Sección Opinión
Fuente: Periódico El Financiero

Costa Rica tiene el reto de lograr la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el mediano plazo. Difícilmente el Estado puede contribuir a la estabilidad, el crecimiento y la equidad de la economía si no puede financiar adecuadamente el gasto.

Según el Programa Macroeconómico del Banco Central, el déficit financiero del sector público en el 2012 representa el 6,1 % del PIB. La reiteración de esta situación en los próximos años puede llevarnos a una crisis por endeudamiento excesivo con graves consecuencias para el sector privado y el sector público. Por lo tanto, el país está obligado a enfrentar a la mayor brevedad esta situación.

El principal problema de déficit está en el Gobierno Central (4,5 % del PIB). Sin embargo, el Banco Central tiene pérdidas del 0,7 % del PIB y el resto del sector público no financiero genera un déficit del 1,6 % del PIB (aquí es importante el déficit del Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social).

El reciente tropiezo del proyecto “Solidaridad tributaria” coloca al Gobierno en una encrucijada para buscar una solución al problema fiscal. Se debe tener presente que el panorama político para tomar decisiones fiscales relevantes es muy complejo. Es difícil tomar decisiones con un sistema político desprestigiado y fraccionado desde hace varios años. Estas dificultades se profundizaron con los recientes escándalos de evasión fiscal de altos jerarcas del Ministerio de Hacienda, que le restan autoridad moral al Gobierno en materia fiscal.

A pesar de lo anterior, el Gobierno no debe “tirar la toalla” en este campo, porque los riesgos de hacerlo son muy grandes. Debemos reconocer que las medidas anunciadas la semana pasada por la Presidenta para reducir el déficit fiscal son positivas. Estas llevan a una reducción del déficit en un 0,4 % del PIB por medio de medidas administrativas y otro tanto con decisiones de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, el impacto de lo anunciado no es suficiente para cambiar en forma significativa la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

Se necesitan cartas de mayor calado para reducir en forma sustancial y permanente el peso del déficit fiscal en la economía nacional. Varias cartas deben ser planteadas por el Gobierno en una visión de mediano plazo.

La principal carta debe estar relacionada con la racionalización del gasto público desde la perspectiva de la relevancia de los programas que ejecuta el sector público.

Después de un adecuado planeamiento del gasto público, el Gobierno tendría autoridad moral para plantear una carga tributaria para alcanzar un sano financiamiento del Estado y sus prioridades. Debe buscarse un proyecto más simple, que permita mayor apoyo de las diferentes fuerzas políticas del país, tanto de las representadas en la Asamblea Legislativa como de los grupos sociales.

Sabemos que las peticiones de este editorial son ambiciosas para ser cumplidas por un Gobierno políticamente débil en un ambiente político poco propicio. Sin embargo, la importancia de enfrentar los riegos derivados de la actual magnitud del déficit fiscal es clave para la estabilidad, el crecimiento y la equidad de la economía.

Las peticiones de este editorial no están dirigidas solo al Poder Ejecutivo. Todos los partidos políticos deben entender que en el juego político las cartas para enfrentar el problema fiscal no son solo un asunto del actual Gobierno, sino un asunto del país y que, por lo tanto, tienen una responsabilidad muy importante que cumplir.