Fuente: elpais.com

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que es prácticamente imposible que España pueda reducir los actuales niveles de deuda pública —del 97,2% del PIB en mayo, según el Banco de España— hasta el 60% del PIB antes de 2020, como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Más aún, considera que reducir la deuda pública en casi 40 puntos porcentuales en algo más de cinco años “no sólo es un esfuerzo fiscal del que no se conocen precedentes, sino que generaría efectos económicos de magnitud extraordinaria”. Así lo indica en un trabajo en el que opina sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública establecidos en el Programa de Estabilidad del Gobierno para el periodo 2014-2017, en el que recuerda que la previsión del Ejecutivo es que la deuda pública aún se sitúe en el 98,5% en 2017.

En dicho análisis, el organismo presidido por José Luis Escrivá recomienda usar los mecanismos legales para ya en 2015 “ampliar el periodo transitorio para el cumplimiento del límite establecido” de deuda pública, “adaptando los requisitos especificados” y definiendo una senda de referencia “creíble y exigente para la reducción sostenida de la ratio de deuda que permita a las Administraciones Públicas garantizar la sostenibilidad financiera”.

Así en un documento de trabajo titulado Entender la sostenibilidad financiera, que acompaña a este análisis, el organismo especifica que la aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita el crecimiento del gasto no financiero “es muy restrictiva y podría ser reformulada sin poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Una posibilidad, a su juicio, sería circunscribir su aplicación a los períodos en los que no haya superávit global en las cuentas públicas, lo que “todavía mantendría la ratio de deuda en una senda de descenso razonablemente pronunciada”.

Por otro lado, la AIReF opina que sería pertinente la elaboración de informes de seguimiento trimestrales que permitan valorar la efectividad de las medidas adoptadas para cumplir los objetivos fiscales.