Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El  impuesto del 20% a los vapeadores  y los accesorios para el vapeo quedó frenado de momento en el Congreso.

El segundo y último debate de este proyecto de ley no se dará esta semana luego de que un grupo de 14 diputados presentaran ante la Sala IV una consulta de inconstitucionalidad.  Los magistrados de la Sala Constitucional tendrán un mes para resolver la consulta, de lo que dependerá su paso a debate final.

La consulta la firmaron 8 de los 9 socialcristianos: Pablo Abarca, Aracelly Salas, Shirley Díaz,  José  María Guevara, María Inés Solís, Óscar Cascante, Erwen Masís y Pedro.  También los independientes Zoila Volio, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu.

Se sumaron además Melvin Núñez de Restauración Nacional, Otto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano e Ignacio Alpízar de Nueva República.

Los firmantes aseguraron que  este proyecto podría estar generando una doble imposición jurídica  y económica sobre el tabaco, sus derivados y los sistemas de vapeo electrónico.

El proyecto, autoría del liberacionista Luis Aiza, señala que esos recursos -los provenientes del 20% del impuesto- se destinarán para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los utilice en la compra de medicamentos que se requieren para enfrentar los efectos de las enfermedades que provoca el consumo de estos productos.

Además, la propuesta de ley establece la prohibición  de usar aparatos vapeadores y cigarrillos electrónicos en los mismos lugares donde se prohíben fumar los convencionales.

En un inicio la propuesta del proyecto era de un tributo de ¢1.000 tanto a vapeadores como a sus artefactos. En la etapa de discusión en la comisión de Asuntos Sociales se fijó después en un 40% y finalmente en el 20% aprobado inicialmente.

La propuesta de ley fija sanciones a quienes infrinjan la eventual  ley:

  • 10% de un salario base a las personas que utilicen los dispositivos, con o sin nicotina, en lugares donde se encuentre prohibido su uso.
  • 15% de un salario base a los responsables de colocar los avisos de prohibición del uso de los dispositivos en instalaciones públicas o privadas.
  • 50% de un salario base a las personas que, siendo administrador, director, curador, fiduciaria, apoderado o cualquier otra posición con facultad de decisión de empresas o instituciones públicas o privadas que permitan el uso de los dispositivos en sitios prohibidos.
  • 50% de un salario base a las personas que vendan cualquiera de estos productos (vaporizadores, accesorios, líquidos) a personas menores de edad.

La ley 7337 establece que el salario base actual en el país es de ¢450.200.