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¿Qué es y cómo nos impactaría el impuesto mínimo global a las corporaciones?

Fuente: La República

Implementar globalmente un impuesto corporativo mínimo para las multinacionales es el nuevo planteamiento de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, lo que revolucionaría lo que se conoce de los tributos mundialmente.

Por los efectos de la pandemia de la Covid-19, los países requieren mejorar sus ingresos, y más bien debe detenerse la tendencia de rebajar tasas, argumentó Yellen.

Otro objetivo es el de dificultar que las empresas multinacionales amenacen a un país de irse a otro con mejores condiciones impositivas.

Sin embargo, esto impactaría a Costa Rica al minimizar el margen de medidas tributarias que se pueden tomar para sacarle ventaja a los competidores en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Se desincentivarían las inversiones de las multinacionales si ven que sus condiciones especiales cambian, derivando en que, se pierda una gran fuente de empleo al ser estas importantes generadoras de puestos, consideran especialistas.

Por ejemplo, aún no se sabe si incluiría a las corporaciones ubicadas en zona franca, pero de ser el caso, estas se tendrían que despedir de condiciones como exoneración del tributo de renta, importaciones, entre otros que disfrutan actualmente, lo que podría ahuyentarlas.

Aunque especialistas coinciden en que resultaría ser de muy difícil implementación, al menos en el corto o mediano plazo, lo cierto del caso es que el país no sería ajeno a la iniciativa, considerando que el planteamiento busca consenso entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Costa Rica afina detalles para asociarse.

Además tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), ante la creciente elusión fiscal y envío de dinero a paraísos fiscales, expresó Gita Gopinath, directora del Departamento de Estudios de este organismo.

La propuesta norteamericana va de la mano de otra iniciativa del presidente estadounidense Joe Biden, de subir el impuesto a la renta empresarial del 21% a 28%, lo que aun así lo deja lejos del 35% que estaba estipulado antes de la reforma fiscal de Donald Trump del 2017, pero superaría el 24%, que es el promedio mundial, según Tax Foundation.

Opiniones

Sobre las implicaciones que tiene para el país esta propuesta, analizaron diversos especialistas.

Rafael Arias
Economista
Colegio Ciencias Económicas de Costa Rica

A nivel global, sería adverso sobre las expectativas de inversión y limitaría las posibilidades de recuperación económica. Para Costa Rica, sería contraproducente en un momento en que la IED es clave como motor de la economía y generador de empleos formales mejor calificados y remunerados.

Gerardo Corrales
Economista
Economía Hoy

Si bien es cierto, parece una medida justa, el problema es qué implicación tiene esto sobre los países emergentes como el nuestro, que han fundado su estrategia de atracción de IED a través de tasas impositivas muy reducidas; nos puede afectar fuertemente en el sector más dinámico de nuestra economía.

Shirley Saborío
Vicepresidenta Ejecutiva
Consejo de Promoción de Competitividad

Es realmente preocupante para países como el nuestro que es dependiente de la IED. Se desincentivaría a estas grandes empresas extranjeras que no solo son generadoras de empleos formales, sino que promueven la mejora continua del talento y los encadenamientos.

José David Segura
Tax Manager
KPMG Costa Rica

Podría representar un desincentivo fiscal, porque no solamente se vería un fenómeno del incremento en la tasa fiscal en Estados Unidos, sino también en países miembros de la OCDE, de la cual Costa Rica pasará a ser parte próximamente.

¿Va a viajar? Puede pagar impuesto de salida por internet

Fuente: CR Hoy

Si usted va a salir del país por las fronteras terrestres, que se abrieron desde hace una semana, puede pagar el impuesto de salida vía Internet.

El Banco de Costa Rica (BCR) recordó que en su oficina virtual que se puede acceder en www.bancobcr.com aquellos viajeros terrestres podrán acceder al servicio, sean o no sean clientes del BCR.

Para utilizar el servicio, la persona solo debe contar con una tarjeta de crédito o débito de cualquier emisor.

Se admiten tarjetas Visa o Mastercard nacionales e internacionales. Como es usual en este tipo de servicio, por seguridad, al ingresar el sistema solicitará algunos datos personales entre ellos el número de pasaporte. Nunca se pedirá información confidencial ni claves de acceso a cuentas bancarias.

Finalizado el trámite, el sistema generará un comprobante de manera automática que será enviado al correo electrónico que el usuario indique o a su dispositivo como archivo PDF. En el puesto fronterizo no será necesario aportar el comprobante ya que la Dirección General de Migración lo registra automáticamente.

Dicho impuesto es de $8, de los cuales $5 son el impuesto, $2 corresponden a un canon fitosanitario y $1 para nutrir el presupuesto del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El intermediario financiero también informó que tiene un canal físico para pagar el impuesto de salida por vía terrestre de Costa Rica.

Se trata de una red de corresponsales ubicados en varias partes del país donde se puede hacer el pago.

Para esto, también debe ingresar a la página web del banco visitar el enlace “impuestos de salida” y allí podrá tener acceso a la lista de empresas autorizadas para recaudar el impuesto.

 

FB Live: Declaración de Precios de Transferencia

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 12 de abril a las 3:00 p.m. con el tema:

Declaración de Precios de Transferenci, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

Con Renta Global 95.193 trabajadores más deberán pagar impuesto

Fuente: Semanario Universidad

Con el nuevo proyecto de Ley de Renta Global Dual, que impulsa el Gobierno de Carlos Alvarado, un total de 95.193 trabajadores asalariados -tanto del sector público como del privado- se unirán al grupo de costarricenses que debe pagar dicho gravamen mes a mes.

Hasta la fecha estos trabajadores están exentos del pago de impuesto sobre la Renta, pero de aprobarse la nueva legislación, se bajaría el límite de ingresos que entran a tributar, lo cual incluye a aquellos que reciban más de ¢683.000 por concepto de salario. Hoy el tope mínimo es de ¢840.000.

De acuerdo con cifras provistas a UNIVERSIDAD por la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un total de 37.898 trabajadores del sector público reciben entre ¢683.000 y ¢839.999, y 54.042 empleados del sector privado tienen salarios que se ubican entre esos márgenes. Por su parte, 4.590 trabajadores independientes y 663 asegurados independientes entrarán también a ese grupo de cotizantes.

Otro factor que incidirá en el pago de dicho impuesto es que quienes reciban salario, por ese monto o uno menor establecido en el límite, y tengan otros ingresos por alguna otra actividad que realicen (alquiler, servicios profesionales, ventas), se le sumarán todos esos ingresos, obligándoles a pagar Renta.

Según el economista e investigador en formación y efectividad de políticas públicas, Luis Carlos Olivares, el proyecto de ley de Renta Global Dual es completamente regresivo, debido a que la reforma cae de manera excesiva sobre los asalariados, un grupo que ya de por sí paga todos los impuestos que se le imponen.

Esto sucederá mientras otros quedarán por fuera del pago, ya sea porque son exentos o pueden darse el lujo de evadir y eludir, dado que las fuentes de sus rentas o ingresos no están necesariamente identificadas.

“Esta Administración tomó una decisión política, clara y directa, que fue tasar a la clase media, con dos acciones específicas desde el punto de vista recaudatorio: que los que ya pagan, paguen más, y que más gente pague”, detalló Olivares.

Desde su perspectiva, la primera acción muestra una doble moral, porque hay una masa de gente que ya paga sus impuestos (a quienes se les está gravando aún más), pero también existe una alta elusión y evasión con grupos exentos por perpetuación de privilegios, de manera que esos encontrarán la forma de no pagar.

La segunda acción implica que más personas paguen, puede hacerse de dos formas. En primer lugar, acomodar el tributo hacia arriba, es decir, quien más gana, pague más, bajo un criterio de progresividad. Y, en segundo lugar, hacerlo hacia abajo y que las clases medias o medias bajas paguen algo.

“Esto último es lo que están haciendo, disminuyendo el rango hacia abajo para capturar mayores sujetos pasivos, incluso tasando a una masa laboral por cuenta propia, el cual es el grupo más pujante del país. Existen cerca de 321 pymes, según el Instituto de Estadísticas y Censos, que tienen capacidad de absorber hasta un 55% del empleo informal”, añadió el economista.

El peso recae en los asalariados

Según el economista Luis Paulino Vargas, el trato tributario mejoraría para los contribuyentes que realizan actividades lucrativas, como puede ser un médico o un profesional liberal, dado que la ley incluye a más personas asalariadas. Sin embargo, podría excluir a una parte de esos trabajadores independientes.

“Tenemos certeza del dato concreto de asalariados que hoy no pagan el impuesto y empezarían a pagarlo con la nueva ley. Le pone mano dura, un golpazo o el martillazo (como quieran llamarlo) a la población asalariada, no solo porque pasarían a tributar, sino porque si uno revisa hacia arriba, ve que las tasas impositivas se incrementan más en los sectores que ganan a partir de ¢1 millón, ¢2 millones o ¢3 millones. Aquellos del sector privado que están entre ¢19 millones y ¢29 millones no son tan afectados, por tanto, podríamos decir que el golpe es a la clase media”, argumentó Vargas.

La propuesta de Renta Global fue avalada en el Diálogo Multisectorial, realizado en 2020 entre el Gobierno y diversos sectores, sin embargo, la propuesta planteaba hacer una mejora en la recaudación y generar mayores ingresos, pero nunca se habló de bajar la base impositiva, lo cual afecta a trabajadores con salarios menores.

Para la economista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Ana Rosa Ruiz, aunado a una economía en la que aumenta el desempleo, con un empleo de poca calidad y casi el 60% de informalidad, aplicar este impuesto viene a deteriorar aún más la calidad de vida de la clase trabajadora, por lo cual se establece una política totalmente regresiva, y ese no fue el acuerdo en el Diálogo Multisectorial.

Analizó la experta que ya desde la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se han visto afectados y reducidos los gastos del sector público y hay claras intenciones de incidir en la parte de la remuneración. No hay aumentos salariales, los incentivos pasaron a ser un monto fijo y se suspendió la aplicación de la antigüedad.

“Ya hay una afectación de las remuneraciones. Las intenciones claramente buscan bajar los estándares salariales para justificar en el sector privado salarios aún más bajos, y ahora se amplía la base para que otros sectores asalariados paguen este impuesto”, señaló.

Y es que este proyecto de ley, que el Gobierno pretende hacer avanzar, junto con otras iniciativas de enfoque regresivo, viene a imponer la carga impositiva en los asalariados (incluyendo a los que tengan alguna actividad productiva).

En este sentido, el diputado oficialista, Welmer Ramos, explicó que, peor aún, es una legislación que recae sobre las personas y no toca al sector empresarial, pues inicialmente se había presentado un proyecto de Renta Global que incluía a las personas jurídicas (empresas o negocios), pero una semana después el Gobierno presentó un nuevo texto en el cual ya no estaban incluidas. (Ver nota “Gobierno excluyó a personas jurídicas y empresas en segunda versión del proyecto de Renta Global”). Es decir, este proyecto que pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa no tocará los capitales empresariales.

Declaración de Beneficiarios Finales 2021 debe presentarse en abril


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Como parte de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, Ley 9416, las sociedades debían llenar un extenso formulario donde se indique toda la información de la confrmación de la organización, la información de cada socio, las acciones y los beneficiarios finales.

Todas las sociedades deberán completar este requisito antes del 30 de abril, día en que vence el plazo para la presentación de la declaración del año 2021.

“Esto es para todas las sociedades, inclusive aquellas que se formaron recientemente. La información debe estar actualizada y al día”, confirmó Ana Isabel Borbón, experta de Actualidad Tributaria.

Este año las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitadad, las sociedades de nombre colectivo, en comandita, las sociedades extranjeras, las empresas individuaes de responsabilidad limitada y las sociedades civiles, deberán volver a cargar la información a partir del 1º de abril, sin excepción, y a partir de ahora, cada año en el mes de abril se deberá cumplir el requisito para todos los casos.

En el caso de los Fideicomisos, que fueron incluidos el pasado marzo, tendrán tiempo hasta junio próximo para presentar la declaración.

Altas multas

Si las sociedades no presentan la declaración antes del 30 de junio, se les impondrá una multa del 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, con un mínimo de de 3 salarios base como mínimo de multa. Si se toma en cuenta que el salario mínimo a partir de este mes es de 450.200 colones, la multa mínima es de 1.350.600 colones.

Esto aplica también para los fideicomisos que no cumplan el requisito para finales de junio próximo. 

Borbón recomienda no dejar el proceso para último momento, ya que sólo el apoderado de la sociedad es quien está autorizado a completar el formulario, o en su defecto hay que firmar un poder frente a un notario, quien debe completar otro proceso. “En resumen, el proceso es complejo, por lo que si tiene dudas lo mejor es que se asesore y evite así las multas, que como vimos, son altas”, comentó Borbón.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

Industriales piden reducir impuesto a combustibles y precio de gas licuado

Fuente: CR Hoy

La Cámara de Industrias pidió este miércoles al gobierno tramitar alguna iniciativa que permita reducir los precios del impuesto único a los combustibles, así como el precio del gas licuado, que afectan a la industria.

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara, afirmó que los incrementos de los últimos meses los hacen perder competitividad, pues aunque los países competidores importen los mismos combustibles, ese impuesto único los puede sacar de competencia.

“En la industria, muchos procesos de sectores como Metalurgia, Minerales no metálicos, Equipo de transporte, manufactura de alimentos y bebidas entre otros, intensivos en el uso de combustibles, se ven afectados, por lo que la Cámara de Industrias no solo pide se baje el impuesto al Gas Licuado de Petróleo, sino que se facilite la importación de combustibles alternativos como el gas natural”, dijo Montenegro.

De acuerdo a la última solicitud planteada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) el precio de la gasolina se ubica ahora en ₡700.

De esos precios en promedio el 40% corresponde al impuesto en el caso de las gasolinas, y más del 30% para el diésel.

 

Presente la declaración del registro de accionistas antes del 30 de abril y evite multas

Fuente: El Financiero

Todas las personas jurídicas que estén inscritas ante el Registro Nacional deberán de presentar la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) antes del 30 de abril. Incumplir con esta obligación tiene una multa onerosa que se penaliza con el 2% de los ingresos brutos que se hayan declarado por concepto del Impuesto a las Utilidades en el 2020.

Aunque se establece un porcentaje la sanción tiene techo y piso, y oscila de tres hasta 100 salarios base (u¢462.200), por lo que las multas irían desde ¢1.386.000 y hasta ¢46.220.000.

Por otro lado, el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería, ni les inscribirá documentos a los deudores.

Tanto las sociedades activas como las inactivas deberán de presentar la declaración. Durante este año se incorporan los fideicomisos que deberán presentar la obligación hasta junio (por una única vez) y en 2022 deberán hacerlo en abril.

El registro de accionistas, como se le conoce popularmente, es la obligación que tienen las personas jurídicas de suministrar la composición del capital social y la identificación de los beneficiarios finales de las sociedades. Así lo indica la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (N° 9.416).

EF conversó con Estefanía Ramírez, abogada de Deloitte Legal, y Guillermo Smith, presidente de los Contadores Públicos Costa Rica.

¿Qué procede en el 2021?

La declaración se realiza en el Banco Central de Costa Rica (BCRR) específicamente en la página www.centraldirecto.fi.cr y lo que procede es actualizar la información de la composición del capital.

El proceso será más sencillo para las sociedades que presentaron la declaración el periodo anterior y que no tuvieron cambios en la información en el transcurso de los últimos meses.

Al ingresar al sitio web el sistema consultará si desea que copie la información anterior. En caso de que la respuesta sea afirmativa se precarga la información y solo se deberá reenviar el formulario.

En este caso se tienen que brindar datos generales de la sociedad como nombre, cédula, domicilio, quiénes son los dueños o accionistas, y brindar un correo electrónico para las notificaciones de la información del capital social.

Los procesos más sencillos serán para las sociedades cuyo dueño sea una persona física, en ese caso se deberán facilitar los datos de ese accionista: el nombre, la cédula o pasaporte, dirección donde se puede contactar y la fecha en la que empezó a ser socio.

En las estructuras más complejas, por ejemplo un grupo corporativo con varias sociedades o subsidiarias de por medio, se debe indicar quiénes son los socios y desglosar la información hasta llegar ya sea a una persona física o a una sociedad que cotiza en bolsa ―donde es casi imposible identificar a los socios según Ramírez―.

Este podría ser el caso de una sociedad con dos accionistas: una persona física y una jurídica.

Al realizar la declaración jurada se debe indicar cuántas acciones tiene la persona física y de cuántas acciones es dueña la persona jurídica. La persona física debe aportar en el formulario su nombre, identificación, cantidad de acciones que tiene la empresa, entre otros.

Mientras que la persona jurídica también debe reportar información hasta llegar a las personas físicas que la componen (pues el objetivo es saber quiénes son los beneficiarios finales); y cuando una de ellas tenga un control mayoritario igual o superior al 15% también se deberá de reportarse, según explicó Smith.

Con respecto a las sociedades que experimentaron cambios en las participaciones o en los dueños de las acciones, la normativa indica que los obligados tenían 15 días para reportar los cambios por medio de declaraciones extraordinarias.

No obstante, un transitorio los eximió de realizar este trámite en ese lapso y ahora podrán hacerlo en este mes de abril, manifestó la especialista de Deloitte. En el caso de una empresa que cambió de socios o propietarios dos veces debe presentar la declaración extraordinaria y luego la ordinaria para hacer un conteo histórico de las modificaciones que se experimentaron en los últimos meses.

“Hasta ahora es que el sistema se está habilitando. Se habilitó el 1.° de abril presentar declaraciones y pareciera que ya se va a permitir hacer declaraciones extraordinarias del año 2019, porque se debe indicar la fecha del cambio en el libro de socios lugar donde se registra la venta de acciones”, agregó Ramírez.

¿Quiénes deben presentar la declaración jurada?

Están obligadas todas las personas jurídicas que estén inscritas ante el Registro Nacional, incluso las sociedades inactivas.

  3-101 Sociedades Anónimas
  3-102 Sociedades de Responsabilidad Limitada
  3-104 Sociedades en Nombre Colectivo
  3-103 Sociedades en Comandita
  3-012 Sociedades Extranjeras con cédula jurídica nacional
  3-105 Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
  3-106 Sociedades Civiles
  3-108 Sociedades Profesionales

Fideicomisos con más tiempo

Los fideicomisos podrán presentar la declaración del periodo 2021 en el mes de junio, y a partir de 2022 deberán hacerlo en abril.

Estos son contratos o figuras jurídicas por el cual una persona destina bienes, derechos o negocios a un fin lícito en específico, y con diferentes finalidades. Para eso encomienda su realización a una institución o persona fiduciaria de su confianza por un plazo o condición determinada.

Para hacer la declaración se debe contar con el número de cédula jurídica del fideicomiso, por eso el fiduciario debe acudir al Registro Nacional para solicitar la identificación. A pesar de que la declaración se realiza en junio los especialistas consultados recomiendan solicitar la identificación cuanto antes para evitar posibles retrasos.

En el formulario se deberá de brindar información sobre el fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, objeto del contrato, cuantía, fecha de constitución, fecha final del fideicomiso, actividad económica y tipo de fideicomiso.

2022 engrosará lista de obligados

Los administradores de terceros y asociaciones sin fines de lucro deberán de presentar la declaración en el 2022, indicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Los administradores de terceros pueden ser un abogado o contador que tiene clientes en el extranjero y por lo tanto se encarga de pagos de impuestos, o el pago de las planillas (por trabajadores de seguridad o limpieza) en caso de que el propietario extranjero tenga un bien inmueble a su nombre.

En este caso se le da una autorización al administrador para que puedan manejar recursos que no son propios.

 

Gobierno sin plan B ante demora de aprobación de leyes acordadas con FMI

Fuente: CR Hoy

A pesar que los plazos legislativos y el almanaque no avanzan a su favor, el gobierno de Carlos Alvarado  no quiere referirse a la inminente posibilidad de que los 6 proyectos con los cuales el país se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vayan a estar aprobados en el Congreso antes de junio, como lo acordó el Poder Ejecutivo a inicios de año con este organismo internacional a cambio de un financiamiento por los $1.750 millones, esto  para enfrentar la crisis económica que agravó la pandemia de la COVID-19.

La ministra de Planificación y Política Económica y coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, prefiere pensar que en menos de dos meses los diputados van a tramitar dichos expedientes, antes de hablar de la posibilidad de poner en aviso al FMI o solicitarle una prórroga. 

Según Garrido, en el Reglamento de la Asamblea Legislativa hay procedimientos que permitirían avanzar en las próximas semanas . Además reiteró que el plan de Empleo Público, que actualmente ocupa la atención de los diputados en el Congreso es la prioridad dentro del acuerdo con el FMI.

“Todavía estamos haciendo el trabajo correspondiente para poder garantizar la mayor parte de los proyectos a junio. Yo todavía no lo descarto, hay procedimientos abreviados dentro de la Asamblea que permitiría avanzar aceleradamente estos proyectos, por ahora optimistas. No lo hemos tocado con las fracciones y empleo público es lo primero”, dijo Garrido.

¿Cuáles son los proyectos?

El gobierno se comprometió con el FMI con 6 proyectos de ley para junio a cambio del financiamiento por los $1.750 millones.

Estos seis planes deberán de discutirse, cuando sean convocados, en medio de las discusiones de cara a las elecciones paras el nuevo Directorio Legislativo y el año preelectoral.

Estos son los proyectos:

  • Empleo público

El acuerdo con el FMI tiene su principal eje en la reforma a la Ley de Empleo Público, el cual ya se discute en la Asamblea Legislativa. Sin embargo la oposición ya advirtió que este plan no se aprobará antes del 30 de abril.

  • Impuesto a casas de lujo

Las casas de lujo pagarían un 0,5% de impuesto. El tributo gravaría a todos los inmuebles de uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor sea igual o mayor a unos ¢150 millones.

  • Renta global dual

Se propondrá un sistema de pagos del impuesto de renta global que incluya todos los ingresos de las personas.

  • Aporte solidario de empresas estatales 

El gobierno presentó este viernes un proyecto para que varias empresas estatales aporten el 30% de sus utilidades después del pago de impuestos. Se trata de una medida temporal para recaudar por año un 0,20% del PIB, aplicable por un plazo de 4 años.

El aporte solidario se le aplicará a 14 empresas públicas, entre ellas el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, INS, AyA, Compañía de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, ICE, Japdeva, Recope y Racsa, entre otras.

  • Eliminación de exoneraciones

Se continuará con el proyecto de eliminación de exoneraciones, que incluye la renta sobre el salario escolar, rentas de capital y remesas.

  • Impuesto del 25%  a premios de lotería 

Se impulsa un plan para un impuesto a los premios de lotería superiores a los ¢225 mil, con lo cual se espera recaudar alrededor de ¢41.800 millones anuales, el 0,12% del Producto Interno Bruto.

 

 

Obligados a llenar registro de accionistas pueden precargar datos de la declaración anterior

Fuente: La Nación

Los obligados a presentar en abril la declaración ordinaria del periodo 2021 en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, conocido como registro de accionistas, pueden precargar los datos de la última declaración enviada.

Si no tuviera cambios pueden confirmar la declaración y enviarla de nuevo y así presentan la del 2021, o si hubiera cambios pueden editarla.

Así lo explicaron, este 6 de abril, Sylvia Chacón, analista financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, y Douglas Sanabria, de la Dirección de Inteligencia Tributaria en un Facebook Live organizado por el Colegio de Contadores Públicos sobre este registro.

También lo indicaron así el abogado José María Oreamuno, socio de Facio & Cañas y el Ministerio de Hacienda en su página web.

“A partir del año 2021, las declaraciones ordinarias se deben presentar anualmente durante el mes de abril, y para mayor facilidad de los usuarios, se tendrá la opción de precargar los datos de la última declaración enviada, con el fin de permitirle al obligado actualizar solo aquella información que haya cambiado, o simplemente confirmar que la declaración no tiene cambios, para proceder a firmarla digitalmente y enviarla”, explica Hacienda en su página.

¿Cómo se precarga la declaración? Sanabria explicó que se ingresa a la opción de “declaraciones”, le da al botón que dice “agregar”, le consulta qué tipo de declaración va a presentar, en este caso la “ordinaria”, y seguidamente el sistema va a preguntar si usted desea precargar la información de la declaración anterior y le da dos opciones: “sí” o “no”.

“El sistema le preguntará si desea copiar los datos de la declaración realizada en el periodo anterior. Le dará dos opciones: ‘Sí’ (en cuyo caso solo debe confirmar los datos que la plataforma va mostrando) o ‘No’ (para lo cual deberá cargarla desde cero)”, explicó Oreamuno.

Chacón añadió que el sistema tiene la funcionalidad también de que si en el periodo 2019 se adjuntó un documento, también va a precargar el adjunto de esos documentos, entonces no van a tener que subir todos los documentos que subieron en el 2019, sino que simplemente el sistema se los va a precargar.

Quienes presentaron la declaración en el 2019 no tenían que hacerlo en el 2020, pues para ese periodo se cargó la anterior en forma automática.

En la actividad del Colegio de Contadores Públicos se enfatizó en que los contribuyuentes siempre deben presentar la declaración del 2021, aunque no haya cambios.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es un sistema creado y administrado por el Banco Central en el cual las sociedades y otras personas jurídicas deben detallar quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales. El registro se creó en la Ley Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, vigente desde el 2016.

En un comunicado, el Colegio de Contadores Públicos explicó que deben presentar esta declaración las siguientes personas jurídicas, inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita, sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades civiles y sociedades profesionales.

Si es la primera declaración

Las personas obligadas deben llenar la declaración jurada, mediante la página de Internet: www.centraldirecto.fi.cr.

“Para que el o los representantes legales realicen este registro deben de tener firma digital. Para obtener una tarjeta de firma digital la persona interesada debe solicitar una cita en cualquiera de los bancos, cooperativas u otra entidad autorizada por el Banco Central de Costa Rica a expedirla”, explicó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Oreamuno brindó tres consejos para quienes van a proveer la información por primera vez: tener actualizado el software del firmador digital; no confundirse con declaraciones extraordinarias o correctivas, este mes corresponde presentar la declaración ordinaria; y seleccionar “enviar” hasta que esté 100% seguro de lo declarado.

Una vez que realiza el proceso de la declaración le enviarán un acuse de recibido de la información al correo electrónico que suministró el representante.

Entre los nuevos aspectos a destacar, detalló el Colegio, uno es que si dos o más sociedades se fusionan y se crea una nueva entidad o sociedad, se transforma en una de otra especie o tipo, por lo que en estos casos debe presentar la declaración dentro de los 20 días hábiles siguientes a la inscripción del registro.

En el caso de los fideicomisos, deberán hacer su primera declaración, por esta única vez, en junio del 2021, y en los años siguientes les corresponderá realizarla en la misma fecha de los otros sujetos obligados, es decir, en abril de cada año, explicó Smith.

 

Intl’ El FMI se muestra a favor de un impuesto mínimo global a la renta empresarial

Fuente: El Financiero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se declaró el martes 6 de abril “muy a favor” de imponer un impuesto mínimo global a la renta empresarial, un día después de que Estados Unidos señalara que va a impulsar esta idea en el seno del G20, que reúne a 20 de las economías más grandes del mundo.

En rueda de prensa al comienzo de las reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial, la principal economista del FMI, Gita Gopinath, señaló que los gobiernos enfrentan “gran cantidad” de evasión fiscal y de dinero transferido hacia paraísos fiscales.

Indicó que esto es un motivo de “gran preocupación” para el FMI porque “reduce la base impositiva sobre la que los gobiernos pueden recaudar ingresos y gastar en las necesidades sociales y económicas”.

“Estamos muy a favor de un impuesto mínimo global a la renta empresarial”, afirmó Gopinath. “Es una gran preocupación para nosotros”.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, manifestó el lunes que Estados Unidos trabaja con los países del G20 “para acordar una tasa mínima de impuestos a las empresas”.

“Juntos podemos usar este impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributación para las empresas multinacionales”, señaló Yellen.

Consultada sobre otra propuesta de la administración de Joe Biden para aumentar los impuestos a las corporaciones estadounidenses del 21% al 28%, Gopinath sostuvo que es prematuro comentar sobre el posible impacto de esta medida.

El mundo empresarial y los republicanos se oponen fuertemente a esta propuesta que creen reducirá la capacidad inversora de las empresas.

La economista jefe del FMI indicó que, por el contrario, la drástica reducción de este impuesto durante el gobierno de Donald Trump (del 35% al 21%), no llevó a un salto significativo en las inversiones.

 

Hacienda aclara que sí incluirá periodo fiscal 2020 para calcular pagos parciales de renta

Fuente: El Financiero

Este lunes 5 de abril el Ministerio de Hacienda aclaró que sí si deberá incluir el periodo fiscal 2020 para el cálculo de los pagos parciales del impuesto a las utilidades de 2021.

La cartera aclaró vía correo electrónico:

“Hay que tener presente que lo declarado para el periodo fiscal 2020 debe considerarse, pero con las particularidades que establece el reglamento a la Ley. Siendo así, para calcular los pagos parciales correspondientes al periodo fiscal 2021 tiene que contemplarse la información reportada en los tres periodos anteriores (2018,2019 y 2020)”.

Esta aclaración surge luego de que la cartera publicara en su sitio web que no se iba a considerar el 2020 para el cálculo del impuesto por tratarse de un periodo de transición.

La información la dio a conocer el diario La Nación y generó un debate, pues especialistas tributarios alegaron que esa decisión iba en contra la Ley del Impuesto sobre la Renta (7.092).

El artículo 22 de esa legislación establece que los pagos parciales son adelantos obligatorios y para hacer el cálculo del periodo vigente hay dos vías: escoger el monto mayor entre el impuesto determinado en el año inmediato anterior o del promedio del impuesto de las declaraciones de los últimos tres periodos fiscales.

Al monto seleccionado se le aplica el 25% y esa es la cuota de los tres pagos parciales del impuesto, según consta en el sitio web de Hacienda. Esto significa que durante los pagos trimestrales el contribuyente pagará el 75% del total.

Fórmula para ajustar periodo de 15 meses

Para los pagos parciales del 2021 se realizó una modificación al Reglamento del Impuesto sobre la Renta. En el transitorio 1 del apartado 3 inciso c, se estipula que se debe ajustar el periodo de 15 meses a uno de 12.

Para eso se establece una fórmula que consiste en aplicar en el numerador el impuesto de 2020 (que corresponde a 15 meses), dividirlo por 15 y luego multiplicarlo por 12.

El reglamento indica que esta fórmula se debe aplicar para el cálculo del impuesto correspondiente al 2021, 2022 y 2023 donde sí se considera el periodo fiscal 2020, manifestó Bryan Mora, gerente de impuestos de Deloitte.

 

¿Se justifica gasto de $156 millones en nuevo sistema de recaudación?

Fuente: CR Hoy

El Ministerio de Hacienda gastará $156 millones de un crédito del Banco Mundial en un nuevo sistema informático para modernizar y digitalizar el pago de impuestos. El plan se denomina “Hacienda Digital”.

¿Se justifica el gasto en época de crisis fiscal, agravada por la pandemia del COVID-19 desde el año pasado? Según Hacienda, el proyecto se sostiene solo.

En un documento que el Ministerio hizo público para explicar el proyecto, afirmó que el mismo es importante porque transformará, modernizará, y digitalizará la gestión del Ministerio, para facilitar el pago de impuestos, contar con mejores herramientas para identificar la evasión fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público, la gestión de la deuda y brindar un mejorar servicio orientado al ciudadano.

El gasto, además, según el Gobierno, tendrá un retorno para el país que se traducirá en un cambio en la gestión del modelo institucional.

“Nos enfocaremos en procesos y no en funciones, lo que nos permitirá trabajar como grandes equipos y no como islas, ayudándonos a brindar soluciones y servicios integrales. Contaremos con una gestión de Recursos Humanos fortalecida; tendremos una comunicación más fluida y multilateral, donde se fomentará el diálogo y la retroalimentación.

Conoceremos lo que todos realizamos dentro de la institución, fomentando la transparencia. Sacaremos provecho de nuestras habilidades y talentos, gracias a la capacitación y formación. Cerraremos las brechas de conocimiento en la utilización de la tecnología. Tendremos la oportunidad de realizar nuestras labores bajo la modalidad de teletrabajo, gracias a la sistematización de los procesos institucionales y los trámites”, fundamentó el Ministerio, dirigido por Elian Villegas.

Cara modernización

Entre las herramientas que “Hacienda Digital” le brindará al Estado, según el documento, están sistemas de información interconectados “modernos” y nuevas tecnologías como la analítica de datos, la inteligencia artificial, entre otros.

Ese grupo de innovaciones permitirá, según Hacienda, aumentar la eficiencia de su trabajo al tener información en tiempo real, facilitar el trabajo al dejar de tramitar documentos y datos “a pie”.

Uno de los beneficios que traerá la inversión, indica el texto, será el combate a la evasión fiscal.

“Utilizando herramientas de analítica de datos y la inteligencia artificial (IA) para realizar la fiscalización tributaria, relaciones, estimaciones de riesgo e indicios de fraude. Recogeremos, cruzaremos y analizaremos los datos de ciudadanos y empresas a partir de más de 20 fuentes, en formatos variados de textos, imágenes y videos, tales como anuncios publicados en Internet, impuestos , tarjetas de débito y crédito, registro de vehículos, registro comercial, registro de propiedades, búsquedas en Google Earth, Facebook y Twitter.

“(También) Big Data, utilizando un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, por lo que a partir de facturas electrónicas y de otras fuentes posibilita realizar declaraciones tributarias prellenadas del IVA (impuesto al valor agregado), para facilitar el cumplimiento tributario y mejorar el control; Aplicativos en dispositivos móviles, los cuales facilitan al ciudadano realizar consultas y transacciones con el fisco, y preparar, presentar y seguir sus obligaciones tributarias, así como tecnologías con base en ÍO, que permiten un control más eficaz en impuestos dependientes del manejo y rastreo de mercancías, auxiliando a auditores fiscales en sus trabajos de campo. La tecnología blockchain para reducir el fraude entre fronteras y facilitar el control aduanero”, destacó el Ministerio.

¿Al fin mejorará calidad del gasto público?

Otro de los supuestos beneficios, será la mejora en la calidad del gasto público. Esto, de acuerdo con la cartera, porque traerá “avances sustantivos” en procesos de planificación, formulación, ejecución y control de los presupuestos.

Además de una mejora en la gestión de la deuda pública, procesos contables, de tesorería, gestión de recursos humanos y planilla, pagos, entre otros.

En el aspecto aduanero también habrá mejoras, según el Gobierno. En este aspecto, las mejoras se notarían en mejores trámites de despacho y “robustos” controles producto de la reingeniería de procesos.

Los beneficios que traerá el plan para los ciudadanos, dice la propaganda del Gobierno, serán una atención orientada al servicio al cliente en todas las dependencias de Hacienda. Para las instituciones públicas, el beneficio sería el aumento en la claridad y en la previsibilidad en los sistemas financieros y presupuestarios que facilitaría tomar decisiones.

“¿Cuáles son los beneficios que se darán a nivel económico? Una tasa de retorno de 142% del monto del préstamo por mejoras en eficiencia y mayor recaudación. Un valor presente neto de los beneficios percibidos en los próximos diez años de US$5.861,85 millones (un 9.5% del PIB).  Ahorros, por el fortalecimiento de los controles de gastos.

“Se estima que los ahorros derivados de mayores controles en el gasto público se traducen en un 1% del gasto anual. Reducción de la evasión fiscal, se prevé que el aumento en los ingresos como resultado de reducción de la evasión fiscal, será del 0,5% del PIB“, estimó Hacienda.

Además, la cartera espera una disminución de la brecha de incumplimiento tributario, como producto del análisis basado en riesgo y auditorías más efectivas; la reducción del tiempo para el pago de impuestos, al fomentar un mayor uso de las transacciones en línea; la reducción de un 5% en los costos de administración tributaria, así como en el tiempo de prestación de servicios, por la disponibilidad de los servicios en línea.

 

Recaudación del impuesto sobre la renta en el periodo fiscal de 15 meses del 2020 bajó 4,4%

Fuente: La Nación

Empresas y personas pagaron ¢1.773.730 millones de impuesto sobre la renta en el periodo fiscal especial de 15 meses del 2020, el cual había tiempo para cancelar hasta el 15 de marzo del 2021.

Según información proporcionada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a solicitud de este diario, la recaudación resultó un 4,4% menor respecto a la del periodo fiscal 2019, que fue de 12 meses.

Esta caída es muy similar a la reducción que tuvo la producción, de 4,5% en el 2020.

Solo en los 12 meses del año 2020 la recaudación fue de ¢1.651.249 millones, un 11% menor.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018, cambió el periodo fiscal, el cual antes iba del 1 °. de octubre de un año al 30 de setiembre del año siguiente por uno que coincide con el año calendario. Para hacer la transición el periodo fiscal 2020 fue especial de 15 meses.

La reducción refleja que la extensión del periodo fue insuficiente para amortiguar el fuerte golpe de la pandemia sobre los ingresos de los contribuyentes.

Villegas comentó que preveían una caída en la recaudación del impuesto sobre la renta mayor.

“En realidad el monto que finalmente pagaron los contribuyentes a nosotros nos tiene bastantes satisfechos, consideramos que realmente más bien se da una situación favorable para el Ministerio de Hacienda”, dijo el Ministro.

