Fuente: La Nación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso la combinación de varias medidas fiscales al Gobierno de Costa Rica, con el objetivo de reducir el nivel de la deuda pública, en los próximos cuatro años.

Entre las recomendaciones están la creación de impuestos ambientales y a la propiedad, y tasas impositivas más altas en tributos que gravan el consumo, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA), o impuestos especiales.

Además, se sugiere congelar salarios en el sector público y realizar una rápida implementación de una reforma en el servicio civil del estado costarricense.

Estas opciones, así como la venta de activos, permitirían reducir la deuda pública en tres puntos porcentuales (p. p.) y ubicarla en 67% del producto interno bruto (PIB), en el 2025.

Así lo expuso el organismo multilateral en un reporte especial hecho para la evaluación del otorgamiento del crédito Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), por $508 millones, para enfrentar la pandemia del coronavirus.

El documento, del pasado 23 de abril, hizo una proyección del impacto económico, financiero y fiscal de los efectos negativos del covid-19 en Costa Rica.

Sin embargo, también incluyó una serie de iniciativas sobre acciones para hacer sostenible el nivel de la deuda pública del Gobierno Central, una vez pasados los efectos de la pandemia.

“Las medidas fiscales deben diseñarse para proteger a los vulnerables a través de transferencias específicas, sujetas a exponer la responsabilidad y los controles para garantizar la eficiencia del gasto, y complementarse con la venta de activos para reducir la deuda”, destacó el organismo multilateral.

El análisis del Fondo se efectuó antes de que la administración de Carlos Alvarado informara sobre el inicio de las negociaciones de un acuerdo stand-by que daría acceso al país a $2.250 millones, en los próximos tres años.

La proyección del FMI es que, para este año, la deuda pública cierre en el 67,2% del PIB y que alcance el 70% de la producción, en el 2023, en parte por las consecuencias de la pandemia sanitaria. Sin embargo, con los cambios presentados al Gobierno es posible reducirla.

El informe técnico del Fondo detalló que el camino a la consolidación fiscal pasa por el cumplimiento de las reglas fijadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2018.

“Una vez que la economía se recupera de la pandemia, se recomienda poner fin a todas las medidas de gastos de emergencia y volver a aplicar la regla fiscal”, destacó el organismo.

Adicionalmente, se consideró necesarias medidas extra del lado del gasto y de los ingresos, entre el 2021 y el 2024, que generen una reducción del 2% del PIB (producto interno bruto), en la deuda.

Además de lo anterior, la venta de activos podría traer ingresos equivalentes al 1,4% de la producción. El análisis del organismo no menciona, en específico, ningún bien estatal.

“Un ajuste fiscal más ambicioso permitiría que la deuda caiga más rápido, al tiempo que crea amortiguadores contra choques futuros”, se explica en el informe.

El Fondo destacó que por el lado de los ingresos podrían implementarse medidas en la administración de las tasas tributarias existentes y en las exenciones.

Por ejemplo, se menciona que la fuerte caída en el precio del petróleo brindaría una oportunidad para aumentar los tributos especiales sobre la gasolina y el diésel.

El Congreso aprobó, el 20 de abril pasado, una reforma temporal solo en las gasolinas para financiar el bono Proteger. Los legisladores descartaron hacer lo mismo en el diésel, por ser más usado en el sector productivo.

“Los impuestos a la propiedad y las tasas impositivas a consumos más altas (IVA o impuestos especiales) podrían proporcionar ingresos adicionales”, recomendó el FMI.

Del lado del gasto, el organismo consideró que podría darse una reducción congelando los aumentos salariales en el sector público, o un recorte nominal en los sueldos de la escala salarial más alta.

Asimismo, el Fondo consideró que debe darse una rápida implementación de la reforma al servicio civil, pues tiene un peso del 35% en el gasto público gubernamental.

El Gobierno presentó, a inicios de junio, un proyecto de reforma al empleo público que, según las estimaciones del Poder Ejecutivo, provocarían un ahorro de ¢243.000 millones en el primer año de implementación.