Un reciente comunicado de la Casa Presidencial indica que el paquete tributario será sufragado en un 70% por el 20% más rico del país, y, consecuente con esto, el ministro de Comunicación, Roberto Gallardo, en unas declaraciones con relación al IVA educativo, había dicho que este IVA sería pagado por el 30% más rico. Ambas afirmaciones solo se pueden comprender por la desesperación de recursos frescos, pero no se sostienen por las siguientes razones:

El Estado tiene la obligación de estimular la educación privada conforme al mandato constitucional (artículo 80), y porque el Gobierno incumple su promesa de campaña de convertir a la educación en un instrumento de desarrollo y ascenso social.

Una falsedad. Es falso que en las universidades privadas solo estudien los ricos. El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, basa sus posiciones únicamente en las estadísticas del INEC, pero el único estudio específico sobre la el perfil socioeconómico de los estudiantes de universidades privadas lo realizó Demoscopía, el cual demuestra:

– Que el 45% trabaja y el 8% busca trabajo para estudiar.

– El 49% de las estudiantes son hijos de amas de casa, el 15% son hijos de profesionales, y los demás padres tienen actividades no calificadas, son oficinistas pensionados o técnicos.

– El 90% de los estudiantes considera que el impuesto los afectará mucho.

– Que solo el 10% podrá hacerle frente al IVA educativo sin problemas.

– Que el 62% de los estudiantes se ve obligado a estudiar de noche para poder trabajar o buscar trabajo y, así, pagar sus estudios.

– Que el 93% costea sus estudios con sus salarios, con préstamos, con recursos familiares obtenidos del trabajo de sus padres o con préstamos familiares. Solamente el 7% (y no el 30% con que sueña el ministro Gallardo) tiene recursos para sufragar sus estudios.

Mejor opción. Los estudiantes universitarios ven a las universidades privadas como una mejor opción, pues las universidades públicas limitan el acceso por la falta de cupos, no ofrecen los horarios que les permitan trabajar, o no ofrecen las carreras de su predilección.

Mientras en las universidades privadas el 23% de los estudiantes provienen de colegios privados, en las públicas el 35% provienen de colegios privados y el 8% de semiprivados. Y ningún estudiante de universidad pública pagará ningún tipo de impuesto, sea rico o pobre. No se comprende por qué se llama a unos estudiantes a ser solidarios y a otros no: esto es una violación del principio de igualdad (artículo 33 de la Constitución).

No entendemos por qué unos estudiantes que descargan al Estado de la obligación de darles estudio, tendrán que pagar impuestos, mientras a otros el Estado les financia los estudios (con los impuestos que pagamos todos) y, además los exime de pagar impuestos, aunque el 43% ha demostrado su capacidad de pago en los colegios de procedencia. Se supone que todos son costarricenses con los mismos derechos y obligaciones.

Por eso es inaceptable una desequilibrada distribución de las cargas y los beneficios.

De todos modos, el impuesto no distingue por clases sociales, pues el impuesto lo pagarán todos los estudiantes, sean ricos o pobres, pues el monto a pagar no dependerá de la clase social a la que pertenezcan, sino de la carrera que escojan (hay carreras más caras que otras).

En todo caso, evidentemente es falso lo que dice el ministro Gallardo de que el 30% de la población más rica estudia en las universidades privadas y es el que pagará el impuesto, pues lo detectado por Demoscopía dice lo contrario, además de que el IVA educativo lo pagará el 100% de los estudiantes de las universidades privadas, igual si son de clase baja o si son de clase alta.

Prejuicios. No se gobierna con prejuicios. La falta de fundamento de las posiciones de los señores ministros se reflejó en el hecho de que el Gobierno no negoció con el sector educación y ni siquiera facilitó sus votos en la Asamblea Legislativa para que nos dieran audiencia, a pesar de las reiteradas solicitudes de audiencia y propuestas de negociación. Eso muestra una posición política contra la educación, contra el ascenso social, contra el desarrollo, y un método de acción política.

Un impuesto a la educación es un impuesto al desarrollo.

La educación no se carga con impuestos, se debe estimular como lo ordena la Constitución.


Por Albán Bonilla Sandí

Periódico La Nación