“Hemos tenido caídas de sectores muy importantes de nuestra economía como por ejemplo, el sector turismo, el hecho de que en esa situación la recaudación del impuesto sobre la renta no haya sido una caída realmente exagerada o muy grande, pues a nosotros nos satisface y nos permite continuar por una senda importante de consolidación fiscal!, añadió el ministro.

Villegas comentó que observan una muy fuerte relación entre la factura electrónica, el impuesto al valor agregado (IVA) y el pago en el impuesto sobre la renta.

La factura consigna el valor del tributo y el IVA arroja información sobre las ventas de las empresas, lo cual es importante para el cálculo del impuesto sobre la renta.

Esto hace, según el ministro, en que una vez que se logre salir de la pandemia, el impuesto sobre la renta va a ser más fuerte de lo que ha sido hasta la fecha.

 

FB Live: Beneficiarios Finales. Mes de presentación de declaraciones

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 05 de abril a las 3:00 p.m. con el tema:

Beneficiarios Finales. Mes de presentación de declaraciones, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Ana Isabel Borbón.

¡Le esperamos!

Hasta hoy hay tiempo de presentar la declaración por ventas D-151

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Los contribuyentes que hayan realizado ventas en donde no se haya utilizado comprobante electrónico tienen tiempo hasta este miércoles para presentar la declaración de impuestos, conocida como D-151.

Esta declaración debía presentarse el 28 de febrero pasado, pero Hacienda había ampliado la fecha límite, según explicó Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, firma especializada en Estudios de Precios de Transferencia.

“En el 2019 se emitió Resolución DGT-R-071-2019. En esta se señalaron ciertas operaciones que estaban exceptuadas de incorporarse en la Declaración D-151. Una es el caso de las exportaciones e importaciones y los montos a los cuales se les efectuó retención. Además de las operaciones que estén respaldadas con comprobantes electrónicos. Sin embargo, no todos los contribuyentes tienen este sistema, por lo cual todavía habrá algunos contribuyentes que tendrán que realizar la declaración”, explicó Vargas.

La Declaración D-151 es una declaración anual en donde el contribuyente informa a la Administración Tributaria los montos sobre las compras y ventas de bienes y servicios realizadas durante el mismo período fiscal a un mismo cliente o proveedor.

En ella se deben informar solo las operaciones con montos superiores a ¢2.500.000 en el año fiscal, con una misma persona o empresa. En el caso de gastos específicos son transacciones de más de ¢50.000.

“Se utiliza para un control de los ingresos y gastos de los vendedores, proveedores de bienes y servicios, y compradores. Con ella Hacienda realiza cruce de información entre lo declarado por el vendedor y el comprador para que no se omitan ingresos”, afirmó Vargas.

 

Director de tributación y especialistas chocan sobre cálculo de pagos parciales del periodo fiscal

Fuente: La Nación

La decisión del Ministerio de Hacienda de excluir el periodo fiscal 2020 del cálculo de los pagos parciales del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2021 ha generado choques de criterios entre el director general de Tributación, Carlos Vargas y especialistas tributarios.

Los pagos parciales son adelantos obligatorios del impuesto sobre las utilidades. Este año se realizarán en junio, setiembre y diciembre.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018, cambió el periodo fiscal, el cual antes abarcaba del 1.° de octubre de un año al 30 de setiembre del año siguiente, por uno que coincide con el año calendario. Para hacer la transición el periodo fiscal 2020 fue especial de 15 meses.

Según establece el artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para realizar el cálculo de los pagos parciales, se suman los impuestos determinados en los tres periodos fiscales anteriores y se dividen entre tres; se escoge el monto mayor entre la última declaración presentada y el promedio calculado. Luego, el 25% de ese resultado es el monto correspondiente a cada pago parcial.

El Ministerio de Hacienda publicó en su página web que para el cálculo de los pagos parciales del periodo fiscal 2021 no se debe considerar el periodo fiscal 2020.


En su página web, el Ministerio de Hacienda informa que para realizar el cálculo de los pagos parciales de los periodos fiscales 2021, 2022, 2023, no se consideran para el cálculo el periodo 2020 por ser el periodo de transición. Foto: Captura de pantalla.

“Para realizar el cálculo de los pagos parciales, se toma como base los impuestos determinados en los tres períodos fiscales anteriores, con excepción de los periodos fiscales 2021, 2022, 2023, que no consideran para el cálculo el periodo 2020 por ser el periodo de transición”, señaló el Ministerio.

Para una primera información sobre este tema, se le consultó al director general de Tributación sobre que esto generaría que los contribuyentes que tuvieron pérdidas, o una menor renta, en ese año de pandemia tendrían que hacer un pago parcial mayor que quizá no estén generando porque todavía la recuperación económica es poca y que además algunos abogados lo consideran una violación al principio de capacidad económica efectiva y a la misma ley que define el cálculo.

“Es un periodo que igual considera más meses de ingreso en la mayoría de los casos, 15 meses, por lo que la base para el cálculo en algunos casos va a estar inflada y el pago parcial puede resultar mayor”, respondió Vargas.

Eduardo Acevedo, director de Cumplimiento Legal de ICS Asesores Fiscales, explicó que el transitorio I del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, indica que previo al cálculo de los pagos a cuenta, se debe ajustar el periodo 2020 y anualizarlo para que sea comparable con los otros periodos fiscales, que sí son de 12 meses.

Bryan Mora, gerente de impuestos de Deloitte, detalló que para hacer esa anualización lo que se hace es dividir el impuesto del periodo 2020 entre la cantidad de meses, que son 15, con lo cual se obtiene un promedio por mes que se multiplica por 12.

De esta forma, el periodo de 15 meses se reduce a uno de 12 meses.

Cuestionamientos

“Si se omitieran los resultados del periodo 2020 al momento del cálculo de los adelantos de impuestos de los periodos del 2021 al 2023, entonces se estaría dejando de lado la realidad de muchos contribuyentes que para el periodo 2020 resultaron en pérdidas, teniendo como consecuencia la estimación de pagos parciales más altos de lo que en realidad corresponden, lo cual evidentemente atentaría contra el principio de capacidad económica”, opinó Acevedo.

“Me parece una violación al principio de capacidad económica efectiva y a la misma ley”, opinó en la primera información publicada sobre este tema el abogado Adrián Torrealba, exdirector general de Tributación y socio de Faycatax Facio & Cañas.

El 30 de marzo, el abogado José María Oreamuno, también de esta firma, publicó un artículo de opinión en el Semanario El Financiero, en la cual indica que ordenar omitir un año en el cálculo de los pagos parciales es ilegal, por contradecir el artículo 22 de la ley.

“También viola el transitorio I del Reglamento. Pero, por encima de todo, si ese año a omitir fue catastrófico para muchos contribuyentes, me parece un abuso de parte de las autoridades tributarias, al que no alcanzo a verle otro fin que el meramente recaudatorio”, comentó Oreamuno.

También el abogado Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton, cuestionó la decisión.

“Me parece que esto violenta el principio de reserva de ley porque el artículo 22 de la ley es claro que se debe usar los tres últimos periodos fiscales y esto lo emitió así la Asamblea Legislativa, y Hacienda no lo puede cambiar o dejar de usar. La única forma es que el contribuyente lo solicite. Esto demuestra una vez más la actitud agresiva de Hacienda, sin respetar las leyes vigentes”, dijo Morales.

Se le consultó de nuevo al director de Tributación, quien esta semana se encuentra fuera de la oficina, y este indicó por medio de un mensaje: “de momento los argumentos son los mismos de parte nuestra”. Se le solicitó una entrevista para la próxima semana para ampliar el tema.

 

 

Hacienda actualiza impuestos para bebidas no alcohólicas

Fuente: CR Hoy

El Ministerio de Hacienda publicó este lunes un decreto ejecutivo en el que actualiza el cobro de los impuestos que aplican solo para las bebidas no alcohólicas, excluyendo la leche e incluyendo los jabones de tocador.

De acuerdo con el decreto, el impuesto se aplicaría en colones, por unidad de consumo, de la siguiente manera:

  • Bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas: 19,58
  • Otras bebidas líquidas envasadas, incluso el agua: 14,53
  • Agua envasada en 18 litros o más: 6,77
  • Impuesto por gramo de jabón de tocador: 0,247

Los impuestos aplican a los productos tanto nacionales como importados, establecidos en el artículo 9 de la Ley Número 8114 de fecha 4 de julio de 2001, denominada “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”.

 

 

Pagos parciales de renta 2021 traen dos novedades

Fuente: La Nación

Este año los pagos parciales del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2021 tienen dos novedades: por primera vez el primer pago parcial se realizará en junio del 2021, pero además, al realizar el cálculo no se debe considerar el periodo fiscal 2020.

Según explica el Ministerio de Hacienda en su página web, los pagos parciales son adelantos obligatorios del impuesto sobre las utilidades, según lo establece el artículo 22 de la Ley de dicho impuesto.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018, cambió el periodo fiscal, el cual antes abarcaba del 1° de octubre de un año al 30 de setiembre del año siguiente, por uno que coincide con el año calendario. Para hacer la transición el periodo fiscal 2020 fue especial de 15 meses.

Según establece el artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para realizar el cálculo de los pagos parciales, se suman los impuestos determinados en los tres períodos fiscales anteriores y se dividen entre tres; se escoge el monto mayor entre la última declaración presentada y el promedio calculado. Luego, el 25% de ese resultado es el monto correspondiente cada pago parcial.

“Servirá de base para calcular las cuotas de pagos parciales el impuesto determinado en el año inmediato anterior, o el promedio aritmético de los tres últimos períodos fiscales, el que fuere mayor”, indica la ley.

Luego, cuando se realiza el pago final del impuesto sobre la renta se deducen los pagos parciales que correspondan a ese período fiscal.
Nueva base genera discusión

Sin embargo, para el periodo fiscal 2021 el Ministerio de Hacienda definió que no se consideran para el cálculo el periodo 2020 por ser de transición. Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo de los periodos fiscales 2022 y 2023.

El periodo fiscal 2020 fue un año de pandemia, en el cual los contribuyentes obtuvieron menos renta o incluso pérdidas, por lo que excluirlo podría subir el promedio y generar un pago parcial mayor en este año, en el cual todavía la recuperación económica es lenta y heterogénea, según lo muestra el índice mensual de la actividad económica.

“Me parece una violación al principio de capacidad económica efectiva y a la misma ley”, opinó el abogado Adrián Torrealba, exdirector general de Tributación y socio de Faycatax Facio & Cañas.

Por su parte, el director general de Tributación, Carlos Vargas, argumentó que si se tomara en cuenta el periodo fiscal 2020 se deberían sumar más meses de ingreso en la mayoría de los casos, 15 meses, por lo que la base para el cálculo en algunos casos va a estar inflada y el pago parcial también puede resultar mayor.

Vargas recordó que la misma ley, en el párrafo final del artículo 22, prevé la posibilidad de presentar solicitud de revisión de pagos parciales, si el contribuyente lo considera necesario.

Dicho párrafo indica: “La Administración Tributaria podrá rectificar las cuotas de los pagos parciales cuando los contribuyentes lo soliciten por escrito, antes de la fecha de su vencimiento y demuestren satisfactoriamente, ante esa dependencia, que la base del cálculo está afectada por ingresos extraordinarios o cuando se prevean pérdidas para el período fiscal del que se trate”.

Para quien inició una actividad económica en el 2020, explicó Torrealba, y si ese periodo no se toma en cuenta, entonces tendría que hacer una proyección de ingresos y sobre ellos estimar el pago parcial.

Cerrar Recope y bajar a la mitad impuesto de gasolinas propone Carlos Avendaño

Fuente: La República

Con el objetivo de que Costa Rica sea más competitiva y al mismo tiempo hacer menos pesada la carga de impuestos para los ciudadanos, Carlos Avendaño, diputado de Restauración Nacional y otros legisladores de su bancada, presentaron un proyecto de ley para cerrar Recope y reducir a la mitad el costo del impuesto único de los combustibles.

La propuesta también permitiría la apertura del mercado de hidrocarburos.

Con esta iniciativa, los costarricenses podrán percibir una reducción de hasta el 20,5% en el costo de la gasolina, además que dejarán de cargar con el peso que implica sostener Recope y su convención colectiva.

Para Avendaño, no se justifica mantener a Recope, la cual, deja pérdidas por ¢18 mil millones, según el legislador.

“Restauración siempre ha estado comprometida con la reactivación económica, con la urgente generación de empleo, con la protección de los bolsillos de las familias, y con la atracción de inversión. Ya es hora que se tomen las decisiones, Costa Rica, ni las familias deben seguir soportando la carga de Recope en sus bolsillos”, dijo Avendaño.

Intl’ Estados Unidos alista aranceles contra seis países tras impuestos a servicios digitales

Fuente: Reuters

La representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció el viernes que está preparando posibles aranceles contra Austria, Gran Bretaña, India, Italia, España y Turquía en represalia por sus impuestos a los servicios digitales.

En un comunicado, Tai afirmó que su oficina procederá con los avisos que correspondan y recopilará comentarios públicos, lo que significa que mantendrá la amenaza de aranceles sobre las importaciones de los seis países como parte de una investigación iniciada por su predecesor en la administración de Donald Trump, Robert Lighthizer, referente a los impuestos digitales.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Ustr) dio a conocer la decisión pese a los renovados compromisos del gobierno de Joe Biden de buscar un acuerdo global sobre impuestos a los servicios digitales.

Tai también dijo que la Ustr estaba terminando las investigaciones arancelarias de la “Sección 301” contra Brasil, República Checa, la Unión Europea e Indonesia porque estas jurisdicciones no han adoptado o implementado impuestos a los servicios digitales que antes estaban bajo consideración.

Si adoptan un impuesto a los servicios digitales, la Ustr aseguró que podría abrir una nueva investigación de tarifas.

La medida es una de las primeras tácticas de negociación reveladas por Tai desde que asumió el cargo la semana pasada, y donde, además, se comprometió a reconstruir alianzas y participar activamente en el comercio internacional ante algunos socios clave y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Estados Unidos sigue comprometido con alcanzar un consenso internacional a través del proceso de la Ocde sobre cuestiones tributarias internacionales”, dijo Tai en un comunicado. “Sin embargo, hasta que se logre ese consenso, mantendremos nuestras opciones bajo el proceso de la Sección 301, incluida, si es necesario, la imposición de nuevos aranceles”.

Costa Rica es el país con la menor informalidad en Centroamérica: BID

Fuente: La República

A pesar de ser un problema reconocido en el país, la informalidad de Costa Rica es la menor del resto de Centroamérica, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Más de un millón de personas trabajan en la informalidad en Costa Rica; incluso, con, por ejemplo, unos 147 mil trabajadores de 60 años o más que laboran en la informalidad, en datos del INEC.

Sin embargo, en estimaciones del BID, en algunos países de la región, dos terceras partes de los trabajadores laboran en la economía informal.

Asimismo, si bien la informalidad está relacionada con el ingreso, aunque con heterogeneidad, en los países de la región, el porcentaje de hogares que forman parte de la economía informal es grande, incluso en el estrato alto de ingresos.

Por ejemplo, en el quintil más alto de ingresos, 38% de los trabajadores en El Salvador se encuentran en situación de informalidad y 39%, en el caso de México.

Esto representa un reto para el cobro de impuestos, pues se calcula que el pago de contribuciones podría aumentar hasta un 21,2% si se lograran cobrar en la economía informal.

Sin embargo, en el caso de Costa Rica, una proporción relevante de la recaudación se realiza por medio de las contribuciones sociales; de esta manera, el efecto que tiene la informalidad sobre la recaudación es mucho mayor cuando se consideran contribuciones que cuando se considera, por ejemplo, el impuesto sobre la renta.

Por ejemplo, los individuos que tienen ingresos suficientemente grandes para pagar el impuesto a la renta, pero que no lo pagan por ser informales, representan apenas alrededor del 1,5% del total, por lo que la recaudación prácticamente.

Standard & Poor´s mantiene la calificación país

Fuente: Ministerio de Hacienda

De acuerdo con la calificadora de riesgo Standard & Poor´s la aprobación del marco para un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF, o Extended Fund Facility, en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como del proyecto de Ley de Empleo Público se constituirán en dos aspectos fundamentales para mantener la calificación país en B con perspectiva negativa, ratificada hoy por esa firma mediante un comunicado.

Asimismo, señaló que la perspectiva negativa indica el riesgo de una rebaja en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe el SAF y las medidas de política asociadas a dicho marco, lo cual generaría estrés a las condiciones del mercado local; lo que complicaría el logro de unas finanzas públicas sanas.

En este mismo comunicado la firma advirtió sobre la posibilidad de rebajar esta calificación en los próximos seis o doce meses, en caso de que no avancen las medidas de corrección fiscal que deben aprobarse en la Asamblea Legislativa.

No obstante, señaló que podrían revisar la perspectiva a estable durante el mismo período, si el gobierno y la Asamblea Legislativa adelantan las medidas concretas para afianzar la política fiscal después de la pandemia. La aprobación de las medidas, en conjunto con la recuperación económica posterior a la pandemia, podrían respaldar la confianza de los inversores, mantener un acceso fluido al mercado local y al endeudamiento de organismos internacionales y reducir la vulnerabilidad externa del país.

“La ruta de ajuste fiscal que ha propuesto el Poder Ejecutivo permitirá alcanzar el objetivo de asegurar la estabilidad macroeconómica y a la vez fortalecer el crecimiento económico de manera sostenible e inclusiva.  La adopción de las medidas del marco del SAF permitirán mejorar la perspectiva de nuestra deuda y el grado de calificación de riesgo del país”, señaló Isaac Castro, viceministro de Egresos.

País registró en 2020 la recaudación de impuestos más baja de los últimos 26 años

Fuente: La Nación

En el 2020, el país registró la recaudación de impuestos más baja de los últimos 26 años, producto de la pandemia de la covid-19 y de las diversas exoneraciones fiscales aprobadas por los diputados y el Gobierno.

Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), publicado este 19 de marzo, los ingresos del Gobierno alcanzaron el año pasado un 12,06% del producto interno bruto (PIB).

El porcentaje se asemeja al de 1995, cuando la recaudación se situó en apenas un 11,49% del PIB.

Después de ese último año, el Gobierno registró una tendencia creciente en sus ingresos y, en el 2008, alcanzó un 14,86% de la producción.

En adelante, tras la crisis mundial del 2008, la recaudación osciló principalmente entre un 12,5% y un 13% del PIB y, el año pasado, cayó al 12%.

En el 2020, los ingresos descendieron en poco más de ¢548.000 millones en comparación con los del 2019.

El monto final recaudado, de ¢4,3 billones, significó una caída equivalente a 0,9 puntos del PIB.

Este decrecimiento anual solamente es superado por el presentado en el 2009, cuando la carga tributaria mermó en 2 puntos porcentuales con respecto a la del 2008.

La Contraloría dijo lo siguiente sobre lo ocurrido en el 2020: “El Gobierno Central percibió ¢548.241 millones menos respecto del 2019, lo que representó una caída de un 11,2%; la primera registrada desde 2009, cuando el monto fue menor en 6,1% respecto al 2008″, afirma el estudio.

No obstante, en el 2020 la recaudación superó la estimación presupuestaria en un 10%, puesto que las perspectivas de recaudación tributaria presentaron un impacto menor al esperado por la emergencia nacional.

“El monto recaudado superó la expectativa presupuestaria debido, en parte, a la mejora en el rendimiento de varios ingresos tributarios durante el segundo semestre de 2020″, dice el documento.

Este fue el caso del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que mejoraron por la apertura gradual de actividades económicas.

Sin embargo, la recaudación tributaria alcanzó solo el 85,3% de la estimación inicial que se hizo en 2019, antes de la pandemia.

En el mes de julio del 2020, el presupuesto de ingresos fue rebajado drásticamente ante la caída de finanzas estatales producto de la emergencia nacional, además de medidas que redujeron la llegada de dinero a las arcas estatales, como las exoneraciones fiscales aprobadas por el Congreso.

Tal fue el caso de la Ley de Alivio Fiscal ante la covid-19, que estableció una moratoria al IVA, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto a la importación, durante los meses de abril, mayo y junio; así como la eliminación de los pagos parciales del impuesto de renta.

Asimismo, para el tercer trimestre se aprobó otra medida fiscal, con el fin de eximir por dos años más el pago del IVA en los servicios turísticos.

En tanto, uno de los gravámenes que mayor impacto tuvo sobre el Estado fue la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo. En comparación con el 2019, la reducción fue de ¢73.000 millones en este tributo.

“Los impuestos más afectados durante 2020 fueron el impuesto a la propiedad de vehículos, impuesto selectivo de consumo, y el impuesto único a los combustibles, los cuales cayeron en comparación con su recaudación de 2019 un 40,3%, 27,9% y 20,9% respectivamente”, detalla el informe.

El impuesto selectivo de consumo se cobra sobre bienes específicos, como los vehículos, electrodomésticos y los licores.


Principales ingresos tributarios

De los principales ingresos por concepto de tributos el ente contralor indicó que se encuentran dos, el impuesto sobre la renta y el IVA.

En el caso del primero, recaudó un total de ¢1.651.249 millones, los cuales equivalen al 4,6% del PIB, monto que fue un 11% menor al del 2019.

Esto significó para el Gobierno perder ¢203.617 millones por este rubro.

En tanto, la recolección del IVA fue de ¢1.623.695 millones, los cuales representan el 4,5% del PIB del 2020 y reflejan una caída de 0,7% respecto del año anterior.
Retroceso de tres años

El informe de Contraloría añade que la recaudación de ingresos corrientes de 2020 sufrió un retroceso de aproximadamente tres años.

Los ingresos corrientes suman, además de los tributarios, otros ingresos como los provenientes de multas.

“Para este período (2020), el monto recaudado ascendió a ¢4.694.708 millones, poco menor al observado en 2017, cuando se alcanzó la suma de ¢4.738.744 millones”, indica el documento.

Según la Contraloría, los ingresos totales del Gobierno Central en 2020 ascendieron a ¢9.426.677 millones, incluyendo el dinero que se obtuvo por la vía del endeudamiento (49% del total).

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, la afectación en ingresos fue la más grande reportada en las últimas décadas, en un contexto de incertidumbre que no tiene comparación en la historia reciente y que ha dejado algunas experiencias útiles y desafíos para la gestión y presupuestación de los ingresos”, dice el documento.

Según la Contraloría, para el 2020 el Gobierno Central contó con ¢4,6 billones (millones de millones) obtenidos por medio de financiamiento, que representan un 12,9% del PIB.

VEA EL INFORME DE LA CONTRALORÍA COMPLETO:

 

Conozca el perfil de 44.555 nuevos contribuyentes que empezarían a tributar con renta global dual

Fuente: El Financiero

Si el proyecto de ley de renta global dual (22.393) que se discute en el Congreso se aprobara, tal y como está planteado en su segunda versión, unas 44.555 personas que actualmente no pagan este tributo se convertirían en nuevos contribuyentes de manera automática.

La base de obligados tributarios crecería un 15% neto, tras la salida del 3% de contribuyentes actuales (sobre todo trabajadores independientes) y el ingreso del 18% de nuevos aportantes, en mayoría asalariados.

Del grupo saldrían 7.564 cotizantes actuales e ingresarían 44.555 nuevos, lo que dejaría un total de 287.619 contribuyentes finales del tributo global dual.

Los datos se desprenden del estudio El efecto del proyecto de renta global dual sobre el ingreso disponible en las personas y los hogares costarricenses: un análisis a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, elaborado por el economista, investigador y estadístico Andrés Fernández Aráuz, en exclusiva para EF.

Para comprender mejor el impacto que el nuevo tributo tendría sobre los ingresos de las personas en la economía nacional, se desagregan los datos con el objetivo de construir perfiles más detallados.
Maestros golpeados

La totalidad de los nuevos contribuyentes son asalariados, este grupo crecería un 20% en la base total de quienes deberán pagar el impuesto. Mientras que los trabajadores independientes se reducirían en un 24%, debido a que el umbral exento aumentó para estos casos.

Al analizar la cantidad de obligados al pago de renta global dual por rama de actividad económica (incluido sector público y privado) se puede ver que el 28,7% son maestros de los cuales 11.655 (90,8%) laboran para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y 1.169 (9,2%) trabajan en el sector privado.

Los maestros son el grupo que aportaría más nuevos contribuyentes, seguidos por trabajadores de la administración pública y defensa, personal de salud y asistencia social, y trabajadores de la industria manufacturera.

Mientras que el sector de comercio al por mayor y al detalle, y reparación de vehículos; reportaría la mayor salida de contribuyentes, es decir, 1.962 personas, quienes actualmente pagan renta, dejarían de tributar con los cambios en los tramos propuestos en el proyecto de ley.


Si se hace un zoom in, de los 44.555 nuevos contribuyentes, 26.331 provienen del sector público. A su vez, los maestros representan el 44,2% del grupo de empleados estatales que empezarán a cancelar el impuesto global dual.

En el caso del sector privado, 7.564 personas dejarían de pagar el tributo, 112.847 se mantendrían y 18.224 se sumarían como nuevos aportantes.

Las ramas de actividad en las que ingresarían más personas a cancelar el impuesto son manufactura, comercio, alojamiento y comidas, mercado inmobiliario y transporte.

En cuanto a la escolaridad, la renta global dual impactaría más a quienes cuentan con estudios universitarios, aquellas personas que tienen entre 13 y 20 años de preparación académica. El 67,2% de los nuevos contribuyentes provendrían de este segmento de la población.

Mientras que para quienes tienen seis años o menos de escolaridad (primaria completa o menos), el efecto será mucho menor. Únicamente un 6,1% de este grupo (2.725 personas) empezarán a pagar el nuevo tributo.

Por sexo, la mayoría de nuevos obligados a cancelar renta global dual serían hombres (54,7%), frente al 45,2% de mujeres.

Metodología

El estudio utilizó como base la información de los ingresos obtenida por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh 2018), que recoge información más robusta en comparación con otras mediciones como la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Para clasificar cada uno de los más de 116 tipos de ingresos de la Enigh, se contó con la asesoría de una abogada tributaria y un contador, ambos de la firma Deloitte. Con base en su experiencia, fue posible definir cuáles rubros de ingresos ya se encuentran gravados con la ley vigente y cuáles estarían sujetos en caso de que el texto se apruebe.

Se logró identificar los diferentes ingresos que conformarán la base imponible general, y que según el artículo 32 del proyecto, se incluyen en la totalidad de la renta neta del contribuyente, excluidas las rentas del capital y las ganancias y pérdidas patrimoniales, siempre y cuando no estén vinculadas a la actividad lucrativa.

El artículo 34 indica que el mínimo vital para cada contribuyente asalariado es de ¢8,2 millones anuales. Dado que se espera que la ley entre en vigor a partir del 1.° de enero del 2022, es necesario indexar este mínimo a precios de agosto de 2018, mes de referencia de la estructura de ingresos y gastos de los hogares considerado en este estudio.

Para eso se utilizó la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 2018 a diciembre 2020, y la proyección de crecimiento del IPC publicada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su último Programa Macroeconómico, que sería del 1,3% durante el 2021.

De esta forma, se determinó que el crecimiento general de precios entre agosto de 2018 y diciembre del 2021 sería del 5,039%. Así, el mínimo vital de ¢8,2 millones de colones en 2022 equivaldría a ¢7,8 millones de colones a precios de agosto de 2018.

En el estudio se aplicó una base mínima vital del doble (¢16,4 millones) para las personas con discapacidad, según lo establece el proyecto de ley. La metodología aplicada por el Ministerio de Hacienda para sus estimaciones no contempló este elemento, aunque sus efectos sobre las proyecciones finales son apenas ligeramente diferentes.

También se utilizaron, como cuota íntegra, las tarifas de renta definidas en el artículo 43 (escala general del impuesto), que van desde 10% hasta 27,5% sobre distintos tramos de la base liquidable.

El procedimiento descrito permite identificar −en la teoría− a la totalidad de personas que deberían tributar bajo el modelo global dual. Sin embargo, la evasión es un fenómeno real que conduce a que no todos los potenciales contribuyentes paguen de forma efectiva.

A diferencia de las estimaciones de Hacienda, el estudio utilizó la Enign 2018 y la estructura de tramos de renta vigentes en ese mismo año para determinar cuáles y cuántos de los potenciales contribuyentes realizaron las declaraciones de renta en 2018.

Esto arrojó que el 87% de los trabajadores asalariados cumplió con la obligación, mientras que la porción se redujo al 33% para los independientes o por cuenta propia no asalariados.

Al aplicar estos factores, se obtiene el dato estimado de posibles contribuyentes del impuesto de renta global dual. Las proporciones son distintos a las utilizadas por Hacienda, que fueron del 80% para asalariados y del 30% para independientes.

Los factores descritos hasta ahora se aplicaron al esquema de ley del impuesto de renta vigente con el objetivo de estimar la situación actual y poder valorar los cambios ocurridos en caso de que se pasara al formato global dual.

La investigación fue contrastada previamente a su publicación en este medio con las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Hacienda, que sirvieron para calcular su rendimiento anual en términos del PIB, así como su impacto en la desigualdad de ingresos y otros rubros.

Puede consultar la metodología y el estudio completo en este enlace.

 

 

 

Nueva Ley de Aduanas se queda corta en agilizar procesos y combatir contrabando

Fuente: La República

Atacar el contrabando y agilizar los procesos aduaneros es una necesidad del país, pero los sectores afectados advierten que no se logrará con la nueva reforma a la Ley de Aduanas promovida por el gobierno.

Ni exportadores ni industriales encuentran mejoras sustanciales en la forma cómo se abordará la lucha contra el contrabando, por lo que avizoran que no ayudaría a aumentar los ingresos tal y como se pretende.

Por ejemplo, aseguran que no incluye una estrategia operativa liderada por la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito coordinada por el Ministerio de Hacienda con representación púbico-privada, como responsables de combatirlo.

A su vez, en materia de facilitación del comercio, se cuestiona que el proyecto de ley no ayudaría a reducir los tiempos de despacho de las mercancías y adelantan que alteraría los flujos de comercio e incrementaría los costos de toda la cadena logística y los precios finales para los consumidores.

Sin embargo, el gobierno defiende que el texto se basa en uno de los acuerdos de la mesa de diálogo de contrarrestar el contrabando y la defraudación de impuestos.

Para ello crea una mayor verificación de las inscripciones de mercancías que ingresan y salen del país y mejoras en los controles al incorporar la inscripción en el Registro Único Tributario como requisito para importadores, exportadores y auxiliares aduaneros y la obligación de estar al día en el pago de impuestos ante Tributación.

Además promueve el uso de dispositivos que garanticen una trazabilidad de los medios de transporte dentro del territorio nacional y una mejor gestión de los inventarios en los depositarios aduaneros, al pasar del registro de mercancías por bultos al registro por unidades.

A su vez, implementa el uso del sistema de inspección no intrusiva, buscando un control más efectivo de las operaciones aduaneras y considera la figura del pago diferido de la Obligación Tributaria Aduanera para materias primas y bienes de capital, brindando la posibilidad de pagar los impuestos un mes después sin que se carguen intereses.

Falencias

La reforma a la ley de aduanas no escapa de las críticas de múltiples actores.

Laura Bonilla
Presidenta
Cadexco

Contempla la implementación de sistemas de inspección no intrusivos como una responsabilidad para administrados y no como una responsabilidad exclusiva del Servicio Aduanero, por lo que, al ampliar esta obligación a las empresas privadas, provoca que el proyecto de ley no está acorde a las regulaciones tanto nacionales como internacionales en materia de aduanas.

Enrique Egloff
Presidente
Cámara de Industrias

El proyecto cómo está planteado alteraría los flujos de comercio e incrementaría los costos de toda la cadena logística y los precios finales para los consumidores, pues las exportadoras, depósitos fiscales, empresas de logística y transporte, e importadoras deberán implementar equipos de inspección no intrusiva en sus instalaciones, a discreción de las autoridades aduaneras.

José Antonio Salas
Presidente
Crecex

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento generan un cambio en la estructura del negocio de comercio exterior, ejemplo de ello es la figura del apoderado aduanero y del depósito temporal que en un principio fueron introducidos en el proyecto de reforma de la Ley, pero que, en su versión final presentada a la Asamblea Legislativa, fueron eliminadas.

CCSS tras un reglamento que abusa de los trabajadores independientes


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

El pasado 17 de marzo se publicó en la Gaceta modificaciones al reglamento de inscripción de trabajadores independientes en la Caja Costarricense del Seguro Socal (CCSS), el cual actualmente se encuentra en consulta pública, hasta el 27 de marzo, fecha límite para recibir comentarios de los costarricenses.

En palabras del especialista en derecho tributario Raymundo Volio, el proyecto está enfocado en abusar de los trabajadores independientes, que según datos de la misma CCSS suman más de 220 mil, sin contar a los asegurados voluntarios que llegan casi a los 100 mil. Por supuesto estos números no consideran a los casi un millón de trabajadores informales que se estima hay en el país.

“Si este reglamento se aprueba así como está, sólo provocará más informalidad de la que ya existe en el país. Hablamos de abusar, algo que la Caja está acostumbrada a realizar”, comentó Volio, director de Actualidad Tributaria.

Volio menciona datos de la misma CCSS en cuanto a que los trabajadores independientes de por sí ya cotizan un porcentaje más alto que los trabajadores asalariados, esto porque el régimen como está en este momento considera al trabajador independiente como un patrono, no como un trabajador.

“Pero el tema no termina ahí. Desde hace unos meses venimos atendiendo a trabajadores independientes a los que la Caja quiere cobrarles hasta 10 años de cuotas atrasadas, en una evidencia inequívoca de desproporcionalidad en el trato que se le está dando a estos cotizantes”, afirma Volio.

Para el experto el nuevo reglamento que pretende aprobar la CCSS es arbitrario, al pretender que los trabajadores independientes le muestren declaraciones de renta que datan de hasta 13 años atrás. “Ya hemos interpuesto varias acciones de inconstitucionalidad por este comportamiento, sin embargo el nuevo reglamento sólo haría que las indagaciones de la CCSS fueran aun más severas y arbitrarias, así como lo serían las sanciones”.

Proyectos que se promueven en la Asamblea Legislativa buscan el trato igualitario a los trabajadores independientes, a quienes a criterio del experto, se les mide con una dureza impropia para el tipo de sistema solidario con el que cuenta el país.

El primero fue presentado por el diputado Pedro Muñoz, quien planteaba la condonación de deudas para los trabajadores independientes, en el marco de la situación generada por el COVID-19. El segundo fue presentado por el diputado Jonathan Prendas, quien busca la equiparación del porcentaje de aporte laboral de estos trabajadores con respecto a sus contrapartes asalariadas.

“Ahora la Caja presenta esta vergüenza de reglamento el cual vemos como evidencia clara de la veracidad de la institución por dinero, en momentos donde el país no está para apretar más la faja de los trabajadores”, concluyó Volio.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

Hacienda continúa con reducción de rendimientos en mercado primario

Fuente: Ministerio de Hacienda

Una rebaja en los rendimientos de los títulos de deuda interna del Gobierno se materializó este lunes, en la subasta realizada por el Ministerio de Hacienda, durante la que se asignaron títulos de deuda interna por ¢124.365 millones.

En esta ocasión Hacienda logró una reducción de 60 puntos base (pbs) para la serie con vencimiento en 2022 y de 10 pbs la serie que vence en 2031, respecto a la curva soberana. Además, se consiguió una reducción de 19 pbs, con respecto al último evento de mercado primario realizado a inicios de marzo, para la serie con vencimiento en 2026.

En esta subasta se colocaron Títulos de Propiedad Deuda Interna Cero Cupón Colones con vencimiento en 2022, y un rendimiento máximo asignado de 2,98%, Títulos de Propiedad Deuda Interna Tasa Fija Colones con vencimiento en 2026 y 2031 con rendimientos de 7,11% y 8,99%, respectivamente, así como   Títulos de Propiedad Deuda Interna Tasa Fija en Unidades de Desarrollo, con vencimiento en 2040 y con rendimientos de 5,66%.

La subasta de hoy se constituye en el evento donde el Ministerio de Hacienda ha dejado por fuera la mayor cantidad de ofertas recibidas (¢110 mil millones).

La asignación se hizo entre 13 puestos de bolsa, y su colocación, según su año de vencimiento, fue la siguiente: 

“El comportamiento de los rendimientos se ha mantenido a la baja durante este año 2021 como resultado de una mayor confianza en el proceso de ajuste fiscal por parte del sector inversionista y en el esfuerzo que este Ministerio ha estado realizando con el objetivo de racionalizar el gasto por intereses que enfrenta la Hacienda Pública. Todo con el propósito de que el rubro de intereses enfrente una contención de su gasto en los próximos meses”, expresó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Durante este año, el Ministerio de Hacienda ha logrado captar un monto de ¢1.142.831,97 millones, lo que representa un 64% de la cifra anunciada en el plan de endeudamiento del primer semestre. Para el viernes 26 de marzo, Hacienda realizará la última subasta del I trimestre del 2021.

Proyecto de ley tomaría dinero de impuestos para crear fondo de subsidios a arroceros

Fuente: La Nación

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso, con apoyo del Gobierno, pretende tomar dinero de impuestos y de instituciones públicas para crear un nuevo fondo de subsidios económicos para los arroceros.

Se trata del expediente 21.404, introducido por la diputada Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), en conjunto con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

El plan crearía el Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros (Fonaproarroz), el cual sería administrado por Conarroz.

