Fuente: La Nación

La propuesta del Gobierno de aumentar en un 5% el impuesto sobre las remesas molestó a los organizadores de eventos masivos, quienes rechazaron, de manera categórica, la iniciativa y la califican como “hostigamiento”.

Esto surge cuando la industria del espectáculo sigue frenada, debido al distanciamiento social impuesto por la pandemia de la covid-19, que impide la aglomeración de personas. Los shows se suspendieron o cancelaron desde marzo del 2020 y aún no se reactivan.

En un comunicado de prensa conjunto, la Cámara de Promotores de Eventos Masivos (Capema) y la Cámara de Empresas Productoras de Entretenimiento, Eventos y Afines (Caproevent), alzaron la voz al unisono para insistir en que ese incremento golpearía a un sector que actualmente, está prácticamente inactivo.

“Exigimos que el Poder Ejecutivo detenga el hostigamiento y la escandalosa pretensión de seguir aumentando impuestos a nuestra disminuida y agonizante actividad económica, pues con esta acción incomprensible solo traerá́ menor cantidad de espectáculos internacionales al país y un aumento innecesario en el costo del valor del boleto, lo cual perjudicará principalmente al público”, consignaron en el documento.

Esas dos organizaciones se oponen al proyecto de ley 22.369, Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, el cual elevaría de un 15% a un 20% el tributo que se debe de desembolsar sobre los pagos que se realizan a no domiciliados, con ocasión de espectáculos públicos que se presenten en el país.

Esa iniciativa por parte de la agenda acordada por el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Texto sustitutivo

Capema y Caproevent piden a los diputados impedir el avance de esa propuesta, cuyo texto sustitutivo fue presentado este 10 de setiembre y dejó por fuera diversos sectores y servicios contemplados en el texto original, no así a la producción de eventos masivos.

“Exhortamos a las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa a no dar su apoyo a esta nefasta iniciativa.

“Para nadie es un secreto que, producto de la pandemia por la covid-19, el sector más golpeado mundialmente ha sido el de la industria del entretenimiento en vivo”, añadieron en la nota de prensa.

Otra de las molestias externadas por este sector es que llevan casi dos años sin tener actividad alguna y aún no se vislumbra algún visto buen de parte de las autoridades de Salud y Cultura para retomar con cierta normalidad.

“Esto ha generado pérdidas sin precedentes, además de cierres de empresas del sector y reducción de nuestras planillas, siendo que muchos de estos profesionales llevan más de un año sin poder emplearse”, expresaron.

Además, en su documento, sostienen que el continuo aumento de impuestos y tasas, han convertido a Costa Rica en uno de los cinco países con mayor carga impositiva del mundo, en el rubro de espectáculos públicos.

“Lejos de apoyar a la industria, aunque sea de manera simbólica, después de más de año y medio de estar paralizados completamente, resulta que nos amanecen con el aumento de la remesa (...) Básicamente las entradas a los espectáculos van a ser más caras. Necesitamos un equilibrio porque habrá un aumento en los gastos”, explicó Andrés Guanipa, de la empresa Move Concerts.

Guanipa agregó que el aumento de ese 5% no representará una recaudación significativa para el erario público, pero sí un gasto para la industria.

“Costa Rica se ha desarrollado de una manera muy importante en el mundo del entretenimiento en vivo y ha sido gracias a los promotores, a la empresa privada que ha desarrollado venues de altura y al público que asiste a los eventos, nunca gracias a una política pública que haya facilitado que esto pase”, amplió el empresario.

Con él está de acuerdo Juan José Rojas, de la empresa BLieve. “Si bien es cierto la ley no se ha aprobado, nosotros como Capema y Caproevent nos oponemos rotundamente porque la industria tiene 18 meses sin ningún tipo de actividad económica y ahora lo que quieren es aumentar el impuesto. Eso denota claramente un cero apoyo del gobierno a la industria”, afirmó.

“Esto deja ver que somos un sector que no le interesa al gobierno”, agregó.

Según las estimaciones de los productores de eventos masivos, alrededor del 40% del costo de boleto se distribuye entre el impuesto al valor agregado (IVA), impuestos municipales y pago por remesas al artista internacional.

“En Costa Rica fuimos los primeros en tener que suspender y/o cancelar todos los eventos que estaban programados y seremos los últimos en lograr reactivar nuestras operaciones”, agregaron.

El proyecto para reducir beneficios fiscales y ajustar tarifas en rentas de capital tenía la intención original de recaudar ¢210.000 millones anuales, o sea, un 0,58% del producto interno bruto (PIB).

El Gobierno está por verificar cuál sería el verdadero rendimiento de esta y las demás iniciativas pactadas con el FMI.