Fuente: La Nación

El plan impulsado por el Gobierno para legalizar el consumo recreativo de la marihuana en Costa Rica, cobraría una sobretasa de 1% en el impuesto de renta a las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la producción, comercialización o actividades relacionadas con el cannabis.

Lo que eventualmente se logre recaudar de ese sobreimpuesto, señala el proyecto de ley, será distribuido entre seis instituciones o programas públicos de esta manera:

  10% al Ministerio de Salud para sus actividades propias y para el financiamiento de programas de prevención y educación del consumo responsable de marihuana.
  10% al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para las competencias que le asigna el proyecto de ley.
  10% a Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para el cumplimiento de sus labores.
  20% al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la compra de medicamentos.
  20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la CCSS.
  30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), para financiar actividades productivas.

La repartición de ingresos tributarios entre instituciones, en leyes costarricenses y proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, son conocidos como destinos específicos.
Contraloría en contra de los destinos específicos

Su existencia en el proyecto de ley provocó observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) en contra de la propuesta.

Ese órgano ha advertido a los diputados, en múltiples ocasiones, que los destinos específicos “imprimen un alto grado de rigidez al presupuesto del Gobierno Central”, pues limita la discreción de las autoridades de asignar los fondos que entran a las arcas estatales a través de impuestos.

En la forma como el Poder Ejecutivo planteó el proyecto de ley, señala la Contraloría, el propio Gobierno no tendría forma de recortar, reducir, reubicar o priorizar gastos en procura del uso eficiente de los recursos públicos, debido a que debe respetar lo que quede establecido en la ley.