Fuente: La República

Sin aumentar la carga tributaria que hoy pesa sobre los costarricenses y las empresas, el nuevo mandatario tendrá que resolver el problema de las finanzas públicas.

Y es que la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, hace imposible aumentar o aprobar nuevos tributos.

Es por ello, que renegociar la deuda interna, dialogar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar otras alternativas y recortar el gasto público, serían la ruta a seguir por el nuevo mandatario, sin importar si se trata de José María Figueres del PLN o Rodrigo Chaves de Progreso Social Democrático.

A tres meses y medio de que los nuevos diputados entren a laborar, los líderes de la Unidad, Nueva República, y Liberal Progresista, advierten que no darán sus votos para nuevos tributos.

“El hecho de que yo mismo mencione que con algunas fracciones se pueden encontrar puntos en común, es un reflejo de que la sociedad costarricense ha decidido no posponer más la ansiada recuperación económica; asimismo, refleja que hemos alcanzado un acuerdo nacional de no resolver los problemas del gobierno a punta de más impuestos y más impuestos, lo cual, entorpece la actividad económica”, dijo Eli Feinzaig, diputado electo del partido Liberal Progresista.

En ese sentido, hay fracciones como Nueva República que lidera Fabricio Alvarado, que más bien abogan por reducir el IVA del 13% al 9% de manera temporal, con el objetivo de impulsar el comercio, los negocios y el turismo.

Mientras tanto, el PUSC siempre ha manifestado en contra de aumentar la carga tributaria de cualquier manera.

De momento, la agenda para resolver el déficit fiscal y el peso de la deuda pública, incluyen aprobar la renta global dual para que más asalariados paguen ese tributo, así como reducir varias exoneraciones y aumentar el impuesto a las casas de lujo. Asimismo, se plantea un tributo para las loterías.

Ante la negativa del nuevo Congreso de avanzar en esa agenda, el candidato presidencial de Progreso Democrático anunció que buscará renegociar con el FMI, ya que incumplir a ese organismo multilateral empeoraría la calificación de riesgo de Costa Rica.

“Las consecuencias las sentiremos todos los ciudadanos: alzas en el precio de los combustibles, tasas de interés más altas por las deudas de la casa o el carro, incrementos en medicamentos, menos inversión, insumos más costosos para la agricultura y una eventual devaluación del colón”, dijo Chaves.

De igual forma, Figueres del PLN manifestó que se sentaría a conversar con el FMI, con el objetivo de renegociar varios puntos.

“Nos preocupa cuidar los balances macroeconómicos. En ese sentido, es que hemos apoyado este programa con el FMI, queremos negociar, porque no vamos a estar en este momento, en que la economía está deprimida, poniéndole más impuestos a las personas”, dijo Figueres.

El nuevo presidente requerirá aumentar los ingresos del Estado en al menos 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) – unos ¢320 mil millones - con tal de cumplir la meta convenida con el FMI.

Por otra parte, el margen de maniobra tampoco es muy amplio por el lado del gasto público, ya que el presupuesto del 2022 incluyó la regla fiscal.

“Es posible que la aplicación de la regla fiscal vaya a afectar de manera importante la inversión pública en este año y se puede adelantar que el próximo gobierno iniciará con importantes presiones por parte de diferentes grupos sociales que buscarán modificar este instrumento de control fiscal, que a mi parecer fue muy mal diseñado o creado con toda la intención de debilitar el Estado Social de Derecho”, aseguró Roxana Morales Ramos, economista de la Universidad Nacional.

En este momento, el país ya cuenta con un atraso legislativo para la aprobación de los proyectos de ley pactados con el organismo, como por ejemplo, la ley de empleo público.

“Es muy probable que este proyecto si se apruebe, incluso que se ratifique antes de mayo, luego de que la Sala Constitucional no encontrara vicios sustanciales de procedimiento legislativo, ni de fondo, pero para las otras iniciativas como renta global, premio lotería, remesas y casas de lujo el panorama es mucho más complicado”, destacó Daniel Suchar, analista financiero.

Las cuentas fiscales muestran resultados mucho más favorables para este 2022. El déficit financiero fue de 5% del PIB en el 2021.

La deuda pública representa el 68,4% del PIB y la variación de esta proporción es la menor de los últimos años (1,17 puntos porcentuales en 2021 versus 4,11 puntos porcentuales en el periodo 2016-2019.