Fuente: Expansión

El año pasado, los gigantes Google, Amazon y Apple apenas abonaron 11 millones de euros en impuesto de sociedades a Hacienda.

En mayo del año pasado, Amazon dio un paso al frente y se convirtió en la primera de las grandes tecnológicas estadounidenses en renunciar a su ventajoso sistema tributario, que canalizaba todas sus operaciones en Europa a través de Luxemburgo, y comenzar a registrar sus ventas país por país. Para ello, la empresa de Jeff Bezos abrió sucursales en España, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia.

Un cambio de táctica fiscal que llegó después de que en octubre de 2014 la Comisión Europea comenzara a investigar los acuerdos fiscales del gigante del ecommerce con el Ejecutivo luxemburgues. Esta decisión ha permitido arrojar algo de luz sobre la compleja estructura societaria con la que cuenta la compañía en España, si bien todavía no permite conocer el volumen de negocio que mueve la tecnológica en el mercado nacional.
Filiales opacas

Según los datos depositados por la compañía en el Registro Mercantil, las sociedades con las que opera Amazon en España facturaron el año pasado un total de 59 millones de euros y declararon un impuesto sobre beneficio agregado de 2,9 millones. Estas cifras, como queda patente, no se corresponden con la actividad real de la cibertienda.

Lo mismo sucede con la multinacional de la manzana, que ayer conoció la multa de 13.000 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por disfrutar de ventajas fiscales en Irlanda durante más de una década. Estas sofisticadas prácticas de ingeniería fiscal han permitido a Apple reducir su tributación a la mínima expresión en los países en los que opera.

En España, donde Apple articula su actividad a través de Apple Retail Spain, la sociedad que gestiona las once tiendas de Apple Store, y Apple Márketing Iberia, que actúa como prestadora de servicios para la sociedad irlandesa, la tecnológica pagó en su último ejercicio 6,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

En lo que respecta a Google, cuyas sedes en Madrid registró la Agencia Tributaria en junio por sospechas de evasión fiscal, el buscador declaró el año pasado en España un impuesto sobre beneficios de 2,24 millones de euros, en la misma línea que en 2014, ejercicio en el que pagó poco más de dos millones de euros, según recogen las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Google factura su principal actividad comercial -la venta de publicidad online- directamente desde Irlanda.