Fuente: CRHoy.com

Los abogados de Grupo Nación apelaron la decisión que tomó la jueza Juliana Leiva el 1 de abril pasado, donde se pronunció a favor de las pruebas presentadas por la Fiscalía contra la empresa periodística por un caso de supuesta defraudación fiscal.  Esas apelaciones serán conocidas mañana, en los Tribunales de Goicoechea.

La defensa del Grupo Nación busca invalidar las pruebas traídas al país desde un banco en Bahamas y que resultarían fundamentales en el caso que sigue el Ministerio Público contra la empresa dueña de La Nación, Al Día y La Teja, entre otros.

Los abogados del Grupo Nación apelaron además el rechazo de la jueza de eliminar la indagatoria de Daniel Robert, Vicepresidente de la empresa. Según los defensores, la declaración tomada a Robert se hizo con base en un documento obtenido de forma ilegal. Sin embargo Leiva resolvió, desde inicios de este mes, rechazar ambas solicitudes de la defensa.

Según documentos en poder de crhoy.com, fue Robert -Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación-  quien el 2 de marzo del 2005 y como representante de la empresa Capital Leasing Corporation, otorgó un poder generalísimo sin límite de suma al abogado Javier León Longi, quien aparece como imputado por supuesta defraudación fiscal junto con Manuel Francisco Jiménez Echeverría y Carlos Manuel González Jiménez.

Documentación de la Dirección de Tributación indica que La Nación S.A., representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas viejas, ya depreciadas, a Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones.
Capital Leasing Corporation, domiciliada en Belice, habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadorta Interfin S.A., de la cual Luis Liberman era Vicepresidente, por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Nación y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados por utilidad generada.

A lo largo del proceso, que data de 2004, los representantes de La Nación S.A han pedido desde la prescripción del caso hasta la anulación de pruebas y la conciliación, gestiones que les han sido negadas en varias oportunidades.

Las solicitudes de La Nación llaman la atención, pues en sus editoriales ha criticado, en muchas ocasiones, casos en los cuales los imputados hicieron esas mismas peticiones. Solo para citar un ejemplo, el 14 de mayo de 2011, criticaba ese tipo de solicitudes al decir que “Costa Rica es un país legalista (…) Esa inclinación, sin embargo, conduce a una peligrosa confusión entre la realidad material y la realidad establecida por los tribunales (…) La prueba declarada espuria no necesariamente es una prueba falsa (…) La prueba existe, pero no puede ser tomada en cuenta”. El recurso de invalidación de la prueba, utilizado entonces por el expresidente Miguel Angel Rodríguez y criticado por el medio, es el que pretenden ahora usar sus representantes para evitar un juicio por defraudación fiscal que, según el Viceministro de Ingresos, Álvaro Ramos, hoy supera
los dos mil millones de colones.

Las apelaciones serán conocidas por el Tribunal de Apelaciones mañana 30 de abril, en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, a la 1:30 p.m.