno debería considerar todos los escenarios posibles en esta coyuntura, siempre respetando los derechos adquiridos de algunas empresas que se han amparado al régimen bajo ciertas condiciones. Habría que pensar en alguna transitoriedad necesaria si el país decidiera avanzar en esa dirección.

“Como lo han planteado varios economistas, es un tema que habría que discutir desde la perspectiva de todos los grupos involucrados donde ellos puedan participar y plantear las mejores alternativas. Ya en el 2010 se hizo una reforma al régimen de zonas francas, el año pasado también se introdujeron algunas modificaciones, creo que habría que tener cuidado con los contratos vigentes que tienen las empresas a efectos de que, como país, no demos una señal contradictoria con relación a la política comercial y la política económica que se va plasmando en ese tipo de normativas, sin pensar o discutir la posibilidad de incrementar la tributación en el régimen. Ahora, no todas las empresas están en cero. Hay algunas que están pagando una carga tributaria reducida, pero es parte de la discusión, cómo lograr como país incentivar la inversión mediante el diseño adecuado de la política tributaria. En la discusión de una modificación estructural del impuesto sobre la renta, deberían considerarse todos los grupos o sectores de actividad económica que puedan aportar de alguna manera al sostenimiento de las finanzas públicas y también en ese diseño pensar como país la posibilidad de establecer los mecanismos de incentivo fiscal adecuados para poder salir adelante”.

¿Cómo frenar epidemia de evasión y elusión fiscal?

-Según datos que ha compartido públicamente el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la evasión fiscal fiscal es de al menos $3.000 millones, y podría ser incluso de hasta $4.800 millones. Pareciera que el reto para reducir esa cifra es enorme ¿Qué se puede hacer para ponerle la mano encima a los evasores en medio de esta crisis fiscal que enfrenta el Gobierno?

-El cálculo de la evasión lo ha venido haciendo la Contraloría General de la República a mediados de la década del 2000 y que la Dirección General de Hacienda ha asumido su revisión. Ciertamente se ha venido haciendo sobre agregados macroeconómicos, no hay un estudio a profundidad o detallado sobre la evasión porque las cifras o los elementos que se tienen a disposición solo permiten hacerlo de esa manera.

“Esto lo que significa es que dentro de la medición que se había hecho originalmente se incluía la evasión y la elusión. Entonces, cuando uno tiene una cifra de esa magnitud, tiene que tener ese cuidado, pues no se puede hacer una distinción o separación de lo que uno puede considerar elusión, que se hace a partir de las deficiencias que tiene la norma, la cifra puede ser de esa magnitud, pero si uno tratara de quitar lo que corresponde a elusión, sería menor, pues, si se trata del aprovechamiento de los portillos que deja abiertos la Ley, difícilmente la administración podría hacer algo para combatir ese tema.

No sé cuál será el año base del estudio que tomó don Rodrigo (Chaves) para poder divulgar esa cifra, lo que sí recuerdo es que el último estudio que se había hecho es del alrededor del 2016 o 2017 y partía de cifras económicas del 2015 y no consideraría las modificaciones que se hicieron con la Ley No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas). Yo esperaría que en el próximo estudio que se pueda hacer por parte de la Dirección General de Hacienda ellos puedan medir un poco más ese impacto. Con esto lo que le quiero decir es que la evasión y elusión, en las últimas declaraciones que yo escuché de don Rodrigo, en CRHoy.com, me parece que él hablaba de al menos un 4% del producto interno bruto, que es importante”.

-¿Cuál es el mecanismo que contiene la Ley que lo hace pensar en un efecto positivo sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes?

-Menciono esa ley porque hay varios elementos que confluyen en ella y porque es de las reformas en materia impositiva más importantes de los últimos 40 años. Primero, se optó por migrar a un IVA de base amplia donde se gravaron todos los servicios y se salió del esquema tradicional del impuesto de ventas donde se gravaba de manera selectiva y eso permite dar una mayor trazabilidad de las relaciones económicas dentro de las empresas, lo cual, a su vez, significa que si yo le voy a vender a usted algo y usted a su vez lo va a utilizar en su actividad económica, pues usted va a estar muy interesado en que yo le dé el comprobante de la transacción y, si lo hago así, pues le tengo que cargar el impuesto.

“Entonces, queda el impuesto registrado y mi ingreso por el pago que usted me va a hacer, pero a su vez, cuando usted presenta la declaración, usted se va a dar los créditos de lo que yo le vendí. El impuesto (IVA) en las cadenas intermedias se controla bastante bien, en donde uno podría empezar a cuestionar el tema es en el consumidor final que no necesita ese comprobante para efectos de su actividad. A la par de esto se gravaron rentas que antes de julio del 2019 no estaban gravadas y ahí se empiezan cerrar portillos y la combinación para atacar la evasión y la elusión fiscal empieza empieza desde las reformas estructurales que se puedan hacer a la normativa”.

-¿Esperaría usted que la evasión y la elusión aumenten en contexto crítico para la economía nacional?

-El hecho de tener un IVA de base amplia, pues va a limitar bastante las posibilidades de las empresas de tener algunos de los comportamientos fiscales que asumían en periodos anteriores, con factura electrónica tenemos una mayor trazabilidad, pues tenemos al 100% de los contribuyentes, excluyendo al sector agropecuario y régimen simplificado, tenemos un cúmulo importante de acciones desde el punto de vista estructural y administrativo que nos permiten tener un mejor control. Si el IVA es un espejo de lo que se tiene que declarar en el impuesto sobre la renta, si lo tengo bien controlado, esperaría menores espacios de evasión en este último.

“Si a eso le sumamos que la situación no está bien, yo creo que el comportamiento de los contribuyentes va a ir bastante relacionado con su actividad económica real. No preveo un aumento significativo de la evasión y de la elusión. En esto es muy importante la inversión en tecnología que pueda hacer el Estado en materia tributaria”.

 

Campaña por Impuesto solidario en Costa Rica sobrepasó las mil firmas

Fuente: El País CR

Una campaña gestionada por profesionales de los sectores público y privado de Costa Rica superó las mil firmas para entregar un documento a los legisladores, donde se pide la aprobación de un Impuesto Solidario con el fin de paliar los efectos de la pandemia por Covid-19 en la población más vulnerable.

La propuesta, entregada la semana anterior a los legisladores, solo fue respondida por la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La nota fue entregada por correo electrónico a 54 diputados de los 57, ya que tres no registran su correo en la página de la asamblea.

Henry Mora Jiménez, catedrático universitario y ex diputado, dijo que la gestión ha sido positiva ya que que tanto Vega como José María Villalta, del Frente Amplio, «han presentado proyectos que están en línea con nuestra solicitud».

Además, resaltó que la diputada por el Partido Liberación Nacional, Franggi Nicolás, presentó  un proyecto para gravar diversas manifestaciones de riqueza.

«Nuestro objetivo fue llamar la atención de que es inaceptable dejar a cientos de miles de habitantes al borde de una crisis humanitaria, pues ya no se dispone de fondos para seguir financiando el bono proteger, y que los más ricos tienen una responsabilidad ineludible en este sentido», resaltó Mora Jiménez.

Dijo que han considerado positiva la campaña de firmas, y que más voces se unen al llamado de un impuesto solidario como medida temporal para salvar del hambre a las personas más afectadas.

Por otra parte, adelantó que pronto será iniciada otra campaña exigiendo al Gobierno de la República la instauración de un diálogo nacional «para consensuar los temas más urgentes que nos permitan salir lo mejor librados de las crisis».

La carta a los diputados, que lleva la firma del obispo de la Diócesis de Cartago, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, sostiene que el mundo atraviesa por una situación inédita, pues a pesar de que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias en el pasado, ninguna de las anteriores aconteció en el contexto de un grado tal de globalidad e integración comercial, tecnológica, financiera y de las relaciones humanas, como la que acontece en la actualidad.

Resaltaron que la incertidumbre y desazón se ciñen sobre el planeta entero, mientras la esperanza de una pronta salida depende en gran medida del desarrollo de una vacuna, cuya disponibilidad inmediata resulta incierta para Costa Rica.

«Por ello, más allá de toda duda, el sentido de unidad y solidaridad nacional deben primar en las actuales circunstancias, y nuestros actos en las próximas semanas y meses afectarán de manera decisiva a toda la sociedad, al menos por la próxima década», aducen.

La nota señala que es urgente avanzar en acciones que eviten una crisis humanitaria de enormes proporciones, «perjudicando con especial virulencia a las personas menos favorecidas económicamente, que seguramente son también las más afectadas por la actual situación en sus condiciones sociales, sanitarias y ambientales».

«Por lo tanto, garantizar y ampliar las ayudas a la población mediante el Bono Proteger, mitigando el hambre y la desesperación que aquejan a por lo menos un millón de costarricenses en condiciones de desempleo, subempleo o informalidad, es una medida apremiante y vital; lo mismo que fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución insignia en esta lucha titánica».

Para enfrentar el reto, los profesionales proponen que los recursos «deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes».

Indican que el ajuste de impuestos deberá ser progresivo y solidario, dirigido a generar recursos para cubrir estas necesidades inmediatas (Bono Proteger), lo que podría lograrse gravando con tasas mayores y con carácter temporal, a las personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado), de los tramos más altos de renta y, adicionalmente, con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera; que pueda balancear la pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia. Los detalles sobre ambos tributos solidarios y su capacidad recaudatoria son resorte técnico de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del buen juicio de las señoras y los señores diputados.

Además, proponen que paralelo a ello, también deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros.

Impuesto de salida terrestre de $8 podrá pagarse en línea a partir del 6 de agosto

Fuente: La Nación

El impuesto de salida terrestre del país se podrá pagar en línea a partir del próximo jueves 6 de agosto en el sitio web del Banco de Costa Rica (BCR).

Al ingresar a la página www.bancobcr.com, las personas tendrán la opción de cancelar el tributo de $8 con una tarjeta de débito o crédito de Visa o MasterCard de cualquier emisor sea nacional o extranjero.

El nuevo servicio es para todo público, sea o no cliente del BCR, no tiene ningún costo adicional y se puede pagar desde un celular, tableta o computadora, informó la entidad bancaria y la Dirección General de Tributación.

A raíz del cierre de fronteras terrestres, decretado por la pandemia sanitaria, el tributo lo paga mayoritariamente transportistas de mercancías quienes están entre los autorizados por el Gobierno para ingresar y salir del territorio costarricense.

La plataforma virtual del Banco pide al usuario algunos datos personales básicos como el número de pasaporte. Pero no solicitará información confidencial como claves de acceso a cuentas bancarias, detallaron ambas instituciones.

Una vez finalizado el trámite, el sistema generará un comprobante automático que será enviado a la cuenta de correo electrónico aportada por el usuario o al dispositivo móvil como archivo PDF.

Cuando se llegue al puesto fronterizo no será necesario aportar dicho comprobante, ya que se registra de manera automática en la Dirección General de Migración, informaron Hacienda y el BCR.

El impuesto de salida terrestre es un tributo único que se aplica por concepto del derecho de salida del territorio costarricense, no vence hasta que se registre la salida y posterior al ingreso al país.

Su valor es de $8, de ellos $5 corresponden propiamente al impuesto, $2 a un canon de escaneo fitosanitario y $1 por servicio de control del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El tributo es individual y se debe cancelar cuando la persona sale del país por los puestos fronterizos de Paso Canoas, Río Sereno, Caballito, Sixaola, Peñas Blancas y Tablillas.

“Con este nuevo servicio virtual, que no representa ningún costo adicional para el usuario, damos un paso más para digitalizar los servicios, agilizar los trámites, ampliar las opciones de pago y facilitar el cumplimiento tributario”, aseguró Carlos Vargas, director general de Tributación.

William Venegas, gerente de Servicios Digitales del BCR, dijo que la nueva opción digital le evita al usuario el traslado a un punto de recaudación para cancelar el tributo, antes de salir del país.

“Se podrá pagar en cualquier momento antes de presentarse al punto fronterizo autorizado, evita tener que portar efectivo al desplazarse a la frontera y brinda agilidad al realizar los trámites de salida del país, entre otros”, destacó el funcionario.

El canal de recaudación digital estará disponible las 24 horas del día, los siete días a la semana. Para consultas, el BCR puso a disposición de las personas el número, 2211-1111; el correo electrónico, centroasistenciabcr@bancobcr.com; y el WhatsApp, 2211-1135.

