Fuente: CR Hoy

La aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a las compras de energía eléctrica que deben realizar las empresas distribuidoras, generó un millonario hueco financiero en esas compañías, el cual únicamente podrá ser cubierto con un aumento en las tarifas a los usuarios.

El aviso ya lo habían dado, pero aunque desde el año anterior se conocía que el impuesto iba a ser una obligación para las empresas, no es sino hasta ahora que se conoce la dimensión del agujero: ₡42.944 millones.

Este monto es el que deben pagar siete empresas distribuidoras, que para poder abastecer a las comunidades en donde se encuentran, deben adquirir energía eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Según un análisis elaborado por el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas), este año las empresas distribuidoras requerirán comprar energía por el orden de ₡520 mil millones para satisfacer su demanda.

Esto implica la necesidad de pagar esos ₡42.944 millones.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -en vigencia desde diciembre de 2018- estableció que los abonados eléctricos que consumieran menos de 280 Kwh al mes no debían pagar el IVA.

Sin embargo, la normativa no tomó en cuenta las compras que las empresas deben realizar al ICE y que se trata de electricidad que va a todos los abonados por igual, sea que consuman más o menos de ese techo.

Esto genera el hueco entre lo que pagan las empresas y lo que finalmente reciben.

El impacto es diferente para cada empresa, dependiendo de la electricidad que requieren.

Coopesantos por ejemplo, posee a unas 39.272 familias que no llegan a ese tope de consumo y por lo tanto están exoneradas. Ellas representan un 93% de sus abonados.

Sin embargo, la cooperativa debe comprar un estimado de ₡12.369 millones, que implicarán el pago de ₡731 millones.

El efecto es una cascada de solicitudes de incremento tarifario ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para cargar los sobrecostos a los usuarios, con el agravante de que se trata de solicitudes que irán a la base de la tarifa, lo cual generará un efecto de bola de nieve sobre todo el sistema.

Normalmente las tarifas reciben aumentos o rebajas por periodos de tiempo. Por ejemplo durante un semestre para hacer frente a la generación térmica más costosa. Pero la aplicación del IVA irá directamente a la base de la tarifa, inflando así todos los demás componentes y manteniéndolos en el tiempo, según explicó Patricio Solís, gerente de Coopesantos y miembro de Coneléctricas.

Para el usuario esto se traduce en incrementos que van desde el 0,68% hasta el 3,8%, algunos de los cuales, según Solís, ya fueron reconocidos, y otros como a Coopesantos y CNFL aún se encuentran en trámite.

La alternativa, según Solís, se encuentra en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para realizar una interpretación auténtica de la reforma fiscal.

Según Solís, han estado realizando gestiones ante diputados para su pronto avance. De momento, la normativa se encuentra en la comisión de Hacendarios, bajo análisis por una subcomisión que debe rendir un informe antes de su eventual dictamen.

Sin embargo, mientras la iniciativa se discute, la Aresep continúa dando trámite a las gestiones de las empresas, y los usuarios tendrán que seguir pagando por un impuesto exonerado únicamente en el papel de la ley, no así en la práctica.

“Este nunca fue el objetivo de la ley (de Fortalecimiento de las Finanzas) que se aprobó, nunca se discutió eliminar las exoneraciones de las cooperativas eléctricas y las empresas que tienen respecto a las compras que le hacen al ICE… esto es un golpe que si no lo tomamos en este momento se va a seguir incrementando“, afirmó el diputado José María Villalta.