Este Fondo se alimentaría de dinero del impuesto a la importación del arroz, así como de aportes provenientes del Presupuesto Nacional y de partidas del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El Inder y el INS tendrían que aportar ¢2.000 millones cada uno por una única vez. En el caso de la aseguradora estatal, los recursos provendrían del seguro de cosechas.

El impulso a este plan formó parte del acuerdo que el Gobierno firmó con los arroceros la noche del domingo 23 de agosto del 2020, en el cual el Poder Ejecutivo se comprometió a mantener por decreto el precio del arroz.

Además de mantener el precio de referencia y de impulsar el proyecto del Fonaproarroz, ese acuerdo también impulsó el proyecto de condonación de ¢6.200 millones en deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo, que beneficiará a productores arroceros, sin exigir ninguna comprobación de afectación por la pandemia.

Asimismo, el pacto de agosto comprometió el apoyo del Gobierno a otro proyecto de ley, ya dictaminado en la Asamblea y que cuenta con el apoyo del presidente Carlos Alvarado, para que el Sistema de Banca para el Desarrollo le facilite recursos públicos a Conarroz, a fin de que esta le preste dinero a sus afiliados.

Según el proyecto de Fonaproarroz, los subsidios no reembolsables para los productores de arroz constituirían una “compensación por el precio de referencia”; además, se otorgarían a quienes quieran invertir en agrotecnología y en proyectos de adaptación al cambio climático.

En el país, el precio del arroz está regulado por el Gobierno, mientras que el producto importado paga altos aranceles a su ingreso, a menos de que exista una declaración de desabasto.

La encargada de decidir a quién se le otorgarían los subsidios de Fonaproarroz sería una oficina “especializada” bajo la tutela de un administrador nombrado por Conarroz, bajo una serie de parámetros.

Totalidad del impuesto

Fonaproarroz contaría con la totalidad de los recursos que capte el Ministerio de Hacienda mediante el cobro del tributo al arroz importado.

Según el texto del proyecto, el fondo también recibiría aportes que se establecerían en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, sin definir un monto exacto.

El plan prevé que Fonaproarroz percibiría asignaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pero tampoco no se define una cifra.

Otros ¢1.000 millones los financiaría Conarroz, mientras que también se cobraría un aporte adicional de un 1,5% del precio del arroz entregado a productores y agroindustriales del arroz, aparte de las cuotas que deben entregar hoy a la Corporación.

El director ejecutivo de Conarroz, Minor Ruiz, aseguró que la propuesta se sigue afinando con los diputados, mientras que Rogis Bermúdez, presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), confirmó el apoyo del Poder Ejecutivo al proyecto, como parte del acuerdo de agosto del 2020.

Posición de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, sugiere que el fondo sea financiado por el mismo Conarroz, sin tocar el Presupuesto Nacional.

“Este tipo de ayudas deben generarse a partir de algunos esquemas de financimiento que ya existen. En el caso de arroceros, tienen a Conarroz, por lo que nos parece que, de parte de Conarroz, debiera generarse cualquier política que tenga por objetivo llevar adelante una mayor facilidad para este sector”, señaló el ministro, ante la consulta de La Nación.

Conarroz es un ente público no estatal, creado por ley.

Por esa razón, Villegas sugirió a la diputada proponente usar los recursos propios de la Corporación, así como también los del seguro de cosechas del INS, el cual está incluido en el proyecto.

Alvarado reconoció dificultades fiscales para que el fondo reciba dinero de todas las fuentes propuestas y aseguró que está a la espera de la respuesta de estas entidades.

La diputada indicó que trabaja en un texto sustitutivo para que el fondo reciba dinero de forma estable. Esa sería la tercera versión del texto propuesto.

En cuanto a los aportes de todas las entidades citadas en el proyecto, el texto dice que estas instituciones deben depositar los recursos “en un plazo no mayor de tres meses naturales” a partir de la eventual entrada en vigencia de la ley.

“A partir del primer día del mes siguiente a la finalización del plazo establecido correrá un interés moratorio equivalente al doble de la tasa básica pasiva del mes anterior en favor del Fonaproarroz; además, el incumplimiento de esta disposición se considerará falta grave y deberán iniciarse los procedimientos disciplinarios contra el funcionario o los funcionarios responsables”, dice un transitorio.

Insisten a Tributación definir forma y plazo para presentar declaración de precios de transferencia

Fuente: CR Hoy

TPC Group, una empresa especializada en estudios de Precios de Transferencia exhortó a  la Dirección General de Tributación (DGT) a emitir pronto la forma y plazo para la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia. Esto a fin de que los contribuyentes puedan cumplir de manera óptima con las obligaciones formales en esta materia en un tiempo prudencial.

Los precios de transferencia son cuando por ejemplo, tres empresas tienen el mismo dueño, o una misma persona en sus juntas directivas, estas están dentro o fuera de Costa Rica y se prestan servicios entre sí, esas transacciones están sujetas a un análisis para establecer si los valores pactados entre ellas corresponden a los del mercado. Con esto se busca evitar que haya alguna erosión en la recaudación de un determinado país por algún traslado de beneficios..

Carlos Vargas Alencastre, CEO de esta empresa señaló que el artículo 72 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece la obligación de los contribuyentes sujetos al ámbito de precios de transferencia, de presentar una declaración informativa de precios de transferencia. Además, señala que la DGT establecerá el plazo y forma de presentación.

Según dijo, este mandato se cumplió en el 2016, cuando la DGT emitió la resolución DGT -R-N°44-2016. En ella se estableció como fecha de presentación de las declaraciones informativas correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, el último día hábil de junio de 2017. No obstante, esta presentación fue suspendida por la DGT -R-28-2017.

“Actualmente la declaración informativa de precios de transferencia está suspendida, pues no hay alguna resolución de la DGT que señale la forma y plazo de presentación. Ya han pasado casi cuatro años desde aquella oportunidad. Este es tiempo suficiente para esta adecuación. Hasta el momento no hay pronunciamiento de Hacienda respecto a este tema”, comentó Vargas.

Agregó que al no contar con plazos para la declaración hace que el contribuyente costarricense se encuentre confundido y menos preparado para afrontar los temas de precios de transferencia que están avanzando en el resto del mundo.

“Se esperaba que el 2020 fuera el año base para la presentación de la declaración informativa a presentarse en el 2021. Pero lo cierto es que hasta este momento hay un silencio sepulcral al respecto por parte de la DGT”, señaló.

Adicionalmente, aunque la norma señala que los obligados deben tener sus respectivos Estudios de Precios de Transferencia listas ante cualquier requerimiento de las autoridades, lo cierto es que el hecho de que exista incertidumbre en cuál es la fecha de presentación, origina un desincentivo para que los contribuyentes cumplan este requerimiento.

“Los contribuyentes deberían tener listos los Estudios Técnicos de Precios de Transferencia de, al menos, los últimos 4 años; sin embargo, en muchos casos esto no sucede así debido a que no hay una fecha cierta para su presentación. Cabe señalar, además, que cuando se defina la fecha, al ser la primera vez que se presente, podrían surgir inconvenientes en su llenado para el contribuyente. Esto sin contar que deberán adecuar sus sistemas informáticos para lo cual no se encuentran preparados aún”, agregó.

Agregó que el inicio de la presentación de las declaraciones juradas informativas de precios de transferencia resultará muy positivo para el Ministerio de Hacienda. Esto debido a que podrá verificar si las operaciones entre Partes Relacionadas cumplen o no con valores de mercado bajo el principio universal de libre competencia y, por lo tanto, analizar si se está recaudando el impuesto a la renta de manera correcta, o hay una posible evasión o elusión fiscal.

 

En tres meses, empresas del sector turismo deben de iniciar a pagar un 4 % de IVA

Fuente: AM Prensa

Hasta el 1 de julio, las empresas que estén inscritas en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como negocios que operan en este sector se encuentran exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El experto Pedro Alonso Rodríguez, Jefe de RB Consultores, señala que el oficio de la Dirección General de la Tributación Directa DGT-028-2021 indica que las empresas del sector turismo que se encuentren registradas como tales en el ICT no deberán pagar el IVA hasta el 1 de julio de este año.

Sin embargo, a partir de esa fecha deberán cancelar el 4 por ciento, luego del 1 de julio del 2022 el 8 por ciento y después del 1 de julio del 2023 el 13 por ciento.

Diversas empresas del sector turismo se reunieron en evento especial organizado por la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT) para estudiar el panorama tributario actual en relación con las empresas de este sector.

“El propósito de mi charla era ofrecer un vistazo claro de cuál es la situación actual en momentos en que la Pandemia de Covid-19 ha golpeado especialmente a este segmento del mercado productivo que antes de la emergencia sanitaria era de los más importantes para la economía nacional”, precisó Rodríguez.

Golpe severo

Cifras de www.swissinfo.ch , con base en el ICT, indica que el turismo en Costa Rica durante el año 2020 se contrajo un 70 por ciento, además, antes de la Pandemia aportaba cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto y generaba 600 mil empleos ( Turismo en Costa Rica cayó casi un 70% en 2020 por impacto de pandemia).

FB Live: Nuevo proyecto de ley para afiliación de profesionales independientes a la CCSS

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 22 de marzo a las 3:00 p.m. con el tema:

Nuevo proyecto de ley para afiliación de profesionales independientes a la CCSS, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos el MDT. Raymundo Volio

¡Le esperamos!

Intl’ Biden reitera compromiso de aumentar impuestos a quienes ganen US$ 400.000 o más

Fuente: CNN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que tiene la intención de aumentar los impuestos para los estadounidenses más ricos. Durante una entrevista de ABC News transmitida este miércoles, el mandatario habló sobre sus planes. «Cualquiera que gane más de US$ 400.000 al año tendrá un aumento en sus impuestos, que será de pequeño a significativo», explicó Biden. También prometió que las personas que ganan menos de US$ 400.000 ––es decir, más del 90% de los contribuyentes–– «no pagarán ni un centavo adicional en impuestos federales».

El presidente dijo que las críticas de los republicanos a su ley de alivio de covid-19 por US$ 1,9 billones se deben a que las exenciones fiscales de su plan van al 60% más bajo de la población. Mientras que la «idea» de los republicanos «de una reducción de impuestos es otorgar el recorte de impuestos de Trump en el que el 83% se destinó al 1% superior de la población de Estados Unidos», sostuvo.

Biden reconoció que es posible que no obtenga ningún apoyo de republicanos para un aumento de impuestos, pero dijo que «obtendrá votos demócratas». Luego agregó que cree que las tácticas obstruccionistas del Senado deberían regresar a las que son «dialogadas». Pero, no dijo que quiere que se elimine el umbral de 60 votos para poner fin al debate sobre los proyectos de ley. Algo que podría llevar a que lograr un aumento de impuestos sin los votos republicanos sea improbable.

«Si volviéramos a la tasa impositiva de cuando (George W.) Bush era presidente, la tasa máxima pagaba el 39,6% en impuestos federales. Eso recaudaría US$ 230.000 millones. Sin embargo, ¿se quejan porque estoy entregando un beneficio fiscal para el cuidado de niños? ¿Para los pobres? ¿Para la clase media?», añadió Biden.

El mandatario presentó varias propuestas durante su campaña presidencial que aumentarían los impuestos para los ricos y las corporaciones, al revertir algunos de los recortes de impuestos que Trump promulgó en 2017.

Este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden cree que «los que están en la cima no están cumpliendo su parte». Y «obviamente, las corporaciones podrían estar pagando impuestos más altos», añadió.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugirió este domingo que habría un aumento de impuestos en el panorama, cuando dijo que espera que la Casa Blanca presente propuestas para controlar los déficits.

«(Biden) no ha propuesto un impuesto a la riqueza. Pero, ha propuesto que las corporaciones y las personas adineradas paguen más para satisfacer las necesidades de la economía, el gasto que tenemos que hacer. Y, con el tiempo, espero que presentamos propuestas para controlar los déficits», le dijo Yellen a ABC.

El presidente también había propuesto cambiar la forma en que se tratan las cuentas de ahorro para la jubilación 401(k) en el código tributario. Esto con el fin de brindar a las personas de bajos ingresos una mayor exención tributaria por adelantado.

Alegrón de burro con ley para evitar cierre de negocios

Fuente: Diario Extra

El Ministerio de Hacienda impulsa una propuesta de ley para evitar el cierre de los negocios, sin embargo podría representar un alegrón de burro.

Los contribuyentes para optar por este beneficio deberían cumplir varios requisitos que incluyen entregar una prima del 20% sobre la deuda del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y estar al día en el pago de otros impuestos como renta.

Con el efecto de la pandemia, es probable que muchos pequeños negocios no puedan cumplir esas condiciones, pero es lo que pidió Tributación para acceder a cambiar el cierre por una multa.

Priscilla Piedra, socia de Impuestos de Deloitte, explicó los alcances de la iniciativa ante una consulta de DIARIO EXTRA y queda claro que el proyecto tiene sus bemoles.

Tributación determina el cierre de un negocio cuando se presentan situaciones específicas como que se haya dejado de entregar la factura electrónica dos veces en un periodo de cuatro años.

Además, cuando los contribuyentes no pagan o no declaran el IVA. Todo esto siempre y cuando se haya hecho la prevención y el implicado no se pusiera al día en un plazo de 15 días.

Frente a este escenario, se está ofreciendo cobrar una multa de un salario base (¢462 mil) en lugar de cerrar el establecimiento. Se podrían acoger solo a quienes les iniciaron un procedimiento antes de enero del 2021.

No obstante, para optar por este beneficio, la persona tiene que garantizar está al día en el pago de todos los impuestos que no sean IVA o ponerse en regla en un plazo determinado.

En el caso del IVA se podría pagar fraccionado, pero tiene que entregar el 20% de la deuda como prima y además la deuda no puede provenir del impago de la Ley de Alivio Fiscal.

Tendría 12 meses para desembolsar el 80% restante. No contempla mora y el monto ya incluiría los intereses.

El proyecto no deja claro si el fraccionamiento es solo para actividades turísticas, de entretenimiento, bares o restaurantes. De ser así, las demás no serían incluidas.

Hoy el reglamento de procedimientos tributarios impide la posibilidad del pago fraccionado del IVA. Si usted no cancela simplemente lo mandan a cobro judicial.

Para Piedra algunas personas preferirán cumplir todos estos requisitos y evitar el cierre del negocio porque es más lo que pierden en cinco días de clausura.

A pesar de todo, el Ministerio de Hacienda defiende la iniciativa bajo el argumento de que el cierre de negocio en este momento solo agravaría la situación económica de los ciudadanos y también traería más perjuicios al fisco.

Por eso propone que, en su lugar, se dé el pago de un salario base como sanción, lo cual permitirá al local comercial seguir operando y al Estado lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte del contribuyente.


CONDICIONES


Estas son algunas de las opciones para optar por el fraccionamiento de pago:


•Que el obligado tributario se encuentre inscrito en actividades turísticas, de entretenimiento, bar o restaurante.

•Que se comprometa al pago en un solo tracto de una prima equivalente al 20% (veinte por ciento) de la deuda de impuesto e intereses acumulados al momento de hacer la solicitud de fraccionamiento.

•Esta prima se deberá cancelar dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la notificación de su aprobación.

•El plazo máximo del fraccionamiento podrá ser de hasta de 12 meses, de manera que el saldo debe pagarse mediante un máximo de doce cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Fuente: Proyecto de ley

Costa Rica alcanza un déficit fiscal de 1.2 % del PIB a febrero del 2021

Fuente: El Economista

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó este lunes que el país alcanzó un déficit fiscal de 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros dos meses del año 2021, del cual el pago de intereses representó un 75 %.

El déficit financiero acumulado a febrero del 2021 fue de 451.175 millones de colones (unos 752 millones de dólares), equivalente a un 1,2 % del PIB, lo que significa un aumento comparado con el 1 % del PIB registrado en ese periodo de 2020.

Las autoridades indicaron que el pago de intereses representó el 75 % del déficit financiero, es decir, 0,91 % del PIB.

“El excesivo monto que el país está pagando en intereses, nos somete como sociedad a un desgaste fiscal de gran importancia, ya que el ciudadano no puede ver reflejado en bienes y servicios todo el esfuerzo que realiza en el pago de impuestos”, afirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

“Por eso se hace necesario continuar y profundizar el esfuerzo de contención y reducción del gasto público y complementarlo con una serie de medidas que permitan incorporar recursos frescos y acceder a los empréstitos de apoyo presupuestario, todo con la finalidad de mejorar las finanzas públicas, asegurar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento económico”, añadió Villegas.

El gasto total del Gobierno central a febrero de 2021 (unos 2.273 millones de dólares) creció 14,7 % con respecto al monto registrado en el 2020.

Entre los factores que explican este comportamiento se encuentra la incorporación de los egresos de 51 órganos Desconcentrados en el Presupuesto Nacional. Además, el aumento en el gasto total se debe al mayor gasto por intereses y al aumento del gasto de capital, indica el informe oficial.

Por otra parte, para el primer bimestre del año se registraron ingresos totales por unos 1.520 millones de dólares (2,44 % del PIB), lo que representa un 10,27 % más con respecto al 2020.

Entre otros datos, el Ministerio de Hacienda informó que la deuda total del Gobierno central a febrero del 2021 ascendió a unos 40.881 millones de dólares (67 % del PIB). Del total de la deuda, el 76,5 % corresponde a deuda interna y el 23,5 % a deuda externa.

Costa Rica cerró el año 2020 con un déficit fiscal del 8,34 % del PIB, cifra agravada por los efectos de la pandemia de la covid-19 en la economía. En el 2019 el país registró un déficit de 6,94 % del PIB.

Este país firmó en enero pasado un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que según el Gobierno servirá para estabilizar las finanzas públicas y mejorar la confianza de los mercados internacionales en el país.

Este acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso a la par de una serie de polémicos proyectos de ley para recortar gasto y aumentar ingresos, entre estos una reforma estructural al sistema de empleo público.

Compras por internet menores a $500 pagarían impuestos

Fuente: Diario Extra

Actualmente, las empresas de casilleros ofrecen traer mercadería libre de impuestos cada seis meses por compras menores a los $500. Sin embargo, pronto esto podría cambiar con la entrada en vigencia del Cauca IV y su reglamento.

Así lo señaló el director general de Aduanas, Gerardo Bolaños, a DIARIO EXTRA, tras ser consultado por los efectos que tendría dicha norma en nuestro país.

El Cauca IV es una reforma al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y consiste en una actualización de las reglas aduaneras para las economías de la región, incluida Costa Rica.

Una de las variantes consiste en que aclara y delimita la modalidad de envíos de carácter familiar, según informó el Ministerio de Hacienda. ¿Pero qué significa esto para el contribuyente?

“Una de las barbaridades más grandes al día de hoy es que la gente que compra por internet no paga impuestos. A la fecha esa mercadería está exenta por una interpretación de la Procuraduría General de la República, no hay ninguna norma que lo exonere. Ahora el Cauca define qué son los pequeños envíos de carácter familiar, y esos envíos no son los que usted compra en una tienda en los Estados Unidos”, manifestó el Director General de Aduanas.

El artículo 116 del Cauca IV establece que se consideran pequeños envíos familiares sin carácter comercial aquellas mercancías remitidas por familiares desde el exterior, para uso o consumo del familiar destinatario, cuya importación estará exenta del pago de tributos y demás cargos, siempre que su valor total en aduana no exceda de $500.

“No puede ser que, si usted compra unos zapatos aquí en una tienda en un mall, cancele impuestos por patente, empleados, seguro social y si compra en una tienda en el exterior, no.  Si es un envío familiar está bien, pero no si es una compra en una tienda que usted manda a traer con una empresa consolidada (casilleros). Son compras que no vienen por correo porque usted las manda a traer. Yo siempre me opuse a esa exoneración”, explicó Bolaños.

Contó que un televisor paga en promedio un 50% de impuestos si se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA), selectivo de consumo, al valor aduanero y derechos arancelarios. En el caso de unos zapatos, podría rondar un 29%.

“Aquí no se ocupa ninguna trazabilidad, si lo trae con una empresa de estas (casillero), no aplica ninguna exoneración”, indicó.

OTROS CAMBIOS

¿Y qué pasa con Wish? Bolaños dijo que esa reforma viene en la nueva Ley de Aduanas y también tendrán que pagar impuestos los consumidores que traigan mercadería por esa vía.

Explicó que no se incluyó en el Cauca IV porque la plataforma es de reciente creación.

El Cauca IV entra a regir en mayo próximo, según comunicó Hacienda e incluye otros cambios. Por ejemplo, tampoco se podrá meter la mercadería como bultos, ahora debe hacerse por unidades.

“Por ejemplo si usted importa cerveza puede ser una paleta con cantidad de cajas de 24 unidades o de 12 unidades, pero todas entran como bultos, ahora habrá que reportarlas por unidades para saber las cantidades que se están importando”, aseveró.

El Cauca IV también supone ajustar el Tic@ (Tecnología de Información para el Control Aduanero), modernizar los procesos, al igual que la incorporación de la firma digital y otros en la línea de la era digital.

Además, plantea que el agente de aduana sea responsable solidariamente con el importador por pagos no realizados. Eso implica que el primero podría tener que pagar si se encuentra una declaración en la que se reportó un menor pago.

Bolaños dice que él no está de acuerdo con esta disposición, pero era difícil negociarla en el Cauca V, pues aún no ha entrado en vigencia el Cauca IV. Según su criterio, ahora podría ser discutido.

El Director General de Aduanas hizo un llamado a no confundir la reforma de Ley que se discute en la Asamblea Legislativa con los alcances del Cauca, pues podría prestarse para malentendidos.

La Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) pidió a las autoridades que trabajen a la brevedad en las mejoras pertinentes que se deben hacer a lo interno y ofrezcan apoyo conjunto, así como ejecuten consultas a sectores involucrados.

“La actual Ley General de Aduanas 7557 y su reglamento poseen vacíos legales en comparación con ciertas figuras que se incorporan en el Cauca IV y el Recauca IV y, por ende, esto requerirá una labor importante por parte de las autoridades nacionales en la búsqueda de una armonización y emparejamiento de las nuevas normas con las preexistentes”, comentó José Antonio Salas, presidente de Crecex.

El Estado recibe más impuestos, pero el pago de intereses consume una buena porción

Fuente: Semanario Universidad

La continua reactivación de la economía aumenta los ingresos del Estado, pero el alto endeudamiento hace que el pago de intereses consuma casi una tercera parte más que en enero del año pasado.

Así lo indican dos informes dados a conocer esta semana por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y por el Ministerio de Hacienda, respectivamente.

Según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), del BCCR, comparada con enero del año pasado, la actividad económica fue menor en un 4,8%, lo cual, sin embargo, es una caída inferior a la tasa de variación media del 2020 (-5,0 %).

Si se observa la tasa de variación trimestral anualizada -ajustada por estacionalidad- el crecimiento es del 11,3%, mientras que en diciembre pasado fue del 12,1%.

Estos datos llevan al banco a comentar que “la economía mantiene el proceso de recuperación que inició en julio del 2020, pero su impulso se moderó ligeramente”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda dio a conocer, mediante un comunicado, que los ingresos tributarios crecieron un 0,55% en comparación con febrero del 2020, “como resultado de la recuperación de la economía”.

Esto se reflejó, entre otros, en que el impuesto sobre la renta alcanzó una recaudación de ¢243.242 millones, lo cual implica ¢11.211 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el ministerio también hizo ver que el pago de intereses de la deuda pública creció un 28,67%, con respecto al mismo mes del año pasado. Este gasto consume ¢340.586 millones, equivalentes al 0,91% del Producto Interno Bruto (PIB).

El aumento interanual en el pago de intereses de la deuda pública es de ¢75.887 millones (0,20% del PIB) y el déficit financiero por esta causa es de ¢89.719 millones (0,24% del PIB).

El déficit financiero total alcanzó los ¢451.175 millones (1,2% del PIB), un aumento de ¢89.719 millones sobre el registrado el año pasado (¢361.455 millones, 1,0% del PIB).

La deuda del Gobierno Central ascendió a ¢25.132.803 millones (67% del PIB) o $40.881 millones, de los cuales el 76,50% corresponden a la deuda interna -que es de ¢301.300 millones- y el 23,50% a la deuda externa.

El 88% del pago de intereses de la deuda pública corresponde a la deuda interna, la cual está compuesta del siguiente modo:

-Las transferencias al sector privado crecieron un 6,18%, debido al pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. De los ¢140.149 millones que se ejecutaron en febrero, el 90% corresponde al rubro de pensiones.

-Las transferencias al sector público -por ¢261.042 millones- crecieron un 6,68%, de los cuales el 92% corresponden al FEES con ¢113.103 millones (0,30% del PIB); la Caja Costarricense del Seguro Social con ¢47.768 millones (0,13% del PIB); las Juntas de Educación con ¢33.172 millones (0,09% del PIB); el IMAS con ¢34.341 millones (0,09% del PIB); y el PANI con ¢10.915 millones (0,03% del PIB). Por otro lado, las transferencias al sector externo crecieron 0,92%.

De no tener que pagarse los intereses de la deuda, este dinero “podría ser redirigido a la provisión de bienes y servicios públicos”, comentó el Ministerio.

Y argumentó que, ante eso, “promueve la obtención de préstamos de apoyo presupuestario para alivianar la carga financiera”, en alusión, entre otros, al préstamo Fondo Monetario Internacional (FMI) por US $1.778 millones, que está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

También sostuvo que el déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos corrientes), a febrero de 2021, de ¢110.588 millones (0,30% del PIB), “se ubica dentro del rango mensual programado por el Ministerio de Hacienda con el FMI”.

Además, adujo que ese déficit “representa tres cuartas partes del promedio de resultado primario observado en los últimos 16 años, lo cual demuestra el esfuerzo que se está realizando en materia de finanzas públicas por llevar a este indicador hacia el objetivo meta establecido en el marco del Servicio Ampliado del Fondo del FMI”.

LOS GASTOS

El gasto total del Gobierno Central, a febrero del presente año, fue de ¢1.363.567 millones y creció un 14,70% con respecto al del año pasado (¢1.188.859 millones), debido a la incorporación de los egresos de 51 Órganos Desconcentrados (ODs) en el Presupuesto Nacional (Ley No. 9524).

El aumento en el gasto total también se debe al mayor gasto por intereses y al aumento del gasto de capital (¢31.536 millones).

El gasto de los ODs, a febrero, representó aproximadamente un 0,36% del PIB o ¢134.515 millones.

El gasto total sin intereses creció  10,69% con respecto a enero del 2020; esto es ¢98.821 millones (0,27% del PIB) más, debido, principalmente, a la incorporación de los ODs.

El gasto corriente (remuneraciones, adquisición de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda del Gobierno Central, y las transferencias corrientes) crecieron un 11,97%,  sobre todo por el aumento en las remuneraciones (5,78%), bienes y servicios (77,44%), intereses (28,67%) y las transferencias corrientes (6,48%), lo cual, en todos los rubros, incluye a los ODs.

Además, el gasto corriente sin intereses cerró en ¢962.386 millones, lo cual implica un aumento del 7,05% ,y el gasto de capital fue de ¢56.693 millones, es decir, un crecimiento de 125,36% (¢31.536 millones o 0,09% del PIB) en comparación con el año pasado (¢25.157 millones).

Este aumento se explica por las inversiones (¢24.540 millones) y transferencias de capital realizadas al sector público (¢20.389 millones), distribuidas de la siguiente manera: el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) con ¢11.300 millones (0,03% del PIB); Juntas de Educación con ¢1.958 millones (0,01% del PIB); Fideicomiso Fonafifo-Banco Nacional de Costa Rica con ¢1.483 millones (0,004% del PIB); y Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo con ¢1.169 millones (0,003% del PIB).

LOS INGRESOS

Los ingresos totales fueron de ¢912.393 millones (2,44% del PIB). Esto es, ¢84.988 millones o un 10,27% más con respecto al año pasado (0,24% del PIB).

Los ingresos por impuestos fueron de ¢799.600 millones, para una variación de 0,55% comparado con febrero del 2020 y un aumento de ¢4.340 millones (0,01% del PIB).

Lo anterior se debió a que el Impuesto de renta a las personas jurídicas (¢105.067 millones) creció un 11,88% (¢11.159 millones o 0,03% del PIB), el Impuesto de renta de las personas físicas aumentó en 6,96% (¢6.570 millones o 0,02% del PIB), para un total de ¢101.033 millones, el Impuesto a la propiedad de vehículos aumentó en 138,64% (¢18.914 millones o 0,05% del PIB), el Impuesto sobre las importaciones subió 6,83% (¢1.643 millones o 0,005% del PIB), el Impuesto al Valor Agregado Aduanas recaudó un 2,42% más (¢2.643 millones o 0,01% del PIB),  y el rubro Timbre fiscal subió un 125,49% (¢1.136 millones o 0,003% del PIB).

Debido a la incorporación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones familiares (Fodesaf) al Presupuesto Nacional 2021 (Ley No. 9524), los ingresos por contribuciones sociales aumentaron en ¢62.191 millones (0,17% del PIB), “lo que genera una tasa de variación extraordinaria de 484,59%”, comentó Hacienda.

También los ingresos no tributarios muestran el efecto de la incorporación de los ODs, con un crecimiento de 449,74% o ¢23.837 millones (0,07% del PIB).

Lo anterior se explica principalmente por ¢13.427 millones correspondientes a otros servicios financieros y de seguros del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), ¢1.024 millones de venta de servicios del Servicio Nacional de Salud Animal, ¢3.512 millones del canon del Consejo de Transporte Público, y ¢2.376 millones de multas de tránsito del Cosevi.

También se registraron ¢6.535 millones en ingresos de capital producto de la transferencia de capital al Instituto Nacional de Aprendizaje.

“Administración complica la declaración de impuestos innecesariamente”


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

El cierre fiscal para el periodo 2020 ha sido uno de los más complicados en la historia reciente de la administración tributaria costarricense, en opinión del experto en Derecho Tributario, Raymundo Volio Leiva, director de Actualidad Tributaria.

“Hablamos de que no sólo es aplicar la Reforma Fiscal aprobada en el 2018, sino todo lo que se vivió en el 2020 por culpa de la pandemia. Cambio tras cambio, pareciera que Hacienda no quiere que los contribuyentes se pongan al día y honren sus responsabilidades”, comentó.

Un ejemplo claro es contribuyentes que deben cambiar su régimen, como aquellos que deben pasar del régimen inmobiliario al régimen de renta, a quienes se les complica declarar porque los formularios no han sido habilitados.

“La no presentación del formulario despúes de la fecha límite establecida implica multas y algunas de ellas muy onerosas. Entonces nos enfrentamos a una administración que prioriza la forma sobre el fondo. Al final lo que Hacienda quiere es que todos los contribuyentes paguen sus impuestos”, afirma Volio.

Para el experto estas inconsistencias atentan contra los derechos de los contribuyentes y complican de forma innecesaria algo que debería ser muy fácil y rutinario en el país.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

FB Live: Procesos de denuncias ante el Ministerio de Hacienda

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 15 de marzo a las 3:00 p.m. con el tema:

Procesos de denuncias ante el Ministerio de Hacienda, a cargo de la Licda. Rebeca Borbón.

¡Le esperamos!

Costa Rica implementará cauca IV y su reglamento a partir del mes de mayo

Fuente: Ministerio de Hacienda

El día de hoy fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA IV), lo que permitirá implementar el CAUCA IV, y con ello resolver la disparidad normativa y equipar los procedimientos aduaneros con la región centroamericana.

Con estas acciones se busca mejorar la movilización de la carga en fronteras y fortalecer el comercio regional. Adicionalmente, estos instrumentos fortalecen la lucha contra el contrabando a través de la Declaración Aduanera para ingreso al régimen de depósito de mercancías; de las mejoras del control aduanero por unidades, en lugar de bultos; y de la aclaración y delimitación de la modalidad de envíos de carácter familiar.

“En el Ministerio de Hacienda tenemos el compromiso de fortalecer el Sistema Aduanero en apego las prácticas internacionales, con la implementación del CAUCA IV el país adopta las nuevas tendencias sobre la normativa aduanera, acordes con la realidad del comercio mundial. Además, contempla elementos esenciales en el proceso de integración centroamericana y nos prepara para el CAUCA V, el cual está en proceso de elaboración en este momento” manifestó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos.

El CAUCA IV y su reglamento incorporan figuras como las siguientes:
• Operador Económico Autorizado, lo que permite regular las normas que debe establecer el Servicio Nacional de Aduanas para la facilitación y seguridad en el manejo de la cadena logística de las mercancías;
• Apoderado Especial Aduanero, como el designado por una persona jurídica para que, en su nombre y representación, se encargue exclusivamente del despacho aduanero de las mercancías que le sean consignadas;
• Depósito Temporal de Mercancías, por medio del cual se introduce la posibilidad del almacenamiento de mercancías durante un plazo de 20 días.

Adicionalmente modifican los medios de impugnación, eliminan el recurso de reconsideración, implementan el recurso de revisión, y mantienen el recurso de apelación, de forma que será la Dirección General de Aduanas la que conozca en alzada los actos impugnados en las Aduanas del país.

Gobierno propone proyecto para sustituir temporalmente la sanción de cierre de negocios

Fuente: Ministerio de Hacienda

Como parte de las acciones que viene realizando el Gobierno para mitigar el efecto de la pandemia sobre diferentes sectores económicos, este miércoles el Ejecutivo remitió un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa,  para sustituir temporalmente la sanción de cierre de negocios que aplica la Dirección General de Tributación por el cobro de un salario base, así como para otorgar facilidades de pago del impuesto al valor agregado (IVA) a sectores impactados severamente por la restricción sanitaria.

“El golpe que ha generado la pandemia a la economía ha sido bastante contundente como para sumar a las empresas una sanción tan severa como el cierre del negocio por cinco días naturales, máxime considerando que las medidas de restricción a nivel sanitario obligaron al cierre de la mayoría de establecimientos al menos por un mes. Si bien no podemos obviar la sanción por incumplimiento, si podemos hacerla menos severa temporalmente, de manera que permita a los negocios seguir operando” expuso Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Para Hacienda, el cierre de negocio en este momento solo agravaría la situación económica de las personas y también traería más perjuicios al Fisco. En su lugar, el pago de un salario base como sanción, permitirá al local comercial seguir operando y al Estado lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte del contribuyente.

Para optar por esta alternativa, se debe estar al día en todas las obligaciones tributarias.  De incumplirse con las condiciones para optar por esta dispensa, el cierre se ejecutará o se reanudará el trámite del proceso sancionador hasta su firmeza. 

Asimismo, este proyecto propone como medida excepcional, que para los negocios que han visto más afectada su situación económica, inscritos en actividades turísticas, de entretenimiento, de bares o restaurantes, la Administración podrá autorizar fraccionamientos de pago en deudas tributarias, incluidas las que correspondan al IVA, siempre y cuando se trate de deudas devengadas antes del 31 de diciembre del 2020 y declaradas a más tardar el 28 de febrero del 2021.

Gobierno presenta ante la Asamblea Legislativa proyecto de ley para crédito con el FMI

Fuente: Ministerio de Hacienda

Este miércoles 10 de marzo del 2021 el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la autorización de endeudamiento correspondiente al crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho crédito se enmarca en la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o EFF por sus siglas en inglés).  La presentación del documento al Congreso se da después de que el 25 de enero del año en curso el país alcanzara un acuerdo a nivel técnico con el FMI, y que el 1° de marzo el Directorio Ejecutivo de ese organismo aprobara el acuerdo.

El crédito por USD 1750 millones tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,05 % aproximadamente. Como dispone la Constitución Política para todos los empréstitos internacionales al Gobierno, el proyecto de ley requiere de aprobación legislativa por mayoría calificada. La aprobación legislativa daría lugar al primer desembolso de recursos, por unos USD 292 millones, y los demás tractos se irán desembolsando contra evaluaciones semestrales en las que el FMI verificará el cumplimiento por parte del país de las metas convenidas.

Hoy Costa Rica enfrenta uno de los retos económicos más importantes de su historia. La pandemia del COVID-19 provocó que la economía costarricense se redujera un 4,5 % durante el año 2020, la contracción más fuerte desde el año 1982, y que la tasa de desempleo se duplicara en un lapso de apenas cuatro meses. Las finanzas públicas también fueron fuertemente afectadas: al cierre del 2020, el déficit financiero del Gobierno Central cerró en 8,1 % y se registró una caída en los ingresos totales de ₡586.924 millones (1,7 % del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9 % respecto al 2019.

Esta situación obligó al país a llevar adelante un nuevo esfuerzo de ajuste fiscal, adicional al que se había hecho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre del 2018. Bajo un escenario pasivo (es decir, sin acciones por parte del Estado costarricense), en el 2024 la deuda pública sería superior al 80 % del PIB, un nivel insostenible para un país como Costa Rica. Ante una deuda de esta magnitud, se generaría una fuerte incertidumbre sobre la capacidad del Estado de hacer frente al pago de sus obligaciones, lo cual se reflejaría en mayores tasas de interés para todos los costarricenses, menos emprendimientos, más desempleo, una contracción económica aún mayor, y también una mayor desigualdad y un incremento de la pobreza.
Además, de mantenerse una trayectoria creciente del déficit fiscal, el Gobierno tendría cada vez menos espacio para atender sus obligaciones, lo cual se vería traducido en una menor calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y se comprometería también el desarrollo y mantenimiento de infraestructura pública, vital para el funcionamiento de la economía.

