Fuente: CR Hoy

El Ministerio de Hacienda considera tres opciones para crear un nuevo impuesto al carbono que iría de la mano con la implementación del Plan Nacional de Descarbonización que lanzó el gobierno de Carlos Alvarado en el 2019.

Las opciones serían crear un nuevo impuesto sobre los combustibles fósiles; un tributo sobre las fuentes móviles terrestres, o bien, un impuesto sobre la contaminación vehicular, De acuerdo con el análisis “Alternativa de implementación de un impuesto al carbono”.

El estudio lo prepararon los técnicos Karen Brenes y Emerson Núñez, de la División de Política Fiscal, de la Dirección General de Hacienda, y se publicó en diciembre del 2020.

La primera alternativa, la de gravar los combustibles fósiles, tendría como hecho imponible la producción nacional y la importación de combustibles; el contribuyente sería la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la base imponible sería el combustible fósil.

La tasa del impuesto, en este primer escenario hipotético, se estimaría con base en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de combustible consumido o litros por el precio del carbono, que se estima que debería estar para el caso costarricense, dentro del rango determinado que manejan algunos países de Latinoamérica, de $5,7 por tonelada de CO2.

En este caso, el impuesto se cobraría mensualmente, y el incremento gradual que se aplique a la tasa impositiva, recomiendan los técnicos de Hacienda, podría realizarse anualmente en función de la inflación del año anterior.

El documento indica para la segunda opción, la de crear el impuesto sobre fuentes móviles terrestres, que el hecho imponible sería la adquisición de un vehículo nuevo por parte de agentes económicos, y que emita óxidos de nitrógeno (NOx) por el uso de combustibles fósiles.

Los contribuyentes sería los compradores de vehículos nuevos que usen derivados del petróleo para alimentar sus motores.

La base imponible serían los óxidos de nitrógeno que generen las unidades y la tasa del impuesto se calcularía considerando el rendimiento urbano del vehículo más su emisión de NOx, multiplicado por el resultado de un factor de ajuste por su precio de venta.

Los ajustes a la tasa impositiva, sugiere el documento, estarían en función de la inflación.

Por último, en el tercer escenario, que propone que el impuesto al carbono recaiga sobre la contaminación vehicular, el hecho imponible sería la posesión de un automotor por parte de personas físicas o jurídicas, que esté inscrito ante el Registro Nacional, cuya cilindrada sea superior a la base determinada.

Los contribuyentes, como se intuye, serían todos los dueños registrales de automotores con esa característica; la base imponible sería el peso y la antigüedad del vehículo y la tasa del impuesto se estimaría por la brecha que exista entre el peso del carro y la cilindrada base determinada, multiplicado por un factor de ajuste que considera la antigüedad del vehículo.

La tasa se revisaría anualmente en función de la inflación, además sobre los parámetros establecidos en la métrica para propiciar un mayor impacto sobre la externalidad.

El objetivo es desincentivar la compra y uso de combustibles contaminantes en varias actividades humanas, para darle paso al uso de tecnologías más nuevas y menos contaminantes.

Riesgos

La eventual creación de un impuesto sobre el carbono implica ciertos riesgos para el país. Uno de ellos es el efecto que tendría el tributo sobre la inversión.

Si bien Costa Rica está a un paso de convertirse en socio pleno de la Organización par la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Hacienda recomienda que el precio del carbono se mantenga dentro del rango que maneja la región latinoamericana y que no tome como referencia el costo que fijan los países de la Organización.

Como ya se citó, en Latinoamérica, específicamente en México, Chile y Colombia, se cifra en $5,7 por tonelada de CO2, mientras que en la OCDE, es de 44,6 euros ($54,8).

La recomendación de Hacienda de mantener el valor del carbono dentro de los parámetros latinoamericanos es para impedir que ocurra una estampida de empresas transnacionales que decidan llevarse sus operaciones a otras naciones donde no se cobre un precio al carbón, fenómeno que se conoce como “Fuga de Carbono”.

En el caso del escenario en el que gravarían los combustibles fósiles, Hacienda prevé que conforme se avance en las descarbonización se reducirán los ingresos por concepto del impuesto único sobre los combustibles, que genera alrededor de un 1% del producto interno bruto (PIB) anualmente. También se reducirían los ingresos que generaría un impuesto al carbono.

En el 2020, el impuesto único sobre los combustibles tuvo un peso relativo de un 10,1% en los ingresos tributarios. Más de un 57% de lo recaudado con ese tributo va a financiar el gasto corriente del Gobierno Central.

Por esto, los técnicos propusieron que la implementación de un nuevo impuesto de este tipo, se debe acompañar de otros instrumentos tributarios “verdes”, para que no se reduzcan los ingresos del Gobierno Central, de por sí diezmados.

De acuerdo con un estudio del 2017 realizado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas (ONU), Costa Rica está en un grupo de países latinoamericanos en los que la implementación de un impuesto al carbono tendría un efecto negativo sobre el PIB, por lo que no podría aplicarse alguna política de reutilización de ingresos fiscales.

“En este caso, el impacto negativo sobre el PIB aumenta, conforme incrementa el nivel del impuesto. Los resultados deben tomarse con precaución en la medida en que parece existir un sesgo hacia la pertenencia de la OCDE (que no necesariamente refleja las condiciones de las economías)”, explicó Cepal en su informe.

Según el estudio “Costos y Beneficios de la Descarbonización de la Economía de Costa Rica”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Plan Nacional de Descarbonización de Carlos Alvarado provocará beneficios netos por $41.000 millones a Costa Rica.

Entre los objetivos del proyecto está que al 2050 las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Costa Rica sean tan pequeñas que los bosques del país podrían compensarlas en su totalidad, reseñó el año pasado el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El plan también pretende reducir un 23% de las emisiones de Costa Rica al 2030, un compromiso difícil de cumplir debido al lento avance de las acciones que componen el plan de descarbonización.