Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -El Ministerio Público investiga al presidente de la República, Carlos Alvarado, a 4 ministros y a varios jerarcas por el incumplimiento a la regla fiscal establecida por la Asamblea Legislativa en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018.

La Fiscalía General de la República abrió una causa como respuesta a una denuncia que planteó el exdiputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el 25 de enero de este año contra Alvarado y los jerarcas por permitir a varias instituciones públicas saltarse la norma que limita el crecimiento del gasto.

El exlegislador formuló la denuncia contra el mandatario, los ministros de la Presidencia, de Planificación Nacional y Política Económica, Hacienda y Educación Pública, Geannina Dinarte, Pilar Garrido, Elian Villegas y Steven González, respectivamente.

También contra el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexander Solís, los presidentes ejecutivos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del Consejo Nacional de Producción (CNP), Andrés Romero y Ángel Jiménez, respectivamente, y el presidente del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Juan Gabriel Pérez.

Incluye, además, a la contralora general de la República, Marta Acosta, por presunto incumplimiento de deberes.

“Aunado a ello, sobre la segunda gestión presentada el veinticinco de enero anterior, se le asignó el número de referencia SICE: FGR-137-2022, el cual también se tramitará en esta Fiscalía General, bajo el número de expediente 22-0000009-0033-PE”, indica una comunicación dirigida a Adrián Elizondo, quien fungió como asesor de Muñoz.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a CRHoy.com: “Expediente 22-0000009-0033-PE: se encuentra en investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes”.

La regla fiscal consiste en un límite al crecimiento del gasto corriente. La estimación está determinada por dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento del promedio del PIB nominal para los últimos 4 años anteriores al año de formulación del presupuesto nacional.

“Flagrante incumplimiento”

Según la denuncia presentada por Muñoz, un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el 17 de diciembre de 2021, demostró “un flagrante incumplimiento” a la regla fiscal por parte del Gobierno y de las instituciones mencionadas.

El informe fue producto de una auditoría que hizo la CGR por los mecanismos de activación de la cláusula de escape a la regla fiscal -también incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- que autorizó el Gobierno en el contexto de la emergencia por la pandemia del Covid-19.

La entidad fiscalizadora señaló a la CNE, Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Hacienda como responsables de la ausencia de parámetros claros para realizar el análisis antes de levantar el tope al gasto que impone la regla fiscal.

La CGR también determinó que el Gobierno no estableció formalmente los roles y responsabilidades de los distintos actores internos y externos en las etapas de otorgamiento y seguimiento de la cláusula de escape a la regla fiscal.

Además, detectó la ausencia de actividades de control necesarias para la ejecución de los gastos aprobados a las instituciones que solicitaron el levantamiento de la regla fiscal.

El año pasado, el Gobierno relajó la regla fiscal al CNP, Ministerio de Educación Pública (MEP) e INA para que pudieran gastar adicionalmente un total de ¢104.366 millones, según denunció el también ex congresista del PUSC, Pablo Heriberto Abarca.

La cláusula de escape a la regla fiscal le permite al Gobierno levantar esa norma en casos como declaratorias de emergencia nacional, como el estado en el que se encontró el país a causa de la pandemia desde marzo de 2020.

A pesar de la existencia de justificaciones, la Contraloría encontró que la CNE no acreditó el nexo causal con la emergencia en los casos del INA y del Cuerpo de Bomberos.

El órgano contralor también concluyó que hubo falta de transparencia en los oficios mediante los cuales el Poder Ejecutivo notificó a la Asamblea Legislativa sobre la aplicación de la cláusula de escape, específicamente sobre el sustento jurídico y técnico desarrollado por la CNE y el Ministerio de Hacienda.

Posibles delitos

En su denuncia, de la cual CRHoy.com tiene una copia, Muñoz dice que “los hechos indicados podrían constituir los delitos de incumplimiento de las disposiciones referentes a la regla fiscal contenidas en la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, cuya sanción dispuesta en el artículo N° 26 ya citado, remite a lo dispuesto en el artículo N° 68 de la Ley N°7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y al artículo N° 339 de la Ley N°4573 Código Penal, también ya citado”.

También se señala a la contralora Marta Acosta por presunto incumplimiento de deberes por no presentar la denuncia penal correspondiente.

“En razón de que los hechos descritos demuestran las faltas e incumplimientos a la legislación vigente, y de haberse cometido daño grave a las finanzas públicas, a los fondos públicos y la participación de funcionarios públicos, una vez concluida la investigación, en caso de elevarse a juicio la causa y resultar condenados los presuntos responsables, de conformidad con los artículos citados, solicitamos accesoriamente se imponga la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo acorde con la gravedad de los hechos”, agrega el exdiputado.

El Ministerio de Hacienda fijó el tope al crecimiento del gasto corriente para 2021 en una tasa de 4,13%.

Sin embargo, el año pasado el Gobierno llevó ese límite a 6,34%, en claro incumplimiento de nuevo a la regla fiscal, según un nuevo informe que la Contraloría envió a la Asamblea Legislativa el pasado 29 de abril.