Hacienda habilita consulta en línea para verificar licencia de incopesca y registro de productores

Fuente: Ministerio de Hacienda

• Facilitará el cobro del IVA con tarifa reducida que deben efectuar los vendedores a pescadores comerciales y productores agropecuarios.
• Las API´s se encuentran disponibles en página web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr), banner principal.

Con el fin de facilitar a los vendedores la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de pescadores comerciales y productores agropecuarios que pueden aplicar una tarifa reducida de IVA por sus compras, desde este 29 de julio, Hacienda puso a disposición una interfaz de programación de aplicaciones,  API’s (por su siglas en inglés: Application Programming Interface), para que los interesados las integren en los sistemas de facturación.

El propósito es que el vendedor pueda corroborar directamente en sus sistemas si una persona cuenta con la licencia o autorización vigente de pescador comercial, otorgada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), o con el registro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como productor agropecuario, requisito para aplicar una tarifa diferenciada del IVA por sus compras. 

Esta nueva opción facilitará el proceso de verificación, pues al hacer las ventas, los comerciantes ya no tendrán que acceder a las páginas web de INCOPESCA y MAG, como lo venían haciendo hasta ahora.

Estas API´s están disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr, en el banner principal de avisos y ante cualquier consulta los interesados pueden escribir a facturaTI@hacienda.go.cr

“Además a facilitar el proceso de consulta necesario para aplicar la tarifa reducida de IVA a estos sectores, poner a disposición estas API,s nos permite agilizar y eficientizar los procesos de trazabilidad de información en la factura electrónica, aspectos sumamente importantes para mejorar nuestros planes de control”, externó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Hacienda prevé mayor deterioro fiscal este año: déficit sería de 9,3% de la producción

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal de Costa Rica cierre, este año, en el 9,3% del producto interno bruto (PIB), lo cual significa un incremento de cuatro puntos porcentuales (p. p.) respecto al 5,3% previsto a inicios de este 2020.

La nueva previsión, que incluye el impacto de la pandemia, significa que la deuda pública sea del 70,2% de la producción para 2020, en lugar del 61% proyectado en enero anterior, en las estimaciones incluidas en el Programa Macroeconómico 2020-2021.

Hacienda actualizó sus perspectiva fiscal, luego de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunciara, este jueves, una caída de la economía del 5% este año, como parte de la revisión de la programación económica vigente.

En tanto, para el 2021, el déficit fiscal bajará un poco, a 8,1% del PIB, pero se estima que el endeudamiento público sea del 76,6% de la producción, informó Hacienda en un comunicado.

La entidad pública destacó que la emergencia sanitaria significa un fuerte golpe para las finanzas públicas, pues generan una reducción en el crecimiento económico y afecta la recaudación tributaria.

“La caída de la producción significa contar con menores bases imponibles. Por ejemplo, el menor consumo final de los hogares se traduce en una caída del impuesto al valor agregado, a la vez que una menor producción afectará, directamente, al impuesto sobre la renta”, argumentó la entidad pública.

Pese a la contracción en los ingresos tributarios, el Gobierno enfrenta mayores gastos para mitigar los efectos del coronavirus, como el bono Proteger para las familias más afectada por la crisis y para complementar la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de reducir la base contributiva.

La previsión de Hacienda es que, para este año, el pago de los intereses sea de ¢1,8 billones; es decir, 5,2% del PIB. En tanto, en el 2021 ascenderá a ¢2 billones lo cual equivale a 5,6% de la producción.

“Para Hacienda, dar sostenibilidad a las finanzas públicas es una prioridad, a la vez que se sientan las bases para la reactivación económica. Un primer paso en esta dirección es disminuir nuestra presencia en el mercado local de fondos (…) Para esto, la aprobación del financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa es clave”, destacó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Precisamente, la previsión de Hacienda es que el déficit primario (sin incluir el pago de la deuda) sea este año del 4% de la producción y el próximo se reduzca a 2,5% del PIB.

El desajuste fiscal provocado por la pandemia implicará que el Gobierno requiera fuentes alternas para cumplir con sus compromisos de gasto corriente (salarios, transferencia e inversión), así como con los tenedores de bonos de deuda emitidos por Hacienda.

La previsión el Ejecutivo es que, para este año, las necesidades de financiamiento sean equivalentes al 14,1% de la producción. Mientras que el próximo año se elevarán al 15% del PIB.

Durante el actual periodo, el 50% de los recursos se obtendrán de los préstamos con organismos multilaterales y remanentes de recursos de $1.500 millones de eurobonos colocados el año anterior.

Sin embargo, para el 2021, Hacienda estima que solo podrá cubrir el 25% de las necesidades de recursos con financiamientos externo. El restante 75% sería con colocación de deuda interna.

“La aprobación del financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa es clave. Estos recursos también nos permitirán ‘intercambiar’ deuda cara por barata, a la vez que mejoramos el perfil de nuestra deuda con plazos mayores y menores tasas de interés”, aseguró Villegas.

El jerarca destacó que, pese al desequilibrio, el Gobierno también atenderá deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social y la mejora en el desarrollo de infraestructura pública.

Hacienda realizó pago de eurobono de $250 millones emitido en el año 2000

Fuente: Ministerio de Hacienda

• Vencimiento está programado para el 01 de agosto de 2020.
• Gobierno atiende su compromiso de manera responsable y oportuna. 
• Próximo vencimiento de emisiones internacionales está previsto para 2023.


El Ministerio de Hacienda, informó que este martes 28 de julio realizó el giro de recursos del eurobono ISIN USP3699PAA59, cuyo vencimiento está programado para el 01 de agosto.

El pago por un monto de $262.493.750,00 incluye $250.000.000,00 de principal y $12.493.750,00 de intereses. Estos recursos fueron trasladados al Banco de New York Mellon, entidad encargada del giro de los recursos a los inversionistas tenedores del eurobono.

Dicha emisión de títulos valores en el mercado internacional se había realizado el 24 de julio del 2000, a una tasa facial de 9,995%, como parte de las emisiones permitidas por la Ley No.7970 “Emisión de Títulos Valores para ser colocados en Mercado Internacional”, que había autorizado un monto global de US$1.450 millones colocados del 2000 al 2004.

Este es el último eurobono de esa autorización global realizada por el país a inicios del 2000. Los próximos vencimientos de emisiones internacionales están programados para el 2023 y corresponderán a emisiones realizadas mediante la autorización global recibida en la Ley 9070.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, recalcó el compromiso del Gobierno Central por atender de manera oportuna los vencimientos de sus obligaciones, tanto a nivel externo como a nivel interno, indicó que este era uno de los principales vencimientos de obligaciones denominadas en dólares programado para este año. 

El Jerarca recalcó  la importancia de que el país mantenga autorizaciones globales,  para realizar emisiones que faciliten al Poder Ejecutivo la gestión de sus necesidades de financiamiento y el ordenamiento de los vencimientos futuros distribuidos en el tiempo.

Avanza proyecto de ley que pospondría cobro de IVA por 18 meses al sector agropecuario

Fuente: La Nación

Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminaron positivamente este miércoles un proyecto de ley que exoneraría del IVA, por 18 meses, los bienes y servicios utilizados en la producción agropecuaria, pesquera y agroindustrial.

Los congresistas votaron el dictamen de forma unánime, sin realizar cambios en el texto original, y ahora esperan que el plan sea colocado en agenda del plenario para el mes de agosto.

Argumentan que, así, concederán un alivio fiscal a los diversos sectores agrícolas golpeados económicamente por la emergencia del nuevo coronavirus.

La contralora general de la República, Marta Acosta, les había advertido a los diputados que, si aprobaban exoneraciones de impuestos, debían compensar los ingresos.

La exoneraría también se aplicarían a las importaciones de bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica, la maquinaria, el equipo, las materias primas y los servicios e insumos necesarios en toda la cadena de producción.

Asimismo, no se le cobraría el impuesto a la compra internacional o nacional de trigo, frijoles, sorgo, fruta y almendra de palma aceitera y el maíz, así como a cada uno de sus derivados destinados a producir alimentos para animales

Finalmente, el proyecto buscaría exonerar a los servicios agropecuarios, los productos veterinarios, los insumos agropecuarios y de pesca, y las materias primas necesarias para la elaboración de cada uno de estos.

“Hemos escuchado al sector agropecuario en donde sabemos que hay algunos artículos que están al 1% del IVA y otros insumos que van a estar al 13%; la idea es darle 18 meses, un buen plazo para que entre a regir el IVA”.

“La intención, como lo manifestaba yo en la Comisión, es una curita para el sector, porque ya venía mal antes la crisis sanitaria por la que estamos pasando”, explicó Valladares.

“Hicimos una solicitud por parte de Liberación Nacional, que este fuese uno de los proyectos que se incluyan, entonces habría que ver si el Ejecutivo atiende el llamado. Si no, tendremos que verlo hasta setiembre”, sostuvo.

“Este proyecto salió de la Comisión de Asuntos Agropecuarios tras un intenso trabajo por parte de las subcomisiones que agilizaron el trámite de proyectos que responden a las necesidades de varios sectores productivos afectados por la pandemia”, aseveró Masís.

En la sesión de este miércoles, la diputada Nidia Céspedes, del bloque independiente de Nueva República, alegó que “es urgente que se tomen acciones acordes con la gravedad de las circunstancias que vive este sector en estos momentos”.

“Es un estímulo para todos los sectores productivos que permitan mantener y generar más empleo y, que a la vez, no permita el desabastecimiento de los alimentos esenciales de los costarricenses”, aseveró Cespedes.

Impuestos para ricos y reservas del Banco Central dividen debate sobre quién financiará la crisis

Fuente: Semanario Universidad

¿De dónde va a salir el dinero con el que el Gobierno seguirá pagando, no solo por sus gastos ordinarios, sino por el impacto de la pandemia por COVID-19? La pregunta genera criterios cada más divididos y, aún, sin dialogar en una mesa común con autoridades.

Desde abril, este Semanario presenta criterios de grupos académicos, de cámaras empresariales y, también, de las propuestas que el Ejecutivo diseña para paliar con una crisis mundial sin precedentes, agravada porque Costa Rica tiene finanzas públicas vulnerables.

En cuanto a respuestas para esta pandemia “económica”, los esquemas tributarios y el uso de las reservas del Banco Central son dos de los temas más conflictivos para quienes intentan posicionar sus ideas y propuestas en Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa.

UNIVERSIDAD consultó para este artículo con dos economistas que participan de confrontadas propuestas.

El primero de ellos fue el economista y estadístico, Juan Muñoz Giró, quien figura como uno de los firmantes de la “Carta abierta a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República de Costa Rica ante la urgencia de respuestas rápidas y eficientes para enfrentar la crisis del COVID-19”.

UNIVERSIDAD señaló que en la lista hay 20 empresarios ligados a la agrupación Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) y al grupo de empresarios Horizonte Positivo.

Por otro lado, también se pidió el criterio del economista Luis Paulino Vargas, quien dirige el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y participa del Grupo Economía Pluralista, en comunicación con Casa Presidencial, desde mayo. En una última reunión, del viernes 16 de julio, el Grupo presentó al Presidente propuestas de impuestos para segmentos ricos, no obstante, no fueron aceptadas por el mandatario en esa conversación.

Prioridades para el grupo de 56 profesionales

La primera mención es el préstamo de $508 millones, un instrumento de financiamiento rápido, un apoyo presupuestario que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado a otros países con economías debilitadas.

“La prioridad número uno, de este año, es que el Gobierno tenga recursos para pagar el déficit y esos recursos no van a venir todavía aumentando impuestos o reduciendo el gasto. Esos recursos tienen que venir de financiamiento y es necesario, urgente, prioritario, firmar el primer préstamo de ayuda del Fondo Monetario Internacional”, afirmó en entrevista el economista, Juan Muñoz Giró.

De acuerdo con Muñoz, después de este primer préstamo sucederá un acuerdo de stand-by que le dará al país $2.200 millones, pero que abrirá una negociación con sugerencias para saldar ese compromiso.

“El FMI no nos va imponer, nos puede sugerir, pero al final de cuentas es el Gobierno quien dirá por dónde irá la cosa”, explicó Muñoz.

De acuerdo con el economista, podría ocurrir una “mezcla” de medidas, entre ellos, “impuestos a los salarios más altos, especialmente a los del sector público”.

“Puede ser un tema, como lo ha mencionado el presidente del Banco Central, un tema de intercambio de presión tributaria: se aumenta el Impuesto de Valor Agregado (IVA), pero se disminuye la cotización a la Caja Costarricense del Seguro Social”, explicó Muñoz.

