Fuente: CR Hoy

El Ministerio de Hacienda considera que un impuesto a las emisiones contaminantes de dióxido de carbono se implementará en Costa Rica entre las décadas del 2030 y el 2050, coincidiendo con la ventana de tiempo que este Gobierno abrió para descarbonizar la economía.

Además, la cartera estima que la próxima década se consumirá en evaluar posibilidades sobre cómo aplicar ese tributo para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

CRHoy.com publicó que entre esas posibilidades Hacienda baraja tres escenarios de la aplicación de ese futuro impuesto: gravar la producción nacional e importación de combustibles fósiles; la adquisición de vehículos nuevos que emitan óxidos de nitrógeno (NOx) por el uso de combustibles fósiles; y sobre la posesión de un vehículo cuya cilindrada sea superior a la base determinada y, por lo tanto, contamine más.

El director general de Hacienda, Francisco Fonseca, dijo que la Dirección no se encuentra desarrollando ninguna propuesta para crear un impuesto al carbono.

Aunque sí hay un estudio al respecto, publicado en diciembre del 2020, titulado “Alternativas de implementación de un impuesto al carbono”, que elaboraron funcionarios técnicos de la División de Política fiscal de ese despacho. El documento es una primera aproximación al tema.

Además, según Hacienda, el documento forma parte de los estudios anuales contemplados en la planificación operativa de mediano y largo plazo.

“Este es un primer insumo que hace un repaso por la experiencia de países latinoamericanos que han estudiado e implementado este tipo de instrumentos fiscales; por lo tanto, es un referente muy preliminar a considerar en el marco del Plan Nacional de Descarbonización“, indicó el Ministerio.

Despacio para cuidar el PIB

Fonseca dijo además que su despacho estudia referentes para definir una hoja de ruta fiscal verde, enfocada en el impacto económico, social, fiscal y para no afectar el producto interno bruto (PIB).

Él cree que este tema de los impuestos verdes es un asunto en el que todos los países del mundo se deben preparar con mucha anticipación por los efectos que traería un cambio tributario de ese calibre.

El estudio “Alternativas de implementación de un impuesto al carbono” contempla ese último riesgo que menciona el funcionario.

Al respecto, los técnicos del Ministerio plasmaron en el documento que el precio por tonelada de carbono que se fije eventualmente en el país debería estar dentro del rango del costo que han fijado otros países latinoamericanos que ya aplican los denominados impuestos verdes. Así por ejemplo, el precio en México, Chile y Colombia es de alrededor de $5,7.

Esto para cuidar a la economía de que no sufra una salida súbita de inversión extranjera, en busca de nuevos destinos donde no se le haya puesto un precio a las emisiones de carbono.

El estudio, además, estima la reducción que sufriría la recaudación por concepto del impuesto único a los combustibles conforme se avance en el proceso de descarbonización.

Por esto, los técnicos propusieron que la implementación de un nuevo impuesto de este tipo, se debe acompañar de otros instrumentos tributarios “verdes”, para que no se reduzcan los ingresos del Gobierno Central, de por sí diezmados.

“Siendo este tema tan innovador, se está realizando un proceso de análisis cognitivo”, indicó la Dirección General de Hacienda.

Fonseca indicó que el país llegaría a la etapa de presentar un proyecto de ley para crear impuestos verdes hasta después del 2030. Ahora las autoridades están en la etapa de medir consecuencias y de calibrar cualquier acción con las políticas que organismos líderes, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), van creando.

“Somos conscientes de que en este momento en dónde el país enfrenta condiciones económicas producto de la pandemia, esta no es una opción sobre la que deseamos realizar un planteamiento fiscal.

“Como ente técnico nos preocupamos por trabajar en la comprensión integral del sistema fiscal dada las condiciones de la economía, a través de las mejores herramientas fiscales, procurando planteamientos que sean progresivos y equilibrados, así como integrando el concepto de costo-beneficio social”, concluyó Fonseca.