Fuente: CR Hoy

Entre los 83 proyectos de ley que convocó el Poder Ejecutivo para el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa contemplado entre el 1° de diciembre de 2019 y el 30 de abril de 2020 destaca el expediente 20.313 denominado Ley de Financiamiento del Instituto Costarricense de Ferrocariles (Incofer).

Ese texto fue elaborado a inicios de 2017 por el entonces diputado Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), junto con otros compañeros de bancada y diputados de otras fracciones legislativas, y propone subir dos impuestos así como los peajes con el objetivo de financiar los proyectos de modernización ferroviaria de la entidad, como el tren eléctrico.

En concreto, la propuesta pretende un incremento en el impuesto selectivo de consumo a los vehículos (al comprar un carro nuevo o usado), un aumento al impuesto de valor de propiedad de los vehículos (que se paga anualmente en el marchamo) y una contribución sobre lo que se recauda en las estaciones de peajes de carretera.

El planteamiento surgió como complemento a la Ley de Fortalecimiento del Incofer, aprobada el 7 de junio de 2016 por la Asamblea Legislativa.

Las sesiones extraordinarias (fechadas anualmente entre el 1° de diciembre y el 30 de abril y entre el 1° y el 31 de agosto) representan la posibilidad para que el Poder Ejecutivo convoque al parlamento los proyectos de ley de su interés para discusión y posterior aprobación.

En el oficio DM-845-2019, dirigido el 28 de noviembre de 2019 al directorio legislativo, el entonces ministro de Presidencia, Víctor Morales Mora, y Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de la República, incluyeron el expediente 20.313 entre las iniciativas de interés para el gobierno durante el reciente período extraordinario.

Según consta en el sitio web de la Asamblea Legislativa, el proyecto tuvo un vencimiento ordinario el pasado 29 de abril tras no ser discutido, sin embargo mantiene un vencimiento cuatrienal para el 15 de marzo de 2021 y aún podría ser retomado en próximos meses.

¿Qué es lo que se propone?

En abril de 2017, el ingeniero Christian Vargas, quien fungía como presidente ejecutivo de Incofer, explicó a CRHoy.com que los recursos obtenidos a través de esos impuestos permitirían financiar distintos proyectos, entre ellos el futuro tren eléctrico.

Vargas indicó en esa oportunidad que el fondo obtenido rondaría los 12 mil millones de colones anuales. Incluso, en 2017, el entonces diputado Redondo enfatizó en el proyecto del tren eléctrico e indicó que “el Estado tendrá que subvencionar las tarifas del tren para hacerlas atractivas sin importar si se gestiona a través de vía concesión o fideicomiso,  pues las tarifas que pagarán los usuarios no cubrirán los costos de operación y por eso se necesita el fondo el fondo”.

El plan presentado en 2017 propone que en el caso del marchamo se modifique la tasa mínima del cobro (de 26 mil colones a 27 mil colones) y que se incrementen los porcentajes del impuesto cobrado según el valor tributario del vehículo.

En el caso del impuesto selectivo del vehículo (que en ese año tenía una tasa del 30%) se aumentaría en 7.5% para los vehículos de más de 10 años de antigüedad. Mientras subiría un 5% para los de 5 a 10 años de antigüedad y 2.5% para los vehículos cuya antigüedad sea de 2 a 5 años. Y, por último, se fijaría un incremento del 1% para los carros con menos de 2 años.  Un 8% de lo recaudado con el impuesto iría destinado a la modernización del sistema de ferrocarril.

Por otro lado, sobre los peajes, la propuesta tendría una validez de hasta 5 años y el incremento propuesto sería de este tipo: 29 colones más para motos, 88 colones más para vehículos livianos, 117 colones más para vehículos de 2 ejes y 234 para automotores pesados y buses.

Además del incremento en impuestos y peajes, el plan estipula que el Incofer recibiría un aporte único de 500 millones de colones provenientes del Fondo de Seguridad Vial y le confiere la potestad de recibir los recursos no utilizados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial.

Según indicó este martes 21 de julio el Incofer, mediante una serie de tuits, la propuesta de ley no es impulsada por la entidad y alegaron a varios usuarios de esa red social que “si se lee el texto se constata que no se proponen impuestos adicionales, sino una redistribución del existente”. Es cierto, pues en realidad lo que la iniciativa procura es incrementar tributos ya existentes.

Consulte el proyecto de 2017 AQUÍ

Incofer niega un impuesto

La aplicación de cargas impositivas para incentivar el uso del transporte público fue tema de discusión el pasado 16 de julio en un foro del Congreso Internacional Ciudades Sostenibles organizado por el Green Building Council de Costa Rica (GBCC).

En la actividad estuvo Mario Durán Fernández, director de la Unidad Ejecutora del TRP en Incofer, se refirió a este aspecto puntual y señaló que una mezcla de mecanismos (incentivos y desincentivos como impuestos) sería la ruta más adecuada para equilibrar el uso del transporte público versus los vehículos privados.

“Personalmente, creo que es un poco de las dos. Se pueden crear incentivos orientados al uso del transporte público y comparto su opinión y su visión de que esto tiene que ir acompañado de ciertos desincentivos al uso de vehículos privados. El tema de los estacionamientos en el centro de la ciudad es fundamental (…) No me gusta decir la palabra impuestos, pero aumentar el costo de los combustibles de alguna forma para que la gente se vea desincentivada a usar su vehículo particular (…) No sé, marchamo, etcétera (…) Se usan también temas de franjas horarias. Hay muchísimas experiencias a nivel del mundo de cómo desincentivar el uso del vehículo privado. Para que esto tenga éxito se tiene que hacer un mix para hacer las dos cosas: incentivar el uso de transporte público y desincentivar el uso del vehículo privado”, respondió Durán al ser consultado por el reconocido académico Roberto Artavia Loría.

Al ser consultado por CRHoy.com, Durán rechazó la existencia de “cualquier intención de financiar el proyecto a través de algún impuesto a los combustibles” y negó que esta también sea una posibilidad para eventualmente incentivar su uso (…) El comentario se da en un foro donde la conversación más allá del proyecto del tren, giraba en torno al transporte público en general y ante consulta y comentarios del moderador del foro con relación específica a mecanismos que se han utilizado para desincentivar el uso del vehículo privado”, aseguró el funcionario, quien no hizo referencia a la iniciativa de ley presentada por el gobierno.

Actualmente existe una férrea discusión sobre los principios técnicos y socio-económicos para sustentar el TRP. Además, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa discute la aprobación de un crédito por $550 millones, otorgado por el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), que fungiría como parte del aporte estatal para la obra (estimada en un total de $1.500 millones bajo la modalidad de concesión).

El Estado tendría que aportar anualmente entre $50 millones y $150 millones al subsidio de operación del tren eléctrico vía concesión. ¿De dónde saldrán esos recursos? Hasta la fecha la respuesta no es clara por parte de las autoridades.