La reducción del gasto público es una segunda prioridad. El economista urge la Ley de Empleo Público.

Tercero, para amortizar la deuda, además de los préstamos del FMI, Muñoz recomienda vender empresas del Estado.

“Habría que ver si algunas son de valor chatarra, como la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). Puede vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), que no aporta casi nada al país”, describe el economista.

Muñoz dice que “No tenemos tiempo, de aquí a fin de año, para hablar de aumentos de impuestos. Aún si se fueran a dar, su recaudación no podría cubrir el déficit de este año”.

Sobre un modelo de tributos diseñado para gravar riqueza acumulada, afirma que “no tiene sentido”.

“Eso no funciona en ningún país, es muy difícil de controlar. La riqueza es algo que se puede desviar fuera del país. El impuesto a la riqueza no tiene sentido. En los países que ponen impuestos para la riqueza, no recaudan nada. Todo depende del impuesto. El hecho de que lo paguen los empresarios no quiere decir que sea bueno, se pueden ir del país”, dijo el economista.

El problema de un paquete de impuestos, asegura Muñoz, es el vértice político.

“El tema de impuestos va a ser difícil, dado que ya entramos al tema electoral. Difícilmente un partido político va a estar aprobando impuestos. Si uno mete un cisne en la Asamblea Legislativa, sale un ornitorrinco: uno no sabe lo que puede pasar”, afirmó Muñoz.

Sobre los proyectos de ley que reforman el impuesto de renta sobre los segmentos más ricos de contribuyentes (uno de ellos es de la diputada oficialista Paola Vega), Muñoz es tajante: “No los van a aprobar, sino ya los hubieran aprobado”.

Prioridades para el Grupo de Economía Pluralista

Desde el Grupo de Economía Pluralista, el economista Luis Paulino Vargas defiende la “tributación progresiva y solidaria”.

“Que haga que cada quien aporte según sus posibilidades y, luego, un esquema de subsidios muy progresivo, que tiene que favorecer fundamentalmente a quienes más lo necesitan. Es un poco la idea del bono Proteger pero fortalecido y ampliado”, explica Vargas.

Asimismo, en lugar de refinanciar la “deuda cara”, como ha mencionado Gobierno, el economista dice que el Banco Central podría tener una posición “más proactiva, más agresiva en el mercado financiero”.

“Es un Banco Central que tendría que ayudar a financiar al Gobierno y tendría que asumir un rol más proactivo, no solo en esa posible financiación sino un rol más activo haciendo que bajen las tasas de interés sobre la deuda pública”, explicó Vargas a este Semanario.

Desde el criterio del economista y académico, los problemas llegarían si el Banco Central continúa al margen de la discusión económica.

Sobre el financiamiento externo, Vargas lo ve como “una manera de evitar problemas, pero no es la única manera”.

“La agenda ideológica es tal que prohíbe que el Banco Central asuma un papel más activo. Ellos lo justifican teóricamente, pero en el fondo hay una cuestión muy ideológica. Inmovilizan al Banco Central, entonces podrían haber problemas: hay que ver si se van a concretar. Pero esos problemas no son inevitables”, explicó el economista.

El financiamiento externo estaría “amarrado a privatizaciones y por el estilo”.

“No es inocente, no es una cosa exactamente técnica. Toda la idea fatalista de que tenemos que recurrir a financiamiento o es una hecatombe, va amarrada a una agenda ideológica de privatizaciones”, describió Vargas.

Sobre cuáles activos públicos terminarían en estas negociaciones, Vargas habla de varias.

“Bicsa y Fanal son las joyas menos valiosas, mucho más valiosas son el Banco de Costa Rica, Kölbi o el Instituto Nacional de Seguros. El BCR está en la mira, desde antes de que usted naciera”, afirmó el economista.

“Tampoco es gran cosa, con los mismos datos del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dio números muy chiquitillos. Podemos privatizar todo eso y la deuda pública sigue siendo grandísima”, describe Vargas.

Algunos datos de Contraloría General

A mayo pasado, el 62% del PIB nacional se usa en pagar deuda.

De forma moderada, Gobierno perdería entre 2,47% (recaudaría ¢4,21 billones) y 3,11% del PIB (recaudaría ¢3,98 billones). En el 2019, esta recaudación fue de ¢4,89 billones.


6 puntos que rompen acuerdos por políticas de Estado en el COVID-19

Sectores académicos y sociales piden una “proactiva” del Banco Central en la resolución económica de la crisis. El BCCR tiene reservas de $8.000 millones que pueden usarse como emisiones, afirman desde marzo en el Centro Internacional de Política Económica

para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).

 

El Grupo Economía Pluralista pide apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central. El mecanismo propuesto es que el Ejecutivo emita bonos de deuda pública, los cuales serían adquiridos en mercado primario por un banco público y, luego, adquirida por el Banco Central en mercado secundario (tal como fue autorizada para hacerlo en la ley que permite el retiro del Fondo de Capitalización Laboral, Ley 9836).

 

Banco Central Propuestas emitidas por la Uccaep y de los 50 firmantes de una carta abierta (quienes también son miembros de grupos empresariales como Alianza Empresarial para el Desarrollo y grupos de empresarios como Horizonte Positivo) evaden discutir propuestas con el Banco Central.

 

Los argumentos son reglamentarios. La Ley Orgánica del BCCR, emitida después de la crisis de 1980, establece como mecanismo único de financiamiento a Gobierno a la emisión de letras del tesoro. No obstante, este “préstamo” debe ser saldado antes de que se termine el año fiscal en curso. Es decir, el tiempo de pago suele ser corto (y aún así se usó este mecanismo en el 2018).

 

Por otro lado, el Banco Central puede dar crédito a la banca comercial. De esta forma, los bancos pueden prestar productos financieros con ese mismo dinero, pero que, por su origen, puede prestarse a tasas de interés proporcionalmente bajas.

 

 

La modificación más sencilla es un recargo temporal sobre el impuesto de la renta, porque es proporcional a los ingresos que declara el tributante. La Asamblea Legislativa tiene dos proyectos de ley de este tipo, aún sin comisión asignada, que modifican la renta para grandes empresas y asalariados (expediente 21.883, presentado por el diputado José María Villalta) y uno diseñado para el percentil 100 de tributantes (expediente 22.034, de la oficialista Paola Vega).

 

Entre otras propuestas tributarias que se han discutido desde el Grupo de Economía Pluralista y centros de investigación universitaria: la eliminación de exenciones al Régimen de Zonas Francas; un impuesto a las grandes transacciones financieras (tasa Tobin); y gravar dividendos, participaciones sociales u otros beneficios de capital.

 

Desde el Ministerio de Hacienda se ha pedido que los diputados aprueben leyes para fortalecer controles para evitar evasión y elusión fiscal.

Política tributaria Desde las propuestas empresariales, se excluyen propuestas de más impuestos, en tanto el país ya tiene un esquema tributario vigente.

 

La Uccaep pidió, en mayo, “No proponer ni aprobar más impuestos de los existentes, regulaciones o control de precios”.

 

El economista y estadístico Juan Muñoz, firmante de la carta de los 56, cuestiona cuál es la base imponible de estos tributos (cuál tipo de riqueza estaría sujeta al impuesto) y si podría crearse algún tipo de doble imposición.

 

Otro argumento es que una modificación tributaria de esta dimensión, en el actual clima político, no tendría viabilidad dentro de la Asamblea Legislativa.

 

 

 

Propuestas de economistas de universidades y el Grupo de Economía Pluralista respaldan la aprobación del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI), como una medida de inyectar recursos inmediatos.

 

No obstante, existen desacuerdos sobre el futuro acuerdo de stand-by (un préstamo especial que se acuerda directamente con el Banco Central y en la que el FMI pediría condiciones de pago).

 

La preocupación de académicos y economistas del Grupo de Economía Pluralista es que termine convirtiéndose en más intereses y, por lo tanto, gasto.

 

El exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, afirma que “en lo que va del 2020, con cifras acumuladas entre enero y junio, los intereses se comen 39,7 % de los impuestos recaudados”.

Préstamos internacionales La aprobación del RFI con el Fondo Monetario Internacional serviría para,  posteriormente, negociar un acuerdo de stand-by.

 

De acuerdo con el economista Juan Muñoz, el acuerdo de stand-by enviará señales positivas al mercado internacional de que Costa Rica tiene una economía suficientemente sana como para sostener compromisos financieros con otros organismos internacionales.

 

Actualmente, esta imagen sana es afectada por las calificaciones de riesgo, en tanto se han deteriorado en pasados meses. De estas, han bajado las calificaciones de riesgo emitidas por Moody’s (B2 Negativa) y Fitch (B Negativa).

El Grupo de Economía Pluralista respondió a la Uccaep, en abril, que “una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo”.

 

De acuerdo con el economista de la UNED, Luis Paulino Vargas, son aportes muy pequeños.

 

El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, calculó precios para algunos activos. Entre ellos, el más onerosa sería el Banco de Costa Rica (con un tope de $1.200 millones) y la más pequeña sería Kölbi (alrededor de $1 millón).

Ventas de activos El presidente Carlos Alvarado respalda la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). En abril, la Uccaep pidió “un plan de venta de activos del Estado” que incluya fecha perentoria.

 

El economista Gerardo Corrales, firmante de la carta de los 56, mencionó en el programa de radio Matices que el Gobierno podría considerar la marca Kölbi, del ICE, y al Banco de Costa Rica.

 

Estas privatizaciones también se han discutido en Asamblea Legislativa. Este martes, durante la aprobación del presupuesto extraordinario, la legisladora María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, también habló de privatizar el BCR y las telecomunicaciones del ICE.

Los recortes a programas de infraestructura, inversión social y gastos de salud generaron conflicto en la Asamblea Legislativa durante la semana pasada.

 

Para el Grupo de Economía Pluralista, hay que mantener el gasto en transferencias sociales para los sectores socioeconómicos más vulnerables porque eso provee de dinero a las familias, para que gasten en negocios y, por esta vía, también procuren ingresos al Estado porque el dinero “regresa” en la forma del IVA.

Gasto público La carta de los 56 pedía la aprobación pronta de un nuevo presupuesto.

 

“Es claro que este recorte no es todo lo que se requiere, y que habrá que hacer esfuerzos adicionales muy pronto, pero es un paso importante en la dirección correcta. Es imperativo aprobar los recursos necesarios para el financiamiento del programa Proteger y la sostenibilidad de la CCSS”.

 

La Uccaep, por otro lado, sostiene que Ejecutivo y diputados deben “abstenerse (…) de aprobar, proyectos de ley que generen nuevas

contingencias de gasto como las de Japdeva, a excepción de los

que reduzcan el tamaño del Estado, y por consiguiente se de una

reducción en el gasto en un futuro cercano”.

El Grupo de Economía Solidaria acusa a los 56 firmantes de una carta al Presidente que usan una

“tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público”.

 

Esta posición también es replicada por sindicatos del sector público, quienes se manifestaron el pasado 23 de julio, en contra del proyecto de reducción de las jornadas del 15%.

Empleo público Empresarios y políticos aconsejan la aprobación del proyecto de reducción temporal de la jornada laboral en un 15% para los trabajadores públicos con salarios de más de 1.5 millones (22.081) y, también, la Ley Marco de Empleo Público.

 

En junio, el Ejecutivo envió una nueva propuesta de ley que se aplicaría a nuevos empleados y que, afirman,  permitiría un ahorro anual de ¢70.000 millones.

 


 

Calificadoras de riesgo creen factible acuerdo entre Costa Rica y el FMI

Fuente: La Nación

Las tres principales calificadoras de riesgo, Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s (S&P), consideran que para Costa Rica es posible alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de lograr la sostenibilidad de la deuda pública.

El principal reto, argumentaron los voceros de las calificadoras a La Nación, será conseguir el consenso político para lograr las reformas necesarias y cumplir con los compromisos pactados con el organismo internacional.

Incluso para la analista de S&P, las políticas ejecutadas como parte del acuerdo con el Fondo podrían cimentar el camino hacia una mejora en la calificación de riesgo.

“Si las políticas acordadas por Costa Rica, como parte de un ‘stand-by’, son de apoyo y constructivas para el crecimiento y la dinámica fiscal, y pueden implementarse de manera creíble, es probable que respalden una mejora en sus calificaciones”, comentó a La Nación Lisa Schineller, analista de Standard & Poor’s.

  “Si las políticas acordadas por Costa Rica, como parte de un ‘stand-by’, son de apoyo y constructivas para el crecimiento y la dinámica fiscal, y pueden implementarse de manera creíble, es probable que respalden una mejora en sus calificaciones”. Lisa Schineller, analista de S&P.