Frente a ese panorama, resulta esencial contar con una hoja de ruta que le permita a Costa Rica regresar a una senda de sostenibilidad fiscal en el menor tiempo posible. La propuesta deberá disminuir la brecha entre los ingresos y gastos del Gobierno, a la vez que deberá atender las necesidades de financiamiento y sentar las bases para propiciar e incentivar un crecimiento sostenido e inclusivo. La propuesta debe también proteger el gasto de capital y el gasto social bien focalizado. Esa hoja de ruta para el ajuste fiscal se ha construido en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el marco de este acuerdo, Costa Rica se comprometió con una agenda de reformas que le permite alcanzar un superávit primario de 1% del PIB en el 2023 y poner a la razón de deuda del Gobierno al PIB en una trayectoria descendente a partir de ese año.

El presente proyecto corresponde al empréstito que permitirá acompañar el programa de reformas y será la condición que habilitará la revisión semestral de nuestra economía por parte del FMI.

“La disminución de las tasas de interés, mayor inversión privada, más obra pública, más empleo y mejor distribución de la riqueza, son los resultados deseables de la estabilidad fiscal producto del proceso de ajuste fiscal que lleva adelante el Estado costarricense. El crédito de USD 1.750 millones con el FMI constituye una parte indispensable de ese proceso, por eso hago un llamado respetuoso a las diputadas y diputados para que aprueben este empréstito”, señaló Elian Villegas, Ministro de Hacienda.

“Como consecuencia de la crisis por la pandemia, el país debe hoy emprender un ajuste fiscal adicional para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Hacerlo en el contexto de un acuerdo con el FMI representa un sello de confianza y respaldo a las políticas macroeconómicas del país, y permitirá de esa forma mejorar las expectativas de consumidores e inversionistas y las condiciones financieras que el país enfrenta en los mercados financieros locales e internacionales. Por eso, la aprobación de este empréstito es fundamental para promover el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de todos los costarricenses”, indicó Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central.

Tras la presentación el día de hoy del proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, los pasos siguientes son su publicación y asignación a comisión para que inicie el trámite legislativo.

¡No se exponga! Sanción por no presentar renta es de un 50% del salario base

Fuente: La República

En caso de que no lo haya hecho, prepárese para presentar y pagar el impuesto de renta, ya que tiene tiempo hasta el 15 de marzo, y de incumplir, serias multas le esperan.

La omisión de presentar la declaración es de un 50% del salario base, es decir, poco más de ¢231 mil.

El no cancelar el impuesto a tiempo, además de intereses por el atraso, representa morosidad del 1% por mes o fracción, hasta un tope del 20% sobre el monto del impuesto no cancelado.

“Errores en la declaración quedan para una posterior fiscalización o auditoría por parte de la Administración Tributaria, y de detectarse errores o situaciones que determine una diferencia de impuesto, se cobra una sanción del 50%, 100% o 150% del monto del impuesto determinado, según la gravedad que se califique de las inexactitudes”, explicó Silvia González, socia de Impuestos y Legal de Grant Thornton sobre otro motivo de multa.

Una de las particularidades es que por única vez se contemplan 15 meses, en lugar de 12, por lo que tanto las personas físicas como las empresas deberán ajustar los tramos de renta, para determinar la tarifa del impuesto a utilizar según lo determina el reglamento, recuerda Jonathan Rodríguez, consultor de Impuestos de Deloitte.

Por ejemplo, son sujetos del impuesto los asalariados con salario mensual superior a los ¢842 mil, pero no tienen que presentar declaración de renta porque su patrono hace las retenciones; sin embargo, en el caso de independientes con una renta neta superior a los ¢4.665.000 en esos 15 meses, sí deben hacerlo.

Por lo tanto, aquellos por debajo de ese monto, están exentos del impuesto.

Tampoco olvide que, si tiene una sociedad inactiva, contará con más tiempo para presentar la declaración.

Hacienda elaborará un formulario simplificado para estas sociedades, dando así un plazo adicional de dos meses y 15 días naturales, contado a partir del momento que se encuentre disponible el formulario.


Director de Tributación: ‘No hay cambios constantes de criterio, ni inseguridad jurídica’

Fuente: El Financiero

El Ministerio de Hacienda emite directrices de diferente índole y luego realiza cambios o derogaciones a estos lineamientos, situación, que según el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, provoca confusión e inseguridad jurídica para los contribuyentes.

Carlos Vargas, director general de Tributación, defiende que no es cierto que constantemente se cambien los criterios y advierte que las diferentes aclaraciones en esta materia más bien permiten a las personas y empresas tener certeza jurídica frente a sus obligaciones.

EF entrevistó al jerarca para ahondar en el tema.

Cambios y confusiones

¿Por qué la Administración Tributaria cambia constantemente de criterio?

Más que una pregunta me parece una afirmación, lo cual no es del todo correcto. Se puede ver que entre 2019 y 2020 hay casi 5.000 oficios ante consultas que han presentado los contribuyentes, si ha habido alguna divergencia entre esos oficios, pues la situación que se plantea en las diferentes consultas es en función de cada actividad económica, y entonces habría que ver cada caso, para comprender la justificación con respecto a lo que se está consultando.

El Colegio de Contadores Públicos criticó que estos cambios frecuentes en directrices tributarias afectan directamente a los contribuyentes. ¿Ustedes lo ven de esta manera?

El oficio del Colegio de Contadores solo refiere a dos situaciones, entonces me parece que no se podría generalizar a partir de dos situaciones. Uno es el criterio del diferencial cambiario y el otro es el tema de la declaración informativa.

Los criterios institucionales son una facultad que la normativa le da a la Administración para emitir algún documento donde expresa cuál es la interpretación de las leyes y normas. Ahora, eso no significa que para el contribuyente sea obligatorio aplicarlas, porque el criterio institucional es obligatorio para los funcionarios, pero no vincula al contribuyente.

¿Cuándo se utiliza la figura del criterio?

Se utiliza cuando hay diversas consultas o cuando nosotros visualizamos, a nivel técnico, que existe un tema recurrente, entonces emitimos el documento para tratar de homologar la respuesta sobre esas situaciones.

El Colegio de Contadores señala el caso puntual del diferencia cambiario, ¿por qué fueron necesarias las precisiones posteriores en este tema?

A raíz de la nueva normativa (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9.635), surgen modificaciones. Si recordamos, antes de la ley, lo que regulaba el diferencia cambiario era el artículo 81 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pero con la nueva normativa se dieron algunas interpretaciones de la Administración.

Ahora, ante la entrada en vigencia de la Ley 9.635 y particularmente en el segundo semestre del 2020, empezaron a llegar diversas consultas sobre el tema del diferencial cambiario que nos llevaron a valorar la conveniencia de emitir un criterio. Eso sí, esa posición no se ha cambiado, sigue vigente tal cual.

¿No ha habido ningún cambio en esta materia?

No sé de dónde el Colegio de Contadores sacó que nosotros habíamos cambiado de criterio. Lo que dijimos fue: dado que la posición previa se emitió a inicios del 2021, rige a partir del momento en el que se publica, porque los contribuyentes no conocían la directriz previa.

La duda que surgió de algunos contribuyentes era si se aplicaba para el periodo 2020, bueno lo que estamos aclarando es que para ese periodo fiscal no aplica el criterio, como posición de la Administración, porque salió después de concluido. Pero no estamos cambiando de posición.

¿Considera que estos cambios pueden generar inseguridad jurídica?

Esta aclaración sobre la aplicación del criterio del diferencial cambiario más bien aclara en favor de la seguridad jurídica de la gente, porque si alguno había interpretado que era de forma diferente, pues lo hará conforme al principio de autoliquidación.
Casos puntuales

Con ayuda de abogados tributarios de firmas como Deloitte, ICS Asesores Fiscales, Sfera, Grant Thornton e EY se encontraron varias modificaciones en temas como diferencial cambiario, cálculo del IVA en tercerización de planillas, outsourcing, impuestos al exterior, IVA a semovientes y tarifa reducida a servicios veterinarios. ¿Por qué se produjeron?

Tenemos que distinguir los oficios de respuesta de los criterios institucionales. El oficio de respuesta se da ante una consulta de los contribuyentes para aclarar cada punto consultado y ajustado a la realidad económica de cada uno de ellos. El criterio institucional es diferente porque refleja la forma en que la Administración considera que se debería interpretar la normativa.

Si un contribuyente plantea que el esquema empresarial que utiliza para desempeñar su actividad, es de cierta forma, y otra compañía lo hace de manera diferente, y ambas presentan consultas, pues las respuestas serán diferentes porque, aunque en el fondo es la misma actividad, las dos firmas son diferentes.

El Colegio de Contadores indica que Hacienda publicó dos ajustes relacionados con la declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos (D-151) y que se presentaron retos para los contribuyentes. ¿Qué pasó en ese caso?

En el tema de la D-151 no hay ningún cambio. Absolutamente ninguno. El Colegio de Contadores alega que hay alguna incerteza y no la hay, desde el 2019 se emitió la resolución diciendo que: no hay que declarar lo que está respaldado con factura electrónica y se eliminaron los límites, es decir, deben declarar todo lo que no tenga factura electrónica.

¿Entonces qué pasó con la D-151?

Lo que sucedió fue que algunos de los grandes contribuyentes venían en un proceso de ajuste a factura electrónica, porque evidentemente los retos que ellos tienen en esa área son muchísimo mayores, entraron a facturar de esa manera entre noviembre y diciembre del 2019, y sólo uno de ellos decía que por octubre y la parte de noviembre que restaba, debía incorporar en la declaración D-151 más de 6,5 millones de líneas de registros y nos indicó que va a duras más de 100 horas cargando eso en el sistema, por lo que no le iba a dar tiempo.

Lo que hicimos fue dar una opción para los contribuyentes con esa situación particular, de manera que puedan presentarnos un documento con la estructura que nosotros requerimos; porque hoy en día el sistemita que se utiliza permite cargar archivos, entonces les dijimos que cargaran el mismo archivo con lo que está dentro de los límites que existían antes y el resto nos lo dan en un archivo digital por aparte. Lo que buscamos es facilitar el cumplimiento.

Los criterios y resoluciones de Tributación tienen redacciones complejas y poco comprensibles. ¿Cómo se podría facilitar el acceso y la mejor comprensión de estos documentos?

Lo primero es que las resoluciones tienen que ser publicadas en el diario oficial La Gaceta, ese un mecanismo. El otro es que venimos implementando un esquema de charlas virtuales por medio de Facebook live en las que todos los viernes desarrollamos temas y respondemos consultas de las personas. Inició en noviembre del 2020.

¿Es necesario crear una defensoría tributaria?

De manera personal, no institucional, yo creo que no aportaría mucho. Me parece que ya hay instancias bastante amplias y con las facultades suficientes para regular este tema, por dar un ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, cada cierto tiempo y en función de alguna situación que se le presenta ellos intervienen.

Primero nos piden un informe, nos hacen recomendaciones. Es un mecanismo que funciona adecuadamente, además de todo el mecanismo de regulación que existe, cuando las personas no están de acuerdo con la Administración.

 

 

 

5.000 pronunciamientos entre 2019-2020, Hacienda siembra confusión y reprocesos entre contribuyentes

Fuente: El Financiero

Durante el primer trimestre de 2021 los contribuyentes han atestiguado múltiples cambios de criterio, aclaraciones o prórrogas en directrices por parte de la Dirección General de Tributación. Estos anuncios producen incertidumbre entre los contribuyentes, y podrían llevar a las empresas a efectuar reprocesos para cumplir con los requerimientos de Hacienda.

Los desafíos no han sido pocos. En cuestión de tres meses se presentaron errores en el formulario D-101 (donde se declara y se liquida el Impuesto sobre la Renta); se dio a conocer una nueva interpretación en el tratamiento del diferencial cambiario; se anunció una prórroga y un formulario simplificado para declarar las sociedades inactivas (que aún no se publica); y se amplió el plazo para presentar la declaración D-151.

Aunque estos cambios podrían parecer insignificantes, hay mucha letra menuda detrás, según Carla Coghi, socia directora de Deloitte.

Los anuncios producen gran desgaste para las empresas, ya que los obligados deben ajustar los parámetros de la factura electrónica, revisar los costos, analizar si deben o no hacer prorrata (como el caso de los semovientes o ganado para producción de carne que estuvo gravado al 1% y luego pasó a ser exento), o solicitar nuevamente los servicios de un programador para ajustar sus sistemas internos.

Por otro lado, las sanciones establecidas por presentar información inexacta en una declaración son onerosas.

“El contribuyente quiere seguridad jurídica y que la ley sea lo más clara posible para poder cumplirla”, acusó German Morales, socio director de Grant Thornton.

La Administración Tributaria tiene potestad para interpretar las leyes y puede emitir diferentes criterios sobre un mismo tema a lo largo del tiempo, según explicó Francisco Villalobos, exdirector de Tributación y socio director de ICS Asesores.

Por eso, que el Ministerio de Hacienda cambie de opinión no es una situación nueva, no obstante, la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) trajo un océano de consultas.

Entre 2019 y 2020 el Ministerio de Hacienda registró casi 5.000 oficios de consultas hechas por contribuyentes, los cuales preguntaron sobre cómo procedía la reforma fiscal en su actividad económica. Así lo confirmó Carlos Vargas, director general de Tributación en entrevista con EF.

Los cambios, sumados al lenguaje técnico de los criterios, llenan de dudas al contribuyente, quien muchas veces expresa su temor de ser sujeto de las onerosas multas que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Cambios, dudas e impacto

Ante los constantes anuncios de la Dirección General de Tributación, EF consultó a cinco firmas de abogados (Deloitte, Grant Thornton, EY, Sfera Legal e ICS Asesores) para conocer los temas sobre los que más se ha pronunciado la Administración Tributaria.

Producto de ese análisis se encontraron 15 áreas donde la Administración Tributaria ha emitido diferentes oficios, resoluciones o decretos en un periodo que va desde el 2 de diciembre de 2012 hasta el 25 de febrero de 2021.

Tras el análisis, el área con más cambios es la de servicios tercerizados, ya que en quince meses Tributación emitió siete oficios ante consultas de los contribuyentes. La resolución inicial DGT-1479-2019 data del 2 de setiembre de 2019 y el último oficio, el DGT-1580-2020, se dio a conocer el 21 de diciembre de 2020, según información suministrada por Deloitte.

Los servicios tercerizados son los outsourcing que contratan las empresas como seguridad, limpieza, mensajería o asesorías. En un inicio la posición de Hacienda era que si un servicio costaba $3.000 y la empresa aplicaba el 10% en el margen de la utilidad, se debía aplicar el 13% por concepto de Impuesto del Valor Agregado (IVA) sobre el monto total ($3.300).

 

Posteriormente, en marzo de 2020, Tributación cambió su posición y dijo que la base para el cálculo del impuesto se debía hacer sobre el margen de utilidad, que en este caso es de $300. Este nuevo criterio implicó que la empresa tuviera que implementar cambios en la factura electrónica y a la hora de declarar, y aunque se pagaba menos IVA el cambio podía revelar información sensible.

“Aquí comenzamos en un problema porque mi cliente se va a dar cuenta de cuánto es mi margen de utilidad, es tan fácil como calcular cuál es la base sobre la que se cobra el IVA porque Tributación dice que solo es sobre la comisión. Entonces en el mercado anda información sobre márgenes de utilidad de servicios de tercerización, cuando las empresas son muy cuidadosas sobre cuánto están marginando”, agregó Coghi.

Otra de las áreas donde se han presentado diversos criterios es con el formulario D-151 Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos. Aquí el contribuyente debe declarar a quién le compró productos y servicios, y debe revelar cuáles transacciones no tienen factura electrónica.

En este caso la Administración Tributaria realizó cuatro anuncios entre el 5 de octubre de 2015 (DGT-R-042-2015) y el 25 de febrero de 2021 (DGT-R-11-2021). En esta última fecha comunicó una prórroga hasta el 31 de marzo de 2021 para presentar la declaración.

Para Carlos Vargas la D-151 es un aliado para los grandes contribuyentes, pues existe el antecedente de una empresa que tenía que incorporar más de seis millones de compras sin factura electrónica, y por esta razón la Administración Tributaria decidió establecer este formulario.

Sin embargo, los contribuyentes que realizan las declaraciones por sí mismos manifiestan dudas sobre cuáles compras deben reportar en dicha declaración, comentó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Los obligados consultan si pueden incluirse intereses de préstamos, pagos de servicios públicos (que cuentan con factura electrónica), o el pago de viáticos que hacen a su personal.

El Colegio ya manifestó su preocupación por los constantes cambios o derogaciones que emite Hacienda. Según Smith, desde noviembre de 2020 se incrementaron las llamadas de los contribuyentes solicitando apoyo de parte del colegio profesional.

Las capacitaciones que brinda el Ministerio de Hacienda de manera virtual para atender consultas de los obligados tributarios, son insuficientes pues los asistentes manifiestan que quedan con más dudas, dijo Smith. “Nos da la impresión de que el contribuyente sí quiere cumplir, pero al sentir frustración se alejan de esto”.

El diferencial cambiario es otro tema que ha sido sujeto de múltiples anuncios en el primer trimestre del año. El pasado 6 de enero mediante el criterio institucional DGT-CI-04-2020 anunció que solo dejaría a los contribuyentes aplicar el diferencial cambiario en el criterio del realizado y no en el principio del devengo, como se ha hecho históricamente.

Esto provocó el cuestionamiento sobre si la nueva interpretación iba a aplicarse para el periodo fiscal 2020, pues en ese caso debían correr para ajustarse a los nuevos requerimientos de Hacienda.

El 1.° de marzo la institución emitió la adenda DGT-CI-03-2021 donde indica que la nueva interpretación sobre el tratamiento del diferencial cambiario, se producirá “en el periodo fiscal vigente al momento de su emisión”.

En este caso un posible escenario es que un contribuyente haya presentado la declaración del 2020 con la interpretación que Hacienda dio a conocer el 6 de enero y ahora tenga que clarificar.
Multas onerosas

Algunos contribuyentes manifiestan su preocupación por los criterios técnicos que emite Hacienda y la complejidad que tienen los procesos para presentar y liquidar impuestos.

“Esos conceptos hacen ver al contribuyente que no está familiarizado. Se cuestiona si lo pueden sancionar porque presenta (la declaración) sin saber qué está haciendo o no la hace”, agregó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Las sanciones por presentar formularios inexactos son onerosas y podrían llegar a ser hasta de 150% de lo dejado de pagar, comentó el exdirector de Tributación y socio director de ICS Asesores, quien califica este tema como “sensible”.

Por ejemplo, si el contribuyente interpreta que tenía gasto por diferencial cambiario y paga ¢30 millones menos, la sanción puede ser de ¢45 millones. En este caso, el obligado podría pagar un total de ¢75 millones, de acuerdo a Villalobos.

El artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece multas por omisión, inexactitud de las declaraciones, o el uso de datos falsos, incompletos o inexactos. En estos casos las sanciones oscilan entre el 50% y el 150% de lo dejado de pagar.

 

 

 

Fideicomisos deberán presentar Declaración de Beneficiarios Finales


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

El pasado 4 de marzo se emitió una resolución que exige que las sociedades tipo fideicomiso deben presentar también el registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. 

Como parte de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, Ley 9416, las sociedades anónimas debían llenar un extenso formulario donde se indicara toda la información de la confrmación de la organización, la información de cada socio, las acciones y los beneficiarios finales.

“Ahora es el turno de los fideicomisos, quienes deberán acudir al Registro Nacional para solicitar una cédula jurídica y posteriormente hacer el proceso de completar la información del formulario. El tema es que dicho formulario aún no está listo, por lo que tendrán hasta junio de 2021 para cumplir con el requisito”, confirmó Ana Isabel Borbón, experta de Actualidad Tributaria.

Este año las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitadad, las sociedades de nombre colectivo, en comandita, las sociedades extranjeras, las empresas individuaes de responsabilidad limitada y las sociedades civiles, deberán volver a cargar la información a partir del 1º de abril, sin excepción, y a partir de ahora, cada año en el mes de abril se deberá cumplir el requisito para todos los casos.

Altas multas

Si el fideicomiso no presenta la declaración antes del 30 de junio, se le impondrá una multa del 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, con un mínimo de de 3 salarios base como mínimo de multa. Si se toma en cuenta que el salario mínimo a partir de este mes es de 450.200 colones, la multa mínima es de 1.350.600 colones.

Esto aplica también para aquellas sociedades que no lo hayan completado o no cumplan con el requisito en abril próximo.

“No es un proceso que deba dejarse para último momento. Hay que recordar que sólo el apoderado de la sociedad es quien está autorizado a completar el formulario, o en su defecto hay que firmar un poder frente a un notario, quien debe completar otro proceso. En fin, no es sencillo, por lo que si tiene dudas debe asesorarse”, comentó Borbón.

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema
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Aduana fácil: nueva plataforma de información y servicio a disposición del público desde marzo

Fuente: Ministerio de Hacienda

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios de los servicios aduaneros, a partir de este lunes 8 de marzo, el Ministerio de Hacienda pone a disposición de la ciudanía la plataforma “Aduana Fácil”, desde la cual se accederá toda la información relacionada con trámites aduaneros.

Aduana Fácil es una herramienta diseñada por el Servicio Nacional de Aduanas con el apoyo de CAPTAC-DR. Estará disponible en el menú principal de la página web de Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr), desde donde los interesados podrán acceder información sobre procedimientos aduaneros, trámites, formularios, requisitos, estadísticas e indicadores referidos a importación y exportación, normativa en materia aduanera, guías para el usuario, comunicados de interés, propuestas en consulta pública, fechas de subastas; entre otros.

Adicionalmente, dentro de la misma plataforma se habilitó el “Punto de Enlace Aduanero” (PEA), como medio directo para la atención de consultas de los usuarios.

“Esta administración ha trazado como ejes centrales del trabajo de la Dirección de Aduanas, la lucha contra el contrabando, el fortalecimiento de la aduana para mejorar la recaudación y la facilitación del Comercio. La modernización tecnológica juega un rol muy importante para alcanzar estos objetivos, Aduana Fácil nos permite facilitar la relación con nuestros clientes y contar con herramientas modernas para la gestión.”, señaló Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos de Hacienda. 

Tal y como lo disponen el Acuerdo de Facilitación de Comercio y las buenas prácticas establecidas por la Organización Mundial de Aduanas, Aduana Fácil promueve la transparencia institucional, facilitación del comercio lícito, simplificación y estandarización de procedimientos y el cumplimiento voluntario de los trámites aduaneros, aspectos en lo que ha venido trabajando la Dirección General de Aduanas, consciente de su importancia tanto para la institución como para el usuario

“Por medio de Aduana Fácil, el Servicio Nacional de Aduanas reitera su compromiso de brindar un mejor servicio a sus usuarios, por medio de mecanismo rápido, eficaz y oportuno, de acceso a la información sobre al quehacer aduanero, de manera que realizar un trámite sea sencillo y fácil para la población” explicó Gerardo Bolaños, director general de Aduanas.

FMI alerta sobre alto endeudamiento e informalidad en su más reciente diagnóstico a Costa Rica

Fuente: El Economista

En su revisión de la economía de Costa Rica, bajo el artículo IV del Convenio Constitutivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que a pesar de la recuperación incipiente y los esfuerzos de reforma fiscal, las vulnerabilidades de la deuda pública seguirán siendo elevadas y con grandes necesidades de financiamiento a mediano plazo.

Se prevé que la deuda del Gobierno Central alcance un máximo de alrededor del 76% del PIB (producto interno bruto) en 2023, por encima del umbral de sobreendeudamiento del 70% para las economías emergentes, antes de comenzar a ajustarse gradualmente a mediano plazo para alcanzar la meta del 50% de las autoridades para 2035”, indicó el organismo en los documentos publicados en su página web.

Eso sí, el organismo ve con buenos ojos las medidas propuestas por el país para reducir el déficit primario y con ello doblar la curva de la deuda.

Una de las propuestas es la reforma al empleo público, sobre la cual el organismo indica que mejorará la equidad y la productividad al reemplazar el actual sistema salarial, que premia de manera indiscriminada la antigüedad y la exclusividad del servicio civil, generando incentivos perversos para los servidores públicos.

Indica que la reforma se aplica a todas las instituciones del sector público: Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas que no compiten en mercados privados, universidades públicas, municipios, así como instituciones autónomas y semiautónomas.

Agrega que los nuevos esfuerzos para fortalecer y mejorar la eficiencia de la administración de ingresos son otro elemento clave de la estrategia fiscal, esto incluye el proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario.

El personal del Fondo recibió con agrado las acciones tomadas por las autoridades para apoyar al sector financiero en respuesta al choque de la covid-19, así como los esfuerzos proactivos de monitoreo y supervisión.

Sobre la informalidad, el organismo señala que alrededor del 40% del empleo sigue concentrado en el sector informal, con oportunidades limitadas para que los trabajadores hagan la transición a trabajos más productivos con mejores salarios y condiciones laborales. La situación es frecuente entre trabajadores poco calificados y las mujeres.

“A pesar del alto nivel educativo de las mujeres, la participación de la mujer en la fuerza laboral y las oportunidades laborales son bajas en comparación con la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y sus pares regionales”, señala el organismo.

Añadió que el análisis del personal muestra que la informalidad y las brechas de género se encuentran entre los principales impulsores de la desigualdad persistentemente alta en Costa Rica.

  Carta de intenciones

En su página web el organismo también publicó la Carta de Intenciones que entregó el Gobierno de Costa Rica para la negociación del acuerdo ampliado por 36 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF, por sus siglas en inglés).

Según dicha carta, el Gobierno se compromete a llevar el déficit primario (exceso de gastos, excluidos los intereses, sobre los ingresos) a ¢390.000 millones en julio del 2021 y a ¢640.000 millones en diciembre del 2021, lo cual sería casi la mitad del déficit primario del 2020, que fue de ¢1.224.622 millones.

El cumplimiento de las metas de balance primario es uno de los “criterios cuantitativos de desempeño” que el país debe cumplir. Hay también metas indicativas.

Otro de los criterios cuantitativos de desempeño es una medición que realiza el organismo de las reservas monetarias internacionales, las cuales deben ubicarse en diciembre del 2021 en $3.768 millones.

En inflación, se establece una primera banda interna, con una proyección central más o menos 1,5% (máximo 2,8% para el 2021) y otra externa con más o menos 3% (máximo 4,3% para el 2021).

Ocho respuestas sobre la declaración y pago del impuesto sobre la renta

Fuente: La Nación

Este 15 de marzo vence el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, la Declaración D-101, del periodo fiscal 2020, el cual fue un periodo fiscal especial de 15 de meses, del 1° de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020.

Este periodo especial, la pandemia y algunos cambios de los cuales ha informado la Dirección General de Tributación han generado dudas. En seguida algunas respuestas brindadas por el director general de Tributación, Carlos Vargas, sobre aspectos generales y algunos temas específicos.

-¿Dónde obtener información?

-La Dirección General de Tributación, en su página web, en la opción de “Servicios Tributarios”, ha puesto a disposición del interesado, todo lo relacionado con los diferentes impuestos existentes que le corresponde administrar, así como videos, folletos, información paso a paso del uso de algunas herramientas y todo lo relacionado con el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias del contribuyente.

-¿Qué opciones tienen los contribuyentes para despejar sus dudas?

-La Dirección General de Tributación puso a disposición de los contribuyentes el correo electrónico renta2020@hacienda.go.cr, con el fin de atender incidentes o problemas que se generen al momento de querer presentar la declaración del impuesto sobre la renta.

“Además, está el correo: infoyaistencia@hacienda.go.cr para atender consultas generales.

“También está a disposición la plataforma de tramites virtuales (Travi), disponible en la página del Ministerio de Hacienda, mediante la cual el interesado puede enviar las consultas o solicitar una cita presencial, entre otros trámites. Una vez ingresado a Travi, por medio de las opciones: “Consultas al amparo del artículo 54 del Reglamento al Procedimiento Tributario” o “Consultas generales al amparo del artículo 171 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, se puede solicitar la atención de las consultas.

“Adicionalmente, los contribuyentes pueden plantear las consultas ante cualquiera de las 10 administraciones tributarias que se encuentran a lo largo del país: San José Oeste, San José Este, Alajuela, Cartago, Heredia, Zona Norte, Zona Sur, Limón, Puntarenas y Guanacaste”.

-¿Las declaraciones se pueden presentar durante las 24 horas hasta el 15 de marzo?

-Efectivamente, las declaraciones de impuestos se presentan por medio de la herramienta de Administración Tributaria Virtual (ATV), disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, disponible durante las 24 horas del día, todos los días de la semana.

-¿Las declaraciones solo se pueden presentar en línea? ¿Hay posibilidad de ir a una administración tributaria a pedir ayuda si la persona no tiene Internet?

-Efectivamente, las declaraciones únicamente se pueden presentar en línea. Y en caso de que el contribuyente no cuente con internet, está disponible el servicio de quioscos en las 10 administraciones tributarias.

-¿Cuáles son las sanciones por no presentar la declaración o no pagar, si corresponde?

-Según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en caso de no presentar la declaración y no pagar los impuestos correspondientes en el plazo establecido (en el caso del impuesto sobre la renta, entre el 1°. de enero y 15 de marzo del 2021), la persona se hace acreedora de lo siguiente: intereses de 10,31% desde el 1°. de enero de 2021; sanción por morosidad de un 1% por mes o fracción de mes, con un tope de 24 meses y por la presentación tardía (un cobro de) medio salario base (¢231.100 actualmente).

-Para la declaración informativa, ¿se debe incluir todo lo que no está respaldado con factura electrónica no importa el monto?

-Efectivamente, la resolución DGT-R-071-2019, publicada el 28 de noviembre del 2019, que modifica y actualiza los parámetros sobre los cuales se debe hacer las declaraciones informativas, elimina los montos acumulados, por lo tanto, es claro que desde el 2019 se dispuso que se debe declarar toda transacción no respaldada en factura electrónica con independencia de su monto.

-¿Cómo declaran las personas y empresas los gastos o ingresos por diferencias cambiarias en el periodo fiscal 2020? ¿Devengado o realizado?

-De conformidad con el principio de autoliquidación de sus obligaciones tributarias, aplicando directamente la normativa conforme la interpretación que de ella tienen, tal y como lo han hecho hasta antes del criterio emitido, el cual, como se aclaró el 2 de marzo, tiene efectos para el periodo fiscal en curso (el 2021) al momento de su publicación en enero del presente año.

¿En qué casos se aplica la deducción del 25% el inciso s) del artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (una deducción única, sin necesidad de prueba alguna, del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos brutos de la actividad o de las comisiones devengadas, según corresponda)?

-Cuando un contribuyente se dedica a una actividad lucrativa como servicios profesionales o técnicos, agentes vendedores, agentes comisionistas y agentes de seguros, los cuales son prestados en forma independiente (no como asalariados), pueden acogerse a una deducción única del 25% de los ingresos brutos obtenidos, sin necesidad de prueba alguna.

“Así las cosas, el contribuyente que lleva a cabo las actividades señaladas, podrá optar por alguno de las siguientes dos opciones para declarar sus egresos: demostrando estos egresos mediante comprobantes fehacientes o acogiéndose a la deducción del 25% indicado, todo de conformidad con el inciso señalado”.

Jerarca de Hacienda asegura que proyectos del acuerdo con el FMI son “sencillos” de aprobar

Fuente: Monumental

El Ministro de Hacienda, Elián Villegas, aseguró que los proyectos de Ley contenidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son sencillos y su aprobación será ágil.

Esto luego de que legisladores como Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y José María Villalta del Frente Amplio (FA), sostuvieran en el programa Matices de Radio Monumental que no se cumplirá con el plazo establecido por el ente internacional, que fijó junio de este año como fecha máxima para la aprobación de los proyectos.

Según el jerarca de Hacienda, que lidera el proceso para que el país acceda al crédito por $1750 millones con el FMI, las iniciativas de Ley no tienen complejidad técnica.

Villegas manifestó su confianza en que la Asamblea Legislativa podrá aprobar los proyectos de Ley en el tiempo establecido.

El proyecto de Ley sobre el préstamo con el FMI será presentado en los próximos días ante los diputados, luego de que Directorio Ejecutivo del organismo internacional aprobara la propuesta de Costa Rica.

Según el planteamiento se proyecta alcanzar un superávit de 1% en el 2023, mediante un ajuste fiscal que alcanzaría un 5%.

Mantener el orden, asesorarse bien y otras recomendaciones para evitar quedar expuesto y multas

Fuente: El Financiero

Los errores son parte del ejercicio ordinario de un negocio, por lo que no se puede descartar tener que enfrentar una fiscalización hacendaria e incluso multas por algún error en la presentación de las declaraciones tributarias.

¿Qué hacer frente a estas situaciones?

“Nadie está exento de cometer un error en una declaración, especialmente con tanto cambio reciente en nuestra legislación”, advirtió Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria y del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios.

El proceso de fiscalización también puede ocurrir aunque una empresa no cometiera ningún error. “Todas las empresas están sujetas a la fiscalización”, señaló Alberto Porras Rojas, socio director de GCF Consultores.

La fiscalización tributaria puede ocurrir en cualquier momento con multas de hasta 150 veces el impuesto que se haya dejado de pagar según la autoridad, más los intereses y mora de forma retroactiva.

Más que prepararse para un proceso de este tipo, los contribuyentes (ya sean personas físicas o jurídicas) deben establecer acciones para prever errores y eso depende del orden, el soporte (documental y electrónico) de sus ventas y declaraciones, y la asesoría fiscal.

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación cuenta con mejores recursos tecnológicos y controles cruzados para detectar situaciones y realizar fiscalizaciones a profundidad de lo declarado, los comprobantes y los registros que lo sustentan (control intensivo) como a partir de la información suministrada por otros (control extensivo).

¿Cuáles son las principales situaciones que generan que las autoridades tributarias realicen un proceso de fiscalización de una empresa?

Las fiscalizaciones responden generalmente a los planes anuales de fiscalización, los cuales son publicados en el Diario Oficial La Gaceta una vez al año. Según Volio, anualmente se realizan unas 1.000 fiscalizaciones, menos del 0,1% del total de contribuyentes.

Otras situaciones que llaman la atención y generan procesos de fiscalización tributaria son:

—Incrementos injustificados de patrimonio, bienes de alto valor en sociedades sin que la sociedad haya reportado ingresos o repartido dividendos a sus accionistas.

—Ingresos no gravables que superen el 10% del ingreso bruto del contribuyente.

—Que el obligado tributario no haya presentado las declaraciones, incluyendo la del Registro de Transparencia y Beneficiario Final.

— Que el obligado tributario presente errores u omisiones en los datos del Registro Único Tributario.

—Cuando los participantes en las personas jurídicas costarricenses sean personas jurídicas ubicadas en el exterior y el beneficiario final sea un sujeto domiciliado en Costa Rica.

—Cuando no se pueda determinar un beneficiario final de una sociedad, por participaciones directas o indirectas de titularidad.

—Pérdidas recurrentes en los últimos cuatro períodos fiscales.

—Transacciones inmobiliarias que no hayan cancelado el impuesto sobre ganancias de capital.

—Diferencias en ingresos reportados como erogaciones con socios comerciales.

—Pasivos en favor de socios sin el debido soporte documental.

Otras situaciones que generan procesos de fiscalización:

—Que los valores reportados por el contribuyente dentro de sus declaraciones, varíe de la información que la Administración tiene en su poder producto de terceros o de información interna.

—Que sus indicadores tributarios o financieros se desvíen significativamente de los indicadores promedio de la actividad económica en que se desempeñan

—No cumplir con requerimientos de información.

—Generar créditos o saldos a favor del IVA por varios periodos.

—Rectificar declaraciones disminuyendo el impuesto a pagar.

—Vinculación con sujetos fiscalizados.

—Denuncia anónima.

—Pertenecer a los sectores o actividades económicas que establezca la DGT, mediante resolución publicada con antelación al inicio del Plan Anual de Fiscalización (ver recuadro).

¿Cuáles son las medidas que deben mantener las empresas para no verse sometidas a este tipo de procesos?

A pesar de que la Administración Tributaria puede fiscalizar a cualquier contribuyente, lo cierto es que sí es posible evitar quedar en situaciones de riesgo fiscal.

Para evitar fiscalizaciones deben cumplirse las obligaciones tributarias en tiempo y forma para evitar caer en alguno de los criterios de selección “evitables”, pagar los impuestos correctamente, cumplir sus deberes formales, no quedar expuesto en situaciones de riesgo fiscal y tener una revisión proactiva previa de las cuentas con el objetivo de identificar los eventuales riesgos a afrontar.

“Es fundamental que las empresas documenten de manera proactiva partidas presentes en el balance de comprobación, que puedan representar riesgos fiscales”, dijo Pablo González, director de impuestos Sfera Legal.

¿Cuáles son las medidas que debe ejecutar una empresa cuando las autoridades tributarias inician un proceso de fiscalización?

Tener la información de la actividad es una obligación operativa permanente para cualquier contribuyente, profesional independiente y negocio.

En caso de una fiscalización tributaria se debe también suministrar la información y documentación que las autoridades fiscales lo requieran, no se puede ser renuente y asistir ante la Administración Tributaria si es requerido a contestar preguntas.

Busque asesoría tributaria profesional para atender la fiscalización.

No vaya solo. El contribuyente debe acompañarse de un asesor tributario con experiencia.

“Las autoridades tributarias se dedican a fiscalizar y cobrar impuestos diariamente. Sería un suicidio fiscal asistir a estos procesos sin asesoría experta. Aquí no aplica el que nada debe nada teme, toda vez que el trabajo de tributación es cobrar los impuestos. Entre más cobre, mejor para ellos”, insistió Volio.

