Fuente: Semanario Universidad

Los nublados están menos densos, pero, para los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior (Comex) la claridad solo llegará en el mes de octubre, cuando el grupo de las 20 economías más grandes del planeta tomen la decisión definitiva sobre cuánto y cómo cobrar, a partir de 2023, un Impuesto Mínimo Global (IMG), de al menos el 15% a las utilidades de las multinacionales —como Facebook, Google, Amazon o Uber— que obtienen ganancias en todo el mundo, pero que para efectos tributarios buscan domiciliarse en paraísos fiscales.

Así lo manifestaron a UNIVERSIDAD, luego de que el pasado sábado los ministros de finanzas del G-20 ratificaran el acuerdo tomado a comienzos de julio por 130 países. Previamente, el 4 y el 5 de junio, los países de mayor riqueza —Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón— conocidos como G-7, reunidos en Londres, había adelantado la existencia del consenso necesario para crear ese impuesto, gracias a que el nuevo presidente estadounidense, Joseph Biden, fue uno de los impulsores.

El director general de Tributación, Carlos Vargas, recordó que el IMG se aplicaría a empresas transnacionales cuyas ventas globales sean mínimo de 750 millones de euros anuales (unos $885.540.000.00 anuales).

El funcionario confirmó que el Ministerio de Hacienda “ha venido participando en el grupo de trabajo que está analizando este tema, el cual va a ser objeto de revisión por el G20 en octubre próximo, de manera que en este momento la propuesta no se podría estimar definitiva”.

Sin embargo, también recordó que, para aplicar el cambio, le corresponderá a la Asamblea Legislativa modificar la ley del Impuesto sobre la Renta (IR) (ver el recuadro).

En cuanto al Comex, le consultamos si las ratificaciones más recientes sobre el IMG tendrán efectos en el esquema de incentivos nacionales, el cual, según la última reforma a la Ley de Zonas Francas, realizada en el 2010, ya incluye el cobro progresivo de ese 15% del IR.

La respuesta del ministerio fue que “el anuncio del 1 de julio pasado contiene algunos elementos más definidos sobre el IMG, como la tasa mínima de impuesto que deberán pagar los grupos corporativos que cubrirían las nuevas reglas cuando entren en vigor (15%), o los umbrales de ingreso mínimo anual que se aplicarían para determinar qué empresas estarían sujetas (€750 millones)”.

Agregó que “también contiene aspectos pendientes que continúan discutiéndose de cara al cierre del acuerdo, el cual se espera finiquitar en octubre, como los impuestos que se tomarían en cuenta para poder hacer el cálculo de si un país está o no por debajo del mínimo global y las exclusiones basadas en sustancia, que son muy importantes para países como Costa Rica”.

Sin embargo, afirmó que “es prematuro, en estos momentos, conjeturar sobre lo que ocurrirá, incluso en relación con las zonas francas, así como las estrategias para potenciar oportunidades y mitigar riesgos eventuales”, pues “del contenido que finalmente adopten estos elementos dependerán los potenciales impactos derivados”.

Según el inciso d) del Artículo 21 ter de la Ley 8794, Reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas, N. 7210, de 23 de noviembre de 1990, del 12 de enero del 2010, “las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana Ampliada (Gama) pagarán una tarifa de un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta, durante los primeros ocho años, y de un quince por ciento (15%) en los siguientes cuatro años”.

Agrega que “si se trata de empresas ubicadas fuera del Gama, pagarán la tarifa de un cero por ciento (0%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros seis años, un cinco por ciento (5%) durante los segundos seis años y de un quince por ciento (15%) durante los seis años siguientes”.

Además, establece que “el cómputo del plazo inicial de este beneficio se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la empresa beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda los tres años a partir de la publicación del respectivo acuerdo de otorgamiento” y que, “una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el acuerdo del otorgamiento del régimen, las empresas beneficiarias quedarán sujetas al régimen común del impuesto sobre la renta”.