Sin embargo, la visión de las tres agencias estadounidenses difiere de otros actores financieros internacionales como, por ejemplo, Bank of America, que en una opinión, el pasado 15 de julio, descartó la posibilidad del acuerdo con el Fondo, pues considera que no se lograrán las condiciones necesarias para aprobar las reformas legales en el Congreso.

Costa Rica anunció su intención de negociar un acuerdo “stand-by” con el FMI para obtener un financiamiento extra por unos $1.700 millones, los cuales se sumarían a los cerca de $508 millones del crédito rápido que se negocia en el Congreso, en este momento.

Precisamente, este martes 28 de julio, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa confirmó a los diputados que el crédito rápido de $508 millones con el FMI, sí requiere de aprobación legislativa.

  “Es factible llegar a un acuerdo con el Fondo. Muchos países llegan a un acuerdo con el FMI, no es imposible lograrlo. La clave es la voluntad política de Costa Rica, del Gobierno actual y de las diferentes facciones en la Asamblea Legislativa”. Gabriel Torres, analista de Moody’s.

Las tres agencias estadounidenses coincidieron en que un acuerdo con el FMI no implicará, por sí solo, una mejora en la calificación de riesgo soberano del país. Pero daría las herramientas necesarias al Gobierno para hacer sostenible la deuda pública.

Para Gabriel Torres, analista de Moody’s, si el eventual pacto permite al Gobierno lograr un mayor control de las finanzas públicas, será un paso muy relevante para el país.

“Es factible llegar a un acuerdo con el Fondo. Muchos países llegan a un acuerdo con el FMI, no es imposible lograrlo. La clave es la voluntad política de Costa Rica, del Gobierno actual y de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa”, destacó a La Nación Gabriel Torres, analista de Moody’s.

El especialista de Moody’s fue claro en que la estabilidad de las finanzas públicas no se logrará mediante recorte del gasto, será necesario un incremento relevante de los ingresos gubernamentales.

“La mayor importancia sería cuán exitoso es el gobierno ejecutando las condiciones fiscales del acuerdo con el FMI sobre todo aquellas que reduzcan el déficit fiscal y aseguren la sostenibilidad de la deuda pública”, explicó Morales a este diario.

“Lo importante para la calificación de riesgo son los compromisos políticos, así como la ejecución por parte de cualquier gobierno, y por gobierno incluimos al Ejecutivo, Legislativo y Judicial para apoyar el crecimiento y una sólida trayectoria de deuda fiscal”, sostuvo Schineller.

Los tres analistas afirmaron que el acuerdo con el FMI sería positivo si permiten disminuir el déficit fiscal y la deuda, contener el costo de los intereses y un manejo flexible de las finanzas públicas ante efectos adversos, locales o externos.

  “Los partidos (de oposición) más grandes en el Congreso están pidiendo al gobierno recortes presupuestarios para lidiar con los desequilibrios fiscales, pero se oponen fuertemente a los aumentos de impuestos. El PAC, sin embargo, (...) se encuentra en una crisis de identidad para adoptar la austeridad fiscal”. Bank of America, 15 de julio.

La entidad financiera internacional destacó que cualquiera de las medidas que tome el país será dolorosa, pues requerirá de un ajuste muy fuerte en las finanzas públicas.

Presidente del Congreso insiste en controlar la evasión y no más impuestos

Fuente: AM Prensa

Los nuevos impuestos de los que se habla, como el del aguinaldo y a los bienes y servicios a la canasta básica, la construcción y el turismo podrían reemplazarse si se cobraran bien los impuestos y se frenara la evasión y la elusión que sin duda, afectan al déficit fiscal.

“En medio de esta emergencia sanitaria y económica, los evasores deben perseguirse con la misma fuerza que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, persiguen el Covid-19. Cada propuesta de aumentar impuestos constituye una renuncia a perseguir penalmente a los autores y coautores del robo de 3 mil 800 millones de dólares”, aseguró Cruickshank.

El legislador cuestionó que el aumento de impuestos recaerá en las mismas personas que responsablemente contribuyen con el país.

“Ninguno de los impuestos que se proponen en medio de esta pandemia recaerá sobre los grandes evasores. Eso resta legitimidad y credibilidad a las propuestas de la OCDE y del Gobierno”, agregó el Presidente del Congreso.

Para el Presidente del Congreso son necesarias las reformas estructurales y deberían iniciarse interviniendo de forma inmediata los sistemas Tributario y Aduanal, y propuso además, eliminar los privilegios que generan las exenciones y exoneraciones.

Cierre de comercio por pandemia merma IVA en ¢82.000 millones

Fuente: CR Hoy

El cierre del comercio en la Gran Área Metropolitana (GAM) provoca que el Ministerio de Hacienda deje de recaudar más de ¢82.000 millones por concepto del impuesto al valor agregado (IVA), según estimaciones de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

La pérdida del fisco se debe a la caída en las ventas del sector comercial por la decisión del Gobierno de restringir las actividades en este ramo para impedir mayores brotes del COVID-19, que hasta este sábado sumaba un acumulado de 14.600 casos en el país desde su aparición en Costa Rica, el 6 de marzo pasado.

2020 será un año duro para las finanzas públicas debido a la caída de los ingresos del Ministerio de Hacienda.

Según esa cartera, la reducción de sus ingresos superará los $2.000 millones al cierre del año, mientras que la Contraloría General de la República calcula que el déficit fiscal (brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central) será superior a un 11,2% del producto interno bruto (PIB), en el que cada punto porcentual equivale a ¢360.000 millones.

Ante ese panorama, y debido al nulo espacio fiscal que tenía desde antes de la pandemia, el Gobierno gestionó préstamos con organismos financieros internacionales para apoyarse presupuestariamente.

Comercio muy golpeado por pandemia

En las últimas dos semanas el sector comercial reiteró los llamados al Gobierno para que les permita trabajar, debido a la cruda situación que atraviesan las tiendas de todo tipo. La Cámara de Comercio estima que hasta ahora las pérdidas en el sector ascienden a los $1.850 millones.

Además de la caída en la recaudación del IVA como efecto directo por la reducción en el volumen del comercio, la Cámara calculó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19, perdió ¢37.000 millones en recaudación de cuotas obrero patronales por el cierre del comercio, y el cálculo no incluye el efecto del ajuste en la Base Mínima Contributiva para los convenios de trabajadores independientes y asegurados voluntarios desde marzo pasado.

El comercio enumeró que, producto de las medidas de atención de la emergencia sanitaria, el subsector de restaurantes alcanzó en junio 101.460 colaboradores despedidos y un 75% de los negocios abiertos redujeron su planilla en un 26% al mes pasado. 

Cálculos del gremio comercial indican que el 90% de los negocios reportan una caída en las ventas de más de un 30%.

La Cámara de Comercio afirmó que los negocios están listos para operar los 7 días de la semana gracias a los protocolos para impedir contagios del COVID-19. 

Por esto, le solicitaron al Gobierno que permita la operación de los negocios hasta las 10 p.m. así como que los bares puedan abrir, que no se declare la Ley Seca y que apoye al sector con capital para trabajo.

 

Francisco Fonseca Montero asume Dirección General de Hacienda

Fuente: Ministerio de Hacienda

Francisco Fonseca Montero, especialista en materia tributaria, aduanera, reforma fiscal y con más de 32 años de laborar para el Ministerio de Hacienda, es desde este 22 de julio el Director General de Hacienda.

Fonseca es máster en Banca y Finanzas, de National University licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, y contador público autorizado. Además, es profesor universitario de postgrado en Asesoría Fiscal, de la Universidad de Cooperación Internacional.

Don Francisco se ha desempeñado como director general de Tributación (DGT), de Aduanas, de la Dirección Administrativa y Financiera de Hacienda, de Grandes Contribuyentes Nacionales y de Tributación Internacional, ambas direcciones de la DGT.

Asimismo, ha coordinado proyectos y programas de reforma fiscal en el Ministerio y ha participado activamente en los equipos técnicos que han llevado adelante diferentes iniciativas de mejora en la Administración Tributaria, entre ellos: Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal; Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal; Proyectos de ley del Programa de Reforma Fiscal y el componente tributario para el ingreso de Costa Rica a la OCDE. También representó al país como miembro del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributaria (CIAT).

“Es un gran reto asumir la Dirección General de Hacienda en una coyuntura extraordinaria para el mundo entero, en la que la política fiscal es uno de los elementos claves para enfrentar los impactos y apoyar el crecimiento económico. Nuestro principal objetivo será aportar los estudios económicos y tributarios, con la calidad y exactitud requeridas para apoyar la toma de decisiones; promoviendo, a su vez, un justo equilibrio entre los incentivos fiscales y la efectividad del sistema tributario. Agradezco profundamente la oportunidad y pondré mi compromiso y experiencia al servicio de este objetivo”, indicó el nuevo Director General de Hacienda.

BCIE aprueba US$300 millones a Costa Rica para mitigar los efectos ocasionados por la pandemia

Fuente: BCIE

Con la finalidad de apoyar a la República de Costa Rica en la mitigación de los efectos económicos ocasionados por la COVID-19, reforzar su sostenibilidad fiscal, mantener el desarrollo bajo en carbono y fortalecer su estabilidad macroeconómica, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó créditos por US$300 millones.

De esta manera, Costa Rica se convierte en la primera nación en recibir el monto máximo de US$250 millones anuales disponibles para cada país dentro del Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD). Además, recibe US$50 millones adicionales para atender la emergencia ocasionada por la pandemia en el marco del Programa Regional del BCIE de Apoyo y Preparación ante la COVID-19 y Reactivación Económica.

Estos recursos financieros de rápido desembolso contribuirán a reforzar la sostenibilidad fiscal de Costa Rica y sentar las bases para la recuperación económica, promoviendo el crecimiento y desarrollo amigable con el ambiente que caracteriza a Costa Rica.

“El objetivo primordial del Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD) del BCIE es apoyar financieramente a sus países miembros en la implementación de acciones que permitan la reactivación y fortalecimiento de sus economías procurando su estabilidad macroeconómica”, destacó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.

Al referirse a estos fondos el ministro de Hacienda, Elian Villegas señaló: “En medio de esta pandemia que también ataca la salud financiera de Costa Rica, el crédito del BCIE viene a permitirnos mantener el mercado interno sin una excesiva presión, de forma que el ahorro de los costarricenses apoye el esfuerzo de la reactivación económica que debe ir de la mano entre el Gobierno y la empresa privada; así que esta es una manera de colaborar en ese esfuerzo nacional,  que es imperativo en este momento para el país”.

¿Aplicó la moratoria de impuestos del Gobierno y ve difícil pagar este año?Estas son las condiciones

Fuente: El Financiero

Si forma parte de los contribuyentes que se acogieron a la moratoria de impuestos del Gobierno en los meses de marzo, abril y mayo, tome en cuenta los tiempos de pago y trámites que debe cumplir para seguir las reglas del juego.

La Ley de Alivio Fiscal (Ley 9830) se promulgó como una forma de dar oxígeno en el pago de los impuestos, ante el golpe que recibieron los contribuyentes en sus ingresos por la pandemia.

Ese texto estipuló el 31 de diciembre del 2020 como fecha de pago límite para cancelar los impuestos correspondientes a los tres meses adeudados, sin que esto implicara ningún tipo de intereses a pagar o sanciones por enfrentar.

Como en toda ley, este alivio representa cuidados y pasos a seguir para evitar un cobro por incumplimientos. Si esto ocurre enfrentará el pago de intereses y sanciones, que correrían a partir del 1 de enero del 2021, aclara la Dirección de Recaudación del Ministerio de Hacienda.

La opción que exige más cautela es la facilidad de pago, que implica la solicitud de una extensión de esa fecha (es decir, pagar sin intereses en el 2021) ante la imposibilidad de saldar la deuda.

Uno de los bemoles de esta alternativa es que el contribuyente debe cancelar un monto para poder solicitar el trámite, es decir, la moratoria y la extensión del plazo no se da por el 100% de la deuda, explica Randall Madriz, socio Impuestos de Deloitte Costa Rica. Esto debe cumplirlo antes de que termine el mes de octubre.

El único trámite que debía cumplir en este caso era presentar las declaraciones para los meses de marzo, abril y mayo, aun cuando tiene tiempo de cancelar hasta fin de año.

