Fuente: La Nación

En un intento por apuntalar la idea de que la reforma fiscal que impulsa su gobierno es integral, el presidente Luis Guillermo Solís arremetió contra varios regímenes salariales del sector público, lo cual molestó a la dirigencia sindical.

El ataque contra la planilla del Gobierno, uno de los mayores disparadores del gasto público, lo dirigió Solís desde el podio en el que realizó su discurso tras firmar la Reforma Procesal Laboral, este lunes, en el Museo Rafael Calderón Guardia.

Solís afirmó, al llamar a todos los sectores a negociar un gran acuerdo para dotar al Estado de mejores ingresos tributarios, que es el momento para “acabar de una buena vez” con “los privilegios y exageradas concesiones” de algunos regímenes salariales.

Sin puntualizar cuáles, el mandatario dijo que esos regímenes salariales públicos perdieron viabilidad por la crisis fiscal que enfrenta el país.

Para el 2016, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el déficit fiscal cerraría en un 6,2% del producto interno bruto (PIB), 0,3 puntos porcentuales mayor al del 2015 (5,7%).

“Hoy (algunos regímenes salariales) ofenden la condición de vida en que apenas sobreviven decenas de miles de costarricenses”, lamentó el presidente, enfocado en hacer que el mensaje de que su equipo vigila el gasto calara en la centena de políticos, empresarios y sindicalistas invitados al acto de firma de la reforma más importante que ha tenido el Código de Trabajo, desde su promulgación en 1943.

Reacciones

El discurso cayó bien a los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que piden acciones para frenar el gasto antes de aceptar hablar de más impuestos.

“Es un atisbo de que el Gobierno sabe que la vía para sanear sus finanzas es recortar gastos. Pero necesitamos pasar del dicho al hecho. Queremos ver acciones”, dijo Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

El efecto contrario de las palabras del presidente se advirtió en la dirigencia sindical invitada a la firma de la Reforma Laboral.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reprochó lo dicho por Solís.

“¡Que les ponga nombres y apellidos (a los regímenes salariales)! El presidente debió haber sido más valiente. Yo le puedo mencionar uno de esos regímenes: a mí me da vergüenza el régimen salarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Si se refirió al de la Aresep, lo vamos a aplaudir. Si se refirió al de la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones), le vamos a aplaudir”, dijo.

Él es uno de los sindicalistas opuestos a que se discuta una reforma al empleo público que racionalice el pago de salarios y de pluses, como las anualidades, entre otros aspectos, como la implementación en el Gobierno Central del salario único que ya aplica en nuevas contrataciones el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Tal oposición hace pensar al ministro de Trabajo, Víctor Morales, en que cambios de ese calado están lejos de ocurrir, pues requieren de un gran acuerdo nacional similar al que, según él, logró el Gobierno en el trámite de la Reforma Procesal Laboral.

Morales, empero, dijo que el Gobierno “está casado” con dos reformas que discuten los diputados actualmente para limitar a unos ¢4 millones los salarios más altos del sector público y para mejorar la evaluación del trabajo de los burócratas, pagando anualidades solo a aquellos que obtengan calificaciones excelentes. Cambios tímidos, desde la óptica del sector patronal.