Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rebatió las condiciones que los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) plantean para el endeudamiento internacional en eurobonos solicitado por el Gobierno.

Ambas bancadas piden al Ejecutivo cumplir con la colocación de escáneres en aduanas, la implementación completa del proyecto Hacienda Digital, la reducción de la brecha fiscal en tres impuestos y un plan de reactivación económica.

Acosta se mostró abierto a buscar acuerdos, pero expuso sus objeciones y por qué defiende el monto de $6.000 millones en eurobonos.

Escáneres en aduanas

Sobre los escáneres, el ministro dijo que su instalación va de la mano con la modernización de las aduanas y que de esa labor se encargará el Programa de Integración Fronteriza (PIF), ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que modernizará las aduanas en las fronteras con Nicaragua y Panamá.

Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y conlleva una etapa de construcción e instalación de los aparatos. “Tenemos que calzar el tiempo para poder colocar escáneres cuando la construcción esté lista. Lo que pasa es que los procesos constructivos no son sencillos. Lo que estamos planteando a los diputados es trabajar un cronograma para poder coordinar su colocación con la finalización de las obras”, apuntó Acosta.

Hacienda Digital

Sobre Hacienda Digital, un programa para modernizar los sistemas de Tributación, Aduanas, Gestión Financiera y Recursos Humanos, con tal de mejorar el cobro de tributos y reducir la evasión fiscal, Acosta dijo que la administración anterior estableció su implementación completa para el 2027.

“Si decimos que Hacienda Digital debe estar completamente establecido en 2027, pues el proyecto de eurobonos no tiene efecto porque no podríamos hacer ninguna emisión hasta ese año. Y ya no habría tiempo para que el Gobierno y el país puedan solventar los problemas de pagos de deuda que tenemos en los próximos años”, respondió el ministro.

Cumplimiento tributario

Durante la discusión de eurobonos, Sofía Guillén y Monserrat Ruiz, del FA y de del PLN, han insistido en que el Gobierno reduzca en un año la brecha de cumplimiento tributario de los impuestos al valor agregado (IVA) y renta. La brecha es la diferencia entre lo que se podría haber recaudado vía legislación vigente versus lo que se está recaudando realmente.

Acosta dijo que Guillén ha planteado requisitos con base en datos del 2018, cuando aún no se había implementado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esa reforma fiscal se empezó a aplicar en julio del 2019, explicó el jerarca. Agregó que, en el año 2020, desmejoró la recaudación de impuestos por la pandemia. En 2021, la economía se estaba recuperando, pero hubo rezago en el pago de tributos y, en el año en curso ocurrió el hackeo a Hacienda que afectó la contabilidad.

Por eso, él propone construir unos nuevos indicadores más claros, en los que se tome en cuenta el eventual impacto de una reevaluación del producto interno bruto (PIB) por parte del Banco Central.

“Si se establece que la recaudación del impuesto es 100 y, resulta que con la reevaluación del PIB logro menos de 100, aunque recaude más impuestos, se indicaría en el parámetro que no estoy capturando el impuesto potencial”, alegó Acosta.

Finanzas sanas para reactivar economía

En cuanto al plan de reactivación económica, el ministro dijo que esta empieza por tener finanzas públicas sanas, para crear espacios en el mercado local del crédito para el sector productivo. Por eso, dijo, se requieren colocar eurobonos en el mercado externo.

“¿Qué reactivación se tendrá cuando Hacienda vaya al mercado a captar todo el ahorro nacional y las tasas de interés se conviertan en prohibitivas?”, cuestionó.

Reforma a la Ley de Aduanas

Acosta también declaró que la gente no visualiza lo que ha aprobado el actual Congreso. Mencionó que la reforma a la Ley de Aduanas incluyó la subfacturación como parte del contrabando fiscal y calificó su práctica como delito penal. Esta falta consiste en declaración de la mercancía por un valor inferior al de su transacción, con el fin de disminuir impuestos.

Antes de este cambio, la legislación solo contemplaba como contrabando lo que no se reportaba en los puestos de aduanas, explicó el ministro. “Sí hay acciones que ya se han tomado”, planteó el ministro.

Todos estos temas serán puestos sobre la mesa el próximo lunes 21 de noviembre, cuando se abra una discusión con los diputados del foro de Económicos en Presidencia, adelantó el ministro.

Hacienda insistirá en $6.000 millones

Acosta insistió en que el Gobierno se mantiene abierto a discutir los requisitos, pero insistirá en que se aprueben $6.000 millones en eurobonos. EL FA y PLN plantean $3.000 millones.

Dijo que la primera cifra es mejor porque le daría mayor margen al Gobierno para afrontar una nueva coyuntura de contención del gasto.

Con una autorización menor se haría difícil contener el gasto público, dado el aumento en el pago de intereses de la deuda pública, añadió el jerarca. El 47% del Presupuesto Nacional del 2023, de ¢12.2 billones, se destinará al servicio de la deuda.

Según Acosta, los $6.000 millones abrirían espacio fiscal para el gasto social y la inversión en carreteras, además de afrontar los vencimientos de deuda.

El ministro refutó lo asegurado por Guillén en el foro de Económicos, de que para terminar el Gobierno solo necesitaría una autorización de $3.000 millones.

“No es cierto. Con $3.000 millones lo que pasará es que, durante dos años, habrá una pequeña estabilidad, pero en 2026 el Gobierno que llegue se encontrará exactamente el mismo panorama que nos encontramos nosotros y eso no se vale, porque quienes lo pagan son los costarricenses”, finalizó el ministro.