Si opta por esta vía, debe remitir el comprobante de pago, es decir una copia del recibido, mediante correo electrónico a la Administración Tributaria, para que se actualice el saldo adeudado. El asunto a indicar en cada depósito y correo es “Pago a cuenta por Ley de Alivio Fiscal ante COVID-19″.

Esta se da cuando el contribuyente encuentra dificultades para atender el pago de los impuestos de la moratoria en este año y por tanto, debe pedir una facilidad de pago que le permita extender este plazo.

El Reglamento de la Ley delegó en una resolución administrativa la definición de los requisitos y procedimientos para obtener la facilidad de pago. En esa resolución, además, se determina que el pago de prima se cancela sin que el contribuyente haya recibido una aprobación.

El primer paso entonces es pagar el 20% de la deuda, luego descargar y llenar el formulario de aplicación para fraccionar el pago de los impuestos pendientes. Este formulario debe ser firmado digitalmente por el obligado tributario, su representante legal o apoderado.

Al momento de enviarlo vía correo electrónico debe indicar el correo acreditado en la ficha del Registro Único Tributario, ya que ahí se le enviará la notificación. Si no cuenta con una, debe acceder a una mediante el sitio Administración Tributaria Virtual (ATV).

Posteriormente, el caso del contribuyente pasara a estudio y será notificado si se requiere de alguna aclaración. Si es así, tendrá diez días hábiles, y en caso de no cumplir con lo requerido se rechazará su solicitud.

La respuesta puede indicar aprobación o rechazo. El oficio con la aprobación detallará las condiciones de la facilidad de pago, en términos de plazo, fechas de vencimiento y montos de las cuotas.

Una vez pactadas las condiciones, si el contribuyente desea hacer un pago extraordinario debe pactarlo de previo con la Administración Tributaria. Estos pagos adicionales podrán, a solicitud del contribuyente, disminuir el pago mensual de las cuotas o mantener estas sin cambios para terminar de pagar antes del plazo, explica Hacienda en su sitio web.

  Los contribuyentes del impuesto al valor agregado (Ley N° 6826), respecto a los periodos fiscales de marzo, abril y mayo de 2020.
  Los contribuyentes del impuesto al valor agregado inscritos en el Régimen de Tributación Simplificada, pero únicamente con respecto al primer trimestre del año 2020.
  Los contribuyentes del impuesto al valor agregado inscritos en el Régimen Especial Agropecuario, pero únicamente con respecto al primer cuatrimestre del año 2020.
  Los contribuyentes de los impuestos selectivos de consumo, respecto a los periodos fiscales de marzo, abril y mayo de 2020.

Gobierno evita decir si apoya proyectos para aumentar impuestos a capitales más ricos

Fuente: Amelia Rueda

La Presidencia de la República evita comentar si impulsará o no proyectos para aumentar los impuestos que pagan los sectores más adinerados y que han sido menos golpeados por la pandemia del Covid-19. Dicha recomendación la realizó al presidente Carlos Alvarado su grupo de “garantes éticos”, elegidos por el propio mandatario para apoyar su gestión.

AmeliaRueda.com consultó si el Gobierno tiene entre sus sus planes impulsar iniciativas en esa dirección y pidió una posición por parte del Poder Ejecutivo en relación con el proyecto de ley que impulsa la diputada oficialista Paola Vega, que impulsa aumentar los gravámenes —de forma transitoria— para las personas físicas y jurídicas que siguen ampliando sus rentas.

Casa Presidencial omitió responder de forma directa ambas preguntas, las cuales se realizaron explícitamente. En su respuesta, Presidencia únicamente señaló que “el Gobierno de la República recibe con la misma apertura de siempre el llamado de los Garantes Éticos, quienes coinciden en varios puntos con el mensaje del Presidente de la República”.

“Como lo indicara el mandatario Costa Rica, es una “gran familia, debemos cuidar a los más pequeños y vulnerables, debemos proteger a la niñez, a las mujeres y a aquellos más humildes (...) Y quienes están mejor, deben por solidaridad aportar más a las soluciones”, redactaron.

No obstante, no indicaron cómo perseguirían ese objetivo.

Ante la omisión, AmeliaRueda.com reiteró sus preguntas; las cuales no fueron respondidos hasta el cierre de esta nota.

El Gobierno sí se refirió sobre los llamados del grupo de garantes éticos para frenar con mayor fuerza la evasión fiscal, ante lo cual indicaron que el Poder Ejecutivo impulsa el proyecto de transformación digital del Ministerio de Hacienda. Este proyecto se financiaría con un crédito internacional por $160 millones con el Banco Mundial, el cual sigue pendiente de aprobación legislativa.

“El Gobierno presentó el pasado 2 de junio en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley “Hacienda Digital para el Bicentenario”, el cual transformará, modernizará, y digitalizará la gestión de la institución, con el propósito de facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y dar un mejor servicio al cliente”, redactaron.

Según el Ejecutivo, el texto “representa una necesidad, a fin de que el Ministerio de Hacienda sea una institución moderna y competitiva, que logre fortalecer la estabilidad y la toma de decisiones en materia fiscal”.

Además, dicen que el proyecto tendría un retorno de inversión del 142%, con beneficios percibidos de $5.861,9 millones (9.5% del PIB) durante los primeros diez años.

Sobre las propuestas de diálogo realizadas (reiteradas por los garantes, pero que también han sido un reclamo de distintos sectores), el Gobierno señaló que coincide con el llamado de “unidad nacional”. En esa línea, dijo que el Gobierno ha comenzado un proceso de diálogo con los diputados jefes de fracción y que también iniciará reuniones con los representantes de sectores sociales.
Situación crítica

El Gobierno corre para llenar la caída en sus ingresos estatales y además cumplir con sus obligaciones económicas, que cada vez aumentan un poco más para atender la pandemia del nuevo coronavirus. Solo para este 2020, el país estima una reducción de ¢1,17 billones en sus ingresos, ¢1,156 billones en impuestos.

Hasta ahora, la principales medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo para paliar esta situación se han concentrado en reducciones presupuestarias, fijación de precios de combustibles, negociaciones de créditos internacionales y ahora impulsa una reducción de jornadas del 15% para trabajadores del sector público (sin éxito todavía).

La situación es crítica para el país. El Banco Central estima además la peor contracción económica desde la crisis de los años 80; incluso con una caída en el consumo interno de los hogares que no se había visto en los últimos 38 años.

Gobierno respalda plan que subiría impuestos y peajes para apoyar tren eléctrico

Fuente: CR Hoy

Entre los 83 proyectos de ley que convocó el Poder Ejecutivo para el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa contemplado entre el 1° de diciembre de 2019 y el 30 de abril de 2020 destaca el expediente 20.313 denominado Ley de Financiamiento del Instituto Costarricense de Ferrocariles (Incofer).

Ese texto fue elaborado a inicios de 2017 por el entonces diputado Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), junto con otros compañeros de bancada y diputados de otras fracciones legislativas, y propone subir dos impuestos así como los peajes con el objetivo de financiar los proyectos de modernización ferroviaria de la entidad, como el tren eléctrico.

En concreto, la propuesta pretende un incremento en el impuesto selectivo de consumo a los vehículos (al comprar un carro nuevo o usado), un aumento al impuesto de valor de propiedad de los vehículos (que se paga anualmente en el marchamo) y una contribución sobre lo que se recauda en las estaciones de peajes de carretera.

El planteamiento surgió como complemento a la Ley de Fortalecimiento del Incofer, aprobada el 7 de junio de 2016 por la Asamblea Legislativa.

Las sesiones extraordinarias (fechadas anualmente entre el 1° de diciembre y el 30 de abril y entre el 1° y el 31 de agosto) representan la posibilidad para que el Poder Ejecutivo convoque al parlamento los proyectos de ley de su interés para discusión y posterior aprobación.

En el oficio DM-845-2019, dirigido el 28 de noviembre de 2019 al directorio legislativo, el entonces ministro de Presidencia, Víctor Morales Mora, y Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de la República, incluyeron el expediente 20.313 entre las iniciativas de interés para el gobierno durante el reciente período extraordinario.

Según consta en el sitio web de la Asamblea Legislativa, el proyecto tuvo un vencimiento ordinario el pasado 29 de abril tras no ser discutido, sin embargo mantiene un vencimiento cuatrienal para el 15 de marzo de 2021 y aún podría ser retomado en próximos meses.

¿Qué es lo que se propone?

En abril de 2017, el ingeniero Christian Vargas, quien fungía como presidente ejecutivo de Incofer, explicó a CRHoy.com que los recursos obtenidos a través de esos impuestos permitirían financiar distintos proyectos, entre ellos el futuro tren eléctrico.

Vargas indicó en esa oportunidad que el fondo obtenido rondaría los 12 mil millones de colones anuales. Incluso, en 2017, el entonces diputado Redondo enfatizó en el proyecto del tren eléctrico e indicó que “el Estado tendrá que subvencionar las tarifas del tren para hacerlas atractivas sin importar si se gestiona a través de vía concesión o fideicomiso,  pues las tarifas que pagarán los usuarios no cubrirán los costos de operación y por eso se necesita el fondo el fondo”.

El plan presentado en 2017 propone que en el caso del marchamo se modifique la tasa mínima del cobro (de 26 mil colones a 27 mil colones) y que se incrementen los porcentajes del impuesto cobrado según el valor tributario del vehículo.

En el caso del impuesto selectivo del vehículo (que en ese año tenía una tasa del 30%) se aumentaría en 7.5% para los vehículos de más de 10 años de antigüedad. Mientras subiría un 5% para los de 5 a 10 años de antigüedad y 2.5% para los vehículos cuya antigüedad sea de 2 a 5 años. Y, por último, se fijaría un incremento del 1% para los carros con menos de 2 años.  Un 8% de lo recaudado con el impuesto iría destinado a la modernización del sistema de ferrocarril.

Por otro lado, sobre los peajes, la propuesta tendría una validez de hasta 5 años y el incremento propuesto sería de este tipo: 29 colones más para motos, 88 colones más para vehículos livianos, 117 colones más para vehículos de 2 ejes y 234 para automotores pesados y buses.

Además del incremento en impuestos y peajes, el plan estipula que el Incofer recibiría un aporte único de 500 millones de colones provenientes del Fondo de Seguridad Vial y le confiere la potestad de recibir los recursos no utilizados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial.

Según indicó este martes 21 de julio el Incofer, mediante una serie de tuits, la propuesta de ley no es impulsada por la entidad y alegaron a varios usuarios de esa red social que “si se lee el texto se constata que no se proponen impuestos adicionales, sino una redistribución del existente”. Es cierto, pues en realidad lo que la iniciativa procura es incrementar tributos ya existentes.

Consulte el proyecto de 2017 AQUÍ

Incofer niega un impuesto

La aplicación de cargas impositivas para incentivar el uso del transporte público fue tema de discusión el pasado 16 de julio en un foro del Congreso Internacional Ciudades Sostenibles organizado por el Green Building Council de Costa Rica (GBCC).

En la actividad estuvo Mario Durán Fernández, director de la Unidad Ejecutora del TRP en Incofer, se refirió a este aspecto puntual y señaló que una mezcla de mecanismos (incentivos y desincentivos como impuestos) sería la ruta más adecuada para equilibrar el uso del transporte público versus los vehículos privados.

“Personalmente, creo que es un poco de las dos. Se pueden crear incentivos orientados al uso del transporte público y comparto su opinión y su visión de que esto tiene que ir acompañado de ciertos desincentivos al uso de vehículos privados. El tema de los estacionamientos en el centro de la ciudad es fundamental (…) No me gusta decir la palabra impuestos, pero aumentar el costo de los combustibles de alguna forma para que la gente se vea desincentivada a usar su vehículo particular (…) No sé, marchamo, etcétera (…) Se usan también temas de franjas horarias. Hay muchísimas experiencias a nivel del mundo de cómo desincentivar el uso del vehículo privado. Para que esto tenga éxito se tiene que hacer un mix para hacer las dos cosas: incentivar el uso de transporte público y desincentivar el uso del vehículo privado”, respondió Durán al ser consultado por el reconocido académico Roberto Artavia Loría.

Al ser consultado por CRHoy.com, Durán rechazó la existencia de “cualquier intención de financiar el proyecto a través de algún impuesto a los combustibles” y negó que esta también sea una posibilidad para eventualmente incentivar su uso (…) El comentario se da en un foro donde la conversación más allá del proyecto del tren, giraba en torno al transporte público en general y ante consulta y comentarios del moderador del foro con relación específica a mecanismos que se han utilizado para desincentivar el uso del vehículo privado”, aseguró el funcionario, quien no hizo referencia a la iniciativa de ley presentada por el gobierno.

