Fuente: periódico La Nación



El próximo 1°. de enero, 850 dueños de casas de lujo, quienes no han declarado el impuesto solidario, se encontrarán con que adeudan el periodo 2015.

El viceministro de Hacienda, encargado de Ingresos, Fernando Rodríguez, explicó que esa cartera tiene la potestad de hacer el cobro de oficio; es decir, aún si la persona no ha declarado el tributo.

Ese gravamen, que se le conoce como el impuesto a las casas de lujo, se aplica sobre construcciones con un valor superior a los ¢121 millones, aunque en las próximas semanas ese monto cambiará.

Rodríguez detalló que los 850 propietarios surgieron de una revisión realizada en cuatro municipios, que, por estrategia, no quiso revelar.

Según el jerarca, se les cobrará el año 2015 y luego iniciarán una fiscalización para revisar los años 2012, 2013 y 2014, pues Hacienda tiene facultad de verificar cuatro periodos.

En cerca de tres meses, dijo el Rodríguez, continuarán la misma operación con otras cuatro municipalidades y así seguirán hasta cubrir las 81.


Sin control en el pasado. Rodríguez reconoció que este es un impuesto el cual ha tenido poco control de parte de las autoridades, tal como lo denunció la Contraloría General de la República, en un informe publicado el 12 de diciembre de este año.

“La Dirección General de Tributación no realizó ningún control para identificar a deudores del impuesto solidario, ni ninguna fiscalización durante el 2013 y primer semestre del 2014”, señala la Contraloría.

El ente contralor encontró que 228 contribuyentes presentaron su declaración sobre el impuesto solidario en el periodo 2009, pero luego no lo hicieron nuevamente en el 2013, a pesar de que el valor de las edificaciones superaba el monto mínimo exento.

De los que no declararon en el 2013, solo 22 cancelaron el tributo en ese año, con base en la información del 2009.

Rodríguez dijo que también han encontrado casos en los cuales el procedimiento se realizó sobre el valor de la casa y no sobre el costo de la vivienda y el terreno.

Este impuesto fue creado mediante la Ley N.° 8683, del 19 de noviembre de 2008. Recae sobre el valor de las construcciones y los terrenos de uso habitacional, que superen el monto imponible fijado según la ley.

Pablo González, gerente de Impuestos de la firma ICS Abogados, comentó que los contribuyentes deben tener en cuenta que la información de este impuesto debe presentarse cada tres años, a partir de la vigencia de la citada legislación.

“Los nuevos contribuyentes serían los que construyeron a lo largo de todo el año 2014”, aclaró el abogado.

La recaudación de este tributo se debe dedicar a programas de vivienda.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), encargado de ejecutar estos programas, informó de que hasta ahora han invertido ¢14.328 millones de este tributo en programas de vivienda, que incluyen el levantamiento de urbanizaciones, así como obras en barrios urbano-marginales como alcantarillados.

Ejemplos de trabajos son el proyecto El Jícaro II en Guanacaste y el proyecto Don Edwin, en Limón, entre otros.

Actualmente, están comprometidos ¢6.829 millones en obras y hay pendiente de asignar a proyectos ¢1.082 millones de fondos del tributo.