Fuente: CR Hoy

Las medidas de emergencia adoptadas para tratar de atender la complicada situación que ha generado el COVID-19 y la fuerte desaceleración económica en general, tienen al país al borde de un nuevo hueco fiscal.

Las medidas pretenden que ciudadanos y empresarios puedan sobrellevar los próximos meses de angustia mediante moratorias y reducciones en cargas sociales.

Aunado a ello se ha producido la parálisis total en importantes sectores generadores de divisas como el turismo y la drástica reducción en otros como el comercial, construcción y otros.

Para el gobierno la consecuencia es inevitable: habrá menos ingresos con los cuáles hacer frente a las obligaciones, y como no hay generación, tampoco habrá facturación. Así lo resumió el economista Daniel Suchar.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda para febrero los ingresos tributarios habían presentado un aumento del 4,8% con respecto al mismo mes de 2019, donde el principal rubro que mostraba un crecimiento era el impuesto al valor agregado (IVA) con un 22,7%.

El IVA es precisamente uno de los tributos que entró en la moratoria recientemente aprobada por los diputados, en la cual los contribuyentes podrán dejar pasar los pagos por tres meses (sí deben reportarlo), para pagar el monto hasta diciembre próximo.

Esta misma condición aplica para el impuesto selectivo de consumo mientras que el impuesto de renta será exonerado por completo durante esos tres meses.

Para el gobierno esto genera un problema inmediato de liquidez ya que el 85% de sus ingresos mensuales está cimentado en estos tres impuestos, además del impuesto único a los combustibles, el cual también se espera que caiga producto de un menor uso de vehículos y maquinaria.

La situación se vuelve precaria para el país si se toma en cuenta que solo para febrero los ingresos reportados no alcanzaban para hacerle frente a todos los gastos.

Mientras los ingresos totales del gobierno central ascendieron a ¢827.404 millones, los gastos alcanzaron ¢1.188.859 millones; es decir un déficit financiero del 0,9% del PIB con el cual entramos a la emergencia por el COVID-19.

Con este déficit y el faltante que ocasionará la merma en ingresos tributarios, el gobierno debe enfrentar el pago de la millonaria deuda pública en donde se tenían proyectados importantes vencimientos en especial para mayo y junio.

Todo este riesgo fue confirmado recientemente por la agencia calificadora Moody’s, al señalar que si bien la respuesta política del gobierno a la emergencia mitigará los efectos de la recesión económica, “presionará negativamente el perfil fiscal del soberano”.

” Esperamos que el menor crecimiento disminuya los ingresos del gobierno, complicando la implementación de las medidas de ingresos previamente planificadas (…) Creemos que la recaudación de impuestos bajará en alrededor del 1% del PIB y el déficit fiscal de Costa Rica sea más alto que el 6% del PIB de febrero, con una deuda gubernamental mayor al 63% para el cierre del año”, proyectó Moddy’s.

CRHoy consultó a Hacienda para especificar cuál era el plan de la cartera en torno a los vencimientos de deuda y cómo iba a enfrentar el eventual faltante de liquidez, en especial para conocer si parte del endeudamiento tramitado ante el Congreso por $500 millones ante la Corporación Andina de Fomento, o los recursos del programa gubernamental que pretende recaudar ₡1 billón serían utilizados. en parte para mantener la estabilidad fiscal del país, pero al cierre de este artículo no habían respondido a las inquietudes.

Este martes Hacienda envió al Congreso una nueva solicitud de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $380 millones, con lo cual pretende cubrir el faltante de recursos en el gobierno.

Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico también envió señales sobre la afectación que se avecina y de cómo esto podría incidir en el sector público.

En ese sentido, las medidas adoptadas el martes para congelar el pago del aumento salarial de los funcionarios y reducir la labor del gobierno a únicamente el 20% de la planilla institucional, promoviendo el otorgamiento de vacaciones, busca comenzar a aminorar gastos en el Estado, que permitan destinar los recursos existentes con prioridad en la atención de la emergencia.

Incluso confirmó que una de las medidas que se analiza es la de no aplicar la regla fiscal en aquellas entidades que tengan que ver con la crisis.

La Ley de Fortalecimiento estableció dos condiciones para que esto pueda ocurrir: que haya un estado de emergencia declarado (el cual se encuentra vigente) y que el gasto por concepto de la emergencia sea superior al 0,3% del PIB.

“Estamos analizando las necesidades de financiamiento que se necesita a nivel social, y en caso de ser necesario sí lo estaríamos aplicando… esto sería para las instituciones vinculadas con la atención de emergencia, no en todo el sector público”, dijo la funcionaria.

La regla fiscal establece límites en el crecimiento del gasto cuando ocurren algunas variables, como por ejemplo que el endeudamiento sea superior al 60% (según Moody’s la cifra se elevaría al 63% para el cierre del año), o que el crecimiento económico sea bajo, entre otros aspectos.