Fuente: La Nación

El Gobierno intenta que 336.000 sociedades que están morosas con el impuesto a las personas jurídicas, entre el 2012 y el 2015, realicen el pago.

De estas, 266.387 acumulan tres periodos o más, por lo que el Registro Público llama a los dueños y miembros de sociedades anónimas morosas a ponerse al día, pues en caso de acumular tres periodos o más, se exponen a la disolución de esas personas jurídicas. Sin embargo, la lista de pendientes es más larga que la capacidad de cobro mostrada por la entidad estatal.

De acuerdo con datos facilitados por el director del Registro de Personas Jurídicas, Luis Gustavo Álvarez Ramírez, a la fecha se han realizado 113.538 publicaciones de edictos para la disolución de sociedades, que “se estarán inscribiendo una vez que transcurra el periodo de ley, que es de 30 días a partir de la publicación”.

Aún así, el número de morosos triplica la cantidad de procesos avanzados para ejecutar las disoluciones.

El impuesto, que se aprobó en el 2011 y se cobró por primera vez en el 2012, pretende generar recursos para financiar infraestructura carcelaria y las fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad Pública

El tributo , diseñado para recoger cerca de ¢40.000 millones anuales, tiene una tasa de interés que, para el primer semestre del 2016, será de 12,36%, de acuerdo con el Registro de Sociedades.

Dicho tributo no estuvo al cobro durante el 2016, luego de que la Sala IV lo declarara inconstitucional en enero del 2015.

En esa oportunidad, los magistrados señalaron que hubo vicios en el proceso de aprobación del impuesto por parte de los diputados que lo discutieron.

El error en la forma consistió en que se publicó un proyecto de ley, y luego, por medio de un texto sustitutivo que nunca se divulgó, se variaron cuestiones esenciales del plan, como los contribuyentes sujetos al gravamen y la tarifa a pagar.

Para el periodo fiscal del 2015, la tarifa del impuesto era de ¢201.700 anuales para las sociedades activas, y de ¢100.850 para las inactivas.

Al 20 de enero de ese año, de las 553.153 sociedades que estaban inscritas, 48.890 habían pagado.

¿Revivirá? Actualmente, los diputados discuten un proyecto de ley para revivir el impuesto.

Se trata del expediente legislativo 19.818, que se revisa bajo un trámite abreviado en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Pese a la fuerte oposición de diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Movimiento Libertario, el plan de ley podría ser aprobado en sus dos debates en el primer trimestre del próximo año.

Este nuevo proyecto establece que las sociedades inactivas deberán pagar ¢64.000 anuales, y que las activas con ingresos menores a ¢51 millones tendrán que cancelar ¢106.000.

Las que tienen ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones pagarían ¢127.000 cada año, y las que posean ingresos por más de ¢119 millones, tendrían que cancelar un impuesto de ¢212.000 ante el Registro Nacional.

El dinero que se recaude por el cobro de este impuesto se repartiría entre el Ministerio de Seguridad (90%), el Ministerio Público (5%) y el Organismo de Investigación Judicial (5%).

De ahí que, a pesar de que el tributo fue frenado por la Sala IV, su vigencia, al menos hasta el 2015, amenaza con disolver estas 336.000 sociedades, sin contar con los plazos que podrían correr de nuevo, una vez que se vote el nuevo plan de ley en el Congreso.