Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -Con apenas 12 días en sus curules y ya diputados de 4 fracciones legislativas impulsan un nuevo mordisco a la regla fiscal que la misma Asamblea Legislativa creó en 2018 para limitar el crecimiento del gasto público.

La bancada del Frente Amplio (FA), con el apoyo de legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR), suscribieron un nuevo proyecto de ley: esta vez para eximir de la aplicación de la norma a las instituciones educativas en los rubros de subsidios, becas y ayudas para estudiantes.

El proyecto de ley -que se tramita bajo el expediente 23.108- fue presentado en momentos en que la Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención porque el gobierno anterior y 21 instituciones públicas incumplieron la regla fiscal en 2021.

La propuesta se suma a las varias que ya hacen fila en la Asamblea Legislativa y a las que ya se convirtieron en leyes que han ido mordiendo, poco a poco, a la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Solo en la última semana de la anterior legislatura un numeroso grupo de exdiputados votó a favor de levantarle la regla fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1, a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), al Programa por Pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y a los dineros provenientes de comisos y decomisos a las bandas vinculadas al crimen organizado que hace el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El nuevo proyecto de ley tiene como objetivo que no se limite la inversión social destinada a becas, beneficios complementarios y otras ayudas que otorgan las instituciones públicas a los estudiantes, según sus proponentes.

Los congresistas que firmaron el proyecto sostienen que la pandemia del COVID-19 provocó que los ingresos de las familias disminuyeran y se profundizara la pobreza y el desempleo.

Aseguran que las demandas de ayudas y subsidios públicos para la educación aumentaron pero la aplicación de la norma está afectando el adecuado funcionamiento de los programas de equidad en el acceso y permanencia del Ministerio de Educación Pública (MEP).

A manera de ejemplo mencionaron el recorte de ¢21 mil millones en las transferencias del MEP al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para las becas “Avancemos” y al programa de entrega de útiles escolares.

La iniciativa fue firmada por los diputados Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Ariel Robles, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Rocío Alfaro, del FA.

También por los legisladores Andrea Álvarez, Sonia Méndez, Geison Valverde, Montserrat Ruiz, José Joaquín Hernández, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Gilberth Jiménez, Paulina Ramírez y Francisco Nicolás, del PLN, Luy Mary Alpízar, Ada Acuña y Jorge Rojas, del PPSD, y Gloria Navas y David Segura, del PNR.

Si la Asamblea Legislativa aprueba la iniciativa, sería un nuevo mordisco a la norma que fue creada para restringir el crecimiento del gasto y mantener sanas las finanzas públicas.

La regla fiscal consiste en una norma que le impone un límite al crecimiento del gasto público cada año, tanto al corriente como al de inversión, de acuerdo con el estado de la economía nacional y de la deuda pública.

La norma establece que cuando la deuda pública supere el 60% de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) no podrá crecer más allá del 65% del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de los últimos 4 años.

El Ministerio de Hacienda fijó la tasa de crecimiento máxima del gasto corriente para 2021 en 4,13%. Sin embargo, el Gobierno registró una tasa de 6,34% el año pasado.

Recientemente, diputados del PLN y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se mostraron a favor de impulsar una reforma heredada del periodo anterior para eliminar el abuso con la aprobación de leyes para liberar de la regla fiscal a numerosas entidades públicas.