Fuente: La Nación

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, propuso 16 mociones al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que alcanzan a diferentes sectores: empresas, cooperativas, zonas francas, empleados públicos y las pensiones de los expresidentes de la República.

En los temas de pensiones y salarios las mociones las presentó Solís junto con la diputada liberacionista, Sandra Piszk.

El objetivo de Solís con estos cambios es elevar la recaudación esperada del plan fiscal con el fin de acercarla más al monto que se requiere para eliminar el déficit primario, que es el exceso de gastos del Gobierno, excluidos los intereses, sobre los ingresos. Este déficit es el que tiene influencia en el crecimiento de la deuda pública.

Según explicó el diputado, el proyecto presentado por el Gobierno generaría un monto equivalente al 1,45% de la producción, él propone elevar el impuesto al valor agregado (anterior impuesto de ventas) de 13% a 16%, lo cual estima que generaría un 1% de la producción adicional, y con las otras medidas propuestas espera una recaudación adicional al 0,20% de la producción.

Lo anterior, junto con una reducción del gasto en cerca de medio punto porcentual, por la vía administrativa, se acercaría al monto equivalente al 3% de la producción necesario para eliminar el déficit primario, explicó el legislador.

“Son medidas duras, pero la situación fiscal es difícil, y entre más se posponga la solución, más dura van a ser las solución, y cuesta mucho aprobar un plan fiscal en Costa Rica, entonces creo que tenemos que hacer esto más en serio y aprovechar para tener un impacto mayor”, manifestó.

Considera que con estos ajustes y un medio por ciento de recorte en el gasto, se puede arreglar el déficit primario para diciembre del 2019. “Yo tengo temor por lo que vamos a gastar en intereses porque las tasas de interés en Costa Rica van a subir”, justificó el diputado.

Las mociones

En el lado de la recaudación de impuestos la moción con más impacto en recaudación es la del incremento en la tasa del impuesto al valor agregado, de 13% a 16%; no obstante, si no se aprobara esa Solís, presentó otra opción, que es subir el tributo a 16% en los primeros 12 meses de vigencia del plan y luego bajarlo un punto cada 12 meses hasta regresarlo de nuevo al 13%. El proyecto que se discute lo mantiene en 13%.

En impuesto sobre la renta, el diputado propone temas que han sido polémicos en el pasado como limitar los intereses que las empresas pueden deducir como gasto para el pago del impuesto sobre la renta y que las cooperativas grandes pasen a pagar este tributo.

Actualmente, las empresas que tienen préstamos pueden incluir los intereses que pagan como un gasto, que luego restan a sus ingresos y sobre lo que queda, la renta, se paga el tributo. La moción lo que propone es limitar el monto que se puede incluir en el gasto como intereses a un equivalente al 20% de la utilidad.

Por su parte, las cooperativas que pasarían a pagar el tributo son las que, actualmente, tienen utilidades mayores a ¢689.600.000 al año.

El exdirector de Tributación y socio de impuestos de Deloitte, Alan Saborío, explicó que estas ideas han estado en proyectos fiscales anteriores, pero se han quitado luego. Saborío se opone a limitar el gasto por intereses pues considera que hay empresas muy endeudadas, especialmente las que están iniciando, las cuales resultarían afectadas.

El diputado también adiciona a los contribuyentes de renta una lista de entidades públicas, entre ellas, los bancos estatales, el ICE y Recope. Saborío explicó que muchas de estas entidades ya pagan renta.
Anualidades y cesantía

Del lado de los gastos también hay varias propuestas entre las que se encuentran reducir más la anualidad de todo el sector público, de 2,56% que propone el Gobierno en el proyecto, a un 1,94%. Actualmente, hay entidades que tienen este incentivo, que se aplica por cada año laborado a trabajadores calificados como buenos, muy buenos y excelentes, en 5%.

Otra moción limita la cesantía que pueden recibir los trabajadores públicos a lo que establece el Código de Trabajo, lo cual implicaría ocho años para todos los trabajadores. Actualmente hay instituciones públicas que ofrecen hasta 20 años.

El diputado explicó que quienes, por ley, tienen cesantías mayores a los ocho años no se les puede quitar, pero entonces propone que lo recibido por encima de ese periodo, pague un tributo de 15%.

Otra de las propuestas es para poner un tope al salario máximo que pueden recibir los funcionarios del sector público. En la actualidad no hay tope. La moción de Solís define uno de 30 salarios base, que es un monto de ¢ 8.010.000 actualmente. También propone limitar el monto de las dietas que se otorgan por la asistencia a las juntas directivas a un monto máximo de ¢206.000. En la actualidad no hay límite para esta retribución.

Hay también una moción para reducir la pensión de los expresidentes de la República de un monto de ¢3.907.902 actualmente, a ¢2.358.279, por medio de una contribución solidaria. Solís también había propuso un proyecto para eliminar dicha pensión y que pasen a cotizar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, pero este es un plan aparte.

La Nación consultó sobre estas mociones a la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, a la Asociación de Zonas Francas y a la Central General de Trabajadores, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, pero al cierre de la información no habían respondido.