Fuente: CR Hoy

Ante sí, el Poder Ejecutivo tiene el reto de convencer a los sectores políticos proclives a la contención del gasto público sobre la verdadera necesidad de destinar más de ¢1 billón para atacar la pandemia del COVID-19.

El Gobierno de la República pretende destinar un 3,3% del producto interno bruto (PIB) para atender la emergencia que toca la puerta de Costa Rica por la expansión del COVID-19.

Los recursos no solo irían a financiar la atención de la salud de las víctimas del peligroso coronavirus, sino que, además, se utilizarían para intentar mitigar las consecuencias que la pandemia tendrá sobre múltiples sectores de la economía costarricense, tanto para las familias, como para las empresas.

La propuesta, que el Ejecutivo denomina “Plan Proteger”, informó Casa Presidencial, tiene el objetivo de acumular la liquidez que se necesita para reaccionar “responsablemente” ante las necesidades que genere la emergencia, aún de una magnitud difícil de estimar a pesar del insistente llamado de las autoridades sanitarias del país para que la población acate las normas necesarias para frenar el avance del COVID-19.

La gran bolsa de recursos que pretende consolidar Casa Presidencial se nutriría de:

  • ¢226.000 millones de los superávits de 13 instituciones descentralizadas. Esos recursos en principio se utilizarían para reducir la deuda del Gobierno Central.
  • ¢287.000 millones provenientes de un crédito de consolidación fiscal que el Gobierno solicitó al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
  • ¢216.000 millones de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
  • ¢12.000 millones que el Gobierno ahorró con recortes a pensiones de lujo que en principio se iban a usar para aumentar el gasto en asistencias sociales.
  • ¢288.000 millones que se recaudarían en caso de que se apruebe el proyecto para titularizar en el presente las utilidades futuras que genere el Instituto Nacional de Seguros (INS).
  • La suma total de los recursos de esas fuentes sería de ¢1.029.000 millones.

El Gobierno pidió desde este jueves el aval de los diputados para sus planes y anticipó que la gran bolsa de recursos para enfrentar el COVID-19 se plantearía formalmente a través de un presupuesto extraordinario que, también, quedaría sujeto a aprobación de los parlamentarios.

No obstante, el Poder Ejecutivo también deberá echar mano de la diplomacia hacendaria a nivel de los organismos financieros multilaterales, pues sus planes implicarían redestinar recursos que se habían negociado primero con otros fines.

Dinero irá entre pandemia y pago de deuda

Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, en cuyos hombros recaerá buena parte de la labor de convencimiento, afirmó que el Plan Proteger no implica el compromiso de recursos de parte del Poder Ejecutivo.

Además, en un llamado a la tranquilidad, hizo énfasis en que los recursos que se generen de esa liquidez se distribuirán entre la atención de la deuda pública y la mitigación del golpe que dará el COVID-19 al país.

“De acuerdo con la magnitud de la emergencia, (los recursos) serán distribuidos entre el pago de la deuda y la atención por COVID-19, en tanto, el bajar la deuda nos coloca en una posición más favorable para tener liquidez y contar con las herramientas para reaccionar más eficientemente ante la atención de la emergencia”, comentó Chaves.

Adicionalmente, el jerarca indicó que las medidas incluidas en el Proyecto de Alivio Fiscal ante el COVID-19 representan alrededor de un 1,26% del PIB.

Cautela en el Congreso ante Plan Proteger

En el Parlamento, primer teatro en el que se desarrollará la operación Proteger, Casa Presidencial empezó cosechando dudas.

Esto, a pesar de la buena disposición que han mostrado hasta ahora los diputados para aprobar el paquete de medidas fiscales y de cambios a la normativa para que el país enfrente mejor parado la emergencia que traer la pandemia.

La cojefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, dijo que en el caso del Plan Proteger su bancada analizará con lupa la propuesta del Poder Ejecutivo.

A los socialcristianos les preocupa lo obvio: una importante cantidad de los recursos que el Gobierno quiere meter en la bolsa para mitigar el golpe del COVID-19 había sido solicitada en principio para enfrentar otro mal mayor, la creciente deuda del Gobierno Central.

Ese mal devora ingentes recursos del presupuesto de la República en el pago de intereses a los acreedores. El ritmo de ese otro peligro avanza a un ritmo de ¢11.000 millones al día, según datos del Ministerio de Hacienda.

“Sabemos que (el COVID-19) es una emergencia nacional y que tenemos que buscar la manera de conseguir el dinero, pero, también, tenemos que recordar que el aumento y el crecimiento de nuestra deuda también es una emergencia. También tenemos que cuidar ese detalle para que de aquí a diciembre no vaya a generar esto un problema aún mayor”, adelantó la socialcristiana.

Solís agregó que su bancada analiza la posibilidad de aprobar el uso de un porcentaje del crédito del CAF para que financie la atención de la emergencia, pero descartó que vayan a dar su aval para que el 100% de los recursos (US$500 millones) se destine para tal propósito. Igual ocurriría con el resto de los empréstitos que la Presidencia incluyó en el Plan Proteger.

Jorge Fonseca, subjefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que aún es pronto para que el grupo de diputados más grande del Parlamento tenga un criterio respecto del Plan Proteger.

El legislador dijo que será hasta este lunes que la bancada fijaría una posición pues aún carecen de la información técnica necesaria para tomar una decisión.

Parte de esos datos los recibieron los jefes de fracción el viernes pasado durante una reunión en la que participó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, coordinadora del Consejo Económico Presidencial, y el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero.

La jefa de fracción de la bancada verdiblanca, Silvia Hernández, cree que el abordaje económico de la crisis por el COVID-19 debe ser equilibrada en materia económica.

“Yo creo que estamos llamados a hacer todo lo que esté en nuestras manos, la inacción es lo que más se va cobrar en tiempos de angustia como los que se viven. Lo primero es la salud y lo segundo la economía. Debemos tomar medidas que ayuden sin debilitar una u otra. Este proyecto, como cualquier otro, en este sentido se recibe pero requiere revisión y sabemos que hay urgencia de tiempo para reaccionar, por ello, el Gobierno debe acercarse a la Asamblea Legislativa y darle las herramientas, respuestas a consultas, datos, entre otros, de forma oportuna para que todos los proyectos en pro de la salud y la economía salgan sin demora y sobre todo sin repercusiones negativas”, agregó.

En tanto, Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional indicó que la bancada aún no tiene una posición sobre el Plan Proteger pues están a la espera de que el Poder Ejecutivo les explique algunos detalles sobre cómo se utilizaría el dinero para asistir a las familias y empresas que estén en problemas por la pandemia.

El diputado comentó que preliminarmente su grupo estaría en anuencia de que se destinen recursos para el respaldo de personas que pierdan el empleo o a quienes se les suspenda el contrato laboral, así como a las personas a las que la pandemia las encuentre el situación de pobreza y de pobreza extrema.

Y explicó que las dudas giran en torno a los mecanismos que usaría el Gobierno para garantizar que en el Plan Proteger no habrá filtraciones de beneficiarios que en realidad no necesiten la asistencia estatal.

Nos preocupa la forma en cómo se va a controlar que esos recursos, inequívocamente, se dediquen a esos fines y no para hacer otro tipo de campañas. Vamos a esperar las explicaciones que nos pueda brindar el señor ministro de Hacienda para tener una posición de la fracción”, agregó.