¿En qué consiste un proceso de fiscalización?

Consiste en la revisión, por parte de la Administración Tributaria, del cumplimiento adecuado de las obligaciones que tiene el contribuyente.

La DGT entrará a verificar si lo reportado o no (recordemos que uno de los criterios objetivos de fiscalización es la no presentación de declaraciones) por el contribuyente es correcto.

La Administración revisa la contabilidad y sobre todo los soportes documentales de esta (contratos y facturas, entre otros) para determinar si el contribuyente cumple correctamente con sus obligaciones.

La fiscalización es el proceso técnico para cobrar impuestos, con reglas establecidas (existe un reglamento que define los criterios objetivos de selección de contribuyentes para fiscalización) y cuyo resultado el contribuyente tendrá la oportunidad de revisar y discutir.

González indicó que se trata de una revisión de información general y específica del contribuyente, la cual va desde la presentación y revisión de los estados financieros y de las transacciones específicas que hayan disminuido la base imponible del impuesto revisado.

¿Qué pasa después de la fiscalización?

Al concluir la fiscalización la DGT comunica y explica al contribuyente el resultado de lo analizado, el cual puede terminar en:

—Cobro de impuestos: al encontrar diferencias en los impuestos liquidados por el contribuyente, la Administración Tributaria emite un cobro referente a los impuestos e intereses, además de la correspondiente sanción, que puede ser de hasta el 150% del impuesto no pagado.

—Una devolución de impuestos pagados de más.

—Confirmación de lo declarado (el aval de parte de la DGT que lo declarado se realizó correctamente).

Al informarse al contribuyente el resultado este puede optar por aceptar lo revisado y proceder a pagar lo debido. También puede oponerse (para lo cual tiene un plazo de 30 días hábiles) y proceder a defenderse mediante la forma técnica que le permite la ley al contribuyente.

“La Administración está obligada a iniciar un procedimiento sancionador en donde el contribuyente podrá defenderse”, recordó Porras.

¿Una empresa puede recurrir o apelar lo encontrado por Hacienda? ¿Cómo se debe realizar?

El contribuyente, tan pronto recibe el resultado de la DGT, iniciará un terrible calvario de recursos y oposiciones para defenderse de lo cobrado.

—Impugnación de propuesta motivada y ofreciendo pruebas.

—Revisión y determinación de DGT.

—Recurso de revocatoria.

—Recurso de apelación al Tribunal Fiscal Administrativo.

—Admisión del recurso de apelación.

—Presentación de argumentos y pruebas ante ese Tribunal.

—Resolución del Tribunal.

—Proceso contencioso de impugnación de los resuelto.

—Recurso de casación.

Las sanciones impuestas pueden ser reducidas en caso de que se acepten los cargos de la Administración Tributaria por lo que la valoración de si se impugna o no debe ser bien analizada

Tampoco es obligatorio para el contribuyente agotar la vía administrativa (salvo si es materia municipal), por lo que puede saltarse la etapa recursiva y acudir al Tribunal.

“Todo este proceso puede durar de 10 hasta 15 años en promedio”, recordó Volio.

¿Cuáles otras recomendaciones deben tener en cuenta los contribuyentes?

—Tenga paciencia. El sistema de apelaciones es tan ineficiente que con independencia de si gane o no el proceso, la inflación y la eliminación del pago de intereses resultará en un pago final efectivo menor.

—Realice una auditoría fiscal preventiva, en la que la empresa someta la información fiscal a juicio de un tercero diferente de Hacienda, con el objetivo de determinar cuáles son los riesgos y minimizarlos antes de que sea notificado por parte de Hacienda un requerimiento formal de información.

—Asesorarse desde el inicio de la comunicación de actuación fiscalizadora notificada. En estos casos es recomendable que la información sea analizada por un asesor objetivo para analizar posibilidades de acción ante los requerimientos de información”, dijo González.

A revisión

La DGT realizará fiscalizaciones a contribuyentes en los siguientes sectores o actividades económicas en el 2021:
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Explotación de minas y canteras.
Industrias manufactureras.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Construcción.
Comercio al por mayor y al por menor.
Transporte y almacenamiento.
Alojamiento y servicio de comida.
Información y comunicaciones.
Intermediación financiera y seguros.
Actividades inmobiliarias.
Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
Enseñanza.
Actividades de la salud humana y asistencia social.
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas.
Otras actividades de servicios.
Nota: La jurisprudencia ha establecido que aún no cumpliendo ninguno de los criterios anteriormente citados, la Administración Tributaria tiene la potestad de fiscalizar cualquier actividad.
Fuente: GCF Consultores.

 

 

FB Live: Beneficiarios Finales

¿Conoce las recientes modificaciones a la declaración que está a punto de iniciar?

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 08 de marzo a las 3:00 p.m. con el tema:

Beneficiarios Finales, a cargo de la Licda. Ana Isabel Borbón.

¡Le esperamos!

Intl’ Proponen impuesto sobre el patrimonio de los ‘ultramillonarios’ en EE.UU.

Fuente: Estrategia y Negocio

La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la representante de Washington Pramila Jayapal y el representante de Pensilvania Brendan Boyle quieren que los ultrarricos paguen por ello.

Los tres demócratas dieron a conocer la Ley de Impuestos Ultramillonarios el lunes por la mañana. Impondría un impuesto anual del 2% sobre el patrimonio neto de los hogares y fideicomisos de entre US$ 50 millones y US$ 1.000 millones, así como una sobretasa anual del 1% sobre los activos por encima de US$ 1.000 millones, para un impuesto del 3% en general para los multimillonarios.

La controvertida propuesta, copatrocinada por el senador de Vermont Bernie Sanders y otros, es similar a la que Warren presentó en 2019 como candidata de las primarias demócratas. Gravar a los ricos sirvió como una forma principal para que Warren y Sanders plantearan financiar sus planes para expandir la cobertura de salud, el cuidado infantil y otras propuestas cuando competían por la candidatura primaria.

«A medida que el Congreso desarrolla planes adicionales para ayudar a nuestra economía, el impuesto sobre el patrimonio debería estar en la parte superior de la lista para ayudar a pagar estos planes debido a las enormes cantidades de ingresos que generaría», dijo Warren en un comunicado. «Este es dinero que debería invertirse en cuidado infantil y educación temprana, K-12 [sistema de escolarización], infraestructura, todos los cuales son prioridades del presidente Biden y los demócratas en el Congreso».

Aproximadamente 100.000 familias estadounidenses estarían sujetas al impuesto, que recaudaría alrededor de US$ 3 billones en una década, según un análisis proporcionado por los legisladores. Fue realizado por los profesores de la Universidad de California en Berkeley Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, quienes son bien conocidos por su trabajo de izquierda sobre la desigualdad de ingresos y riqueza.

La estimación de ingresos es más alta que la que le proporcionaron a Warren durante la campaña en parte porque la cima de la riqueza, particularmente entre los multimillonarios, ha crecido en los últimos dos años y se espera que continúe aumentando, dijeron. Hace dos años, estimaron que recaudaría 2,75 billones de dólares en una década y afectaría a 75.000 hogares.

Aunque el coronavirus provocó una fuerte recesión económica en EE.UU., ha tenido un impacto muy dispar en las familias estadounidenses. Los hogares de mayores ingresos han mantenido en gran medida sus puestos de trabajo a través del teletrabajo, y las ganancias del mercado de valores han aumentado su patrimonio neto. Los que se encuentran en el extremo opuesto de la escala se han visto afectados de manera desproporcionada por los despidos y han tenido más dificultades para encontrar nuevos trabajos durante la llamada recuperación «en forma de K».

Sin embargo, gravar la riqueza podría ser muy difícil. Hay dudas sobre si está permitido por la Constitución de Estados Unidos, y los académicos legales se encuentran en ambos lados del argumento.

Además, los impuestos sobre el patrimonio pueden ser difíciles de administrar, ya que los ricos a menudo tienen activos que son difíciles de valorar.

FMI le fija sus requisitos claros a Costa Rica

Fuente: La República

El Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente dijo sí al empréstito por casi $1.780 millones y al compromiso de ajuste fiscal propuesto por Costa Rica.

Este paso pone al país en el radar del FMI para garantizar que cumpla lo acordado.

Luego del visto bueno el FMI reiteró que hay múltiples aspectos que se deben cumplir, en caso de avanzar en la Asamblea Legislativa.

Por ejemplo, habrá cinco revisiones semestrales del arreglo por parte del Fondo para evaluar el progreso en la implementación del programa y alcanzar entendimientos sobre cualquier medida adicional que pueda ser necesaria para lograr su objetivo.

Hay metas de índole más política basada en la carta de intenciones del gobierno de Carlos Alvarado, denominadas Structural Benchmarks o Hitos Estructurales.

En ellas destaca la aprobación de la ley de Empleo Público, a más tardar a finales de mayo de este año.

La lucha contra la evasión también se incluye, esto porque se debe aprobar un nuevo Plan de Mejora del Cumplimiento Tributario a finales de diciembre de este 2021, con estrategias de cumplimiento respaldadas por más comparación cruzada de información automatizada a gran escala para detectar informes inexactos; así como programas de auditoría renovados centrados en el IVA sobre los servicios y la erosión de las bases de impuestos a través de transacciones transfronterizas.

Otras son referentes a números, separadas en quantitative performance criteria (QPCs), que son condiciones específicas y medibles que se relacionan con variables macroeconómicas bajo el control de las autoridades; así como Indicative targets (ITs) que son menos concretos en indicadores donde hay mayor incertidumbre, y a medida que se reduce la incertidumbre, estos objetivos pueden convertirse en QPCs.

Por ejemplo, un criterio de desempeño sobre nuevos atrasos en los pagos externos por parte de entidades no financieras del sector público y el Banco Central, que debe permanecer en 0.


Hacienda aclara que nueva interpretación sobre diferencial cambiario aplicaría para 2021

Fuente: El Financiero

El Ministerio de Hacienda dio a conocer el 1.° de marzo que los efectos de la nueva interpretación sobre el tratamiento del diferencial cambiario, se producirán “en el periodo fiscal vigente al momento de su emisión”.  Lo que significa que aplicaría a partir del 2021, según Francisco Villalobos, socio director de ICS Asesores.

No obstante, el anuncio parece no ser totalmente claro pues la firma Grant Thornton manifestó mediante un comunicado de prensa que aún hay dudas en torno a este tema.

“Esta información nos deja la duda si el concepto de “emisión” se debe entender como fecha de publicación, pues el criterio en los términos indicados podría interpretarse que su vigencia se mantiene para el periodo fiscal 2020, sin que se cumpla lo indicado en el comunicado de la Dirección General de Tributación oportunamente”, indica la firma de abogados.

El pasado 17 de febrero Carlos Vargas, director general de Tributación, confirmó a EF vía correo electrónico: “en relación con este tema lo que se estará indicando es que el criterio como tal será de aplicación para los periodos posteriores a su publicación, es decir, a partir del periodo fiscal 2021”.

¿En qué consistió la aclaración de Hacienda?

El anuncio se hizo mediante la adenda DGT-CI-03-2021 y hace referencia al criterio institucional DGT-CI-04-2020 publicado el 6 de enero de 2021. Ese día se dio a conocer una nueva interpretación que solo dejaría a los contribuyentes aplicar el diferencial cambiario en el criterio del realizado y no en el principio del devengo, como se ha hecho históricamente.

Esa interpretación abrió el debate y muchos contribuyentes enviaron observaciones hasta la Administración Tributaria. Las dudas fueron evacuadas por esa institución y por eso se emitió la adenda DGT-CI-03-2021.

Ahora bien, el criterio que emitió Hacienda este 1.° de marzo es una aclaración y no hace cambios de fondo sobre la interpretación del pasado 6 de enero.

“En el fondo la administración tributaria sigue considerando que el criterio que aplica para considerar gravable o deducible el ingreso o el gasto por diferencial, es la realización de la ganancia o de la pérdida entre el momento de la realización de la operación y el de la percepción del ingreso o pago del pasivo, y no el que resulte aunque no se haya ingresado o pagado al momento del cierre. La adenda no cambia eso solo dice lo que ya sabíamos, no se “aplica” para el período fiscal 2020″, manifestó el socio director de ICS Asesores.

Los criterios o las interpretaciones que hace Hacienda no son como las leyes que entran en vigencia a partir de una fecha, sino que son vivas y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Esto significa que la Administración Tributaria puede dar una interpretación este año, y emitir otra en el 2022, explicó Villalobos.

“Los criterios institucionales lo que hacen es plasmar en un documento cuál es la interpretación que la Dirección le está dando a una normativa, desde este punto de vista, puede ser un parámetro de referencia, pero no una norma”, agregó el director general de Tributación el pasado 17 de febrero a este medio.

Proyecto pretende aumentar tarifa para remesas al exterior

Fuente: La Nación

El proyecto Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente N° 22.369), pretende incrementar en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por las remesas al exterior.

Varios especialistas en derecho tributario consultados por La Nación advierten que este incremento impactaría la competitividad de las empresas privadas.

La iniciativa golpearía sobre todo a las compañías que no estén bajo el régimen de zona franca, porque encarecería el costo de los servicios prestados desde Costa Rica, aseguró Francisco Villalobos, exdirector de Tributación y Socio Director de ICS Abogados.

“El impacto aquí es bastante significativo porque es un aumento importante que afecta a las que están en régimen tradicional, las que pagan honorarios, comisiones, servicios personales y todo tipo de consultorías. Cuando le pagan a alguien de afuera le tienen que retener el impuesto (...). Los honorarios y comisiones subieron a 25% con la Ley 9.635 (Ley Fortalecimientos de las Finanzas Públicas) y ahora subirían al 30%”, agregó Villalobos.

El texto se encuentra bajo análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y forma parte de los acuerdos para obtener el crédito de Servicio Ampliado por unos $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proyecto tiene como objetivo disminuir en 0,58% del producto interno bruto (PIB) el déficit fiscal para asegurar la estabilidad económica de mediano y largo plazo, informó el Ministerio de Hacienda, en diciembre anterior cuando presentó la iniciativa.
Ejemplos

Uno de los cambios que promueve el plan es que los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que pagan las personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a los bancos extranjeros ―que forman parte de un grupo financiero regulado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)― pasen a desembolsar una tarifa del 20% por concepto de impuesto.

En la actualidad, los contribuyentes desembolsan una tasa del 15%.

El eventual incremento impactaría a las empresas nacionales que tienen deudas con bancos internacionales, pues algunas tienen músculo para solicitar créditos en el mercado internacional y de esta forma aprovechan las tasas de interés que suelen ser más bajas que las del mercado local, manifestó Randall Madriz, socio de Impuestos y Servicios locales de Deloitte.

Otro impacto podría darse cuando las empresas decidan contratar una consultoría internacional. En la actualidad, se paga una tarifa del 25% y en caso de que una compañía costarricense decida contratar un servicio de esta naturaleza en el extranjero por $10.000, retiene $2.500 por concepto de impuesto y solo desembolsa $7.500 como pago al proveedor del servicio.

Con el cambio de tarifa al 30% la compañía nacional pasaría a retener $3.000 y pagar $7.000. Lo que podría generar que al retener más dinero por concepto de impuesto, el proveedor decida elevar el costo del servicio.

El proyecto de ley establece que por honorarios, comisiones, dietas y otros servicios personales que se ejecuten y donde no haya una relación de dependencia se pagará una tasa del 30%.

“Otros países que no tienen este fenómeno sí lo pueden contratar y todo esto va en detrimento y la evolución del sector privado. Pandemia, baja de ventas y además me suben el impuesto que tengo que asumir ¿a qué equivale? A que no lo voy hacer, ese intercambio de inteligencia, de tecnología, de cosas novedosas, lo están atacando porque la empresa pensará dos veces antes de contratar a un consultor”, afirmó Madriz.
Aumento de rentas de capital

El proyecto de ley también pretende que las rentas y ganancias de capital paguen el 15% de impuesto. También aspira a elevar esa tarifa durante los primeros dos años una vez que entre en vigencia la ley.

Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se fijó una tasa del 15% a las ganancias de capital, y se estableció un plazo para que las que tenían tasas menores aumentaran de manera paulatina hasta llegar al 15%. Así consta en el transitorio XXII de dicha legislación.

Ese transitorio establece que los rendimientos generados por títulos valores del Banco Popular y de Desarrollo empiecen a pagar 7%, y que aumenten un punto porcentual cada año hasta llegar al 15%, por citar un ejemplo.

No obstante, el expediente N° 22.369 pretende eliminar el transitorio XXII de la Ley 9.635 para que la tasa al 15% de una vez.

De llegar a convertirse en ley la propuesta también impactaría los excedentes que las cooperativas pagan a sus asociados y que están sujetas a una tarifa del 10%; si la iniciativa prospera la tasa también subiría al 15%.

También pasarían a pagar 15% los excedentes que las asociaciones solidaristas dan a sus asociados. Actualmente el equivalente a un salario base (¢462.200) desembolsa 5%; sobre el exceso de un salario base y hasta dos pagan 7%; y se aplica una tasa del 10% sobre el exceso de dos salarios base.

El proyecto contempla un transitorio para aumentar en 1,5 puntos porcentuales la tarifa del impuesto durante los primeros dos años una vez que entre en vigencia la ley. Lo que significa que los contribuyentes desembolsarían 16,5% durante ese lapso.

En esta coyuntura económica la intención de la Administración Tributaria es recaudar más ingresos frescos, pues existe un transitorio similar en el proyecto Ley de Renta Global Dual (expediente N°. 22.393).

En ese proyecto también se pretende aumentar en 1,5 puntos porcentuales la tarifa de las rentas de capital y ganancias patrimoniales, lo que aumentaría la tarifa a un 16,5% por dos años, y transcurrido ese periodo se aplicaría la tasa del 15%.
Exoneraciones caen en bache

En aras de producir mayores ingresos el proyecto de ley también pretende eliminar algunas exoneraciones. Estos beneficios fiscales ascendieron a 4,73% del PIB en el 2019, según Hacienda.

No obstante, las aspiración del Poder Ejecutivo ya tuvo un bache en la Asamblea Legislativa. El texto base planteaba eliminar dos exoneraciones: las del salario escolar y las de los rendimientos de las operadoras de pensiones.

De momento solo queda vigente eliminar la exoneración del salario escolar de los empleados públicos con un salario superior a los ¢840.000, lo que equivale al 23% del total de funcionarios de acuerdo a estimaciones de la cartera.

Gravar los rendimientos de las operadoras pensiones se eliminó del proyecto de ley. El texto base contemplaba derogar el inciso 1 del artículo 28 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta (que contempla las exoneraciones de las rentas y ganancias de capital de fondos de pensiones), pero esta intención no prosperó en comisión.

Al aplicar impuestos a los rendimientos de las operadoras de pensiones la Administración Tributaria pretendía recaudar 0,17% del PIB.

Durante la sesión del pasado 3 de febrero el diputado oficialista Enrique Sánchez manifestó en la Comisión de Asuntos Jurídicos: “Nada más quería explicar que esta moción, como lo habíamos conversado en la sesión anterior, lo que hace es eliminar todo lo relativo a los fondos de pensiones de este proyecto de ley de exoneraciones o de eliminación de algunas de las exoneraciones”.

Así consta en el acta legislativa de la sesión del pasado 3 de febrero.

Al eliminar este rubro la recaudación inicial estimada por el Gobierno pasaría del 0,58% del PIB a 0,41%.

Estado de cuenta tributario: ¿está al día?


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Todo contribuyente debe conocer su estado de cuenta corriente tributario, un documentos que está a dispocisión y en el cual pueden aparecer deudas prescritas, deudas que ya se pagaron y se reflejan como pendientes y hasta sanciones administrativas. Se pueden consultar a través del TRAVI.

Uno de los grandes problemas del estado de cuenta tributario es que no siempre se encuentre actualizado por lo que podría afectar a un contribuyente de diversas maneras:

1. En una licitación podemos estar de #1 para ganar la licitación pero no nos adjudican hasta que el balance de la cuenta esté en cero! Es decir que no se vean saldos pendientes con el fisco

2. Le van a pagar una contratación pero aparece el estado de cuenta con alguna deuda pendiente.

La licenciada Zaira Mora, experta tributaria, recomienda revisar constantmente los estados de cuenta. Para Mora es importante tener a mano la documentación que acredite que los pagos se realizaron, al tiempo que se revise tanto en la página de Hacienda como en la de conectividad bancaria.

En Actualidad Tributaria podemos ayudarle con procesos de inconsistencia en los estados de cuenta, pues aunque los procesos de apelación son relativamente sencillos, están rodeados de burocracia y se pueden externder por muchos meses.

Directorio del FMI aprueba facilidad de Servicio Ampliado para Costa Rica

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes 1º de marzo la solicitud de Costa Rica de una facilidad de Servicio Ampliado del FMI (SAF). Se trata de un programa de apoyo financiero por tres años, por un monto de aproximadamente US$ 1.778 millones, al tipo de cambio del día, y que respalda las políticas propuestas por las autoridades del país para alcanzar la sostenibilidad fiscal, afianzar la estabilidad monetaria y financiera e impulsar la recuperación económica en el contexto de la crisis causada por la pandemia.

El pasado 22 de enero, Costa Rica y el FMI habían alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico en torno al SAF. La decisión de hoy por parte del Directorio del FMI finaliza el proceso de aprobación en ese organismo. Tras ella, el Gobierno de la República enviará en los próximos días el empréstito a la Asamblea Legislativa.

El convenio con el FMI constituye un respaldo a las políticas fiscales, monetarias y financieras de las autoridades nacionales. Como consecuencia de ello, el acuerdo SAF le permitirá al país obtener mejores condiciones de financiamiento en los mercados locales e internacionales.

En el ámbito fiscal, las medidas propuestas por el Gobierno ya se encuentran plasmadas en proyectos de ley en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y se complementan con un decreto ejecutivo, ya emitido, para la reducción sostenida del gasto público. En conjunto, las medidas buscan alcanzar un superávit primario del 1% para el año 2023, que permitiría iniciar una reducción sostenida de la deuda total en el mediano y largo plazos.

La propuesta, respaldada por otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no involucra incrementos en el costo de ningún servicio básico ni del IVA, sino que enfoca la mayor parte del ajuste en la reducción y eficiencia del gasto público, sin despidos masivos.

En ausencia de las reformas planteadas como parte del convenio SAF, la trayectoria de la deuda pública se tornaría inmanejable, y ello llevaría a mayor incertidumbre, fuertes presiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, una desmejora en las expectativas de los consumidores e inversionistas, y consecuentemente un fuerte impacto negativo sobre el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de todos los costarricenses.
Por ello, este convenio, y las medidas de consolidación fiscal que enmarca, son fundamentales para la recuperación económica en el corto plazo.  Además, el convenio marca la hoja de ruta de medidas estructurales enfocadas a estimular la productividad y el crecimiento potencial de la economía, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de todas y todos los costarricenses, dentro del compromiso firme del Gobierno con la descarbonización y la resiliencia al cambio climático. En ese sentido, el acuerdo de SAF es un complemento importante a la agenda adoptada por Costa Rica como parte del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Rodrigo Cubero, Presidente del BCCR, expresó su satisfacción por la aprobación del convenio SAF por parte del Directorio del FMI. “Se trata de un paso fundamental en el esfuerzo por restablecer la sostenibilidad fiscal y promover un crecimiento económico más fuerte, más equitativo y más sostenible. Como Gobernador por Costa Rica ante el FMI, quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a ese organismo, a su Directorio, a su Gerencia y a su equipo técnico para Costa Rica, liderado por la señora Manuela Goretti, por el apoyo financiero y por el respaldo al programa de políticas macroeconómicas, financieras y estructurales del país que este convenio representa”.

“Esperamos el apoyo de la Asamblea Legislativa para poder llevar adelante la aprobación de este acuerdo y su agenda como un mecanismo para lograr el ajuste fiscal que Costa Rica necesita, el cual será más sostenible en el mediano y largo plazo si contamos con el apoyo financiero, de seguimiento y reputacional que nos brinda el FMI. La propuesta que presentamos a Costa Rica se enfoca en la reducción del gasto público, sin disminuir ni el gasto social ni el gasto de capital por ser indispensables para mantener el tejido social y el desarrollo del país”, señaló el Ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Por su parte, la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, señaló que “el acuerdo con el FMI nos permite acelerar transformaciones estructurales como empleo público e impulsar el crecimiento potencial resiliente e inclusivo de nuestra economía”.


- (Video) Declaraciones de la señora Manuela Goretti, jefa de misión para el FMI:
https://we.tl/t-2DB7iig7Mk

- (Video) Declaraciones del señor Elian Villegas, ministro de Hacienda: https://wetransfer.com/downloads/a35afdab46cabd8aead7156bdbe263c420210301205204/36d2493a3fa8ab7c4aac63b94028229620210301205224/4d4a66


Fuente:  Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda.

*SAF (https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility)

 

Hacienda captó en 2 meses casi la mitad del monto requerido en el mercado local para primer semestre

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda requiere captar en el mercado local un monto de ¢1.800.000 millones, en el primer semestre, para cubrir parte de sus gastos; sin embargo, en los primeros dos meses ya consiguió ¢842.000 millones, un 46% del total.

Además, al 22 de febrero, han podido realizar canjes de deuda (cambiar valores que van a vencer por otros a más largo plazo) por ¢212.090 millones en valor transado.

El Ministerio publica en febrero de cada año su plan de endeudamiento en el mercado local para el primer semestre y, según el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo, hace tiempo no tenían un inicio de año tan beneficioso.

Arroyo explicó que la captación se ha podido hacer sin presionar las tasas de interés, las cuales, por el contrario han bajado.

“Lo observado durante los dos primeros meses del año en nuestros eventos de subastas de valores y canjes de deuda interna, demuestra la confianza que ha depositado la comunidad inversora local en el plan de ajuste fiscal acordado con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, indicó Elian Villegas, ministro de la cartera.

En la presentación del plan de este año participaron, además de Arroyo y Villegas, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, Isaac Castro, viceministro de egresos de Hacienda, Melvin Quirós, subdirector de Crédito Público y Bernardita Redondo, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del BCCR.

Para el 2021, el Gobierno urge recursos por un monto equivalente al 13,5% de la producción interna (PIB), unos ¢5 millones de millones.

Un 8,8% de ese 13,5% del PIB se financiaría dentro del país (unos ¢3,2 millones de millones) y de dicha cifra, en el primer semestre se prevé captar ¢1,8 millones de millones.

El resto, se financiaría con préstamos externos. Entre los más importantes se encuentran uno de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros de $300 millones con el Banco Mundial, ambos en la Asamblea Legislativa, así como los $583 millones que ingresarían este año si se aprueba el acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este es uno de los años en los cuales el Estado necesita más recursos debido al alto déficit previsto (7% del PIB) y a la amortización que hay que hacer de deudas de años anteriores (6,5% del PIB).

El Banco Central, por su parte, anunció que realizará colocaciones por ¢260.000 millones para refinanciar vencimientos.

¿Por qué Hacienda ha podido captar sin presionar las tasas?

Vidal Villalobos, asesor del Grupo Prival y Freedy Quesada, gerente general de INS Valores coinciden en que los avances en la formalización de un acuerdo con el FMI es lo que ha permitido a Hacienda realizar las captaciones y los canjes sin mayores presiones sobre las tasas.

“La expectativa que está pesando mucho es que va a salir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que le quita presión al Gobierno para ir al mercado, pero por otro lado, el Banco Central está inyectando ¢840.000 millones a los intermediarios financieros, lo que también le quita presión a las tasas de interés no solamente de préstamos, sino del financiamiento del Gobierno”, subrayó Villalobos.

“Sin duda lo que le ha permitido a Hacienda captar en dos meses el 46% del total de las necesidades del primer semestre han sido los avances en materia para formalizar un acuerdo con el FMI , esto ha traído confianza al mercado, los inversionistas bajo ese escenario han decidido no solo comprar bonos de Gobierno en colones y dólares, además lo han hecho en buena medida a plazos de mediano y largo de la curva, lo cual favorece en alargar los vencimientos de hacienda”, agregó el gerente.

El experto considera que es muy importante que los temas con el FMI avancen, tanto en el proceso con el fondo y lo que corresponda en las diferentes instancias políticas.

“De no ser así, sin duda las puertas en los diferentes mercados se cierran y las condiciones se pueden revertir. Por lo tanto, hay que ser claro que se sigue manteniendo ese riesgo que podemos denominar político”, concluyó Quesada.

Día clave: FMI analiza hoy ajuste fiscal propuesto por Costa Rica

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Hoy es un día clave para Costa Rica. El acuerdo fiscal propuesto por el país ante un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) será analizado por el directorio ejecutivo de esa entidad y este mismo lunes o a más tardar mañana martes, se sabrá si el convenio sigue adelante su marcha y puede ser finalmente discutido por la Asamblea Legislativa.

Las esperanzas de las autoridades económicas costarricenses es que no haya problema y esta misma semana conozcamos no solo la aprobación del empréstito sino también cuál es diagnóstico real de las finanzas del país desde la óptica de esa organización. Junto con el proyecto de préstamo por $1.750 millones debe venir un análisis por el denominado artículo IV del Fondo, que consiste en toda una radiografía de la situación del país.

Elian Villegas, ministro de Hacienda confía en que la aprobación será un hecho, por lo que el empréstito sería enviado a la Asamblea Legislativa en el transcurso de la segunda semana de marzo, según afirmó al cierre de la semana anterior.

Para ayudar a entender mejor todo el trámite y lo que sigue a partir de ahora, elaboramos esta guía con las principales preguntas y respuestas sobre el tema.

¿Qué es el directorio ejecutivo del FMI y por qué debe analizar el acuerdo?

El Directorio es el responsable de llevar a cabo todas las actividades diarias del Fondo y está compuesto por 24 directores, elegidos por bloques de países miembros. Cada bloque tiene una cantidad o porcentaje de votos asignada de manera que al momento de decidir sobre ciertos temas, como en este caso sobre una ayuda crediticia, todos deben votar para aceptarlo.

Costa Rica está en el mismo bloque junto con Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y España. El total de votos de este bloque alcanza un 4,5% del total. Estados unidos es el más “pesado” en cuanto a votos con un 16% del total.

Si bien a nivel técnico el acuerdo con Costa Rica ya fue aprobado, debe pasar esta etapa que es más política.

¿Qué información surgirá de la decisión del directorio ejecutivo?

Se esperan dos tipos de información. Primero el proyecto de préstamo por los $1.750 millones para Costa Rica y también un análisis sobre los rendimientos del ajuste fiscal propuesto por Costa Rica además de un diagnóstico de cómo se encuentra el país.

Este diagnóstico coincidirá con el análisis que debe hacer el Fondo correspondiente al artículo IV de la organización. Este es un análisis periódico que realiza la organización a sus países miembros y en esta ocasión coincide con la discusión del acuerdo.

¿Qué sigue después de la aprobación?

Según dijo el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero la semana anterior la decisión se tomará este mismo lunes o a más tardar el martes. Casi de inmediato o durante la semana es posible la publicación en el sitio web del FMI de los diagnósticos sobre el país.

¿Cuándo presentará el gobierno el acuerdo ante la Asamblea Legislativa?

De acuerdo con Villegas la presentación del empréstito se hará durante las dos primeras semanas de marzo.

A nivel administrativo, el acuerdo con el FMI ya tiene el aval del Banco Central y se está trabajando con la Autoridad Presupuestaria y la Dirección de Crédito para incluir las cifras en todas los cálculos y cuentas financieras del país apenas se cuente con el aval legislativo.

“Estamos pensando que a más tardar en mayo estén siendo aprobados tanto el acuerdo como los proyectos del Fondo. Esa es nuestra esperanza y ojalá salir lo antes posible de esos proyectos”, dijo Villegas.

¿Qué es lo que el directorio del FMI analiza?

Principalmente analizan la recomendación técnica alcanzada durante las negociaciones así como del diagnóstico que realizan los equipos técnicos asignados al país.

De acuerdo con Hacienda, estos son los rendimientos esperados, con lo cual sería suficiente para alcanzar un superávit primario para 2023 y un nivel de deuda cercano al 50% del PIB para 2035.

¿Qué pasa si se le hacen cambios a los proyectos?

Según Villegas lo trascendental es que cualquier cambio que eventualmente se le realice a los proyectos de ley no afecten su rendimiento. Es decir si se le quita efectividad de algún lado, se le devuelva por otro.

La negociación que tenemos está ajustada al rendimiento. Se pueden hacer cambios pero no podemos afectar los rendimientos porque si afectamos los rendimientos afectamos el tamaño. Es como si estuviéramos haciendo una represa de 20 metros y decidimos hacerla de 18 para dejar dos metros por donde se va a salir el agua… no nos sirve como país”, dijo.

¿Cuándo empezaremos a recibir el dinero?

La aprobación del acuerdo por parte del directorio no garantiza todavía el envío del dinero. Primero debe aprobarse en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con Cubero, el primer desembolso se entraría entre mayo y junio si la Asamblea lo aprueba según lo programado y sería por $583 millones anuales. Este monto se dividirá en dos, pagaderos en partes iguales cada semestre, cuando el FMI realice el seguimiento del cumplimiento de las metas fiscales.

Los desembolsos se seguirían haciendo con esa periodicidad hasta completar los $1.750millones que corresponden al acuerdo.

Gobierno acordó con el FMI fuertes metas de reducción del déficit primario

Fuente: La Nación

El Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuertes metas de reducción del déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos, excluidos los intereses) para el 2021 y el primer semestre del 2022, según los datos que compartió, este jueves 25 de febrero, el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

En un diálogo, organizado por la empresa FCS Análisis & Estrategia, en el cual también participó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, Villegas compartió algunas de las metas acordadas con el organismo internacional para julio, setiembre y diciembre del 2021, y marzo y junio del 2022.

Según los datos que compartió Villegas, para el 2021 el déficit primario (exceso de gastos, excluidos los intereses, sobre los ingresos) debería concluir el año en unos ¢640.000 millones, lo cual sería casi la mitad del déficit primario del 2020, que fue de ¢1.224.622 millones.

La atención se pone sobre el balance primario porque es una de las tres variables que determinan el crecimiento de la deuda pública respecto a la producción. También influye la tasa de interés de la deuda y el crecimiento de la economía.

Este sería el camino que tendría que comenzar a andar Costa Rica para llegar a tener un superávit primario equivalente a 1% del PIB (producto interno bruto) al 2023 con el fin de “doblar la curva” del endeudamiento del Gobierno Central y con ello comenzar a bajar las presiones sobre la economía que eso provoca.

En el 2020, el déficit primario representó 3,9% de la producción, incluidos los órganos desconcentrados y con la nueva medición del PIB.

Para realizar este ajuste, Villegas consideró muy importante la aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público porque ayudaría a controlar el gasto en las remuneraciones y en el caso de las universidades públicas es un autocontrol importante, dijo, que evitaría un crecimiento acelerado del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior), cuya transferencia representa un 10% de la recaudación tributaria.

También contribuirá la aplicación de la regla fiscal porque cuando la deuda pública supera el 60% de la producción no hay aumentos salariales, y el Decreto Ejecutivo 42.798-H para restringir partidas de compras de bienes y servicios, suplencias, sueldos eventuales y salarios especiales de las instituciones del Poder Ejecutivo, entre el 2021 y 2025, así como para establecer un techo a las transferencias corrientes.

Durante el foro, moderado por el economista y directror de FCS Análisis & Estrategia, José Luis Arce, el ministro Villegas comentó que conversaron con el Fondo sobre cuidar el gasto social y el gasto de capital en el proceso de ajuste.

Pese al ajuste esperado para el 2021, el país requerirá una fuerte cantidad de financiamiento, equivalente al 13,5% de la producción.

El Ministro explicó que de ese 13,5% del PIB, ya se ha obtenido financiamiento por 2,81% del PIB, por lo tanto faltaría 10,7% para los restantes 10 meses, cerca de un punto porcentual del PIB por mes.

Cronograma con el FMI

Elian Villegas también compartió en la actividad el cronograma previsto para el acuerdo con el Fondo. Para el 1°. de marzo, según publicó el Fondo en su página web, se llevará al directorio el acuerdo con Costa Rica, y según el Ministro podría ser ese día, o en esos días, que aprueben el acuerdo.

Cubero añadió que el directorio también estaría aprobando la revisión del artículo IV por lo que luego de esa reunión se generarán dos documentos: el acuerdo con el organismo y la revisión económica.

El 24 de febrero, el Banco Central le dio el visto a la facilidad crediticia con el Fondo Monetario, y el Ministerio de Hacienda está trabajando en las autorizaciones administrativas y en los primeros 15 días de marzo se presentaría el documento del proyecto del acuerdo a la Asamblea Legislativa, el cual esperan que esté aprobado en mayo, así como los proyectos relacionados, dijo el Ministro.

Villegas considera que si se excluye el proyecto del Impuesto sobre la Renta Global Dual, los demás son sencillos y pueden ser estudiados con relativa facilidad.

Cuberó detalló que el primer desembolso se daría cuando la Asamblea Legislativa apruebe el acuerdo, lo cual esperan para mayo o principios de junio, y los siguientes desembolsos se harían con base en revisiones semestrales.

Serían desembolsos de $583 millones por año, aproximadamente, y por tres años.

 

 

Dirección General de Tributación amplía plazo para presentar declaración informativa D-151

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación amplió el plazo hasta el próximo 31 de marzo para que los contribuyentes presenten la declaración informativa D-151 “Declaración anual de resumen de clientes, proveedores y gastos específicos 2020”. Así lo estableció mediante la resolución DGT-R-11-2021, emitida este del 25 de febrero.

