El cobro de un impuesto de ¢20 por cada cigarrillo será efectivo en tres meses, aproximadamente, cuando se reglamente la nueva ley antitabaco, que se firmó ayer en Casa Presidencial.

Este tributo obligará a los consumidores de tabaco a desembolsar ¢400 adicionales por cada cajetilla de cigarros.

Así lo confirmó anoche el viceministro de Hacienda, Rowland Espinosa. El funcionario explicó que están en la definición del mecanismo de cobro, pues aún no establecen si se cobra directamente a las tabacaleras o al expendedor final.

Lo recaudado anualmente por este tributo se destinará al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo, que hoy le cuestan ¢72.000 millones anuales a la Caja Costarricense de Seguro Social.

También se destinarán fondos al tratamiento de pacientes con cáncer y a campañas de prevención y divulgación de la Ley. Según estimaciones del Ministerio de Salud, este tributo generará ingresos anuales por ¢68.000 millones.

David Sancho, vocero de la Red Nacional Antitabaco (Renata), aseveró que la redacción del reglamento va “muy avanzada”, aunque la Ley concede hasta tres meses para que se apruebe.

La Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial confirmó que la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud se enviará hoy al diario oficial La Gaceta, para su publicación.

Jorge Vargas, director de la Imprenta Nacional, aseguró que si la norma llega según lo previsto, se publicará el próximo lunes.

Ayer, tras la firma de la Ley, la mandataria, Laura Chinchilla, lamentó que los diputados tardaran más de un año en aprobarla.

“El Poder Ejecutivo se compromete, de aquí en adelante, en terminar esta reglamentación en un tiempo razonable por hacer valer esta norma. También tenemos un compromiso con la industria del tabaco de procurar enfrentar el riesgo del contrabando”, agregó.

La Ley, que pretende desestimular el consumo de tabaco, también prohíbe el consumo de cigarrillos en sitios públicos como bares, restaurantes, cines, paradas de autobús y centros de trabajo.

Quien fume en zonas prohibidas, por ejemplo, se expone a una multa de ¢36.000

Por Vanessa Loaiza

Periódico La Nación