Fuente: La Vanguardia

El Parlamento húngaro ha aprobado este viernes una ley que introduce un impuesto del 25% sobre los ingresos de las organizaciones que “apoyan la inmigración” y otra que limita el derecho de reunión.

Las dos nuevas leyes, que se espera que entrarán en vigor el próximo otoño, han sido aprobadas por la mayoría de dos tercios que tiene del gobernante partido Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán, nacionalista y conservador.

El texto de determina que “apoyo a la inmigración” es toda actividad “que presenta la inmigración como algo positivo”, que crea redes a favor de la misma o que “participa en campañas sociales o mediáticas a favor de la inmigración”.

No obstante, la ley no especifica qué aspectos de la ayuda que prestan ONG a refugiados e inmigrantes serán considerados como “apoyo a la inmigración”, o si un mero comunicado de prensa de una organización que trabaja en este campo será visto como parte de una “campaña mediática” a favor de los inmigrantes.

”No solo se trata de que el texto de la ley utiliza una terminología absolutamente incomprensible, sino que también es absurdo y peligroso”, advirtió este viernes Amnistía Internacional en un comunicado emitido tras la aprobación de la ley.

Los ingresos estatales generados con el impuesto del 25 % que esos grupos de la sociedad civil deberán pagar se destinarán exclusivamente a la defensa de las fronteras del país. Ya antes de ser aprobada, varias ONG habían protestado contra la tasa fiscal extraordinaria.

Para el Comité Helsinki, la medida es “inaceptable”, mientras que la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) ha denunciado que la ley “se dirige a limitar la libertad de expresión”.

Orbán y su Ejecutivo se oponen radicalmente a la inmigración, de la que dicen que pone en peligro la cultura húngara, cristiana y europea, y han relacionado a los refugiados con el terrorismo.

La segunda medida adoptada este viernes por el Parlamento húngaro otorga nuevas competencias a la policía para prohibir mítines y protestas cuando consideren que afectan al orden y la seguridad pública o que perturban el funcionamiento de tribunales o del transporte urbano.