Carlos Vargas, director general de Tributación explicó que si bien la fecha límite prevista era el 28 de febrero, la Administración Tributaria determinó este nuevo plazo en aras de motivar el cumplimiento voluntario, de manera tal que los responsables cuenten con un mayor espacio para atender esta obligación de la mejor manera posible.

Vargas aclaró que la Dirección General de Tributación (DGT) no comparte los argumentos sobre falta de claridad, externados por terceros, en relación con las reformas introducidas desde el año 2019 para adecuar el período a informar y el plazo de presentación de las declaraciones, al nuevo período fiscal establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635), debido a que la Resolución DGT-R-071-2019 que sustenta estos cambios fue clara en cuanto a las operaciones que debían reportarse en el formulario D-151 a partir de este periodo, y más bien facilita el cumplimiento, al indicar que las operaciones soportadas en comprobantes electrónicos no debían incluirse en la declaración y al eliminar los montos mínimos a informar.

En el 2019 la DGT recibió 324.497 declaraciones, sin embargo, para el periodo 2020 esta cantidad se verá reducida por lo indicado anteriormente, en virtud de las modificaciones introducidas mediante la Resolución DGT-R-071-2019.

Para confeccionar esta declaración el contribuyente debe descargar el programa Declar@7, disponible en la página web www.hacienda.go.cr, apartado “Servicios Tributarios”, sección “Herramientas Electrónicas”; y enviarla mediante Declar@Web, ubicada en la sección “Servicios más utilizados”de esta misma web.

FB Live:  Estados de cuenta tributarios. ¿Está al día?

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el Lunes 01 de marzo a las 3:00 p.m. con el tema:

Estados de cuenta tributarios. ¿Está al día?, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

Intl’22 multinacionales españolas pagan impuesto de sociedades medio del 1,3% de su beneficio global

Fuente: El País

Las multinacionales españolas pagan en impuesto de sociedades un tipo efectivo del 17% de su beneficio a escala global, muy por debajo del tipo nominal vigente en España, que es del 25%. Así lo refleja la segunda edición del Informe País por País (Country by Country Report, en inglés) publicado este jueves por la Agencia Tributaria, elaborado con los datos relativos al ejercicio de 2017 de 112 grandes grupos y sus 14.996 filiales, 9.939 de ellas en el extranjero. De esos grandes grupos, 22 soportaron un tipo efectivo medio de tan solo el 1,3%.

La estadística de la Agencia Tributaria solo tiene en cuenta las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros al año en todo el mundo, pero no permite conocer el nombre de las empresas que han presentado los datos ni saber en qué países se encuentran sus filiales. En total, estas empresas abonaron 15.017 millones en impuesto de sociedades en todo el mundo, ante unos beneficios netos globales de 88.398 millones. Aunque el tipo efectivo abonado en 2017, el 17%, es inferior al nominal en España ―del 25% en general; del 30% para bancos y petroleras―, supone un incremento frente al 12,6% abonado en la edición anterior.


La Agencia Tributaria publicó el año pasado, por primera vez, el Informe País por País, en virtud de los compromisos de transparencia que España ha asumido con la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una suerte de think tank de los países ricos) para atajar las vías de fuga que usan los grandes grupos para eludir impuestos trasladando beneficios a jurisdicciones con menor imposición fiscal. El análisis del año pasado se basó en datos de 134 multinacionales e información correspondiente a sus 16.160 filiales (el 67% de ellas en el exterior), que arrojaron un beneficio de más de 91.000 millones.

Lo que sí mantiene en este último informe es la gran “dispersión” de tipos. En 2017, 22 multinacionales que acapararon más del 25% del beneficio del total solo soportaron un tipo efectivo del 1,3%: pagaron 313 millones en impuesto de sociedades (el 2% del total) frente a unas ganancias de 23.522 millones en el ejercicio. Si se amplía el foco, más de la mitad de los grupos considerados en el análisis, que generó el 50% de los beneficios netos globales, asumió un tipo efectivo inferior al 12,5%.

“Las 57 empresas con los tipos efectivos de tributación más bajos únicamente representaron el 17,6% del impuesto pagado por el conjunto del colectivo, a pesar de concentrar el 50% del beneficio”, resume la nota publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda. En el otro extremo, 23 grupos soportaron una presión superior al tipo nominal, del 31,7%, sobre unos beneficios de 28.949 millones.

Mayor transparencia

El informe se publica justo cuando la UE ha decidido retomar la iniciativa para que las grandes empresas publiquen los datos relativos a beneficios e impuestos que pagan en todos los países en donde operan, ante el enorme boquete que la pandemia está generando en las cuentas públicas. Uno de los grandes problemas para las arcas públicas de los Estados es la ingeniería fiscal que permite, sobre todo a los grandes grupos que explotan el negocio digital, trasladar beneficios a territorios de baja tributación.

La OCDE está negociando un acuerdo para diseñar una tasa Google global ―cuyo trabajo se vio frenado tanto por la crisis sanitaria como por la decisión de la Administración de Donald Trump de abandonar las negociaciones el año pasado―, pero Bruselas ha decidido seguir avanzando internamente para obligar a las empresas a hacer un ejercicio de mayor transparencia. En paralelo, ha anunciado que seguirá trabajando en un impuesto digital comunitario el caso en el que la OCDE no alcance su objetivo.
Datos no comparables

La Agencia Tributaria aclara que la información relativa al Informe País por País no es comparable con las demás estadísticas que publica ni tiene la intención de servir para una investigación fiscal. Señala que la principal diferencia en los distintos tipos abonados por los grupos está en el concepto de beneficio utilizado para elaborar este informe y el que se emplea para las estadísticas sobre las cuentas anuales consolidadas del impuesto de sociedades, ya que en el primer caso se emplea el beneficio neto, descontadas las pérdidas soportadas por todas las filiales de una multinacional en una misma jurisdicción.

Al contrario, en las estadísticas sobre el impuesto de sociedades que publica periódicamente el organismo, se toma en cuenta el beneficio bruto, que no tiene en cuenta las pérdidas. Por ello, señala la Agencia, los tipos impositivos que resultan en el Informe País por País son superiores a los que resultarían de emplear el concepto de beneficio bruto.

El organismo tributario también aclara que el número de empresas considerado en esta edición es inferior respecto al año pasado debido a “depuraciones estadísticas” dirigidas a solucionar “errores de presentación” de las multinacionales para eliminar duplicidades.

Contribuyentes pueden solicitar ajustes en pagos parciales de renta cuando prevén pérdidas

Fuente: La Nación

Los contribuyentes que prevean pérdidas para el periodo fiscal en curso pueden solicitar, al Ministerio de Hacienda, eliminar los pagos parciales del impuesto sobre la renta. Esta es una medida de alivio económico que está contemplada en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7.092).

El pasado miércoles 17 de febrero, el presidente Carlos Alvarado y Gustavo Segura, ministro de Turismo, anunciaron que las empresas turísticas que experimenten números rojos pueden solicitar el beneficio, pues esta fue una de las industrias más afectadas por la crisis sanitaria.

Para el 2020, el producto interno bruto (PIB) decreció 4,5%, y de esa cifra, el 40,7% correspondió a hoteles y restaurantes, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Aunque en principio el anuncio del Poder Ejecutivo se enfocó para el sector turístico, la legislación permite que cualquier obligado tributario con afectación económica pueda hacer esta solicitud. Así lo confirmó Carlos Vargas, director general de Tributación.

El artículo 22 abre dos caminos, el primero es que permite hacer un rebajo o ajuste de los pagos parciales en caso de que el contribuyente haya generado ingresos adicionales en el periodo anterior (por ejemplo, con la venta de un activo), lo que podría producir que los pagos parciales sean más altos en el siguiente periodo.

Esto se debe a que el pago parcial se calcula sobre el impuesto pagado en los últimos tres periodos o el desembolsado en el último periodo, el que sea mayor. Una vez que se obtiene la cifra se calcula el 75%, se divide entre cuatro y el contribuyente paga tres anticipos, explicó Vargas.

Los pagos parciales son adelantos a cuenta del impuesto sobre la renta.

El segundo camino que abre la norma es eliminar los pagos, en este caso el contribuyente puede solicitar que se suspenda uno, dos o los tres pagos parciales del impuesto, que deben realizarse en junio, setiembre y diciembre del 2021.

Requisitos

La resolución DGT-R-07-2018 define las reglas del procedimiento; indica que los contribuyentes podrían experimentar hechos adversos durante el periodo impositivo en curso, lo que podría afectar de manera negativa los resultados finales.

La directriz da al Ministerio de Hacienda la facultad para rectificar las cuotas cuando el contribuyente demuestre la afectación.

El contribuyente debe presentar la solicitud por escrito antes de que venza cada desembolso. Silvia Castro, socia de impuestos de Moore, recomienda hacerlo con dos meses de anticipación para que Tributación brinde una respuesta y el contribuyente esté seguro si le aceptaron o no la petición.

La cartera cuenta con un formulario en su página web llamado “Solicitud de disminución o eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre la renta”.

En ese documento se solicita el nombre del obligado tributario, el número de identificación, el periodo fiscal y la solicitud que hace el contribuyente (ya sea la eliminación del pago parcial por prever pérdidas del periodo actual o la disminución del pago parcial). El formulario cuenta con un espacio para que el interesado detalle las circunstancias que le podrían afectar y le impidan cumplir con la obligación.

En ese espacio el contribuyente debe presentar la evidencia. “Puede presentar el estado financiero proyectado de que va a tener pérdidas y de que tuvo pérdidas en el periodo anterior”, dijo Vargas.

El formulario debe ir con la firma del obligado tributario o el representante legal.

Para solicitar el beneficio es importante que los contribuyentes estén al día con sus obligaciones tributarias, ya que de lo contrario no podrán obtener el alivio económico. Así lo aseguró la socia de impuestos de Moore.

Según Castro existen casos de empresas que experimentaron pérdidas y por no estar al día con el pago de los impuestos, no obtuvieron una respuesta positiva de parte de la Administración Tributaria.

Si el obligado pide la suspensión del pago solo debe presentar la liquidación del impuesto en marzo del próximo año. Es decir, la liquidación del impuesto deberá hacerla en marzo del 2022, en este caso podría ser que el contribuyente deba pagar el tributo (si no experimenta pérdidas), pero si tiene afectación no debe cancelar el impuesto.

En este último caso el obligado tributario no tiene derecho a devolución, situación que sí podría pasar en caso de que haya desembolsado los pagos parciales y se genere un saldo a favor.

El Ministerio de Hacienda no tiene proyectado cuántos contribuyentes podrían acogerse a este beneficio, pues la liquidación del impuesto sobre la renta que vence en marzo próximo podría darles indicios de cuántas empresas quedaron en números rojos en el periodo fiscal anterior y que puedan solicitar el alivio económico.

 

 

Intl’ UE toma la iniciativa para lograr más transparencia en impuestos que pagan las multinacionales

Fuente: El País

Europa se ha decidido a evitar una destrucción masiva de empresas y empleos por la pandemia, aunque el precio sea un elevado endeudamiento. Y ante las crecientes necesidades de financiación, la mayoría de los socios de la UE quiere cerrar el boquete fiscal que las grandes multinacionales, en especial las tecnológicas, dejan en sus haciendas. Los Veintisiete resucitarán este jueves el proyecto de directiva que obliga a las empresas a publicar los beneficios y los impuestos que pagan país por país y su actividad en jurisdicciones consideradas opacas. Según fuentes diplomáticas, el texto, que fue bloqueado por 12 países en 2019, cuenta ya con los apoyos suficientes para salir adelante.

La Unión Europea busca fórmulas para poner coto a la creatividad fiscal de los gestores de las grandes corporaciones. Bruselas espera que los nuevos vientos de cooperación con Washington permitan desatascar una reforma a escala global del impuesto de Sociedades, que se está negociando en el marco de la OCDE y que supondrá una reubicación tributaria de 100.000 millones de dólares (82.000 millones de euros). Hasta que se alcance ese acuerdo, la UE quiere ir metiendo presión a las multinacionales para que paguen impuestos allí donde hacen negocio.

La Comisión Europea lanzó en 2006 una propuesta de directiva para que las grandes corporaciones tengan que realizar un striptease fiscal. De acuerdo con ese texto, las corporaciones que operen en el mercado único que facturen más de 750 millones de euros anuales deberán publicar los beneficios que obtienen y los impuestos de Sociedades que abonan país por país. Esa información, hasta ahora solo en manos del fisco de cada Estado, deberá ser pública en un ejercicio de transparencia que busca poner en evidencia dónde tributan esas compañías. Además, las multinacionales deberán detallar también sus actividades en países que estén en la lista negra de paraísos fiscales de la UE.

Los ministros de Industria de los Veintisiete volverán el jueves a examinar esa carpeta en el Consejo de Competitividad, que tendrá lugar a través de videoconferencia. Y en esta ocasión, hay una mayoría de países para sacarla adelante. La propuesta —que desde el principio ha sido respaldada con firmeza por España, Italia y Francia— ya fue examinada y votada a finales de 2019, cuando se topó con la negativa de 12 países, en especial Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Malta o Suecia.

Esos países argumentaron que la base legal de la propuesta era errónea, puesto que no era un asunto sobre industria, sino sobre fiscalidad. La diferencia entre una cosa u otra es abismal: la medida requiere de la improbable unanimidad de los Veintisiete para ser aprobada en el consejo de ministros de Finanzas (Ecofin), mientras que en el foro que reúne a los ministros de Industria necesita una mayoría cualificada —un 55% de los países miembros que representen el 65% de la población—. A a la presidencia de turno de la UE, que este semestre recae en Portugal, le salen ya los números, según fuentes diplomáticas. “Todavía hay algunos países que se resisten, pero otros que tenían dudas van a respaldar la propuesta al ver que ya hay una mayoría”, sostienen estas fuentes.

Cambios en el texto

“Durante el consejo de Competitividad, los ministros deberán evaluar la propuesta pactada, que integra cambios en el texto original”, afirman otras fuentes diplomáticas consultadas, que celebran el intento de sacar adelante el texto “después de cinco años de negociaciones en el consejo y un punto muerto de más de un año”. Los principales cambios están en la introducción del texto legal, donde se pone énfasis en varias ocasiones en que el propósito de ese ejercicio es el de aportar “transparencia” y “responsabilidad” para calmar los ánimos entre los socios más beneficiados por las piruetas fiscales de las grandes corporaciones.

Las mismas fuentes explicaron que la discusión de los ministros debe servir para remachar un trabajo que se viene haciendo desde hace semanas a nivel técnico. Sin embargo, los titulares de Industria no votarán todavía la propuesta el jueves, al tratarse de un consejo por videoconferencia. En caso de que la presidencia de la UE concluya que el acuerdo es posible, el expediente se remitirá a la próxima reunión de embajadores de cada país para que puedan formalizar su apoyo. Fuentes diplomáticas sostuvieron que esa cuestión no se pondrá en la agenda de los representantes hasta que termine el debate entre ministros. Una vez aprobado, el texto deberá ser negociado con el Parlamento Europeo.

¿Qué tan dramática fue la caída en recaudación de impuestos comparada con la región?

Fuente: La República

Los ingresos de los países se han visto sumamente afectados por la pandemia del Covid-19, y Costa Rica no fue la excepción, pero ¿cómo se compara con el resto de la región?

Si bien en el 2020 se presentaron decrecimientos dignos de prestar atención, estos no fueron tan dramáticos como en otras naciones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020 publicado este mes, presenta de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta, acumulado entre enero y septiembre del 2020, dando la posibilidad de realizar la comparación.

En cuanto al IVA, Costa Rica presentaba un decrecimiento interanual de -6,5%, no tan grave como algunos que presentaron caída de doble dígito, ya que, de 20 naciones estudiadas, hubo 14 con variaciones todavía peores que nuestro país.

El caso más grave fue el de Honduras, con una variación de -23,2%.

Por su parte, en renta el panorama fue peor para nuestro país, con una variación de -9,7%, no tan positivo como otros países, ya que algunos incluso tuvieron crecimiento. De 20 naciones estudiadas, nueve tuvieron variaciones peores que nuestro país, demostrando que Costa Rica estuvo justo a la mitad de los más perjudicados en ingresos por renta.


Fuente: Cepal

En general, la paralización de la actividad económica y la fuerte caída del consumo privado han repercutido en la recaudación tributaria, consideran desde la Cepal.

También, debe analizarse el hecho de que la recaudación tributaria también se ha visto afectada por las medidas de alivio fiscal que los países han aplicado para apoyar a las familias y las empresas. Los ingresos que no se han percibido como consecuencia de estas medidas son sustanciales: en algunos países equivalen a más del 1,0% del PIB, analiza ese ente.

Por ejemplo, en Costa Rica se tomó en su momento la decisión de establecer la moratoria en el pago del IVA, los pagos parciales del impuesto a las utilidades, el impuesto selectivo de consumo y de los impuestos para nacionalizar mercadería, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, generando en gran parte la caída en ingresos tributarios más dura en diez años.

Inversiones en el Popular, mutuales, cooperativas y solidaristas pagarían 15% de renta

Fuente: La Nación

Quienes tienen ahorros en el Banco Popular, mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas, afrontarían de nuevo cambio en el impuesto de la renta sobre los rendimientos, si se aprueba el proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas de Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente número 22.369).

La iniciativa forma parte de los planes incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las finanzas públicas y controlar el crecimiento de la deuda pública. Es analizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estos rendimientos tenían tributos diferentes, pero con esa nueva legislación se les definió una tarifa de 15% a casi todos; no obstante, a algunos se les daba plazo para llegar a ese porcentaje.

Por ejemplo, en el caso de los rendimientos de títulos emitidos por el Banco Popular, antes del 1.° de julio del 2019 no estaban gravados con el impuesto sobre la renta, después de esa fecha pasaron a tener un 7% e iba subir un punto cada año hasta llegar al 15%; no obstante, con la nueva propuesta aumentaría al 15% de una vez.

Otro caso es el de los excedentes de las asociaciones solidaristas, a los cuales se les aplica una tabla para calcular el tributo. De esta forma, pagan un 5% del tributo hasta ¢462.200, 7% sobre ¢462.200 hasta ¢924.400 y 10% sobre el exceso de ¢924.400.

No obstante, con el proyecto, sí se aprueba, pasarían a tributar un 15% sobre el monto total.


Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que el plan adelanta el proceso de convergencia tarifaria que había definido la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El proyecto contiene un artículo transitorio que establece que el tributo aumentaría a 16,5% por dos años.

La propuesta contiene, además, un incremento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas provenientes del exterior y elimina la no sujeción al tributo que tiene actualmente el salario escolar.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, estas acciones generarían al fisco montos equivalente al 0,12%, 0,35% y 0,34% del producto interno bruto en los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

Entidades objetan, Hacienda responde

Tanto solidaristas, como cooperativistas y el Banco Popular, señalaron objeciones a la propuesta, especialmente porque no fue acuerdo en la mesa de diálogo multisectorial convocada por el Gobierno.

“No lo compartimos, principalmente porque fue rechazado en la mesa de diálogo multisectorial y dijimos que eso se traería abajo el esquema progresivo que se aprobó con Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, indicó Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista.

“No aceptamos que el Poder Ejecutivo presente reformas fiscales no analizadas en los procesos de diálogo nacional, tanto en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como en el proceso de diálogo del mismo Poder Ejecutivo”, dijo la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en un comunicado el 16 de enero y Adrián Rodríguez, gerente de la agrupación confirmó el 16 de febrero que la posición se mantiene.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, respondió que en las mesas de diálogo se aprobaron temas en los que había consenso y ahora el Gobierno pone sobre la mesa las opciones que considera necesarias para alcanzar el monto requerido para el ajuste fiscal que el país necesita.

“Las mesas de diálogo tuvieron como una de sus reglas que se iba a avanzar en la búsqueda de soluciones de consenso, y que las soluciones de consenso son las que iban a ser apoyadas, fue clarísimo en las mesas de diálogo desde el día uno, dicho por el señor presidente (de la República, Carlos Alvarado) y aceptado por la mesa de diálogo que aquello en lo hiciera falta para alcanzar la meta requerida para efectos del ajuste fiscal, el presidente de la República, el Gobierno de la República tenía la responsabilidad política de presentar las medidas necesarias”, expresó. Villegas.

Cambios de criterio de Hacienda en directrices tributarias levantan críticas del CCPA

Fuente: La Nación

Los recientes cambios o derogaciones que ha venido implementando el Ministerio de Hacienda en materia de impuestos, confunden a los contribuyentes y crean un clima de incertidumbre jurídica para los inversionistas y demás actores económicos.

Así lo aseguró, este lunes 22 de febrero, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, organización que manifestó su preocupación por dichas modificaciones, e indicó que no es momento de realizar cambios ya que la mayoría de contribuyentes realizan sus declaraciones o, en algunos casos, ya las presentaron.

De acuerdo con el Colegio, algunas directrices se apartan de lo que establece la ley o se hacen con poco margen de tiempo ―al filo del cierre anual―, situación que le impide a los obligados ajustar los sistemas y los parámetros que requiere la contabilidad para cumplir con los cambios requeridos por la Administración Tributaria.

Para el 2020, se comenzó a migrar hacia un año fiscal natural, así que por primera vez, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de marzo.

Desde inicios de año, el Ministerio de Hacienda comunicó cambios en el tratamiento de las ganancias por diferencial cambiario y la Declaración Anual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos D-151.

Además, los contribuyentes han experimentado errores en el formulario D-101 donde se liquida el Impuesto a las Utilidades, e inconvenientes para el pago de los impuestos a las personas jurídicas, afirmó el gremio.

“Esto no son buenos mensajes para los inversionistas y los contribuyentes que hacen su esfuerzo para cumplir con sus obligaciones tributarias, dichas inconsistencias pueden dejar en un estado de indefensión (al contribuyente) frente a una fiscalización”, destacó Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, mediante un comunicado de prensa.

Las constantes directrices donde se hacen cambios o derogaciones no favorecen el cumplimiento tributario, incrementa los costos del procesamiento de información y dificulta la labor del Ministerio de Hacienda al elevar el número de consultas y por la posibilidad de elevar esos cambios a los tribunales, según Smith.
Los cambios

En las últimas semanas la Administración Tributaria emitió varias directrices donde anunció cambios o derogaciones en las obligaciones tributarias.

El pasado 6 de enero Hacienda emitió el Criterio Institucional (DGT-CI-04-2020) sobre el tratamiento fiscal de las ganancias y pérdidas por diferencial cambiario. Posteriormente, el 11 de febrero de 2021, anunció en su página web que se encuentra en proceso de emitir una aclaración sobre el tema.

La nueva interpretación de Hacienda cambiaría las reglas del juego a la hora de deducir el diferencial cambiario como un gasto pues solo dejaría a los contribuyentes aplicar el criterio del realizado y no del devengo, como se ha hecho históricamente. El cambio de criterio produjo confusión entre los contribuyentes.

“¿Si en la aclaración Hacienda determina que no aplica para el periodo 2020, qué deben hacer los que ya lo hicieron, o los que están tratando de completar su proceso de autoliquidación de la declaración, al no saber si esa será la resolución?, cuestionó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.

El pasado 17 de febrero Carlos Vargas, director general de Tributación, confirmó a El Financiero que la nueva interpretación de Hacienda aplicará para el periodo fiscal 2021.

“En el caso del diferencial cambiario nosotros no hemos dejado sin efecto el criterio, lo que dijimos es que por un tema de seguridad jurídica simplemente estamos indicando que el criterio rige a partir del momento en que se publicó, rige para el periodo 2021”, manifestó, este lunes 22 de febrero, Vargas.

Para él, este criterio le da seguridad jurídica a los contribuyentes pues la interpretación aplica para el periodo fiscal que se publicó.

Para el 2020, los obligados pueden aplicar el proceso de autoliquidación normal que está regulado en la ley, dijo el funcionario. Ante la consulta de si para marzo de 2020 el contribuyente debe hacer el proceso tradicional, indicó: “lo liquidan conforme a su interpretación de la ley”.

Otro caso es la Declaración Anual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos (D-151), que también ha experimentado dos modificaciones con las resoluciones N° DGT-R-071-2019, publicada el 9 de diciembre del 2020, y la DGT-R- 09-2021, del pasado 3 de febrero de 2021.

Dichos cambios no dejan espacio para consultas en los sectores que no están sujetos a renta o que están exentos y ven cambios en sus obligaciones, pues no hay certeza de su amplitud, de acuerdo al comunicado de prensa.

En cuanto a este punto, Vargas manifestó que no se cambiaron las reglas.

“Si usted ve la resolución del 2019 es clarísima que se elimina el monto cuantitativo, ese monto se eliminó desde 2019, tiene más de un año de estar vigente, no estamos cambiando las reglas en este mes. Desde el 2018 venimos en proceso de consolidación de los comprobantes electrónicos, la resolución de 2019 responde a eso, a que la Administración tiene bastante información, por no decir casi toda, de la que se estaba pidiendo en el 151”.

La resolución del 2019 dice que los contribuyentes deben informar al Ministerio de Hacienda todos los clientes, proveedores y gastos específicos de los que no tenga comprobante o respaldo. Esta es una medida que facilita el cumplimiento a los grandes contribuyentes, según Vargas, pues en el pasado se dio el caso de un gran contribuyente que presentó la declaración y tenía seis millones de registros pequeños.

Una de las críticas del colegio profesional es que los cambios que se emiten al filo del cierre anual y de las declaraciones ordinarias, pone a correr a los contribuyentes que deben implementar revisiones y depuraciones manuales o en los archivos de Excel, pues la mayoría no tienen un sistema contable completo ni personal para hacer las revisiones en el tiempo que se requiere.

Cambios de fechas

Parte de las críticas del Colegio se enfocan en los trámites tributarios. Por ejemplo, mencionaron los cambios de fechas y mecanismos para las sociedades inactivas, las cuales tenían que presentar la declaración en la D-101, pero ahora deberán hacerlo en un formulario simplificado y se les amplió el plazo para la presentación.

Sobre este tema, Vargas indicó que se trabaja en una declaración sencilla donde se incluirían las casillas de activos, pasivos y capital.

Colegio indicó que en abril vence el plazo para suministrar la declaración anual de accionistas con otra serie de requerimientos que algunos contribuyentes no tienen claros por el momento.

Para Smith, la Administración Tributaria debe producir confianza y estabilidad a fin de que los contribuyentes puedan elaborar sus declaraciones de mejor manera y presentar a tiempo sus obligaciones. Lo que permitiría crear un clima de seguridad jurídica para el inversionista.

Además, considera que es necesario contar con una defensoría tributaria pues los criterios se emiten en un lenguaje muy técnico, no existen guías para despejar inquietudes de los obligados y la población carece de una adecuada formación tributaria.

 

 

 

Pago de Internet a los trabajadores podría sumarse al salario para calcular renta global

Fuente: La Nación

Si una empresa paga periódicamente y en forma fija el Internet a un trabajador para que realice teletrabajo entonces el empleado debería sumar ese monto como parte de su salario para hacer la declaración de impuestos, siempre que la suma de todo lo que se considera salario supere los ¢683.333 al mes.

Así sucedería si se aprobara el proyecto de Ley de Impuesto de Renta Global Dual, que envió el Gobierno a la Asamblea Legislativa, el pasado 5 de febrero, como parte de las iniciativas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En su artículo 15 este plan define lo que se considera “renta bruta del trabajo por cuenta ajena y otras rentas del trabajo”. Por cuenta ajena se refiere a los asalariados.

Los montos que se consideren parte del salario van a ser importantes porque los trabajadores que reciban un salario total por encima de ¢683.333 al mes tendrían que presentar declaración de impuesto sobre la renta y realizar el pago correspondiente, según la tabla de tarifas que define el proyecto. Restaría del monto a pagar lo que el patrono le retuvo de este impuesto.

“Si yo pago Internet en mi casa y le paso la factura para que mi patrono me lo pague me van a decir que es salario porque me lo pagan todos los meses”, explicó Germán Morales, socio director de Grant Thornton.

Según este artículo también se consideran parte del salario los viáticos y las asignaciones para gastos de viaje si son sumas fijas periódicas. Si son viáticos de transporte y alimentación para que el trabajador realice una actividad particular y están dentro de los límites y condiciones que define la Dirección General de Tributación entonces no se consideran parte del salario, según indica el texto.

Por ejemplo, explicó Morales, cuando la empresa le pague al trabajador un viático de ¢25.000 fijo, eso es un salario y por lo tanto se suma para efectos del pago de este impuesto, cuando el trabajador va a una gira y paga el hotel, y la empresa se lo resarce y la factura la pide a nombre de la empresa ese viático no es salario.

“Entre las retribuciones en especie, se considerarán, entre otras, el pago del alquiler de vivienda o la concesión del uso gratuito o a precio especial de la vivienda, siempre que no se trate de vivienda facilitada por las necesidades de desplazamiento especial del personal”, indica el proyecto.

“Pensemos en una empresa en el campo que tiene asalariados y que les da una casa para que ellos vivan y sean los jornaleros y ellos trabajen, estamos hablando que ese tipo de vivienda no es salario en especie porque se convierte en una herramienta o un instrumento más que se la da al empleado para que vaya a trabajar a zonas alejadas”, ejemplificó Morales.

Este artículo también se incluyen los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del Régimen Obligatorio de Pensiones, el Fondo de Capitalización Laboral y los beneficiarios de los planes de pensiones voluntarios, según lo dispone la Ley de Protección al Trabajador.

En el artículo 7 del proyecto se indica que este impuesto se cobra sobre las rentas por jubilación o pensión, en el artículo 8 se exoneran los beneficios de estos tres planes, sin embargo, en el artículo 15 se ponen como uno de los rubros que se deben considerar en el salario, lo cual genera dudas sobre si tributan o no.

Al respecto se consultó al director general de Tributación, Carlos Vargas, quién indicó: “es un tema de forma pero se mantiene exento conforme el artículo 8 y no se incluyen en la base. El tema es que usted no exonera lo que no está sujeto entonces lo menciona pero al mismo tiempo lo exonera”.

También se deben sumar al salario las rentas derivadas de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, con excepciones, las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración y demás miembros de otros órganos representativos y las retribuciones percibidas por quienes laboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por las organizaciones no gubernamentales o por otras entidades sin ánimo de lucro, salvo las cantidades para gastos que se determinen reglamentariamente.

 

Nuevo texto de renta global amplió de 4 a 6 años la exoneración para distribución de dividendos

Fuente: La Nación

El nuevo texto del proyecto Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual, que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el 5 de febrero pasado, introdujo dos cambios relevantes en materia de distribución de utilidades por medio de los dividendos respecto a la primera versión (22 de enero).

El primer cambio fue que amplió de cuatro a seis años el periodo en el cual las utilidades no distribuidas a los socios o participes de personas jurídicas estarían exoneradas del impuesto sobre la renta. Al sétimo año, Tributación presumiría que dichas utilidades fueron distribuidas y entonces cobraría el impuesto.

El segundo cambio fue que se eliminó un párrafo que establecía que esta presunción y obligación de pago de impuestos no operaría cuando dentro del plazo previsto las utilidades no distribuidas se utilicen en la inversión en activos de la empresa.

Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que a pesar de la eliminación de ese párrafo siempre se puede justificar la inversión y no se aplicaría la presunción.

“Si hay inversión en activos no hay distribución de dividendos y se puede constatar la inversión”, dijo el director.

“Aunque no lo diga no puede presumirse distribución en este caso, pues hay un activo que justifica la reducción de la utilidad no distribuida”, añadió el jerarca.

Entonces, ¿por qué se quitó el párrafo? “Esa frase podía o no existir, sin problema alguno”, añadió Vargas.

Con la actual Ley del impuesto sobre la Renta, las empresas tienen la posibilidad de no efectuar la distribución de dividendos sin que ello implique una obligación tributaria.

El dato más reciente de recaudación tributaria por distribución de dividendos es del 2018. Ese año, el fisco recibió ¢31.748 millones de las retenciones efectuadas por las sociedades al realizar el pago de excedentes.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, explicó que estas presunciones se realizan por un tema de difícil control.

“Cuando uno hace una presunción de este tipo es porque las administraciones tributarias reconocen que hay un elemento que le es difícil de controlar”, dijo Piedra.


No obstante, añadió que no está de acuerdo y que debería de aplicarse al esquema de sociedades y no al esquema de la persona física, pues es esta persona la que tendría que sumar la utilidad no distribuida a su renta global.

Para Adrián Torrealba, exdirector de Tributación y socio de Facio & Cañas, esta presunción tiene dos problemas: primero, es poco frecuente que las utilidades se queden sin distribuir por más de seis años y segundo, no se define si es una presunción relativa, esto es, que admita prueba en contrario (por ejemplo, que se realizó una inversión) o absoluta.

Germán Morales, socio de impuestos de Grant Thornton Costa Rica, añadió que con este impuesto sobre los dividendos más el 30% del impuesto a la utilidad el tributo efectivo queda muy alto.

“Con esto el impuesto de renta va a quedar 30% sobre la utilidad neta, más el 15% de lo que reparta dividendos se vuelve una tasa efectiva de 40,5%, esa tasa a nivel mundial es sumamente alta”, dijo Morales.

Este proyecto fue recibido en la comisión de Asuntos Hacendarios, el 12 de febrero pasado.

 

FB Live: Declaración de Renta

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el lunes 22 de febrero a las 3:00 p.m. con el tema:

Declaración de Renta, a cargo de nuestro especialista, el Lic. Mauricio Berrocal.

¡Le esperamos!

“Impuestos a nadie le gustan, por eso debe usarse el poder del Estado para cobrarlos”:Elián Villegas

Fuente: La República

Las reacciones adversas a la propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) son más notorias en las semanas recientes, siendo enfocadas primordialmente en el apartado de ingresos, como la renta global.

Ese proyecto tuvo que sufrir modificaciones en su texto ante señalamientos de que, por ejemplo, se convertía en renta mundial; sin embargo, eso no hace que las críticas cesen, puesto que la base imponible pasaría de de ¢842 mil a ¢683 mil.

Sobre esto, Elián Villegas, ministro de Hacienda, admitió a CRHoy.com el lunes anterior que cuando de tributos se trata, no habrá una satisfacción de quienes deban pagarlos.

“Sé que los impuestos a nadie le gustan, es materia odiosa, pero precisamente por eso hay que utilizar el poder tributario del Estado para cobrarlos, sino lo que haríamos es pedir una contribución solidaria, pero eso no ocurre así en la realidad”, dijo Villegas.

Defiende de que se trata de un impuesto progresivo, es decir, pagará más el que más tiene, e incluso, cabe recordar que calcularon en su momento que el 70% de asalariados no estaría sujeto a dicho impuesto.

Las dudas en torno a las medidas de ingresos son consistentes, puesto que ejemplos son muchos.

El mismo ministro en días previos demostró molestia ante las quejas de las entidades públicas de pagar un 30% sobre sus utilidades, que él asegurara que la ley de empleo público debe incluir a las universidades desató molestia de estas que defienden su autonomía, el elevar al 15% la tasa sobre las rentas de capital tiene reacción adversa de cooperativas e incrementar el impuesto a las remesas no cayó bien en empresarios, por mencionar algunos casos.

“Si usted se concentra en cualquier medida, le va a encontrar situaciones que puede explotar negativamente, pero es la realidad de los impuestos”, agregó Villegas.

Tres consejos para enfrentar un proceso de fiscalización

Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Los procesos de fiscalización, es decir, análisis específicos que decide hacer la autoridad fiscal a ciertos contribuyentes con el fin de encontrar irregularidades en sus declaraciones de impuestos, no se detuvieron durante la pandemia, pero sí parecen seguir tomando por sorpresa a los contribuyentes.

“Recordemos que los procesos de fiscalización pueden afectar a todos los contribuyentes, pero pueden darse en cualquier momento y hay que prepararse para afrontarlos con una asesoría adecuada. De lo contrario, el costo de una multa puede ser hasta 150 veces el impuesto que se haya dejado de pagar según la autoridad, más los intereses y mora de forma retroactiva”, declaró Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Para Volio no se trata de esconder papeles o evadir a la autoridad, se trata de una buena defensa ante posibles errores cometidos a la hora de realizar una declaración, algo que es más común de lo que se piensa.

“Nadie está excento de cometer un error en una declaración, especialmente con tanto cambio reciente en nuestra legislación, por lo que una buena defensa ayudaría a evitar un cobre excesivo y/o una multa injusta”, especificó Volio.

Para el experto son tres los consejos básicos para enfrentar un proceso de fiscalización, todos importantes y que realmente ayudarán al contribuyente:

1. Orden: Si el contribuyente (sea empresa o independiente) acostumbra a llevar un orden en el soporte documental y electrónico de sus declaraciones, el proceso de fiscalización será más fácil.
2. No entrar en pánico: el que nada debe nada teme, por lo que una fiscalización debe ser entendida como un proceso ordinario a la condición de contribuyente y a todos nos sucederá en algún momento. Ocultar, maniobrar registros o esconder documentación sólo provocaría dudas innecesarias y posibles multas.
3. Llamar a su asesor fiscal: los errores que se cometen durante el periodo de fiscalización son, generalmente, muy caros para el contribuyente, por lo que una adecuada asesoría fiscal le permitirá atender la fiscalización de manera correcta y preprarar una adecuada defensa.

