Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La administración del gobierno de Carlos Alvarado dejó sin incorporar dentro de los planes de gasto, un total de  ¢402.859 millones en créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa durante el 2021, y tampoco los incluyó en algún presupuesto extraordinario de ese año.

Ese fue el mayor rubro de recursos no asignados o que no entraron dentro de las cuentas de ingresos o gastos del Ejecutivo, de un total de ₡686.525 millones que dejaron de ser incorporados en los presupuestos, según reveló recientemente la Contraloría General de la República en su informe DFOE-FIP-IF-00010-2022, en el cual realizó una auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria para el ejercicio económico 2021.

De los  ¢686.525 millones dejados de presupuestar,  ¢283.666 millones corresponden al lado de los gastos; es decir, recursos que de alguna manera se pagaron, pero no hubo registro o no se fiscalizó o no se presentó la documentación de la forma adecuada.

Los restantes ¢402.859 millones corresponden al lado de los ingresos, siendo en su totalidad lo relacionado con los préstamos internacionales.

Al 31 de diciembre de 2021, los Ingresos por financiamiento, incluidos en la liquidación presupuestaria, ascendían a ¢4.599.983 millones, pero no se incorporaron esos  ¢402.859 millones aprobados en 2021.

En su lugar, de acuerdo con la Contraloría, Hacienda esperó hasta 2022 para incorporar en un primer presupuesto extraordinario por ¢367.413 millones. Esto ocurrió en febrero de este año.

Pese a ello, todavía quedaron pendientes de incorporar ¢35.446 millones.

De acuerdo con la Contraloría, los recursos por el lado del gasto dejados de presupuestar incluyen aportes patronales cobrados por parte de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) del mes de noviembre de 2021, resoluciones administrativas en firme por concepto de diferencias salariales a funcionarios, pagos de servicios, materiales y suministros, así como bienes duraderos relacionados principalmente con gastos de alquiler, servicios públicos, reajuste de precios y expropiaciones; además de compras de alimentos realizadas por los centros de atención a cargo del CEN-CINAI.

También se incluyen facturas realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social y por JUPEMA por concepto de cuotas estatales, gastos por prestaciones legales no registradas e indemnizaciones y traslado de cuotas no incluidas.

Respecto a estos temas, CRHoy.com solicitó a las autoridades de Hacienda una reacción para esclarecer qué acciones se tomarán en adelante para evitar los señalamientos realizados por la Contraloría, pero al momento de publicación de este artículo no habían respondido.

Pese a ello, la Dirección de Crédito Público de Hacienda emitió algunos señalamientos al Ente Contralor, en donde achacan problemas en la tramitología, en especial para la incorporación de los créditos al presupuesto:

Señalan que tal proceso de incorporación conlleva tramitología tanto en el Poder Ejecutivo como de aprobación legislativa, que hace que en algunos casos supere el ejercicio presupuestario en el que son aprobados. Indican que tal situación se ha tratado de solucionar, incluyendo en los proyectos de ley de aprobación de financiamientos de apoyo presupuestario dirigidos al pago del servicio de la deuda, un artículo que permita incorporar tales recursos al Presupuesto, vía Decreto Ejecutivo. No obstante, esto no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa. También señalan las razones que no permitieron su incorporación, según se detalla:

  • Los recursos del BCIE Ley N.º 9988, lo dispuesto en la misma Ley, respecto que el 90% de los recursos estaría condicionado a la aprobación de la Ley de Avales en un periodo de 18 meses, aspecto que se cumplió en enero del 2022 y el 10% al cumplimiento de la regla fiscal.
  • El Organismo Ejecutor de los recursos de la Ley N.º 10037, a quién corresponde realizar el proceso de incorporación es INCOPESCA, quién se avocó en el mes posterior a la aprobación, al análisis de lo requerido en el artículo 9 de dicha Ley y realizar las coordinaciones con el Ministerio rector y posteriormente con Presupuesto Nacional.
  • La Ley N.º 10105 que aprobó el financiamiento del BID se publicó el 20 de diciembre de 2021, situación que hacía materialmente imposible realizar el trámite de incorporación.

Con relación a los restantes rubros no incluidos, el Ministerio de Hacienda señaló a la Contraloría que tales situaciones se han informado a la Dirección General de Contabilidad Nacional, así como a las instancias que lo solicitan.

Además, mencionan que los rubros no incluidos se encuentran relacionados con la aplicación de la regla fiscal, y que por ello, ante esta estrechez fiscal se vuelve relevante analizar a qué se le da prioridad en el gasto.

Órganos desconcentrados

Los problemas en la ejecución presupuestaria también toca a los órganos desconcentrados que fueron incorporados al presupuesto nacional en 2021.

De acuerdo con el ente contralor, hubo errores de clasificación en los ingresos registrados y omisión de documentación en el sistema informático.

Se detectó que no han sido incorporados en el presupuesto de la República ¢190.402 millones, correspondientes a los saldos de superávits transferidos por las instituciones en cumplimiento con las leyes fiscales y para atender la emergencia por COVID-19.

Además, hay ¢8.372 millones que se mantienen en la cuenta contable “recursos por presupuestar” y no fueron incluidos en el momento que se recibieron.

Para evitar que estos problemas se sigan repitiendo, la Contraloría le ordenó a Hacienda emitir lineamiento que regule la forma y el medio de revelación de la información necesaria para comprender de manera integral el Presupuesto de la República, que incluya al menos la ejecución del presupuesto, así como información comparativa de varios períodos sobre el que se informa anteriormente, detalle de las transacciones que no han sido incorporadas en la liquidación por parte de las instituciones, incluyendo la naturaleza y los riesgos que surjan, así como las acciones correctivas y futuras que deban gestionarse.

También se le pide incorporar en un próximo presupuesto extraordinario del periodo vigente los recursos de los superávits de la Ley 9524, 9371 y 9635 que se hayan acumulado de periodos anteriores.