Sin embargo, dependiendo de la forma que tome el acuerdo definitivo del G-20, en octubre, dentro de un proceso que es patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluso lo que establece hoy esta reforma podría modificarse, según adelantó el Comex.

Servicios digitales transfronterizos

Pero es probable que el IMG afecte menos al tipo de transnacionales que realizan Inversión Extranjera Directa en el régimen de zonas francas costarricense, que a multinacionales como Facebook, Google, Amazon, Uber o Tik Tok, entre muchas otras, las cuales obtienen ganancias en todo el planeta a partir de la prestación de servicios digitales transfronterizos.
Economista Bernal Jiménez Chavarría: “No hay ningún dilema con respecto a que las empresas transfronterizas digitales paguen el IR sobre las transferencias que los costarricenses les hacen a estas empresas desde Costa Rica”. (Foto: cortesía de don Bernal Jiménez Chavarría).

Según el economista Bernal Jiménez Chavarría, sin necesidad del IMG, el Estado costarricense ya debería estar recibiendo, por concepto del IR, mucho más dinero del que percibe por el cobro del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a las operaciones locales de tales empresas.

“No hay ningún dilema con respecto a que las empresas transfronterizas digitales paguen el IR sobre las transferencias que los costarricenses les hacen a estas empresas desde Costa Rica hacia sus respectivos domicilios”, dijo.

“La ley —continuó— dice textualmente en su artículo 52 que ‘este impuesto grava toda renta o beneficio de fuente costarricense destinada al exterior’ y en su artículo 53, que ‘el impuesto se genera cuando la renta o beneficio de fuente costarricense se pague, acredite o de cualquier forma se ponga a disposición de personas domiciliadas en el exterior’”.

“Como bien lo indica la propia Dirección General de Tributación —continuó— estos calzan con lo estipulado en el artículo 52 de la ley 7092 y, por tanto, las retenciones de renta aplican. Si la tributación piensa que hay casos en los que no, debe explicar mediante una resolución razonada cuáles son esos casos y por qué. De lo contrario, es su obligación proceder con el cobro del ISR”, insistió.

En cuanto al posible impacto del IMG en Costa Rica, Jiménez consideró que “el acuerdo sí es relevante para el caso en que haya empresas —transfronterizas o no— que realicen actividades —ya sean productivas o de venta de insumos o bienes finales— y que no estén tributando en el país, pero, finalmente, sí tributen en otra nación donde tienen su base”.

“Esto permitirá repartir de una manera posiblemente más igualitaria la carga del IR mínima que se estableció en el acuerdo entre los diferentes domicilios en los que realizan sus distintas actividades”, agregó.

Sin embargo, opinó que lo anterior “no debe afectar las estipulaciones que la ley sobre el IR costarricense ya estableció y que, por ejemplo, en el caso de las empresas transfronterizas digitales implica un pago del 25% sobre las retenciones que se han hecho a ellos desde que operan en nuestro país, lo cual son muchos millones de dólares que el fisco no recibe”.

De modo coincidente con la posición expresada por el Comex, el economista también consideró que la creación del IMG tendrá efectos sobre el esquema de zonas francas nacionales.

“Eso es correcto, parcialmente. La tasa máxima a la que se llega en la reforma indicada es 15%, mientras que la mínima del acuerdo es del 15% y con posibilidades de subir. Parece apropiado que la tasa mínima de la Ley de Zonas Francas pase a 15%, de modo que esos impuestos se queden en Costa Rica”, concluyó.

La Dirección General de Tributación respondió a UNIVERSIDAD —en una edición anterior— que el monto que estima recaudar por el IVA a los servicios transfronterizos en 2021 es de ¢20 mil millones.

Por su parte, Jiménez Chavarría calculó, el año pasado, que, si el fisco hubiera cobrado también el IR a 51 empresas que ofrecen servicios transfronterizos, del tipo de Uber, Netflix, Spotify, Amazon, y demás, el país hubiera recaudado, por concepto de IVA e IR, aproximadamente $111 millones.

La introducción del IMG —que se concretaría en octubre y entraría a regir en el 2023—, es una de las principales recomendaciones del Informe sobre la integridad financiera para el desarrollo sostenible, presentado en febrero pasado por un grupo de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas.

