Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Justicia resolvió el 18 de enero en definitiva, a favor de la Administración Tributaria, el proceso que la Cámara de la Industria Alimentaria y varios coadyuvantes interpusieron contra la herramienta AMPO.

En su fallo, Justicia indica que “las informaciones de carácter personal que se requieren para alimentar la herramienta informática ‘AMPO’ resultan proporcionales (idóneas, necesarias, pertinentes y no excesivas) y conformes al fin legal que anima a la Administración Tributaria, además de cumplir con los extremos del principio de calidad”.

“Con sentencias o resoluciones como esta, se nos va allanando el camino para seguir el combate decidido contra la evasión de impuestos, y en pro del fortalecimiento de la Administración Tributaria costarricense, con el fin contar con finanzas públicas más sanas y un país más próspero y solidario”, expresó Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda.

El Jerarca reiteró el compromiso del Ministerio de Hacienda de proteger la información de los contribuyentes de acuerdo con los principios de confidencialidad que establece la normativa vigente.

Dicho fallo viene a sumarse al No. 16 de la Agencia de Protección de Datos de la República (PRODHAB), del 14 de diciembre del 2015, que declaró sin lugar denuncia de la Asociación Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria contra la Dirección General de Tributación, la cual apeló lo indicado por la PRODHAB al considerar que, si bien dicha denuncia se declaraba sin lugar, restringía el uso de la información al considerarla sensible y requerir el consentimiento informado para poder solicitarla.

Al respecto, el Ministerio de Justicia señala: “Cierto es, que el dato tributario es de índole económica (sic), apunta a la situación sensible de la condición financiera de una persona, pero su recopilación y procesamiento resulta de interés central y prioritario para la correcta recaudación de los impuestos. El manejo de información de relevancia tributaria es una forma de garantizar la contribución de los ciudadanos con las cargas públicas, y por ello merece una especial consideración en cuanto a las autorizaciones para su gestión y obtención”.

Añade el fallo que “tanto la herramienta ‘AMPO’ como la propia legislación tributaria, garantizan tales derechos de acceso y corrección, y también el deber de confidencialidad de la información, que preocupa a las empresas que plantearon, originalmente, su queja ante la Agencia de Protección de Datos. Por si fuera poco, la integración de los datos de los socios y accionistas no darían o reflejarían su situación socioeconómica, pues a lo sumo se contaría con su identificación, su nombre, su porcentaje de capital social, el número de acciones que se ostenta, el tipo de acciones, su valor nominal, el valor total de las acciones y observaciones que pueda hacer el contribuyente, lo que evidentemente hace por lo menos discutible el carácter de informaciones sensibles que les ha conferido incorrectamente la PRODHAB”.