Fuente: La Nación

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS) ordenó a la gerencia general y a la gerencia administrativa aplicar en su totalidad las medidas de ahorro establecidas por la reforma fiscal, la cual entró a regir hace casi 14 meses.

Con esa decisión, la JPS eliminará el pago de anualidades equivalentes hasta el 6% del salario base, una de las más altas que existían en el Estado.

En su lugar, el plus por año laborado pasará a ser un monto nominal fijo como lo ordena la reforma fiscal: el equivalente a un 1,94% del salario base de enero del 2018 para los profesionales, y un 2,54% para los no profesionales.

También, la Junta derogará el pago de quinquenios, incentivo que consistía en pagar el doble de la anualidad cada vez que un empleado cumplía cinco años de labor continua. Algunos recibían hasta un 12% del salario base cuando cumplían ese periodo.

Desde marzo del año pasado, La Nación reportó el incumplimiento de la JPS con la reforma fiscal. En ese momento, las autoridades alegaron que la convención colectiva seguía vigente, aunque poco tiempo después la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que los pactos colectivos no estaban por encima de la ley.

“Se respetó la vigencia de algunos aspectos de índole salarial contemplados en la convención colectiva hasta su fenecimiento el 23 de diciembre del 2019. La Junta está en la obligación de aplicar las disposiciones y modificaciones que en materia salarial dicta la Ley 9635 y así lo dispuso a partir de enero de este año”, indicó Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, en un comunicado.

En setiembre, un criterio de la PGR le ratificó su posición a Britton; sin embargo, la JPS mantuvo el reconocimiento de los pluses acorde a la convención colectiva incluso para el presupuesto 2020.

Incluso, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) la advirtió a la JPS de que, en su presupuesto para este año, incumplía con las disposiciones de la reforma fiscal en cuanto al pago de pluses, cesantía y regla fiscal.

a) Indemnización por concepto de auxilio de cesantía con un tope máximo de ocho años, conforme se establece en el artículo 29 del Código de Trabajo.

b) Reconocimiento de anualidades como un monto nominal fijo que se calculará en un 1,94% del salario base para clases profesionales y 2,54%, para clases no profesionales, sobre el salario base que corresponde para el mes de enero del año 2018 para cada escala salarial.

d) Realizar la conversión de los incentivos o compensaciones existentes a la entrada en vigencia de esta ley que estén expresados en términos porcentuales a un cálculo nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018.

e) Velar por el correcto cumplimiento de los ajustes realizados en impuesto al salario; dedicación exclusiva y prohibición; carrera profesional y límite a las remuneraciones totales.

f) En cuanto a evaluación del desempeño, cumplir con el Decreto Ejecutivo 42087-MIDEPLAN, correspondiente a “Lineamientos generales de gestión del desempeño de las personas servidoras públicas”. g) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 referente al Empleo Público 41564-MIDEPLAN-H.