“La Administración Tributaria cada vez cuenta con mejores recursos tecnológicos y controles cruzados para realizar estas fiscalizaciones. Tampoco se han detenido por la pandemia, así que hay que ir un paso delante de ellos y prepararse bien, nadie quiere ser acusado de evasión fiscal”, sentenció Volio.


Hay que recordar que hay dos tipos de fiscalizaciones:
- Control extensivo: sólo se realiza con información suministrada por otros de mi situación tributaria.
- Control intensivo: es una revisión a profundidad de lo declarado aportando los comprobantes y registros.
-
El criterio de elección de uno u otro tipo responde a propósitos y objetivos de la Administración Tributaria en su Política de Control Tributario.


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

Acuerdo con el FMI sin blindaje ante las críticas

Fuente: La República

El trámite del empréstito por $1.750 millones que le solicitó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) pasa momentos convulsos.

Justo cuando los proyectos elaborados por el equipo económico del presidente Carlos Alvarado, producto del acuerdo con el FMI, son discutidos por los diputados, crece la presión por parte de sectores para realizarles ajustes de fondo.

La aprobación de esa agenda es fundamental para ganarse la confianza del organismo internacional para que preste el dinero con el que el gobierno pretende reestructurar la deuda.

Uno de los más críticos es Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda y actor importante del primer préstamo por $508 millones aprobado por el FMI el año pasado por medio de un Instrumento de Rápido Financiamiento.

El exministro cuestionó si se trata de un verdadero ajuste o si son solo “curitas” que no cumplen con la reestructuración que necesita el país, en un conversatorio celebrado recientemente en el Colegio de Periodistas.

“Seamos honestos y transparentes, es una realización de que ya no se pudo hacer nada que valga la pena, y si eso quieren los costarricenses, vamos a hacerlo. Si lo que queremos es reconocer que ya no se pudo hacer nada, vamos a decirlo, este programa pospone sacar la bala de la herida”, dijo Chaves.

Errores en la recolección de impuestos, exceso de tributos y la falta de esfuerzos para mejorar el manejo del gasto, son falencias que, a su criterio, presenta el acuerdo.

Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo también han sido señaladas por el sector productivo, cuyos representantes presentaron algunas sugerencias de mejorar a los textos en discusión.

Incluso, algunos sectores han sugerido que se detenga la discusión de los proyectos que tienen que ver con el FMI por un mes para alcanzar un acuerdo.

En esa línea se han manifestado la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria.

“Este tiempo que se está solicitando serviría para analizar los proyectos que tienen más impacto en la población, como son empleo público, renta global, fondo de avales y el proyecto que quiere gravar los excedentes de las cooperativas, asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo. Esto facilitaría el diálogo y permitiría que de regreso estas iniciativas cuenten con mayor viabilidad política”, externó Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de Cámara.

En respuesta a las inquietudes de los sectores, el gobierno convocó a una sesión con actores sociales y productivos para atender sus dudas sobre el acuerdo técnico.

La postura del gobierno se mantiene en que las medidas de ajuste presentadas, son lo que se requiere en el país y son respaldadas por el propio FMI.

“Muchas de estas medidas vienen siendo discutidas con anterioridad, y son avaladas por el FMI porque ellos estiman que esas son suficientes para dar sostenibilidad. El acuerdo es una condición sumamente necesaria, así lo han entendido la mayoría de economistas de Costa Rica, nosotros y el FMI”, mencionó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

¿Qué sigue? Por una parte, que los diputados den trámite y avancen con los proyectos con sentido de urgencia, pero, también que del Ejecutivo se aseguren que los proyectos de ley que envíen a consideración de la Asamblea Legislativa, producto del diálogo multisectorial, cumplan en todos los extremos lo acordado, destacó Mónica Segnini, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad.

Usuarios de servicios aduaneros tendrán acceso a plataforma digital de comercio centroamericano

Fuente: Ministerio de Hacienda

Facilitar a los usuarios los trámites aduaneros y el acceso a la información requerida para ello, así como estimular el comercio intra y extra regional y el intercambio de información entre las aduanas centroamericanas, son algunos de los beneficios que conlleva la donación de cuatro equipos de comunicación que realizó la Secretaría de Integración Económica Centroamérica (SIECA) al Servicio Nacional de Aduanas.

Esta donación permitirá mejorar la interoperabilidad entre el Sistema de Información Aduanero TICA y la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCC), lo que facilitará el proceso de integración centroamericana, así como las gestiones de importadores, exportadores, transportistas y operadores logísticos del país y del resto de la región.

La PDCC es un catálogo de servicios y procesos relacionados con las operaciones de comercio regional, que permite a los usuarios interactuar desde la misma plataforma e interoperar con los sistemas informáticos y las plataformas de las aduanas de los países del área.

“Esta donación permite al Servicio Nacional de Aduanas fomentar la competitividad y diversificación productiva, viene a contribuir con los esfuerzos que estamos realizando como parte de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad, pues contribuye a la integración económica de la región y maximiza los beneficios de la implementación del Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica,  para la modernización tecnológica de los procesos y procedimientos en la región”, expuso Gerardo Bolaños, director general de Aduanas.

Estos equipos tienen un valor de USD$56.400, su donación forma parte de un convenio suscrito entre SIECA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el inicio de operaciones está previsto para finales de este año.

Grandes contribuyentes aportaron al fisco 3,9% menos en diciembre

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La recaudación de los grandes contribuyentes nacionales (GCN) cayó en diciembre del 2020 un ¢3,9% con respecto al mismo del 2019.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que la recaudación en esa fuente, en el último mes del año pasado, fue de ¢217.741 millones, mientras que en el mismo periodo del 2019 esta llegó a ¢226.592 millones, para una reducción en números absolutos de ¢8.851 millones.

El impuesto sobre la renta fue el que presentó la caída más estrepitosa, de un 12,4% con respecto a diciembre del 2019, al pasar de ¢136.342 millones en aquel periodo a ¢119.439 millones en el 2020, es decir, ¢16.904 millones menos. Este tributo fue de un 54,9% de la recaudación total de los GCN.

El impuesto sobre las ventas, que representó un 31,4% en el aporte de ese sector al fisco aumentó en diciembre del año pasado en ¢9.769 millones, esto quiere decir un 16,7% con respecto al 2019, al pasar de ¢58.452 millones a ¢68.221 millones.

El peso del impuesto único sobre los combustibles fue de un 10,7% en la recaudación y se redujo en ¢1.997 millones al compararlo con diciembre del 2019. Porcentualmente la merma en este caso fue de un 7,9%.

Otros impuestos representaron un 3,2% de la recaudación. Entre estos destacan el selectivo de consumo y el gravamen sobre las bebidas alcohólicas.

El primero se redujo en 9,9% al pasar de ¢901 millones a ¢811 millones mientras que el del licor creció en un 26%, ¢636 millones con respecto a diciembre del 2019. En términos absolutos pasó de ¢2.446 millones en ese periodo a ¢3.082 millones.

Con respecto a la bebidas no alcohólicas, la recaudación se redujo en un 8,6%, ¢279 millones menos, al caer ¢3.236 millones en el 2019 a ¢2.957 millones en el 2020.

Sector privado muy golpeado

Por tipo de contribuyente, la recaudación se vino a pique en casi todos los sectores, reportó el estudio fiscal de Hacienda.

Las sociedades anónimas, el principal grupo pagador de impuestos dentro del GCN redujo su aporte en un pésimo año para las finanzas públicas y privadas, debido al COVID-19, en ¢246.405 millones, un -17,7%.

Mientras esos contribuyentes pagaron al fisco ¢1.395.115 millones en diciembre del 2019, el año pasado a esa misma altura tributaron ¢1.148.710 millones.

Las instituciones autónomas presentaron un comportamiento distinto. En este sector aumentó la recaudación de impuestos en ¢41.067 millones, un 9,9% más en términos interanuales.

Las sociedades de responsabilidad limitada tributaron un 3,4% menos y las cooperativas un 14,8% menos.

En este último caso el aporte fue de ¢3.113 millones menos que en diciembre del 2019. La recaudación en las cooperativas se redujo de ¢21.074 millones a ¢17.962 millones de un año a otro.

Reducción en casi todas las actividades

Al ver la recaudación en los GCN por actividad económica, Hacienda reportó un incremento en las actividades financieras y de seguros, que pasaron de aportar ¢79.608 millones en el 2019 a ¢87.669 millones en el 2020.

También creció el aporte de la administración pública, que pasó de ¢9.234 millones a ¢10.930 millones.

 

Por el contrario, actividades como la industria manufacturera (¢49.657 millones); el comercio al por mayor y al por menor (¢24.372 millones) y la electricidad, gas vapor y A/C (¢15.931 millones) redujeron sus aportes con respecto a diciembre del 2019.

La recaudación acumulada en 12 meses en los GCN se vino a pique durante el 2020; en diciembre la variación porcentual interanual fue de un -14,9%. según el Departamento de Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda, con base en información aportada por los contribuyentes en el formulario D-110.

 

Renta global premiará a independientes a expensas de castigo a asalariados

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El proyecto de renta global planteado por el gobierno pretende aumentar la base impositiva para incluir a un grupo de asalariados de clase media que hasta ahora han estado exonerados, pero mientras por un lado significará castigar a este grupo de la población, al mismo tiempo plantea premiar a un importante segmento de trabajadores independientes con el pretexto de atraerlos a la formalidad.

La ley vigente establece una diferenciación de las tarifas de renta que deben pagar asalariados e independientes, cada uno con tramos distintos. Además en el caso de los independientes toma en cuenta las utilidades o ingresos netos (es decir, el monto neto de sus ingresos después de restarle los gastos en que incurre) mientras que para los asalariados se toma en cuenta su ingreso bruto, bajo la lógica que los gastos relacionados a la actividad corren por cuenta de la empresa para la que trabaja.

La nueva propuesta de renta global los unifica en la misma escala de tramos, manteniendo la diferencia de cálculo entre ingresos brutos y netos para cada tipo de trabajador y con la exoneración en ambos casos para los ingresos menores a ₡8,2 millones anuales. No obstante, a la hora de aplicar los cálculos, esto genera un beneficio automático para los independientes y un perjuicio para los asalariados.

Para asalariados, renta global implicará que las personas que ganan entre ₡683 mi y ₡840 mil mensuales tengan que comenzar a pagar impuestos que actualmente no pagan; es decir, la base exonerada se reduce. Para independientes la base exonerada más bien se eleva.

Veamos un caso: un técnico medio que realiza reparaciones de aparatos eléctricos a domicilio y que actualmente percibe, netos, unos ₡500 mil mensuales, esto restándole todos los gastos por combustible, electricidad y teléfono, entre otros.

Al año esta persona obtiene un ingreso neto de ₡5,5 millones, significa que está en el primer tramo y por eso le corresponde pagar el 10% sobre el excedente de los ₡3,7 millones anuales. su renta son unos ₡175 mil al año.

La propuesta de renta global del gobierno establece una exoneración a partir de los ₡8,2 millones anuales, por lo tanto, este mismo trabajador, quedaría dentro de los segmentos exonerados.

Elian Villegas, ministro de Hacienda señaló este lunes que el esquema está hecho porque se pretende incentivar la llegada de trabajadores independientes y por cuenta propia actualmente en la informalidad al sector formal.

Según dijo la meta es atraer a a unos 150 mil trabajadores de cuenta propia.

“Un reclamo importante de los trabajadores independientes es la parte exenta de por qué los asalariados tienen un exento tan alto y nosotros tan bajo, y el otro es el de las cuotas. Aquí estamos arreglando uno y esperamos después poder arreglar el otro. No es posible llevar a los independientes hasta los ₡10 millones porque en términos de Hacienda sería más caro como un todo, sería insostenible y lo que hay que hacer es bajar un poquito a los asalariados… ni siquiera se están juntando en el camino”, explicó Villegas en relación a la base exenta para cada grupo.

Datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC) revelan que en el país existen 502 mil personas ocupadas en condición de independientes. La gran mayoría está en los rangos más bajos de ingresos.

INEC calcula los datos sobre los ingresos corrientes brutos de las personas, no sobre la utilidad neta o ganancia que es lo que se aplica para el cálculo de la renta, lo que implica que la cifra real de ganancias debería ser menor en cada caso.

Aún así, los datos sirven para dar una idea de la composición de esta población de acuerdo a sus ingresos.

Fabio Salas, socio de Impuestos de Deloitte explicó que al asalariado no se le permiten las mismas deducciones que al independiente porque no le corresponden los mismos gastos.

“El asalariado no corre con los gastos, es la empresa, entonces por eso no se le aplica. El médico paga recepcionista, insumos, etc, por cuenta propia. El riesgo del negocio está sobre sus hombros como profesional liberal . Cuando ese mismo profesional tiene un ingreso por salario esos gastos los paga el patrono, por eso es que no hay un desequilibrio en este caso”, dijo Salas.

Estos son algunos de los gastos deducibles a los cuales seguirán teniendo los trabajadores independientes:

Los cálculos anteriores están expresados sobre la hipótesis de un asalariado con un ingreso fijo único. Se debe recordar que la renta global pretende apilar todos los ingresos de las personas, por lo cual pueden darse caso de asalariados con un ingreso propio adicional.

Salas puso como ejemplo un médico que trabaja en el Seguro Social y que en su tiempo libre tiene su propio consultorio. En este caso de la misma forma debe sumar todas las rentas y restarle las deducciones correspondientes por la labor propia para calcular el pago de la renta.

También se puede dar el caso de un independiente con ingresos de distintos tipos (una asesoría más un alquiler de un inmueble por ejemplo).

En todos los casos, la recomendación es un estricto orden en las contabilidades.

“Es necesario el orden para no tener conflictos con Hacienda. Para calcular esa utilidad para el impuesto es importante que sean gastos vinculados con su actividad lucrativa, y tener el respaldo de la factura electrónica. Si hay un gasto que no esté vinculado no puede aplicarlo”, advirtió Salas.

 

 

Empresas y bancos advierten: Impuesto a remesas atenta contra reactivación y el crédito

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Si bien los focos de la atención política y económica han estado iluminando especialmente los alcances del proyecto de renta global dual y de Empleo Público, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa otra iniciativa que tasará algunas rentas de empresas instaladas en el país, principalmente relacionadas con servicios que se contraten a extranjeros.

El proyecto que forma parte del paquete negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el que pretende elevar y unificar las tarifas sobre las remesas al exterior, el cual según el sector empresarial y bancario costarricense atenta contra la reactivación económica y limitará el acceso al crédito que en estos momentos requieren muchas compañías.

El problema inicial está en la diferenciación que existe entre las compañías de zonas francas y las locales, el cual más bien se agudiza con la iniciativa. Mientras a las empresas de zonas francas ya se les aseguró que no se les tocaría ningún tipo de renta o beneficio, a las demás se les incrementará sus costos por aquellos servicios que deban contratar con extranjeros.

Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados y exdirector de Tributación Directa explicó que si por ejemplo una empresa local debe contratar una asesoría de una persona no domiciliada en el país debe retener una parte del pago para trasladarla a Hacienda. Esta retención ahora será mayor, encareciendo el costo de operación.

¿Qué incluye el proyecto?

De acuerdo con la propuesta, se pretende “eliminar” exoneraciones hasta ahora existentes para unificar el cobro del impuesto en lo que corresponde.

Así, se aumenta el impuesto en varios tipos de rentas y servicios que reciben personas y empresas que no están domiciliadas en el país por actividades que sí se desarrollan dentro del territorio nacional. Incluye desde servicios de transporte hasta el pago de honorarios, dietas, uso de películas, producciones, intereses por comisiones y pagos bancarios, entre otros.

Paralelamente, el texto propone incrementar por un periodo de solo dos años, las rentas y ganancias de capital, para que sean de un 1,65% y no de un 15%.

Según la justificación del gobierno expresada en el proyecto, este último incremento se establece “considerando que el perfil de los beneficiarios de esta exoneración vigente son los inversionistas y no los emisores o quienes captan recursos del mercado financiero y que, el hecho de que las inversiones en rentas del capital suponen la existencia de una renta disponible o capital excedente por parte de quien invierte, se hace necesario que las tarifas por pagar por conceptos de ingresos generados de esta fuente se equilibren o ajusten”.

Estos nuevos costos son vistos con cautela por los sectores afectados. En la Cámara de Industrias, por ejemplo, señalaron tener reservas sobre la homologación de todas las tarifas que pesan sobre las rentas de capital a un 15% y señalaron que “nos oponemos al aumento temporal de 1,5 puntos porcentuales en dicha tarifa, que la llevaría a un 16.5%”.

Pedro Morales, asesor en Política Industrial y Pyme de la Cámara de Industrias de Costa Rica señaló:

No sólo es un trato desigual e injusto con inversionistas que han creído en el país, sino que tal aumento es un desincentivo a la inversión en el régimen definitivo y por tanto una afectación al crecimiento económico y a la creación de empleo. El establecimiento de este tipo de diferencias en el trato impositivo a socios residentes y no residentes resultaría además contrario a los contenidos de tratados internacionales, en particular contrario al principio de trato justo y equitativo. Por lo anterior, desde la Cámara de Industrias nos oponemos a este aumento de impuestos a las remesas al exterior y particularmente al aumento en el impuesto a las remesas por dividendos.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que agrupa a bancos públicos y privados del país, expresó su preocupación sobre el acceso al crédito que puede generar el proyecto.

El texto a como se encuentra implicará también sobrecostos en algunas transacciones, especialmente aquellas relacionadas con el acceso al crédito extranjero. Así lo manifestó María Isabel Cortés, directora de la organización:

El aumento que se  propone de 5 puntos porcentuales a las remesas al exterior tiene efectos para las familias, las empresas, los bancos y el país porque encarecería el  fondeo que los bancos obtienen en el exterior, aumenta el costo  del crédito y limita la disponibilidad de recursos.  En momentos en que el país necesita reactivar la economía y las familias y  empresas requieren crédito resulta un error encarecer las líneas de crédito externas; no hace sentido que un proyecto de ley que forma parte de una solución al problema fiscal profundice las dificultades que enfrenta el país para reactivar la economía. En el caso de los seguros y reaseguros el incremento de los 5 puntos se traduce en un aumento del casi 100% de la tarifa encareciendo sustancialmente los seguros para vivienda, automóviles y leasing.

El proyecto se encuentra actualmente en análisis por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y está en proceso de consulta.

Forma parte del paquete planteado ante el FMI y en su texto también se incluye la eliminación a la exoneración de renta que goza el salario escolar.

 

Hacienda alerta riesgos de exonerar a extranjeros

Fuente: Diario Extra

Un criterio técnico del Ministerio de Hacienda, firmado por Alejandra Hernández Sánchez, viceministra de Ingresos, alerta los riesgos que el país podría tener a nivel local e internacional en materia de normativa fiscal de aprobarse el expediente 22.215, propuesta que impulsa el liberacionista Carlos Ricardo Benavides para establecer un régimen especial de exoneración de impuestos a trabajadores extranjeros que deseen venir a Costa Rica.

El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Turismo, que preside el verdiblanco, y se le presentaría un texto sustitutivo este lunes.

En síntesis, lo que busca la propuesta es permitir a trabajadores extranjeros que ofrecen servicios digitales en forma remota instalarse en el país a cambio de una serie de exoneraciones tributarias.
Por ejemplo, no pagarían el impuesto de renta, ni de remesas, ni tampoco a la importación de equipos necesarios para su trabajo.

Hacienda calcula que anualmente cada persona que se acoja a este beneficio dejaría de pagar aproximadamente ¢2.231.350,00 correspondientes al impuesto sobre las utilidades de personas físicas con actividad lucrativa, calculado sobre un ingreso mínimo $3.000 por mes o su equivalente ¢1.860.000, para unos ingresos anuales de ¢22,32 millones, a los cuales se deduce un porcentaje de gastos para obtener la renta neta.

A esto se sumaría que no tendrían que pagar el impuesto sobre las remesas al exterior.

Sobre la exoneración a los equipos tecnológicos, Hacienda dice que sería complejo calcular el impacto de la medida.

NUEVO TEXTO

Consultado sobre el tema, el liberacionista Benavides indicó que las observaciones de Hacienda ya se modifican en un nuevo texto del proyecto que en principio se acogería hoy.
El verdiblanco dijo que se limitarían los incentivos únicamente al beneficiario directo y no a su grupo familiar. Además, la extensión del beneficio migratorio queda sujeto a la permanencia por un plazo mínimo de días y se quitaría la exoneración de impuesto a las remesas.

Sobre la exoneración al impuesto a las importaciones, adujo que sólo se aplicaría al equipo básico de cómputo y comunicaciones, sujeto a criterio de Hacienda, “lo cual ya de todos modos cualquier turista puede ingresar”, mencionó.

“Lo que permanecerá en el texto y es columna vertebral del proyecto es la exoneración de renta. Lógicamente alguien que teletrabaja desde Costa Rica en sus vacaciones como turista normal o como turista de larga estancia (como el nómada digital) recibe el pago por sus servicios en su país de origen y allá paga renta. No vamos a ponerlo a pagar renta también aquí porque sería doble tributación y nadie vendría al país si le hacemos eso. Sería absurdo”, agregó Benavides.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Hacienda también alerta el riesgo que podría contraer el país a nivel internacional de aprobar la iniciativa.

Señala: “La aprobación de un régimen fiscal preferencial como el que se promueve en este proyecto podría dar lugar al incumplimiento de uno de los estándares mínimos establecidos en la Acción 5 denominada ‘Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia’ del Plan de Acción para Prevenir la Erosión de la Base Imponible y el traslado de beneficios conocido por sus siglas como ‘BEPS’, estándar que es evaluado de manera periódica por parte del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en adelante OCDE”.

Según Hacienda, bajo los criterios de la OCDE, la propuesta entraría en una categoría como “potencialmente pernicioso”.

“La existencia de un régimen catalogado como potencialmente pernicioso conlleva la probabilidad de ser incluidos en las ‘listas de jurisdicciones no cooperantes’ que crean las jurisdicciones de conformidad con su legislación interna cuando en dichas disposiciones se considere la calificación del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE para tal definición”, alerta la jerarca de Hacienda.

Tributación advierte además que crear este régimen especial establece un sistema de desigualdad, ya que, mientras los trabajadores nacionales de este tipo de servicios deben hacer frente a las obligaciones tributarias, los extranjeros gozan de beneficios fiscales, aspecto que fomenta la competencia desleal y contradice los lineamientos que en esta materia regula la OCDE, de la cual nuestro país es miembro.

“Como reflexión de fondo, se tiene que el proyecto establece una serie de incentivos fiscales como la exoneración del impuesto sobre la renta y de derechos arancelarios de importación, aunado al hecho que se generan costos tanto de la Dirección General de Migración y Extranjería como del Ministerio de Hacienda, al tener que disponer recursos materiales y humanos sin ninguna fuente de financiación alguna, por lo que se estima meritorio hacer la advertencia en ese sentido para que de igual manera se tenga en cuenta la posible afectación de aspectos propios de Política Tributaria del Estado”, agregó el criterio técnico.

CRITERIO ENGAVETADO

José María Villalta, del Frente Amplio (FA), denunció que el criterio de Hacienda nunca llegó al Congreso y las respuestas que se obtuvieron de la viceministra fue gracias a consultas que él hizo.
“Lo tenían engavetado, el Gobierno nunca lo mandó a la Asamblea Legislativa, nosotros revisamos el expediente y a pesar que se está creando un régimen especial de exoneraciones en plena crisis fiscal, nos llamó la atención que no había un criterio de Hacienda”, indicó Villalta.
El frenteamplista agregó que el ministro de Hacienda, Elián Villegas, no quiso enviar el criterio según él para que el diputado Benavides no se enoje con ellos.
“Creemos que como el criterio es negativo, lo que hicieron fue darle la orden a los técnicos de Hacienda de engavetarlo y esa es la falta de seriedad que uno cuestiona, cómo es, para unas cosas hay una crisis fiscal, pero para otras no importa y como es de interés del diputado Benavides, desde hace tiempo el Gobierno hace lo que le ordena el ala neoliberal del PLN, que es la fija la política económica. Ellos le tienen miedo a Carlos Ricardo, entonces el ministro de Hacienda dijo mejor engavetemos esto para que no se enoje con nosotros”, afirmó Villalta.

CRITERIO DE HACIENDA SOBRE LA PROPUESTA

- “Continuar con la implementación de un régimen fiscal preferencial como el que se promueve en el proyecto de ley 22.215 podría implicar un gran costo (no cuantificable a la fecha) para la Administración Tributaria, al tener que hacer frente no solo a la evaluación por parte del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE, evaluación ante Unión Europea y el inicio de diferentes procesos si los estados que tomen como referencia los resultados de la evaluación que al respecto desarrolla la OCDE llegan a catalogar a Costa Rica como jurisdicción no cooperante, sino que muy probablemente una vez analizado el régimen en el ámbito internacional, el resultado sería la modificación o su eliminación”.

LO DIJO

Carlos Ricardo Benavides
PLN
Estamos hablando de gente que no vive aquí, que no está aquí. Queremos que venga y gaste en Costa Rica. Seguirá pagando impuesto sobre la renta en su país, pues allá recibe su salario. Pero va a gastar aquí pagando todos los impuestos costarricenses (empezando con el 13% de IVA en todo), pero especialmente dejando ganancias a los ticos por la compra de bienes y servicios en nuestro país (hoteles o alquiler de casas, alquiler de vehículo, consumo en restaurantes y supermercados, ingreso a parques nacionales, tiendas, servicios profesionales desde un dentista hasta un salón de belleza), como cualquier turista que venga al país.

Lista actualizada de proveedores e intermediarios de servicios digitales transfronterizos

Fuente: Ministerio de Hacienda

La siguiente es la lista actualizada de proveedores e intermediarios cuyas transacciones se les debe practicar la percepción del impuesto mediante tarjetas de débito y crédito y otros medios de pago, por no encontrarse inscritos como contribuyentes del IVA. 

APPLE +

APPLE MUSIC

DROPBOX

FACEBOOK

FACEBK

GOOGLE

HBO

ITUNES

LINKEDIN

MICROSOFT

NETFLIX

NINTENDO

NORTON

PLAYSTATION

RIOTGAMES

SKYPE

SPOTIFY

STEAMGAMES

DISNEY +

APLAUDIR.COM

UBER

DIDI

EXPEDIA

BOOKING

DESPEGAR

Hacienda realiza exitoso canje de títulos de deuda interna por más de ¢213 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que, como resultado del primer canje (mecanismo de mercado) de títulos de deuda interna de este año, logró la exitosa captación de ¢213.187 millones.  Este monto se distribuye en ¢79.815 millones y US$ 216 millones a dólares.

En el canje de títulos en colones, convocado para lunes 8 y martes 9 de febrero, se encontraban Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones, Título de Propiedad Tasa Real Ajustable Soberano en Colones, el Título de Propiedad Tasa Básica y el Título de Propiedad Tasa Fija en Unidades de Desarrollo, todos con vencimiento en 2021 y 2022.

Con el objetivo de alargar el perfil de vencimiento de la deuda del país, los valores de estas emisiones fueron intercambiados por títulos que vencen en 2024, 2026 y 2028, los cuales fueron asignados a 11 distintos puestos de bolsa.

La colocación de títulos según su año de vencimiento fue la siguiente: 

El miércoles 10 y el jueves 11 de febrero se realizó el canje de títulos de deuda interna en dólares con vencimiento en 2021 y 2022, por Títulos de Propiedad Tasa Fija en Dólares que vencen en 2025, 2027 y 2030.

Los montos, colocados en13 distintos puestos de bolsa, se distribuyen según se detalla a continuación:

La liquidación de títulos en colones a favor del Ministerio de Hacienda se realizó en forma neta el miércoles 10 de febrero, mientras que la de los títulos en dólares se hizo el jueves 11 de febrero.

Además de mejorar el perfil de vencimiento de la deuda, este canje permitió introducir títulos valores con tasas faciales menores a las de los títulos que salen, y aún más importante, en los precios de la transacción el mercado ha exigido un menor rendimiento que el indicado en el cupón facial.

“Esta primera operación permite mejorar el perfil de vencimiento de la deuda pública costarricense, pues un 50% de lo canjeado en colones y 75% de lo canjeado en dólares, corresponde a títulos cuyo vencimiento se encuentran en el 2021, lo cual disminuye los vencimientos programados para este año y reduce la presión de flujo de caja del gobierno. Asimismo, señala la confianza que ha depositado el mercado financiero en la propuesta de ajuste fiscal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas costarricenses”, afirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

FB Live: Procesos de fiscalización

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el lunes 15 de febrero a las 3:00 p.m. con el tema:

Procesos de fiscalización, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.

¡Le esperamos!

Intl’ Gobierno de Panamá descarta aumento de impuestos tradicionales

Fuente: El País

El director general de Ingresos en Panamá, Publio De Gracia, descartó hoy una modificación en el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms).

En declaraciones a la prensa, el máximo representante de la Dirección Nacional de Ingresos precisó que el siete por ciento del Itbms no sufrirá cambios, pero el país tiene la obligación de que las empresas tecnológicas, las cuales mantuvieron sus ingresos en medio de la pandemia, contribuyan a la economía nacional.

Precisó que la mayoría de los países buscan la manera de establecer este tipo de gravamen en el contexto del auge de la economía digital, la cual incluye plataformas como Facebook, Google, Spotify, Airbnb y Netflix, donde los usuarios pagan con tarjetas de crédito los productos, servicios e impuestos, pero esto no se refleja en Panamá.

Aseguró que las compras en Amazon y Alibaba aumentaron durante la pandemia en la nación istmeña; sin embargo, al usar la tarjeta de crédito los consumidores pagan tributos a esas empresas, que no retribuyen al fisco nacional.

El funcionario reveló que iniciaron conversaciones con algunas de estas compañías a través de la Asociación Latinoamérica de Internet, en las cuales ellas manifestaron el interés de poseer seguridad jurídica en los países donde operan, a partir de las normas establecidas en cada lugar.

También expresaron su deseo de cumplir con las obligaciones tributarias de manera justa y segura, acotó De Gracia, quien recordó que todas las compras que se realizan a través de una plataforma tecnológica tienen la obligación, por encima de un valor determinado, de pagar los aranceles por importación.

Lo que buscamos con esta iniciativa es lograr una competencia justa entre esas empresas virtuales y las que están físicamente en un centro comercial, además, que todas las personas con beneficios y ganancias gracias al comercio electrónico, paguen sus impuestos como lo hace la economía tradicional, dijo.

Al respecto, apuntó que actualmente está en debate en una subcomisión de la Asamblea Nacional (parlamento) el mecanismo para el cobro de ese gravamen, para lo cual es necesario que tales compañías se registren de manera voluntaria y cumplan con sus obligaciones tributarias.

Señaló que el 21 por ciento de los países de la región trabajan hoy de manera unilateral en el modelo de la economía digital, previo al debate en el Foro Global, y entre ellos mencionó a Chile, Uruguay, México y Costa Rica.

Banco Nacional pide al gobierno eliminar cargas fiscales a cambio de utilidades

Fuente: CR Hoy

Banco Nacional se manifestó en contra del proyecto de ley planteado por el gobierno para utilizar parte de la utilidades de varias instituciones y en su lugar propuso que se le eliminen algunas cargas fiscales a cambio de poder tomar parte de las ganancias de la entidad bancaria.

La propuesta fue confirmada por el gerente general del Nacional Bernardo Alfaro, al señalar que en la actualidad la entidad ya otorga en contribuciones alrededor del 60% de sus utilidades tanto en cargas fiscales como a la seguridad social. La idea sería que se mantengan las cargas sociales y se eliminen solo las fiscales.

De aplicarse lo establecido en la propuesta del Gobierno, las contribuciones ascenderían a cerca del 82% de las utilidades, según la Alfaro.

“En ese escenario, el Banco Nacional contribuiría (adicional al impuesto de renta) con el Gobierno Central en el período 2021- 2024, con ₡19.044 millones, que son recursos nuevos que hoy no le están ingresando, mientras que con la contribución adicional planteada el aporte en ese período sería de ₡8.344 millones, es decir, ₡10.710 millones menos. Si se adopta la propuesta fiscal del banco, le ingresaría al Gobierno más del doble de lo que recibiría con esta contribución que ha planteado”, dijo Alfaro.

La entidad calculó que si se aplica la propuesta del Gobierno tal y como se encuentra, eso implicaría un perjuicio directo sobre el crédito. Al reducir las utilidades jurídicamente las entidades bancarias se ven limitadas a colocar dinero, pues deben mantener cierto nivel de liquidez.

La entidad estimó que la contribución adicional significará dejar de dar en crédito en el período 2022-2025, la suma de ₡73.881 millones.

Esto implicaría dejar de otorgar unos 15 mil créditos a pequeñas empresas, o 2.500 préstamos de vivienda.

Según el Banco cada punto porcentual menos de crecimiento en el crédito se asocia, luego de un año, con hasta 0,34 puntos porcentuales menos de crecimiento del PIB.

Además de los bancos, la propuesta del gobierno incluye tomar recursos de otras entidades como Japdeva, el ICE, el AyA, Recope, el INS, Correos y Editorial Costa Rica, entre otros.

 

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Impuesto a premios de lotería abre más dudas entre diputados

Fuente: CR Hoy

El impuesto a los premios de lotería que impulsa el Gobierno -como parte del ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- despierta más dudas entre diputados de oposición.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.354- ya fue asignada a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y de inmediato fue enviada a consulta a varias instituciones públicas, confirmó la congresista Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese órgano legislativo.

Nicolás mencionó que la comisión pidió criterios sobre el proyecto a los ministerios de Hacienda, Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Contraloría General de la República (CGR), Junta de Protección Social (JPS) y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Reconoció que a pesar de ello, en el camino se podrían presentar nuevas mociones para ampliar las consultas.

El Poder Ejecutivo pretende gravar con un impuesto del 25% a los premios de lotería mayores a los ¢225 mil.

El objetivo es recaudar ¢41.800 millones anuales que equivaldrían a 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Grosería”

Nicolás reconoció que no tiene un criterio favorable sobre el proyecto de ley que surgió de la Mesa de Diálogo Multisectorial que el Gobierno convocó a finales del año pasado.

“Me parece que ponerle impuestos a los premios de lotería a partir de los ¢225 mil es una grosería. Ni siquiera se está planteando para los premios grandes, sino que pretenden poner impuestos desde los premios pequeños”, dijo.

Sostuvo que una de las dudas que tiene es que no cree que la iniciativa “marque la aguja” para resolver el severo deterioro de las finanzas públicas.

“Sigo creyendo que este gobierno busca medidas que no necesariamente tienen justicia social, que no necesariamente tienen una consideración de ponerle impuestos a los que están más arriba o los que más ganan, sino que repite el mismo patrón que lo ha venido arrastrando en diferentes iniciativas que ha presentado: apretarle el bolsillo a cuantías bajas, ingresos bajos, clase baja y clase media”, agregó.

A pesar de sus declaraciones, el jefe de la bancada verdiblanca, Luis Fernando Chacón, parece tener una posición más abierta al proyecto de ley.

Manifestó que la fracción parlamentaria aún no tiene una postura definida, pero indicó que “en principio vemos positivo el ponerle esta tasa a los premios de lotería”.

Sin embargo, reconoció que el PLN no tiene claro si el tributo se debe aplicar a los premios a partir de los ¢225 mil o a partir de otro monto.

También señaló que es importante que el Ministerio de Hacienda explique el procedimiento que utilizará para hacer los cobros.

En contra

La diputada Shirley Díaz, subjefa de la bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), declaró que están en contra de más impuestos, sean los que sean.

“Este impuesto (a los premios de lotería) es necesario evitarlo“, sostuvo la socialcristiana.

Argumentó que si se grava a los premios de lotería, disminuirán las compras a la JPS y se incrementará el juego de loterías ilegales.

“Eso golpearía a los programas sociales (de la JPS) que en este momento son muy importantes para mantener con protecciones especiales a grupos vulnerables“, añadió Díaz.

Mientras, la jefa de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, manifestó que a la agrupación política le preocupa el acuerdo negociado entre el Gobierno y el FMI.

“El Gobierno quiere generar mucho más, pero a base de impuestos. Pero no vemos reactivación económica ni generación de mayor empleo”, expresó.

Según los legisladores, tendrán un panorama más claro de la propuesta después de que las instituciones públicas respondan las consultas a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

 

En nueva reforma de impuesto a casas de lujo, Gobierno impulsa cambio de criterio que pide Garnier

Fuente: Amelia Rueda

En su proyecto de reforma al impuesto a las casas de lujo (expediente 22.382), el Gobierno impulsa un cambio de criterio por el que puja el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier Kruse, en relación con dicho gravamen.

De aprobarse la nueva norma en la Asamblea Legislativa, quedaría zanjada una diferencia de criterio del sector inmobiliario con la Dirección General de Tributación (DGT), la cual es utilizada por el ministro Garnier para justificar que no paga el mencionado tributo por cuatro apartamentos que dice tener a la venta en Guanacaste.

El jerarca alega que sus apartamentos no están habitados y que son “inventario para la venta”, por lo que no deberían pagar el impuesto. También asegura que obligar al sector inmobiliario a pagar el impuesto por bienes en inventario sería abusivo y dañaría al sector. No obstante, Hacienda ha reiterado desde 2010 que este tipo de inmuebles deben cancelar el gravamen igualmente.

Ante esa diferencia de criterios, Garnier afirma que los inmuebles habitacionales construidos por desarrolladores inmobiliarios no deberían tener que pagar el gravamen hasta que sean vendidos; por lo que no cancela el impuesto por sus cuatro apartamentos y espera al resultado de una solicitud de cambio de criterio hecha a Tributación por la Asociación Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI).