Actualmente existe una férrea discusión sobre los principios técnicos y socio-económicos para sustentar el TRP. Además, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa discute la aprobación de un crédito por $550 millones, otorgado por el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), que fungiría como parte del aporte estatal para la obra (estimada en un total de $1.500 millones bajo la modalidad de concesión).

El Estado tendría que aportar anualmente entre $50 millones y $150 millones al subsidio de operación del tren eléctrico vía concesión. ¿De dónde saldrán esos recursos? Hasta la fecha la respuesta no es clara por parte de las autoridades.

 

Migración al IVA y factura electrónica amortiguaron caída en recaudación de impuestos

Fuente: La Nación

La caída en la actividad económica que provocó la pandemia y la moratoria de impuestos para aliviar sus efectos ocasionaron una fuerte caída en la recaudación tributaria en el primer semestre del 2020, de 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, en medio de la contracción destacan dos tributos que presentan un crecimiento importante en ese mismo periodo: el IVA interno y la renta a las personas físicas, lo cual deja en evidencia algunos de los frutos de la nueva ley fiscal.

El impuesto al valor agregado (IVA) interno es el 13% que se cobra sobre las ventas de bienes y servicios. Este era el antiguo impuesto de ventas, que antes se cargaba, principalmente, sobre bienes, pero que a partir del 1°. de julio del 2019 se extendió a servicios.

De esta forma, la base sobre la cual se cobra el tributo, que son las ventas de bienes y servicios, se extendió, y eso ayudó a subir la recaudación, pero con la pandemia también dicha base cayó porque la actividad económica se contrajo. De hecho, en mayo del 2020 la producción del país, medida con el índice mensual de actividad económica (IMAE), decreció 7,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Aún con estos cambios, la recaudación del IVA en el ámbito interno subió 12,3% a junio 2020; lo que representa ¢51.327 millones más (0,14% del producto interno bruto) en comparación con igual periodo del año anterior.

Carla Coghi, socia directora de Deloitte, recordó que, según las proyecciones de recaudación del Ministerio de Hacienda para la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (en julio del 2019), se esperaba un aumento de la recaudación de este impuesto del equivalente al 0,48% del producto interno bruto (PIB), unos ¢170.000 millones.

La aplicación del IVA también tuvo otro efecto positivo para la recaudación y es que permitió conocer con detalle los ingresos de quienes venden servicios y eso es un factor que ayuda a mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta de personas físicas.

“El IVA ayuda al control de renta, al menos en la autoliquidación la gente sabe que si declara el IVA tiene que declarar renta”, explicó Adrián Torrealba, exdirector de Tributación.

La implementación de la factura electrónica también contribuyó a este control y es otro elemento que ayuda a explicar el aumento en la recaudación del tributo a personas físicas.

Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, explicó que el proceso de masificación o generalización en el uso de factura electrónica concluyó a finales del 2018, pues se hizo de forma gradual, de manera que es a partir del 2019 que se puede considerar el año completo con factura electrónica.

En ese año se comenzaron a ver los frutos de la aplicación de este comprobante. Hernández comentó que en el 2019, por ejemplo, se dio un incremento de 15,7% en comparación al 2018 por concepto de recaudación del impuesto sobre la renta a profesionales liberales.

“Recordemos también que desde el 2018, tanto en IVA como en renta, se ha venido implementando, de forma gradual, la utilización de la factura electrónica, lo cual es clave en temas de control y trazabilidad.

“Vernos obligados a exigir el comprobante de compra, porque lo requerimos para, además de respaldar el gasto, aprovechar el crédito fiscal del IVA, ayuda a minimizar el riesgo de evasión, pues una vez emitido el comprobante se origina un registro contable”, comentó Coghi.

Un factor más que ayuda a explicar el incremento en la recaudación de renta de personas físicas es con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –vigente desde diciembre del 2018 y en su parte de impuestos, desde julio del 2019–, donde la ley incluyó nuevos recursos dentro de la definición de renta personal y aclaró otros temas.

Por ejemplo, ahora las ganancias de capital de una persona que vende una propiedad son parte de la renta personal o las ganancias cambiarias y las rentas por alquileres. Aunque antes también estaban gravadas, había muchas dudas.

“También suma a este crecimiento la entrada en vigencia del nuevo capítulo XI Ganancias, rentas y pérdidas de capital, en julio de 2019. Por ejemplo, en el caso de los alquileres, había muchas dudas, las cuales iban desde si se tenía que emitir factura, hasta el hecho de si se tenía que pagar impuesto sobre la renta.

Los resultados parecieran indican, también, que hay un avance en un problema que la Contraloría General de la República ha denunciado en sus informes y es la baja renta que reportaban los profesionales liberales. Se consultó a dicha entidad sobre si existe alguna actualización sobre este elemento, pero informó de que lo están analizando.

Encargado de proyecto del tren no descarta impuestos para desincentivar el uso de carros

Fuente: CR Hoy

En países de Europa y Norteamérica la aplicación de cargas impositivas se aplica para desincentivar el uso del vehículo privado en beneficio otros sistemas de transporte público.

Existen diferentes mecanismos para cumplir con ese objetivo: impuestos a los combustibles, cobro de marchamo (como ya existe aquí),  la aplicación de franjas horarias para circular (como existe actualmente con la restricción vehicular) o carriles exclusivos para otros tipos de transporte.

El tema fue punto de análisis el pasado 16 de julio en un foro del Congreso Internacional Ciudades Sostenibles organizado por el Green Building Council de Costa Rica (GBCC).

En la actividad participó Mario Durán Fernández, director de la Unidad Ejecutora del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), quien se refirió a este aspecto puntual y señaló una mezcla de mecanismos como la ruta más adecuada para equilibrar el uso del transporte público versus los vehículos privados.

“Personalmente, creo que es un poco de las dos. Se pueden crear incentivos orientados al uso del transporte público y comparto su opinión y su visión de que esto tiene que ir acompañado de ciertos desincentivos al uso de vehículos privados. El tema de los estacionamientos en el centro de la ciudad es fundamental (…)

No me gusta decir la palabra impuestos, pero aumentar el costo de los combustibles de alguna forma para que la gente se vea desincentivada a usar su vehículo particular (…) No sé marchamo, etcétera (…) e usan también temas de franjas horarias. Hay muchísimas experiencias a nivel del mundo de cómo desincentivar el uso del vehículo privado. Para que esto tenga éxito se tiene que hacer un mix para hacer las dos cosas: incentivar el uso de transporte público y desincentivar el uso del vehículo privado”, respondió Durán al ser consultado por el reconocido académico Roberto Artavia Loría.

Actualmente existe una férrea discusión sobre los principios técnicos y socio-económicos para sustentar el TRP. Además, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa discute la aprobación de un crédito por $550 millones, otorgado por el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), que fungiría como parte del aporte estatal para la obra (estimada en un total de $1.500 millones bajo la modalidad de concesión).

¿Es factible aplicar impuestos o desincentivos al uso de vehículo privado en Costa Rica en el marco del ambicioso proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido también como Tren Eléctrico Metropolitano?

Al ser consultado por CRHoy.com, Durán rechazó la existencia de “cualquier intención de financiar el proyecto a través de algún impuesto a los combustibles” y negó que esta también sea una posibilidad para eventualmente incentivar su uso.

“Rechazamos que exista cualquier intención de financiar el proyecto (TRP) vía algún aumento al impuesto al combustible. Sobre la consulta específica, es importante indicar que nunca se señaló que para incentivar el uso del tren eléctrico se debían incrementar los impuestos a los combustibles.

“El comentario se da en un foro donde la conversación más allá del proyecto del tren, giraba en torno al transporte público en general y ante consulta y comentarios del moderador del foro con relación específica a mecanismos que se han utilizado para desincentivar el uso del vehículo privado. Alemania o Canadá son ejemplos de países que han usado ese tipo de desincentivo“, externó el funcionario.

Tren eléctrico

El trazado del tren eléctrico, que se daría en concesión a una empresa privada, se extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Alántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.

La inversión total rondaría los $1.550 millones, con un aporte estatal inicial de $550 millones financiados por el crédito del BCIE (cuya aprobación se discute en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa)

Dependiendo de la oferta de las compañías, el Estado hará el aporte anual que oscilaría entre los $50 millones y las $ 150 millones. ¿De dónde saldrán esos recursos estatales? Aún no se sabe.

Las estimaciones iniciales apuntan a que el servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda proyectada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representa aproximadamente 200 mil pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año.

El plan del Poder Ejecutivo según el cronograma dispuesto es que la empresa concesionaria quede seleccionada en los primeros meses de 2021.

Si todo sale como está previsto, las 2 primeras líneas del tren eléctrico funcionarán en 2023. La concesión se otorgaría por un plazo de 30.5 años.

La propuesta se complementa con 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.

 

Diputados eximen a construcción y turismo del IVA por un año sin buscar fuentes alternas de recursos

Fuente: La Nación

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, dos proyectos de ley que eximen del pago del impuesto al valor agregado (IVA) los servicios de turismo y construcción por un año más, pero sin buscar una fuente alterna de ingresos frescos para el Gobierno.

Se trata de los expedientes 21.934 y 21.637, que frenan el cobro tributario a dichos sectores, que empezó a regir el 1.º de julio pasado, tal como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635.

En el caso de los servicios turísticos, se trata de una propuesta del liberacionista Roberto Thompson que los mantiene exentos durante un año más y atrasa también el cobro escalonado de ese impuesto.

De esa manera, a partir del 1.º de julio del 2021, todos los servicios turísticos empezarán a pagar una tasa del 4% del IVA, un 8% a partir de julio del 2022 y la tarifa genera, que es un 13%, a partir de julio del 2023.

La idea es que apoyar a todas las empresas del ámbito turístico, que es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus en el país.

Tal como lo fijó la ley, los proyectos que se habían registrado y visado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) antes del 30 de setiembre del 2019, empezaron a pagar esa tasa del 4% desde el 1.º de julio pasado.

La propuesta de Chacón extiende la exoneración total, incluso para los proyectos presentados a partir de octubre del 2019 y los que se presenten hasta el 30 de junio del 2021.

A partir de julio del 2021 y por un año, todos los proyectos -registrados antes y a partir de esa fecha- pagarán ya la tarifa del 4%; a partir de julio del 2022, la tarifa será del 8% y a partir de julio del 2023, aplicará la tarifa general: 13%.

Los diputados tomaron dicha decisión pese a las advertencias del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República respecto al riesgo de descubrir varias fuentes de ingresos sin buscar una compensación para los ingresos tributarios del Estado.

Int’l El Senado revisará los impuestos a las plataformas digitales

Fuente: Forbes México

Integrantes del Senado de la República llevarán a cabo una revisión a la aplicación de impuestos a plataformas digitales que se establecieron desde el 1 de junio de este año, afirmó el senador por Morena Alejandro Armenta Mier.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta señaló que se ha detectado en estas plataformas digitales de empresas internacionales el “traslado abusivo del Impuesto Sobre la Renta”, a los consumidores finales.

“El año pasado que aprobamos la Ley de Ingresos 2020 se hicieron 10 reservas una de las reservas tuvo que ver con el rango tributario para las empresas de plataformas digitales, este año vamos a revisar nuevamente este tema”.

Con este nuevo esquema los dos principales impuestos que se cobran a empresas de plataformas digitales son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) enfocados en las plataformas de streaming como Netflix; y las plataformas de intermediación entre terceros que ofrecen bienes o servicios a los demandantes de estos, en cuyo caso entran empresas como Uber y Amazon.

Asimismo se integran los clubes en línea y páginas de citas y los sitios de enseñanza a distancia.

Una vez que inició la aplicación de estos impuestos a las plataformas digitales, usuarios de los servicios expresaron su molestia a través de redes sociales por el traslado de los impuestos al costo final en la adquisición de los bienes y servicios.

“Los prestadores de servicios digitales tienen que presentar una declaración especial. Como estas plataformas son extranjeras entonces no estaban sujetas a estas declaraciones y tampoco emiten los comprobantes fiscales con los requisitos específicos que establecen las leyes mexicanas, entonces todo esto realmente se vuelve complicado para iniciar con el proceso”, explicó el abogado Ibarra Barajas, experto en temas fiscales.

El experto explicó que lo natural es que lo común es que el IVA se traslade al costo final de un servicio o producto, aunque esto no ocurre en el caso del ISR.

