Fuente: CR Hoy

Tres días antes de que se anunciara su designación como nuevo embajador de Costa Rica ante la OCDE, Otton Solís defendió la intención de cobrarles un impuesto mínimo de un 15% a las empresas transnacionales que se instalen en el país.

En su perfil público de la red social Facebook, Solís dijo que celebraba esa iniciativa -que según él surgió en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- debido a que por muchos años ha abogado a nivel nacional e internacional por que se revise la política de darles “subsidios” y exoneraciones fiscales a los capitales extranjeros que invierten en Costa Rica.

Para él, los “chineos fiscales” que los países les hacen a las empresas transnacionales, a las “empresas más exitosas del mundo” no se justifican, pues considera que el país cuenta con otros atractivos para atraer a la inversión extranjera directa (IED), la cual genera los empleos mejor pagados del país y robustece al sector exportador costarricense.

“He creído -y así lo declaran muchas empresas extranjeras-, que nuestras ventajas para atraer inversión son otras: calidad de la mano de obra, democracia, buenos servicios de electricidad y telecomunicaciones, ubicación, etc. Pero el argumento de quienes afirman que el imán son las exoneraciones fiscales no es fácil de derrotar”, escribió el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Agregó que “en gran parte” el incremento de las desigualdades y la concentración de la riqueza y el ingreso en Costa Rica se debe a la política de dotar de privilegios fiscales a las empresas transnacionales y a las grandes corporaciones.

Desde el 2011, agregó, propuso en una investigación que preparó para una universidad estadounidense una acción coordinada a nivel mundial con el fin de evitar una competencia desleal entre los países que bregan por atraer IED.

“Hoy en el marco de la OECD, organismo del cual orgullosamente somos miembros, 130 países se comprometen a trabajar coordinadamente para fijar un impuesto mínimo de un 15% a las multinacionales.

“Esto es un gran paso a favor de las finanzas públicas, la equidad y la competitividad basada en los factores en los que Costa Rica tiene ventajas sobre los países de la región”, concluyó Solís.

El político, quien aspiró a la Presidencia de la República tres veces y fue diputado en el periodo 2014-2018 por Acción Ciudadana (PAC), recordó en su mensaje que en el 2011 también logró convencer a la entonces presidenta, Laura Chinchilla, de que incluyera en el plan fiscal que tramitaba su gobierno la eliminación de la exoneración fiscal a la repatriación de utilidades de las empresas multinacionales, para cobrar sobre esas transacciones una tasa de un 15%.

Dicho gasto tributario se aplica a las empresas que se instalan en las zonas francas del país. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) ha defendido ese y otros instrumentos fiscales como mecanismos idóneos para mantener en el país a las empresas transnacionales.

En setiembre del 2018, Eric Sharf, presidente de Cinde, dijo en una entrevista con CRHoy.com lamentó las sugerencias de algunos diputados del PAC de gravar con impuestos a las empresas transnacionales. 

El jerarca de la promotora de inversiones afirmó que la primera razón que sustenta esa afirmación es que el país no percibiría un colón de impuestos porque cada empresa instalada acá firmó un contrato con el Gobierno para obtener beneficios fiscales a cambio de ciertos resultados.

A futuro, si el país decidiera cobrarles impuestos a las transnacionales, Sharf tampoco ve ningún beneficio, pues considera que Costa Rica dilapidaría el “buen nombre” que ha construido a lo largo de los años con entre los inversionistas.

Durante el 2020, cuando el empleo cayó en el régimen consolidado debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, las empresas transnacionales instaladas en las zonas francas generaron 20.000 empleos brutos, de acuerdo con datos de Cinde.