Fuente: El Financiero

El reglamento de procedimientos tributarios detalla la composición del arsenal con que la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria dotó a la Dirección General de Tributación (DGT).

Mientras la ley (aprobada en setiembre del 2012) faculta a la administración tributaria a solicitar información al contribuyente, el reglamento aclara que esa información será toda la que Hacienda considere necesaria.

Esto multiplica las obligaciones de los contribuyentes que deben estar preparados para atender los requerimientos de la DGT, tanto en forma como en tiempo.

Los errores o datos inexactos le cuestan al contribuyente un 1% de un salario base (¢3.500).

Si el contribuyente pone oídos sordos o por alguna razón incumple las solicitudes de la DGT, se expone a una multa que crece conforme se acumulen los requerimientos de datos.

La primera falta equivale a una sanción de dos salarios base. Ignorar a la DGT en tres ocasiones le puede costar el 2% de los ingresos brutos registrados en el periodo fiscal anterior. El monto de esta sanción no puede exceder los 100 salarios base.

“Para una pyme, un 2% de sus ingresos brutos es un golpe duro, que además puede ser repetitivo si incurre en esta infracción varias veces”, comentó Rafael González, socio de Deloitte.