Fuente: Expansión

En su primer consejo de ministros, el Gobierno incumplió la promesa de reducir impuestos que recogía en la página 75 de su programa electoral: “El fortalecimiento de la actividad y del empleo conlleva la recuperación de los ingresos y hace posible rebajar la presión fiscal”. Justo en sentido contrario, las medidas aprobadas consolidan el rumbo iniciado por Rajoy en 2011y cargan sobre los hombros de los contribuyentes (familias y empresas) la corrección de los extravíos presupuestarios. Pero si en la anterior legislatura no se honraron ni un solo año los objetivos de déficit (aun revisados a la baja por la UE), ¿por qué van a servir ahora las mismas recetas que se han mostrado ineficientes durante el último lustro?

Europa no es una excusa

La Comisión no dispone cómo deben los gobiernos de los estados miembros cumplir con las condiciones exigidas. Son los Ejecutivos nacionales los que deciden qué medidas adoptan. Tampoco sirve de excusa el “nuevo tiempo político” (con una mayoría absoluta se inició la vía socialdemócrata), ni abrazarse a los pactos, pues los acuerdos no son buenos ni malos en sí mismos, sino en función de su objeto y de su fin.

Cumplir con el objetivo de déficit es una obligación ineludible, ahora y antes. Pero hay dos vías para conseguirlo. Una liberal (recortando los gastos) y otra socialdemócrata (elevando los ingresos). O se elige un ajuste del gasto público acompañado de reformas liberalizadoras o se opta por una subida de los impuestos sobre las personas físicas y jurídicas para cuadrar las cuentes y satisfacer las insaciables demandas de dispendio de los partidos.

El Gobierno se ha inclinado por la vía socialdemócrata:

(1) Una elevación del objetivo de déficit de las autonomías, que podrán gastar más mientras el contribuyente ve diezmada su capacidad de ahorro.

(2) Una que repsubida del impuesto de sociedadesrercutirá sobre los clientes, los asalariados o los eventuales puestos de trabajo que se pudieran crear en el futuro.

(3) Más impuestos especiales que van a afectar no solo al poder adquisitivo de los consumidores, sino también a distintos sectores productivos como el agrario, el comercio o la hostelería.

(4) La prórroga del impuesto de patrimonio, un tributo injusto, inútil y obsoleto que ha desaparecido del mapa internacional.

(5) Una actualización de los valores catastrales (IBI).

(6) Un incremento del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social, que perjudicará gravemente al empleo.

(7) Finalmente, un aumento del salario mínimo interprofesional con la consecuencia de que los jóvenes y los desempleados sufrirán, aún más que el resto, los efectos de esta barrera de entrada al mercado de trabajo. (Por otro lado, ¿de qué sirve -si tomáramos por buena una medida a todas luces contraproducente- un SMI más alto si directa o indirectamente se elevan los impuestos y se pierde competitividad incentivando el déficit exterior?)

Todas estas decisiones tienen un denominador y una consecuencia común. El denominador es la asunción por parte del Gobierno de los principios económicos de la socialdemocracia y la ausencia de voluntad política para desplegar reformas de calado. La consecuencia, el empobrecimiento del conjunto de la sociedad, y en especial de las clases medias. Mientras otros países apuestan por facilitar la competitividad, con la rebaja del impuesto de sociedades (como en Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda), en España se ha optado por medidas cortoplacistas que penalizan el ahorro y la inversión, hipotecando el progreso económico y la creación de empleo.