Fuente: La Nación

La Contraloría General de la República (CGR) consideró positiva la propuesta para eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar de los empleados públicos.

De acuerdo con el órgano contralor, el planteamiento generaría equidad contributiva.

La iniciativa está contenida en un proyecto de ley sobre eliminación de exoneraciones fiscales, el cual forma parte del ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el subcontralor general, Bernal Aragón, afirmó este martes: “Se observa positivamente añadir el salario escolar como sujeto del impuesto sobre la renta.

“Esto representa una mejora en el tema de equidad contributiva; además, los diferentes estudios sobre la renta de los salarios y jubilaciones muestran que se concentran niveles de ingresos relativamente altos”, afirmó el subcontralor.

El salario escolar que los funcionarios públicos reciben en enero no es un ahorro ni el fruto de deducciones que se acumulan a lo largo del año.

De acuerdo con sentencias de la Sala Constitucional, el salario escolar es parte del salario ordinario que reciben los funcionarios.

Este se originó por un aumento salarial que el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998) no pudo pagar en cierto momento y que, entonces, decidió compensarlo como un treceavo salario, aparte del aguinaldo, que se pagaría en enero.

En el sector privado, este beneficio es prácticamente inexistente.

Luego, en el año 2008, el Congreso decidió exonerar el salario escolar del impuesto de renta, aunque todos los salarios del país (excepto el aguinaldo) deben pagar renta a partir de cierto monto.

Esto generó una desigualdad en detrimento de los trabajadores del sector privado, quienes sí deben pagar impuestos por todos sus salarios del año, siempre que superen los ¢840.000 mensuales.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, la eliminación de la exoneración al salario escolar recaudaría cerca de ¢43.561 millones anuales.

Este proyecto se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos con el nombre de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajustes de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal.
Homologación de rentas de capital

La iniciativa de ley, que recaudaría cerca del 0,35% del producto interno bruto (PIB) a partir del año 2022, también contempla homologar las tarifas del impuesto a las rentas y ganancias de capital al 15%.

Entre ellas se contemplan, por ejemplo, la tasa a los excedentes que distribuyen las asociaciones solidaristas y las cooperativas entre sus afiliados, además de un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior.

De esa manera, a modo de ejemplo, el impuesto a las remesas en transporte y comunicaciones aumentarían de 8,5% al 13,5%.

“Consideramos que contribuye a principios fundamentales de la tributación, al avanzar en la simplificación del sistema, al uniformar las tarifas, así como a una mayor recaudación y heredar confianza en el ajuste hacia la sostenibilidad y, por esta vía, eventualmente, repercutir favorablemente en la actividad económica”, afirmó el subcontralor general sobre el proyecto de ley.

Pese a su criterio positivo sobre el proyecto, la Contraloría aseguró que el Estado también debe estimar los efectos económicos que podría causar el aumento de cinco puntos porcentuales en el impuesto a las remesas, así como el ajuste al 15% de todas las rentas de capital.

De acuerdo con la gerenta de fiscalización del órgano contralor, Julissa Sáenz, eso podría causar una movilización de inversiones de Costa Rica hacia otras naciones, por ejemplo, en capital inmobiliario y remesas.

“Estos agentes económicos podrían encontrar otras opciones más atractivas fuera del país”, aseguró la funcionaria.
Proyectos del FMI

Durante la audiencia legislativa, la gerenta de fiscalización, afirmó que el país encontró “un pequeño respiro” fiscal para tomar decisiones estructurales que corrijan el rumbo de las finanzas públicas.

Ese respiro, explicó Sáenz, se explica porque el déficit financiero pasó de un 3,8% del PIB en el primer semestre del 2020, a un 2% en el mismo periodo de este año.

No obstante, advirtió de que la mejora no solo responde al efecto rebote de la actividad económica, después de la contracción por la pandemia, sino porque también se consideran recursos que entraron por única vez.

Entre estos, se contemplan los ingresos extraordinarios por el periodo fiscal de 15 meses, producto de un ajuste en el calendario tributario, introducido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

También, aseguró la funcionaria, se reflejan el impacto de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el pago de intereses y amortización de la deuda pública.

“Esta pequeña ventana de oportunidad que tenemos se debería aprovechar para tomar decisiones estructurales de ordenamiento que nos permitan retornar a la senda de la sostenibilidad y así no estar tan vulnerables a choques externos, como hemos experimentado recientemente.

“Este proceso de ajuste es importante porque sabemos que el saldo de la deuda es grande y esto genera que el pago de los intereses sea alto. El año pasado alcanzó 4,7% del PIB, cuando en el 2010 estábamos pagando un 2% del PIB.

“Con la regla fiscal lo que sucede es que el aumento en la proporción de este pago, hace que se estruje el resto del gasto corriente y que, entonces, tengamos que buscar ingresos adicionales”, afirmó.

El 25 de julio anterior, durante su gira a Guanacaste, el presidente de la República, Carlos Alvarado, urgió a los legisladores tramitar los proyectos de ley que forman parte del acuerdo de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alvarado afirmó esperar que la agenda fiscal “no se lea en clave electoral”.

Sus declaraciones ocurrieron luego de que, la semana pasada, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) descartara la posibilidad de crear un foro de discusión exclusivo para discutir ese plan.

La idea fue propuesta por la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, quien también es diputada de ese mismo partido.