Fuente: ABC

El próximo Gobierno tiene sobre la mesa un rosario de asuntos pendientes, entre los que brillan con luz propia las pensiones. Buscar una salida a la encrucijada de la financiación es apremiante teniendo en cuenta que en el Fondo de Reserva solo quedan 25.176 millones, que llegan para hacer frente a tres pagas extras más. Al ritmo actual de retiradas, a finales de 2017 se agotará la “hucha”, pero el déficit del sistema no lo hará, tampoco el problema del envejecimiento, que seguirá agravándose en toda Europa. Más quizá en España, donde los hijos de «baby boom» se acercan a la edad de retiro.

Hasta ahora la últimas reformas paramétricas de las pensiones puestas en marcha en 2011 y 2013 han actuado sobre los gastos (retraso de la edad de jubilación; cambios en la fórmula de cálculo de la pensión; factor de revalorización y factor de sostenibilidad, entre otros cambios). Ahora urge actuar sobre los ingresos, insuficientes. Todos los partidos parecen estar de acuerdo en que la única vía para atajar este déficit es actuar sobre los ingresos, buscar fórmulas que inyecten liquidez al sistema público.

La clave está en el Pacto de Toledo, recuerda el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Insta a que se conforme cuanto antes esta comisión del Congreso para que pueda comenzar los trabajos, aunque también resta dramatismo. Recuerda que, con las reformas de 2011 y 2013, la previsión de gasto en pensiones en España en los momentos de más presión por el envejecimiento (2050) no superará el 12,5% del PIB y hay países, como Italia, en los que rebasará el 15%.

Los partidos políticos logran ponerse en muy pocas cosas de acuerdo en España, pero sí lo están en la necesidad de encontrar ingresos extra para el sistema de previsión. Todos coinciden en que la Seguridad Social necesita más financiación y ninguno ha puesto sobre la mesa ajustes adicionales a los que ya están en marcha, como el retraso de la edad legal de jubilación, el aumento del periodo de cómputo o el endurecimiento del retiro anticipado. Burgos es partidario de que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos, lo que liberaría 24.000 millones de la Seguridad Social. Defiende también que el Estado asuma más protagonismo en el pago de pensiones, pero rechaza la propuesta del PSOE de crear un impuesto específico a imitación del modelo francés que sufragarían también los propios pensionistas y los parados.

Esta semana UGT ponía sobre la mesa la mesa la posibilidad de que los 2.500 millones que se dedican al año a bonificar la contratación se destinen a pagar pensiones mientras CC.OO. propone seis medidas. Una inmediata, que sería revertir la última reforma fiscal, que rebajó el IRPF, y fijar un ingreso mínimo del 10% en Sociedades, con lo que se obtendrían ingresos por impuestos de 12.000 millones (1,1% del PIB).

Ponerse de acuerdo urge en el corto y medio plazo. En el corto porque los gastos que cada mes tiene que afrontar la Seguridad Social son más elevados que los ingresos debido al aumento del número de pensionistas, por encima del 1% anual, al recambio de las nuevas pensiones que entran al sistema, que son casi un 40% más altas que las que salen, y al alza mínima garantizada por ley del 0,25%. Una mezcla explosiva que ha provocado que la Seguridad Social fuera la única administración que elevó su déficit en 2015, hasta el 1,3% del PIB, es decir 13.592 millones, el doble de lo previsto (0,6%).

Y en el medio y largo plazo el sistema tendrá que hacer frente a su prueba de fuego cuando los hijos del «baby boom» comiencen a jubilarse en la próxima década con una esperanza de vida dos años superior a la de los homólogos europeos. Esto supondrá pagar un 70% más de pensión en 2050 que ahora. A España le toca buscar nuevo modelo de financiación, y nada mejor que encontrar soluciones en las legislaciones comparadas. ¿Cómo se financian las pensiones en el resto de Europa? ¿Qué peso tienen las aportaciones del Estado? ¿Y las cotizaciones?
El reto del envejecimiento

La población de jubilados de Europa es la mayor del mundo, y las previsiones apuntan a que lo será por mucho tiempo. Hay 42 personas mayores de 65 años por cada 100 trabajadores activos; para 2060, esta proporción aumentará a 65 por cada 100, según Eurostat. La tendencia al envejecimiento de la población y las reducidas tasas de natalidad son un nexo que une a los países industrializados y ha provocado que la mayoría de ellos hayan tenido que repensar sus legislaciones para hacer frente al cada vez mayor número de pensionistas. La proporción de jubilados sobre el total de ocupados aumenta a ritmos de vértigo, lo que está haciendo mella en los sistemas de financiación. Las cotizaciones llevan años sin ser suficientes para sostener un sistema de pensiones cada vez más costoso para las arcas públicas, lo que ha hecho que las aportaciones del Estado hayan ido ganando terreno en la mayoría de los países.

Para el conjunto de la UE-15, las principales fuentes de financiación de las pensiones son las cotizaciones sociales que abonan los empresarios y las aportaciones públicas. Las aportaciones del Estado en 2012 supusieron un 13,1% del PIB, y un 11% del PIB las cotizaciones que abonan los empleadores, seguidas de las cotizaciones que pagan cada mes los trabajadores, cuyo peso sobre el PIB fue del 6,2%.

Hay grandes diferencias entre países respecto a las formas de financiación de la protección social como consecuencia de los diferentes sistemas de Seguridad Social. En países como Dinamarca las cotizaciones de empleadores representan solo el 4,5% del PIB, frente al 12,9% de Bélgica o el 14,2% de Francia. La cotización de personas protegidas es mayor en Holanda, con el 12,5% del PIB, mientras que las aportaciones públicas son clave en Dinamarca, con un 28,8% del PIB, e Irlanda, con un 20,3% del PIB.

Estos datos revelan la existencia de sistemas de financiación muy diferentes en la UE. En los polos extremos está Dinamarca, donde la mayor financiación corre a cargo de las aportaciones públicas, y Holanda, con una reducida aportación estatal en relación con el gasto. También existe mucha disparidad en la cuantía aportada por los trabajadores. La mayor aportación se registra en Holanda, con un 12,5% del PIB frente al 6,2% del PIB, que es la media de la UE-15. En España, en comparación con la UE-15, destaca la menor financiación por cotizaciones de los trabajadores, que suponen el 3,1% del PIB.

En cuanto a la aportación de los empleadores, los porcentajes mayores los tienen Francia (14,2% del PIB) y Bélgica (12,9%). En España la aportación de empleadores es del 10,9%.