También es impulsado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), la cual está integrada por la economista Jayati Ghosh y sus colegas Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.

Esta comisión ha planteado que el IMG debería de ser del 25%. Sin embargo, el economista José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia, manifestó en mayo que conseguir el 21% —como propuso inicialmente el presidente Biden— “sería un paso en la dirección correcta, ya que esto podría generar cuantiosos ingresos mundiales, por lo menos iguales a las pérdidas anuales de US$240.000 millones estimadas por la OCDE, e incluso podría llegar a los US$640.000 millones, según un reciente estudio sobre los posibles efectos recaudatorios de la adopción generalizada de esta medida”.

Ocampo también argumentó que “no se puede ceder al chantaje de las grandes empresas que repiten que este tipo del 21% sería excesivo y que perjudicaría a los países en desarrollo, pues la privaría de una valiosa herramienta para atraer inversiones”.

Según el economista, “este argumento, que muy extrañamente es retomado por el propio presidente del Banco Mundial, es totalmente erróneo. Los estudios demuestran que cuando una multinacional planea dónde ubicar una unidad de producción, la ventaja fiscal aparece, en la lista de criterios por considerar, bastante por detrás de otras cuestiones como la calidad de la infraestructura, el nivel educativo de los trabajadores o la seguridad jurídica”.

Sin embargo, lo único cierto hasta el momento sobre la magnitud que podría adquirir el IMG es su piso del 15%.

Uno de los factores que hoy inciden en el amplio consenso obtenido para esta reforma fiscal a escala planetaria, que afectaría a unas 10 mil empresas multinacionales y que ha sido calificada como “histórica”, es el alto endeudamiento en que incurren los países de ingresos bajos y medios para afrontar la pandemia de COVID-19.

El IMG permitiría distribuir equitativamente el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales entre todos los países donde estas venden sus productos y servicios, de modo que lo recaudado se quede en cada país.

Carlos Vargas, director general de Tributación:

“En este momento la propuesta no se podría estimar definitiva”

Afirma que sería necesario cambiar la ley, por lo cual la iniciativa correspondería a la Asamblea Legislativa.

130 países acordaron, la semana pasada, poner en efecto, a partir de 2023, el impuesto de al menos un 15% sobre las utilidades de las empresas transnacionales, el cual sería pagado en cada país donde operen. ¿Contribuye esto a resolver el dilema de la tributación del Impuesto sobre la Renta de esas empresas en Costa Rica y de las de servicios digitales transfronterizos en particular?
Carlos Vargas, director general de tributación: “El Ministerio de Hacienda ha venido participando en el grupo de trabajo que está analizando este tema” (Foto: Katia Alvarado).

—En el grupo de trabajo de la OCDE que está desarrollando esta iniciativa, la labor se divide en dos partes denominadas pilar 1 y pilar 2. En este segundo pilar es donde se da el anuncio del impuesto del 15% que, como contribución mínima, deben pagar los grupos multinacionales, a pesar de que algunas de sus subsidiarias están ubicadas en jurisdicciones que no pagan impuesto o tienen una tarifa de impuesto menor al 15%. Los grupos multinacionales incluidos en esa propuesta deben tener ventas globales de al menos 750 millones de euros anuales.

¿Hacienda participa de las discusiones internacionales que acordó establecer el IMG?

—El Ministerio de Hacienda ha venido participando en el grupo de trabajo que está analizando este tema, el cual va a ser objeto de revisión por el G20 en octubre próximo, de manera que en este momento la propuesta no se podría estimar definitiva.

¿Cuál es la posición de la Dirección de Tributación al respecto? ¿Aplicará el IMG a partir de 2023?

—Las decisiones que se tomen a nivel internacional en esta materia requerirán cambios de ley que deben ser previamente aprobados por la Asamblea Legislativa, en ejercicio de su competencia constitucional.

En este sentido, la Dirección General de Tributación aplicará lo que disponga la legislación al respecto.