Fuente: Amelia Rueda

La Presidencia de la República evita comentar si impulsará o no proyectos para aumentar los impuestos que pagan los sectores más adinerados y que han sido menos golpeados por la pandemia del Covid-19. Dicha recomendación la realizó al presidente Carlos Alvarado su grupo de “garantes éticos”, elegidos por el propio mandatario para apoyar su gestión.

AmeliaRueda.com consultó si el Gobierno tiene entre sus sus planes impulsar iniciativas en esa dirección y pidió una posición por parte del Poder Ejecutivo en relación con el proyecto de ley que impulsa la diputada oficialista Paola Vega, que impulsa aumentar los gravámenes —de forma transitoria— para las personas físicas y jurídicas que siguen ampliando sus rentas.

Casa Presidencial omitió responder de forma directa ambas preguntas, las cuales se realizaron explícitamente. En su respuesta, Presidencia únicamente señaló que “el Gobierno de la República recibe con la misma apertura de siempre el llamado de los Garantes Éticos, quienes coinciden en varios puntos con el mensaje del Presidente de la República”.

“Como lo indicara el mandatario Costa Rica, es una “gran familia, debemos cuidar a los más pequeños y vulnerables, debemos proteger a la niñez, a las mujeres y a aquellos más humildes (...) Y quienes están mejor, deben por solidaridad aportar más a las soluciones”, redactaron.

No obstante, no indicaron cómo perseguirían ese objetivo.

Ante la omisión, AmeliaRueda.com reiteró sus preguntas; las cuales no fueron respondidos hasta el cierre de esta nota.

El Gobierno sí se refirió sobre los llamados del grupo de garantes éticos para frenar con mayor fuerza la evasión fiscal, ante lo cual indicaron que el Poder Ejecutivo impulsa el proyecto de transformación digital del Ministerio de Hacienda. Este proyecto se financiaría con un crédito internacional por $160 millones con el Banco Mundial, el cual sigue pendiente de aprobación legislativa.

“El Gobierno presentó el pasado 2 de junio en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley “Hacienda Digital para el Bicentenario”, el cual transformará, modernizará, y digitalizará la gestión de la institución, con el propósito de facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto, facilitar la gestión de la deuda y dar un mejor servicio al cliente”, redactaron.

Según el Ejecutivo, el texto “representa una necesidad, a fin de que el Ministerio de Hacienda sea una institución moderna y competitiva, que logre fortalecer la estabilidad y la toma de decisiones en materia fiscal”.

Además, dicen que el proyecto tendría un retorno de inversión del 142%, con beneficios percibidos de $5.861,9 millones (9.5% del PIB) durante los primeros diez años.

Sobre las propuestas de diálogo realizadas (reiteradas por los garantes, pero que también han sido un reclamo de distintos sectores), el Gobierno señaló que coincide con el llamado de “unidad nacional”. En esa línea, dijo que el Gobierno ha comenzado un proceso de diálogo con los diputados jefes de fracción y que también iniciará reuniones con los representantes de sectores sociales.
Situación crítica

El Gobierno corre para llenar la caída en sus ingresos estatales y además cumplir con sus obligaciones económicas, que cada vez aumentan un poco más para atender la pandemia del nuevo coronavirus. Solo para este 2020, el país estima una reducción de ¢1,17 billones en sus ingresos, ¢1,156 billones en impuestos.

Hasta ahora, la principales medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo para paliar esta situación se han concentrado en reducciones presupuestarias, fijación de precios de combustibles, negociaciones de créditos internacionales y ahora impulsa una reducción de jornadas del 15% para trabajadores del sector público (sin éxito todavía).

La situación es crítica para el país. El Banco Central estima además la peor contracción económica desde la crisis de los años 80; incluso con una caída en el consumo interno de los hogares que no se había visto en los últimos 38 años.