Fuente: Semanario Universidad

El 20 de setiembre inició el tercer ciclo de reuniones de las autoridades costarricenses con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de revisar el estado del convenio pactado por Costa Rica para acceder a un total de US $ 1.778 millones, que permitan estabilizar las finanzas públicas.

Sin embargo, el clima de lluvias excesivas que desde la semana pasada azota trágicamente al país, también empapa la perspectiva económica y el ambiente político.

Lloviendo sobre mojado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tuvo que aumentar su Tasa de Política Monetaria (TPM) en otros 100 puntos base y la ubicó en 8,50% anual para hacer frente a la inflación importada, que en nuestro país alcanzó el 12,3% en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El banco justificó la medida argumentando que, a pesar de no ser de origen doméstico, la alta inflación externa ha elevado más las expectativas inflacionarias de los agentes económicos locales, con el consiguiente riesgo de provocar “efectos inflacionarios de segunda ronda”.

Con este ajuste, se suman alzas de 775 puntos base en la TPM desde diciembre pasado, lo cual incrementa también los intereses que pagan los hogares y las empresas por las deudas pactadas a tasas de interés variables, mientras, simultáneamente, la inflación encoge los ingresos en colones.

Lo mojado preexistente es que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en julio, mostró que la economía nacional continúa desacelerándose: registró solo 3,3%, una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a junio y de 9,8 p.p. de un año al otro.

Como un diluvio que superaría los “cuarenta días y cuarenta noches” bíblico, el BCCR considera que el panorama inflacionario mejorará recién hacia mediados del 2024, pero la vista de un horizonte más soleado es sugerida porque el crecimiento promedio sigue siendo bueno: de 6,0% de enero a julio (8,1% en los últimos 12 meses), dijo en Central.

Mas, en el ámbito político y legislativo, la tormenta no cesa.

Consultado por UNIVERSIDAD, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, minimizó el impacto económico del aumento salarial decretado por la administración Chaves para su gabinete, nomás estrenándose.

Pero su inconsecuencia con el llamado al funcionariado público de “socarse la faja” en materia salarial, establecido por ley desde el 2018 para sanear las finanzas públicas, empezó a tener impacto.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó aumentar la base salarial de sus 60.000 funcionarios en ₡7.500 mensuales para lo que resta del año y retroactivamente a partir del 1 de enero de 2020.

El drama se elevó con el despido de su presidente ejecutivo, Álvaro Ramos, una señal del Gobierno para el FMI de que, a pesar del aumento al gabinete y de la reinterpretación realizada a la regla fiscal, mantendría el compromiso de balancear las finanzas públicas.

Según la reforma fiscal del 2018, ni los aumentos por inflación ni los “pluses” salariales del sector público pueden darse hasta que la deuda baje del 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente, esa relación es de 69,0% del PIB.

La excepción son la CCSS, los bancos y las empresas públicas en competencia. Pero la semana pasada también el sindicato de la Universidad de Costa Rica cerró los accesos de sus sedes como medida de presión para que la administración abonara su propio aumento salarial por el costo de vida.

En tiempos de alta inflación, salarios achicados y altas tasas de interés, bajar la relación de la deuda pública con respecto al PIB se torna así más crucial que nunca.

En el lado soleado, la reducción del gasto —por la aplicación de la regla fiscal— y el aumento de los ingresos tributarios —por la reforma fiscal—, han dado como resultado actual un balance mejor al pactado con el FMI: un superávit primario, de 1,3% del PIB y un déficit financiero de 1,0% del PIB, en comparación con 0,4% y 1,9% el año pasado, respectivamente.

Pero aún así la Asamblea Legislativa no se convence de autorizar la colocación de US $6.000 millones en “eurobonos” de deuda pública, solicitada por Hacienda, para adquirir más baratos los recursos con los cuales pagar la deuda que vence el próximo año.

Por el contrario, el congreso no descarta llevar a Hacienda “con mecate corto”, esto es, con autorizaciones de US $1.500 millones cada vez.

Ante esto, el ministro Acosta dio a entender a UNIVERSIDAD que no cuentan con un “plan B” en caso de que la Asamblea no apruebe su solicitud de eurobonos. El panorama sigue, pues, “remojado” de incertidumbre. A continuación, las respuestas de Acosta a nuestras consultas.

¿Han estado trabajando con el FMI tras el hackeo?

—La tercera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se realizará entre el 20 de setiembre y 04 de octubre del 2022.

Esto no significa que el FMI solo tenga contacto con las autoridades costarricenses en esas fechas, todo lo contrario, existe un constante intercambio de información y retroalimentación entre las partes a lo largo del año.

¿Con cuáles argumentos y datos justificarán ante el FMI el aumento salarial al gabinete y el cambio de interpretación de la regla fiscal?

—El acuerdo con el FMI consiste en el cumplimiento de una serie de metas cuantitativas y cualitativas. En el caso particular del sector fiscal, el Ministerio de Hacienda ha dado cumplimiento a todos los objetivos establecidos y, en algunos casos, inclusive se ha dado un sobrecumplimiento.

En relación con el aumento salarial a los ministros y viceministros, este tiene un efecto tan pequeño que su impacto es apenas perceptible en la dinámica del gasto total, lo cual no tiene una incidencia sobre las metas del acuerdo.

Con respecto al cambio de interpretación de la regla fiscal, este fue necesario para dar más espacio a los ministerios y que dieran cumplimiento a sus objetivos institucionales.

Con los resultados fiscales a junio ¿planean proponer al FMI otros cambios mayores al convenio pactado por la administración anterior?

—Los resultados fiscales a junio del 2022, además de positivos, nos encaminan hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estos resultados son, sin duda, un indicador de la voluntad y compromiso de esta Administración para honrar el acuerdo.

Esta dinámica nos estaría brindando un espacio para proponer ciertos ajustes en la agenda acordada por la Administración anterior. Aún estamos en una etapa de valoración y oportunamente haríamos el anuncio de tales modificaciones.

¿Cuál es el “Plan B” si solo se aprueba una emisión de US $1.500 millones en eurobonos?

—El Plan A es la aprobación de los US$6.000 millones. Hemos sido vehementes y enfáticos con las señoras y señores diputados sobre la necesidad de obtener una autorización por este monto.

Los verdaderos impactos en tasa interés y credibilidad serían mucho más profundos en este escenario.

Una aprobación parcial, de solo US$1.500 millones, además de ser un parche para atender el vencimiento del 2023, acarreará un problema para la valoración crediticia del país, pues haría que todo el proceso de colocación sea poco atractivo para los inversionistas, lo que no permitiría materializar los efectos que estamos buscando para mejorar el perfil y la dinámica de la deuda del Gobierno Central.