Fuente: Heritage, EUA

El impuesto sobre sociedades de Estados Unidos que es del 39.2 % ocupa el primer puesto en el mundo entero, ganándole a Japón que recientemente bajó su impuesto del 39.5% al 36.8% (el impuesto sobre sociedades de Estados Unidos incluye el 35% de la tasa federal más la tasa promedio adicional de los estados). Esto está bastante por encima del 25% de promedio de otras naciones desarrolladas. El analista de la Fundación Heritage Curtis Dubay explica el impacto sobre las compañías con base en Estados Unidos:

  Esta enorme disparidad significa que cada país con el que competimos por nuevas inversiones está mejor situado para acoger esas nuevas inversiones y los empleos asociados a ellas, ya que las devoluciones fiscales provenientes de esas inversiones prometen ser mayores en esas naciones con menores cargas impositivas.

  Nuestro impuesto más alto también hace que nuestras empresas sean objetivos primarios para los que toman el control de las empresas con sede en países extranjeros, puesto que sus beneficios a nivel mundial ya no están sujetos al impuesto sobre sociedades de Estados Unidos que es el más alto del mundo. Hasta que el Congreso lo reduzca, más y más empresas icónicas de Estados Unidos, como Anheuser-Busch…serán compradas por sus competidores extranjeros.

Desgraciadamente, a la vista de esta tasa impositiva, la administración Obama está proponiendo medidas que empeorarán todavía más los problemas de las compañías americanas. La semana pasada, el vicepresidente Joe Biden propuso “una tasa mínima global” en un equivocado empeño por animar a las compañías a que inviertan en Estados Unidos en lugar de que lo hagan en el extranjero. Al igual que el resto de la política fiscal empresarial del presidente Obama, sólo empeorará las cosas, penalizando a las firmas que buscan nuevas oportunidades en mercados en crecimiento al gravar sus ganancias en aquellos mercados en desarrollo incluso en mayor medida de lo que ya están gravadas. El resultado neto será hacer incluso más probable que los activos de las compañías salgan a la venta para que las firmas extranjeras escapen a la penalización impositiva de Obama. Por desgracia, los trabajadores de Estados Unidos son los que pagan el precio de esta destructiva política fiscal.