Sigue la información de la pandemia de coronavirus y su impacto en la economía

“En lo que respecta al ISR es más complejo, el impuesto lo paga la persona que recibe el ingreso y aquí hay dos formas:  algunas plataformas digitales son intermediarios entre los prestadores de servicios,  en los casos de Cabify o Uber o los de Airb&b, la plataforma digital es un intermediario pone en contacto al consumidor del servicio con el que brinda el servicio y hasta antes del 1 de julio lo único que hacían era cobrarle una comisión”, explicó.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de este impuesto a dichas plataformas, éstas tendrán que retener el impuesto sobre la renta a la persona que recibe el ingreso por la prestación de estos servicios y posteriormente tiene que enterar al fisco.

Proponen exonerar del IVA a los insumos agropecuarios

Fuente: CR Hoy

Un proyecto de ley busca exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un año a los insumos agropecuarios, debido a la crisis económica ocasionada por el COVID-19.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.075- fue propuesta por la diputada Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Se trata de una reforma al inciso d, numeral 3 del artículo 11 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que también exoneraría del pago del tributo a los insumos para la actividad pesquera.

“Frente a la posibilidad de que las empresas y personas que se dedican a estas importantes actividades, se vean obligadas a utilizar parte de su raquítico y golpeado presupuesto para el cumplimiento de esta nueva obligación tributaria asociada al pago del impuesto sobre el valor agregado, es que a través de este proyecto, se propone otorgar una exoneración de esas obligaciones durante un año, a fin de que dichos recursos puedan ser destinados al pago de salarios, de créditos y cargas sociales, para así contribuir a evitar el aumento en el ya creciente desempleo nacional“, indica la legisladora en el texto.

 

Recaudación de impuestos cayó en ₡268 754 millones a junio

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La recaudación de impuestos cayó en un 0,76% del Producto Interno Bruto (PIB) a junio, lo que significa unos ₡268.754 millones.

Los efectos de la pandemia sobre la recaudación tributaria generaron un fuerte impacto en los ingresos del Estado todavía el mes pasado, un comportamiento que se repitió en la mayoría de tributos importantes.

Por ejemplo, en relación al impuesto al valor agregado (IVA) total la reducción de de unos ¢34.150 millones en relación con el mismo periodo del año pasado. Esto significa una reducción del 4,57%..

El IVA interno tuvo un crecimiento del 12% (¢51 mil millones más que el año pasado); sin embargo el indicador total se vio arrastrado a la baja debido a la caída en aduanas, que fue del 25%.

El impuesto de renta cayó 10,34%. A junio, el Ministerio de Hacienda dejó de recaudar ¢94.715 millones.

Las medidas de confinamiento y de teletrabajo aplicadas también arrastraron a una caída en el impuesto a los combustibles.

La recaudación por el impuesto único a los combustibles de un -16%.

También cayeron los ingresos por selectivo de consumo, a las importaciones y derechos de salida.

Con los resultados, el déficit financiero a junio fue de ¢1.365.710 millones, equivalente a 3.84% del PIB.

 

“No más impuestos”: Empresarios y cooperativas rechazan petición de OCDE

Fuente: CR Hoy

La petición lanzada el miércoles por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de establecer nuevos impuestos, entre ellos al aguinaldo y a algunas rentas, no fue bien recibida por el sector empresarial, comercial y de cooperativas costarricenses.

Contrario al gobierno, que no lo descartó de primera entrada, los generadores de empleo privado en el país más bien llamaron la atención del gobierno a no tomar en cuenta esta recomendación, y por el contrario, enfilar sus baterías en temas pendientes como la reforma del Estado, la reducción del gasto, la mejora de trámites, la reducción de costos eléctricos y la lucha contra la informalidad.

Según propuso la OCDE, es necesario que el país se plantee una reforma tributaria que involucre cobrar un impuesto al aguinaldo, cobrar impuesto de renta sobre los ingresos de las cooperativas y elevar el impuesto al valora agregado (IVA) a la salud y educación privadas.

Tanto Pilar Garrido, ministra de Planificación, como Elián Villegas, ministro de Hacienda, reaccionaron cautos a la propuesta, pero no la descartaron. En su lugar más bien confirmaron la necesidad de que el país analice ajustes tributarios a futuro. Villegas fue más allá y dijo que si bien hoy, no hay proyectos contemplados, no puede dar seguridad de que esto sea así en “22 días o un mes”.

Víctor Ruíz, vicepresidente de la Cámara de Comercio, afirmó que existen varias coincidencias con los llamados de la OCDE, pero los impuestos no es una de ellas.

Ruíz señaló que es vital que exista un compromiso por parte del gobierno en hacer cumplir la reforma fiscal. Esta legislación ha sido bombardeada en el último año y ha sufrido algunos cambios que la han debilitado, en especial en cuanto al cumplimiento de la regla fiscal, que impide a las entidades estatales endeudarse más allá de niveles sanos.

“Urge en el país la congelación de plazas y reformar el empleo publico. algo muy necesario también es la escala única para eliminar las grandes distorsiones. Otro aspecto con el que sí coincidimos con la OCDE y que es fundamenta, es la lucha contra lo que denominados tramitomanía. Costa Rica cayó 7 puestos en el Doing Business”, relató Ruíz.

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias indicó por su lado que ellos coinciden en la necesidad de avanzar en una mejor gestión de las finanzas públicas, pero sin aumentar la carga impositiva para el sector productivo.

También coinciden en la reducción de trámites y regulaciones para mejorar el clima de negocios y en las reformas necesarias para mejorar la competitividad y generar empleo. Entre esas medidas, es indispensable reducir las tarifas eléctricas y de los combustibles industriales, afirmó.

“El ingreso de Costa Rica a la OCDE representa una oportunidad para implementar reformas necesarias que como país, necesitamos para ser más competitivos, con base en las mejores prácticas internacionales. Al respecto, el estudio económico de Costa Rica presentado el 15 de julio, señala una serie de recomendaciones que debemos analizar de acuerdo a nuestra realidad económica”, añadió.

Tras conocer la recomendación de la OCDE este jueves el Consejo Nacional de Cooperativas sesionó para tomar un acuerdo en torno a la petición de los impuestos y pidieron de entrada excluir al sector de ser sujetos de nuevas tasaciones.

“El artículo 78 de la Ley 4179, dispone que para todo efecto legal las cooperativas no generen utilidades. Los saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico correspondiente, son ahorros o excedentes que pertenecen a sus miembros, producidos por la gestión económica de la asociación, y por ello no se pagará el Impuesto sobre la Renta. Cabe agregar que de cobrarle impuesto de renta a las cooperativas se caería en una doble imposición, pues ya se le aplica a sus asociados y asociadas cuando se le retiene el 10% para pago de renta, indicó la agrupación.

Los cooperativistas también salieron en defensa del aguinaldo:

“El aguinaldo es una conquista histórica y un triunfo del pueblo costarricense, por lo cual no debe ser objeto de deducciones legales de ninguna especie”, afirmó la organización.

La OCDE es una organización cuya sede principal se encuentra en París, y está compuesta – entre otros- por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.

Costa Rica ya cumplió con todos los requisitos para formar parte de este grupo y solo está a la espera de cumplir con el trámite final de recibir la invitación formal y dar por aceptado su ingreso

 

Juzgados laborales colapsados por la pandemia

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

- Expertos recomiendan en lo posible llegar a acuerdos alternos
- Sentencias firmes podrían durar hasta 4 años

Debido a los cierres provocados por la pandemia, tanto en los juzgados como en las empresas, los juicios laborales no se están resolviendo con la celeridad que se desearía.

De acuerdo a la especialista en derecho laboral, Ana Isabel Borbón, antes de la pandemia ya los juicios se tardaban de 1 a 2 años, situación que ahora se está complicando más por la pandemia.

Las razones incluyen los cierres de oficinas judiciales por los confinamientos que han enviado a los funcionaros judiciales a sus casas. También se le suma que debido a la pandemia, muchos patronos han debido tomar decisiones acerca de sus empleados.

“Recordemos que hay muchas empresas que debieron suspender contratos y despedir personal, porque simplemente no están operando del todo o con horarios reducidos”, comentó  Ana Isabel Borbón, de Actualidad Tributaria.

¿Qué hacer entonces?

Borbón sugiere la conciliación, ya que la razón de la mayoría de demandas a patronos es por incumplimiento de pago de los derechos adquiridos por el despido con responsabilidad patronal.

“Si usted se quedó sin trabajo y no encuentra en momentos como estos, por lo que le urge su dinero de la liquidación, una salida rápida y permitida es conciliar. Pero eso sí, debe hacerlo asesorado, para que no se vea afectado”, comentó Borbón.

La experta comenta que las conciliaciones son más rápidas y más convenientes para patronos que en este momento no tienen ingresos o tienen limitados sus ingresos, pues muchos de los incumplimientos se están dando justamente por falta de liquidez de los patronos causados por la pandemia.

Entre esperar dos o tres años o llegar a un acuerdo para pagos en tractos de los derechos, el trabajador debe sopesar cuál es la mejor opción para él, en momentos donde volver a tener un ingreso se ve difícil.

En ambos casos la especialista recomienda una adecuada asesoría para la protección del trabajador y sus intereses, así como acudir a un centro de resolución alterna de conflictos, como el Ministerio de Trabajo mismo, para que el acuerdo quede en firme.

“Desconocemos cuánto durará esta situación, y las demandas laborales siguen llegando, así que hay que sopesar muy bien lo que nos funciona o no”, afirmó Borbón.

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 27 años de experiencia en el tema.

Cobro del IVA a servicios digitales transfronterizos se iniciará hasta el próximo 1° de octubre

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda acordó postergar por dos meses la aplicación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los servicios transfronterizos, con lo cual el nuevo tributo por el uso de plataformas como Netflix o Spotify se iniciará hasta el próximo 1.° de octubre.

El cronograma inicial era que el tributo del 13% comenzara cobrarse en agosto, pero la entidad pública decidió atrasar la implementación debido a una solicitud efectuada por 14 bancos, públicos y privados, con operación en Costa Rica, confirmó Elian Villegas, jerarca de Hacienda.

“Los bancos nos solicitaron tiempo para efectuar un ajuste de sistemas. Nos pidieron un plazo mayor, pero finalmente llegamos al acuerdo de que fuera la entrada del tributo al 1. ° de octubre”, explicó Villegas.

El jerarca destacó que las entidades financieras son un socio relevante, pues el cobro de dichos servicios se efectúa mediante tarjeta de débito o crédito.

“Necesitamos que los sistemas de los bancos estén listos, para que realicen la retención (del impuesto) y nos hagan el traslado (del dinero), porque si no, no funciona”, aseveró Villegas.

108 servicios digitales que pagarán IVA

Los servicios digitales transfronterizos son los que brinda un proveedor que no está establecido o domiciliado dentro del país, por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, y que los clientes consumen en el territorio nacional.

Esto aplica, por ejemplo, para la publicidad en redes sociales como Facebook o Twitter que una empresa paga para llegar a audiencias dentro de Costa Rica. También, para servicios de videojuegos que serán utilizados en el país como PlayStation y Nintendo.

El pasado 12 de junio, la Administración Tributaria publicó la resolución DGT-R-134-2020, en la que definió la lista de 108 servicios digitales transfronterizos que estarán sujetos al IVA. Ese documento también detalla las dos modalidades en que se aplicará el cobro del tributo.

En el primero, la empresa proveedora del servicio podría aplicar el rebajo directamente al cliente al momento de la compra y transferirlo a Hacienda.

Para optar por esta modalidad, las compañías deben cumplir con un extenso proceso de registro ante la DGT para inscribirse como contribuyentes y seguir el procedimiento establecido en la resolución DGT-R-13-2020.

La segunda opción es que los emisores de tarjetas −los bancos y entidades financieras− hagan los rebajos de forma automática al momento de la compra de cualquiera de los 108 servicios enlistados por Tributación.

CFIA puja por ley para aplazar IVA en construcciones

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) presiona para que los diputados aprueben con prontitud el proyecto de ley que pretende prorrogar la entrada en vigencia del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las obras de construcción.

La entidad hizo un llamado este martes para que los legisladores agilicen ese proyecto, ya que los cobros comenzaron a regir desde el 1 de julio.

La iniciativa en discusión pretende establecer la gradualidad del cobro del IVA para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, a los proyectos registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

Además, considera otorgar una prórroga de un año en la exoneración del cobro del IVA para esos servicios, siendo que se propone que hasta julio de 2021 se cobraría el 4%.