La nueva reforma al impuesto, impulsada por el Ejecutivo desde el 22 de enero de este 2021, acogería la posición que reclama Garnier. El proyecto busca transformar completamente el gravamen y no incluye las viviendas “en inventario” o para la venta como excepciones textuales del impuesto, pero sí las menciona como un tipo de bien inmueble separado del gravamen.

En su artículo 15 establece que “cuando los bienes inmuebles formen parte del inventario para venta de empresas desarrolladoras de este tipo de bienes, deberán demostrar a la Administración Tributaria que las mismas se encuentran en venta, que están desocupadas y que no se están dedicando a ninguna otra actividad”. Además, indica que las empresas inmobiliarias “quedarán obligadas a informar de inmediato a la Administración Tributaria cuando se produzca algún cambio en estas condiciones”.

Es decir, la norma deja abierta la interpretación de que los bienes “en inventario” o a para la venta no pagarían el gravamen, tal como Garnier alega que debería ocurrir.

André Garnier Kruse es desarrollador inmobiliario y se desempeña como ministro de enlace con el sector privado. Como su ministerio no tiene cartera, tiene presencia política en el gabinete de gobierno y una oficina en Casa Presidencial, pero no puede ejercer actos administrativos, como firmar decretos o similares. El jerarca renunció a sus puestos en sus sociedades antes de acceder a la función pública, incluida la inmobiliaria Garnier&Garnier; sin embargo, cedió su puesto como CEO y presidente de la entidad a su hijo, Phillippe Garnier.

No paga

El jerarca no paga el gravamen desde 2016, cuando adquirió los cuatro apartamentos. Los apartamentos se construyeron en 2008 como parte de un desarrollo inmobiliario que él compartía con otros inversores, pero que no logró sus objetivos de venta en plena crisis financiera de aquel año.

Tras una consulta de AmeliaRueda.com, en febrero de 2020, distintos criterios legales de firmas privadas le recomendaron a Garnier no cancelar el gravamen hasta que se resolvieran dudas legales sobre el pago por “inmuebles en inventario”. Esa fue la primera vez que este medio le preguntó al jerarca sobre el incumplimiento.

Consultado cinco meses después, en julio de 2020, el jerarca se amparó en que la Asociación CODI recurrió a la Dirección General de Tributación (DGT) solicitando un cambio de criterio en la que alegaba que los inmuebles sin uso, ni disfrute directo de sus dueños (desarrolladores o vendedores) no deberían pagar el tributo. Esta sigue sin resolverse.

La asociación CODI, dijo Garnier entonces, representa a todos los desarrolladores inmobiliarios que se verían afectados por la medida de Hacienda e incluye a la empresa allegada suya Garnier&Garnier, que promociona en su página web el complejo Azul Paraíso (donde se ubican los cuatro inmuebles a nombre del ministro).

El Poder Judicial indicó, ante una consulta de AmeliaRueda.com, que no tiene registro en su Centro de Información de Jurisprudencia de ninguna resolución administrativa que haya frenado el cobro del impuesto a ninguna población específica de contribuyentes. Es decir, Garnier y cualquier otro desarrollador que no cancele el impuesto por bienes “en inventario” lo hace aunque este sigue vigente y no hay registro de ninguna resolución haya pausado su cobro.

En una reciente entrevista con este medio, el director general de Tributación, Carlos Vargas, indicó que quien no pague un impuesto a la espera de un cambio de criterio lo hace “bajo su propio riesgo”, pues la administración tributaria le puede aplicar un ajuste, abrir un proceso o hasta reclamar pagos posteriores por sanciones e intereses —en caso de que no se trate de la persona que solicitó directamente la reconsideración.

Caso Garnier

Una investigación de este medio determinó que Garnier posee cuatro apartamentos, que dice tener a la venta, en Guanacaste; por los cuales no paga el impuesto a las casas de lujo. Sostiene una divergencia legal con Hacienda y asegura que no debe pagar el impuesto a las casas de lujo porque no habita los apartamentos, sino que intenta desprenderse de ellos.

Garnier aduce una interpretación distinta de la que hace el Ministerio de Hacienda del artículo 2 de la ley del impuesto solidario, el cual establece que el “hecho generador” del gravamen recae sobre “la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional (...) utilizado en forma habitual, ocasional o de recreo”. Es decir, el ministro alega que un inmueble a la venta no debería tributar porque no es utilizado como dice textualmente la ley.

Hacienda, por su parte, dice desde 2010 en distintos criterios que el uso habitacional sí se cumple en inmuebles de inventarios a la venta, pues su fin último es precisamente su habitación.

No obstante, una consulta de la asociación CODI pide a Hacienda reconsiderar su postura y Garnier dice que espera su resultado de esa gestión, a pesar de que técnicamente ya no se tratan bienes de una empresa desarrolladora sino que ya se le trasladaron a su patrimonio (una sociedad suya).

El popularmente conocido “impuesto a las casas de lujo” tiene una tasa de entre 0,25% y 0,55% sobre aquellas propiedades con un costo de construcción mayor a ¢133 millones. Para el cálculo del impuesto además se suman el valor del terreno y el de zonas compartidas como elevadores, recepciones, estacionamientos y bodegas. La carga está vigente desde el año 2009 y el dinero que recauda se utiliza para financiar financiar los programas de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

La intención actual del Gobierno es reformar totalmente el gravamen y mantener el aporte al Banhvi en los niveles actuales. Eso sí, busca aumentar la recaudación con una tasa del 0,5% sobre todos aquellos inmuebles con un valor constructivo y ahora también de terreno superior a los ¢150 millones.

Gobierno eliminó beneficios para deducir pagos en nuevo texto de Renta Global

Fuente: CR Hoy

El gobierno eliminó una serie de beneficios aplicables a las personas que deberán pagar renta en el nuevo texto de renta global dual enviado a la Asamblea Legislativa.

Se trata de una serie de deducciones que cada persona asalariada o generadora de ingresos podía aplicar para hacer bajar el monto.

Con el texto antiguo, las personas podían deducir gastos por hasta ₡150.000 anuales por los padres mayores de 65 años, dependientes y con ingresos anuales menores a ₡8,2 millones.

También podía deducir hasta ₡250 mil anuales por gastos de salud no cubiertos por el seguro social, hasta ₡450 mil anuales por la cuota del alquiler o préstamo de la casa y otros gastos correspondientes a actualizaciones didácticas o laborales.

Todos estos beneficios desaparecieron en el nuevo texto y únicamente se mantuvieron lo ligado al núcleo familiar más cercano, según explico Carla Coghi, socia directora de la firma Deloitte.

“El proyecto cambió porque esas deducciones son menores, el primer cambio es por el subsidio de los adultos mayores que estaba en el texto anterior y eso ya no está… los créditos que se quedan son los vinculados a mi núcleo familiar directo y el tema de la educación de los hijos, pero nada más”, advirtió Coghi.

Coghi advirtió que dentro de lo nuevo se encuentra la posibilidad de deducir de la renta ciertos gastos correspondientes a materiales escolares.

El proyecto de renta global dual fue cambiado por el Gobierno luego de serias críticas sobre su contenido. En el nuevo documento se eliminó toda referencia a las rentas sobre capitales extranjeros, así como cualquier referencia a los sistemas de pensiones y zonas francas.

¢19 mil millones de impuestos se usarán para financiar gasto electoral de partidos rumbo al 2022

Fuente: La República

En momentos en que el país vive cifras de desempleo históricas, además de un déficit fiscal preocupante, los partidos políticos podrán gastar ¢19 mil millones para financiar sus gastos de campaña.

El monto de la deuda política fue definido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y corresponde al aporte que hacen los costarricenses vía impuestos al proceso electoral.

Cabe destacar que dicha cifra es menor a la aprobada para los comicios del 2018, que fue de ¢25 mil millones.

De esa cifra, la suma que corresponderá a financiamiento anticipado es de ¢3 mil millones.

Menor déficit y actualización del PIB bajan necesidades de financiamiento de Gobierno para 2021

Fuente: La Nación

Las nuevas proyecciones de déficit del Gobierno para el 2021, incluidas en el Programa Macroeconómico que publicó el Banco Central el 30 de enero pasado, sumado a la actualización que realizó el Banco Central de la medición del Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó el dato de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central respecto a la producción anunciadas para este año.

En noviembre pasado, el Ministerio de Hacienda había informado que para el 2021 se requerían recursos equivalentes al 15,7% de la producción para cubrir el déficit financiero del Gobierno (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) y pagar las deudas correspondientes a este año (la amortización).

En el Programa Macroeconómico para el 2021 y 2022 las necesidades de financiamiento para este año, estimadas por el Ministerio de Hacienda, bajan a un 13,5% del PIB. Según el PIB estimado por el Banco Central para el 2021 eso equivale a unos ¢5 millones de millones.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que la razón de la disminución es que ahora se prevé un menor déficit (antes se estimaba un 8,8% del PIB y ahora un 7% del PIB para el 2021) y porque se considera un nuevo PIB, con base en el año 2017, que es 3,5% más grande que el anterior.

El déficit de 7% del PIB previsto para este año implica una baja respecto al cierre del 8,7% del PIB del 2020 (en estos resultados se considera el nuevo PIB y la incorporación de los órganos desconcentrados al Gobierno Central).

La reducción, detalla el Banco Central en el Programa Macroeconómico, sería el resultado de la recuperación de la actividad económica prevista para este bienio, las reformas fiscales contempladas en el convenio de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la continuación de la estricta aplicación de la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018.

Más recursos externos

Las necesidades de financiamiento del Gobierno influyen en la vida de la población por el impacto que tienen sobre las tasas de interés. Cuánto más recursos tenga que conseguir el Gobierno en el mercado interno más compite con otras entidades que también buscan recursos y presiona al alza las tasas de interés, lo cual afecta la producción y el empleo. Además, conseguir los recursos es necesario para mantener los servicios públicos (educación y salud, entre otros).

En el documento del Programa Macroeconómico se explica que la proyección de necesidades de 13,5% del PIB para el 2021 resulta igual que la del 2020, pero variaría la composición del financiamiento. En el 2020 un 10,8% del PIB se financió con deuda interna y un 2,7% del PIB con externa y en el 2021 un 8,8% del PIB se financiaría con recursos locales y un 4,7% del PIB con externos.

El documento detalla que los recursos externos se tomarían de créditos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales ($2.513 millones), los cuales deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Sin el acuerdo con el FMI la posibilidad de obtener dichos recursos externos se complica.

“Si bien las proyecciones fiscales en este ejercicio incorporan las medidas adicionales necesarias para ese ajuste, la ausencia, insuficiencia o atraso excesivo del ajuste podrían manifestarse en mayor dificultad para acceder a créditos multilaterales de apoyo presupuestario y en general al financiamiento externo, y a una mayor incertidumbre y una presión al alza sobre las tasas de interés locales, con un efecto negativo sobre la demanda agregada y el crecimiento”, advirtió el Banco Central en el comunicado de prensa.

“Un deterioro en las perspectivas de las finanzas públicas podría llevar también a presiones sobre el tipo de cambio, y por esa vía sobre la inflación, y generar tensiones en el mercado financiero”, añadió la entidad.

Para el 2022 las necesidades de financiamiento del Gobierno bajarían a 12,4% del PIB y los recursos se obtendrían en un 8,4% del PIB de deuda interna y 4% de deuda externa mediante créditos de apoyo presupuestario (por 1.033 millones), así como por la colocación de bonos de deuda externa prevista a partir de 2022 ($1.000 millones por año hasta el 2025).
Impacto sobre tasas internas

Villegas estima que obtener recursos por un monto equivalente al 8,8% del PIB en el mercado interno en el 2021 es factible, sin generar presiones sobre las tasas de interés.

“Estimamos que buscar ese 8,8% del PIB internamente es factible, creemos que es una posibilidad real, eso está dentro del histórico, dentro de necesidades de papel que tiene el mercado costarricense, entonces hay que considerar que nosotros tenemos una industria financiera importante, que esa industria financiera requiere contar con un activo, que es precisamente con el que hace su trabajo, que son los bonos del Gobierno”, dijo Villegas.

El economista José Luis Arce opinó que los préstamos externos previstos son necesarios si se quiere evitar presiones sobre el mercado interno.

“La gran pregunta es si el Gobierno tendrá la habilidad política para negociar en la Asamblea Legislativa y sobre todo la humildad y transparencia para ser capaz de convencer a los legisladores de la oposición. Y además los diputados deben ser responsables y no usar estos temas como herramientas electorales”, dijo Arce.

No obstante, incluso con esos préstamos, Arce considera que la presión sobre las tasas internas se presentará por varias razones.

“El crédito bancario, esperaría uno que se recupere, compitiendo por recursos en el sistema; el aumento en los depósitos asociado con la crisis se irá erosionando y trasladando a depósitos a plazo fijo lo que reducirá el espacio de financiamiento del Gobierno con la banca y otras fuentes de financiamiento del Gobierno como empresas públicas y fondos de pensiones seguirán sin retornar al 100% de su capacidad de generar recursos para ser invertidos en hacienda. En este contexto, 8% del PIB interno es mucho y no puede asumirse que lo que pasó en el 2020 puede volver a suceder tan fácilmente”, dijo Arce.

Arce había explicado que en el 2020 el Gobierno logró financiar un alto porcentaje en el mercado interno (10,8% del PIB, según los datos más recientes) sin presionar las tasas de interés internas porque se dieron circunstancias especiales. Los bancos contaban con mucha liquidez porque los depósitos crecieron mucho, especialmente los depósitos a la vista y mientras el crédito se estancó. Entonces los intermediarios, públicos especialmente, le prestaron recursos al Gobierno. No obstante, el escenario es diferente en el 2021.

Ejecutivo envía a la asamblea legislativa nuevo texto del proyecto de renta global dual

Fuente: Ministerio de Hacienda

Atendiendo las preocupaciones y planteamientos de diferentes sectores en relación con el proyecto de renta global dual enviado a finales de enero a la Asamblea Legislativa, y con el objetivo de dejar muy claros sus alcances frente al proceso de discusión que sobre este proyecto mantendrán las y los señores diputados, el Poder Ejecutivo presentó este viernes un nuevo texto que modifica algunos artículos y suprime otros.

“Luego de escuchar las preocupaciones de distintos grupos sociales y empresariales, hemos revisado y redimensionado los alcances del proyecto, para facilitar el proceso de discusión que se dará en la Asamblea Legislativa. Nuestro principal objetivo es que este nuevo texto propicie el consenso necesario para su pronta aprobación, sobre todo considerando los plazos urgentes que tenemos para ello”, expuso Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El nuevo texto fue puesto en conocimiento del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de su presentación, en virtud de que forma parte de los proyectos contemplados dentro del acuerdo técnico con ese organismo, y viene a sustituir por completo en la tramitación legislativa al texto presentado previamente (exp. 22383).

Como resultado de esta revisión, el nuevo proyecto:

o Adiciona un inciso (5) en el Artículo 8 sobre exenciones, para aclarar y garantizar que los regímenes voluntarios y complementarios de pensiones seguirán exentos del pago del impuesto sobre la renta, tal y como se indicara en el texto anterior y lo reafirmara el Poder Ejecutivo en los últimos días.

o Garantiza que se mantienen plenamente vigentes todos los beneficios fiscales contenidos en la Ley del Régimen de Zona Franca, Ley N.º 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, en los términos y con los topes de los beneficios fiscales contemplados en la referida Ley y lo dispuesto en los acuerdos ejecutivos de otorgamiento del régimen, así como los que se lleguen a firmar en futuro al amparo de las disposiciones de la referida Ley.

o Elimina el artículo 120 (Sucesión en la deuda tributaria) del proyecto. Al respecto, se debe recordar que las obligaciones tributarias de los sucesores de un contribuyente fallecido, ya están reguladas en el artículo 19 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, (Ley 4755), vigentes desde el 3 de mayo de 1971.

o Elimina el inciso 3 del artículo 2 del texto anterior, con lo que se suprime cualquier referencia a la sujeción de rentas proveniente del exterior, y se garantiza que solo se gravarán las rentas de fuente costarricense, producto de actividades realizadas en territorio nacional.

o Modifica el inciso 9 (ahora 10) del artículo, para que se mantenga exonerada la renta proveniente de la venta de la vivienda única habitual de las personas.

o Mantiene exoneradas las herencias (inciso 13 de artículo 8).

o Elimina la derogatoria genérica de exoneraciones al impuesto sobre la renta, al suprimir el artículo 123 del proyecto anterior.

o Suprime toda referencia a modificación o creación de un impuesto a sociedades y de un impuesto de renta a no residentes, los cuales estarían sujetos al impuesto sobre las utilidades establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (7092) vigente.

Para el Jerarca de Hacienda, este proyecto, además de generar recursos frescos, permite una mejor distribución de los ingresos, a la vez que inyecta mayor progresividad al sistema tributario costarricense.

“El 90% del rendimiento sería aportado por los dos deciles de mayores ingresos, lo que permite mejorar la distribución de los ingresos, luego de aplicar el impuesto. Por ejemplo, para medir la desigualdad económica, el país utiliza el “Coeficiente de Gini”, cuanto mayor es el índice, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población. Con la propuesta de renta global dual, el índice de Gini disminuye, esto significa que la desigualdad de ingresos entre los hogares del país será menor”, aseguró el Ministro.

Finalmente, es importante señalar que el proyecto fue revisado en conjunto con equipos técnicos del FMI, de manera que se garantiza que cumple con las metas planteadas en el acuerdo alcanzado con dicho organismo.

Asalariados y profesionales liberales con ingresos de ¢683 mil al mes se salvarían de pagar impuesto

Fuente: La República

Los asalariados y los profesionales liberales que ganen ¢683 mil al mes no estarían en peligro de pagarle impuestos al gobierno, ya que las principales bancadas de oposición en el Congreso se oponen.

Se trata de Liberación Nacional, la Unidad y Nueva República, quienes suman más de 30 diputados y con ello, hacen imposible que el gobierno de Carlos Alvarado sume los 38 votos que se requieren en el parlamento para aprobar un nuevo tributo.

La propuesta fue planteada por Elián Villegas, ministro de Hacienda, en el proyecto de renta global dual, el cual, es parte de las negociaciones que llevó a cabo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo ampliado de $1.750 millones.

“Bajar el piso impositivo para todos los asalariados implica un impacto muy fuerte, muy negativo para la clase trabajadora, que en vez de tener mayor liquidez y mayores ingresos para reactivar la economía, se van a ver disminuidos, al tener que pagar un impuesto que antes no pagaban”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de los verdiblancos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Carlos Alvarado trata de conseguir recursos frescos, que le permitan al Estado enfrentar el problema del déficit y el peso de la deuda.

Para ello, planteó una serie de medidas como la ley de empleo público – para racionalizar el gasto -, un nuevo impuesto para las casas de lujo y diversos tributos entre los que se incluye la renta global que permitiría un impuesto para quienes ganen más de ¢8,2 millones al año; es decir, poco más de ¢683 mil al mes.

La medida aplicaría para asalariados públicos y privados, así como los profesionales liberales.

En ese sentido, el gobierno defiende el tributo al considerar que el 70% de la población quedaría exonerado.

Actualmente, se cobra un impuesto al salario para quienes devengan más de ¢840 mil mensuales.

Sin embargo, la propuesta es rechazada por los legisladores por su impacto en la reactivación económica en momentos en que la pandemia tiene la economía desacelerada.

“Al ampliar la base de los contribuyentes se estará afectado a un sector de la población que en este momento contribuye con la creación de demanda interna vía consumo, por lo tanto, esto sería un freno al mantenimiento de la actividad económica y podría resultar en un freno mayor para la economía”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

Rechazo

Las principales bancadas en el Congreso se oponen a cobrar impuestos a los asalariados y profesionales liberales con ingresos mensuales de ¢683 mil al mes.

Luis Fernando Chacón
Jefe de fracción
Liberación

Bajar el piso impositivo para todos los asalariados implica un impacto muy fuerte, muy negativo para la clase trabajadora, que en vez de tener mayor liquidez y mayores ingresos para reactivar la economía, se van a ver disminuidos, al tener que pagar un impuesto que antes no pagaban.
Me parece que no es el momento para que el gobierno proponga esto. No es la mejor propuesta sin duda alguna
Lo que sí sería justo es que quienes ganen más, aporten más y los que ganen menos, aporten menos.

Jonathan Prendas
Diputado
Nueva República

Al ampliar la base de los contribuyentes se estará afectado a un sector de la población que en este momento contribuye con la creación de la demanda interna vía consumo, por lo tanto, esto sería un freno al mantenimiento de la actividad económica y podría resultar en un freno mayor para la economía.
El gobierno solo ha buscado salir bien en una fotografía que le mostrara al FMI y los posibles prestamistas internacionales, eso quiere decir que está trabajando para endeudar más al país, esto sin realizar ningún ajuste estructural por lo que la vía mas fácil ha sido la creación de impuestos.

María Inés Solís
Diputada
Unidad

Yo no estoy de acuerdo en un aumento de impuestos y esto es lo que el PAC nos pone sobre la mesa.
Se pretende seguir perjudicando en gran medida a la clase media, además en el caso de los asalariados y trabajadores independientes la tarifa máxima estaría subiendo de un 25% a un 27.5%.
Me parece que son cifras que se deben de revisar especialmente lo referente al mínimo no imponible.
Aunque el gobierno ha salido con bombos y platillos a anunciar que tiene nuevas medidas para generar ingresos, cuando llegamos y las analizamos la mayoría de estas al menos tienen algún impuesto camuflado.

Cámara de Comercio pide aprobar proyectos acordados con el FMI para salir de la crisis fiscal

Fuente: La Nación

La Cámara de Comercio abogó, este jueves 4 de febrero, por la aprobación en el Congreso de los proyectos pactados en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Julio Castilla, presidente de la organización empresarial, destacó que las iniciativas legales, que fueron acordadas en la mesa de diálogo multisectorial, brindan estabilidad y permitirán al país salir de la crisis fiscal.

“Ya la etapa de diagnóstico de la situación país pasó. Se invirtieron horas en la mesa de diálogo multisectorial para lograr un consenso y buscar una salida a la crisis fiscal por la que atraviesa Costa Rica”, aseveró Castilla.

La posición de la Cámara de Comercio se separa de la brindada, este miércoles 3 de febrero, por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que se unió la sector sindical y pidió frenar los acuerdos del FMI.

La Unión de Cámaras, en conjunto con la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular, varias cooperativas y colegios profesionales solicitaron frenar los acuerdos porque, según aseguran, carecen de la visión estratégica e integral imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social.

El anuncio efectuado por la Cámara de Comercio se realizó de manera individual pues, desde octubre del 2019, dejaron de ser parte de la Uccaep.

El sector comercial, según la organización, es el mayor generador de empleo del país, con 288.000 trabajadores, es decir, el 16% de la fuerza laboral. Además, aporta 17.422 compañías, lo cual significa el 25% del parque empresarial de Costa Rica, según los datos de la Cámara de Comercio.

El Gobierno pactó con el FMI los proyectos reforma al empleo público, renta global, cobro de renta a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, así como el impuesto a las casas de lujo.

Estos planes, en conjunto con una reducción del gasto, buscan generar un superávit primario en el 2023 y reducir el endeudamiento público al 50% de la producción, en el 2035.

Las iniciativas se enviaron a la Asamblea Legislativa previo al anuncio del acuerdo con el Fondo, del pasado 22 de enero, con el cual el Poder Ejecutivo pretende acceder a un financiamiento por $1.750 millones por un periodo de tres años.

“En estos momentos el tiempo es oro, por lo que hacemos un urgente llamado para agilizar la aprobación de proyectos de ley que garanticen la seguridad jurídica para dinamizar y estabilizar la economía”, destacó el dirigente del sector comercial.

Castilla afirmó que el objetivo del país debe centrarse en superar la crisis económica y mejorar la competitividad.

El presidente de la Cámara de Comercio sí dejó claro en que no es momento de pensar en más cargas tributarias que afecten el ingreso de las familias del país.

“Es urgente comprender que los costarricenses necesitan opciones para trabajar y el sector privado ha demostrado ser el principal generador de empleo”, afirmó Julio Castilla.

La organización empresarial consideró que es momento de seguir trabajando con propuestas respaldadas con datos y promoviendo decisiones para llevar el país adelante.

FB Live: Precios de Transferencia. Recomendaciones de la OCDE.

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live, el lunes 08 de febrero a las 3:00 p.m. con el tema:

Precios de Transferencia. Recomendaciones de la OCDE., a cargo de nuestra especialista la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

BID: Acuerdo a nivel técnico con FMI es un paso en la dirección correcta para sostenibilidad fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Mediante un comunicado emitido este miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que el acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es necesario para que Costa Rica avance hacia una estabilidad fiscal y financiera, pero, sobre todo, para promover el crecimiento sostenible y proteger a las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia.

Las declaraciones fueron emitidas por Verónica Zavala, Gerente Regional del BID en Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la República Dominicana, quien reafirmó, además, el compromiso de este organismo en mantener las oportunidades de financiamiento, cooperación y asistencia técnica requeridas por el país para avanzar en su agenda de recuperación económica.


“BID celebra el acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el FMI

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebra el acuerdo a nivel técnico alcanzado por el Gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un paso importante y en la dirección correcta para que el país alcance la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Según Verónica Zavala, Gerente Regional del BID en Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la República Dominicana “en la coyuntura fiscal actual es necesario tomar medidas que aseguren el equilibrio de las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI es necesario para avanzar hacia una estabilidad fiscal y financiera, pero sobre todo para promover el crecimiento sostenible y proteger a las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia”. El BID da la bienvenida a este acuerdo, al mismo tiempo que reafirma su compromiso con el país y con seguir ofreciendo oportunidades de financiamiento, cooperación y asistencia técnica, tal como lo ha hecho en sus más de 60 años de historia. “Desde 1959 el BID ha sido un socio para el desarrollo de Costa Rica y el país puede seguir confiando en que contará con nuestro apoyo para contribuir en la agenda de recuperación económica a través de programas que promuevan el crecimiento inclusivo y el empleo, la digitalización, la infraestructura estratégica y la mitigación y resiliencia al cambio climático”, destacó la Gerente Regional del BID.”

Déficit fiscal iniciaría descenso en 2021

Fuente: La República

Este año iniciaría la recuperación de Costa Rica al frenarse la expansión de la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno, según el Banco Central.

Eso sí, la merma en el déficit fiscal solo será posible si la regla fiscal se aplica en toda su extensión -para contener el gasto público -, a la vez que se logran nuevos ingresos.

Para el 2021 se prevé un déficit fiscal del 7% del PIB, menor al 8,1% presentado en el 2020 y prácticamente igual a la cifra reportada en el 2019.

La trayectoria de descenso proseguiría en el 2022, aguardando un 5,9% de déficit, lo que implica que se lograrían niveles similares a los presentados a los del 2018.

Para el Banco Central, las reformas tributarias contempladas en el convenio de financiamiento con el FMI son factores de esa confianza.

El Gobierno este año se “ganaría” 1,06% del PIB con tan solo esos factores.

Entre congelamiento y reducción de transferencias corrientes y ahorros por la ley de empleo público, se generaría un ahorro de 0,77% del PIB a favor, mientras que un 0,29% llegaría de ingresos como impuesto a premios de lotería, eliminación de exoneraciones como el salario escolar y el recibir dividendos de empresas públicas.

Otra razón es la esperanza de la estricta aplicación de la regla fiscal.

Por otra parte, el año anterior por la pandemia del Covid-19, se aumentó el gasto en salud y las transferencias sociales, llegando a unos ¢294 mil millones en gastos adicionales en estimaciones de Hacienda, reclinando ese lado de la balanza; así como, ante la caída de la productividad de prácticamente todas las actividades, derivando, en que, por ejemplo, se registrara una caída en los ingresos totales por unos ¢586 mil millones.

¿Se cumplirá?

Que se alcance la meta del déficit fiscal para este 2021 no será sencillo, según especialistas.

Melanie Jiménez
Analista Económica
Grupo Cefsa

Sí, en el tanto se cumpla la regla fiscal, se apruebe el acuerdo con el FMI y no se deban hacer más desembolsos de los que ya están contemplados en el Presupuesto Nacional; de lo contrario, la historia sería distinta.

Silvia Jiménez
Gerente de Inversiones
Mercado de Valores

Es una de las proyecciones más retadoras, al igual que llegar a un superávit del 1% al 2023 es bastante retador, porque los proyectos difícilmente tengan efecto ya este año para que bajen esas cifras, como en temas de ingresos, que en el mejor de los casos tendrían efecto en el segundo semestre.

Jorge Martínez
Economista y Gerente de Servicios Técnicos
Bolsa Nacional de Valores

Si se contrasta la estimación sobre el déficit con los pronósticos de una recuperación de ingresos, la posible incorporación de nuevos tributos y los esfuerzos sobre contención del gasto, estos niveles proyectados parecen alcanzables.

Daniel Suchar
Analista
Independiente

Me encantaría decir que sí se cumplirán esas proyecciones, pero no veo esfuerzos que se vayan a materializar tan rápido, sobretodo en temas de empleo público, en recaudación, como la renta global, que es hasta el 2023.

Proyecto de renta global dual no eliminará beneficios de las zonas francas

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda desmiente categóricamente que el Proyecto de Renta Global Dual, tramitado bajo el expediente 22.383, pretenda eliminar alguno de los beneficios que hoy en día disfrutan las empresas del régimen de Zona Franca en el país, tanto en el impuesto a las utilidades como en el impuesto a no residentes, hoy conocido como remesas al exterior.

De acuerdo con el artículo 65 inciso 5 de la propuesta, se dispone expresamente que están exentas del Impuesto a Sociedades “las empresas acogidas al régimen de Zona Franca, de conformidad con la Ley No. 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, en los términos y con los topes de los beneficios fiscales contemplados en la referida Ley y lo dispuesto en los acuerdos ejecutivos de otorgamiento del régimen.”

La redacción prevista en el texto del articulado es contundente y no deja margen de duda en cuanto a la exoneración del impuesto a este régimen, debiéndose resaltar el hecho de que las exoneraciones se mantienen tal cual existen hoy en día “en los términos y con los topes de los beneficios fiscales contemplados en la referida Ley y (…) los acuerdos ejecutivos de otorgamiento del régimen”, quedando claro que no solo se mantienen los beneficios considerados en la Ley, sino también los incluidos en los respectivos acuerdos ejecutivos.

Lo anteriormente dicho tiene relevancia para efectos del Título relativo al impuesto sobre la renta de no residentes del Proyecto, hoy en día conocido como de “remesas al exterior”. El artículo 96 de la iniciativa, expresamente dispone que lo dicho en este Título se “interpretará” en concordancia con la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades, de manera que es claro y no queda la menor duda en cuanto a la prevalencia de la exoneración genérica prevista en el referido artículo 65. Con esto cobra plena vigencia la continuidad de la referida exoneración tanto en el impuesto a sociedades como en el de remesas al exterior como se ha indicado hasta ahora.

El Ministerio de Hacienda lamenta que se tienda a generar zozobra en la población en general y en el sector empresarial en particular, producto de lecturas ligeras de la iniciativa, en igual sentido con lo sucedido con el alcance de las obligaciones tributarias que asumen quienes reciben una herencia, situación que se encuentra claramente regulada en el Código Tributario desde 1971, lo cual no permite una discusión razonada y apropiada del contenido de un proyecto de esta importancia en el marco del proceso legislativo que se está iniciando.

Proyecto de renta global dual no cobrará impuesto a pensiones complementarias

Fuente: Ministerio de Hacienda

El proyecto de ley de renta global dual propuesto por el Gobierno no cobra, ni tiene ninguna intención, de cobrar tributo a las pensiones complementarias. 

La redacción que se presentó tiene como punto de partida que la exoneración de esos fondos de pensión está estipulada en la Ley de Protección al Trabajador, la cual es una ley especial que en cuanto tal, prevalece jurídicamente, y que impide gravarlas.

Es decir, el texto actual NO incorpora ni pretende incorporar ningún gravamen a las pensiones.

Para mayor claridad y evitar cualquier duda o confusión, el Ministerio de Hacienda señala que hará las modificaciones necesarias al texto, para dejar explícito y absolutamente claro que esos fondos de pensiones mantendrán su exoneración.

Tributación: Plan de renta global no implica cambio en cobro de impuestos a herencias

Fuente: La Nación

El director de la Dirección General de Tributación, Carlos Vargas, asegura que el proyecto de renta global dual no implicaría un cambio en la forma en que el fisco cobra impuestos sobre las herencias recibidas de un contribuyente que falleció.

El funcionario explicó, ante consulta de La Nación, que el artículo se incluyó en la iniciativa propuesta, con el objetivo evitar interpretaciones.

“Es una norma aclaratoria en el sentido de que no hay cambio en este tema, dado que estamos en presencia de una nueva ley se busca evitar interpretaciones en sentido contrario y dejar claro que se mantiene lo dispuesto en el Código (de Normas Procedimientos Tributarios)”, afirmó Vargas.

Dicha norma, vigente desde 1971, establece en el artículo 19 que las obligaciones de un contribuyente fallecido deben ser ejercidas, cumplidas por sus sucesores, pero la responsabilidad pecuniaria se limita al monto de la herencia recibida.

“El proyecto lo que hace es reforzar que se mantiene vigente lo dispuesto en ese artículo 19 del Código Tributario (...) o lo que hace es remitir al Código para estos efectos (los sucesorios)”, afirmó Vargas.

La iniciativa legal, enviada el pasado 22 de enero al Congreso, hace referencia a la sucesión de deudas tributarias en el artículo 120. En este numeral solo se excluye el cobro de las sanciones, a los beneficiarios, de las obligaciones impositivas de contribuyentes que fallecieron.

Sin embargo, para especialistas en temas tributarios, la legislación propuesta no es clara, por la forma en que está redactada.

Para el abogado Ricardo González, la norma del proyecto de renta global dual no esclarece en qué momento puede cobrarse la deuda tributaria.

“El artículo del Código es una responsabilidad subsidiaria, eso significa que si no alcanza usted responde. Pero una responsabilidad directa es, sin saber si alcanza o no alcanza el dinero, cobraré de una vez. El artículo 120 (del proyecto) no es idéntico a lo dicho en el Código, no dice lo mismo”, destacó González.

El especialista destacó que la duda es si una persona le dejan un terreno, pero no es heredero directo de todo el patrimonio, deberá pagar impuestos sobre las deudas de dicho bien, o sobre la totalidad de pendientes de pago del contribuyente fallecido.

“Cuando se es sucesor a título universal, significa que se es heredero de todo lo que dejó la persona. De los bienes y de las deudas dejadas. Hay libros enteros sobre este tema, y no es solo decir se aplica el artículo 19”, destacó González.

El especialista añadió que si la norma propuesta en el plan de renta global se mantiene bajo los límites del Código de Procedimientos Tributarios no había ningún problema. Pero, señaló que la redacción del artículo 120 del proyecto es diferente.

 

Más impuestos y complicaciones a las empresas hacen que costarricenses desconfíen de acuerdo con FMI

Fuente: La República

La posibilidad de pagar más impuestos a través de la renta global y el tributo al salario, así como un panorama más complicado para las empresas que generan empleo, hacen que la mayoría de costarricenses desconfíen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y es que un 38% de los nacionales considera que el crédito ampliado por $1.750 millones que negoció el gobierno de Carlos Alvarado es “algo malo o muy malo”, según la encuesta que dio a conocer CID Gallup a mediados de la semana pasada.

La posibilidad de nuevos impuestos complicaría el panorama de reactivación económica, a la vez que disminuiría el dinero con el que cuentan las familias.

En estos momentos, el país lidia con un desempleo de más de 20%, mientras que la economía trata de reactivarse en medio de la pandemia de la Covid-19.

Con un déficit fiscal superior al 8% del PIB y una deuda con cifras cercanas al 70%, hay poco margen de maniobra para buscar una solución alternativa para arreglar las finanzas públicas.

Sin embargo, para los diputados de oposición la propuesta de más impuestos no los convence.

“Parece un mal chiste, pero así nos traen y yo me pregunto, Presidente y ¿el plan para encender la economía para cuándo? Con nosotros no pueden contar para aprobar nuevos impuestos”, dijo Pedro Muñoz, diputado de la Unidad.

La propuesta del Gobierno al FMI incluye reducción del gasto mediante el proyecto de empleo público, además de eliminar beneficios fiscales y congelar pensiones con cargo al presupuesto.

En materia tributaria, también se aprobaría una renta global dual -incluyendo renta mundial – ; además de cobrar impuesto a los salarios por encima de ¢680 mil.

“El gobierno PAC siempre se está contradiciendo, mintiendo y estará pidiendo más impuestos. Parece que la única solución que tienen para enfrentar el problema del déficit es cobrar nuevos impuestos”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

En ese sentido, el sector productivo ha pedido al mandatario enfocarse en una reforma del Estado y evitar a toda costa nuevos tributos.

Y es que por cada ¢100 que el país recauda, la mitad se usa para pagar el salario a los empleados públicos, haciendo que Costa Rica sea el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que más dinero invierte porcentualmente para pagar a su sector estatal, ya que el promedio de dicha organización -conocida también como Club de los Países Ricos - es del 25%.

“Si no se aprueba una reforma real en materia de empleo público, si no se realiza una reforma que elimine toda la estructura duplicada e innecesaria del Estado, sencillamente, además de terminar más endeudados, terminaremos con los mismos problemas, pero más grandes en un futuro cercano”, dijo Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).