Fuente: La Nación

La pertinencia del gasto tributario del Gobierno, como se le conoce a las reducciones de algunos impuestos como el de renta o el IVA, serían revisados cada cinco años por el Ministerio de Hacienda.

Así lo establecería un proyecto de ley dictaminado afirmativamente, por unanimidad, el 11 de noviembre, en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

El plan, propuesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el periodo legislativo anterior, contiene mayores controles y aplicaría sanciones económicas por el mal uso de esos beneficios.

En el artículo 43, el proyecto propone revisar cada cinco años los regímenes existentes de exenciones fiscales que, al 2018, previo a la aprobación de la reforma fiscal, significaban ¢1,9 billones.

El monto equivalía al 5,57% del producto interno bruto (PIB) de ese año, según registros de Hacienda, pero la cifra pudo sufrir leves ajustes tras la entrada en vigencia de la reforma fiscal.

El artículo dice que la Dirección General de Hacienda evaluará la “eficacia, pertinencia y validez de las exoneraciones otorgadas en cada régimen vigente, debiendo analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar parcial o totalmente, la exoneración correspondiente”.

Ese análisis se haría cada cinco años con base en estudios técnicos y deberán ser publicados en el sitio web de Hacienda, de la Contraloría General de la República (CGR), del sector sobre el cual recae el estudio y de la Asamblea Legislativa.

Un transitorio del proyecto estipula que el primer estudio se realizaría a los dos años de haber entrado en vigor la norma y, luego, periódicamente cada quinquenio.

Ellos son los liberacionistas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales; los socialcristianos María Inés Solís y Oscar Cascante; y Laura Guido y Nielsen Pérez, de la bancada de gobierno, así como los restauracionistas Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, el republicano Otto Roberto Vargas; y el fabricista Harllan Hoepelman.

“Se podrán revisar a través de una evaluación costo-beneficio con datos, no con temas de conveniencia política ni posturas ideológicas”, expuso la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios.

En la actualidad, algunos regímenes especiales como los de zonas francas o cooperativas gozan de exoneración del pago del impuesto de renta. Lo mismo ocurre con el salario escolar de los empleados públicos.

Sin embargo, también existen numerosas exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), como las de la canasta básica (cuyos productos pagan un 1%), la educación privada y las compras de bienes y servicios de las universidades públicas.

En medio de una crisis fiscal acelerada por los efectos económicos de la pandemia, se reabrió la discusión nacional sobre la conveniencia de sostener algunos de esos regímenes.

“Muchas veces es necesaria en algunos países y Costa Rica ha abrazado el tema de exenciones o exoneraciones para dinamizar una actividad económica, cuyo beneficio está por encima de ese gasto tributario. Pero es importante el análisis de ese gasto y eso es lo que permitiría este mecanismo por ahora”, agregó.

Viales agregó que esos incentivos no pueden otorgarse de forma indefinidos. “El país debe darse oportunidad de revisar su alcance, si un sector que lo recibió creció para, luego, dar beneficio a otro y no hacer un trato diferenciado”, subrayó.

“Esta discusión nos lleva directamente al debate sobre el gasto tributario, sobre la pertinencia de las exenciones presentes y de contar con una herramienta que permita la revisión de la vigencia. Tanto la necesidad que formuló en un principio que existieran esas exenciones como su vigencia en el tiempo”, dijo.

Delgado cree que las exoneraciones fiscales, tras la reforma tributaria del 2018 que amplió la base impositiva y cambió el impuesto de ventas por el de valor agregado, habrían disminuido en 2,3% del PIB.

“Asimismo, la primera declaración del impuesto sobre la renta con la nueva ley es para el periodo 2020 y, con el cambio de periodo fiscal, se presenta en marzo 2021”, explicó el funcionario.

Luego le siguieron las asociaciones con ¢37.433 millones (0,11 del PIB), personas jurídicas creadas por leyes con ¢36.801 (0,11% del PIB) y las cooperativas con ¢21.746 millones (0,6% del PIB).