“El CFIA le pide el apoyo a la Asamblea Legislativa en la aprobación de este proyecto de ley, un resultado a favor brindará un impulso a la reactivación económica en el sector construcción, promoviendo empleos a cientos de trabajadores, que beneficiarán a gran cantidad de familias que son parte del encadenamiento de ingresos de este sector”, indicó la presidenta del CFIA, Alejandra Morice.

El sector construcción es uno de los más golpeados en la actualidad, no solo por la pandemia sino porque arrastra más de 17 meses de contracción económica.

Para el CFIA, la aprobación de este proyecto será “de gran ayuda para el sector”.

“Será una medida de respiro ante la dura situación actual generada por los los efectos de la pandemia por el COVID-19”, indicó el Colegio.

 

OCDE recomienda aplicación plena de regla fiscal, ampliar base impositiva y mejorar gestión de deuda

Fuente: La Nación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó, este miércoles 15 de julio, un listado de recomendaciones para afrontar la delicada situación fiscal en su Estudio Económico sobre Costa Rica 2020, el primero que recibe el país como miembro de este organismo.

La Organización, que es un foro de política global donde se promueven políticas para mejorar el bienestar económico y social de los habitantes del mundo, y a la cual Costa Rica se adhirió este año, considera muy importante la aplicación plena de la regla fiscal en el país.

Este mecanismo es un límite al crecimiento del gasto que se aprobó como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que rige desde diciembre del 2018. Este año se acudió a las excepciones que incluyó la misma ley debido a la pandemia.

Costa Rica ha tenido dificultades para aplicar la regla a todas las instituciones públicas pues algunas apelan a su autonomía constitucional.

Para la OCDE, Costa Rica debe asegurarse de que la reforma fiscal se implemente plenamente sin excepciones, pues esta es la vía para detener, con el tiempo, el aumento de la deuda pública.

Para este año, el organismo estima que, con un segundo brote de la pandemia, el déficit financiero del Gobierno alcanzará el 9,1% de la producción interna, la deuda pública representará 68,8% de la producción interna y la producción caerá 4,9%.

El organismo apoya las medidas de confinamiento y las acciones económicas que ha tomado el Gobierno para atender la pandemia y considera que debe seguir preparándose para un aumento en la demanda de atención médica.

“Costa Rica también podría considerar consagrar la regla fiscal en la Constitución, como lo han hecho varios países de la OCDE, ya que esto puede fomentar el cumplimiento y proporcionar un contrapeso útil a otros puntos que aparecen en la Constitución y tienen implicaciones fiscales, como la obligatoriedad del gasto en algunas áreas”, señala en el documento.

El Organismo también da otras recomendaciones en el área de gasto público como permitir que todas las categorías de gastos puedan ajustarse cuando la deuda pública exceda el 50% del PIB y adoptar una escala salarial única, racionalizar los sistemas de incentivos y hacer que se basen en el desempeño, entre otras.

“La economía política de aumentar los impuestos nuevamente es un desafío, pero en Costa Rica todavía es posible ampliar las bases impositivas sin aumentar las tasas. También es posible mejorar la combinación de impuestos”, indica el organismo.

La Organización sugiere, específicamente, comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial, según señala la OCDE.


“También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos. Esto incluye gravar el salario adicional que se paga a fin de año (el llamado 13º salario o aguinaldo), que actualmente está exento del impuesto sobre la renta personal a pesar de beneficiar, particularmente, a contribuyentes con más recursos”, indica el organismo.

También considera que gravar el gasto en educación privada y salud a tasas reducidas del IVA (como se hace actualmente) es particularmente regresivo, ya que beneficia desproporcionadamente a hogares de altos ingresos.

El Organismo también estima que hay espacio para mejorar la combinación de impuestos. Específicamente, las contribuciones de los empleadores a la seguridad social son relativamente altas, lo cual desalienta la formalidad y por otro lado, Costa Rica recauda relativamente pocos ingresos de los impuestos a la propiedad.

Respecto a la gestión de deuda la Organización hace dos sugerencias que podrían ayudar a mejorarla: una es crear una oficina para la gestión de la deuda pública y la otra procurar atraer inversionistas extranjeros a instrumentos emitidos en moneda local.

“El Gobierno depende en gran medida de los inversionistas locales, lo que convierte a Costa Rica en una de las economías emergentes con la menor proporción de inversionistas extranjeros. Ampliar la base de inversionistas extranjeros ayudaría a disminuir los costos de financiamiento”, argumenta el organismo.

Int’l Superricos del mundo abogan por más impuestos en reacción al coronavirus

Fuente: CR Hoy

Más de 80 multimillonarios instaron el lunes a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos, “inmediatamente” y de “forma permanente”, a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia de coronavirus.

En una carta abierta publicada antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 y de una cumbre europea extraordinaria, el grupo, que se hace llamar “Millonarios por la Humanidad”, afirmó que los más ricos “tienen un papel fundamental que desempeñar para sanar al mundo”.

Entre los firmantes se encuentran el cofundador de los helados Ben and Jerry’s Jerry Greenfield, el guionista británico Richard Curtis y la cineasta estadounidense Abigail Disney, junto a 80 empresarios y creadores en su gran mayoría estadounidenses.

La carta, abierta a firmas en internet, no contaba el lunes por la mañana con ningún signatario latinoamericano o español.

“No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las salas de cuidados intensivos. No somos quienes conducen las ambulancias (…) no estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comestibles o entregando comida de puerta en puerta”, afirman.

“Pero tenemos dinero, mucho dinero. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y que seguirá necesitándose en los próximos años, mientras nuestro mundo se recupera de esta crisis”, agregan.

Y llama a los “gobiernos a subir los impuestos de la gente como nosotros. Inmediatamente, sustancialmente y de forma permanente”.

Algunos países ya han planteado la introducción de impuestos más altos.

En el Reino Unido, el Instituto de Estudios Fiscales advirtió que el aumento impositivo sería inevitable para muchos, no sólo para los superricos, y a principios de mes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que su gobierno podía subir impuestos, al igual que Rusia que dijo enfocarse en los ingresos más altos.

Durante años, multimillonarios como Warren Buffett y Bill Gates han pedido que se les grave más. Hace un año, un pequeño grupo de multimillonarios estadounidenses, incluido el financiero George Soros, el cofundador de Facebook Chris Hughes y los herederos de los imperios Hyatt y Disney, también publicaron una carta apoyando la idea de un impuesto sobre la fortuna.

 

Hacienda amplía plazo al 20 de julio para presentar declaraciones que vencen esta semana

Fuente: Ministerio de Hacienda

• Con esta acción se contribuye a la efectividad de medidas recientes anunciadas por el Gobierno para enfrentar los efectos del COVID-19.


Hasta el 20 de julio 2020 tendrán tiempo los contribuyentes para presentar, sin sanciones, sus declaraciones cuyo vencimiento ocurra durante la presente semana, incluida la del impuesto al valor agregado correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de junio.

Según el calendario tributario, la declaración del IVA debe presentarse el 15 de cada mes a más tardar, y es una obligación que tienen los contribuyentes de este impuesto inscritos ante el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación (DGT).

Esta prórroga se enmarca dentro de las acciones del Ministerio de Hacienda por contribuir con la efectividad de las medidas anunciadas el viernes anterior por el Gobierno, con el fin de reducir esta semana la circulación de personas en el Gran Área Metropolitana.

“Si bien las declaraciones se presentan por medio de la Administración Tributaria Virtual (ATV), hay contribuyentes, así como firmas de asesores y contadores que no estaban listos para preparar desde sus casas la información necesaria para llenar las declaraciones, lo que les exige tener que trasladarse hasta su negocio u oficina. Por eso, con el fin de contribuir a la mayor efectividad de las disposiciones sanitarias previstas para esta semana por el Gobierno de la República, el Ministerio ha tomado esta decisión. Al ampliar el plazo, también ampliamos el tiempo para que las personas se organicen y eviten al máximo salir de su casa”, expuso Carlos Vargas, director general de Tributación.

Como otra de sus acciones ante la emergencia generada por la pandemia, Hacienda suspendió esta semana la atención presencial en todas sus dependencias, pero mantiene habilitados sus servicios por medios electrónicos, para que por esta vía los ciudadanos puedan realizar sus gestiones y cumplir con cualquier requerimiento que deban presentar. Por la naturaleza de sus funciones, solamente las aduanas brindan la atención presencial, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para salvaguardar la seguridad de colaboradores y usuarios.

Presidente:Si pandemia obligara más impuestos se haría repartiendo cargas a grupos de mayor riqueza

Fuente: Columbia

En un mensaje a los ciudadanos este domingo, el presidente de la República, Carlos Alvarado dijo que el Gobierno tratará de evitar la creación de nuevos tributos que afecten a las personas de menos ingresos. Sin embargo, no descartó la posibilidad y explicó cómo se procedería en caso de ser necesario.

“Buscaremos al máximo evitar nuevos impuestos o mayores cargas, sobre todo para la gente más humilde. Y si la situación causada por la pandemia nos obligase a avanzar en esa dirección, se haría repartiendo cargas entre los grupos que tienen mayor riqueza, desde una visión solidaria, y procurando, a la vez, no afectar el aparato productivo”, dijo Alvarado.

El mandatario anunció una serie de medidas económicas tras comentar que la situación de la pandemia de Covid-19 se extenderá muchos meses más y que eso implica un impacto en la estabilidad financiera de todos los países.

Reiteró que este lunes el ministro de Hacienda, Elian Villegas, presentará a la Asamblea Legislativa propuestas que reducen el gasto público en alrededor de 355 mil millones de colones. “Esto equivale a 1 por ciento del tamaño de toda la economía nacional (o PIB) y será el mayor recorte del gasto público de nuestra historia”, dijo.

“Esta acción bajará la presión de la deuda del país. Se recortará en todas las materias, pero sin tocar los programas sociales y preservando las grandes inversiones”, añadió a la vez que instó a los diputados a aprobar el presupuesto extraordinario.

Otras medidas

El Presidente informó que para lidiar con la crisis el Gobierno ha gestionado el apoyo de organismos multilaterales y “logró condiciones muy favorables para refinanciar deuda”.

“Estos créditos internacionales no son deuda nueva. Son una forma de quitar deuda cara por deuda más barata para Costa Rica. Es similar a lo que hace una persona cuando readecua sus deudas, para tener mejores tasas de interés o mejores plazos de pago”, explicó.

Alvarado aseguró que esta ruta económica “resuelve el financiamiento del Estado y la estabilidad para el año 2020”. “Por eso le solicito al Congreso que, con el patriotismo que le ha caracterizado, apruebe los créditos internacionales para financiar al país”, insistió.

Decisiones para próximos años

El mandatario argumentó que refinanciar la deuda y reducir el gasto permitirá al país enfrentar los meses que vienen de 2020, pero es necesario adelantar gestiones pensando en el próximo año.

Citó que en la Asamblea Legislativa está un crédito por 504 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De aprobarse el empréstito, se abrirá la negociación con la entidad para “contar con un acuerdo financiero, conocido como Stand-By Arrangement (SBA)”.

“La situación extrema que ha generado el Covid-19 hace indispensable este acuerdo con el Fondo para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años”, subrayó.

El economista Daniel Suchar explicó que el SBA es una especie de fondo de financiamiento rápido que pueden utilizar países de las llamadas economías emergentes. “Existen una gran cantidad de requisitos importantes que tienen que cumplirse como metas económicas en las cuales se tienen que comprometer en menos de 24 meses”.

Suchar explicó que estas condiciones podrían incluir reducción del aparato estatal, implementación de impuestos o elevar algunos existentes.“También tiene que haber metas que tengan que ver con el déficit fiscal, recolección tributaria y otras que son aristas, de todos los macroprecios, como tipo de cambio”, indicó el analista.

Alvarado expresó que para el proceso de negociaciones con el FMI se tomará en cuenta “a actores políticos claves buscando estabilizar la economía, eficiencia, mantener el Estado Social de Derecho y el menor impacto sobre la población”. 

Acciones por desarrollar

El Presidente de la República hizo mención a otras posibilidades que tiene el Gobierno para enfrentar la crisis económica.

“En materia de eficiencia es crítico aprobar la reforma al empleo público, hacer la contratación administrativa más rápida y más transparente, y seguir socando la faja en todo lo posible sin afectar el desarrollo”, comentó.

Incluyó además que se deben completar reformas como la modernización del INA y la del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), la adopción de las jornadas laborales excepcionales, y la protección laboral a través de la reforma a la inspección del trabajo.