Fuente: El País

Costa Rica acelera la creación de un ambicioso y casi quijotesco acuerdo de libre comercio junto con seis socios pequeños y lejanos para intentar desafiar lo que en principio parece una contradicción mayúscula: las ambiciones del comercio internacional frente a los sueños por frenar el deterioro climático o mitigar sus efectos.

Se llama Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (ACCTS, por sus siglas en inglés), una propuesta nacida en 2019 que recobró interés pasada la pandemia y que podría firmarse en los primeros meses de 2023, según los planes optimistas de las autoridades costarricenses y sus contrapartes de Nueva Zelanda, Fiyi, Islandia, Noruega y Suiza, de momento.

Se trata de un tratado comercial único, que se centraría en facilitar el intercambio de bienes y servicios “verdes”, explicó a EL PAÍS Manuel Tovar, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, que en paralelo a las negociaciones mantiene abierto el radar para buscar nuevos socios en el continente americano. En la mira está la posibilidad de, por ejemplo, desgravar bicicletas y sus partes, incentivos para la compra de paneles solares o de turbinas eólicas, reducir subsidios a combustibles fósiles y fijar reglas de etiquetado ecológico, o incluso de impulsar industrias que ya han avanzado por cuenta propia, como la de autos eléctricos. De entrada están excluidos los productos agrícolas, capítulo de otra novela, advierte el oficial.

“Es posible crear un mercado ambientalmente responsable”

“Ha sido un acierto de los negociadores dejar la definición abierta sobre los términos de bienes o servicios que entran ahí, porque eso puede cambiar. Lo más importante es buscar un entendimiento de países con buen credencial ambiental para decirle al mundo que es posible crear un mercado ambientalmente responsable, que es posible conciliar lo que parece irreconciliable”, dijo Tovar, miembro de un Gobierno que mantiene en los escenarios internacionales las líneas anti cambio climático de las administraciones anteriores, a pesar del estilo rupturista de Rodrigo Chaves y de posiciones internas que repudian grupos conservacionistas.

Costa Rica es firmante de la declaración inicial del ACCTS de 2019, según la cual este tratado puede “mejorar las economías y aumentar los ingresos, en momentos en que el sistema de comercio multilateral enfrenta diferentes desafíos”, según el texto inicial acordado sin conocer aún los trastornos adicionales por la pandemia, los consecuentes problemas logísticos y los efectos de la guerra Ucrania. “La naturaleza del desafío del cambio climático exige que utilicemos todas las palancas políticas a nuestra disposición que respalden la urgencia de una respuesta significativa”, añade el documento adoptado en el marco de la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, en Nueva York.

El proyecto ACCTS ya ha superado nueve rondas de negociación. Tres años y una pandemia después no solo sigue vivo, sino que se acelera con el objetivo de suscribirlo en los primeros meses de 2023. También se ha tratado ya en encuentros ministeriales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En noviembre está programada una décima ronda de negociación virtual y se confirmará la posibilidad de una cita presencial para suscribirlo y salir a ondearlo frente a posibles nuevos socios, idealmente grandes economías. “Nuestro deseo es firmarlo aquí en el primer trimestre del año para salir a dar un mensaje fuerte al mundo”, reconoce Tovar después de admitir que no disponen de proyecciones sobre el “mercado verde” que podría generarse entre los seis países.

Costa Rica tiene suscritos tratados comerciales con 10 países y mantiene otros cinco multilaterales, pero ninguno bajo la lógica ambiental. Es la economía 12 del continente, con un PIB que representa solo el 5% del de México o el 20% del de Colombia, pero sus autoridades confían en el expediente medioambiental para ejercer un liderazgo internacional. Además está ubicada en mitad de Centroamérica, el delgado puente terrestre señalado como una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático, a pesar de que solo genera el 0,5% de las emisiones contaminantes en el mundo. Por eso el impulso costarricense a un ambicioso Plan de Descarbonización lanzado en el Gobierno anterior y gestiones como el ACCTS, a pesar de grandes tareas internas para el manejo de aguas, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles para la flota vehicular o la financiación de las áreas de conversación.

“Sabemos que no vamos a resolver los problemas con esto, pero por algún lado hay que empezar. Por eso decimos que más que el volumen de comercio que podemos incluir con este tratado, queremos lanzar un mensaje muy fuerte para premiar los intercambios que ayuden a reducir la contaminación. Así es como se puede explicar que estemos hablando con Fiyi, por ejemplo”, agregó Tovar en referencia al país al que Costa Rica exportó en 2021 mercancías por valor de solo $20.000, según las cifras oficiales.

La industria local parece apoyar la iniciativa, según las declaraciones que ha dado a la prensa la representante de las compañías exportadoras. Poco a poco, ha calado la idea de que los negocios con sentido ambientalista son rentables y convenientes, si no por la conciencia de protección del ambiente, al menos por las oportunidades de negocios y financiamientos internacionales que se abren para la “economía verde”, esa a la que la líder ambientalista local Christiana Figueres atribuye fuerte potencial en generación de empleos y opciones de rentabilidad.