Fuente: periódico La Nación



El Ministerio de Hacienda perfila con mayor claridad su propuesta para transformar el tributo sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA). La Administración plantea la posibilidad de presentar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa la semana entrante o, a más tardar, en enero.

Abandona la idea de eliminar todas las exoneraciones porque, explica el viceministro Fernando Rodríguez, cobrar tasas bajas a productos de la canasta básica y los servicios de salud y educación podría resultar muy oneroso. La tasa simbólica del 2% para esos bienes y servicios se pensó como un medio para conservar intacta la cadena de pago del impuesto, lo cual mejora la fiscalización.

También se descarta la posibilidad de hacer la transformación del tributo sin elevar su porcentaje. La idea se discutió para restarle polémica a la iniciativa y mejorar ingresos, no por el aumento porcentual, sino por el cierre de los portillos a la evasión merced a los controles propios del IVA. El impuesto de ventas es del 13% y el nuevo IVA subiría un punto en el 2016 y otro en el 2017, hasta llegar a 15%.

La iniciativa es el primer paso en la ejecución del programa de reforma tributaria gradual concebido para superar los obstáculos políticos que han hecho fracasar iniciativas más ambiciosas. La estrategia consiste en una mezcla de proyectos de impacto más o menos generalizado y algunos tendientes a moderar el gasto estatal. Así, se anuncia la intención de modificar el IVA pagado por todos los consumidores y, en breve, la Administración planteará una reforma al impuesto sobre la renta, que afecta a menos ciudadanos. Al mismo tiempo, Hacienda ofreció enviar al Congreso una reforma al empleo público, un tema de enorme peso en las finanzas del Estado.

El planteamiento procura conquistar la aceptación de diversos sectores en un ejercicio de equilibrismo y concesiones recíprocas para fortalecer las finanzas públicas. Es practicable, pero enfrenta en la actualidad el formidable obstáculo de la desconfianza sembrada por la batalla presupuestaria y la definitiva aprobación del plan de gastos luego de su rechazo por ajustado margen.

Los libertarios ya anunciaron su decisión de impedir la aprobación del IVA, si no se tramitan primero proyectos de responsabilidad fiscal y limitación de los llamados “disparadores” del gasto. Las fisuras causadas por el debate del presupuesto se manifestaron con toda claridad en el PUSC. La fracción se dividió a la mitad y entre los socialcristianos opuestos a la aprobación del plan de gastos ya hay manifestaciones contrarias al IVA.

Pese a las conversaciones recientes del presidente, Luis Guillermo Solís, con dirigentes liberacionistas, hasta ahora las voces de la fracción verdiblanca se han decantado por negarle apoyo al programa gubernamental y otros diputados, como Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, no dejan pasar oportunidad para protestar por los excesos fiscales.

La discordia surgida a partir del trámite presupuestario podría incrementarse con el levantamiento del veto a la reforma al Código Procesal Laboral, que permite las huelgas en los servicios públicos esenciales, entre otros puntos de polémica. La decisión incrementaría la proximidad de la Administración con el Frente Amplio, que, sin embargo, ha expresado dudas sobre la “progresividad” del IVA.

La coalición necesaria para aprobar la transformación del impuesto de ventas parece, a estas alturas, difícil de lograr. Un fracaso con el IVA debilitaría las demás iniciativas de cambio paulatino, precisamente porque unas están atadas con otras. El Gobierno no puede dar por sentada la generación de nuevos ingresos, y eso pone al país en riesgo de iniciar otro giro del círculo vicioso que hoy nos tiene al borde de la crisis fiscal.