Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) expresó su preocupación por el impacto que tendría sobre el ingreso disponible, principalmente de las familias de clase media, la aprobación de algunos impuestos que se discuten en la Asamblea Legislativa.

La entidad señala el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo en el tema de renta global dual, esto luego del proceso de Diálogo Multisectorial.

Desde la Unión de Cámaras advierten que uno de los principales incumplimientos del Ejecutivo es que se acordó que el proyecto de Ley de Renta Global sería revisado por los sectores antes de su presentación a la Asamblea Legislativa. No obstante, el sector empresarial conoció la propuesta hasta que ya estuvo presentada.

Una de las medidas que afecta a la clase media es el mínimo exento en renta. Hoy, el mínimo exento es para las personas asalariadas hasta por los 842.000 colones mensuales, mientras que en la propuesta de renta global dual se establece un mínimo vital anual que bajaría el monto mensual para los asalariados a los 683.000 colones, con lo que el impacto a la clase media es mayor. Aunque el acuerdo no estableció tarifas para las personas físicas, se esperaba que estas se mantuvieran. Sin embargo, el proyecto modifica los tramos, y aumenta las tarifas afectando principalmente a las personas asalariadas.

Otro de los acuerdos pactados en el Diálogo Multisectorial fue la deducibilidad de gastos de las personas físicas, relacionados con créditos financieros, gastos médicos y de educación, entre otros, como un beneficio para la clase media. Sin embargo, el proyecto de ley excluye esta deducibilidad, lo cual el sector empresarial considera vital para lograr una mayor aceptación y una menor afectación a las personas físicas.

También se acordó que la tarifa a las empresas tendría un techo del 27,5%; sin embargo, se mantiene la tasa del 30%.

El tope acordado buscaba que existieran mayores recursos disponibles para la inversión y la generación de empleos, propiciando la reactivación económica que necesita el país.

También se incorporan dos aumentos de tributos relacionados con un incremento de 5 puntos porcentuales a las tarifas del gravamen sobre las remesas al exterior, y un aumento del impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias patrimoniales, de 15% a 16.5%, esto tendrían un impacto negativo en el estímulo a la inversión.

Finalmente, también se acordó la aplicación de la renta global no antes del 2023; sin embargo, en el proyecto se establece que regiría a partir de enero del 2022.

En el impuesto a bienes inmuebles de lujo para uso habitacional, los empresarios advierten que el proyecto de ley dictaminado en la Comisión de Jurídicos pretende duplicar el impuesto que hoy ya se paga.0

En caso de aprobarse, la iniciativa estará afectando de manera directa a la clase media del país, ya que además se sustituye la tasa escalonada y progresiva que tiene hoy la ley vigente (desde 0,25% hasta 0,55%) por una tasa única por igual para todas las casas (de 0,50%); además se estaría pagando no solo sobre el valor de la casa, sino también sobre el valor del terreno en el que se encuentra el inmueble.

“A criterio del sector empresarial, estos incumplimientos de lo pactado en la Mesa de Diálogo afectarían directamente la generación de empleo y la urgente reactivación. Esto, sumado a los cambios en el impuesto a lo que el Ejecutivo define como casas de lujo, golpearía a la clase media del país”, señaló José Álvaro Jenkins; presidente de UCCAEP.