Fuente eluniversal.com.mx

Cuando se habla de la reforma fiscal partimos de dos puntos centrales: del ingreso y del gasto del gobierno. La fuente de los ingresos proviene de los impuestos directos que gravan el ingreso de los contribuyentes como el ISR y de los impuestos indirectos que gravan a los bienes y servicios como el IVA.

México recauda en materia de impuestos directos e indirectos entre el 17 y 18% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza 34%. Según el último informe de la OCDE (2012) el porcentaje no ha mejorado sustancialmente. Esto significa que la solución que el gobierno ha propuesto en la reciente reforma fiscal no es precisamente gravando más productos (alimentos chatarras con 5%, al de mascotas con 16%), ni homologando la tasa a 16% a nivel nacional, ni tampoco gravando dividendos y ganancias con 10% a las empresas.

Una opción más viable es que la reforma fiscal se oriente sobre todo hacia la base de contribuyentes, ya que si el país crece y aumenta el número de personas que cumplan con sus obligaciones fiscales, habrá más recursos para el gobierno sin tener que depender más de los llamados contribuyentes cautivos. En 2010 la base de contribuyentes ascendió a 33.5 millones, de los cuales 61.5% correspondió a asalariados; 34.6% a personas físicas y 3.9% a personas morales (datos proporcionados por el Informe Anual 2010 y Retos para el 2011 SAT- SHCP). Sin embargo, para lograrlo el país tendría que crecer al 6% (SHCP) y no a las tasas actuales que son 1.8%, o del 3.9 %, estimada para 2014, de acuerdo al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014.

Para que la Reforma sea aún más completa también requiere que vaya acompañada de un esquema de administración eficiente y eficaz de los recursos. A los mexicanos la recaudación tributaria nos sale muy cara. Datos proporcionados en el Informe Tributario y de Gestión 2012, del SAT, refieren que de 100% de lo recaudado en 2011 el 94% constituye el costo de lo recaudado.

Si nos apegamos a la definición de que reformar implica no solamente emitir o modificar una ley, sino también a una acción de mejorar, de corregir una conducta, entonces la reforma fiscal debe de ir también apoyada de medidas que promuevan un cambio en la cultura cívico-fiscal.

Por todos es conocido que la evasión fiscal son dos de los grandes problemas que padece nuestro sistema tributario. Desde hace muchos años se ha convertido en un grave problema. No atacar esta situación implica todavía menos ingresos para el Estado. El SAT reporta que la evasión equivale al 2.6 % de PIB, que representa un monto de 350 mil millones de pesos al año.

Fortalecer la lucha contra la evasión fiscal, comenzando por la revisión de la Administración Tributaria que arrastra vicios y corrupción, es prioridad. Además de penalizar dicha evasión se debe propiciar el fomento a la cultura de pago de impuestos, a través de una gran cruzada nacional que parta del compromiso de hacer transparente el destino de los recursos fiscales y así poder recuperar la credibilidad de los contribuyentes.

Estamos en una situación en la que un sector muy amplio de la población de bajos ingresos recibe pocos e ineficientes servicios públicos, y no paga impuestos debido a que permanece en la economía informal; mientras que, por otro lado, el sector de altos ingresos tiene amplias posibilidades de evadir la mayor parte de los gravámenes que tendría que pagar. Un esquema fiscal con gran número de excepciones y tratamientos específicos o estímulos fiscales, genera mayor espacio para la evasión que un Sistema de Aplicación General.

Por último, es prioridad también que el gasto se administre correctamente. El esquema de asignación de recursos al igual que la de ingresos también debe ser eficiente y transparente para no caer en lo que se conoce como subejercicio del Gasto Público. Un análisis presentado por el grupo Financiero Banorte-IXE al inicio de 2013, el Gasto Púbico presentó una caída de 10.4% respecto al trimestre anterior.