Fuente: La Vanguardia España

Las palabras del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de hace unas semanas asegurando que el comercio online de segunda mano está sujeto “a las mismas normas tributarias que los demás” causaron un gran revuelo.

Albert Sagués, experto en Fiscalidad y profesor del Máster en Fiscalidad de la UPF Barcelona School of Management señala que los impuestos a los productos de segunda mano siempre han existido aunque las únicas compras que tradicionalmente pagan impuestos por ventas entre particulares eran los obligados a pasar por un circuito administrativo, como los coches.

En una venta de un vehículo de segunda mano si el particular que compra no paga el 4% de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) no puede cambiar en nombre en la Dirección General de Tráfico. “No es nuevo, todo lo que se vende desde hace años por eBay también ha de liquidar ese 4%.

Otra cuestión es que en las ventas entre particulares no hay nunca beneficio porque como estás vendiendo algo usado por debajo de lo que te costó no hay tributación directa. De hecho se tendrían que pagar dos impuestos primero el vendedor sobre el beneficio que generas por las diferencia entre el precio de venta y el de compra y el comprador tendría que pagar el 4% del ITP”, apunta Albert Sagués.

“Lo que sucede señala es que el coste de cumplimiento es absurdo”. A modo de ejemplo, Sagues cita la compraventa entre particulares de un mando de la PlayStation. “Quien vende probablemente no guarde la factura y en el caso de que sí la guardara es complicado acertar en el coste del mando y más difícil todavía calcular el beneficio y suponiendo que el precio del mando fuera 20 euros, el comprador tendría que abonar a la Generalitat un 4% de ITP y para ello descargar un formulario rellenar un pdf y hacer una transacción bancaria para pagar los 80 céntimos para luego estar satisfecho de haber cumplido los deberes con la Hacienda Pública”.

Cree que la Agencia Tributaria de España puede estar viendo la evolución que están teniendo todas las APP y páginas webs que se dedican a la venta de prendas, joyas, muebles y otros objetos.

“El coste de cumplimiento es desmesurado, si que es verdad que se podría plantear alguna obligación a las plataformas que intermedian sería cargarle de trabajo a la empresa. Si no pagan los consumidores, lo haría la intermediaria pero en ocasiones esas empresas finalmente no tienen la certeza de que las operaciones se hayan formalizado”, reflexiona.